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GRAN SALA
ASUNTO A. Y OTROS c. REINO UNIDO
(Demanda no 3455/05)
SENTENCIA
ESTRASBURGO
19 febrero 2009
Esta sentencia es definitiva. Puede sufrir retoques de forma.
En el asunto A y otros contra Reino Unido,
El Tribunal europeo de Derechos Humanos, constituido en una Gran Sala compuesta por los siguientes Jueces Jean-Paul Costa, Presidente, Christos Rozakis, Nicolas Bratza, Françoise Tulkens, Josep Casadevall, Giovanni Bonello, Ireneu Cabral Barreto, Elisabeth Steiner, Lech Garlicki, Khanlar Hajiyev, Ljiljana Mijović, Egbert Myjer, David Thór Björgvinsson, George Nicolaou, Ledi Bianku, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi, así como por Michael O’Boyle, Secretario adjunto.
Tras haber deliberado en privado el 21 de mayo de 2008 y el 4 de febrero de 2009,
Dicta la siguiente
SENTENCIA
PROCEDIMIENTO
1. El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 3455/2005) dirigida contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que once personas que no poseen la nacionalidad británica («los demandantes») presentaron ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio»), el 29 de marzo de 2005. El Presidente de la Gran Sala ha accedido a la petición formulada por los demandantes de no divulgar su identidad (artículo 47.3 del Reglamento).
2. Los demandantes están representados ante el Tribunal por el despacho de solicitors Bonberg Pierce and Partners de Londres. El Gobierno británico («el Gobierno») está representado por su agente el señor D. Walton, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth.
3. En su demanda, los demandantes alegan, en particular, que su reclusión era ilegal y vulneraba los artículos 3, 5.1 y 14 del Convenio y denuncian la ausencia de recursos adecuados para hacer examinar sus quejas, que consideran contraria a los artículos 5.4 y 13 de dicho instrumento.
4. La demanda fue asignada a la Sección Cuarta del Tribunal (artículo 52.1 del Reglamento). El 11 de septiembre de 2007, una sala de dicha Sección compuesta por Josep Casadevall, Nicolas Bratza, Giovanni Bonello, Kristaq Traja, Stanislav Pavlovschi, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, Jan Šikuta, Paivi Hirvelä, así como por Lawrence Early, Secretario de Sección, se declaró incompetente a favor de la Gran Sala, no habiéndose opuesto a ello ninguna de las partes (artículos 30 del Convenio y 72 del Reglamento).
5. Se dispuso la composición de la Gran Sala de acuerdo con los artículos 27.2 y 27.3 del Convenio y 24 del Reglamento del Tribunal.
6. Tanto los demandantes como el Gobierno presentaron alegaciones por escrito sobre el fondo del asunto. Asimismo, el 28 de agosto de 2007 se recibieron alegaciones de Liberty y Justice, dos organizaciones no gubernamentales con sede en Londres a las que el Presidente había autorizado a intervenir en el procedimiento escrito (artículos 36.2 del Convenio y 44.2 del Reglamento).
7. Los debates se desarrollaron en público el 21 de mayo de 2008 en el Palacio de los Derechos Humanos de Estrasburgo (artículo 59.3 del Reglamento).
Comparecieron
– por el Gobierno: señores Derek Walton, agente, Philip Sales, QC, señora Cecilia Ivimy, abogados; señor Steven Braviner-Roman, señora Kate Chalmers, señores Edward Adams, James Adutt, LesLey Smith, asesores;
– por los demandantes: Gareth Pierce, Marcia Willis Stewart, Daniel Guedalla, solicitors y señores Ben Emmerson, QC, Raza Husain, Danny Friedman, asesores.
El Tribunal escuchó las declaraciones de los señores Emmerson y Sales, así como sus respuestas a sus preguntas.
HECHOS
I. CIRCUNSTANCIAS DEL CASO
8. Los hechos del caso, tal y como han sido expuestos por las partes, pueden resumirse como sigue.
La derogación
9. El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones de línea regular fueron desviados en los Estados Unidos de América. Dos de ellos se precipitaron sobre las torres gemelas del World Trade Center y un tercero sobre el Pentágono. Este atentado, que causó la muerte a numerosas personas y daños importantes, fue reivindicado por Al-Qaeda, la organización terrorista islámica dirigida por Osama Ben Laden. El Reino Unido se alió con los Estados Unidos para llevar a cabo operaciones militares en Afganistán, país en el que Al-Qaeda había instalado campos de entrenamiento.
10. El Gobierno estimó que los hechos del 11 de septiembre de 2001 demostraban que había terroristas internacionales, en particular los vinculados a Al-Qaeda, que tenían la voluntad y la capacidad de organizar atentados de una magnitud sin precedentes contra objetivos civiles. Consideró que a las autoridades les sería difícil prevenir nuevos ataques debido a la estructura imprecisa y mundial de la red constituida por Al-Qaeda y sus afines, el fanatismo de sus miembros, su brutalidad y su determinación. Al considerar que el Reino Unido estaba particularmente expuesto debido a su estrecha relación con los Estados Unidos, declaró que existía un peligro de extrema gravedad que amenazaba la vida de la nación. Añadió que esta amenaza provenía principalmente –pero no exclusivamente– de ciudadanos extranjeros presentes en el territorio británico, que formaban una red de apoyo a las operaciones terroristas islámicas en las que Al-Qaeda estaba implicada. Puntualizó que se excluía la expulsión de estos extranjeros debido al riesgo de tratos contrarios al artículo 3 del Convenio al que se verían expuestos en caso de ser repatriados a su país de origen.
11. El 11 de noviembre de 2001, en aplicación del artículo 14 de la Ley de 1998 de Derechos Humanos ( Human Rights Act 1998– «la Ley de 1998», apartado 94 infra), el Ministro del Interior dictó un decreto de derogación en el que indicaba los términos de la notificación de derogación que se proponía presentar al Secretario general del Consejo de Europa en virtud del artículo 15 del Convenio. El 18 de diciembre de 2001, el Gobierno comunicó al Secretario general del Consejo de Europa la notificación en cuestión, que decía así:
« Peligro público en el Reino Unido
Los ataques terroristas cometidos en Nueva York, Washington DC y Pensilvania el 11 de septiembre de 2001 causaron varios millares de muertos, entre ellos numerosas víctimas británicas, así como otras originarias de setenta países diferentes. En sus Resoluciones números 1368 (2001) y 1373 (2001), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció que estos ataques constituían una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales.
La amenaza resultante del terrorismo internacional es constante. En su Resolución número 1373 (2001), el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, instó a todos los Estados a tomar medidas encaminadas a prevenir la comisión de actos terroristas, incluida la negativa a ofrecer refugio a las personas que financien, planifiquen, sostengan o cometan esos actos.
Existe una amenaza terrorista para el Reino Unido por parte de personas sospechosas de estar implicadas en el terrorismo internacional. En particular, ciertos nacionales extranjeros presentes en el Reino Unido son sospechosos de estar implicados en la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo internacional, de ser miembros de organizaciones o grupos interesados en esos actos o de tener lazos con miembros de esas organizaciones o grupos, y que son una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido.
Por consiguiente, existe en el Reino Unido un peligro público en el sentido del artículo 15 (1) del Convenio.
Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001(Ley de 2001 de Seguridad contra el Terrorismo y la Delincuencia)
Como reacción contra ese peligro público, la Anti-terrorism, Crime and Security Act de 2001 prevé, en particular, la ampliación de la potestad para poder encarcelar a un nacional extranjero, aplicable en los casos en que esté previsto devolver o expulsar a una persona del territorio del Reino Unido, devolución o expulsión que no es posible en este momento, lo que tiene como consecuencia que la detención es ilegal en virtud del derecho interno. Esta ampliación de la potestad de detención y de encarcelamiento será aplicable cuando el Ministro del interior expida un certificado en el que se indique que estima que la presencia en el Reino Unido de la persona de que se trate constituye un riesgo para la seguridad nacional y que sospecha que esta persona sea un terrorista internacional.
Contra el certificado podrá recurrirse ante la Comisión Especial de Apelación en Materia de Inmigración («SIAC»), creada en virtud de la Special Inmigration Appeals Comission Act de 1997, la cual tendrá el poder de anular dicho certificado si estima que no hubiera debido expedirse. Las decisiones de la SIAC serán recurribles en relación por infracción de normas. Además, el certificado será reexaminado por la SIAC regularmente. Cuando proceda, la SIAC tendrá también la posibilidad de conceder la libertad provisional. Un detenido podrá poner fin a su detención, en cualquier momento aceptando abandonar el territorio del Reino Unido.
La ampliación de la potestad de detención y de encarcelamiento prevista en la Anti-terrorism, Crime and Security Act es una medida prevista estrictamente por necesidades de la situación. Se trata de una disposición temporal que produce efectos durante un período inicial de quince meses y que expirará al final de este plazo, a menos que sea renovada por el Parlamento. Posteriormente, podrá ser objeto de una renovación anual por el Parlamento. Si el Gobierno evalúa, en cualquier momento, que el peligro público ya no existe o que la ampliación de la potestad ya no responde estrictamente a las exigencias de las necesidades de la situación, el Ministro del Interior derogará la disposición por vía de ordenanza.
Poderes de detención previstos en el derecho interno (distintos de los previstos en virtud de la Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001)
La Ley sobre Inmigración de 1971 ( Immigration Act 1971 «la Ley de 1971») otorga el Gobierno el poder de devolver o expulsar a personas cuya presencia no sea favorable para el bien público por motivos de seguridad nacional. Una persona puede también ser detenida y encarcelada en virtud de los artículos 2 y 3 de la Ley de 1971 en espera de su devolución o su expulsión. Los Tribunales del Reino Unido juzgaron que ese poder de detención podía hacerse únicamente durante el período necesario según las circunstancias de cada caso, para efectuar la expulsión y que la detención se volvía ilegal si aparecía claramente que no sería posible efectuar la devolución en un tiempo razonable (R.v. Governor of Durham Prison, ex parte Singh [1984] All ER 983).
El artículo 5.1.f) del Convenio.
Está sobradamente demostrado que el artículo 5.1.f) permite la detención de la persona con vistas a su expulsión únicamente cuando «esté en curso un procedimiento de expulsión» ( Chahal contra Reino Unido [1996] 23 EHRR 413, apartado 112). En este asunto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puntualizó que ya no se justificará la detención en virtud del artículo 5.1.f) si los procedimientos de expulsión no se tramitan con diligencia y que, en esas circunstancias, es necesario determinar si la duración de los procedimientos de expulsión fue excesiva (apartado 113).
En algunos casos, cuando subsista la intención de devolver o expulsar a una persona por motivos de seguridad nacional, es posible que la detención continua no se ajuste a la interpretación dada al artículo 5.1.f) en el asunto Chahal. Por ejemplo, ése puede ser el caso de una persona que demuestra que podría estar sometida a un trato contrario al artículo 3 del Convenio a consecuencia de su devolución a su país de origen.
En esas circunstancias, e independientemente de la gravedad de la amenaza que esa persona podría constituir con respecto a la seguridad nacional, está demostrado que el artículo 3 impide la devolución o la expulsión de una persona a un destino en el que exista un riesgo verdadero de que sea sometida a un tratamiento contrario de ese artículo. Si de modo inmediato no se dispone de ningún destino alternativo, la devolución o la expulsión no serán posibles en ese momento, aun cuando subsista la intención de devolver o expulsar a la persona una vez que sean posibles medidas satisfactorias. Por otra parte, las estrictas reglas relativas a la admisibilidad de las pruebas en el marco del sistema de justicia penal del Reino Unido, así como el nivel elevado de prueba requerido puede hacer imposible la persecución de una persona respecto a una infracción criminal.
Excepción en virtud del artículo 15 del Convenio
El Gobierno ha evaluado la cuestión de saber si el ejercicio del poder ampliado de detención previsto en la Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 podía ser contrario a las obligaciones contenidas en el artículo 5.1 del Convenio. Como ya se ha especificado, puede darse el caso de que, a pesar de la intención de devolver o de expulsar a una persona detenida, haya circunstancias a la vista de las cuales «se tramite un procedimiento de expulsión» en el sentido de la interpretación que el Tribunal ha dado al artículo 5.1.f) en el asunto Chahal. Por consiguiente, en la medida en que el ejercicio de la potestad ampliada de la detención pueda no ser conforme con las obligaciones del Reino Unido en virtud del artículo 5.1, el Gobierno ha decidido acogerse al derecho de derogación conferido por el artículo 15.1 del Convenio, y ello hasta nuevo aviso».
La notificación de derogación iba acompañada de las disposiciones del Título 4 del proyecto de Ley de 2001 de Seguridad contra el Terrorismo y la Delincuencia («la Ley de 2001»; apartado 90 infra).
12. El 12 de noviembre de 2001, se presentó ante la Cámara de los comunes el proyecto de Ley de Seguridad contra el Terrorismo y la Delincuencia en el que figuraban las cláusulas de lo que iba a convertirse en el Título 4 de la Ley de 2001. El Parlamento aprobó en dos semanas el proyecto en cuestión, el cual había sido objeto de una moción de programación restrictiva que preveía tres días de debates públicos en la Cámara de los comunes para examinar las 125 disposiciones del texto y que suscitó las protestas de la Comisión mixta parlamentaria de Derechos Humanos (Joint Committee of Human Rights) y del Comité restringido de asuntos internos ( Home Affairs Select Committee) contra la brevedad del plazo que les había sido concedido para estudiar el proyecto.
13. La Ley de 2001 entró en vigor el 4 de diciembre de 2001. Durante su período de aplicación, dieciséis personas –entre ellas los once demandantes– fueron objeto de un certificado emitido al amparo de su artículo 21 y encarceladas. Los seis primeros demandantes recibieron comunicación del certificado el 17 de diciembre de 2001 y poco después ingresaron en prisión. El séptimo demandante corrió la misma suerte a principios de febrero de 2002. Los demandantes noveno, octavo y décimo fueron objeto de un certificado y encarcelados el 22 de abril de 2002, el 23 de octubre de 2002 y el 14 de enero de 2003, respectivamente. Afectado por un certificado emitido el 2 de octubre de 2003, el undécimo demandante, que se hallaba en prisión en base a otras disposiciones legales, continuó encarcelado.
B. El procedimiento relativo a la derogación
14. Al considerar que su ingreso en prisión en virtud de la Ley de 2001 violaba sus derechos garantizados por los artículos 3, 5, 6 y 14 del Convenio, los siete primeros demandantes impugnaron ante la SIAC (apartados 91-93 supra) la legalidad de la derogación. Además, cada uno de ellos ejerció el recurso contra el certificado del Ministro del Interior que les calificaba de terroristas internacionales.
15. El 30 de julio de 2002, la SIAC se pronunció sobre la legalidad de la derogación tras proceder al examen de documentos no confidenciales y documentos secretos así como a la audición de abogados especiales, representantes de las partes y Liberty, el tercero interviniente. A la vista de las piezas no confidenciales que obraban en su poder, se declaró convencida de que el peligro que representaba Al-Qaeda constituía un peligro público que amenazaba la vida de la nación, en el sentido del artículo 15 del Convenio, añadiendo que los documentos secretos en su poder corroboraban dicho análisis.
Estimó que el hecho de que quizás hubiera podido asegurar la protección contra el terrorismo internacional adoptando otras medidas no significaba que las adoptadas no fuesen estrictamente necesarias. Señalando que la detención perseguía proteger al Reino Unido, consideró asimismo que las medidas criticadas constituían una respuesta adaptada al peligro público invocado puesto que se permitía a los detenidos abandonar el territorio británico.
Desestimó la queja de los demandantes relativa al artículo 3 del Convenio. Para pronunciarse así, consideró que, en la medida en que esta queja se refería a las condiciones de reclusión de los interesados, éstos debían recurrir a los tribunales civiles de derecho común puesto que la SIAC carecía de competencia para resolver cuestiones «ajenas a la derogación». Estimó mal fundada la alegación de los demandantes según la cual su encarcelación por un período indeterminado vulneraba el artículo 3, al considerar que la reclusión no era indefinida puesto que dependía del plazo de validez de la Ley de 2001 y que este texto preveía un examen semestral automático de los certificados por la SIAC. A título informativo, añadía que el mero hecho de que no se hubiese fijado un término para la prisión preventiva no implicaba la violación del artículo 3.
No admitía que el artículo 6 se aplicase al procedimiento de emisión de certificados debido a que tales actos, que calificaban a los demandantes de presuntos terroristas internacionales, no constituían una «acusación» sino una declaración de sospecha y que el procedimiento seguido ante la SIAC no implicaba una decisión sobre el fundamento de una acusación en materia penal. Estimando, además, que no se conculcaba ningún derecho civil, concluyó que el aspecto civil del artículo 6 tampoco era aplicable.
Sin embargo, consideró que la derogación era ilegal por cuanto las disposiciones aplicables de la Ley de 2001 establecían una discriminación injustificada hacia los ciudadanos extranjeros, en violación del artículo 14 del Convenio. Estimó que las medidas instauradas por la Ley de 2001 solo podían circunscribirse a los ciudadanos extranjeros si la amenaza que trataban de combatir provenía exclusivamente –o casi exclusivamente– de éstos y que los elementos de que disponía no permitían concluir en este sentido. En los apartados 94 y 95 de su decisión, se expresaba así:
«94. Suponiendo que se haya de instaurar, respecto a los presuntos terroristas internacionales, una excepción efectiva al derecho a la libertad consagrado por el artículo 5 –tal excepción debería en buena lógica aplicarse a todas las personas no expulsables sospechosas de terrorismo internacional–. Tal y como sostiene [el abogado de los demandantes], solo estaría justificado circunscribir esta medida a los extranjeros si la amenaza terrorista proviniese exclusivamente –o casi exclusivamente– de éstos.
95. Ahora bien, los elementos de que disponemos demuestran sin lugar a dudas que esta amenaza no proviene únicamente de los extranjeros. Muchos ciudadanos británicos cuya identidad se conoce –y que en su mayor parte se hallan encarcelados fuera del Reino Unido– pueden ser considerados «presuntos terroristas internacionales» y se desprende claramente de las observaciones que nos han sido presentadas en las que [el Ministro del Interior] se piensa que lo mismo sucede con otros ciudadanos en libertad en el territorio británico. En estas condiciones, no vemos cómo la derogación en litigio podría calificarse de otro modo que no fuese el de discriminación basada en la nacionalidad».
En consecuencia, la SIAC anuló el decreto de derogación de 11 de noviembre de 2001 y, en aplicación del artículo 4 de la Ley de 1998, declaró que el artículo 23 de la Ley de 2001 no era compatible con el Convenio (apartado 94 supra).
Aplazó la decisión en los recursos individuales que los siete primeros demandantes habían ejercido contra los certificados (apartados 24-69 infra) a la espera del resultado del recurso interpuesto por el Ministro del Interior contra su decisión y del recurso incidental promovido por los demandantes.
16. El 25 de octubre de 2002, el Tribunal de apelación dictó sentencia en el asunto A. y otros contra Secretary of State for the Home Department ([2002] EWCA Civ 1502).
Consideró que la SIAC había concluido con razón que existía una amenaza para la seguridad de la nación. Sin embargo, contrariamente a la SIAC, estimó que existían consideraciones objetivas que podían justificar la postura del Ministro del Interior. Señaló que existía una relación lógica entre la detención de extranjeros a los que no se podía expulsar debido a las amenazas que pesaban sobre su seguridad y el objetivo que perseguía el Ministro del Interior, a saber la salida de los extranjeros peligrosos para la seguridad nacional. Añadía que los interesados no permanecerían recluidos más allá del tiempo necesario para su expulsión, la finalización del estado de urgencia o el día en el que dejasen de representar una amenaza para la nación. Estimó que no se producía una discriminación contraria al artículo 14 del Convenio puesto que los ciudadanos británicos sospechosos de ser terroristas no se hallaban en la misma situación que los extranjeros sobre los que pesaban las mismas sospechas y a los que no se podía expulsar porque se temía por su seguridad. Precisó que estos últimos no podían aprovecharse del derecho a permanecer en territorio británico sino solamente –y provisionalmente– de un derecho a no ser expulsados, por razones de seguridad. Recordó que el derecho para los Estados de establecer diferencias, en ciertas circunstancias, entre sus ciudadanos y los extranjeros –especialmente en período de crisis– era un principio reconocido en Derecho Internacional. Añadía que el Parlamento tenía fundamento para circunscribir el campo de aplicación de las medidas en litigio a los extranjeros sospechosos de estar vinculados al terrorismo porque estaba legitimado para considerar que la situación sólo «exigía estrictamente», en el sentido del artículo 15 del Convenio, la detención de la categoría restringida de extranjeros a la que éstas se aplicaban.
Suscribió la opinión de la SIAC según la cual el procedimiento de recurso contra los certificados no era de carácter «penal», en el sentido del artículo 6.1 del Convenio. Por el contrario, estimó que se aplicaba el aspecto civil de esta disposición pero que el procedimiento en cuestión era lo equitativo que podía ser. Por último, concluyó que los demandantes no habían demostrado que su reclusión violase el artículo 3 del Convenio.
17. Los interesados fueron autorizados a apelar a la Cámara de los Lores, que dictó sentencia el 16 de diciembre de 2004 ([2004] UKHL 56).
Los Law Lords concluyeron por mayoría, expresa e implícitamente, que la detención de los demandantes ordenada sobre la base del Título 4 de la Ley de 2001 no formaba parte de la excepción al derecho general a la libertad prevista en el artículo 5.1 f) del Convenio (ver las declaraciones de Lord Bingham, Lord Hoffman, Lord Hope, Lord Scott, Lord Rodger y la Baronesa Hale, que figuran en los apartados 8-9, 97, 103-105, 155, 163 y 222 de la sentencia). Lord Bingham resumió la postura de la mayoría en los términos siguientes:
«9. (...) Sea o no británico, el autor de un grave delito sancionado por las Leyes de nuestro país podrá naturalmente ser acusado, juzgado y encarcelado si es declarado culpable. Pero un extranjero que corra el riesgo de sufrir tortura o malos tratos en caso de ser deportado a su país, que no es expulsable a un tercer país y que no está acusado de ningún delito, no puede ser recluido en el Reino Unido sobre la base del artículo 5.1 f) del Convenio o el anexo 3 a la Ley de 1971 de inmigración, aun cuando se le considere una amenaza para la seguridad nacional».
18. Por ocho votos contra uno (y con muchas dudas por parte de Lord Bingham y Lord Scott), el Alto Tribunal consideró, además, que no había lugar a apartarse de la conclusión a la que había llegado la SIAC en cuanto a la existencia de un peligro público que amenazase la vida de la nación. Llamado a valorar las pruebas, Lord Hope se expresó así:
«118. Los documentos [no confidenciales] demuestran ampliamente que al Gobierno le asistía la razón al pensar, en noviembre de 2001, que un peligro amenazaba la vida de la nación (...) [El] Reino Unido corría el riesgo de ser atacado por la red Al-Qaeda que podía, con ayuda de sus cómplices, infligir terribles pérdidas humanas y provocar un desastre en su organización, como demostraron los hechos acaecidos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Pensilvania y Washington. Un número importante de ciudadanos extranjeros presentes en el territorio británico tenían la voluntad y la capacidad de cometer en nuestro país atentados coordinados de consecuencias desastrosas tanto para las personas como para los bienes. Muchas informaciones probaban que las organizaciones terroristas internacionales que acababan de tomar parte en los atentados y que preparaban otros, habían tejido lazos en el Reino Unido y representaban, junto a otras, una amenaza constante para nuestro país. Se multiplicaba la información de que los terroristas se preparaban para el uso de armas de destrucción masiva en la cruzada que llevaban a cabo. (...) [El Ministerio del Interior] consideró que las graves amenazas que pesaban sobre la nación provenían principalmente –pero no exclusivamente– y más directamente de ciudadanos extranjeros.
119. Se desprende claramente de estos elementos que existía una situación de peligro caracterizada por el temor de las autoridades a que se produjeran estos atentados. Este peligro amenazaba la vida de la nación en cuanto a que tales ataques habrían tenido consecuencias atroces para todos nosotros si hubiesen azotado al Reino Unido. Sin embargo, habría sido prematuro calificarlos de inminentes. El 15 de octubre de 2001, el Ministro del Interior declaró en la Cámara de los comunes que ninguna información última hacía constar una amenaza concreta contra el Reino Unido: ver el Hansard (HC Debates, col 925). El 5 de marzo de 2002, el Gobierno efectuó una valoración idéntica de la situación en su respuesta al segundo informe de la Comisión parlamentaria restringida encargada de la protección contra la amenaza terrorista ( House of Commons Select Committee on Defence on the Threat from Terrorism) (HC 348, apartado 13), en la que subrayó que habría sido falso afirmar que se poseían pruebas de la existencia de una amenaza concreta. Los extremos que he examinado no me llevan a concluir que no existiera peligro en ese momento, sino que el peligro resultante de las amenazas invocadas no era de la misma naturaleza o del mismo grado que aquel al que sin duda nos habríamos tenido que enfrentar si nunca se hubiese concretado. La información disponible muestra que el peligro expuesto no podía calificarse de inminente. Ciertamente, no era posible determinar quizás en qué momento los ataques, cuyo desencadenamiento probablemente no habría ido precedido de un aviso, deberían haberse considerado inminentes. Se trata éste de un elemento importante, que no se ha de desatender. Pero cabe constatar que la nación no se hallaba en el momento de tener que hacer frente a un peligro de este tipo, el peligro de un atentado inminente».
Desmarcándose de la mayoría, Lord Hoffman estimó que existían pruebas creíbles de una amenaza real de atentados terroristas de gran magnitud en el Reino Unido, pero consideró que tal amenaza no iba a arruinar la vida de la nación ya que no era lo suficientemente importante para poner en peligro «las instituciones políticas del Reino Unido o la existencia de nuestro Estado como sociedad civilizada». Concluyó así: «La verdadera amenaza para la vida de la nación (...) no procede del terrorismo, sino de Leyes como éstas”.
19. A excepción de Lord Walker, los demás miembros del Alto Tribunal (a saber Lord Bingham, Lord Nicholls, Lord Hope, Lord Scott, Lord Rodger, Lord Carswell y la Baronesa Hale), rechazaron la tesis del Gobierno según la cual no correspondía a la autoridad judicial, sino al Parlamento y el Ejecutivo, determinar de qué manera convenía reaccionar a esta amenaza para salvaguardar la seguridad pública. Lord Bingham se expresó así:
«42. A la vista de lo que antecede, estimo que los recurrentes tienen derecho a dirigirse a los tribunales para que se examine la proporcionalidad del decreto de derogación y la compatibilidad del artículo 23 [de la Ley de 2001] con el Convenio y que la reserva de la que tienen que dar prueba estos últimos no les impide examinar las cuestiones planteadas. Por iguales motivos, no suscribo las conclusiones del Attorney General. En particular, niego la pertinencia de la distinción que opera entre las instituciones democráticas y los tribunales. los jueces de nuestro país no son elegidos ni son responsables ante el Parlamento. También que (...) el Parlamento, el Ejecutivo y los tribunales tienen funciones diferentes. Pero la función que corresponde por derecho a una magistratura independiente encargada de interpretar y aplicar el Derecho se reconoce universalmente como un elemento fundamental del Estado democrático moderno, piedra angular del propio Estado de Derecho. El Attorney General tiene fundamentos para poner de relieve los límites naturales del poder judicial, pero se equivoca al argüir que el proceso decisorio judicial es, de alguna manera, antidemocrático. Este reproche es particularmente inoportuno en este tipo de asunto puesto que el Parlamento legisló expresamente para declarar ilícito todo acto de una autoridad pública –inclusive judicial– contrario a un derecho consagrado por el Convenio (artículo 6 de la Ley de 1998) así como para imponer a los tribunales que tuviesen en cuenta la jurisprudencia aplicable de Estrasburgo (artículo 2 de la Ley de 1998) y dar efecto –en la medida de lo posible– a los derechos convencionales (artículo 3 de la Ley de 1998) y que ha creado un derecho de apelación en materia de derogación. Es evidente que estas disposiciones no tienen por efecto derogar el poder legislativo soberano que ejerce la Reina a través del Parlamento, puesto que si una Ley aprobada por éste fuese objeto de una declaración de incompatibilidad, ello no afectaría a su validez (artículo 4.6) y corresponde al ministro competente, responsable ante el Parlamento, remediarlo. La misión que la Ley de 1998 confía a la justicia es muy precisa y perfectamente democrática».
20. Considerando, en consecuencia, que les correspondía determinar si el régimen de reclusión previsto en el Título 4 de la Ley de 2001 constituía una respuesta desproporcionada al peligro invocado, la mayoría de los Lores juzgó que no trataba de forma racional la amenaza contra la seguridad y que respondía a ella de manera desproporcionada. Para pronunciarse así, los Lores se basaron principalmente en tres motivos: señalaron en primer lugar que el régimen en cuestión sólo se aplicaba a los extranjeros sospechosos de ser terroristas internacionales y no respondía a la amenaza proveniente de los ciudadanos británicos sobre los que pesaban las mismas sospechas, en segundo lugar que ofrecía a los presuntos terroristas internacionales la posibilidad de abandonar el territorio británico y proseguir sus actividades malintencionadas en el extranjero y, en tercer y último lugar, que la Ley estaba redactada en unos términos tan generales que se podía en teoría aplicar a personas sospechosas de mantener vínculos con organizaciones terroristas internacionales que no entrasen en el ámbito de aplicación de la derogación.
Sobre el primer extremo, Lord Bingham subrayó que no se prestaba a controversia la opinión de la SIAC según la cual la amenaza terrorista no provenía exclusivamente de ciudadanos extranjeros. Estimando que no había lugar a examinar los motivos en los que se había basado la SIAC para llegar a esta conclusión puesto que el establecimiento de los hechos era de su competencia, añadió, no obstante, que se desprendía de algunos elementos que «el número de personas originarias del Reino Unido que había participado en campos de entrenamiento en Afganistán en los últimos cinco años se estimaba en más de mil basándose en las indicaciones facilitadas por los servicios de información», que algunos ciudadanos británicos contemplaban regresar al Reino Unido tras su estancia en Afganistán y que la información obtenida sobre la trayectoria de los demandantes mostraba una gran implicación en las redes terroristas de personas de nacionalidad británica y de personas que mantenían otros vínculos con el Reino Unido. Lord Bingham proseguía así:
«33. (...) Los artículos 21 y 23 de la Ley de 2001 no tienen manifiestamente en cuenta la amenaza proveniente de ciudadanos británicos puesto que no prevén que se emita un certificado contra ellos o su reclusión. El argumento según el cual existen otras disposiciones de las Leyes de 2001 y 2000 que se aplican a los ciudadanos británicos no viene al caso, puesto que no son objeto de una derogación, no son criticadas y afectan igualmente a los extranjeros. Ahora bien, nadie pretende que el riesgo que constituyen los ciudadanos británicos –de menor importancia desde el punto de vista cuantitativo– difiere por naturaleza del que representan los ciudadanos extranjeros. Asimismo, no hay duda alguna de que los artículos 21 y 23 permiten a las personas afectadas por el certificado y recluidas abandonar el Reino Unido por un país dispuesto a acogerles, como han hecho dos de los demandantes que se han ido uno a Marruecos y el otro a Francia (...) Esta libertad de abandonar el territorio se explica perfectamente desde el punto de vista del control de la inmigración: si quieren expulsar a un ciudadano extranjero pero no pueden hacerlo a un país “A” debido a la Sentencia Chahal, las autoridades británicas lograran igualmente sus fines con la partida voluntaria de la persona en cuestión a un país “B”. Por el contrario, el hecho, para las autoridades, de permitir a un presunto terrorista internacional salir de nuestro territorio a otro país –quizás tan próximo al nuestro como Francia– donde podrá proseguir su empresa criminal, no se concilia con su convicción de que esta persona puede perjudicar gravemente al pueblo y los intereses británicos (...)
35. No ha lugar a extenderse sobre el quinto aspecto del motivo articulado por los demandantes. Pero parece razonable suponer que las autoridades no se desentienden de los ciudadanos británicos sospechosos de terrorismo internacional. Al conceder la libertad condicional [al quinto demandante], que estaba encarcelado, la SIAC (...) le impuso concretamente portar un dispositivo de vigilancia electrónico, permanecer constantemente en su domicilio, llamar por teléfono a una empresa de seguridad determinada cinco veces al día, a horas fijas y autorizar a ésta a instalar en su domicilio equipos de vigilancia, dejar entrar en su domicilio solamente a los miembros de su familia, su solicitor, así como las personas que le atienden y las habilitadas y no entrar en contacto con ninguna otra persona, no poseer en su domicilio ningún equipo informático, teléfono móvil u otro aparato de comunicación electrónico, suprimir la línea telefónica existente y hacer instalar una que le permitiera comunicarse únicamente con la empresa de seguridad. En opinión de los recurrentes, la aplicación rigurosa de restricciones de este tipo puede prevenir eficazmente cualquier actividad terrorista. No vemos cómo podría ser de otro modo.
36. Para poner de relieve el carácter fundamental del derecho a la libertad individual en el sexto aspecto de su motivo basado en la falta alegada de proporcionalidad, los recurrentes han podido basarse en la larga tradición liberal del derecho inglés, que haya su fuente en el capítulo 39 de la Carta Magna de 1215 y su expresión en el habeas corpus –recurso secular consagrado por la Petición de Derechos de 1628– y confirmada por una serie de sentencias que sentaban jurisprudencia dictadas a lo largo de los siglos e incorporada, posteriormente, al Derecho material y procesal moderno. (...) El Tribunal europeo también ha reconocido la importancia crucial de esta libertad en la interpretación dada al artículo 5 del Convenio. (...)
43. A la vista de las explicaciones facilitadas por los recurrentes así como las del Comisario europeo de Derechos Humanos y el Comité Newton, el motivo relativo a la falta de proporcionalidad del decreto de derogación y el artículo 23 de la Ley de 2001 articulado por los interesados me parece sólido. El Attorney General no ha replicado de manera convincente»
21. Asimismo, la mayoría de los Law Lords estimó que la Ley de 2001 era discriminatoria e incompatible con el artículo 14 del Convenio, disposición que no había sido derogada. Consideró que los demandantes no se encontraban en una situación análoga a la de los ciudadanos británicos sospechosos de terrorismo internacional, teniendo unos y otros en común el no poder ser expulsados y ser considerados una amenaza para la seguridad de la nación. Señalando que el régimen de reclusión tenía por objetivo principal la protección del Reino Unido contra los atentados terroristas y no el control de la inmigración, concluyó que no había ninguna razón objetiva para que se aplicase a los interesados un régimen diferente debido a su nacionalidad o su situación respecto al Derecho de los extranjeros.
22. La Cámara de los Lores estimó, además, que no procedía examinar los motivos articulados por los demandantes relativos a la violación de los artículos 3 y 16 del Convenio, por cuanto había concluido que la derogación era ilegal por otras razones.
23. Por mayoría de sus miembros, anuló el decreto de derogación y, en aplicación del artículo 4 de la Ley de Derechos Humanos (apartado 94 infra), declaró que el artículo 23 de la Ley de 2001 era incompatible con los artículos 5.1 y 14 del Convenio en la medida en que era desproporcionado e instauraba, respecto a los presuntos terroristas internacionales, un régimen de reclusión discriminatorio.
C. El procedimiento relativo a la emisión de certificados: la «decisión marco» y los recursos ejercidos por los demandantes
24. Entre tanto, en mayo de 2003, la SIAC comenzó a examinar los recursos individuales interpuestos por los demandantes contra los certificados emitidos, después de que el Tribunal de apelación hubiese dictado sentencia sobre la cuestión de la derogación, pero antes de la citada sentencia de la Cámara de los Lores.
25. El Ministro del Interior presentó para cada uno de estos recursos conclusiones «no confidenciales» en las que figuraban una síntesis de los hechos que habían motivado la emisión del certificado, así como las pruebas que estimaba poder divulgar sin riesgo para la seguridad nacional. Además, en cada uno de los casos se sometieron a la SIAC conclusiones «confidenciales» sobre los hechos y las pruebas.
26. El 29 de octubre de 2003, la SIAC dictó una «decisión marco» que incluía algunas conclusiones de alcance general válidas para todos los recursos contra los certificados.
A título preliminar, estimó en particular que era competente para conocer de un recurso contra la emisión de un certificado incluso cuando la persona afectada hubiese abandonado el Reino Unido y el certificado hubiese sido revocado. Consideró, también, que al imponer a las autoridades que probasen que tenían motivos razonables para sospechar que una persona era un «terrorista» y creer que su presencia en suelo británico representaba un peligro para la seguridad nacional, el artículo 21 de la Ley de 2001 planteaba una exigencia «inferior a la de la prueba, incluso de la prueba según la mayor probabilidad» y que «los motivos razonables podían basarse en elementos –tales como testimonios indirectos de informadores anónimos– que no serían admisibles en el marco de un proceso judicial ordinario». Puntualizó que el peso que convenía conceder a una prueba determinada debía apreciarse a la luz de todas las pruebas, consideradas globalmente. Añadió que no consideraba deber descartar de plano las que se hubiesen podido obtener mediante tortura y que le correspondía examinar toda la información sobre la manera en que se habían obtenido para concederles el peso y el crédito que merecían.
Consideró que las disposiciones de la Ley de 2001 relativas a la reclusión habían de interpretarse a la luz del decreto de derogación. Estimó que la noción de amenaza para la vida de la nación no aludía solamente a los hechos susceptibles de producirse en territorio británico, ya que la vida del Reino Unido se manifestaba también a través de la actividad diplomática, cultural y turística que llevaba en el extranjero. Añadió que los ataques perpetrados contra los aliados de los británicos podían exponer también al país a un riesgo debido a la interdependencia de los Estados que se enfrentaban a una amenaza terrorista mundial. Señalando que la notificación de derogación designaba como fuente de la amenaza a Al-Qaeda y sus afines, puntualizó que las autoridades debían demostrar –en virtud tanto de la parte del artículo 21 relativa a la «seguridad nacional» como de la referente al «terrorismo internacional»– que existían motivos razonables para sospechar que la persona afectada por un certificado pertenecía a un grupo vinculado –directa o indirectamente– a Al-Qaeda. A este respecto, estimó que, aunque se tratase de un grupo implicado principalmente en la lucha interna y que solo apoyase parcialmente los objetivos de Al-Qaeda, sus colaboradores podían ser legítimamente considerados auxiliares de Al-Qaeda por el apoyo que aportaban a dicho grupo.
Formuló, además, algunas conclusiones de alcance general en cuanto a las organizaciones de las que el Ministro del Interior sospechaba que estaban vinculadas a Al-Qaeda. Las conclusiones en cuestión se fundaban en pruebas «no confidenciales» y elementos «secretos». Declaró, por ejemplo, que el GSPC (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate) –constituido en Argelia en 1998– era una organización terrorista internacional que mantenía relación con Al-Qaeda en materia de instrucción y financiación, pero que no era así en el caso del Grupo Islámico Armado (GIA), la organización argelina que lo había precedido y de la que procedía. Concluyó también que el Yihad Islámico Egipcio (YIE) era una rama de Al-Qaeda –o al menos estaba estrechamente relacionada con esta organización– y que los Muyaidines Árabes de Chechenia, grupo terrorista internacional que lucha por la independencia de Chechenia pero que su objetivo último es la lucha contra Occidente, mantenía una estrecha relación con Al-Qaeda. Estimó, además, que una célula compuesta esencialmente por extremistas argelinos reagrupados en torno a Abu Doha –ciudadano argelino que se instaló en el Reino Unido en 1999– se veía afectada por la derogación. Señaló que Abu Doha estaba acusado de haber jugado un rol de primer orden en los campos de entrenamiento de Afganistán y de haber tenido muchos contactos con Al-Qaeda, concretamente con los miembros de la célula de Frankfurt, la cual había proyectado perpetrar un atentado contra el mercado de Navidad de Estrasburgo en diciembre de 2000. Puntualizó que había sido detenido en febrero de 2001 y que pesaba sobre él una demanda de extradición formulada por los Estados Unidos, pero que el grupo que se había formado en torno a él seguía activo.
27. Los demandantes impugnaron la decisión de la SIAC de admitir las pruebas obtenidas mediante tortura. En previsión de la instancia de casación, las partes acordaron que el procedimiento de recurso contra los certificados ante la SIAC entraba en el campo de aplicación del artículo 5.4 del Convenio y debía responder, por tanto, a las exigencias elementales del proceso justo. Consideraron inútil examinar la cuestión de si entraba también en el campo de aplicación del artículo 6, cuestión que quedó en suspenso.
El 11 de agosto de 2004, la mayoría de los jueces del Tribunal de apelación confirmó la decisión de la SIAC ([2004] EWCA Civ 1123).
El 8 de diciembre de 2005, la Cámara de los Lores estimó, por unanimidad, que las pruebas obtenidas de un sospechoso o un testigo mediante tortura desde hace tiempo se consideraban sujetas intrínsecamente a caución, injustas, contrarias a los principios de humanidad y dignidad comúnmente reconocidos e incompatibles con la reglas de la administración de justicia cuyo cumplimiento se impone a los tribunales. Concluyó que las pruebas recogidas por este medio no podían admitirse contra los justiciables que compareciesen ante los tribunales británicos, cualquiera que fuese el lugar en el que se hubiesen cometido los actos de tortura y la identidad de su autor o el que los ha ordenado. Señalando que el autor de un recurso contra un certificado sólo tenía un acceso limitado a las pruebas de cargo en el marco del procedimiento ante la SIAC, declaró que lo más que se podía exigir de él era que proporcionase una razón creíble para pensar que las pruebas habían sido obtenidas mediante tortura y que, puesto que había cumplido esta exigencia, la SIAC estaba obligada a abrir la investigaciones necesarias. En consecuencia, la Cámara de los Lores estimó el recurso de los demandantes y ordenó que la SIAC volviese a examinar sus casos ([2005] UKHL 71).
28. Las conclusiones a las que llegó la SIAC respecto a cada uno de los demandantes figuran en los apartados 29 a 69 infra. Una de las dieciséis personas recluidas en la base del Título 4 de la Ley de 2001 –entre las que figuraban los once demandantes– obtuvo de la SIAC la anulación del certificado.
D. El procedimiento relativo a la emisión de los certificados: las resoluciones individuales
1.El primer demandante
29. El primer demandante nació en Jordania, en un campo de refugiados palestinos. Apátrida, obtuvo en 1997 un permiso de residencia ilimitado en el Reino Unido. Sospechoso de ser un terrorista internacional, fue objeto de un certificado emitido el 17 de diciembre de 2001 por el Ministro del Interior en aplicación del artículo 21 de la Ley de 2001 y posteriormente, el 18 de diciembre de 2001, de una orden de expulsión fundada en el mismo motivo.
30. Fue encarcelado el 19 de diciembre de 2001. Posteriormente impugnó el certificado y la orden de expulsión ante la SIAC. El 24 de julio de 2002 fue trasladado al hospital de Broadmoor, establecimiento psiquiátrico de seguridad.
31. El primer demandante y sus letrados recibieron comunicación de documentos «no confidenciales» en poder del Ministro del Interior, entre los que figuraba un informe policial que indicaba que por las cuatro cuentas bancarias de las que el interesado era titular habían pasado importantes sumas de dinero. A la SIAC y al abogado especial designado para representar al primer demandante se les entregaron, además, pruebas «confidenciales». Asistido por un intérprete, el interesado depuso ante la SIAC y citó a comparecer a un testigo de moralidad. Además, presentó cuatro informes médicos sobre su salud mental. En la decisión dictada el 29 de octubre de 2003, la SIAC se expresó así:
«Somos muy conscientes de que el carácter de las pruebas no confidenciales presentadas contra el recurrente es muy general y que los cargos contra él se basan esencialmente en afirmaciones que en su mayor parte no están fundadas. El interesado está acusado principalmente de recaudar fondos y distribuirlos entre los grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda. Es sospechoso también de facilitar documentación falsa y ayudar a los candidatos a la Yihad a llegar a los campos de entrenamiento de Afganistán. Se le imputa asimismo estar estrechamente vinculado a los responsables extremistas y acólitos de Osama Ben Laden que operan en el Reino Unido y en el extranjero. Afirma, como siempre ha hecho, que solo se ocupa de obras sociales, concretamente de una escuela para niños arabófonos en Afganistán, así como de proyectos de perforación de pozos y ayuda alimentaria para comunidades que viven en dicho país. Indica también que recauda fondos para los refugiados chechenos. Alega que todos los contactos que ha podido tener con presuntos extremistas se inscriben en el marco de sus actividades y que no tenía ninguna razón para pensar que fuesen terroristas o que estuviesen vinculados al terrorismo.
Reconocemos que es muy difícil para el recurrente defender su causa en la presente instancia y tenemos debidamente en cuenta sus dificultades así como los trastornos psíquicos que padece. Señalamos que [su letrado] se ha declarado preocupado por la valoración extremadamente simplista de los servicios de seguridad en lo referente a una situación que califica de muy compleja y por su tendencia a presumir que todos los Musulmanes piadosos que aprueban la manera de vivir de los Talibán en Afganistán deben ser tratados de sospechosos. Observamos también que el defensor afirmó primero que las colectas de fondos organizadas por el recurrente eran para apoyar el terrorismo antes de admitir, después de que el interesado hubiese demostrado la realidad de sus actividades caritativas, que una parte al menos de las sumas recaudadas habían servido a estos objetivos legítimos. En lo que respecta a los contactos alegados del recurrente con personas citadas por su nombre, no perdemos de vista que algunos de ellos, sospechosos de estar implicados en actividades terroristas, han interpuesto recursos que están pendientes actualmente (...), que las acusaciones formuladas contra otros no han sido verificadas y que no se ha dado ninguna explicación en cuanto a los vínculos que se imputan al interesado.
(...)
Forzado a reconocer que las explicaciones dadas por el [primer demandante] sobre ciertos viajes efectuados en los años 90 no son creíbles [su letrado] nos ruega no reprochárselo a su cliente e invoca su estado psíquico. No podemos admitir esta petición. La mentira del interesado sobre los tres años presuntamente pasados en las cárceles jordanas constituye un intento deliberado por su parte de defenderse de la acusación de que fue muyaidín en Afganistán. Reconocemos que la policía sobrestimó la cuantía de las sumas de dinero que habían pasado por las cuentas bancarias del demandante. Sin embargo, sigue siendo importante. Por otra parte, [el letrado del interesado] indica que su cliente está acusado de haber facilitado documentación falsa a otros y no de habérsela procurado él mismo, de forma que no se debería tener en cuenta su pasaporte iraquí falso. Sin embargo, esta pieza prueba que el interesado puede procurarse un pasaporte falso. [El letrado del demandante] niega la fiabilidad de la información utilizada contra su cliente, haciendo constar que las autoridades reconocieron tardíamente que éste realmente realizaba actividades caritativas y que una parte de los fondos recaudados que había pasado por su cuenta había sido utilizada con este fin. Somos conscientes de que un sospechoso corre el riesgo de que las sospechas que pesan sobre él se extiendan a todas sus actividades y de que no obtenga el beneficio de un examen equitativo, por parte de las autoridades, de los indicios disponibles para determinar si sostienen las sospechas en cuestión. Hemos analizado todos los elementos que obran en nuestro poder, en particular los documentos confidenciales, siendo conscientes de dicho riesgo.
Tal y como hemos dicho, las pruebas no confidenciales no pueden por sí solas justificar nuestra decisión de inadmitir el presente recurso y reconocemos que al [letrado del demandante] se le ha confiado una de las misiones más arduas. Pero la declaración del recurrente no nos convence, aun teniendo en cuenta el estado psíquico de éste y las dificultades a las que ha debido enfrentarse. A menudo se ha mostrado evasivo y aproximativo; se ha acreditado que ha mentido sobre los desplazamientos que efectuó en los años 90. Nos cuesta seguir y aceptar las explicaciones que da de algunos de los movimientos que aparecen en sus cuentas bancarias. Estimamos que lo que se ha dicho sobre su compromiso a favor de Argelia y Chechenia no hace prosperar su tesis. Los cargos que pesan contra él se basan esencialmente en pruebas sobre su relación con Afganistán y con terroristas cuyo vínculo con Al-Qaeda es conocido.
Está claro que el recurrente es un recaudador de fondos talentoso y sobre todo que ha logrado enviar las sumas recaudadas a Afganistán. Sus problemas no han perjudicado la eficacia de sus actividades ni la confianza que se le otorgaba para llevarlas a cabo. Las explicaciones que ha dado sobre la identidad de los terroristas notorios cuyos hijos acudían a la escuela de la que se ocupaba y sobre algunas de las operaciones más importantes registradas en sus cuentas bancarias, no son satisfactorias. Se ha mostrado evasivo en cuestiones que, teniendo en cuenta las acusaciones formuladas contra él, merecían, en nuestra opinión, más aclaraciones.
(...)
Hemos examinado todas las pruebas con un ojo crítico. Las piezas confidenciales de las que disponemos confirman en nuestra opinión según la cual la emisión del certificado en litigio estaba justificada. A los fines del artículo 21 de la Ley de 2001, existen motivos razonables para creer que la presencia del interesado en el Reino Unido representa un riesgo para la seguridad nacional y para sospechar que es un terrorista. Por consiguiente, desestimamos el presente recurso».
32. Conforme a las disposiciones de la Ley de 2001, la SIAC volvió a examinar el expediente del primer demandante seis meses más tarde. En su Decisión de 2 de julio de 2004, se expresó así:
«Las nuevas informaciones generales no confidenciales (...) continúan señalando que el Reino Unido está amenazado directamente por uno o varios grupos compuestos en su mayoría por extremistas islámicos norteafricanos relacionados de distintas formas con Al-Qaeda.
Aunque varios de los contactos del [demandante] estén en la cárcel, el número de extremistas que evolucionan a distintos grupos existentes es tal que el interesado no tendría ninguna dificultad en aportarles el considerable saber hacer que posee en materia de apoyo logístico para que lo utilicen con el fin de realizar sus proyectos extremistas islamistas en relación con el Reino Unido, de lo que sigue teniendo la voluntad y capacidad de hacer. Está justificado, por tanto, el mantenimiento del certificado».
33. La SIAC volvió a examinar el expediente el 15 de diciembre de 2004 y llegó a la misma conclusión.
2.El segundo demandante
34. El segundo demandante es un ciudadano marroquí nacido el 28 de febrero de 1963. Entró en el Reino Unido con un visado turístico en 1985 y se le concedió la autorización para permanecer en el país y cursar estudios. El 21 de junio de 1998 obtuvo un permiso de residencia ilimitado debido a su matrimonio con una ciudadana británica, que se rompió posteriormente. En 1990 y nuevamente en 1997, solicitó la naturalización. Estas solicitudes fueron denegadas. En el año 2000 contrajo matrimonio con una ciudadana británica con la que tuvo un hijo.
35. El 17 de diciembre de 2001 fue objeto de un certificado emitido por el Ministro del Interior que lo calificaba de presunto terrorista internacional –en el sentido del artículo 21 de la Ley de 2001– y de una orden de expulsión. El 19 de diciembre de 2001 ingresó en prisión. Interpuso un recurso contra el certificado en cuestión y la orden de expulsión, después decidió abandonar el Reino Unido e ir a Marruecos el 22 de diciembre de 2001. Continuó con el procedimiento desde Marruecos.
36. En la decisión relativa a este caso dictada el 29 de octubre de 2003, la SIAC hizo así una síntesis de las acusaciones «no confidenciales» formuladas contra el segundo demandante:
«1) El interesado tiene contactos con el GIA y el GSPC [grupos terroristas argelinos, apartado 26 supra] y colabora estrechamente con algunos extremistas islamistas vinculados a Al-Qaeda y/o Ben Laden.
2) Participa en la preparación y/o instigación de actos de terrorismo internacional suministrando material de alta tecnología (concretamente aparatos de comunicación) al GSPC y/u otros islamistas extremistas chechenos dirigidos por Ibn Khattab, así como ropa a estos últimos.
3) Apoya al menos a uno de los grupos siguientes: el GIA, el GSPC o la facción chechena dirigida por Ibn Khattab. Este apoyo se traduce por estafas dirigidas a financiar a extremistas y por el almacenamiento y la posesión de películas de propaganda yihaidista.
Las conclusiones no confidenciales presentadas por el Ministro del Interior detallan estas acusaciones. Indican además que el [demandante] utiliza al menos un pseudónimo y que mantiene diversos contactos con personas cuya dedicación al terrorismo es segura o se presume [se citan los nombres de cinco personas] y que [el representante del Ministro del Interior] ha calificado a todos de «notorios extremistas islamistas argelinos».
[Un testigo citado por el Ministro del Interior], B., ha confirmado que [el segundo demandante] es sospechoso de pertenecer a una red más que a una organización concreta como el GSPC o el GIA».
La SIAC expuso seguidamente las razones por las que desestimaba el recurso ejercido por el demandante:
«Ni [el segundo demandante] ni los demás están acusados, en el marco del procedimiento que se sigue ante nosotros, de haber cometido unos delitos concretos. La cuestión que se nos plantea es la de si, en virtud de las pruebas que obran en nuestro poder, existen motivos razonables para sospechar que el interesado es un terrorista internacional (según la definición dada a esta expresión). Para apreciar los elementos en cuestión, debemos considerarlos globalmente. Aisladamente, los indicios referentes a las estafas podrían no ser suficientes para demostrar que un sospechoso está implicado de alguna forma en el terrorismo o que de algún modo lo apoya. Pero estamos llamados a valorar una situación en la que convergen varios indicios en una misma persona. El primero de ellos alude a la participación del interesado en estafas de las que está forzosamente al corriente pero sobre las que no da explicaciones y de las que parece querer exculparse pretendiendo ignorar a qué acto(s) se refiere el Ministro del Interior. El segundo alude a su implicación en campañas de sensibilización con la lucha que se lleva a cabo en Chechenia y en operaciones de recaudación de fondos destinadas a apoyarla, gestiones que él inscribe dentro de una perspectiva exclusivamente islamista –más que humanitaria– al explotar y distribuir películas que, según las pruebas de que disponemos, parecen circular en los medios extremistas. El examen de las pruebas generales nos ha llevado a interesarnos por los Muyaidines árabes de Chechenia y a preguntarnos sobre el significado del apoyo a su causa: hemos estimado que los partidarios de este movimiento tenían plena conciencia de avalar su objetivo último, la Yihad. (...) [El interesado] lleva a cabo estas actividades presentándose como un colaborador cercano de Abu Doha. Teniendo en cuenta la información de que disponemos sobre este último y cuya fiabilidad, como hemos dicho, no nos parece sujeta a caución, consideramos que es totalmente inverosímil afirmar, como hace [el segundo demandante] que Abu Doha no hacía nada de ilegal al reconocer que ocultaba sus operaciones a los Rusos. (...) [El interesado] mantiene [vínculos] con otras personas implicadas en el terrorismo. La mayor parte de ellas son citadas por su nombre en las conclusiones no confidenciales, pero no en las declaraciones del recurrente. (...)
Acabamos de exponer los cinco indicios contra [el segundo demandante]. No hay duda alguna de que el Ministro del Interior habría podido establecer la validez de su tesis demostrando que estos elementos se hallaban bajo diferentes formas en una sola y única persona. En conjunto, los cinco indicios en cuestión nos parecen concluyentes en cuanto al fundamento de su situación. Estamos plenamente convencidos de que el Ministro del Interior tiene motivos razonables para sospechar que [el segundo demandante] apoya o ayuda al GIA, el GSPC y el grupo más informal formado alrededor de Abu Doha y para pensar que cada minuto que pasa [el interesado] en el territorio británico representa una amenaza para la seguridad nacional».
3.El tercer demandante
37. El tercer demandante es un ciudadano tunecino nacido en 1963 y residente en el Reino Unido desde aproximadamente 1994. El 18 de diciembre de 2001, fue objeto de un certificado emitido por el Ministro del Interior y encarcelado al día siguiente.
38. En la decisión pronunciada en este caso el 29 de octubre de 2003 para desestimar el recurso interpuesto por el interesado contra el certificado, la SIAC se expresó así:
«Se desprende de los documentos no confidenciales que nos han sido presentados que el recurrente sería uno de los responsables del Grupo combatiente tunecino (GCT), grupo islamista extremista. Éste se constituyó en 2000 y tendría su origen en el Frente islamista tunecino (o FIT, según el acrónimo francés). Tendría por objetivo último instaurar un Estado islamista en Túnez. Asimismo, el interesado mantendría contactos regulares con personas identificadas como terroristas, algunas de ellas implicadas en la perpetración o preparación de actos terroristas. El FIT y el GCT son sospechosos de mantener vínculos con Al-Qaeda.
Las piezas no confidenciales que incriminan al recurrente carecen totalmente de contenido. Los elementos en los que se basan las sospechas que pesan sobre él figuran esencialmente en los documentos confidenciales. De ello se desprende que el interesado se halla en una situación muy desfavorable para preparar su defensa, ya que ignora quiénes son las personas con las que se le acusa de mantener contactos.
(...)
El recurrente declara no haber oído nunca hablar del GCT y niega categóricamente pertenecer al mismo. (...) No dudamos de la existencia del GCT (...) [y] de los vínculos que le unen a Al-Qaeda. Las razones que nos llevan a estas conclusiones se expondrán en una decisión confidencial.
En mayo de 1998, el interesado y otras diez personas fueron detenidos, en el marco de una operación conjunta de los servicios especiales y los servicios de seguridad, sobre la base de varias órdenes dictadas en virtud de la Ley de prevención del terrorismo. Puesto en libertad sin haber sido imputado, el recurrente recibió en tiempo útil una indemnización de 18.500 Libras esterlinas por detención ilegal. Las detenciones en cuestión habían sido ordenadas sobre la base de informaciones según las cuales las personas a las que se referían preparaban un ataque contra la Copa del Mundo en Francia. Aunque la ausencia de toda prueba admisible de la implicación del interesado en este pretendido complot constituye evidentemente para nosotros un argumento de peso, no es ni puede ser decisiva en lo que respecta al resultado del presente recurso. Debemos examinar el conjunto de elementos que obran en nuestro poder para determinar si existen motivos razonables que justifiquen la convicción o las sospechas a las que se refieren respectivamente los apartados a) y b) del artículo 21 de la Ley de 2001.
(...)
Estamos convencidos de que el recurrente es miembro del GCT –organización terrorista que concierne a la Ley de 2001– y que mantiene relaciones con un grupo terrorista internacional. Somos conscientes del carácter sumario de los motivos no confidenciales en los que se basa nuestra convicción. Ello se debe a que nuestra apreciación se funda esencialmente en elementos confidenciales. Los hemos examinado con circunspección, siendo conscientes de que el interesado niega cualquier implicación en el terrorismo así como el sostén o apoyo deliberado a los terroristas. Es por ello que hemos tenido cuidado en estimar solamente aquellos para los que no existe, en nuestra opinión, una explicación inocente”.
39. La SIAC concluyó en el mismo sentido en las decisiones dictadas el 2 de julio y 15 de diciembre de 2004 con ocasión del examen periódico del certificado en litigio.
4.El cuarto demandante
40. El cuarto demandante nació en Argelia en 1971. Su primera estancia en el Reino Unido se remonta a 1994. En mayo de 1997 fue detenido y acusado de varios delitos, concretamente de asociación de malhechores para exportar a Argelia material destinado, según las autoridades, a actividades terroristas. Se le imputaba asimismo la pertenencia al GIA. Las diligencias abiertas contra el interesado se abandonaron en marzo de 2000, después de que un testigo clave –un agente de los servicios de seguridad–, se hubiese negado a comparecer debido a que era demasiado peligroso para él testificar sobre la necesidad para los civiles de protegerse frente a las atrocidades de las que era sospechoso de cometer el Gobierno argelino.
41. En 1998, el demandante contrajo matrimonio con una francesa. Adquirió la nacionalidad francesa en mayo de 2001, de lo que no informó a las autoridades británicas. El 17 de diciembre de 2001 fue objeto de un certificado emitido por el Ministro del Interior sobre la base del artículo 21 de la Ley de 2001 y encarcelado el 19 de diciembre de 2001. El 13 de marzo de 2002 abandonó el Reino Unido y partió a Francia. A su llegada a territorio francés fue interrogado por los servicios de seguridad que lo dejaron en libertad. El certificado emitido contra él fue revocado por cuanto había abandonado el territorio británico. La revocación en cuestión fue antedatada al 22 de marzo de 2002.
42. En la decisión dictada el 29 de octubre de 2003, la SIAC consideró que de la antedata referida a la revocación resultaba que el demandante no se hallaba afectado por un certificado en el momento de la interposición de su recurso y que, por tanto, no podía disponer de esta vía de derecho. Estimando, no obstante, que podía errar en este extremo, decidió examinar dicho recurso. Señalando que el Ministro del Interior no podía razonablemente saber, en el momento de la emisión del certificado en litigio, que el demandante era un ciudadano francés cuya expulsión a Francia no presentaba ningún riesgo, consideró que no podía basarse en este motivo para concluir que el certificado no debería haberse expedido. También procedió al examen de las pruebas de cargo, llegando a las conclusiones siguientes:
«Para resolver este asunto, deberemos examinar no solamente los documentos no confidenciales sino también los confidenciales. El recurrente parece sospechar que ha sido vigilado durante la mayor parte del período pertinente.
Somos conscientes de que debemos guardarnos de concluir que el interesado es culpable basándonos en sus relaciones. El hecho de que presuntos terroristas internacionales formen parte de sus amigos o de su entorno no es suficiente para que se pueda razonablemente sospechar que él mismo está implicado personalmente en operaciones terroristas ni que aporte siquiera, con pleno conocimiento de causa, su apoyo o sostén a tales operaciones. Conscientes de que [el solicitor] del recurrente ve en este procedimiento un intento de reanudar las diligencias sin que se haya descubierto ningún elemento nuevo en las actividades del interesado. La detención ha de contemplarse en última instancia y, en consecuencia, no puede fundarse exclusivamente en las amistades del recurrente, puesto que queda por demostrar la culpabilidad de éstas. (...)
Dicho esto, como las autoridades tienen motivos razonables para sospechar que el interesado ha participado activamente en operaciones terroristas por cuenta del GIA, es legítimo tener en cuenta el hecho de que continúe frecuentando a terroristas internacionales presuntamente vinculados a Al-Qaeda. Nacido de una escisión del GIA, el GSPC se unió a Al-Qaeda y el recurrente eligió seguir a los partidarios del GSPC en lugar de a los del GIA. En realidad estamos convencidos de la veracidad de las acusaciones que figuran en las conclusiones no confidenciales según las cuales el interesado jugó primero un papel activo en el GIA antes de incorporarse al GSPC y suministró documentación falsa a los miembros de estas dos organizaciones, así como a los Muyaidines de Chechenia. Reconocemos, no obstante, que las actividades que llevó a cabo en 2000 y 2001 denotan su retirada, como demuestran los documentos no confidenciales y secretos que hemos examinado. Sin embargo, esta retirada no prohíbe considerarlo un terrorista internacional en el sentido del artículo 21. Nos corresponde valorar de lo que es capaz el interesado estudiando su comportamiento en el pasado. A este respecto, es muy significativo que anteriormente hubiese tenido la voluntad y la capacidad de ofrecer ayuda y asistencia a sospechosos, que continúe frecuentándolos y que siga colaborando con ellos (concretamente dejándoles utilizar su camioneta).
Hemos tenido serias dificultades en pronunciarnos sobre este aspecto del asunto. Hemos tenido plenamente en cuenta los argumentos que [el solicitor] del interesado nos ha expuesto de forma tan convincente. Sin embargo, tras apreciar globalmente las pruebas que nos han sido presentadas, estimamos en definitiva que la emisión del certificado no estaba injustificada. En consecuencia y a la vista de los hechos de la causa, no habríamos estimado el recurso del interesado».
5.El quinto demandante
43. El quinto demandante nació en Argelia en 1969. Según las conclusiones que presentó a la SIAC, contrajo la poliomielitis en su infancia, razón por la cual padece una atrofia y una parálisis permanente de la pierna derecha. Fue detenido y torturado por agentes del Gobierno argelino en 1991, lo que le habría incitado a huir a Arabia Saudí. En 1992 acudió a Paquistán y realizó varios viajes a Afganistán. En 1995 regresó al Reino Unido donde formuló una petición de asilo alegando haber resultado herido en la pierna por un obús en Afganistán en 1994. Se le denegó el asilo. En diciembre de 1999 se desestimó el recurso que había formulado contra la denegación de asilo. Está casado con una ciudadana francesa con la que tiene un hijo.
44. El 17 de diciembre de 2001, fue objeto de un certificado emitido por el Ministro del Interior sobre la base del artículo 21 de la Ley de 2001 y encarcelado el 19 de diciembre de 2001. En la decisión pronunciada en este caso el 29 de octubre de 2003, por la que desestimó el recurso interpuesto por el interesado contra el certificado en cuestión, la SIAC se expresó así:
«Las conclusiones no confidenciales presentadas para justificar la emisión del certificado en litigio no contienen pruebas tangibles, se reducen esencialmente a afirmaciones. En el presente caso –al igual que en la mayor parte de casos análogos– las pruebas figuran en gran parte en documentos secretos, situación que, sabemos muy bien, coloca a los recurrentes en una situación desfavorable privándoles de la posibilidad de conocer pruebas que podrán ser utilizadas contra ellos. Los abogados especiales han tenido la ocasión de impugnar –a veces con éxito– algunas pruebas de cargo, concretamente las relativas al campo en el condado de Dorset en el que participaron varios individuos que se interesaban en los servicios de seguridad, incluido el recurrente (...)
El interesado es sospechoso de haber sido miembro del GIA antes de unirse al GSPC cuando se escindieron estas dos organizaciones. Colaboraba con varios jefes extremistas –algunos de ellos pertenecientes también al GSPC o relacionados con dicho grupo– y los apoyaba activamente suministrándoles documentación falsa y ayudando a jóvenes musulmanes originarios del Reino Unido a ir a Afganistán para prepararse para la Yihad. Jugaría un papel crucial en las operaciones de ayuda llevadas a cabo en el Reino Unido y en el extranjero por cuenta del GSPC y otros islamistas radicales. En sus conclusiones, el interesado niega en bloque estas acusaciones y da explicaciones inocentes sobre las relaciones que se le imputan. Reconoce que entre sus amigos en el Reino Unido hay algunos argelinos e indica que su familia es allegada a la del [cuarto demandante] porque la esposa de éste y la suya son francesas. Admite frecuentar la mezquita dirigida [por el octavo demandante] del que admira su talento como predicador y al que dice escuchar sin nunca intervenir. Afirma no conocer al [octavo demandante] al margen de las operaciones de ayuda a Chechenia en las que participa –como cientos otros musulmanes– y asegura no haber conversado nunca con él por teléfono. Añade haber pedido a veces consejo [al octavo demandante] sobre cuestiones de orden social en la oración del viernes en la mezquita».
La SIAC indicó que unos informes de vigilancia «no confidenciales» revelaban que el demandante había entrado en contacto con otros presuntos miembros del GIA o el GSPC, concretamente en un campo organizado en el condado de Dorset en julio de 1999. Hacía referencia a otros documentos no confidenciales calificando de «sin interés» o de «parcialmente inexactas» las respuestas ofrecidas por el interesado a los agentes de los servicios de seguridad que lo habían interrogado en julio y septiembre de 2001. Proseguía así:
«Las autoridades se basan en algunos documentos descubiertos en el domicilio del recurrente durante su detención, concretamente la copia de una fatwa emitida por Ben Laden que el interesado afirma no haber visto nunca antes y cuya presencia en su domicilio no se explica. En cuanto al comunicado del GSPC que también se halló allí, el recurrente indica que se trata sin duda de un documento repartido en la mezquita. El análisis del disco duro del ordenador del interesado ha revelado que éste había consultado un sitio de Internet dedicado a la tecnología militar americana, tema ajeno a los estudios que cursa. Pretende, por último, no saber nada del diagrama manuscrito del misil descubierto en su domicilio, indicando que éste provenía quizás de un libro de ocasión sobre el Islam que había comprado en la mezquita.
Tomamos buena nota de las denegaciones del interesado, pero hemos de tener en cuenta todas las pruebas de que disponemos. Tal y como se desprende de la presente decisión, tenemos razones para dudar de ciertas declaraciones del recurrente. Por el contrario, los documentos confidenciales nos afirman en la opinión según la cual es razonable sospechar que el interesado es un terrorista internacional en el sentido del artículo 21 y pensar que su presencia en el Reino Unido amenaza la seguridad nacional. No hay duda alguna de que está implicado en la fabricación de documentación falsa, que ha ayudado a jóvenes musulmanes a ir a Afganistán para prepararse para la Yihad y que ha aportado su colaboración a terroristas vinculados a Al-Qaeda. Estamos asimismo convencidos de que ha apoyado activamente al GSPC. Desestimamos sin vacilar su recurso».
45. El 22 de abril de 2004, el quinto demandante obtuvo la libertad condicional motivada por su estado de salud. Esta libertad iba acompañada de unas condiciones rigurosas consistentes en el arresto domiciliario acompañado de medidas de vigilancia. En la decisión sobre el nuevo examen del certificado, dictada el 2 de julio de 2004, la SIAC se expresó así:
«(...) cuando concedieron al interesado la libertad condicional, [los miembros de esta jurisdicción] no se retractaron de la postura que habían adoptado en cuanto a la pertinencia de los motivos por los que las autoridades piensan que es un terrorista internacional y que representa una amenaza para la seguridad nacional. Estimaron que, en el caso del recurrente, esta amenaza podía contenerse mediante medidas proporcionadas que tuviesen en cuenta los serios trastornos mentales que padece. Esta apreciación no constituye un motivo para revocar el certificado. Es posible que el interesado no respete las condiciones de su liberación o que haya que revocar esta medida por otras razones. El mantenimiento del certificado depende de la respuesta a la cuestión de si la situación sigue correspondiendo a las previsiones de la Ley y de la derogación.
Varios acólitos del interesado –algunos sospechosos de estar implicados activamente en la planificación de actos terroristas– siguen en libertad. Nada hace pensar que los trastornos mentales del recurrente hayan atenuado su apoyo al islamismo radical. Tiene la experiencia y capacidad necesarias para entrar nuevamente a formar parte de las actividades extremistas. Las condiciones que acompañan su liberación son esenciales; le han sido impuestas debido al certificado que le afecta y a la desestimación, por los miembros de esta jurisdicción, del recurso que había ejercido contra esta medida. El mantenimiento del certificado está justificado».
46. El 15 de diciembre de 2004, la SIAC volvió a examinar el caso y concluyó que el mantenimiento del certificado estaba justificado.
6.El sexto demandante
47. El sexto demandante nació en Argelia en 1967 y reside en el Reino Unido desde 1989. El 17 de diciembre de 2001 fue objeto de un certificado emitido por el Ministro del Interior y encarcelado dos días más tarde, el 19 de diciembre.
48. En la decisión dictada en este caso el 29 de octubre de 2003, la SIAC declaró:
«Aunque para resolver el presente recurso debemos examinar tanto los documentos no confidenciales como la documentación secreta, se han de hacer constar las acusaciones formuladas contra [el sexto demandante] expuestas en las conclusiones no confidenciales del Ministro del Interior por cuanto son las que conoce el interesado y de las que debe defenderse. Llamados a valorar las declaraciones de este último así como las demás pruebas y argumentos presentados en su nombre, somos conscientes constantemente de que lo ignora todo de los documentos secretos presentados por el Ministro del Interior, pero que no se halla en terreno totalmente desconocido puesto que existen acusaciones no confidenciales. Ahora bien, podemos evaluar la validez de sus argumentos vista la manera en que se defiende de las acusaciones en cuestión.
Las quejas formuladas por el Ministro del Interior contra [el sexto demandante] pueden resumirse así:
1) El interesado pertenece al GSPC y/o es miembro del mismo, y formaba parte anteriormente del GIA;
2) Presta ayuda y asistencia al GSPC (y antes, al GIA) participando en estafas con tarjeta de crédito, fuente principal de ingresos del GSPC en el Reino Unido;
3) Desde agosto de 2000 aproximadamente, juega un papel importante en materia de suministro de material de telecomunicaciones al GSPC y de apoyo logístico a los usuarios de teléfonos vía satélite, para los que compra y a los que atribuye tiempo de antena;
4) Juega también un importante papel en materia de suministro de material de telecomunicaciones y equipamiento diverso a los muyaidines que combaten en Chechenia, es decir, a la facción que Ibn Khattab ha dirigido hasta 2002».
La SIAC examinó seguidamente los documentos no confidenciales indicando que Abu Doha había comprado teléfonos vía satélite y otros equipos de telecomunicaciones por un valor de 229.265 libras esterlinas (GBP) con la complicidad de los demandantes sexto y séptimo y que hacen constar la naturaleza y el alcance de la relación existente entre estos últimos. Sacó de ello las conclusiones siguientes:
«A la vista de lo que antecede, estimamos que el Ministro del Interior tiene buenas razones para sospechar que las operaciones de aprovisionamiento realizadas por [el sexto demandante] perseguían apoyar a la facción árabe islamista extremista que combate en Chechenia, apoyo que deriva del vínculo que [el sexto demandante] mantiene con el GSPC y la ayuda que él le aporta. Subrayamos que en este caso, al igual que en otros, nuestra convicción se basa en la acumulación de elementos que más que divergir, encajan y que aportan luz y el marco a unos hechos que forman un todo. Sería un error examinar los hechos en cuestión aisladamente los unos de los otros con el riesgo de debilitar el sentido y no ver el cuadro completo. La decisión marco confirma esta apreciación. Las actividades descritas forman parte de la derogación. [El sexto demandante] sólo opone a sus acusadores negaciones inverosímiles y no ofrece ninguna explicación creíble a los hechos que se le imputan. Los elementos estudiados nos bastan para resolver el recurso ejercido por el interesado. No ha lugar a examinar las demás quejas formuladas por el Ministro del Interior, cuyo fundamento sólo puede establecerse –como ha reconocido él mismo en las conclusiones y las pruebas no confidenciales que ha presentado [a la SIAC]– mediante el examen de los elementos confidenciales».
49. Tras volver a examinar el certificado el 2 de julio de 2004 y el 28 de febrero de 2005, la SIAC concluyó cada vez que el mantenimiento de esta medida seguía justificándose.
7.El séptimo demandante
50. El séptimo demandante nació en Argelia en 1971. Habría entrado en territorio británico antes o durante el año 1994, sirviéndose de documentación falsa de identidad francesa. El 7 de diciembre de 2001, fue condenado por varias infracciones de tráfico a una pena de cuatro meses de prisión. El 5 de febrero de 2002 fue objeto de un certificado emitido por el Ministro del Interior y encarcelado sobre la base de dicho documento justo después de haber cumplido su pena, que finalizó el 9 de febrero de 2002.
51 En la decisión dictada en esta causa el 29 de octubre de 2003, la SIAC señaló que el Ministro del Interior alegaba que el séptimo demandante pertenecía al GSPC desde 1997 o 1998 tras haber sido miembro del GIA, que los contactos del interesado con responsables del GSPC en el Reino Unido se traducían en la confianza que esta organización le concedía y que había adquirido, con la complicidad de Abu Doha y del sexto demandante, material de telecomunicaciones destinado a los extremistas que operaban en Argelia y Chechenia. Proseguía así:
«[El sexto demandante] no ha prestado testimonio ante [la SIAC] e incluso se ha negado a comparecer en la vista del examen de su recurso. Su declaración, la cual hemos por supuesto conocido, está formulada en términos extremadamente generales, al igual que el escrito de conclusiones y los alegatos [de su abogado], lo que no parece sorprendente. No se puede reprochar al [séptimo demandante] la postura que ha adoptado respecto al presente procedimiento o el hecho de que no haya subido al estrado a declarar y no haya presentado un escrito de conclusiones circunstanciado. Sabemos lo difícil que es para el autor de un recurso enfrentarse a una situación en la que sólo tiene acceso a una síntesis de las acusaciones formuladas contra él y no puede recibir comunicación directa, por razones de seguridad nacional, de una gran parte de los documentos en los que se basan. Sin embargo, nadie mejor que [el séptimo demandante] sabe cuáles eran sus actividades y aspiraciones en la época en cuestión. Solo depende de él que hable de ello detalladamente y se explique si así lo desea. Negándose a proporcionar un relato detallado de sus hechos y gestos [el séptimo demandante] no aporta ningún elemento de pueda malograr las pruebas y los argumentos presentados por sus adversarios».
La SIAC estimó que los documentos no confidenciales y la documentación secreta fundaban las acusaciones formuladas contra el séptimo demandante y rechazó el recurso que éste había presentado.
52. En las decisiones dictadas el 2 de julio y el 15 de diciembre de 2004 en el nuevo examen del certificado, la SIAC estimó que se justificaba el mantenimiento de tal medida.
8.El octavo demandante
53. El octavo demandante es un ciudadano jordano nacido en Belén en 1960. A su llegada al Reino Unido, el 16 de septiembre de 1993, pidió asilo. Se le concedió el estatus de refugiado y un permiso de residencia que expiraba el 30 de junio de 1998. El 8 de mayo de 1998 solicitó un permiso de residencia ilimitado pero entró en vigor la Ley de 2001 antes de que se resolviese su solicitud.
54. El interesado fue condenado en rebeldía en Jordania por su participación en atentados terroristas perpetrados en dicho país, así como por su implicación en un proyecto de atentados con bomba que debían coincidir con el milenio. En febrero de 2001, fue interrogado en el marco de una investigación llevada a cabo por la policía antiterrorista sobre un atentado frustrado con explosivos en diciembre de 2000 contra el mercado de Navidad de Estrasburgo, pero no se abrieron diligencias contra él. Entró en la clandestinidad cuando se aprobó la Ley de 2001. Detenido el 23 de octubre de 2002, se le notificó la emisión de un certificado en virtud del artículo 21 de dicha Ley y fue encarcelado. Ese mismo día, de dictó contra él una orden de expulsión.
55. En la decisión pronunciada en este caso el 8 de marzo de 2004 y por la que se desestimaba el recurso interpuesto por el octavo demandante contra el certificado, la SIAC se expresaba así:
«[El letrado del octavo demandante] nos ha informado, a petición de su cliente, que éste se negaba a comparecer y que no participaría de ninguna manera en el procedimiento. En su opinión, el interesado está seguro de que no tiene duda del resultado de la presente instancia desde que ha leído las decisiones en los recursos ejercidos por las personas contra las que se emitió un certificado al entrar en vigor la Ley de 2001 y la decisión marco. Su papel fue ampliamente evocado en el marco de los procedimientos de apelación anteriores y la emisión de un certificado contra ciertas personas, así como su encarcelamiento, habrían estado motivados –al menos en parte– por su vínculo con él. Como el vínculo en cuestión bastaba para justificar el mantenimiento en prisión de estas personas, su causa sería oída. Su negativa a participar en la presente instancia estaría precisamente motivada por su falta de confianza en la capacidad del sistema para hacer surgir la verdad. En su opinión, el procedimiento aplicado por la SIAC habría sido instituido deliberadamente para evitar un debate libre y público sobre los litigios que se deciden ante ella, lo que privaría a los justiciables de una posibilidad equitativa de responder a las acusaciones formuladas contra ellos.
Dicho esto [el letrado del octavo demandante] nos ha puntualizado que su cliente no quería desistir de su recurso, razón por la cual hemos examinado el presente recurso teniendo en cuenta la declaración del interesado. [Su abogado] ha insistido en algunos elementos que abogan –en su opinión– a favor de la tesis de su cliente, quien niega toda implicación presente o pasada en actividades terroristas en el sentido de la Ley de 2001. Las acusaciones formuladas contra el interesado reflejarían la apreciación deformada y simplista de los servicios de seguridad sobre las actividades de éste, así como sobre su estatus de profesor respetado y defensor del derecho a comunicar el mensaje del Islam a través del mundo.
Hemos de subrayar que hemos examinado el valor intrínseco de las acusaciones formuladas contra el demandante. No hemos sido influidos por las constataciones efectuadas en otros procedimientos de apelación o en decisiones marco. Si nos ha llevado tanto tiempo elaborar esta decisión es concretamente porque hemos tenido que leer y analizar los documentos no confidenciales, así como los documentos secretos que nos han sido presentados, los cuales son mucho más abundantes en el presente procedimiento que en la mayor parte de los otros casos. Ello se debe a los vínculos y relaciones que el recurrente mantiene con muchas otras personas afectadas por el certificado y con otros individuos y grupos ligados a Al-Qaeda. No vemos ningún motivo para apartarnos de la apreciación de los autores de la decisión marco sobre el papel jugado por los diversos grupos y personas que se mencionan en ella. De ello no se deduce, sin embargo, que estemos necesariamente obligados por sus conclusiones. Cabe subrayar que la decisión marco ha sido dictada por un colegio con composición distinta al nuestro y que las remisiones a esta decisión efectuadas por nuestro presidente se limitan a puntos de derecho. Hemos examinado las acusaciones formuladas contra el recurrente a la vista de los elementos que nos han sido sometidos en la presente instancia. (...)
En el procedimiento secreto, los abogados especiales nos han hecho saber que habían decidido, tras una madura reflexión, que su participación en la instancia no era en interés del recurrente. Esta decisión, enojosa en nuestra opinión, nos ha preocupado mucho, ya que la instancia debía proseguir sin que el interesado supiera qué pruebas figuraban en los documentos confidenciales. Teniendo en cuenta esta situación, no entendemos cómo los abogados especiales podrían perjudicar los intereses del recurrente al tratar de obtener o descubrir, con total libertad, información favorable al interesado y dirigiéndonos alegaciones susceptibles de convencernos de la fragilidad de las pruebas o de su incapacidad para justificar las conclusiones que se han sacado de ellas. Hemos invitado [a uno de los dos abogados especiales designados para representar al interesado] a que nos explique las razones de su decisión. Nos ha respondido que no podía hacerlo sin comprometer los intereses del demandante. Hemos suspendido la instancia para permitir a los abogados especiales preguntar al interesado –a través de sus representantes– si quería darles carta blanca para su defensa y hemos rogado también al Solicitor General, responsable de su designación, que nos ayude a convencerlos de participar en el proceso. Los representantes del recurrente han respondido que no tenían nada que comentar sobre esta cuestión y el Solicitor General ha estimado que cualquier intervención por su parte habría sido intempestiva. Las gestiones posteriores que hemos efectuado para convencer a los abogados especiales de cambiar de opinión han fracasado. No pudiendo obligarles a adoptar tal o cual comportamiento, hemos debido proseguir la instancia sin ellos. A petición nuestra, [el asesor del Ministro del Interior] ha identificado algunos elementos susceptibles de disculpar al interesado. Nosotros mismos hemos señalado otras pruebas de descargo en la audiencia secreta.
Somos conscientes de que la falta de abogado especial hace nuestro trabajo aún más difícil de lo ordinario y que el carácter potencialmente injusto del procedimiento para el recurrente es así más aparente. No dudamos de que los abogados especiales creen tener buenas razones para actuar como lo han hecho y que han reflexionado largamente sobre la cuestión de si su postura era legítima. Sin embargo, nos vemos obligados a mostrar nuestro firme desacuerdo con este punto de vista y a subrayar que nada justifica su negativa a continuar participando en un procedimiento de apelación pendiente. (...) Resulta que las pruebas de cargo son tan sólidas que ningún abogado especial –por muy brillante que fuese– no habría podido llevarnos a concluir que las autoridades no habían demostrado que pesaban sospechas razonables sobre el interesado y que la emisión del certificado en litigio no estaba justificada. De ello se deduce que la retirada de los abogados especiales no ha perjudicado al interesado. (...)».
56. La SIAC resumió seguidamente las acusaciones no confidenciales formuladas contra el demandante. Señaló que éste era sospechoso de colaborar con algunas personas y grupos ligados a Al-Qaeda, así como de prodigarles consejo espiritual. Señaló que se le acusaba de profesar opiniones extremistas y radicales y de haber pronunciado discursos, en una mezquita de Londres, que llamaban a asesinar judíos y americanos allí donde se encontraran. Sacó de ello las conclusiones siguientes:
«Estamos convencidos de que el interesado no se ha limitado a prodigar simples consejos, ni mucho menos. Sin duda, ha avalado en nombre del Corán las intenciones de individuos deseosos de servir a los objetivos de Al-Qaeda mediante atentados suicidas con bomba o actos homicidas de otra naturaleza. Las pruebas son suficientes para establecer que es el instigador de actos de terrorismo internacional. En cualquier caso, el hecho de que una persona dé consejos espirituales sabiendo con qué fin y de qué manera serán utilizados constituye un acto de ayuda en el sentido del artículo 21.4 de la Ley de 2001.
(...)
Se han formulado numerosas alegaciones. No es útil examinarlas sucesivamente. Hemos indicado las razones por las que estimamos que las acusaciones formuladas contra el recurrente están fundadas. Por otra parte, si el criterio aplicable en la materia fuese más riguroso que el de la sospecha razonable, estamos convencidos de que lo cumplirían. El interesado ha estado muy implicado –y ha jugado incluso un papel central– en actividades terroristas que llevan la marca de Al-Qaeda en el Reino Unido. Representa un peligro real. Se desestiman sus recursos».
9.El noveno demandante
57. El noveno demandante es un ciudadano argelino nacido en 1972. En 1991 viajó de Argelia a Afganistán donde enseñó árabe en un campamento de refugiados. Pidió asilo al Reino Unido en 1993. En 1994 obtuvo un permiso de residencia de cuatro años. En 2000 las autoridades estimaron que debía ser considerado un refugiado y le concedieron un permiso de residencia ilimitado. Fue detenido y puesto en libertad sin haber sido imputado en cuatro ocasiones, las tres primeras por fraude con tarjeta de crédito, la última –en mayo de 1998– por implicación en actividades terroristas. Posteriormente, obtuvo de la policía una indemnización por detención ilegal.
58. El 22 de abril de 2002, fue objeto de un certificado emitido por el Ministro del Interior y una orden de expulsión. Fue encarcelado ese mismo día. Según uno de los testigos citados por el Ministro del Interior, el certificado que afectaba al interesado no había sido emitido a la vez que los otros –es decir, en diciembre de 2001– debido a la pérdida de uno de los expedientes referentes a él.
59. En la decisión pronunciada en este caso el 29 de octubre de 2003, la SIAC señaló que se acusaba al noveno demandante de colaborar activamente con el GSPC y de haberle proporcionado sumas considerables obtenidas mediante estafas. Señalando que estaba acreditado que el interesado había sido interceptado en el pasado por agentes de aduanas en posesión de grandes sumas en especies cuando trataba de entrar en transbordador en el Reino Unido y que estaba estrechamente vinculado a individuos condenados por fraude con tarjeta de crédito, consideró no obstante que la prueba de su implicación en actividades fraudulentas no demostraba que fuese un terrorista. Sin embargo, estimó que el demandante había participado en un campo en el condado de Dorset en compañía del quinto demandante y de otras personas sospechosas de apoyar al GSPC y que, al ser detenido, se había descubierto en su domicilio una factura telefónica a nombre de Yarkas, individuo detenido en España en noviembre de 2001 por estar presuntamente ligado a Al-Qaeda. Declaró que no le convencía la declaración del interesado ni sus explicaciones sobre las pruebas de cargo. Estimando que los documentos confidenciales corroboraban las acusaciones del Ministro del Interior, concluyó desestimado el recurso ejercido por el interesado contra el certificado emitido contra él.
60. En las decisiones pronunciadas el 2 de julio y el 15 de diciembre de 2004 en el marco de un nuevo examen del certificado, consideró que se justificaba el mantenimiento de esta medida.
10.El décimo demandante
61. El décimo demandante es un ciudadano argelino. Víctima de la explosión de una bomba en Argelia, tiene amputada la mano izquierda (a nivel de la muñeca) y el antebrazo derecho (por debajo del codo). En 1999 entró en el Reino Unido vía Abu Dabi y Afganistán, y pidió asilo, que le fue denegado el 27 de febrero de 2001. Detenido el 15 de febrero de 2001 y acusado de posesión de material destinado a actividades terroristas, asociación de malhechores y confabulación para la confección de documentos falsos, ingresó en prisión preventiva. Al ser arrestado se hallaba en posesión de unos 40 documentos administrativos franceses vírgenes (permisos de conducir, carnés de identidad y pasaportes), un lector de tarjetas de crédito, una máquina plastificadora y una máquina estampadora. Sin embargo, se archivó la causa y el demandante fue puesto en libertad el 17 de mayo de 2001.
62. El 14 de enero de 2003 se le notificó un certificado emitido por el Ministro del Interior en aplicación del artículo 21 de la Ley de 2001 y fue encarcelado. Ese mismo día se dictó contra él una orden de expulsión.
63. En la decisión dictada el 27 de enero de 2004, la SIAC señaló que se acusaba principalmente al demandante de estar ligado estrechamente, desde su llegada al Reino Unido, a una red de extremistas antiguamente dirigida por Abu Doha (apartado 26 supra). Señaló que se le acusaba concretamente de ofrecer a esta organización un apoyo logístico suministrándole documentación falsa y fondos obtenidos mediante fraude con tarjeta de crédito. Señaló que era sospechoso de haber pasado mucho tiempo en la mezquita de Finsbury Park, conocida por ser un foco de islamismo radical, así como de haber participado en una reunión celebrada en junio de 2001 y en la cual se profirieron amenazas contra la cumbre del G8 en Génova.
En su escrito de conclusiones de 28 de junio de 2003, el interesado negó las acusaciones formuladas contra él. Sin embargo se negó a comparecer en la vista del examen de su recurso, lo que hizo constar la SIAC con estas palabras:
«[El letrado del demandante] ha declarado que su cliente era un verdadero refugiado, que no pertenecía a ninguna organización o grupo, que no estaba implicado en actividades terroristas y que no predicaba el recurso al terrorismo. Ha añadido que el interesado no conocía ningún plan de atentado ni comprendía por qué se le acusaba. Ha puntualizado que, no habiendo podido conocer los documentos pertinentes, su cliente no podía oponerse y que, por tanto, sólo podía limitarse a afirmar que no eran aptos para demostrar que era un terrorista internacional en el sentido de la Ley, puesto que éste no era el caso. Ha indicado que su cliente había recibido lectura de las decisiones pronunciadas anteriormente [por la SIAC] en apelación y que, habida cuenta de la importancia concedida a los documentos confidenciales y de los criterios legales aplicables, el interesado estaba seguro de que su causa había sido juzgada. Ha explicado que éste se negaba a tomar parte en la instancia para no dar la impresión –falsa– de que podía impugnar las pruebas de cargo, que este procedimiento no le inspiraba ninguna confianza y que su participación se limitaría, en consecuencia, a las conclusiones de su defensa.
El interesado no ha desistido de su recurso. Conscientes de las obligaciones que se le imponen, las cuales pesan también sobre los demás recurrentes, hemos de puntualizar que el resultado de un procedimiento de apelación nunca se obtiene por anticipado. Nos corresponde examinar todas las pruebas que nos son presentadas, tanto si son secretas como no confidenciales, tarea que desempeñamos escrupulosamente ya que sabemos que el examen en cuestión podrá desembocar en una detención sin juicio de duración indeterminada. Es cierto que la tarea del abogado especial es ardua puesto que no conoce nada de los documentos secretos ni puede hacerlo. Así las cosas, puede impugnar las pruebas presentadas por los servicios de seguridad y atraer su atracción sobre los elementos favorables a la causa del interesado».
La SIAC consideró que eran muchas las pruebas que implicaban al demandante en actividades fraudulentas. Estimando que los documentos que obraban en su poder –en su mayoría confidenciales– eran suficientes para demostrar que tales actividades perseguían financiar objetivos terroristas y dar apoyo a personas comprometidas en la vía terrorista, rechazó el recurso contra la emisión del certificado.
64. En el examen periódico del certificado llegó a la misma conclusión el 4 de agosto de 2004 y el 16 de febrero de 2005. En la decisión dictada en esta última fecha, estimó que la valoración del riesgo al que el demandante expondría a la seguridad nacional en caso de ser puesto en libertad no se veía afectada por el hecho de que hubiese sido trasladado al hospital psiquiátrico de seguridad de Broadmoor por los trastornos mentales que padecía.
11.El undécimo demandante
65. El undécimo demandante es un ciudadano argelino. Pidió asilo al Reino Unido una semana después de haber entrado con un documento de identidad falso italiano en febrero de 1998. Estando pendiente su demanda viajó a Georgia en julio de 2001, utilizando un pasaporte francés falso y fue expulsado al Reino Unido, donde se le informó de que la demanda de asilo en cuestión había devenido caduca debido a su viaje al extranjero. Pidió nuevamente asilo, que le fue denegado el 21 de agosto de 2001 y, posteriormente, entró en la clandestinidad. Detenido el 10 de octubre de 2001, fue encarcelado en un centro de retención administrativa, del que se fugó en febrero de 2002. Detenido nuevamente el 19 de septiembre de 2002, ingresó en la prisión de Belmarsh, en aplicación de las disposiciones de la Ley de extranjería.
66. El 2 de octubre de 2003, el Ministro del Interior notificó al interesado un certificado que le calificaba de terrorista internacional en el sentido del artículo 21 de la Ley de 2001 y una orden de expulsión fundada en razones de seguridad nacional.
67. En la decisión dictada el 12 de julio de 2004 y por la que desestimaba el recurso ejercido por el undécimo demandante contra el certificado en cuestión, la SIAC enumeraba las acusaciones no confidenciales formuladas contra él. Indicaba que las autoridades sospechaban que pertenecía desde hacía tiempo al grupo de Abu Doha (apartado 26 supra) y que jugaba en él un papel eminente. En su opinión, había tratado de viajar a Chechenia en julio de 2001 y los policías georgianos que lo arrestaron le habían encontrado números de teléfono que pertenecían, respectivamente, a un responsable del grupo de Abu Doha y a un miembro del GSPC citado por su nombre del que se conocía su implicación en la recogida de fondos para los muyaidines de Chechenia. Habría suministrado dinero y apoyo logístico a una red norteafricana de extremistas islamistas implantada en Paquistán y Afganistán y vinculada a Al-Qaeda. Habría ayudado a miembros del grupo de Abu Doha a viajar a Afganistán, Paquistán y Chechenia. Habría vivido en la mezquita de Finsbury Park durante más de un año a caballo entre 1999 y 2000. Muy preocupado por su seguridad, adoptó medidas para desbaratar la vigilancia policial en un viaje a St Albans efectuado en septiembre de 2001. Cuando fue detenido en septiembre de 2002, portaba un pasaporte belga falso con la fotografía de un responsable del grupo de Abu Doha. Estaría muy implicado en el suministro de documentación falsa y en el uso fraudulento de cheques y tarjetas de crédito.
68. El demandante presentó ante la SIAC una declaración escrita en la que negaba ser terrorista internacional. Reconocía haber viajado a Afganistán en 1999 y haber tratado de entrar en Chechenia en 2001, afirmando no obstante que su interés por estos países no era diferente del que manifestaban muchos musulmanes piadosos. Para protestar contra un procedimiento que consideraba fundamentalmente inicuo, se negó a participar en la vista del examen de su recurso y a ser representado por un letrado. Teniendo en cuenta la postura adoptada por el interesado, los abogados especiales estimaron que era mejor para él que se abstuviesen de interrogar a los testigos y de presentar alegaciones en su nombre en el marco del procedimiento secreto.
69. En su decisión desestimatoria del recurso interpuesto por el demandante, la SIAC se expresó así:
«Reconocemos que el hecho de tener acceso únicamente a los documentos no confidenciales causa dificultades a los recurrentes y comprendemos que [el interesado] pueda considerar que el procedimiento no es equitativo. Sin embargo, resolvemos cada uno de los casos en función de los elementos que le son propios y es engañoso dar a pensar –como trata de hacer [el solicitor del interesado]– que este recurrente se hallaría en una situación particular en la que el procedimiento que instituye la Ley de 2001 le impediría elaborar una defensa adecuada frente a las acusaciones formuladas contra él.
Hemos sintetizado las pruebas de cargo que [el undécimo demandante] ha podido conocer en las diferentes fases del procedimiento (...), así como las respuestas que [el interesado] aporta a las mismas en su declaración escrita. Aunque algunas de las acusaciones que figuran en los documentos no confidenciales pueden calificarse, con razón, de aserciones generales sin base en ningún documento, a las que [el undécimo demandante] sólo podía oponer negativas igualmente generales, pese a que éste obtuvo comunicación de numerosa información y precisa –de los nombres, fechas, lugares y justificantes– en relación con otras acusaciones.
Nadie mejor que [el undécimo demandante] puede explicar los desplazamientos y las actividades realizadas desde la presentación, en 1998, de su primera petición de asilo. Su declaración escrita es más instructiva por lo que calla que por lo que dice. Por ejemplo, en lo que respecta a St Albans y la cabina fotográfica, de la que el apelado obtendría, según [el undécimo demandante], una acusación “totalmente errónea” (...), observamos que [el interesado] no ha negado haber acudido a St Albans. Conoce a los que lo acompañaron allí y los motivos de su viaje. No ha dicho nada de ello ni ha revelado la identidad de sus acompañantes, aunque se le hayan mostrado las fotografías tomadas durante la operación de vigilancia (...)».
La SIAC señaló a continuación las incoherencias que ornaban las distintas versiones que el demandante había dado de sus viajes a Afganistán, Georgia y Dubai. Señaló que no había respondido a las acusaciones del Ministro del Interior relativas a su colaboración con varios miembros citados por su nombre del grupo de Abu Doha. Prosiguió así:
«Los elementos que hemos mencionado (...) no son exhaustivos, ya que nos hemos limitado a evocar aquellos que ilustran mejor el hecho de que la declaración escrita del [undécimo demandante] no responda a las acusaciones no confidenciales formuladas contra él. La insuficiencia de esta declaración es tal que estimamos no poder conceder mucho crédito a las negativas generales que figuran en ella (...) Nos hemos detenido mucho en las pruebas en cuestión porque muestran bien hasta qué punto [el undécimo demandante] habría podido responder a sus acusadores si hubiese estado dispuesto a ello. Aunque no sacamos consecuencias desfavorables [al undécimo demandante] de su negativa a declarar o a tomar parte en la vista del examen de su recurso estamos obligados, no obstante, a resolver respecto a los datos que obran en nuestro poder y nos queda la impresión de que el interesado no se ha defendido de manera eficaz –mediante pruebas, contrainterrogatorios y alegaciones– frente a las pruebas no confidenciales presentadas por el apelado.
(...)
El criterio de prueba enunciado en el artículo 25.2 de la Ley de 2001 es relativamente poco exigente puesto que solo requiere la demostración de la existencia de motivos razonables para fundar una convicción o una sospecha. Por las razones expuestas anteriormente, estimamos que, por sí solas, las pruebas no confidenciales satisfacen fácilmente esta exigencia relativamente modesta. A la vista del conjunto del expediente –pruebas no confidenciales y documentos secretos–, estamos convencidos de que [el undécimo demandante] sí es el miembro eminente y activo del grupo de Abu Doha que describen los documentos presentados por el apelado».
E.Las condiciones de reclusión de los demandantes y los efectos de ésta en su salud
70. En un primer momento, los demandantes bajo el efecto de una detención, fueron encarcelados en Londres en la prisión de Belmarsh. Posteriormente, el sexto demandante fue trasladado a la prisión de Woodhill y los demandantes primero, séptimo y décimo al hospital psiquiátrico de seguridad de Broadmoor.
71. Se sometió a los interesados al régimen de reclusión aplicable a los presos de categoría A que presentan un riesgo normal, nivel de seguridad que parecía apropiado a su peligrosidad. Estaban autorizados a recibir visitas de personas con habilitación de seguridad, frecuentar a los otros presos, hacer llamadas telefónicas, tener correspondencia y entrevistarse con un imán y con sus abogados. Tenían acceso a atención médica y podían hacer ejercicio, formarse y trabajar en las mismas condiciones que los demás presos sometidos al régimen de seguridad.
Para dar cumplimiento a una recomendación del inspector encargado del control de las condiciones de reclusión nombrado en aplicación de la Ley de 2001, el Gobierno creó, en la prisión de Woodhill, una unidad especial destinada a la acogida de los presos encarcelados sobre la base de dicha Ley. En la unidad en cuestión, que había sido acondicionada tras consultar a los demandantes encarcelados y a sus abogados y cuyo personal había sido seleccionado y formado especialmente, los interesados habrían podido beneficiarse de un régimen de internamiento menos severo que les habría permitido, concretamente, pasar más tiempo fuera de su celda. Sin embargo, se negaron a ser trasladados allí, decisión que el inspector calificó de lamentable.
72. En el caso del primer demandante, que habría sido maltratado en las cárceles israelitas y habría seguido un primer tratamiento por depresión en mayo de 1999, su salud se degradó gravemente durante su reclusión en Belmarsh. Fue trasladado al hospital psiquiátrico de seguridad de Broadmoor en julio de 2002.
73. El séptimo demandante, quien declaró tener antecedentes familiares de trastornos mentales y padeció episodios de depresión en su adolescencia, afirma que, a lo largo de su reclusión, se agravaron sus sufrimientos debido a su trastorno depresivo y paranoico así como a las alucinaciones auditivas. Tras haber tratado de suicidarse en mayo de 2004, fue trasladado al hospital psiquiátrico de seguridad de Broadmoor el 17 de noviembre de 2004.
74. El décimo demandante, biamputado, afirma haber sido detenido y torturado en Argelia. Su salud física y mental se deterioró durante su reclusión en la prisión de Belmarsh. Hizo una huelga de hambre en mayo y junio de 2003 y se negó a utilizar las prótesis que se le habían suministrado y a cooperar con el personal sanitario de la prisión. A principios de noviembre de 2003, las autoridades penitenciarias retiraron los cuidados de enfermería que recibía. Sus abogados pidieron el control jurisdiccional de esta última medida y los cuidados se restablecieron en diciembre de 2003, en aplicación de una providencia dictada por el Tribunal administrativo. El 1 de noviembre de 2004 el demandante fue trasladado al hospital psiquiátrico de seguridad de Broadmoor.
75. El Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes («el CPT») visitó en dos ocasiones a los demandantes encarcelados, en febrero de 2002 y marzo de 2004. Criticó en varios puntos sus condiciones de reclusión. El Gobierno refutó las críticas en cuestión (apartados 101-102 infra).
76. En octubre de 2004, a petición de los abogados de los interesados, un grupo de ocho psiquiatras consultados estableció un informe conjunto sobre la salud mental de los demandantes recluidos. Este informe decía así:
«Los presos son originarios de países en los que las enfermedades mentales están muy estigmatizadas. Además, el suicidio está prohibido expresamente a los musulmanes practicantes. Se trata ésta de una consideración esencial ya que muchos de los interesados han tratado o piensan suicidarse. Padecen todos ellos importantes desórdenes psíquicos cuyo origen o agravamiento es imputable directamente al carácter indeterminado de la duración de su detención y que se traducen principalmente por trastornos depresivos mayores y crisis de angustia. En algunos de ellos, estos trastornos han degenerado en síntomas psicóticos. Algunos sujetos presentan un síndrome de SPT [estrés post traumático] provocado o bien por un trauma premigratorio, las condiciones de su arresto y reclusión o por la combinación de estos elementos.
El deterioro continuo de la salud mental de los interesados se explica también por la naturaleza de su régimen de reclusión y del procedimiento de recurso, por la desconfianza que éstos les inspiran y por la duración indeterminada de su encarcelación, elemento que subyace y que es esencial. El sistema médico penitenciario es incapaz de responder como procede a las necesidades de estos detenidos en materia de salud. Los comportamientos de angustia y la automutilación no se perciben como síndromes patológicos, sino como intentos de manipulación. No se atienden correctamente los problemas psíquicos complejos.
Los trastornos mentales de estos reclusos no tienen posibilidades de desaparecer si la situación en la que se encuentran actualmente no cambia. Las reiteradas entrevistas llevadas a cabo muestran que estos trastornos van a continuar agravándose, muy probablemente, durante la reclusión.
Los males de los que se quejan los detenidos son muy similares a los que describen los estudios dedicados a los efectos de la retención administrativa de los extranjeros. Los estudios en cuestión afirman una importante prevalencia de la depresión y la angustia en estos últimos. Señalan, de forma convincente, la correlación directa entre la duración de la encarcelación y la gravedad de los síntomas y prueban que la detención es en sí misma un factor que agrava los síntomas de que se trata».
77. Para las necesidades del presente procedimiento, el doctor J., psiquiatra consultante, fue invitado por el Gobierno a comentar el informe conjunto psiquiátrico en cuestión. Criticó la metodología seguida por los autores del mismo así como sus conclusiones, en los términos siguientes (se han suprimido las referencias a otros informes):
«En mi opinión, muchas de las afirmaciones que se formulan en el informe no resisten un examen riguroso. Por ejemplo, tras analizar detalladamente el caso del [primer demandante], considero que, en general, su salud mental no ha empeorado –y sin duda alguna no ha mejorado– tras su detención y su admisión en el hospital de Broadmoor en relación a cuando estaba libre. Igualmente, no se desprende de la historia clínica que su estado hubiese primero remitido y se hubiese degradado, posteriormente, al ser hospitalizado en Broadmoor. Considero que el agravamiento de sus síntomas en la prisión de Belmarsh se debe a la huelga de hambre a la que se sometió y a que se comportó de forma lunática en el hospital de Broadmoor aunque aceptase alimentarse. Su comportamiento histriónico no ha variado de un lugar de reclusión a otro. Estimo que padece desórdenes de personalidad y que el diagnóstico de trastorno depresivo agudo, psicosis o SPT sería inexacto. Además, sus frecuentes automutilaciones pertenecen al ámbito de la manipulación.
(...)
No soy el único en pensar que los diagnósticos de los autores de este estudio son erróneos y observo aquí que algunos de mis colegas que han establecido un informe sobre [los demandantes primero y séptimo] también han expresado dudas a este respecto. En estas condiciones, no se puede afirmar, como hace el informe conjunto, que haya consenso. En lo que respecta a los dos presos [los demandantes primero y séptimo] cuyo caso he estudiado, constato que los síntomas calificados de psicóticos por algunos de los autores del informe conjunto y de los que los interesados habrían estado indemnes antes de su detención, se habían declarado en realidad antes de la misma.
La aceptación tácita de las informaciones facilitadas espontáneamente por los interesados es uno de los aspectos más preocupantes de este informe. Señalo, por ejemplo, que sus autores parecen dar por hecho que tres de los presos habían sido encarcelados y torturados y que se sintieron seriamente amenazados antes de emigrar. Observo que ningún elemento corrobora estas alegaciones y que no se ha hecho nada por verificarlas. Teniendo en cuenta la obligación de los inmigrantes y solicitantes de asilo de justificar su petición de acceder al país de acogida, ¿No es posible, incluso probable, que algunos de ellos falten a veces a la verdad en su descripción de las experiencias sufridas en el pasado y de los síntomas actuales de los que se quejan? Se ha de ser consciente de que los presuntos terroristas niegan las sospechas que pesan sobre ellos pese a las pruebas no confidenciales y los documentos secretos que les incriminan y que han sido examinados al más alto nivel ¿No cuestiona esto su credibilidad?»
F.La libertad condicional concedida al quinto demandante
78. El 20 de enero de 2004, la SIAC indicó que debía en principio conceder al quinto demandante la libertad condicional. El Ministro del Interior trató de recurrir esta decisión pero, por providencia provisional de 12 de febrero de 2004, el Tribunal de apelación se declaró incompetente para conocer su recurso.
79. El 22 de abril de 2004, la SIAC dictó una decisión más motivada sobre la concesión de la libertad condicional. Explicó que la Ley de 2001 no le autorizaba a conceder tal medida sino en el caso excepcional de que se estableciese que su denegación implicaría tal alteración de la salud física o mental de un preso que el mantenimiento de la reclusión de éste violaría el artículo 3 del Convenio, por su carácter inhumano, o del artículo 8, por su carácter desproporcionado.
80. Señaló que algunos funcionarios de prisiones habían empezado a inquietarse por el estado psíquico del interesado en mayo de 2002, pero que se habían abstenido de comunicarlo a sus abogados. Señaló que éste había sufrido una grave recaída depresiva acompañada de síntomas psicóticos, alucinaciones auditivas e ideas suicidas en diciembre de 2003. Señaló que, a petición de sus abogados y a iniciativa del Ministro del Interior, se había sometido al demandante a varios exámenes psicológicos y psiquiátricos de los que se desprendía que estaba gravemente enfermo y que su salud mental mejoraría probablemente si era autorizado a volver a casa. La SIAC sacaba de ello las siguientes conclusiones:
«No creemos que se haya alcanzado el umbral requerido para que haya violación de los derechos humanos [del quinto demandante]. La jurisprudencia del [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] insiste en el hecho de que una detención no puede considerarse desproporcionada salvo si puede asimilarse a un trato contrario al artículo 3. Dicho esto, estamos convencidos de que el mantenimiento del interesado en prisión violaría esta disposición. Dejar que una persona llegue a una situación en la que requiera ser ingresada en un establecimiento especializado o cuidados y atención continuos para no causarse lesiones puede implicar la violación del artículo 8 –salvo quizás cuando no existe ninguna elección salvo la reclusión– y probablemente la del artículo 3. Como ya hemos indicado, nada nos obliga a esperar que tal situación se presente. La medida que tomamos es legítima desde el momento en que no dudamos de que las condiciones que la acompañan son suficientes para minimizar el riesgo que la puesta en libertad [del quinto demandante] supone para la seguridad del Estado.
Hemos de subrayar que la concesión de la libertad condicional es excepcional. Ordenamos esta medida solamente porque todos los datos médicos van en el mismo sentido y porque la reclusión es el origen de los trastornos mentales que han ido agravándose. (...)».
81. En cumplimiento de la decisión de la SIAC, el quinto demandante fue puesto en libertad el 22 de abril de 2004. Esta medida iba acompañada de tales condiciones que se asemejaba a un arresto domiciliario. El interesado tenía prohibido salir de su domicilio y la obligación de llevar permanentemente un dispositivo de vigilancia electrónico. No tenía acceso a Internet y la línea telefónica estaba conectada a los agentes de los servicios de seguridad con los que debía contactar cinco veces al día y dejar que en cualquier momento accediesen a su domicilio. No estaba autorizado a ver a ninguna persona que no fuese su mujer, su hijo, su abogado, un médico autorizado por el Ministerio del Interior y los visitantes habilitados por éste.
G.Los hechos consecutivos a la Sentencia dictada por la Cámara de los Lores de 16 diciembre 2004
82. La nulidad pronunciada por la Cámara de los Lores el 16 de diciembre de 2004 privó de efecto al decreto de derogación e hizo que todas las disposiciones del artículo 5 fuesen aplicables a la reclusión de los demandantes. Sin embargo, como una declaración de incompatibilidad carece de fuerza obligatoria respecto a las partes en el litigio en el marco del cual ha sido pronunciada (apartado 94 infra), se mantuvo la reclusión de los demandantes, salvo la del segundo y cuarto –que habían decidido abandonar el territorio británico– y la del quinto, puesto en libertad en unas condiciones que equivalían a un arresto domiciliario. Por otra parte, ninguno de ellos recibió, en virtud del derecho interno, una indemnización que compensase el perjuicio resultante de la reclusión. Es por ello que los interesados interpusieron, el 21 de enero de 2005, su demanda ante el Tribunal.
83. A finales de enero de 2005, el Gobierno indicó que tenía la intención de derogar el Título 4 de la Ley de 2001 para sustituirlo por un dispositivo de control que autorizase la imposición de varias restricciones a las personas sobre las que pesasen sospechas razonables de estar implicadas en el terrorismo, cualquiera que fuese su nacionalidad.
84. Los demandantes que habían permanecido recluidos fueron puestos en libertad unos el 10 y otros el 11 de marzo de 2005. Inmediatamente se les notificaron los autos de control dictados en aplicación de la Ley de 2005 de prevención del terrorismo, en vigor desde el 11 de marzo de 2005.
85. El Gobierno levantó la derogación el 16 de marzo de 2005.
86. El 11 de agosto de 2005, al término de las negociaciones que las autoridades británicas llevaban a cabo desde finales de 2003 con Argelia y Jordania para obtener garantías de que los demandantes no serían maltratados en caso de regresar a estos países, el Gobierno notificó un aviso de expulsión a los demandantes quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo. A éstos les aplicaron la retención administrativa a la espera de ser expulsados a Argelia (en el caso del quinto, el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo y el undécimo) y a Jordania (en lo que respecta al octavo demandante). El 9 de abril de 2008, el Tribunal de apelación estimó que este último no podía ser legalmente extraditado a Jordania puesto que era probable que en el juicio al que sería sometido en este país, se utilizasen contra él pruebas obtenidas mediante tortura, en violación flagrante de su derecho a un proceso equitativo. En la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia, el asunto seguía pendiente ante la Cámara de los Lores.
II. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA INTERNAS APLICABLES
A. La retención de las personas en trámite de expulsión antes de la promulgación de la Ley de 2001
87. El artículo 3.5 de la Ley de 1971 de inmigración faculta al Ministro del Interior a ordenar la expulsión de una persona que no posea la nacionalidad británica cuando considere esta medida favorable al interés general por razones, concretamente, de seguridad nacional. En virtud del apartado 2 del anexo 3 a la Ley de 1971, las personas en trámite de expulsión podían ser sometidas a una retención administrativa. Sin embargo, a partir de la Sentencia R. contra Governor of Durham Prison, ex parte Hardial Singh ([1984] 1 WRL 704), el ejercicio de la facultad de retención previsto por esta última disposición se limita a la duración razonablemente necesaria para la ejecución de la medida de expulsión. De ello se deduce que las autoridades no pueden retener a una persona, sobre la base de la Ley de 1971, cuando saben que su expulsión es imposible porque ningún país aceptará acoger al interesado o porque la deportación a su país de origen le expondría a un riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.
La Ley antiterrorista de 2000
88. En julio de 2000, el Parlamento aprobó la Ley antiterrorista de 2000 ( Terrorism Act 2000). En la Sentencia dictada por la Cámara de los Lores en el presente asunto, Lord Bingham señaló que «se trata de un dispositivo legislativo importante que comprende 131 artículos y 16 anexos, destinado a reorganizar, modernizar y reforzar la respuesta jurídica al problema creciente del terrorismo». El artículo 1 de esta Ley califica de «terrorista»
«(...) la realización o amenaza de realización de un acto
a) previsto en el apartado 2 del presente artículo;
b) que trate de influir en el gobierno o intimidar a la población o a una parte de ésta; y
c) esté destinado a promover una causa política, religiosa o ideológica.
2. Forman parte del presente apartado los actos que
a) impliquen una violencia grave contra las personas;
b) impliquen graves daños a los bienes;
c) pongan en peligro la vida de personas distintas al autor de los mismos;
d) expongan la salud o la seguridad de la población o de una parte de ésta a un riesgo grave; o
e) tengan por objetivo comprometer o perturbar gravemente el funcionamiento de un sistema electrónico.
3. Cuando implica el uso de armas de fuego o explosivos, la realización o amenaza de realización de un acto previsto en el apartado 2 del presente artículo constituye un acto de terrorismo, incluso si no se cumple la condición que establece el apartado 1 b) del presente artículo.
4. A los fines del presente artículo,
a) el término “acto” designa concretamente los actos cometidos fuera del territorio del Reino Unido;
b) los términos “persona” y “bien” designan respectivamente a toda persona y todo bien, en el lugar que se encuentren.
c) el término “población” designa concretamente la población de un país que no sea el Reino Unido; y
d) la expresión “autoridades públicas” designa a las autoridades públicas del Reino Unido, las de las comunidades que lo componen o las de un tercer país.
5. A los fines de la presente Ley, la expresión “acto realizado con fines terroristas” alude a los actos que sirven a los intereses de una organización ilegal».
A los fines de la presente Ley, una organización «proscrita» es
«3. 1. (...)
a) una organización que figura en la lista establecida en el anexo 2 a la presente Ley; o
b) una organización que opera bajo el mismo nombre que una organización que figura en la lista establecida en el anexo 2.
2. El apartado 1.b) del presente artículo no se aplica a las organizaciones cuya inserción en la lista establecida en el anexo 2 es objeto de una nota que figura en el anexo en cuestión.
3. El Ministro del Interior puede, por decreto,
a) añadir el nombre de una organización a la lista establecida en el anexo 2;
b) eliminar una organización de la lista en cuestión;
c) modificar dicha lista de otra manera.
4. El Ministro del Interior no puede ejercer la facultad que le confiere el apartado 3 a) del presente artículo respecto a una organización salvo si está convencido de su implicación en el terrorismo.
5. A los fines del apartado 4 del presente artículo, una organización está implicada en el terrorismo
a) cuando comete actos terroristas o participa en ellos;
b) cuando está dispuesta a recurrir al terrorismo;
c) cuando defiende o fomenta el recurso al terrorismo; o
d) cuando está comprometida de alguna manera con la vía terrorista».
89. El Título 2 de esta Ley incrimina la pertenencia y el apoyo a una organización ilegal, la recaudación, utilización y posesión de fondos destinados al terrorismo, la conclusión de acuerdos para la transferencia de fondos destinados al terrorismo, el blanqueo de capitales y la no denuncia de un presunto blanqueo de capitales. El Título 4 crea también algunos delitos, concretamente la instrucción en el manejo de armas, la dirección de actividades terroristas, la posesión, sin motivo razonables, de objetos que puedan ser utilizados por el autor o instigador de un acto terrorista y la obtención, sin motivo razonable, de información que pueda ser utilizada por el autor o instigador de un acto de esta naturaleza. El artículo 62 confiere a esta Ley un campo de aplicación extraterritorial en el sentido de que habilita a las autoridades a perseguir a las personas dependientes de la jurisdicción del Reino Unido por cualquiera de los delitos anteriormente mencionados, cualquiera que sea el lugar de comisión de los actos constitutivos de los mismos.
C. La Ley de 2001 de Seguridad contra el Terrorismo y la Delincuencia
90. El Título 4 de la Ley de 2001 (apartado 12 supra), titulado «Inmigración y asilo», habilitaba a las autoridades a encarcelar a los extranjeros sospechosos de terrorismo internacional incluso si su expulsión era momentáneamente imposible. Sus disposiciones aplicables decían así:
« Título 4
Inmigración y asilo
Personas sospechosas de terrorismo internacional
21. Certificados expedidos contra las personas sospechosas de terrorismo internacional
1. En virtud del presente artículo, el Ministro del Interior puede expedir un certificado contra una persona si tiene motivos razonables para:
a) creer que la presencia de esta persona en suelo británico representa una amenaza para la seguridad nacional; y
b) sospechar que esta persona es un terrorista.
2. A los fines del apartado 1 b) del presente artículo, la palabra “terrorista” designa a la persona:
a) implicada o que ha estado implicada en la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo internacional;
b) miembro de un grupo terrorista internacional o perteneciente a tal grupo; o
c) ligada a un grupo terrorista internacional.
3. A los fines del apartado 2 b) y c) del presente artículo, un grupo terrorista internacional es un grupo:
a) sometido al control o la influencia de personas que se hallan fuera del territorio del Reino Unido, y
b) del que, el Ministro del Interior, sospecha que está implicado en la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo internacional.
4. A los fines del apartado 2 c) del presente artículo, se considera que una persona mantiene vínculos con un grupo terrorista internacional solamente si lo respalda o le presta asistencia.
5. A los fines del presente título,
la palabra “terrorismo” tiene el sentido que le da el artículo 1 de la Ley de Terrorismo de 2000 (c. 11), y
la expresión “persona sospechosa de terrorismo internacional” designa a la persona afectada por un certificado expedido en aplicación del apartado 1 del presente artículo.
6. Cuando expida un certificado en aplicación del apartado 1 del presente artículo, el Ministro del Interior deberá, cuanto antes:
a) adoptar medidas razonables para notificarlo a la persona en cuestión; y
b) dirigir una copia a la Comisión Especial de Apelación en Materia de Inmigración.
7. El Ministro del Interior puede revocar el certificado emitido en aplicación del apartado 1 del presente artículo.
8. La decisión del Ministro del Interior sobre un certificado emitido en aplicación del presente artículo sólo puede recurrirse en las condiciones previstas en los artículos 25 y 26 de la presente Ley.
9. Un acto del Ministro del Interior basado en todo o en parte en un certificado emitido en virtud del presente artículo solo puede recurrirse por medio o en relación al procedimiento relativo a:
a) los artículos 25 ó 26 de la presente Ley; o
b) el artículo 2 de la Ley de 1997 sobre la Comisión Especial de Apelación en Materia de Inmigración (c.68) (apelación).
22. Expulsión, devolución, etc.
1. Una persona sospechosa de terrorismo internacional puede ser objeto de una medida adoptada en virtud del apartado 2 del presente artículo incluso si se ha excluido momentánea o definitivamente su expulsión del Reino Unido debido a:
a) un motivo de derecho fundado en todo o en parte en un convenio internacional; o
b) una consideración de orden práctico (...)
2. Las medidas contempladas en el apartado 1 del presente artículo consisten en:
(...)
e) la adopción de una orden de expulsión (...)
3. En el caso de que una persona sospechosa de terrorismo internacional se halle afectada por una de las medidas citadas en el apartado 2 del presente artículo cuando ha sido objeto de un certificado emitido en aplicación del artículo 21 de la presente Ley, la medida en cuestión se considerará renovada sobre la base del apartado 1 del presente artículo inmediatamente después de la emisión del certificado.
23. Detención
1. Una persona sospechosa de terrorismo internacional puede ser detenida en aplicación de una de las medidas citadas en el apartado 2 del presente artículo incluso si se ha excluido momentánea o definitivamente su expulsión del Reino Unido debido a:
a) un motivo de derecho fundado en todo o en parte en un convenio internacional; o
b) una consideración de orden práctico (...)
2. Las disposiciones a las que remite el apartado 1 del presente artículo son:
a) el apartado 16 del anexo 2 a la Ley de 1971 de Inmigración (c. 77) (detención de personas en trámite de verificación o alejamiento), y
b) el apartado 2 del anexo 3 a esta Ley (detención de personas en trámite de expulsión)».
Una disposición del Título 4 limitaba la duración de la validez de la Ley de 2001 a cinco años y la sometía a un procedimiento de ratificación anual por las dos cámaras del Parlamento.
D. La Comisión Especial de Apelación en Materia de Inmigración
91 Creada en respuesta a la Sentencia dictada por el Tribunal en el asunto Chahal contra Reino Unido ([GS], 15 noviembre 1996, Repertorio de sentencias y resoluciones 1996-V), la Comisión Especial de Apelación en Materia de Inmigración («la SIAC») es una jurisdicción compuesta por jueces independientes. Sus decisiones pueden ser recurridas en casación ante el Tribunal de apelación y la Cámara de los Lores.
En sus pasajes aplicables, el artículo 25 de la Ley de 2001 decía así:
«1) Una persona sospechosa de terrorismo internacional afectada por un certificado expedido en aplicación del artículo 21 podrá ejercer un recurso contra esta medida ante la Comisión Especial de Apelación en Materia de Inmigración.
2) La [SIAC] deberá anular el certificado recurrido si estima:
a) que no existen motivos razonables que justifiquen la convicción o las sospechas mencionadas respectivamente en los puntos a) y b) del apartado 1 del artículo 21; o
b) que, por cualquier otra razón, no debería haberse emitido».
Correspondía a la SIAC proceder a una primera revisión de un certificado expedido en aplicación de la Ley de 2001 para verificar si se justificaba su mantenimiento seis meses después de la fecha de emisión o de la resolución definitiva de un recurso contra el mismo. Las revisiones posteriores debían efectuarse cada tres meses.
En virtud del artículo 30 de la Ley de 2001, la SIAC era asimismo competente para conocer de todo recurso contra la derogación formulada al amparo del artículo 15 del Convenio.
92. La SIAC aplica un procedimiento especial que le permite examinar no solamente las pruebas (calificadas de «no confidenciales») que pueden hacerse públicas, sino también otros elementos (calificados de «confidenciales») que, por motivos de seguridad nacional, no pueden serlo y a los que los justiciables y sus abogados tienen prohibido el acceso, razón por la cual este procedimiento prevé el recurso a uno o varios «abogados especiales» con habilitación de seguridad y designados por el Solicitor General para actuar en nombre de las personas que apelan a la SIAC.
93. En el caso de autos, en el procedimiento de examen de los recursos interpuestos ante la SIAC contra los certificados en litigio, primero se comunicó a cada recurrente las conclusiones y pruebas no confidenciales que les afectaban, lo que permitió al abogado especial discutirlas con el interesado y su letrado y obtener instrucciones generales de estos últimos. Seguidamente, se sometieron a los jueces y el abogado especial los documentos confidenciales, fase a partir de la cual este último ya no estaba autorizado a comunicarse con el recurrente y/o su letrado sin el acuerdo de la SIAC. En la fase confidencial de la instancia, el abogado especial tenía como función invocar, en nombre del recurrente, motivos procesales –tendentes por ejemplo a la comunicación de información complementaria– y de fondo. La SIAC dictó una decisión «no confidencial» y una decisión «confidencial» en cada uno de los recursos que se le habían sometido. El abogado especial pudo conocer las decisiones en cuestión pero los demandantes y sus letrados sólo tuvieron acceso a las decisiones no confidenciales.
E. Las declaraciones de incompatibilidad previstas por la Ley de derechos humanos de 1998
94. El artículo 4 de la Ley de 1998 faculta a los tribunales a declarar incompatibles con el Convenio las disposiciones de la legislación primaria que consideren contrarias a este instrumento. La declaración de incompatibilidad no incide en la validez de la disposición a la que afecta ni vincula a las partes en el proceso en el marco del cual es pronunciada. Sin embargo, el artículo 10 de la Ley establece un mecanismo específico en virtud del cual la disposición en cuestión puede ser modificada para suprimir la incompatibilidad constatada (para más información sobre este mecanismo, véase Sentencia Burden contra Reino Unido [GS], núm. 13378/2005, aps. 21-24, TEDH 2008).
F. La Ley antiterrorista de 2006
95. En vigor desde el 30 de marzo de 2006, la Ley antiterrorista de 2006 creó nuevos delitos destinados a extender la responsabilidad penal a la preparación de actos terroristas definida en la Ley antiterrorista de 2000. Al sancionar la incitación a cometer actos terroristas, la difusión de publicaciones de carácter terrorista y la preparación y planificación de actos terroristas, los delitos en cuestión se establecieron con el fin de permitir a las autoridades intervenir en un estadio precoz de las intrigas terroristas para evitar que desembocasen en actos más graves. Asimismo, la Ley facilitaba la aportación de la prueba de la comisión de los actos imputados.
G. Consideraciones sobre el recurso a abogados especiales bajo el imperio de la Ley de 2005 de prevención del terrorismo
96. El 31 de octubre de 2007 la Cámara de los Lores dictó sentencia en el recurso Secretary of State for the Home Department (demandado) contra MB (FC) (recurrente) ([2007] UKHL 46) contra una orden de control no derogatoria dictada por el Ministro del Interior en aplicación de los artículos 2 y 3.1 a) de la Ley de prevención del terrorismo de 2005. En dicho asunto el Alto Tribunal era llamado a pronunciarse sobre la compatibilidad con el artículo 6 del Convenio del procedimiento definido en el artículo 3 de la Ley en cuestión, disposición que prevé la celebración de vistas secretas y el recurso a abogados especiales y cuya aplicación había llevado a una situación en la que el contenido de las acusaciones formuladas contra uno de los recurrentes era totalmente confidencial y en la que los documentos no confidenciales del procedimiento del que había sido objeto no contenían ninguna acusación precisa de actividades terroristas.
La Cámara de los Lores estimó, por unanimidad, que el procedimiento criticado dependía del artículo 6 puesto que tenía por objeto la decisión sobre derechos y obligaciones de carácter civil. Sobre la cuestión de la compatibilidad, consideró, por mayoría de sus miembros –la Baronesa Hale, Lord Carswell y Lord Brown– que el recurso a abogados especiales constituía, en la mayor parte de los casos, un contrapeso suficiente a la facultad del Ministro del Interior de denegar la comunicación de los elementos que pretendía invocar como pruebas de la existencia de motivos razonables para sospechar de la implicación, pasada o presente, de una persona afectada por una medida de control en actividades de carácter terrorista, declarando, no obstante, que cada caso merecía un examen individual. La Baronesa Hale se expresó así:
«65. (...) Dependiendo de las características del asunto, concretamente de las medidas adoptadas para informar a la persona que es objeto de la medida de control criticada del contenido de las acusaciones que se formulan contra él de manera que pueda adivinar en qué informaciones se basan, de la manera en que se han sintetizado las pruebas de cargo confidenciales sin revelar los nombres, las fechas o los lugares pertinentes, la naturaleza o el contenido de los documentos no comunicados, la cuestión de si el abogado especial ha podido impugnarlas eficazmente en interés de la persona afectada y de lo que su comunicación habría cambiado. El conjunto de estos factores se ha de tener en cuenta para juzgar si la persona afectada por la medida en litigio ha tenido “una posibilidad real de impugnar los hechos” que la han motivado.
66. No me parece que podamos dar por hecho que el Tribunal de Estrasburgo juzgaría sistemáticamente conformes a las exigencias del artículo 6 las vistas del examen de las medidas de control en las que los abogados especiales intervienen en virtud del procedimiento previsto por la Ley de 2005 y el capítulo 76 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, gracias a los esfuerzos incesantes de todas las personas implicadas, debería ser posible, en la mayor parte de los casos, “conceder suficientemente al justiciable el beneficio de las normas procesales”, por mucho tiempo que ello lleve y las dificultades que encontremos. Todos los intervinientes deben esforzarse por garantizar, en la medida de lo posible, el respeto de los “principios que rigen la instrucción judicial”. Corresponde a la Ministra del Interior explicar, con la mayor precisión posible, las razones que le llevan a estimar que se cumplen las condiciones enumeradas en el artículo 2.1. Cuanto más detallada sea esta explicación, mejores serán las instrucciones que los abogados especiales podrán obtener de sus clientes antes de conocer los documentos confidenciales. Los jueces y abogados especiales deben examinar con mucha circunspección y escepticismo los argumentos expuestos a favor del mantenimiento de la confidencialidad de las informaciones consideradas secretas. La tendencia de las autoridades a invocar con demasiada frecuencia el imperativo del secreto en casos de terrorismo ha sido ampliamente demostrada tanto fuera como dentro de nuestro país (a este respecto véase Serrin Turner y Stephen J. Schulhofer, The Secrecy Problem in Terrorism Trials, 2005, Centro Brennan para la justicia, Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York). Corresponde a los jueces y abogados especiales analizar en profundidad los elementos no comunicados. Se ha de hacer todo por que los documentos confidenciales se redacten o sinteticen de forma que permita a los abogados especiales obtener instrucciones de las personas que defienden. Asimismo, se les debe conceder la mayor libertad posible para formular preguntas concretas y cuidadosamente escogidas en nombre de sus clientes. Aunque el artículo 74.24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé expresamente esta posibilidad, los abogados especiales deberían poder citar o hacer que se cite a comparecer a testigos para impugnar las pruebas confidenciales. En algunos casos, la persona acusada puede no necesitar ser informada con todo detalle de las pruebas de cargo para oponer una defensa eficaz.
67. El juez que ha presidido la vista está sin duda mejor situado que ningún otro para pronunciarse sobre la cuestión de si la instancia ha garantizado suficientemente al justiciable el beneficio de las normas procesales (...)».
Lord Carswell formuló la siguiente observación:
«Es muy amplio el abanico de situaciones en las que la Ministra del Interior puede basarse en pruebas confidenciales. En un extremo se hallarían los casos en los que las acusaciones formuladas contra personas sometidas a una medida de control se fundarían exclusivamente en informaciones confidenciales que no pueden conocer, ni siquiera en síntesis, y a las que los abogados especiales no tendrían la capacidad de oponer una defensa eficaz al no poder obtener instrucciones suficientes de sus clientes. En el otro extremo se hallarían los casos en los que los elementos secretos tendrían un alcance probatorio muy limitado o solo servirían para corroborar unos documentos no confidenciales convincentes, no enfrentándose entonces la presentación de una defensa eficaz a ninguna dificultad. Entre estos dos extremos existe una variedad infinita de situaciones posibles. El equilibrio entre los elementos no confidenciales y los documentos secretos y su respectivo valor probatorio, varían de un caso a otro. En algunos casos, los abogados especiales pueden hacerse una idea suficientemente precisa de la manera en la que deben tratar la información secreta cuando no tienen instrucciones directas de las personas que defienden. Es a los jueces a quienes corresponde examinar y apreciar estas cuestiones cuando son llamados a verificar si las personas sometidas a una medida de control han gozado de un proceso equitativo. Esta valoración depende (...) de las circunstancias de la causa. El juez que ha tenido conocimiento de los documentos tanto confidenciales como no confidenciales y que ha gozado de la colaboración de los abogados especiales, está mejor situado que nadie para pronunciarse. Así las cosas, considero que conviene conceder el peso que merece al interés general legítimo que persigue la denegación de la comunicación de las pruebas basada en motivos válidos de seguridad nacional y que ello justifica la obligación –más bien pesada– que recae en de las personas que son objeto de una medida de control, de probar la existencia de una violación del artículo 6. Los tribunales no deben mostrarse demasiado dispuestos a considerar que la desventaja que constituye, para las personas sometidas a tal medida, la no comunicación de las pruebas en cuestión, vulnera el artículo 6».
Lord Brown se expresó así:
«Por muy excepcionales que sean, no se puede excluir que se presentan situaciones en las que, pese a los esfuerzos desplegados por todos los intervinientes para redactar, anonimizar y resumir los documentos pertinentes, la comunicación a los sospechosos de información en cantidad suficiente para que puedan responder de forma útil a las acusaciones formuladas contra ellos por la Ministra del Interior, sea simplemente imposible. Salvo si se tiene la casi certidumbre de que ninguna impugnación habría tenido la mínima posibilidad de prosperar (conclusión que considero difícil pero no imposible de demostrar), el juez que se enfrenta a este tipo de situación debe concluir que la adopción o, según el caso, la confirmación de una medida de control es profundamente injusta para el sospechoso. En síntesis, un sospechoso que se encuentre en este tipo de situación no obtendría “suficientemente (...) el beneficio de las normas procesales” ( Chahal [previamente citada] ap. 131) pese a la actuación del abogado especial; [su] derecho [a un proceso equitativo] ha[bría] sido lesionado en su propia sustancia ( Tinnelly & Sons Ltd y McElduff y otros contra Reino Unido [ 10 julio 1998 , Repertorio 1998-IV] ap. 72)”.
Lord Bingham siguió un enfoque diferente –pero no divergente– del de la mayoría. Estimó que se imponía proceder a una valoración global del proceso y determinar si el recurso a un procedimiento concreto había sido profundamente injusto para la persona bajo control, añadiendo que la intervención del abogado especial reforzaba las garantías procesales que se le concedían, pero que no compensaba enteramente los graves inconvenientes derivados para ella de la ignorancia de las pruebas de cargo y de su incapacidad correlativa para dar instrucciones útiles al abogado en cuestión.
Desmarcándose de la mayoría, Lord Hoffmann consideró que, puesto que el Tribunal de instancia considerara contraria al interés general la comunicación de algunos documentos, la intervención de un abogado especial constituía una garantía suficiente para la persona sometida a una medida de control y que, en este caso, el procedimiento nunca podía considerarse contrario al artículo 6.
97. En la Sentencia dictada en el asunto Secretary of State for the Home Department v. AF ([2008] EWCA Civ 1148), por una mayoría compuesta por los Jueces Sir Anthony Clark MR y Waller, con el voto disidente del Juez SedLey, el Tribunal de apelación se fundó en las conclusiones establecidas por la mayoría de la Cámara de los Lores en la Sentencia MB para formular las recomendaciones siguientes en cuanto al cumplimiento del artículo 6 en las instancias sobre medidas de control y que requieren la intervención de abogados especiales:
[extractos de la síntesis de la sentencia]
«1) Para resolver la cuestión de si la celebración de una vista, según las modalidades previstas en el artículo 3.10 de la Ley de 2005, ha violado los derechos que un individuo bajo control extrae del artículo 6, se ha de determinar si, en conjunto, la vista ha sido fundamentalmente injusta para éste o si no se le ha concedido suficientemente el beneficio de las normas procesales o si se ha vulnerado la sustancia misma de su derecho a un proceso equitativo. Más generalmente, es necesario preguntarse si el proceso ha sido para él profundamente injusto. 2) Se debe hacer todo para proporcionar al individuo en cuestión tanta información como sea posible sobre las acusaciones formuladas contra él y las pruebas de cargo, en su caso de forma resumida. 3) Cuando existan motivos de seguridad nacional que se opongan a que se comuniquen de entrada el conjunto de acusaciones y pruebas admitidas contra el interesado, se le deberá conceder la asistencia de un abogado especial. En tal caso, se aplican los principios enumerados a continuación. 4) La falta de comunicación a la persona bajo control de un mínimo incomprensible de acusaciones y pruebas de cargo no confiere ipso facto a la vista un carácter injusto. En los casos en que dicha comunicación sea posible, el suministro de una información tan sucinta al interesado como la comunicada en el asunto AF –información realmente sumaria– puede considerarse suficiente, habida cuenta de las circunstancias de la causa, para alcanzar el mínimo en cuestión. 5) Para responder a la cuestión de si una vista ha sido injusta, se han de tener en cuenta todas las características del asunto, concretamente su naturaleza, las medidas adoptadas para informar a la persona bajo control del contenido de las acusaciones formuladas contra ella, de forma que se le permita adivinar en qué informaciones se basan, la manera en que se han sintetizado las pruebas de cargo confidenciales sin revelar los nombres, las fechas y los lugares pertinentes, la naturaleza y el contenido de los elementos secretos, la eficacia con la que el abogado especial ha podido impugnarlos en nombre del interesado y lo que su comunicación habría cambiado o podido cambiar. 6) Cuando son llamados a determinar si la divulgación de información a personas bajo control habría podido llevar a una conclusión diferente sobre la cuestión de la existencia de motivos razonables que justifiquen las sospechas de implicación, pasada o presente, de éstas en actividades terroristas, corresponde a los tribunales tener plenamente en cuenta las dificultades a las que los interesados y los abogados especiales se enfrentan y el conjunto de circunstancias de la causa, preguntándose concretamente por las consecuencias que habría podido tener la comunicación de alguna información y sobre la cuestión de si los abogados especiales pudieron trabajar eficazmente. La manera en la que conviene abordar cada parámetro y el peso a concederle dependen de las circunstancias de la causa. 7) No existe una regla implacable por definición del papel del juez, cuya decisión escapa a la intervención del Tribunal de apelación, salvo casos excepcionales».
III. LOS COMENTARIOS INTERNOS E INTERNACIONALES AL TÍTULO 4 DE LA LEY DE 2001
El comité Newton
98. El Título 4 de la Ley de 2001 instituyó un comité de asesores privados encargados de controlar su aplicación. Presidido por Lord Newton, el comité en cuestión estableció un informe en diciembre de 2003. Señalando nota de la tesis del Ministerio del Interior según la cual la amenaza terrorista ligada a Al-Qaeda provenía principalmente de extranjeros, formuló la siguiente observación:
«numerosos indicios muestran que éste ya no es el caso actualmente. El ejemplo de los británicos autores del atentado suicida con bomba cometido en Tel-Aviv en mayo de 2003, el de Richard Reid (”el terrorista de los zapatos”) y las recientes detenciones revelan que los ciudadanos británicos pueden representar una amenaza real. El año pasado cerca del 30% de los sospechosos a los que se aplicó la Ley antiterrorista de 2000 eran británicos. Se nos ha indicado que casi la mitad de las personas que interesan a las autoridades debido a su presunta implicación en el terrorismo internacional son ciudadanos británicos».
Estimó que estas informaciones proporcionaban no solamente un argumento desfavorable a las disposiciones discriminatorias, sino que también demostraban la relativa ineficacia de las mismas en materia de lucha contra la amenaza terrorista. En consecuencia, recomendaba la aprobación urgente de una Ley que respondiese a esta amenaza sin establecer una discriminación fundada en la nacionalidad y que no requiriese la derogación del artículo 5 del Convenio.
99. En febrero de 2004, el Gobierno hizo pública su respuesta al informe en cuestión, en la que reafirmaba que la amenaza terrorista «provenía principalmente –pero no exclusivamente– de extranjeros». El dictamen del Comité Newton recomendando la aplicación de medidas de lucha antiterrorista a todas las personas dependientes de la jurisdicción del Reino Unido, cualquiera que fuese su nacionalidad, le inspiró el siguiente comentario:
«Sin duda sería posible conferir nuevas facultades a las autoridades que les permitiesen encarcelar a ciudadanos británicos que pudiesen estar implicados en el terrorismo internacional, pero se trataría ésta de una decisión de graves consecuencias. El Gobierno estima que tales facultades, draconianas, serían difíciles de justificar. La experiencia muestra que este enfoque es peligroso y que puede perjudicar la cohesión de la sociedad y debilitar, por tanto, el apoyo de todos sus componentes, apoyo que necesitamos para luchar contra la amenaza terrorista».
El Gobierno indicó, además, que trabajaba en proyectos de acuerdos marco con países susceptibles de acoger a personas sospechosas de ser terroristas afectadas por una medida de expulsión.
La Comisión mixta parlamentaria de derechos humanos
100. La Comisión mixta parlamentaria es el órgano constitucionalmente responsable en el Reino Unido del control de la compatibilidad de las Leyes con los derechos que enumera el Convenio. En su segundo informe relativo a la sesión 2001-2002, elaborado poco tiempo después de la publicación del proyecto de Ley que iba a devenir la Ley de 2001, hacía constar su preocupación sobre los efectos potencialmente discriminatorios de éste, en los términos siguientes:
«38. En segundo lugar, remitiendo a las disposiciones del Derecho de extranjería para autorizar la encarcelación de los presuntos terroristas internacionales, el proyecto de Ley corre el riesgo de instaurar una discriminación, en relación a la detención sin inculpación, entre los presuntos terroristas internacionales sometidos a la política de extranjería y aquellos que gozan del derecho incondicional a permanecer en el Reino Unido. Tememos que de ello resulte una discriminación basada en la nacionalidad en el ejercicio del derecho a la libertad. Sin una justificación objetiva, razonable y proporcionada, esta situación podría vulnerar el artículo 5 del CEDH aisladamente o en relación con el artículo 14, el cual garantiza el derecho a la no discriminación en el goce de los derechos del Convenio. Podría también lesionar los derechos a la no discriminación y a la libertad que consagran, respectivamente, los artículos 26 y 9 del PIDCP .
39. Hemos comunicado en una audiencia nuestra preocupación al Ministro del Interior. Dada su respuesta, dudamos de que el riesgo de discriminación basada en la nacionalidad que encierran las disposiciones del Título 4 del proyecto de Ley haya sido debidamente considerada».
En su sexto informe de la sesión 2003-2004, de 23 de febrero de 2004, la Comisión mixta se declaró profundamente preocupada «por la incidencia en los derechos humanos de la incorporación de la facultad de detención al derecho de extranjería en lugar de a la legislación antiterrorista» y señaló que «el Título 4 [de la Ley de 2001] corría un considerable riesgo de violar el derecho a la no discriminación garantizado por el artículo 14 del CEDH ». Tras la publicación del informe del Comité Newton y la del documento de reflexión del Ministro del Interior en respuesta al mismo, la Comisión mixta volvió a tratar esta cuestión en su decimoctavo informe de la sesión 2003-1004, de 21 de julio de 2004, cuyos apartados 42 a 44 dicen así:
«42. El documento de reflexión rechaza la recomendación que figura en el informe Newton según la cual las nuevas disposiciones legislativas a prever en sustitución del Título 4 [ de la Ley de 2001], deberían aplicarse igualmente a todas las personas dependientes de la jurisdicción del Reino Unido, cualquiera que sea su nacionalidad, incluidos los ciudadanos británicos. El Gobierno se declara en él convencido de que la distinción criticada entre los ciudadanos extranjeros y los ciudadanos británicos es legítima, al no ser idénticos sus derechos y deberes respectivos.
43. Siempre no hemos declarado preocupados por la discriminación basada en la nacionalidad resultante de las disposiciones del Título 4 [de la Ley de 2001], que nos parece injustificada y, por consiguiente, contraria al artículo 14 del CEDH. Suscribimos la opinión del Lord Newton según la cual es inaudito sostener, como hace [el Ministerio del Interior] en el documento de reflexión, que el hecho de conferir a las autoridades facultades idénticas de encarcelación respecto a los ciudadanos británicos sería una “decisión de graves consecuencias” y que tales facultades, draconianas, serían difíciles de justificar.
44. Lo que está en juego es idéntico para los ciudadanos extranjeros y los ciudadanos británicos: el derecho fundamental a la libertad garantizado por el artículo del CEDH y los derechos procesales correspondientes. El artículo 1 del CEDH obliga a los Estados a reconocer a toda persona que dependa de su jurisdicción los derechos y las libertades consagrados por el Convenio. El artículo 14 de este instrumento dispone que el goce de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio, ha de ser asegurado sin distinción alguna por razones de origen nacional. Para justificar su reticencia a solicitar, en beneficio de las autoridades, facultades idénticas respecto a los ciudadanos británicos, el Gobierno ofrece en su documento de reflexión una explicación que hace pensar que considera el derecho de los extranjeros a la libertad menos digno de protección que el derecho exactamente idéntico de los británicos, lo cual prohíbe el Convenio».
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes («el CPT»)
101. Una delegación del CPT visitó en febrero de 2002 y marzo de 2004 a los demandantes recluidos. En un informe publicado el 9 de junio de 2005, el CPT criticaba las condiciones de reclusión en la prisión de Belmarsh y el hospital de Broadmoor. Además, señalaba que se habían elevado quejas de malos tratos que acusaban a funcionarios de prisiones. Indicaba que el régimen de reclusión vigente en la prisión de Woodhill era menos severo y declaró que el estado de salud de la mayor parte de los presos se había deteriorado debido a la reclusión, a causa concretamente del carácter indeterminado de su duración. Los pasajes pertinentes del informe del CPT decían así:
«Las constataciones hechas en 2004 ponen, en efecto, en evidencia una importante inquietud en la gestión de esta categoría de presos, recluidos sin una perspectiva real de puesta en libertad y sin acompañamiento para contrarrestar los efectos nefastos de esta forma particular de privación de libertad. Éstas muestran también los límites de la capacidad de adaptación del sistema penitenciario frente a una tarea difícilmente compatible con su misión. El objetivo anunciado, en la respuesta al informe del CPT sobre su visita de febrero de 2002, de emprender la elaboración de una estrategia para permitir al servicio penitenciario gestionar de la forma más apropiada posible el tratamiento y la reclusión de las personas detenidas en virtud de la Ley de 2001, no se ha logrado.
Dos años después de la visita realizada por el CPT a estos presos, muchos eran los que se encontraban en un mal estado de salud psíquica general a consecuencia de su reclusión y, en el caso de algunos, en mal estado de salud física. Para una gran mayoría de las personas detenidas en virtud de [la Ley de 2001], la reclusión ha provocado trastornos psiquiátricos y, para aquellos que habían sufrido en el pasado experiencias traumatizantes, incluso torturas, ha reavivado claramente la experiencia causando incluso graves recaídas en trastornos psiquiátricos anteriores. El trauma vinculado a la reclusión es aún más perjudicial para el estado de salud de estos reclusos puesto que se duplica por la falta de control relacionada con el carácter indeterminado de la reclusión, las continuas dificultades experimentadas para impugnar su detención y la ignorancia que tienen de las pruebas admitidas contra ellos para la certificación y/o el mantenimiento de su certificación como personas sospechosas de ser terroristas internacionales. Para algunos de ellos su situación durante la visita podría considerarse semejante a un trato inhumano y degradante».
102. En la respuesta al informe del CPT publicada el 9 de junio de 2005, el Gobierno se opuso firmemente a las acusaciones de malos tratos formuladas contra el personal penitenciario. Subrayaba que los demandantes recluidos tenían acceso a las vías de recurso civiles y administrativas abiertas a todos los presos que quisiesen quejarse de tales tratos. Proseguía así:
«El Gobierno respeta las conclusiones a las que los delegados [del CPT] han llegado sobre la base de las constataciones efectuadas el día de su visita, pero rechaza categóricamente la tesis según la cual las personas detenidas [en aplicación de la Ley de 2001] habrían sufrido en algún momento de su reclusión un trato “inhumano o degradante” que se pueda considerar una violación de las obligaciones internacionales suscritas por el Reino Unido en materia de derechos humanos. Afirma firmemente que los interesados han beneficiado en toda circunstancia de la atención y el trato adecuados en Belmarsh y que han recibido una atención médica completa –tanto en el plano psicológico como físico– por parte del personal sanitario y los médicos de dicho establecimiento. Reconoce que las personas en cuestión han tenido un difícil recorrido antes de su encarcelación, pero se opone a la afirmación según la cual “la reclusión ha provocado trastornos psiquiátricos”. Los desórdenes mentales que padecían algunos de estos presos antes de ser encarcelados no les han impedido dedicarse a las actividades por las que han sido objeto de un certificado y detenidos. Los problemas psíquicos que puede padecer una persona no eliminan la amenaza que puede representar para la seguridad nacional.
(...)
El Gobierno se subleva contra la tesis según la cual las personas encarceladas [sobre la base de la Ley de 2001] no tenían ninguna perspectiva de ser puestas en libertad. (...)
(...)
La SIAC y los otros tribunales nunca han declarado que las condiciones de reclusión criticadas implicaran la violación de la obligación absoluta que impone al Gobierno el artículo 3 [del Convenio]. Teniendo en cuenta las importantes garantías judiciales de las que gozaban los reclusos, el Gobierno estima que no habría podido mantener su prisión si las facultades que le asistían hubiesen vulnerado de un modo u otro los derechos de los interesados al amparo de esta disposición. Sugerir lo contrario es menospreciar las múltiples vías de acceso al sistema judicial británico de que disponen los reclusos y la obligación imperativa que se impone a la justicia de protegerlos contra tales incumplimientos».
El Comisario europeo de Derechos Humanos
103. En agosto de 2002, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa emitió una opinión sobre ciertos aspectos de la derogación del artículo 5.1 del Convenio y del Título 4 de la Ley de 2001 por parte del Reino Unido, en la que criticaba explícitamente la insuficiencia del control parlamentario de las disposiciones de la derogación y se preguntaba si la naturaleza de la amenaza que representaba Al-Qaeda constituía una base suficiente para que se pudiese concluir que existía un peligro público que amenazaba la vida de la nación:
«Reconociendo la obligación de los gobiernos de proteger a sus ciudadanos contra la amenaza terrorista, el Comisario opina que la actitud de guardia general contra un riesgo creciente de actividad terrorista tras el 11 de septiembre de 2001 no justifica en sí misma la derogación del Convenio. Varios Estados europeos que se enfrentan desde hace tiempo a una actividad terrorista frecuente no han considerado necesario derogar los derechos del Convenio. Ningún Estado ha estimado bueno hacerlo en las circunstancias actuales. Convendría, por tanto, presentar informaciones detalladas que pongan en evidencia un peligro real e inminente que amenace la seguridad pública en el Reino Unido».
En lo que respecta al régimen de internamiento previsto en el Título 4 de la Ley de 2001, proseguía así:
«Al ser estas medidas únicamente aplicables a los extranjeros no expulsables, podrían asimismo conducir a una justicia de dos ratios según la cual se aplicarían normas distintas en materia de derechos humanos a los extranjeros y los nacionales».
104. El 8 de junio de 2005, el Comisario de Derechos Humanos publicó un informe sobre la visita que había efectuado al Reino Unido en noviembre de 2004. Se refería expresamente a la sentencia dictada por la Cámara de los Lores en la causa de los demandantes y señalaba que el Gobierno no había tratado de renovar las disposiciones criticadas de la Ley de 2001 en marzo de 2005. Se felicitaba por la sentencia en cuestión, cuyas conclusiones se unían a las expresadas en el dictamen que él había emitido previamente y por la puesta en libertad de los demandantes, puntualizando que su visita le permitía dar testimonio personal del «estado de extrema agitación psicológica en el que se hallaban muchos de [ellos]». Las entrevistas mantenidas, entre otros, con el Ministro del Interior, el Lord Chancellor, el Attorney General, el Lord Chief Justice y el Director of Public Prosecutions le llevaron a concluir lo siguiente sobre las medidas del ordenamiento jurídico británico para luchar contra la amenaza terrorista:
«Las actividades terroristas no solamente deben, sino que pueden combatirse en el marco actual del sistema de derechos humanos que permite mantener un equilibrio, en las cuestiones relativas a la seguridad nacional, entre los derechos individuales y el interés general y prevé el recurso a facultades especiales proporcionadas. Para ello son necesarias unas fuerzas del orden bien equipadas, la cooperación internacional y la aplicación efectiva de la Ley. Cabe señalar, a este respecto, que con la Ley antiterrorista de 2000 (...) el Reino Unido dispone ya de una de las legislaciones antiterroristas más firmes y completas de Europa».
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
105. El apartado 17 de las observaciones finales del Comité sobre el Reino Unido, publicadas el 10 de diciembre de 2003, dice así:
«17. El Comité está profundamente preocupado por las disposiciones de la Ley de 2001 de Seguridad contra el Terrorismo y la Delincuencia que prevé la detención sin imputación o juicio de no nacionales sospechosos de llevar a cabo actividades relacionadas con el terrorismo en trámite de expulsión del Reino Unido.
Tomando nueva nota de la preocupación del Estado Parte en materia de seguridad nacional, el Comité le recomienda lograr un equilibrio entre esta preocupación, por un lado y la protección de los derechos humanos y sus obligaciones jurídicas internacionales, por otro. A este respecto, se llama la atención del Estado parte sobre la declaración del Comité de 8 de marzo de 2002, en la que subraya la obligación que corresponde a los Estados de velar por que “las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo no tengan como objetivo o efecto causar una discriminación por razones de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico”».
IV. OTROS DOCUMENTOS APLICABLES DEL CONSEJO DE EUROPA
La Resolución 1271 (2002) de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa
106. En el apartado 9 de su Resolución 1271 (2002), aprobada el 24 de enero de 2002, la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa formuló la siguiente recomendación:
«En su lucha contra el terrorismo, los Estados miembros del Consejo de Europa no deberían introducir derogaciones al Convenio europeo de Derechos Humanos».
En el apartado 12 de esta resolución, llamaba a los Estados miembros a
«abstenerse de utilizar el artículo 15 del Convenio europeo de Derechos Humanos para limitar los derechos y las libertades garantizados por el artículo 5 del Convenio (derecho a la libertad y a la seguridad)».
Ningún otro Estado miembro del Consejo de Europa, además del Reino Unido, derogó el artículo 5.1 al día siguiente del 11 de septiembre de 2001.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa
107. Dando cumplimiento a la reunión celebrada el 14 de noviembre de 2001 sobre «las democracias frente al terrorismo»(CM/AS(2001) Rec 1534), el Comité de Ministros adoptó el 11 de julio de 2002 las «Líneas directrices sobre los derechos humanos y la lucha antiterrorista», cuyas disposiciones aplicables dicen así:
« I. Obligación de los Estados de proteger a cualquier persona contra el terrorismo
Los Estados tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de las personas que dependen de su jurisdicción frente a actos terroristas, muy especialmente su derecho a la vida. Esta obligación positiva justifica plenamente la lucha de los Estados contra el terrorismo, respetando las presentes líneas directrices.
II. Prohibición de la arbitrariedad
Las medidas tomadas por los Estados para luchar contra el terrorismo deben respetar los derechos humanos y el principio de primacía del derecho, excluyendo toda arbitrariedad, así como todo trato discriminatorio o racista y deben ser objeto de un control apropiado».
La Comisión europea contra el Racismo y la Intolerancia («ECRI»)
108. En sus recomendaciones de política general publicadas el 8 de junio de 2004, la ECRI declaró que el Estado tenía el deber de combatir el terrorismo. Subrayó que la respuesta a esta amenaza no debía en sí misma vulnerar los valores de la libertad, la democracia, la justicia, la primacía del derecho, los derechos humanos y el derecho humanitario. Puntualizó que la lucha antiterrorista no debía convertirse en un pretexto que permitiese a la discriminación racial desarrollarse y señaló que la lucha contra el terrorismo emprendida a partir del 11 de septiembre de 2001 había implicado, en algunos casos, la aprobación de legislaciones discriminatorias, concretamente por razones de nacionalidad, origen nacional o étnico y religión. Declarando que correspondía a los Estados miembros ordenar que la lucha antiterrorista no tuviese un impacto negativo en ningún grupo minoritario, les recomendaba
«examinar la legislación y normativas aprobadas en el marco de la lucha antiterrorista para asegurarse de que no establecen una discriminación directa o indirecta contra las personas o grupos de personas, sobre todo por razones de raza, color, lengua, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico y derogar cualquier legislación discriminatoria de este tipo».
V. LA NOCIÓN DE «PELIGRO PÚBLICO» EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS («PIDCP»)
109. El artículo 4.1 del PIDCP establece:
«En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social».
En primavera de 1984, 31 especialistas en Derecho Internacional se reunieron en Siracusa (Italia) para debatir entre otras esta disposición, convocados por la Comisión Internacional de Juristas, la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Asociación Estadounidense para la Comisión Internacional de Juristas, el Instituto Urban Morgan de Derechos Humanos y el Instituto Internacional de Estudios Superiores de Ciencias Penales. Bajo la rúbrica «Situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación», los apartados 39 y 40 de los «Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» establecen:
«39. Un estado parte solamente puede adoptar medidas para suspender sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º (en lo sucesivo denominadas “medidas de derogación”) cuando se enfrente con una situación excepcional y un peligro real o inminente que amenace la vida de la nación cuando:
a) Afecte a toda la población y a todo el territorio del estado o a parte de él, y
b) Amenace la integridad física de la población, independencia política o la integridad territorial del Estado o la existencia o el funcionamiento básico de instituciones indispensables para asegurar y proteger los derechos reconocidos en el Pacto.
40. El conflicto interno y la agitación que no representen una amenaza grave e inminente a la vida de la nación no puede justificar las derogaciones en virtud del artículo 4».
El apartado 54 de los Principios en cuestión dice así:
«54. El principio de necesidad estricta se aplicará de manera objetiva. Toda medida responderá a un peligro real, claro, presente o inminente y no se podrán imponer simplemente por temor a un posible peligro».
110. El apartado 2 de la Observación General 29 sobre el artículo 4 del PIDCP del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 24 de julio de 2001 dice así:
«Las medidas que deroguen las disposiciones del Pacto deben ser de carácter excepcional y provisional».
VI. OTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA NO DIVULGACIÓN DE PRUEBAS EN ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL
111. En el apartado 53 de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Canadá en el asunto Charkaoui contra Ministro de la Ciudadanía y la Inmigración ([2007] 1 SCR 350), la Juez ponente McLachlin se expresó así:
«Último elemento que, sin embargo, no es el menor, una audiencia equitativa supone que el interesado sea informado de las acusaciones formuladas contra él y tenga la posibilidad de responder a las mismas».
En los apartados 57-58 de la sentencia en cuestión, puntualizó que este derecho no era absoluto y que podía ser limitado por consideraciones de seguridad nacional. Sin embargo, proseguía así (apartado 64 de la sentencia):
«(...) El Juez no puede compensar la falta de un examen aclarado, una impugnación o una contraprueba por una persona competente en la causa. Ahora bien, tal examen es precisamente lo que requiere el principio según el cual una persona cuya libertad está en juego debe saber lo que se le imputa. En el caso de autos, este principio no ha sido simplemente restringido, sino que ha sido vaciado de su sustancia. ¿Cómo se puede demostrar la falsedad de unas acusaciones de las que se ignora todo?»
112. Al expresarse en nombre de la mayoría del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la Sentencia Hamdi contra Rumsfeld (542 US 507 [2004]), la Juez O’Connor declaró (pg. 533):
«A la vista de lo que antecede, concluimos que a un ciudadano detenido que no esté de acuerdo con su consideración de combatiente enemigo y desee impugnarla, se le deben comunicar los hechos en virtud de los cuales se le ha aplicado tal categoría y debe tener también la posibilidad de que un órgano o instancia neutral fiscalice las acusaciones fácticas del gobierno [referencia jurisprudencial]. El contenido esencial del aspecto procesal del proceso equitativo ha sido definido hace más de un siglo: los justiciables cuyos intereses se ven afectados tienen derecho a ser oídos. Para ejercer este derecho, se les deberán notificar previamente [los hechos que se les imputan] (...). No se deben debilitar las garantías constitucionales».
113. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en el apartado 21 de su informe de 8 de junio de 2005 (apartado 104 supra), y la Comisión mixta parlamentaria de Derechos Humanos (apartado 100 supra), en el apartado 76 de su duodécimo informe sobre la sesión 2005-2006 (HL Paper 122, HC 915), se declararon reticentes a admitir que una audiencia en cuyo marco una persona bajo control podía ser objeto de una decisión desfavorable basada en pruebas que no había podido realmente impugnar o rebatir, se pudiese considerar equitativa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. SOBRE LAS VIOLACIONES DEL ARTÍCULO 3 DEL CONVENIO Y DEL ARTÍCULO 13 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 3
114. Los demandantes alegan que su reclusión en base al Título 4 de la Ley de 2001 vulneró sus derechos en virtud del artículo 3, el cual establece:
«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».
Se quejan, además, de haber sido privados de un recurso efectivo para elevar sus quejas relativas al artículo 3, en violación del artículo 13 del Convenio, que dispone:
«Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos por el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales».
A.Tesis de los comparecientes
1.Tesis de los demandantes
115. Los interesados subrayan que su presencia en el territorio británico se debe a que ninguno de ellos estaba seguro en su propio país o en otro lugar que no fuese el Reino Unido. El primer demandante, palestino apátrida, no tendría otro lugar al que ir. Algunos de los demandantes han sufrido torturas antes de llegar a este país. La Ley de 2001 obligó a los interesados a elegir entre unas condiciones de detención en su opinión intolerables y el trato que corrían el riesgo de sufrir si aceptaban su expulsión. Además, las experiencias sufridas en el pasado y los trastornos tanto psíquicos como físicos que padecían, aumentaban su vulnerabilidad a los efectos nefastos de la detención arbitraria. El carácter discriminatorio de su reclusión –medida aplicable solamente a los extranjeros al amparo de la Ley de 2001– había agravado su angustia.
116. El régimen penitenciario de alta seguridad vigente en la prisión de Belmarsh y el hospital de Broadmoor eran inadecuados y perjudiciales para su salud. Dicho esto, el sufrimiento de una intensidad anormal que excedía el inherente a la privación de libertad experimentada por los demandantes, estaba ligado principalmente al carácter indeterminado de su duración, cuyo fin no podían discernir, y a su prolongación efectiva. Otras características del régimen de excepción al que estaban sometidos, en particular la confidencialidad de las pruebas admitidas contra ellos, habían agravado esta situación. El hecho de que la indiferencia de las autoridades por la suerte de los interesados hubiese recibido la unción legislativa, no atenuaba en nada el sufrimiento que les habría causado esta situación.
117. El efecto acumulado de estos factores provocó una profunda angustia en los demandantes. De las constataciones médicas efectuadas por el CPT y el grupo de psiquiatras consultantes, así como de los informes establecidos por ellos (apartados 101 y 76 supra) se desprendería que el régimen de reclusión criticado había provocado también un trauma en los interesados o los había expuesto a un alto riesgo de padecer un trauma y que había tenido graves consecuencias en el caso de los demandantes primero, quinto, séptimo y décimo.
118. A lo largo del período en el que los interesados estuvieron privados de libertad, la SIAC no podía ejercer de forma efectiva la facultad que le asistía de conceder la libertad condicional, primero porque el alcance de su competencia en la materia no estaba claramente definido, porque el procedimiento ante ella había sufrido dilaciones y, por último, porque los criterios de concesión de tal medida eran demasiado severos. En efecto, los candidatos a la libertad condicional tenían que demostrar que, «según toda probabilidad», su mantenimiento en prisión degradaba su salud física o mental hasta el punto de poder considerarlo un trato inhumano y degradante contrario al artículo 3. La libertad condicional era calificada de «medida excepcional» que sólo se podía conceder en «situaciones extremas». Incluso en tales casos, el arresto domiciliario habría sido la única otra posibilidad aparte de la reclusión (apartado 78 supra).
2. Tesis del Gobierno
119. El Gobierno niega que se hayan violado los derechos de los demandantes en virtud del artículo 3. La SIAC y el Tribunal de apelación rechazaron las quejas elevadas por los interesados en el ámbito del artículo 3 y la Cámara de los Lores estimó inútil examinarlas (apartados 15, 16 y 22 supra).
120. La privación de libertad sin inculpación no es en sí contraria al artículo 3; el artículo 5.1 lo autoriza en muchas situaciones. Los demandantes fueron encarcelados por una duración indeterminada pero no indefinida. La validez de la Ley sobre cuya base se adoptó esta medida se limitaba a cinco años y era sometida a un procedimiento de confirmación anual por las dos cámaras del Parlamento. Además, la privación de libertad de cada uno de los demandantes estaba subordinada a la cuestión de si su situación continuaba justificando tal medida –concretamente desde el punto de vista de la intensidad de la amenaza que representaba para la seguridad nacional y la posibilidad de expulsarlo a un país seguro– y era objeto de un control semestral por la SIAC. Las autoridades dieron a cada demandante tantas informaciones como era posible sobre los motivos de sus sospechas y todos los indicios comunicables en los que se basaban. Los interesados dispusieron de un procedimiento lo más equitativo posible para impugnar los motivos de su detención. Asimismo, la SIAC tenía la facultad de concederles, en su caso, la libertad condicional. En estas condiciones, no se podría decir que los demandantes fueron detenidos sin perspectiva de ser puestos en libertad. Por el contrario, el régimen al que estaban sometidos les permitía pedir su liberación y establecía un control judicial obligatorio de la legalidad y proporcionalidad del mantenimiento de su privación de libertad teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias. Por otra parte, tenían la posibilidad de abandonar el Reino Unido, solución elegida por el segundo y cuarto de ellos.
121. Considerados muy peligrosos para la seguridad nacional, los interesados fueron sometidos a un régimen penitenciario de alta seguridad que no era ni inhumano ni degradante. Todos recibieron atención adaptada a sus trastornos físicos y mentales. Para determinar su lugar de detención y pronunciarse sobre la oportunidad de su puesta en libertad condicional, las autoridades procedieron a un examen individual de su situación, teniendo especialmente en cuenta el estado de su salud mental. Los interesados se negaron a ocupar la unidad acondicionada especialmente para ellos en la prisión de Woodhill (apartado 71 supra).
122. En la medida en que denuncian a título individual sus condiciones de detención y su situación personal, los demandantes no han agotado las vías de derecho internas al no haber ejercido los recursos pertinentes. Cada queja dirigida contra el régimen de reclusión habría podido dar lugar a una acción judicial distinta. Obligada a cumplir la Ley de Derechos Humanos de 1998 (apartado 94 supra), la Administración penitenciaria habría sido la responsable, en virtud del artículo 6.1 de dicho texto, de ofrecer a los demandantes unas condiciones de detención compatibles con sus derechos al amparo del artículo 3 del Convenio. En cuanto a las quejas de los interesados relativas al carácter pretendidamente indeterminado de la duración de su privación de libertad en el terreno del artículo 3, convendría constatar que ésta estaba prevista en la legislación primaria, a saber el Título 4 de la Ley de 2001. Ahora bien, el artículo 13 no llega a exigir un recurso por el que se pueda impugnar, ante una instancia nacional, una disposición que procede de una opción legítima del legislador.
B. Valoración del Tribunal
Sobre la admisibilidad
123. El Tribunal señala que el segundo demandante fue detenido el 19 de diciembre de 2001, en base al Título 4 de la Ley de 2001 y que fue puesto en libertad el 22 de diciembre de 2001, después de que decidiese –voluntariamente– regresar a Marruecos (apartado 35 supra). Habida cuenta de la brevedad de la reclusión del interesado –unos días solamente– y la ausencia de todo elemento que haga pensar que hubiese sufrido en este período una experiencia de una intensidad que excedía el nivel de sufrimiento inherente a la privación de libertad, el Tribunal estima que la queja formulada por él, en el terreno del artículo 3, carece manifiestamente de fundamento en el sentido del artículo 35.3 del Convenio.
Al tener por objeto el artículo 13 garantizar la existencia de un recurso interno por medio del cual hacer valer una «queja defendible» basada en el Convenio (ver, por ejemplo, Sentencia Ramírez Sánchez contra Francia [GS], núm. 59450/2000, ap. 157, TEDH 2006-IX), la queja del interesado fundada en esta disposición también carece manifiestamente de fundamento.
De ello se deduce que se han de desestimar los dos motivos planteados por el segundo demandante.
124. El Tribunal señala que el Gobierno reprocha a los interesados no haber ejercido el recurso que les ofrecía la Ley de 1998. Señalando que estos últimos alegan, desde el punto de vista del artículo 13, no haber dispuesto de un recurso efectivo para hacer valer sus quejas en virtud del artículo 3, el Tribunal estima deber unir la excepción de no agotamiento de las vías de recurso internas planteada por el Gobierno al examen del fondo de las quejas relativas a las disposiciones en cuestión.
125. El Tribunal considera que los demandantes –a excepción del segundo de ellos– formulan alegaciones, sobre los citados artículos del Convenio, en las que se plantean cuestiones fácticas y jurídicas complejas que sólo se pueden resolver tras un examen del fondo de la demanda. De ello se deduce que esta parte de la demanda no carece manifiestamente de fundamento, en el sentido del artículo 35.2 del Convenio. No habiéndose planteado ningún otro motivo de inadmisibilidad, debe estimarla.
Sobre el fondo
a) Principios generales
126. Plenamente consciente de las dificultades que encuentran los Estados para proteger a su población de la violencia terrorista, el Tribunal ve en ello una razón de más para subrayar que el artículo 3 del Convenio consagra uno de los valores más importantes de las sociedades democráticas. Esta disposición no prevé limitaciones, en lo que contrasta con la mayoría de las cláusulas normativas del Convenio y de los Protocolos núm. 1 y 4 y, según el artículo 15.2, no autoriza ninguna excepción, ni siquiera en situaciones de peligro público que amenace la vida de la nación. Incluso en las circunstancias más difíciles, como la lucha antiterrorista, y cualesquiera que sean las acciones de la persona en cuestión, el Convenio prohíbe en términos absolutos la tortura y los tratos o penas inhumanas o degradantes ( Sentencia Ramírez Sánchez, previamente citada, aps. 115-116).
127. Para enmarcarse en el ámbito de cobertura del artículo 3, un maltrato debe alcanzar un grado mínimo de gravedad cuya apreciación depende del conjunto de datos de la causa, concretamente de la duración del maltrato y de sus efectos físicos o mentales así como, en ocasiones, del sexo, la edad y el estado de salud de la víctima ( Sentencia Kafkaris contra Chipre [GS], núm. 21906/2004, ap. 95, ...). El Tribunal ha considerado un trato «inhumano», principalmente cuando se ha aplicado con premeditación durante horas y haber causado, si no verdaderas lesiones, por lo menos sufrimientos físicos y morales, y que es «degradante» porque puede inspirar en sus víctimas sentimientos de miedo, angustia e inferioridad que los humillaban y envilecían (ver, entre otras, Sentencia Kudła contra Polonia [GS], núm. 30210/1996, ap. 92, TEDH 2000-XI). Al determinar si una pena o un trato es «degradante» en el sentido del artículo 3, el Tribunal examinará si la finalidad era humillar o rebajar a la víctima y si, considerados sus efectos, la medida ha afectado o no a la personalidad de ésta de forma incompatible con el artículo 3. Sin embargo, la ausencia de tal finalidad no excluye definitivamente la constatación de violación de esta disposición. Por último, para que una pena o el trato que la acompaña sean «inhumanos» o «degradantes», el sufrimiento o la humillación deben, en todo caso, ir más allá de los que implica inevitablemente una forma concreta de trato o pena legítimos ( Sentencia Ramírez Sánchez, previamente citada, aps. 118-119).
128. El artículo 3 impone al Estado la obligación positiva de asegurar que todo prisionero lo sea en condiciones compatibles con el respeto de la dignidad humana y que las modalidades de ejecución de la medida no sometan al interesado a un desamparo o a una prueba de una intensidad tal que exceda el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la privación de libertad (Sentencia Kudła, previamente citada, aps. 92-94). Aunque no puede deducirse una obligación general de liberar a un preso por motivos de salud, esta disposición impone al Estado proteger la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, concretamente mediante la atención médica requerida ( Sentencias Hurtado contra Suiza, 28 enero 1994, dictamen de la Comisión, ap. 79, serie A núm. 280-A; Mouisel contra Francia, núm. 67263/2001, ap. 40, TEDH 2002-IX; Aerts contra Bélgique, 30 julio 1998, Repertorio 1998-V, ap. 66; y Keenan contra Reino Unido, núm. 27229/1995, ap. 111, TEDH 2001-III). Por otra parte, cuando se evalúan las condiciones de reclusión, se han de tener en cuenta sus efectos acumulativos y las acusaciones específicas del demandante (Sentencia Ramírez Sánchez, previamente citada, ap. 119). Infligir a un adulto una pena perpetua e incomprensible de reclusión que excluya toda esperanza de puesta en libertad puede plantear una cuestión desde el punto de vista del artículo 3, pero cuando el derecho interno ofrece la posibilidad de revisar la pena perpetua con el fin de conmutarla, suspenderla o concluirla o incluso poner en libertad condicional al preso, se cumplen las exigencias de esta disposición (Sentencia Kafkaris, previamente citada, aps. 97-98).
b) Aplicación de los citados principios a los hechos de la causa
129. El Tribunal señala que tres de los demandantes permanecieron recluidos durante aproximadamente tres años y tres meses y los demás durante períodos más cortos. Durante gran parte de su detención, todos los interesados no tuvieron la posibilidad de prever en qué momento serían puestos en libertad, ni siquiera de saber si lo serían algún día. Basándose en las constataciones efectuadas en el informe conjunto de los psiquiatras consultantes, sostiene que el carácter indeterminado de la duración de su reclusión les causó importantes desórdenes psicológicos o agravó los trastornos preexistentes. El Gobierno niega estas acusaciones y remite a las conclusiones del informe del doctor J., las cuales critican la metodología que siguen los autores del informe conjunto (apartados 76-77 supra).
130. Para el Tribunal, la incertidumbre que caracterizaba la suerte de los demandantes y el temor suscitado por la perspectiva de una detención ilimitada no dejaron de provocar en ellos –como sin duda en todo detenido que se hallase en una situación idéntica– una angustia y desamparo profundos. Además, es verosímil que el estrés al que fueron sometidos fuese suficientemente grave y duradero para afectar la salud mental de algunos de ellos. Se trata éste de un criterio –entre otros–, que el Tribunal utilizará para determinar si se ha alcanzado el grado de gravedad exigido para aplicar el artículo 3.
131. Sin embargo, no se puede decir que se hubiese privado a los demandantes de toda esperanza o perspectiva de liberación (Sentencia Kafkaris, previamente citada, ap. 98), en particular porque pudieron impugnar judicialmente la legalidad del régimen de reclusión previsto por la Ley de 2001 y obtuvieron una decisión favorable ante la SIAC el 30 de julio de 2002 y la Cámara de los Lores el 16 de diciembre de 2004. Además, cada uno de ellos pudo ejercer, a título individual, un recurso contra la certificación que le afectaba y la SIAC tenía la obligación legal de revisar cada seis meses la legalidad del mantenimiento de su privación de libertad. En estas condiciones, las medidas impuestas a los demandantes no se asimilan a una pena perpetua e incomprensible susceptible de plantear una cuestión, como en el asunto Kafkaris, desde el punto de vista del artículo 3.
132 En lo que respecta a la acusación de los interesados según la cual sus condiciones de detención a padecer un sufrimiento de intensidad intolerable, el Tribunal constata que los autores del informe psiquiátrico conjunto criticaron el sistema médico penitenciario y juzgaron que los complejos problemas de salud de los demandantes no fueron atendidos correctamente. Señala que el CPT también se declaró preocupado por este estado de cosas, formuló observaciones precisas sobre las condiciones de reclusión de los interesados y estimó que «para algunos de ellos su situación durante la visita podría considerarse semejante a un trato inhumano y degradante». Señala que el Gobierno negó firmemente los reproches en cuestión en su respuesta al informe del CPT (apartados 101-102 supra).
133. El Tribunal señala que cada uno de los demandantes disponía de las mismas vías de recurso administrativas y civiles que los demás presos para quejarse de sus condiciones de reclusión, concretamente para hacer valer sus quejas relativas a la insuficiencia de la atención médica dispensada. Al no haber ejercido los recursos en cuestión, los interesados no han satisfecho la exigencia del agotamiento previo de las vías de recurso internas que establece el artículo 35 del Convenio. Por lo tanto, el Tribunal no puede conocer sus quejas en lo que respecta a las condiciones de detención; en consecuencia, no puede tener éstas en cuenta a la hora de apreciar globalmente, a los efectos del artículo 3, el trato que se confirió.
134. Habida cuenta del conjunto de las circunstancias de la causa, el Tribunal estima que la situación sufrida por los interesados debido a su detención no alcanzó el grado de gravedad elevado a partir del cual se puede considerar un trato inhumano o degradante.
135. Los demandantes se quejan asimismo de no haber dispuesto de un recurso efectivo que les hubiese permitido hacer valer su queja relativa al artículo 3 y denuncian la violación del artículo 13. A este respecto, el Tribunal recuerda haber constatado anteriormente que los interesados disponían de recursos civiles y administrativos que podían haber ejercido si hubiesen querido para impugnar sus condiciones de reclusión. En cuanto al elemento esencial de la queja que formulan, según el cual el régimen de detención que establece el Título 4 de la Ley de 2001 era por naturaleza incompatible con el artículo 3 del Convenio, el Tribunal recuerda que el artículo 13 no llega a exigir un recurso por el que se pueda denunciar, ante una autoridad interna, que las Leyes de un Estado contratantes son contrarias como tales al Convenio ( Sentencias James y otros contra Reino Unido, 21 febrero 1986, ap. 85, serie A núm. 98; Roche contra Reino Unido [GS], núm. 32555/1996, ap. 137, TEDH 2005-X).
136. En consecuencia, el Tribunal concluye que no ha habido violación del artículo 3, de forma aislada o en relación con el artículo 13.
II. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5.1 DEL CONVENIO
137. Los demandantes sostienen que su detención era ilegal y contraria al artículo 5.1 del Convenio.
138. En su escrito inicial de alegaciones sometido al Tribunal después de que la Sala le hubiese dado traslado de la demanda, el Gobierno indicó que no mencionaría la derogación establecida en virtud del artículo 15 como medio de defensa contra la queja formulada por los demandantes en el terreno del artículo 5.1, al considerar que la Cámara de los Lores se había pronunciado sobre este extremo en contra del Gobierno. Puntualizó que, por el contrario, quería centrar su defensa en la demostración de la legalidad de la detención de los interesados con vistas a su expulsión respecto al artículo 5.1.
Sin embargo, en su escrito de alegaciones presentado ante la Gran Sala el 11 de febrero de 2008, anuncia por primera vez su intención de alegar que la detención de los demandantes en ningún caso se podía considerar contraria al artículo 5.1 puesto que la derogación comunicada por el Reino Unido en virtud del artículo 15, era válida.
139. Los pasajes aplicables del artículo 5.1 disponen:
«1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley:
(...)
f) Si se trata de la detención o de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona para impedir que su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición».
El artículo 15 del Convenio enuncia:
«1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la estricta medida en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional.
2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, ni de los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7.
3. Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente informado al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo de Europa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones del Convenio vuelvan a tener plena aplicación».
Tesis de las partes
Tesis de los demandantes
140. Los demandantes sostienen que, ante los tribunales británicos, el Gobierno trató de que no se reconociese que habían estado privados de libertad como «persona[s] contra la[s] cual [es] est[aba] en curso un procedimiento de expulsión o extradición», prefiriendo invocar la derogación establecida en virtud del artículo 15. En estas condiciones, el Gobierno cometería un abuso e iría contra el principio de subsidiariedad al exponer un argumento nuevo ante el Tribunal: se debería declarar que ha prescrito su derecho a hacerlo.
141. Suponiendo que el Tribunal crea poder examinar el motivo planteado por el Gobierno, sería importante ser conscientes de que la garantía que enuncia el artículo 5.1 tiene un valor fundamental y que las excepciones que admite requieren una interpretación estricta. Una persona cuya expulsión es imposible debido a que existe un riesgo de que sufra un trato contrario al artículo 3 en el país de destino –situación en la que se hallaban los interesados– no podría ser privada de libertad sobre la base del artículo 5.1 f), ni siquiera si representase un peligro para la seguridad nacional. El mero hecho, para las autoridades, de seguir examinando las posibilidades de proceder a una expulsión no podría calificarse de «acción (...) entablada con vistas a la expulsión» sino solamente de trámite, ajeno a todo procedimiento de represión en curso, susceptible de conducir a una expulsión. Sería arbitrario ordenar una detención basada en un «trámite» tan incierto e impreciso. Además, el Gobierno habría estimado manifiestamente, en el período en el que la SIAC examinaba los recursos interpuestos por los demandantes (de julio de 2002 a octubre de 2003), que era imposible expulsar a los interesados sin vulnerar el artículo 3 y que no había lugar a emprender negociaciones al respecto con los países susceptibles de acogerlos. En estas condiciones, no se puede decir que el Gobierno continuara «examinando de cerca» las posibilidades de expulsión.
142. El Gobierno cometería un abuso al anunciar en una fase tan avanzada del procedimiento ante la Gran Sala su intención de impugnar la anulación del decreto de derogación pronunciada por la Cámara de los Lores. Sería contrario al artículo 19 y al principio de subsidiariedad que un Estado solicite al Tribunal que controle los errores fácticos o jurídicos pretendidamente cometidos por sus propios tribunales, en este caso los de la Cámara de los Lores al juzgar que las disposiciones legales en litigio no eran estrictamente necesarias y que establecían una discriminación injustificada. La postura del Gobierno de impugnar las conclusiones establecidas por el más Alto Tribunal británico sobre una legislación derogada por el Parlamento tendría por objeto limitar los derechos humanos reconocidos en derecho interno, en violación del artículo 53 del Convenio. Habiendo sido anuladas las disposiciones en litigio y retirada la derogación, el Gobierno trataría en realidad de obtener del Tribunal un dictamen consultivo del que poder hacer uso posteriormente. Además, autorizarlo a persistir en esta vía repercutiría de forma importante en el derecho al recurso individual consagrado por el artículo 34, puesto que podría disuadir a los justiciables de recurrir al Tribunal por temor a que los Estados tratasen de oponerse a las decisiones de su propia jurisdicción suprema.
143. En el caso en el que el Tribunal decidiese controlar la legalidad de la derogación, debería prohibir al Gobierno exponer unos argumentos que no ha invocado ante los tribunales internos, concretamente la tesis según la cual era legítimo, para las autoridades, reservar la detención a los extranjeros sospechosos de ser terroristas internaciones y excluir del campo de aplicación de esta medida a los ciudadanos británicos porque tenían interés en cultivar la lealtad de los ciudadanos musulmanes en lugar de exponerlos a la amenaza de la detención, con el riesgo de radicalizarlos, y que ello les permitía liberar medios de la fuerza pública para centrarlos en los ciudadanos británicos (apartado 151 infra). En opinión de los interesados, al tratar el Gobierno de justificar la derogación con argumentos que nunca invocó ante los tribunales internos, estaría pidiendo al Tribunal que actuase como primera instancia y se pronunciase sobre cuestiones muy controvertidas.
144. Asimismo, si el Tribunal abordase esta cuestión, no tendría ninguna razón para conceder un peso particular a las conclusiones de los tribunales británicos sobre la cuestión de si había un peligro en el sentido del artículo 15. No existiría ningún precedente jurisprudencial en apoyo de la tesis según la cual se puede calificar así al temor vago de sufrir atentados terroristas cuya inminencia no ha sido demostrada. En la jurisprudencia del Convenio, todas las decisiones dictadas en la materia se refieren a casos en los que se habían establecido derogaciones para luchar contra un terrorismo activo que amenazaba de forma fiable toda la infraestructura de Irlanda del Norte o del sudeste de Turquía. Las autoridades británicas habrían cometido un error de interpretación al pensar que el artículo 15 permitía una derogación en una situación en la que la amenaza no afectaba precisamente al Reino Unido sino más bien a otros países aliados.
145. En cualquier caso, tal y como juzgó la Cámara de los Lores, «la situación no exigía estrictamente» la aprobación del Título 4 de la Ley de 2001 y sus disposiciones que autorizaban la detención sin inculpación de ciudadanos extranjeros por una duración indeterminada. Las medidas en litigio no dependerían lógicamente de la necesidad de prevenir un atentado terrorista en el Reino Unido y establecerían una discriminación injustificable basada en la nacionalidad. A la vista de las pruebas secretas y de los elementos no confidenciales que obraban en su poder, la SIAC constató que existían pruebas abundantes de la gravedad de la amenaza proveniente de ciudadanos británicos. Nada podría justificar la idea de que el derecho fundamental a la libertad es menos importante para un extranjero que para un ciudadano. Según el principio establecido en el derecho interno, en el derecho del Convenio y en Derecho Internacional público, los extranjeros gozan del derecho a la igualdad de trato, salvo en el ámbito de la inmigración y en materia política. Las autoridades podrían haber impedido la amenaza terrorista por medio de disposiciones menos opresivas, tales como las medidas de control previstas por la Ley de 2005 de prevención del terrorismo, la creación de delitos que permitiesen perseguir a personas implicadas en la preparación de actos terroristas o el levantamiento de la prohibición del uso de la información obtenida mediante la intervención de las comunicaciones en el marco de una instancia penal.
Tesis del Gobierno
146. El Gobierno aduce que el Derecho Internacional reconoce a los Estados contratantes el derecho fundamental a controlar la entrada, la estancia y la expulsión de los extranjeros. Habría que poder invocar una disposición clara para concluir que los Estados Parte en el Convenio han querido renunciar, con su adhesión a este instrumento, a la posibilidad de protegerse ellos mismos frente a una amenaza sobre la seguridad nacional proveniente de extranjeros. En el lenguaje común, la expresión «esté en curso un procedimiento de extradición o de expulsión» aludiría a la situación en la que un Estado contratante deseoso de expulsar a un extranjero sólo se abstiene de ejecutar tal medida por razones contingentes y externas, mientras sigue examinando de cerca las posibilidades de proceder a ello. En la citada Sentencia Chahal, la privación de libertad durante más de seis años de una persona que, durante dicho período, no había sido expulsable durante más de tres años debido a una medida provisional indicada por la Comisión, se consideró compatible con el artículo 5.1 f).
147. A cada uno de los interesados se notificó un aviso de expulsión y un certificado expedido sobre la base de la Ley de 2001. Al escoger regresar a Marruecos y Francia, respectivamente, los demandantes segundo y cuarto obtuvieron la autorización de abandonar suelo británico en cuanto fuese posible. Por consiguiente, su situación no plantearía ninguna cuestión al amparo del artículo 5.1. Las autoridades examinaron activamente las posibilidades de proceder a la expulsión de los otros demandantes a lo largo de período en el que permanecieron recluidos, concretamente controlando la evolución de la situación en su país de origen. A finales de 2003, entablaron negociaciones con Argelia y Jordania para concluir un protocolo de acuerdo que garantizase que los demandantes ciudadanos de estos Estados no fuesen maltratados en caso de devolución.
148. El principio del equilibrio justo inherente al conjunto del Convenio debería llevar al Tribunal a interpretar el párrafo f) del artículo 5.1 de forma que se guardase un equilibrio entre los intereses individuales y el del Estado de proteger a su población frente a los extranjeros malintencionados. La detención de los interesados mantuvo el equilibrio deseado al servir al objetivo legítimo del Estado de proteger a la población, sin sacrificar el interés superior de los extranjeros a no ser expulsados a un país en el que corrían un riesgo de ser torturados o de muerte. La concesión a los extranjeros de garantías adecuadas contra el ejercicio arbitrario de las facultades de detención en asuntos relativos a la seguridad nacional contribuyó también a mantener dicho equilibrio.
149. A título subsidiario, el Gobierno aduce que la privación de libertad de los demandantes no era contraria al Convenio, puesto que la derogación establecida en virtud del artículo 15 era válida. Las autoridades concluyeron, a la sazón, que un peligro público amenazaba la vida de la nación y su valoración de la situación fue objeto de un control minucioso por parte de los tribunales internos. La SIAC examinó detalladamente las pruebas secretas y documentos no confidenciales que corroboraban esta tesis, ayudándose de las declaraciones orales de testigos que habían sido sometidos a un contrainterrogatorio. Sus miembros suscribieron unánimemente la opinión del Gobierno, al igual que todos los jueces del Tribunal de apelación y ocho de los nueve jueces de la Cámara de los Lores. Habida cuenta del margen de apreciación que se concede a las autoridades internas en la materia, el Tribunal no tendría ningún motivo para cuestionar la valoración de las autoridades británicas a este respecto.
150. El Gobierno acató plenamente la decisión de la Cámara de los Lores y la declaración de incompatibilidad al derogar las disposiciones legislativas enjuiciadas. Sin embargo, en el momento en el que se decidió la remisión de la causa ante la Gran Sala, estimó que debía volver a cuestionar el razonamiento y las conclusiones de la Cámara de los Lores teniendo en cuenta el alcance constitucional de la cuestión y la ardiente necesidad, para los Estados Contratantes, de obtener de la Gran Sala una opinión clara sobre las medidas que pueden adoptar legítimamente para tratar de impedir que se materialice la amenaza terrorista. La Cámara de los Lores cometió un error al conceder al Estado un margen de apreciación demasiado estrecho para determinar cuáles eran las medidas estrictamente necesarias. A este respecto, convendría señalar que las disposiciones del Título 4 de la Ley de 2001 no eran de origen puramente gubernamental, puesto que habían sido debatidas en sede parlamentaria. Además, los tribunales internos examinaron la Ley in abstracto en lugar de examinar las circunstancias propias de cada caso de los interesados, omitiendo concretamente tener en cuenta que se excluía su expulsión, que representaban una amenaza para la seguridad nacional, que una vigilancia más estrecha u otras medidas de control no privativas de libertad no se adaptaban a la situación y que gozaban de garantías procesales.
151. Por último, la solución adoptada por la Cámara de los Lores no procedería de la negativa a considerar una medida necesaria el encarcelamiento de los demandantes, sino más bien del hecho de que la Ley no autorizase la detención de ciudadanos británicos que amenazasen la seguridad nacional y fuesen sospechosos de terrorismo internacional. Aun así, habría habido buenas razones para relegar esta medida a los extranjeros y el Convenio reconocería expresa e implícitamente la legitimidad de las distinciones establecidas entre los ciudadanos y los extranjeros en materia de inmigración. El Gobierno habría querido ante todo expulsar a los demandantes, medida posible respecto a los extranjeros pero no respecto a los ciudadanos. La analogía entre «los extranjeros [como los demandantes] inexpulsables» y los «ciudadanos británicos que no pueden ser expulsables» que establece la Cámara de los Lores sería errónea ya que, durante su reclusión, los demandantes no gozaron de la misma protección frente a la expulsión que los ciudadanos británicos. Además, el Gobierno habría estimado a la sazón que los extranjeros representaban la amenaza más seria. Ahora bien, sería legítimo para un Estado que se enfrenta a un peligro público proceder por etapas y tratar de neutralizar primero la amenaza que estima más peligrosa, liberando así medios para tratar la amenaza percibida como la menos grave, la proveniente de ciudadanos británicos. Además, el Estado habría tenido en cuenta, con razón, la sensibilidad de la población musulmana británica con el fin de reducir el riesgo de que algunos de sus miembros se adhiriesen a las tesis extremistas.
Alegaciones de Liberty, tercero interviniente
152. Liberty (apartado 6 supra) considera que el gobierno, al abstenerse de plantear ante los tribunales internos la cuestión de la compatibilidad con el artículo 5.1 de las medidas de detención criticadas, ha privado al Tribunal del dictamen de la Cámara de los Lores y ha adoptado una línea de conducta prohibida en principio a un demandante. En cualquier caso, las medidas en cuestión no formaban parte de la excepción prevista en el artículo 5.1 f) ya que el Título 4 de la Ley de 2001 autorizaba la detención de duración ilimitada y las autoridades no tenían ninguna perspectiva tangible de poder proceder a la expulsión de los demandantes mientras permanecieron recluidos. Puesto que los derechos que gozan en virtud del artículo 3 protegían a los demandantes de una expulsión, no le estaba permitido al Gobierno invocar razones de seguridad nacional para tratar de limitar o modificar sus derechos en virtud del artículo 5. En su lugar, el Gobierno debería haber derogado el artículo 5 en la medida que lo exigía estrictamente la situación o juzgado a los interesados por uno de los numerosos delitos terroristas que enumera y sanciona la legislación penal británica, tales como la pertenencia declarada a una organización ilegal, la no denuncia de presuntas actividades terroristas, la posesión de objetos comprometedores y la instigación indirecta a cometer, preparar o favorecer actividades terroristas (apartados 89 y 95 supra).
Valoración del Tribunal
Sobre el objeto del litigio
153. El Tribunal debe primero pronunciarse sobre la primera excepción preliminar planteada por los demandantes, según la cual el Gobierno no debería ser autorizado a oponer a las quejas relativas al artículo 5.1 una defensa fundada en la excepción prevista en el párrafo f) de esta disposición, al no haberla invocado ante los tribunales internos.
154. El Tribunal está llamado a desempeñar un papel subsidiario en relación a los sistemas internos de protección de los derechos humanos. Es, por tanto, deseable que los tribunales internos tengan inicialmente la posibilidad de resolver las cuestiones de compatibilidad del derecho interno con el Convenio. Si, no obstante, se presenta posteriormente una demanda ante el Tribunal, éste debe poder sacar provecho de los dictámenes de estos tribunales, los cuales están en contacto directo y permanente con las fuerzas vivas de sus países (Sentencia Burden, previamente citada, ap. 42). Es importante, por tanto, que los motivos desarrollados por el Gobierno ante los tribunales internos se sitúen en línea con aquellos que articula ante el Tribunal. En particular, el Gobierno no puede presentar ante el Tribunal unos argumentos incompatibles con la tesis que ha sostenido ante el Juez interno (voir, mutatis mutandis, Pine ValLey Developments Ltd y otros contra Irlanda, 29 noviembre 1991, ap. 47, serie A núm. 222; Kolompar contra Bélgica, 24 septiembre 1992, aps. 31-32, serie A núm. 235-C).
155. Dicho esto, el Tribunal no considera su deber declarar que ha prescrito el derecho del Gobierno a invocar el párrafo f) del artículo 5.1 para tratar de justificar las medidas de detención en litigio. Se desprende claramente del texto de la derogación y del procedimiento al que ésta dio lugar ante los tribunales internos, que el Gobierno reservó expresamente la cuestión de la aplicación del artículo 5. Además, la mayoría de los Law Lords se pronunció –expresa o implícitamente– sobre la cuestión de la compatibilidad de la detención con el artículo 5.1 antes de examinar la validez de la derogación (apartado 17 supra).
156. Los demandantes solicitan al Tribunal que prohíba al Gobierno impugnar ante él la invalidación de la derogación pronunciada por la Cámara de los Lores.
157. La situación que se somete al Tribunal es, sin duda, inhabitual ya que no es corriente que un gobierno demandado sea llevado a cuestionar las decisiones dictadas por la jurisdicción suprema de su país o que considere que debe criticarlas ante el Tribunal. Sin embargo, nada prohíbe a un gobierno proceder así, en particular si considera que una decisión del más alto tribunal interno plantea un problema respecto al Convenio y estima necesario obtener unas indicaciones complementarias del Tribunal.
158. Al no tener efecto obligatorio la declaración de incompatibilidad pronunciada en aplicación de la Ley de Derechos Humanos para las partes en el litigio interno (apartado 94 supra), el éxito de las pretensiones de los demandantes ante la Cámara de los Lores no condujo a la liberación inmediata de los interesados ni al pago de una indemnización por detención ilegal, razón por la cual tuvieron que interponer la presente demanda. Habiéndole solicitado los demandantes pronunciarse sobre la legalidad de su detención, el Tribunal no percibe ninguna razón de principio para privar al Gobierno de la ocasión de plantearle todos los medios de defensa de que dispone, incluso si ello le conduce a cuestionar las conclusiones de la más alta jurisdicción británica.
159. En consecuencia, procede rechazar las dos excepciones previas planteadas por los demandantes.
Sobre la admisibilidad
160. El Tribunal estima que los motivos formulados por los demandantes en el terreno del artículo 5.1 del Convenio, plantean cuestiones fácticas y jurídicas complejas que sólo se pueden resolver tras un examen del fondo de la demanda. De ello se deduce que esta parte de la demanda no carece manifiestamente de fundamento, en el sentido del artículo 35.3 del Convenio. No habiéndose planteado ningún otro motivo de inadmisibilidad, la declara admisible.
Sobre el fondo
161. El Tribunal debe primero determinar si la privación de libertad impuesta a los interesados era legal en virtud del párrafo f) del artículo 5.1. En efecto, si se pone de manifiesto que esta disposición puede ser invocada válidamente como medio de defensa contra las quejas formuladas en el terreno del artículo 5.1, el Tribunal no habrá de pronunciarse sobre la validez de la derogación (Sentencia Irlanda contra Reino, 18 enero 1978, ap. 191, serie A núm. 25).
a) Sobre la legalidad de la detención de los demandantes en virtud del artículo 5.1 f) del Convenio
162. El artículo 5 consagra un derecho humano fundamental, la protección de la persona contra las violaciones arbitrarias del Estado a su libertad (Sentencia Aksoy contra Turquía, 18 diciembre 1996, ap. 76, Repertorio de sentencias y resoluciones 1996-VI). Puntualiza expresamente que las garantías que consagra se aplican a «toda persona».
163. Los párrafos a) a f) del artículo 5.1 contienen una lista exhaustiva de los motivos por los cuales una persona puede ser privada de su libertad; tal medida no es legal si no corresponde a uno de estos motivos (Sentencia Saadi contra Reino Unido [GS], núm. 13229/2003, ap. 43, ...). Enunciada en el párrafo f) del artículo 5.1, una de las excepciones al derecho a la libertad permite a los Estados restringir la de los extranjeros en el marco del control de la inmigración (ibídem, ap. 64). El Gobierno sostiene que la detención de los demandantes se justificaba en virtud de la segunda parte de la frase del párrafo en cuestión y que los interesados habían sido legalmente detenidos como «personas contra las que [estaba] en curso un procedimiento de extradición o de expulsión».
164. El artículo 5.1 f) no exige que la detención de una persona se considere razonablemente necesaria, por ejemplo, para impedir que cometa un delito o se fugue. Sin embargo, una privación de libertad fundada en la segunda parte de la frase de esta disposición no se justifica por el hecho de que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición. Si ésta no se tramita con la debida diligencia, la detención deja de estar justificada en virtud del artículo 5.1 f) (Sentencia Chahal, previamente citada, ap. 113). La privación de libertad ha de ser también «conforme a derecho». En materia de «conformidad a derecho» de una detención y «con arreglo al procedimiento establecido por la Ley», el Convenio remite en esencia a la legislación interna y consagra la obligación de observar tanto las normas de fondo como las procesales. Sin embargo, no basta con respetar la legislación interna: el artículo 5.1 exige, además, que toda privación de libertad sea conforme a la finalidad de proteger a la persona contra lo arbitrario. Es un principio fundamental según el cual ninguna detención arbitraria puede ser compatible con el artículo 5.1 y la noción de «arbitraria», que contiene el artículo 5.1, va más allá de la no conformidad con la legislación interna, de forma que una privación de libertad puede ser conforme a derecho según la legislación interna aunque sea arbitraria y, por tanto, contraria al Convenio (Sentencia Saadi contra Reino Unido, previamente citada, ap. 67). Para no ser tachada de arbitraria, una medida privativa de libertad adoptada sobre la base del artículo 5.1 f) ha de ser aplicada de buena fe; asimismo, debe estar estrechamente relacionada con el motivo de detención invocado por el Gobierno; además, el lugar y las condiciones de detención deben ser apropiados; por último, la duración de esta medida no debe exceder el plazo razonable necesario para lograr el fin perseguido (ver, mutatis mutandis, Sentencia Saadi contra Reino Unido, previamente citada, ap. 74).
165. Los demandantes primero, tercero y sexto fueron detenidos el 19 de diciembre de 2001 en aplicación de la Ley de 2001. Los demandantes séptimo, octavo y noveno, sufrieron la misma suerte el 9 de febrero, 23 de octubre y 22 de abril de 2002, respectivamente. El décimo y el undécimo fueron encarcelados el 14 de enero y el 2 de octubre de 2003. Ninguno de ellos fue liberado antes del 10 u 11 de marzo de 2005. El quinto demandante permaneció recluido del 19 de diciembre de 2001 al 22 de abril de 2004, fecha en la que se le concedió la libertad acompañada de unas condiciones muy rigurosas. Encarcelados también el 19 de diciembre de 2001, el décimo demandante y el cuarto fueron puestos en libertad el 22 de diciembre de 2001 y el 13 de marzo de 2002, respectivamente, después de que decidiesen abandonar el Reino Unido, uno a Marruecos y el otro a Francia. A lo largo de su reclusión, los interesados fueron sometidos a un régimen penitenciario de alta seguridad en las prisiones de Belmarsh o Woodhill o en el hospital de Broadmoor. Es innegable, por tanto, que fueron privados de su libertad en el sentido del artículo 5.1 (Sentencia Engel y otros contra Países Bajos, 8 junio 1976, serie A núm. 22).
166. Los demandantes son extranjeros que el Gobierno habría expulsado del territorio británico si hubiese podido encontrar un país de destino en el que no hubiesen corrido un riesgo real de sufrir un trato contrario al artículo 3 del Convenio (Sentencia Saadi contra Italia [GS], núm. 37201/2006, aps. 125 y 127, TEDH 2008–...). Al no poder expulsar a los interesados debido a las obligaciones suscritas por el Reino Unido en virtud del artículo 3, el Ministro del Interior consideró, sin embargo, que su detención era necesaria por razones de seguridad al estimar que su presencia en territorio británico constituía un riesgo para la seguridad nacional y sospechar que habían estado o estaban implicados en la perpetración, preparación o instigación de actos de terrorismo internacional y que eran o habían sido miembros de un grupo terrorista internacional o pertenecían o habían pertenecido a tal grupo o mantenían o habían mantenido relación con él. Como una persona en trámite de expulsión sólo podía ser encarcelada –a partir de la Sentencia Hardial Singh dictada en 1984– si su expulsión era realizable dentro de un plazo razonable, la detención que intentaba el Ministro del Interior habría sido ilegal en virtud de la legislación interna antes de la aprobación del Título 4 de la Ley de 2001 (apartado 87 supra). Es por ello que la notificación de derogación al amparo del artículo 15 del Convenio puntualizaba que el Reino Unido estimaba necesario establecer una potestad de detención y reclusión ampliada respecto a los extranjeros cuya «devolución o expulsión no [era] posible en [ese] momento, lo que [tenía] por consecuencia que la detención [fuese] ilegal en virtud del derecho interno» (apartado 11 supra).
167. Parece, por tanto, que uno de los presupuestos fundamentales en los que se basaba la notificación de derogación, la Ley de 2001 y la decisión de recluir a los demandantes era que la imposibilidad de devolverlos o expulsarlos tenía un carácter «momentáneo» (apartados 11 y 90 supra). No obstante, nada indica que las autoridades tuviesen una perspectiva real de expulsar a los interesados mientras estuviesen recluidos –salvo en lo concerniente a los demandantes segundo y cuarto– sin exponerlos a un riesgo real de malos tratos contrarios al artículo 3. Por el contrario, el Gobierno no ha presentado ningún elemento que haga pensar que un tercer Estado estuviese dispuesto a recibir al primer demandante, que es apátrida. Además, parece que hasta finales de 2003 no emprendió las negociaciones con Argelia y Jordania para obtener garantías de que los demandantes ciudadanos de estos Estados no serían maltratados en caso de ser expulsados y no obtuvo tales garantías hasta agosto de 2005 (apartado 86 supra). En estas condiciones, el Tribunal considera que la política del Gobierno demandado de continuar «examinando activamente» las posibilidades de expulsar a los demandantes, no era suficientemente cierta y resuelta para calificarla de «acción (...) entablada con vistas a una expulsión».
168. Sin embargo, esta conclusión no vale para el segundo demandante, que fue encarcelado solamente tres días antes de ser autorizado a regresar a Marruecos, ni para el cuarto, que viajó del Reino Unido a Francia, el 13 de marzo de 2002, poco menos de tres meses después de su detención (apartados 35 y 41 supra). En tanto en cuanto las autoridades seguían tratando de establecer la nacionalidad de los interesados en la época en que estaban detenidos y de determinar si era posible su deportación a sus países de origen o a un tercer país, el Tribunal estima que se puede razonablemente decir que no se había entablado una acción contra el segundo y el cuarto demandante con vistas a su expulsión (Gebremedhin [Gaberamadhien] contra Francia, núm. 25389/2005, ap. 74, 26 abril 2007). Por tanto, no hubo violación del artículo 5.1 del Convenio en lo que respecta a los demandantes segundo y cuarto.
169 Es cierto que incluso los demandantes que permanecieron más tiempo privados de libertad no lo estuvieron tanto como el señor Chahal (Sentencia anteriormente citada), quien pasó más de seis años en prisión sin que por ello el Tribunal constatase una violación del artículo 5.1. Sin embargo, durante la reclusión del señor Chahal, la cuestión de la legalidad y compatibilidad con el artículo 3 de su eventual expulsión a la India, fue objeto de un procedimiento tramitado diligente y activamente ante las autoridades internas y el Tribunal. No se puede decir lo mismo en el caso de autos, en el que el procedimiento afecta ante todo a la legalidad de la detención.
170. Atendidas las circunstancias de la causa, los demandantes primero, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo no se pueden considerar personas contra las que se había entablado «una acción (...) con vistas a su expulsión o extradición». Por tanto, su detención no correspondía a la excepción al derecho a la libertad prevista en el artículo 5.1 f) del Convenio. La mayoría de la Cámara de los Lores llegó –expresa o implícitamente– a la misma conclusión (apartado 17 supra).
171. Por el contrario, se desprende claramente del texto de la notificación de derogación y del Título 4 de la Ley de 2001 que a los demandantes se les habían notificado los certificados en litigio y habían sido detenidos porque las autoridades sospechaban que eran terroristas internacionales y pensaban que, en libertad en suelo británico, representaban una amenaza para la seguridad nacional. El Tribunal no suscribe la tesis del Gobierno según la cual se debe entender que el artículo 5.1 autoriza la búsqueda de un equilibrio justo entre el derecho a la libertad individual y el interés del Estado en proteger a su población contra la amenaza terrorista. Esta tesis contradice no solamente la jurisprudencia del Tribunal relativa al párrafo f) del artículo 5.1, sino también el principio de que los párrafos a) a f) de esta disposición contengan una lista exhaustiva de las excepciones al derecho a la libertad y que solamente una interpretación estricta de éstas sea compatible con los fines que persigue dicho artículo. Cuando una detención se extralimita de lo fijado por la jurisprudencia del Tribunal no se puede restituir invocando la necesidad de sopesar los intereses del Estados y los de los detenidos.
172. El Tribunal recuerda que ya ha juzgado en numerosas ocasiones que el internamiento y la prisión preventiva sin inculpación son incompatibles con el derecho fundamental a la libertad que consagra el artículo 5.1 en ausencia de una derogación válida establecida al amparo del artículo 15 (Sentencias Lawless. contra Irlanda (núm. 3), 1 julio 1961, aps. 13 y 14, serie A núm. 3; Irlanda contra Reino Unido, previamente citada, aps. 194-196 y 212-213). En consecuencia, habrá de examinar ahora la cuestión de la validez de la derogación notificada por el Reino Unido.
b) Sobre la validez de la derogación del Reino Unido de las obligaciones derivadas del artículo 5.1 del Convenio
El enfoque del Tribunal
173. El Tribunal recuerda que corresponde a cada Estado Contratante, responsable de «la vida de [su] nación» determinar si ésta está amenazada por un «peligro público» y, en caso afirmativo, hasta dónde se ha de llegar para tratar de disiparlo. En contacto directo y constante con la realidad apremiante del momento, las autoridades internas se hallan en principio mejor situadas que el Juez internacional para pronunciarse sobre la presencia de tal peligro y la naturaleza y el alcance de las derogaciones necesarias para impedirlo. Por lo tanto, se les ha de dejar un amplio margen de apreciación en la materia.
Los Estados no gozan, sin embargo, de un poder ilimitado en este ámbito. El Tribunal es competente para decidir, concretamente, si han excedido la «medida estricta» de las exigencias de la crisis. El margen interno de apreciación se acompaña, por tanto, de un control europeo. Cuando el Tribunal ejerce dicho control, debe conceder al mismo tiempo el peso adecuado a factores pertinentes tales como la naturaleza de los derechos afectados por la derogación, la duración del estado de urgencia y las circunstancias que lo han originado (Sentencias Irlanda contra Reino Unido, previamente citada, ap. 207; Brannigan y McBride contra Reino Unido, 26 mayo 1993, ap. 43, serie A núm. 258; Aksoy, previamente citada, ap. 68).
174. Conforme al objeto y fin que subyacen al Convenio, tal y como se desprende de su artículo 1, cada Estado contratante debe asegurar en su ordenamiento jurídico interno el goce de los derechos y las libertades garantizados. Es fundamental para el mecanismo de protección establecido por el Convenio que los propios sistemas internos permitan reparar las violaciones cometidas, ejerciendo el Tribunal su control en cumplimiento del principio de subsidiariedad (Sentencia Z. y otros contra Reino Unido, núm. 29392/1995, ap. 103, TEDH 2001-V). Además, los tribunales internos figuran entre las «autoridades internas» a las que el Tribunal concede un amplio margen de apreciación en virtud del artículo 15. Habida cuenta de las circunstancias excepcionales del presente caso, en el que el Tribunal Supremo del Estado demandado consideró, tras examinar las cuestiones planteadas por la derogación, que existía un peligro público que amenazaba la vida de la nación pero que la situación no exigía estrictamente las medidas adoptadas para impedirlo, el Tribunal estima no poder llegar a una solución contraria sin tener la certeza de que los tribunales internos han cometido un error de aplicación o interpretación del artículo 15 o de su jurisprudencia o que sus conclusiones son manifiestamente irrazonables.
Sobre la existencia de un «peligro público que amenace la vida de la Nación»
175. Los demandantes sostienen que, a la sazón, no existía un peligro público que amenazase la vida de la nación británica. Exponen tres argumentos principales en apoyo de esta tesis, a saber, primero, que la amenaza en cuestión no era real ni inminente, segundo, que no era de carácter temporal y, tercero, que la práctica de los demás Estados miembros –de los que ninguno había derogado el Convenio– así como los dictámenes claros de instituciones tanto nacionales como internacionales, hacían pensar que no se había acreditado la realidad de tal peligro.
176. El Tribunal recuerda haber juzgado en el asunto Lawless (Sentencia previamente citada, ap. 58), que, en el contexto general del artículo 15 del Convenio, el sentido normal y habitual de las palabras «en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación» es suficientemente claro y que se refiere a «una situación excepcional de crisis o de peligro excepcional que afecta al conjunto de la población y constituye una amenaza para la vida organizada de la comunidad que compone el Estado». En el Asunto griego (1969), ap. 153, Anuario 12, vol. I), la Comisión declaró que, para justificar una derogación, el peligro había de ser real o inminente, tener repercusión en el conjunto de la nación, constituir una amenaza para la vida organizada de la comunidad y ser de carácter excepcional en el sentido de que las medidas o restricciones ordinarias que autoriza el Convenio para asegurar la seguridad, la salud y el orden públicos fuesen manifiestamente insuficientes. En el asunto Irlanda contra Reino Unido (Sentencia, anteriormente citada, aps. 205 y 212), las partes, la Comisión y el Tribunal estuvieron de acuerdo en declarar que un terrorista que ha representado durante años «un peligro de una magnitud e intensidad particulares para la integridad del territorio del Reino Unido, las instituciones de los seis condados y la vida de los habitantes de la provincia» justificaba la aplicación del artículo 15. En los asuntos Brannigan y McBride (Sentencia previamente citada) y Marshall contra Reino Unido ([dec], núm. 41571/1998, 10 julio 2001), el Tribunal llegó a conclusiones análogas en cuanto a la persistencia del estado de urgencia en Irlanda del Norte. En la citada Sentencia Aksoy, reconoció que las acciones violentas de los separatistas kurdos constituían un «peligro público» para Turquía.
177. El Ministro del Interior presentó ante los tribunales británicos pruebas que tendían a demostrar la existencia de una amenaza real de atentados terroristas dirigidos contra el Reino Unido. La SIAC recibió comunicación de otras informaciones, confidenciales. Todos los jueces internos que conocieron el presente caso declararon creer en la realidad de peligro invocado (salvo Lord Hoffmann, en cuya opinión no representaba una amenaza que pudiese «poner en peligro la vida de la nación»; apartado 18 supra). El Tribunal estima que, aunque Al-Qaeda no hubiese cometido aún un atentado en suelo británico en el momento en el que se estableció la derogación, no se puede reprochar a las autoridades internas haber creído en «la inminencia» de un atentado de acuerdo con las pruebas que, a la sazón, obraban en su poder, ya que en cualquier momento se podía haber producido una atrocidad, sin aviso. La exigencia de inminencia no ha de ser interpretada estrictamente hasta el punto de obligar a los Estados a esperar que se produzca un desastre para adoptar las medidas apropiadas para impedirlo. Además, los atentados e intentos de atentado con explosivo cometidos en Londres en julio de 2005 demostraron trágicamente la realidad de la amenaza terrorista. Al tener el artículo 15 por objeto permitir a los Estados adoptar medidas derogatorias para proteger a su población frente a los futuros peligros, la realidad de la amenaza contra la vida de la nación debe apreciarse principalmente respecto a los hechos conocidos en la época de la derogación. Sin embargo, nada impide al Tribunal tener en cuenta los elementos puestos de manifiesto posteriormente (ver, mutatis mutandis, Sentencia Vilvarajah y otros contra Reino Unido, 30 octubre 1991, ap. 107.2, serie A núm. 215).
178. Aunque, en opinión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las medidas derogatorias de las disposiciones del PDICP deben ser de carácter «excepcional y provisional» (apartado 109 supra), el Tribunal nunca ha considerado expresamente que el peligro invocado deba ser de carácter temporal, aunque pueda contemplarse su duración en la cuestión de la proporcionalidad de la respuesta al mismo. Por el contrario, se desprende claramente de los citados asuntos relativos al estado de urgencia en Irlanda del Norte, que un «peligro público» en el sentido del artículo 15 puede persistir varios años. El Tribunal estima que las medidas derogatorias aplicadas inmediatamente después de los atentados perpetrados por Al-Qaeda en territorio americano y sometidas al control anual del Parlamento, no pueden ser declaradas no válidas por no ser «provisionales».
179. La tesis de los demandantes según la cual no existía a la sazón una «amenaza para la vida de la nación», se funda principalmente en la interpretación de esta expresión que se desprende de la opinión disidente de Lord Hoffman, quien estima que existe tal amenaza si peligra la vida organizada de la comunidad y se temen consecuencias más graves que las abundantes pérdidas materiales y humanas. En opinión de Lord Hoffman, el peligro en cuestión debe afectar a «las instituciones políticas del Reino Unido o la existencia de nuestro Estado como sociedad civilizada» (apartado 18 supra). Por su parte, se ha llevado al Tribunal a tener en cuenta un abanico de factores mucho más amplio para pronunciarse sobre la naturaleza e intensidad de la amenaza real o inminente para la «nación» invocada en causas precedentes, reconociendo en algunos casos la existencia de un estado de urgencia en situaciones que parecían menos amenazantes para las instituciones del Estado que la contemplada por Lord Hoffman.
180. Tal y como ha indicado ya el Tribunal, los Estados disponen de un amplio margen de apreciación, en virtud del artículo 15, para valorar si un peligro público amenaza la vida de la nación. Sorprendido por el hecho de que el Reino Unido fuese el único Estado contratante en haber derogado el Convenio para responder a la amenaza de Al-Qaeda cuando, sin embargo, otros Estados se han enfrentado a ella, el Tribunal reconoce, no obstante, que cada gobierno, garante de la seguridad de la población a su cargo, es libre de apreciar por sí mismo los hechos a la luz de la información de que dispone. Por tanto, es importante la opinión del Ejecutivo y el Parlamento británico en la materia, y cabe conceder un gran peso a la de los tribunales internos, mejor situados para evaluar las pruebas relativas a la existencia de un peligro.
181. Por tanto, el Tribunal suscribe, en este último extremo, la opinión de la mayoría de la Cámara de los Lores que estimó que existía un peligro público que amenazaba la vida de la nación.
Sobre la cuestión de si la situación exigía estrictamente las medidas en litigio
182. El artículo 15 sólo autoriza a los Estados a tomar medidas que deroguen sus obligaciones en virtud del Convenio «en la estricta medida en que lo exija la situación». Tal y como ha declarado anteriormente, el Tribunal estima que debe seguir en principio las conclusiones de la Cámara de los Lores sobre la cuestión de la proporcionalidad de la detención de los demandantes, a menos que se establezca que el Alto Tribunal ha interpretado mal el Convenio o la jurisprudencia del Tribunal o que sus conclusiones son manifiestamente irrazonables. Es desde este punto de vista que el Tribunal abordará las críticas formuladas por el Gobierno a la Sentencia de la Cámara de los Lores.
183. El Gobierno sostiene en primer lugar que la mayoría de la Cámara de los Lores debería haber concedido mayor libertad al Parlamento y el Ejecutivo para apreciar la necesidad de la reclusión de los demandantes. El Attorney General expuso un argumento análogo ante el Alto Tribunal alegando que la determinación de las medidas necesarias para proteger a la población resultaba más de la esfera política que del ámbito judicial (apartado 19 supra).
184. Cuando el Tribunal es llamado a examinar una derogación establecida en virtud del artículo 15, concede a los Estados un amplio margen de apreciación en la determinación de la naturaleza y el alcance de las medidas derogatorias que le parecen necesarias para impedir el peligro invocado. Sin embargo, le corresponde en última instancia resolver la cuestión de si la situación «exigía estrictamente» las medidas adoptadas. En particular, cuando una medida derogatoria vulnera un derecho fundamental del Convenio –como el derecho a la libertad–, el Tribunal ha de asegurarse de que constituye una respuesta real al estado de urgencia, que se justifica plenamente respecto a las circunstancias especiales de la situación y que existen garantías frente a los abusos (ver, por ejemplo, Sentencias previamente mencionadas Brannigan y McBride, aps. 48-66; Aksoy, aps. 71-84, y los principios mencionados en el apartado 173 supra). La teoría del margen de apreciación siempre se ha percibido como un medio de definir la relación entre las autoridades internas y el Tribunal. Esta teoría no se aplica de igual forma a las relaciones internas entre los órganos del Estado. Tal y como indicó la Cámara de los Lores, la cuestión de la proporcionalidad depende en última instancia del ámbito judicial, particularmente cuando, como en este caso, los justiciables han sufrido una larga privación de su derecho fundamental a la libertad. En cualquier caso, habida cuenta del cuidado con el que los Law Lords examinaron las cuestiones que se planteaban en este asunto, no se les puede reprochar el no haber acordado a la opinión del Ejecutivo y el Parlamento el peso que merecía.
185. El Gobierno sostiene asimismo que la mayoría de los miembros de la Cámara de los Lores erraron al considerar la Ley in abstracto en lugar de estudiar las circunstancias propias de cada interesado. Por su parte, el Tribunal estima que el artículo 15 requiere necesariamente un trámite centrado en la situación global del país en cuestión, en el sentido de que corresponde al tribunal que conoce de la causa –bien nacional o internacional– examinar las medidas derogatorias de los derechos del Convenio y sopesarlas con la naturaleza de la amenaza que pesa sobre la nación. Cuando, como en el caso de autos, las medidas en cuestión se consideran desproporcionadas en relación a la amenaza y discriminatorias en lo que respecta a sus efectos, es inútil ir más allá y controlar caso por caso la manera en que fueron aplicadas.
186. La tercera crítica que formula el Gobierno contra la Sentencia de la Cámara de los Lores se refiere principalmente a la manera en la que se aborda en ella la comparación entre los extranjeros sospechosos de ser terroristas y los ciudadanos británicos sobre los que pesan las mismas sospechas. Por su parte, el Tribunal estima que los Law Lords juzgaron con razón que no se podía considerar que del derecho de extranjería se desprendiesen las medidas en litigio, en el que la distinción entre los extranjeros y los nacionales habría podido justificarse, pero más bien resultante de la seguridad nacional. El Título 4 de la Ley de 2001 tenía como finalidad evitar una amenaza real e inminente de atentados terroristas que, evidentemente, provenía tanto de ciudadanos británicos como de extranjeros. Al elegir el recurso a una medida proveniente del derecho de extranjería para tratar un problema esencialmente de seguridad pública, el Ejecutivo y el Parlamento aportaron una respuesta inadaptada y expusieron a un grupo particular de presuntos terroristas al riesgo desproporcionado y discriminatorio de una detención de duración indeterminada. Tal y como indicó la Cámara de los Lores, los efectos potencialmente nefastos de una reclusión sin inculpación pueden afectar de forma sensiblemente idéntica a un ciudadano británico y a un extranjero al que no se puede, en la práctica, aplicar una medida de expulsión por temor a que sea torturado en el extranjero.
187. Por último, el Gobierno expone dos argumentos que, según los demandantes, no fueron invocados ante los tribunales internos. Consta que ni las decisiones de éstos ni los documentos no confidenciales presentados ante el Tribunal hacen mención de ello. En estas condiciones, suponiendo incluso que el principio de subsidiariedad no impide al Tribunal examinar motivos nuevos, exige que se funden en elementos convincentes.
188. El primero de los argumentos pretendidamente nuevos que expone el Gobierno tiende a que el Tribunal reconozca que los poderes públicos habían relegado legítimamente las medidas en litigio a los extranjeros en consideración a la sensibilidad de la población musulmana británica y con el fin de reducir el riesgo de que algunos de sus miembros suscribiesen las tesis extremistas. Sin embargo, el Gobierno no aporta al Tribunal ninguna prueba que haga pensar que la detención sin inculpación de un ciudadano británico musulmán razonablemente sospechoso de estar vinculado a Al-Qaeda habría suscitado muy probablemente mayor reprobación por parte de la comunidad musulmana del Reino Unido que la de un extranjero musulmán en la misma situación. El Tribunal señala, a este respecto, que el dispositivo de medidas de control que establece la Ley de 2005 de prevención del terrorismo no hace distinción entre los sospechosos según posean o no la nacionalidad británica.
189. El segundo argumento del Gobierno que los demandantes califican de nuevo, persigue que se reconozca que las autoridades podían responder mejor a la amenaza terrorista si podían detener a aquellos que, en su opinión, eran la fuente principal de esta amenaza, a saber los extranjeros. A este respecto, el Tribunal señala una vez más que el Gobierno no ha presentado ninguna prueba que le convenza de apartarse de la conclusión de la Cámara de los Lores según la cual no se justificaba la diferencia de trato criticada. Asimismo, señala que las jurisdicciones internas –en particular la SIAC, que tuvo acceso a los documentos tanto no confidenciales como secretos– no dieron crédito a la tesis según la cual los extranjeros eran más peligrosos que los ciudadanos británicos.
190. En conclusión, el Tribunal estima, al igual que la Cámara de los Lores, que las medidas derogatorias eran desproporcionadas en tanto en cuanto establecían una discriminación injustificada entre extranjeros y ciudadanos británicos. De ello se deduce que ha habido violación del artículo 5.1 en el caso de los demandantes primero, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo.
III. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5.1 DEL CONVENIO EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 14
191. Los demandantes alegan ser víctimas de una discriminación contraria al artículo 14 del Convenio por haber sido detenidos en el Reino Unido mientras que los ciudadanos británicos sospechosos de estar relacionados con Al-Qaeda eran dejados en libertad.
El artículo 14 dispone:
«El goce de los derechos y libertades reconocidos en el (...) Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, originen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación».
192. Habida cuenta del razonamiento seguido y de las conclusiones a las que ha llegado en el terreno del artículo 5.1, considerado aisladamente, el Tribunal estima que esta queja no requiere un examen separado.
IV. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5.4 DEL CONVENIO
193. Los interesados sostienen que el procedimiento seguido por los tribunales internos para examinar los recursos contra su reclusión no respondía a las exigencias del artículo 5.4, el cual dispone:
«Toda persona privada de su libertad mediante detención o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal».
El Gobierno niega que haya habido violación de esta disposición.
Tesis de las partes
Tesis de los demandantes
194. Los interesados plantean dos quejas principales en el terreno del artículo 5.4. En primer lugar, puntualizan que, aunque pudieron impugnar ante la SIAC, el Tribunal de apelación y la Cámara de los Lores la conformidad a derecho de su privación de libertad ordenada sobre la base del Título 4 de la Ley de 2001 en virtud del Convenio, obtuvieron como única reparación una declaración de incompatibilidad pronunciada en virtud de la Ley de 1998. Al carecer tal declaración de efecto obligatorio para el Gobierno, su reclusión siguió siendo legal hasta que la Ley fue modificada por el Parlamento. En estas condiciones, cabría constatar que, con violación del artículo 5.4, ningún tribunal estaba facultado para ordenar su puesta en libertad.
195. En segundo lugar, los demandantes se quejan del procedimiento de recurso ante la SIAC previsto en el artículo 25 de la Ley de 2001 (apartado 91 supra), en particular de las disposiciones que reservan la comunicación de algunos pruebas determinantes a unos abogados especiales a los que los detenidos no estaban autorizados a consultar. Aducen que el artículo 5.4 retoma las garantías del juicio justo que enuncia el artículo 6.1, adaptándolas a la gravedad de lo que está en juego. Aunque un juez pueda aprobar, en ciertas circunstancias, la negativa de las autoridades a divulgar pruebas pertinentes a un acusado por motivos de seguridad nacional, nunca se le podría permitir que, cuando es llamado a pronunciarse sobre la legalidad de la detención, se basase en tales pruebas puesto que son de importancia decisiva para el fundamento de las acusaciones formuladas contra el interesado y de las que éste no ha obtenido suficiente comunicación –solamente en forma de exposición sumaria o de resumen– para saber lo que se le imputa y defenderse. Para resolver cada uno de los recursos, salvo el ejercido por el segundo demandante, la SIAC se fundó en documentos secretos no sin reconocer que esta práctica colocaba a los interesados en una situación desfavorable.
Tesis del Gobierno
196. En opinión del Gobierno, el artículo 5.4 ha de leerse a la luz de la jurisprudencia constante de Estrasburgo relativa al artículo 13 –respecto al que constituye una lex specialis en lo que se refiere a la detención– según la cual esta última disposición no puede invocarse para impugnar ante los tribunales internos normas imperativas de la legislación primaria. Junto al sistema de declaraciones de incompatibilidad que establece la Ley de Derechos Humanos, este principio ilustraría el valor que se concede a la soberanía del parlamento elegido en una sociedad democrática.
197. En lo que respecta a la segunda queja formulada por los demandantes, el Gobierno sostiene que la no divulgación de los documentos confidenciales respondía a un interés general legítimo. Ni el artículo 6 ni el artículo 5.4 confieren a los justiciables un derecho absoluto a la comunicación de las pruebas. A partir de la citada Sentencia Chahal, la jurisprudencia del Tribunal mostraría cierta benevolencia respecto a los procedimientos que requieren la intervención de abogados especiales en ámbitos particularmente sensibles. Por lo demás, cada uno de los demandantes obtuvo la comunicación de informaciones no confidenciales que le informaban suficientemente de los cargos formulados contra él para permitirle elaborar una defensa eficaz.
Alegaciones de Justice, tercero interviniente
198. La organización Justice (apartado 6 supra) indica al Tribunal que en la época en la que la Ley de 1997 sobre la Comisión Especial de Apelación en Materia de Inmigración estableció la SIAC, el uso de documentos confidenciales y el recurso a la intervención de abogados especiales en el marco de la instancia que se seguía ante ella, se consideraban prácticas copiadas de un procedimiento aplicado en Canadá, el que seguía el Comité de control de las actividades de inteligencia y seguridad canadiense («el SIRC») para examinar la conformidad a derecho de las decisiones ministeriales de expulsión de extranjeros titulares de un permiso de residencia permanente basadas en motivos de seguridad nacional. Sin embargo, aunque el procedimiento en cuestión sí hacía intervenir a un abogado designado por el SIRC y facultado para examinar los documentos confidenciales y participar en las vistas a puerta cerrada no contradictorias que se celebrasen ante dicho órgano para representar los intereses de las personas afectadas por una medida de expulsión, se distinguiría claramente del aplicable ante la SIAC, en particular por cuanto los abogados especiales estarían autorizados a mantener contacto con los interesados y sus letrados a lo largo de toda la instancia, incluso después de haber conocido las acusaciones consideradas secretas.
199. Contrariamente al procedimiento seguido ante el SIRC, el que aplicaba la SIAC, que preveía la utilización de documentos confidenciales y la intervención de abogados especiales, recibió una lluvia de críticas, concretamente por parte de la Comisión de recursos de la Cámara de los Lores, la Comisión de asuntos constitucionales de la Cámara de los Comunes, la Comisión mixta parlamentaria de Derechos Humanos, la Comisión especial del Senado canadiense sobre la Ley antiterrorista y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Después de que la Cámara de los Lores concluyera, en diciembre de 2004, con la incompatibilidad del Título 4 de la Ley de 2001 con los artículos 5 y 14 del Convenio, la Comisión de asuntos constitucionales de la Cámara de los Comunes abrió una investigación sobre las actividades de la SIAC y el papel que jugaban los abogados especiales ante esta jurisdicción. Le fueron presentados varios documentos, entre otros las observaciones de nueve de los trece abogados especiales en funciones, en las que éstos señalaban que la prohibición de divulgar las informaciones clasificadas les causaba grandes dificultades para representar a los recurrentes en las fases secretas del procedimiento, insistiendo concretamente en el hecho de que la imposibilidad de obtener de los interesados instrucciones útiles les relegaba a un papel muy limitado en las vistas secretas.
Valoración del Tribunal
Sobre la admisibilidad
200. El Tribunal señala que el artículo 5.4 reconoce a toda «persona privada de su libertad mediante detención o internamiento» el derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal. Al haber optado, respectivamente, por ir a Marruecos y a Francia, los demandantes segundo y cuarto ya habían sido puestos en libertad cuando se abrieron los diversos procedimientos relativos a la legalidad del internamiento ordenado sobre la base de la Ley de 2001. De ello se deduce que sus quejas relativas al artículo 5.4 carecen manifiestamente de fundamento a los efectos del artículo 35.3 del Convenio (Sentencia Fox, Campbell y HartLey contra Reino Unido, 30 agosto 1990, ap. 45, serie A núm. 182) y han de desestimarse.
201. El Tribunal considera que las quejas formuladas por los demás demandantes, en el terreno del artículo 5.4, plantean cuestiones fácticas y jurídicas complejas que sólo pueden resolverse tras un examen del fondo del asunto. De ello se deduce que esta parte de la demanda no carece manifiestamente de fundamento, en el sentido del are 35.3 del Convenio. Señala asimismo que no se enfrenta a ningún otro motivo de admisibilidad. Procede, por tanto, admitirla.
Sobre el fondo
a) Principios jurisprudenciales aplicables
202. El artículo 5.4 del Convenio constituye una «lex specialis» en relación a las exigencias más generales del artículo 13 (Sentencia Chahal, previamente citada, ap. 126). Reconoce a las personas detenidas provisionalmente o internadas el derecho a un examen del cumplimiento de las exigencias de procedimiento y de fondo necesarias para la «legalidad» de su privación de libertad, en el sentido del Convenio. El concepto de «legalidad» ha de tener el mismo sentido en el apartado 4 del artículo 5 que en el apartado 1, de forma que una persona detenida o internada tiene el derecho de hacer controlar la «legalidad» de su detención desde el punto de vista no solamente del derecho interno, sino también del Convenio, los principios generales que consagra y la finalidad de las restricciones que autoriza el artículo 5.1. El artículo 5.4 no garantiza un derecho a un control jurisdiccional de tal magnitud que habilite al tribunal competente a sustituir con su propia valoración, en el conjunto de los aspectos de la causa, incluidas las consideraciones de pura oportunidad, la de la autoridad de la que emana la decisión. Solo requiere un control suficientemente amplio para abarcar cada una de las condiciones indispensables para la «legalidad» de la detención de un individuo respecto al apartado 1 (Sentencia E. contra Noruega, 29 agosto 1990, ap. 50, serie A núm. 181). La «jurisdicción» encargada de este control no debe poseer simples atribuciones consultivas, sino también ser competente para «pronunciarse» sobre la «legalidad» de la detención y ordenar la puesta en libertad en caso de detención ilegal (Sentencias Irlanda contra Reino Unido, previamente citada, ap. 200; Weeks contra Reino Unido, 2 marzo 1987, ap. 61, serie A núm. 114; Chahal, previamente citada, ap. 130).
203. La exigencia de equidad procesal derivada del artículo 5.4 no impone la aplicación de criterios uniformes e inflexibles independientes del contexto, los hechos y las circunstancias de la causa. Aunque un procedimiento que depende del artículo 5.4 no debe ir acompañado siempre de unas garantías idénticas a las que prescribe el artículo 6 para los litigios civiles o penales, ha de presentar un carácter judicial y ofrecer a la persona sospechosa unas garantías adaptadas a la naturaleza de la privación de libertad de la que se queja (ver, por ejemplo, Sentencias Winterwerp contra Países Bajos, 24 octubre 1979, ap. 57, serie A núm. 33; Bouamar contra Bélgica, 29 febrero 1988, aps. 57 y 60, serie A núm. 129; Włoch contra Polonia, núm. 27785/1995, ap. 125, TEDH 2000-XI; Reinprecht contra Austria, núm. 67175/2001, ap. 31, TEDH 2005-XII)
204. De ello se deduce que el proceso debe ser contradictorio y garantizar en todos los casos «la igualdad de armas» entre las partes (Reinprecht, previamente citada, ap. 31). Puede ser necesaria la celebración de una vista, concretamente en caso de prisión provisional ( Nikolova contra Bulgaria [GS], núm. 31195/1996, ap. 58, TEDH 1999-II). Además, en tal caso, se debe ofrecer al sospechoso privado de libertad una ocasión real de impugnar las pruebas que fundamentan las acusaciones formuladas contra él, ya que la persistencia de sospechas razonables de que ha cometido un delito es una condición sine qua non de la legalidad de su mantenimiento en prisión (Sentencia Becciev contra Moldavia, núm. 9190/2003, aps. 68-72, 4 octubre 2005). Esta exigencia impone que el tribunal competente oiga a los testigos cuyas declaraciones puedan, a primera vista, influir decisivamente en la legalidad del mantenimiento de la prisión del interesado (Sentencias Becciev, previamente citada, aps. 72-76; Ţurcan y Ţurcan contra Moldavia, núm. 39835/2005, aps. 67-70, 23 octubre 2007). Puede también exigir que éste –o su representante– pueda acceder a las piezas del sumario en las que se han basado las diligencias instruidas contra él (Sentencias Włoch, previamente citada, ap. 127; Nikolova, previamente citada, ap. 58; Lamy contra Bélgica, 30 marzo 1989, ap. 29, serie A núm. 151; Fodale contra Italia, núm. 70148/2001, 1 junio 2006).
205. Dicho esto, el Tribunal ha juzgado que, incluso en las instancias que implican una decisión sobre una acusación en materia penal, se puede restringir el derecho a un proceso plenamente contradictorio en la medida estrictamente necesaria para un interés general importante como la seguridad nacional, la necesidad de mantener en secreto algunos métodos policiales de investigación de delitos o proteger los derechos fundamentales de un tercero. Sin embargo, si se quiere garantizar un proceso justo al acusado, el procedimiento ante las autoridades judiciales ha de compensar suficientemente todas las dificultades causadas a la defensa con la limitación de sus derechos (ver, por ejemplo, Sentencias Doorson contra Países Bajos, 26 marzo 1996, Repertorio de sentencias y resoluciones 1996-II, ap. 70; Van Mechelen y otros contra Países Bajos, 23 abril 1997, Repertorio 1997-III, ap. 58; Jasper contra Reino Unido [GS], núm. 27052/1995, aps. 51-53, TEDH 2000-II; S.N. contra Suecia, núm. 34209/1996, ap. 47, TEDH 2002-V; Botmeh y Alami contra Reino Unido, núm. 15187/2003, 7 junio 2007, ap. 37).
206. Así, aunque el derecho a un proceso penal equitativo garantizado por el artículo 6 engloba el derecho a la comunicación de todas las pruebas pertinentes, tanto de cargo como de descargo, en poder de las autoridades, el Tribunal considera que, en ocasiones, puede resultar necesario, en nombre del interés general, ocultar algunas pruebas a la defensa. En la Sentencia Jasper (previamente citada, aps. 52-53), consideró que constituía un contrapeso suficiente a la restricción de los derechos de la defensa el examen no contradictorio de pruebas pertinentes para las cuestiones en litigio –que la acusación no pensaba invocar– al que un juez había procedido antes de negarse a comunicarlas al acusado, debido a que primaba el interés general de conservarlas secretas sobre la utilidad de divulgarlas a la defensa. Para pronunciarse así y concluir que no había habido violación del artículo 6, puntualizó que los intereses que concurrían habían sido sopesados por un Juez que estaba perfectamente al tanto del conjunto de circunstancias de la causa, que se mantuvo a la defensa informada y que ésta tuvo la ocasión de formular alegaciones y participar en el proceso decisorio en la medida de lo posible, sin que se divulgasen las pruebas que la acusación deseaba no tener que comunicar (ibidem, aps. 55-56). Por el contrario, en la Sentencia Edwards y Lewis contra Reino Unido [GS] (núms. 39647/1998 y 40461/1998, aps. 46-48, TEDH 2004-X), el Tribunal juzgó que no garantizaba suficientemente la equidad del proceso un procedimiento contradictorio en el que los elementos probatorios confidenciales sometidos al Tribunal de instancia se referían o podían referirse a una cuestión fáctica planteada por la acusación, que podía tener una importancia decisiva para el resultado del proceso y cuya resolución correspondía a dicho tribunal, no a un jurado.
207. En otros asuntos en los que el interés general originaba las restricciones a los derechos de la defensa en relación a las pruebas de cargo en las que se fundaba la acusación, el Tribunal determinó hasta qué punto las medidas compensatorias existentes podían remediar la ausencia parcial de debate contradictorio en el procedimiento. Así, en la Sentencia Lucà contra Italia (núm. 33354/1996, ap. 40, TEDH 2001-II), consideró que las autoridades judiciales no violaban necesariamente el artículo 6.1 al recurrir a declaraciones que se remontaban a la fase de instrucción previa, sobre todo cuando su autor se negaba a reiterarlas en público al temer por su seguridad, si el acusado había dispuesto de una ocasión adecuada y suficiente para responder a dichas declaraciones, en el momento de ser efectuadas o más tarde. Sin embargo, puntualizó que los derechos de la defensa se hallaban limitados de forma incompatible con las garantías del artículo 6 cuando una condena se basaba, únicamente o de manera determinante, en declaraciones hechas por una persona que el acusado no había podido interrogar o hacer interrogar ni en la fase de instrucción ni en el juicio oral.
208. De igual forma, en la citada Sentencia Doorson (aps. 68-76), el Tribunal estimó que la ocultación de la identidad de algunos testigos al demandante por temor a represalias, no constituía una violación del artículo 6. Como el abogado de la defensa pudo interrogar en apelación, sin la presencia de su cliente, a los testigos anónimos para tratar de despejar las dudas sobre la credibilidad de sus declaraciones y el Tribunal de apelación declaró en su sentencia haber utilizado con circunspección las declaraciones en cuestión, el Tribunal consideró que la desventaja causada a la defensa se hallaba suficientemente compensada. Puntualizó que una condena no podía fundarse únicamente, ni de forma determinante, en declaraciones anónimas (ver también Sentencia Van Mechelen, previamente citada, ap. 55). En cada una de estas sentencias, puntualizó que su misión consistía en determinar si el conjunto del procedimiento, incluido el modo de presentación de las pruebas, había tenido un carácter equitativo ( Doorson, previamente citada, ap. 67).
209. El Tribunal ha evocado en muchas ocasiones la posibilidad del recurso a la intervención de abogados especiales, en asuntos relativos a la seguridad nacional, como contrapeso a la desventaja procesal resultante de la falta de comunicación íntegra de las pruebas, pero nunca ha sido llamado a pronunciarse sobre la cuestión de la compatibilidad de tal procedimiento con los artículos 5.4 ó 6 del Convenio.
210. En el asunto Chahal (previamente citado), en el que el demandante en trámite de expulsión había sido recluido sobre la base del artículo 5.1 f) por motivos de seguridad nacional y a quien el Ministro del Interior denegó sus peticiones de libertad condicional y habeas corpus por iguales motivos, el Tribunal reconoció que el uso de información confidencial podía resultar inevitable en los asuntos en los que estaba en juego la seguridad nacional (apartados 130 y 131), si bien puntualizando que ello no significaba que las autoridades internas estuviesen exentas del control efectivo de los tribunales internos desde el momento en que afirmaban que el caso afectaba a la seguridad nacional y el terrorismo. Para concluir que había habido violación del artículo 5.4, el Tribunal constató que el High Court, que había conocido del recurso de habeas corpus, no había tenido acceso a todos los documentos en los que el Ministro del Interior había fundado su decisión. Aunque la existencia de un comité consultivo presidido por un juez del Tribunal de apelación con conocimiento de toda la información que obraba en poder de los servicios de seguridad nacional constituía cierta garantía, el Tribunal estimó que dicho comité no podía considerarse un «tribunal» en el sentido del artículo 5.4, puesto que el demandante no tenía derecho a estar representado por un letrado, había recibido solamente una exposición sumaria de las acusaciones de atentado a la seguridad nacional formuladas contra él, el comité carecía de toda facultad de decisión y el dictamen que este último había transmitido al Ministro del Interior no tenía efecto vinculante ni había sido hecho público. En los apartados 131 y 144 de la referida sentencia, el Tribunal remitía a las alegaciones presentadas por algunas partes intervinientes (Amnistía Internacional, Liberty, el Centro Aire y el Joint Council for the Welfare of Immigrants; véase también las alegaciones de Justice en el caso de autos, ap. 198 supra) sobre el procedimiento que se aplicaba en Canadá en el ámbito de las expulsiones fundadas en motivos de seguridad nacional, según el cual el Juez competente examinaba todas las pruebas en una vista a puerta cerrada en la que, a la persona cuya expulsión se contemplaba, se le comunicaba una síntesis lo más exhaustiva posible de los cargos formulados contra ella y tenía derecho a estar representada y a citar a testigos. El carácter confidencial de las pruebas relativas a la seguridad lo salvaguardaba la obligación de proceder a su examen sin la presencia del interesado y su letrado. En este caso, no obstante, su lugar lo ocupaba un abogado con habilitación de seguridad y nombrado por el tribunal, que contrainterrogaba a los testigos y ayudaba de forma general al Juez a valorar la solidez de los argumentos presentados por el Estado. La persona afectada recibía un resumen de las pruebas recabadas en tal procedimiento con las omisiones necesarias para la confidencialidad. Este dispositivo inspiró al Tribunal el comentario siguiente:
«El Tribunal concede importancia al hecho de que, tal y como señalaron los amici curiae en el contexto del artículo 13, en Canadá se ha desarrollado una forma más eficaz de control jurisdiccional. Ello ilustra muy bien la existencia de técnicas que permiten conciliar, por un lado, la preocupación legítima de seguridad en cuanto a la naturaleza y fuente de la información y, por otro, la necesidad de que el justiciable pueda beneficiarse suficientemente de las normas procesales».
211. En los asuntos Tinnelly & Sons Ltd y otros y McElduff y otros contra Reino Unido (previamente citada, ap. 78) y Al-Nashif contra Bulgaria (núm. 50963/1999, 20 junio 2006, aps. 93-97 y 137), el Tribunal remitió a las observaciones que formuló en la Sentencia Chahal sobre el procedimiento que requería la intervención de abogados especiales, pero no se pronunció sobre la cuestión de la conformidad de tal procedimiento con los derechos convencionales en cuestión.
b) Aplicación de los citados principios a los hechos de la causa
212. Ante los tribunales internos, los demandantes impugnaron la legalidad de su detención desde dos puntos de vista. Primero ejercieron colectivamente el recurso previsto en el artículo 30 de la Ley de 2001 con el fin de cuestionar la validez de la derogación establecida en virtud del artículo 15 del Convenio y, por esta vía, la compatibilidad con el Convenio del régimen de reclusión en litigio. Alegando que las autoridades carecían de motivos razonables para creer que su presencia en el Reino Unido representaba un riesgo para la seguridad nacional y sospechar que eran terroristas, cada uno de ellos ejerció posteriormente un recurso fundado en el artículo 25 de la Ley de 2001 para que se constatase la ilegalidad de su detención en virtud de la legislación interna.
213. Habiendo constatado ya el Tribunal que las disposiciones enjuiciadas del derecho interno implicaban la violación del artículo 5.1, considera inútil resolver separadamente, desde el punto de vista del artículo 5.4, la queja de los interesados basada en la incompetencia de la Cámara de los Lores para ordenar su puesta en libertad.
214. La segunda queja de los demandantes relativa al artículo 5.4 se refiere a la equidad del procedimiento previsto por el artículo 25 de la Ley de 2001 y aplicado por la SIAC para determinar si el Ministro del Interior podía razonablemente creer que la presencia de los interesados en el Reino Unido representaba un riesgo para la seguridad nacional y sospechar que fuesen terroristas. Se trata aquí de una cuestión separada y distinta no incluida en la constatación de violación del artículo 5.1 que, por consiguiente, el Tribunal debe examinar.
215. El Tribunal recuerda que los jueces que constituían la SIAC pudieron examinar los documentos tanto «no confidenciales» como los «secretos», pero que los demandantes y sus abogados no tuvieron acceso a estos últimos. Por el contrario, éstos fueron comunicados a uno o varios abogados especiales designados por el Solicitor general para actuar en nombre de cada uno de los interesados. En el marco de la fase confidencial del procedimiento seguido ante la SIAC, los abogados especiales podían plantear, en nombre de los demandantes, motivos procesales –para obtener, por ejemplo, informaciones complementarias– y de fondo. Sin embargo, a partir del momento en el que habían conocido los documentos secretos, ya no estaban autorizados a comunicarse con los interesados y sus letrados sin el acuerdo de la SIAC. Ésta dictó una decisión «no confidencial» y una decisión «confidencial» en cada uno de los recursos presentados.
216. El Tribunal partirá de la constatación efectuada por los tribunales internos –que declara suscribir– según la cual las intenciones e intrigas de Al-Qaeda habían creado «un peligro público que amenazaba la vida de la nación» durante el período en el que los demandantes estuvieron recluidos. Cabe tener presente que, a la sazón, se consideraba que la protección de la población del Reino Unido frente a un atentado terrorista era una necesidad apremiante y que había un interés general en la recogida de información sobre Al-Qaeda y sus cómplices, así como en la ocultación de las fuentes de las que se obtenía, aunque el Reino Unido no hubiese derogado el artículo 5.4 (véase también, a este respecto, Sentencia Fox, Campbell y HartLey, previamente citada, ap. 39).
217. Sin embargo, estos intereses generales importantes se enfrentaban al derecho de los demandantes a un proceso equitativo en virtud del artículo 5.4. Aunque el Tribunal haya concluido que la encarcelación de los interesados –salvo la de los demandantes segundo y cuarto– no correspondía a ninguno de los supuestos enumerados en los párrafos a) a f) del artículo 5.1, estima que su jurisprudencia relativa al control jurisdiccional de la prisión preventiva es pertinente en el presente asunto puesto que, en tal caso, erige también en condición sine qua non de la legalidad del mantenimiento de la reclusión la persistencia de sospechas razonables sobre el detenido (apartado 204 supra). Además, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las consecuencias dramáticas que la prolongada privación de libertad de los demandantes –que, a la sazón, parecía poder ser indefinida– tuvo en sus derechos fundamentales, el artículo 5.4 debe implicar unas garantías sustancialmente idénticas a las que consagra el aspecto penal del artículo 6.1 (Sentencias García Alva contra Alemania, núm. 23541/1994, ap. 39, 13 febrero 2001; véase también Chahal, previamente citada, aps. 130-131).
218. En estas condiciones, era esencial que se comunicase a cada uno de los demandantes tanta información como fuese posible sobre las acusaciones y pruebas de cargo presentadas contra ellos sin comprometer la seguridad nacional y la de terceras personas. Si se excluía la divulgación íntegra de la información, el artículo 5.4 exigía que los inconvenientes derivados de tal restricción se compensasen de forma que cada uno de los interesados conservase la posibilidad de contestar útilmente a las acusaciones formuladas contra ellos.
219. Como órgano jurisdiccional plenamente independiente (apartado 91 supra) y facultado para examinar todas las pruebas pertinentes, tanto secretas como no confidenciales, la SIAC era la mejor situada para velar por que no se ocultase inútilmente ninguna información a los detenidos. A este respecto, la facultad reconocida a los abogados especiales de interrogar a los testigos de cargo sobre la necesidad de la confidencialidad y solicitar a los magistrados la divulgación de información complementaria podía aportar un suplemento de garantía. A la vista de los elementos que obran en su poder, el Tribunal no percibe ninguna razón para concluir que en los recursos ejercidos por los interesados se invocó el secreto de forma excesiva e injustificada o que la denegación de comunicación recibida por los demandantes no estaba motivada por razones imperiosas.
220. El Tribunal considera, además, que la posibilidad ofrecida a los abogados especiales de verificar las pruebas aportadas y defender la causa de los demandantes a puerta cerrada, podía conferirles un papel importante susceptible de compensar la divulgación solamente parcial de los elementos probatorios y la ausencia de un verdadero juicio, público y contradictorio. Sin embargo, los abogados especiales sólo podían desempeñar eficazmente esta función si los interesados recibían la suficiente información sobre los cargos que se les imputaban para poder darles instrucciones útiles. Aunque se trata éste de un extremo a examinar caso por caso, el Tribunal señala que, por lo general, en el caso de que las pruebas se hubiesen divulgado en gran medida y los elementos no confidenciales hubiesen jugado un papel decisivo en la decisión pronunciada respecto a un demandante, no se podría decir que se le privó de la posibilidad de contestar útilmente el carácter razonable de la convicción y las sospechas que el Ministro del Interior albergaba respecto a él. En los casos en los que las acusaciones que figurasen en los elementos no confidenciales fuesen lo suficientemente precisas, aunque la totalidad o la mayoría de las pruebas de cargo se hubiese mantenido en secreto, el demandante habría podido, en su caso, proporcionar información a sus letrados y al abogado especial y este último servirse de la misma para refutar las acusaciones en cuestión sin necesidad de conocer el detalle o el origen de las pruebas en las que se fundaban. Un ejemplo de ello es la acusación contra varios demandantes de haber acudido a un campo de entrenamiento para el terrorismo en un lugar concreto en unas fechas concretas: por su precisión, esta acusación confería a los interesados la posibilidad de ofrecer a los abogados especiales unas pruebas de descargo suficientes para permitirles impugnarlas útilmente, como una coartada o una explicación de su presencia en dicho lugar. Por el contrario, en los casos en los que los elementos no confidenciales consistiesen exclusivamente en afirmaciones generales y en los que la SIAC se hubiese basado, únicamente o de forma determinante, en documentos secretos para aprobar la emisión del certificado o mantener recluidos a los demandantes, no se cumplirían las exigencias del artículo 5.4.
221. En consecuencia, el Tribunal ha de examinar el procedimiento de emisión de los certificados según estos criterios para cada uno de los demandantes detenidos.
222. En primer lugar, señala que los cargos no confidenciales contra los demandantes sexto, séptimo, octavo, noveno y undécimo contenían acusaciones precisas sobre, por ejemplo, la compra de equipos de telecomunicaciones claramente identificados, la posesión de tal o cual documento referido a presuntos terroristas citados por su nombre y encuentros con tales terroristas en lugares y fechas concretos. Al estar las acusaciones en cuestión suficientemente circunstanciadas para permitir a los interesados contestarlas útilmente, el Tribunal considera que los derechos que los demandantes sexto, séptimo, octavo, noveno y undécimo aducen al amparo del artículo 5.4 no han sido violados.
223. Constata que al primer y segundo demandante se les imputaba haber recaudado fondos destinados a organizaciones terroristas ligadas a Al-Qaeda. Se desprende de las informaciones no confidenciales relativas a ellos que por la cuenta bancaria del primer demandante pasaron importantes sumas y que el segundo participó en estafas con el fin de recaudar fondos. Sin embargo, se ocultaron a los dos demandantes las pruebas que podían demostrar la relación entre el dinero recaudado y el terrorismo. En estas condiciones, el Tribunal estima que éstos no pudieron oponerse realmente a las acusaciones formuladas contra ellos. Por lo tanto, concluye que en el caso del primer y segundo demandante se violó el artículo 5.4.
224. Señala, por último, que los cargos no confidenciales que pesaban contra el tercer y quinto demandante, centrados principalmente en la presunta pertenencia de los interesados a organizaciones islamistas radicales vinculadas a Al-Qaeda, tenían un carácter muy general. En sus decisiones desestimatorias de los recursos ejercidos por los demandantes, la SIAC constató que los elementos no confidenciales carecían de contenido y que las pruebas de cargo figuraban esencialmente en los documentos secretos. También aquí considera el Tribunal que los interesados no pudieron contestar útilmente a las acusaciones formuladas contra ellos. Concluye así que, en el caso del tercer y quinto demandante, se violó el artículo 5.4.
V. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5.1 DEL CONVENIO EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 13
225. A título subsidiario, los demandantes aducen que los hechos denunciados desde el punto de vista del artículo 5.4 constituyen también una violación del artículo 13. A la vista de las conclusiones a las que ha llegado más arriba, el Tribunal considera inútil examinar esta queja de forma separada.
VI. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5.5 DEL CONVENIO
226. Por último, los demandantes alegan haber sido privados de un derecho ejecutorio a la reparación del perjuicio resultante de su detención ilegal contraria al artículo 5.1 y 5.4. Consideran que ello constituye una violación del artículo 5.5, el cual dispone:
«Toda persona víctima de detención o de una privación de libertad contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación».
227. El Gobierno considera que, en ausencia de violación del artículo 5 en el caso de autos, el artículo 5.5 no es aplicable. Suponiendo que el Tribunal concluyera, por el contrario, que ha habido violación del artículo 5, cabría constatar que el quinto apartado de esta disposición exige un «derecho ejecutorio a reparación» pero no impone la concesión de una indemnización en todos los casos. La constatación de los tribunales internos según la cual el Ministro del Interior tenía buenas razones para sospechar que los demandantes eran «terroristas internacionales» excluiría, en principio, que pudiesen reclamar ante ellos una reparación.
Sobre la admisibilidad
228. El Tribunal recuerda haber concluido que hubo violación del artículo 5.1 en el caso de todos los interesados –a excepción del segundo y cuarto de ellos– y violación del artículo 5.4 en lo que respecta al primero, tercero, quinto y décimo. Por tanto, las quejas de los interesados relativas al artículo 5.5 deben estimarse, salvo las formuladas por el segundo y cuarto demandante.
Sobre el fondo
229. El Tribunal señala que los demandantes no pudieron ejercer un derecho ejecutorio a reparación ante los tribunales internos por las violaciones previamente constatadas. De ello se deduce que el artículo 5.5 ha sido violado en lo que se refiere a todos los interesados a excepción del segundo y cuarto de ellos (Sentencias Brogan y otros contra Reino Unido, 29 noviembre 1988, ap. 67, serie A núm. 145-B, y Fox, Campbell y HartLey, previamente citada, ap. 46).
VII. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DEL CONVENIO
230. A título subsidiario, los demandantes aducen que el procedimiento seguido ante la SIAC no se conciliaba con el artículo 6.1 y 6.2 del Convenio, que dice así:
«1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que será considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada».
231. Los interesados manifiestan que el artículo 6.1 es la lex specialis del derecho a un juicio justo. De todas las medidas adoptadas con posterioridad a 2001 por los Ejecutivos de los Estados miembros del Consejo de Europa contra los presuntos terroristas, las que se cuestionan en el caso de autos serían las más severas. El dispositivo criticado habría sido establecido para permitir al Gobierno del Reino Unido perseguir a individuos sobre la base únicamente de unas sospechas razonables fundadas en unas pruebas que no habrían sido admitidas ante los tribunales ordinarios, lo que justificaría por sí solo un examen en el terreno del artículo 6. El procedimiento aplicado implicaba una decisión sobre una acusación en materia penal –en el sentido autónomo que el artículo 6.1 atribuye a este concepto– así como sobre un litigio relativo a unos derechos y obligaciones de carácter civil. La utilización de pruebas confidenciales vulneraría el artículo 6.
232. El Gobierno alega que el artículo 5.4 es la lex specialis de la privación de libertad, de forma que las cuestiones que ésta plantea deberían más bien ser examinadas en el terreno de esta disposición. En cualquier caso, el artículo 6 no es aplicable puesto que las sentencias dictadas por la SIAC en materia de encarcelación constituirían «medidas especiales de política de extranjería» y no implicarían, por tanto, una decisión sobre una acusación en materia penal o un litigio sobre unos derechos y obligaciones de carácter civil. Suponiendo incluso que el artículo 6.1 fuese aplicable, habría lugar a concluir que no ha habido violación de esta disposición por los motivos expuestos anteriormente sobre las quejas relativas al artículo 5.4.
233. Sin pronunciarse sobre la cuestión de si el artículo 6 es aplicable al procedimiento ante la SIAC, el Tribunal estima la queja. No obstante, recuerda haber analizado más arriba, al considerar las quejas formuladas por los demandantes al amparo del artículo 5.4, las cuestiones que plantean el recurso a la intervención de abogados especiales, las audiencias secretas y la falta de comunicación íntegra de las pruebas de cargo en el procedimiento ante la SIAC. Habida cuenta del examen completo realizado, considera inútil examinar la queja de los interesados desde el punto de vista del artículo 6.1.
VIII. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO
234. Los demandantes reclaman la concesión de una indemnización por el perjuicio tanto moral como material derivado de las violaciones que alegan, así como el reembolso de los gastos y las costas. A este respecto, invocan el artículo 41 del Convenio, a tenor del cual:
«Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa».
Por su parte, el Gobierno considera que en este caso no es ni necesaria ni apropiada la concesión de una indemnización equitativa.
Daño
Pretensiones de los demandantes
235. Los interesados sostienen que la concesión de una indemnización en virtud de la satisfacción equitativa es necesaria y apropiada. Remitiendo concretamente al asunto Perks y otros contra Reino Unido (núms. 25277/1994, 25279/1994, 25280/1994, 25282/1994, 25285/1994, 28048/1995, 28192/1995 y 28456/1995, 12 octubre 1999), en el que el Tribunal concedió 5.500 GBP a uno de los demandantes en concepto de indemnización por la detención ilegal de seis días que sufrió y al asunto Tsirlis y Kouloumpas contra Grecia (Sentencia de 29 mayo 1995 (sic), Repertorio 1997-III), en el que se concedió respectivamente a los demandantes el equivalente a 17.890 y 16.330 GBP por los trece y doce meses de prisión que les valió su negativa a efectuar el servicio militar, sugieren al Tribunal que, para evaluar la indemnización a conceder, se inspire en la práctica de los tribunales internos en el ámbito de la reparación de la detención ilegal y su propia jurisprudencia en la materia.
236. El primer demandante reclama una indemnización por la privación de libertad de tres años y ochenta y tres días sufrida desde el 19 de diciembre de 2001 al 11 de marzo de 2005, así como por el sufrimiento moral resultante, incluidos los trastornos mentales que padece. Manifiesta que la indemnización debe asimismo reflejar el sufrimiento de su esposa y demás miembros de su familia por haber estado separados de él y expuestos a una publicidad desagradable. Evalúa la suma a conceder en virtud del daño moral en 234.000 GBP y solicita al Tribunal que le conceda, en concepto de perjuicio material, una suma aproximada de 7.500 GBP destinada a cubrir los gastos en que incurrió su familia para visitarle durante su reclusión y otros gastos.
237. El tercer demandante solicita la reparación del perjuicio resultante de su privación de libertad desde el 19 de diciembre de 2001 al 11 de marzo de 2005, así como de los traumas psicológicos que creó esta situación, que se han manifestado en desórdenes psíquicos. Reclama también una indemnización por el sufrimiento que su encarcelación causó a su familia. Considera que la concesión de 230.000 GBP constituiría una reparación adecuada por el daño moral padecido. Asimismo, desea que se le concedan 200 GBP por los gastos de desplazamiento de su esposa y una suma destinada a cubrir la pérdida de una oportunidad de ejercer una actividad comercial en el Reino Unido.
238. El quinto demandante reivindica una indemnización por la privación de libertad del 19 de diciembre de 2001 al 22 de abril de 2004 y el arresto domiciliario hasta el 11 de marzo de 2005, la angustia moral y los trastornos mentales provocados por esta situación y el sufrimiento de su esposa e hijos. Evalúa en 240.000 GBP la suma en concepto de daño moral y en 5.500 GBP la indemnización por el perjuicio material sufrido que corresponde, en particular, a los gastos de cuidado de los hijos y de desplazamiento que tuvo su esposa y las sumas que le envió durante su reclusión.
239. El sexto demandante reclama una indemnización por la privación de libertad del 19 de diciembre de 2001 al 11 de marzo de 2005, el sufrimiento psíquico resultante de la misma y la aflicción de su esposa y sus hijos. Estima en 217.000 GBP la cuantía de la indemnización en concepto del daño moral en cuestión y en 51.410 GBP la indemnización a concederle en concepto de lucro cesante debido a la imposibilidad de ejercer su actividad de repartidor independiente, y los gastos de desplazamiento de su esposa.
240. El séptimo demandante solicita la reparación del perjuicio causado por su encarcelación desde el 8 de febrero de 2002 al 11 de marzo de 2005 y de la angustia psicológica y la enfermedad mental resultante. Evalúa en 197.000 GBP la cuantía de la indemnización en concepto de daño moral. No formula ninguna pretensión en cuanto al perjuicio material.
241. El octavo demandante solicita al Tribunal que le conceda una indemnización por la privación de libertad desde el 23 de octubre de 2002 al 11 de marzo 2005, el sufrimiento psicológico que ésta le causó y la angustia que esta situación provocó en su esposa e hijos. Estima en 170.000 GBP la suma a concederle en concepto de daño moral y en 4.570 GBP la indemnización por el perjuicio material correspondiente a las sumas que su esposa le envió durante su reclusión y los costes de la mudanza a la que se vio obligada para escapar de la atención indeseable de los medios de comunicación.
242. El noveno demandante reivindica la concesión de una indemnización por la privación de libertad sufrida desde el 22 de abril de 2002 al 11 de marzo de 2005, la angustia moral y los trastornos mentales derivados de la misma y el sufrimiento de su esposa e hijos. Reclama 215.000 GBP en concepto de daño moral y 7.725 GBP por el perjuicio material correspondiente, entre otras, a las sumas que ha debido pedir prestadas y entregar a su esposa para contribuir a la economía doméstica, el dinero que ella le ha enviado durante su reclusión y los gastos de desplazamiento para las visitas. Por último, solicita una indemnización destinada a cubrir la pérdida de una oportunidad de ejercer una actividad comercial en territorio británico.
243. El décimo demandante reclama una indemnización por la privación de libertad desde el 14 de enero de 2003 al 11 de marzo de 2005, y por el sufrimiento psicológico y los trastornos mentales provocados por esta situación. Evalúa en 144.000 GBP el daño moral sufrido y en 2.751 GBP el perjuicio material ligado a la pérdida de una ayuda semanal de 37 GBP que percibía del servicio nacional de asistencia a los solicitantes de asilo ( National Asylum Support Service) antes de ser detenido y al coste de las comunicaciones telefónicas con sus letrados.
244. El undécimo demandante solicita al Tribunal que le conceda 95.000 GBP en concepto de daños y perjuicios por la privación de libertad desde el 2 de octubre de 2003 al 11 de marzo de 2005 y la angustia moral resultante. No formula pretensiones en concepto de perjuicio material.
Alegaciones del Gobierno
245. Basándose en la Sentencia dictada por el Tribunal en el asunto McCann y otros contra Reino Unido (27 septiembre 1995, ap. 219, serie A núm. 324), el Gobierno sostiene que, en principio, se excluye que los interesados reciban ninguna indemnización por cuanto hubo motivos objetivos y razonables para sospechar legítimamente de su implicación en el terrorismo y no disiparon las sospechas en cuestión.
246. Las autoridades aprobaron el Título 4 de la Ley de 2001 y notificaron de buena fe la derogación en litigio al objeto de hacer frente a una situación considerada extremadamente grave que constituía un serio peligro que amenazaba la vida de la nación. Tal y como constataron la Cámara de los Lores y la SIAC, el principal defecto del régimen de reclusión establecido por el Título 4 de la Ley de 2001 era que se aplicaba a los extranjeros y no a los ciudadanos británicos. Después de que la Cámara de los Lores dictase su sentencia, el Gobierno examinó inmediatamente la cuestión de si convenía tratar a los interesados en el contexto de peligro público del momento y decidió establecer un dispositivo de control. En estas condiciones, no se puede alegar que actuase con cinismo o en violación flagrante de los derechos individuales.
247. Suponiendo que el Tribunal concluya que se ha violado una obligación procesal (en virtud, por ejemplo, del artículo 5.4 y 5.5), no habría de conceder ninguna indemnización a los demandantes puesto que sería imposible especular sobre el del procedimiento si no hubiesen tenido lugar las violaciones alegadas del Convenio (Sentencias KingsLey contra Reino Unido [GS], núm. 35605/1997, TEDH 2002-IV; Hood contra Reino Unido, núm. 27267/1995, TEDH 1999-I).
248. Por último, si el Tribunal hubiese de decidir una indemnización para los interesados, le correspondería verificar con atención que cada concepto está suficientemente justificado, tiene suficiente relación con la violación constatada y su cuantía es razonable.
Valoración del Tribunal
249. El Tribunal recuerda de entrada que no ha concluido en el caso de autos que hubiese habido violación del artículo 3. De ello se deduce que no puede conceder ninguna indemnización por el sufrimiento moral –incluidos los trastornos mentales– pretendidamente causado por las condiciones de encarcelación de los interesados o por el carácter indeterminado de la detención en el dispositivo establecido por el Título 4 de la Ley de 2001.
250. Por el contrario, ha concluido que ha habido violación del artículo 5.1 y 5.5 en lo que respecta a los demandantes primero, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo y violación del artículo 5.4 en el caso de los demandantes primero, tercero, quinto y décimo. En estas condiciones, puede conceder a los demandantes cuyos derechos convencionales han sido lesionados, una indemnización en virtud del artículo 41 si considera «que ha lugar» a concederles reparación. Al gozar de una gran libertad para determinar en qué casos ha lugar a reparar los daños y perjuicios causados a los demandantes, el Tribunal es con frecuencia llamado a concluir que la constatación de violación representa una indemnización justa suficiente y que no se impone la concesión de una indemnización económica (véase, entre otras, Sentencia Nikolova, previamente citada, ap.76). En el ejercicio de su facultad de apreciación, el Tribunal tiene en cuenta el conjunto de los hechos de la causa, especialmente el carácter de las violaciones constatadas y las eventuales particularidades del contexto en el que se inscribe el asunto.
251. El Tribunal recuerda que, en el citado asunto McCann y otros (ap. 219), se negó a conceder ninguna indemnización por el perjuicio material o el daño moral derivado de la violación constatada del artículo 2 del Convenio, habida cuenta del hecho de que los tres presuntos terroristas abatidos tenían la intención de poner una bomba en Gibraltar. Considera que el caso de autos se distingue del asunto en cuestión en que no se ha demostrado la participación o el intento de participar de cualquiera de los demandantes en actos de violencia terrorista.
252. Para pronunciarse sobre la cuestión de si procede conceder una indemnización y, en su caso, determinar su cuantía, el Tribunal debe tener en cuenta varios factores. Los demandantes han estado privados de libertad durante largos períodos en unas condiciones que vulneran el artículo 5.1. Se ha dado el caso de que el Tribunal ha concedido importantes daños y perjuicios en concepto de indemnización justa en asuntos relativos a una detención ilegal (véase, entre otras, Sentencia Assanidzé contra Georgia [GS], núm. 71503/2001, TEDH 2004-II, así como los ejemplos citados por los demandantes en el apartado 235 supra). Sin embargo, el caso de autos es muy diferente. Al día siguiente de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por Al-Qaeda en territorio americano, el Gobierno se halló frente a una situación considerada extremadamente grave –que los tribunales internos y el Tribunal reconocen que constituía un peligro público que amenazaba la vida de la nación– que le obligó a proteger a la población del Reino Unido de la violencia terrorista. Las autoridades elaboraron de buena fe el régimen de reclusión establecido por el Título 4 de la Ley de 2001 de forma que se conciliase con la necesidad de impedir la comisión de actos terroristas y la prohibición que les imponía el artículo 3 del Convenio de devolver o expulsar a las personas a un país en el que se expondrían a un riesgo real de sufrir malos tratos (apartado 166 supra). Aunque el Tribunal, al igual que la Cámara de los Lores, concluye que las medidas derogatorias en litigio eran desproporcionadas, señala que esta constatación se basaba principalmente en el carácter discriminatorio del régimen de reclusión, el cual sólo se aplicaba a los extranjeros. Además, inmediatamente después de la sentencia del Alto Tribunal británico, las autoridades sustituyeron el régimen de reclusión previsto por la Ley de 2001 por un dispositivo de control establecido por la Ley de 2005 de prevención del terrorismo. Todos los demandantes respecto a los cuales el Tribunal ha concluido que ha habido violación del artículo 5.1 fueron objeto de medidas de control inmediatamente después de haber sido liberados en marzo de 2005, por lo que no se puede presumir que no se les hubiese aplicado medidas restrictivas de la libertad si no se hubiesen producido las violaciones constatadas en el caso de autos.
253. A la vista de lo que antecede, el Tribunal estima que las circunstancias justifican una suma claramente inferior a la que ha tenido ocasión de conceder en otros casos de detención ilegal. Concede 3.900 euros (EUR) a los demandantes primero, tercero y sexto; 3.400 EUR al quinto demandante; 3.800 EUR al séptimo demandante; 2.800 EUR al octavo demandante; 3.400 EUR al noveno demandante; 2.500 EUR al décimo demandante y 1.700 EUR al undécimo demandante.
Gastos y costas
254. Al haber obtenido los demandantes, inmediatamente después de la sentencia dictada por la Cámara de los Lores, el reembolso de los gastos y costas satisfechos para las necesidades de los procedimientos seguidos ante los tribunales británicos, no formulan ninguna pretensión al respecto. En cuanto a los gastos correspondientes al Tribunal, reclaman un total de 144.752,64 GBP (IVA incluido). Esta suma correspondería a los honorarios debidos por las 599 horas (a la tarifa horaria de 70 GBP, más IVA), 342,5 horas (a la tarifa horaria de 150 GBP, más IVA) y 85 horas (a la tarifa horaria de 200 GBP, más IVA) que los solicitors, letrados y abogado principal habrían dedicado a la demanda, las alegaciones y las pretensiones de indemnización justa formuladas en nombre de los interesados a la Sala y la Gran Sala, incrementados por gastos varios tales como los costes periciales y los correspondientes a la vista celebrada por la Gran Sala. Los demandantes se vieron obligados a contratar a varios abogados de distintas especialidades habida cuenta de la diversidad de las cuestiones a tratar y la naturaleza de las pruebas presentadas, relativas a hechos concernientes a un período de más de diez años.
255. El Gobierno estima que las pretensiones de los interesados son excesivas. En particular, el número de horas de trabajo que los solicitors y letrados habrían dedicado a la preparación de la causa se justificaría por cuanto todos los demandantes estuvieron representados ante los tribunales internos, hubieron de dar a sus representantes instrucciones precisas y estos últimos examinaron, sin duda alguna, la casi totalidad de las cuestiones planteadas en la demanda presentada ante el Tribunal. La tarifa horaria del abogado principal sería, por otra parte, excesiva.
256. El Tribunal recuerda que los demandantes tienen derecho al reembolso de los gastos real y necesariamente satisfechos para prevenir o reparar una violación del Convenio, siempre que su cuantía sea razonable (Sentencia KingsLey, previamente citada, ap. 49). Aunque reconoce que el número de demandantes partes en el presente caso no ha dejado de originar un suplemento de trabajo para sus representantes, el Tribunal señala que las conclusiones presentadas por cada uno de los interesados se refieren principalmente a las quejas y pretensiones de indemnización justa relativas a la violación alegada del artículo 3 del Convenio, que ha desestimado. Asimismo, considera que el Gobierno tiene razón al alegar que algunas cuestiones planteadas –concretamente en lo que respecta a la derogación en virtud del artículo 15 del Convenio– ya habían sido evocadas ante los tribunales internos, lo que habría debido reducir el tiempo necesario para la preparación de la parte de la demanda en la que se tratan estas cuestiones. En estas condiciones, considera que se debe conceder a los demandantes un total de 60.000 EUR en concepto de gastos y costas, más las cargas fiscales correspondientes.
Intereses de demora
257. El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de demora en el tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos.
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD
1º Declara inadmisibles las quejas del segundo demandante relativas a los artículos 3 y 13 del Convenio y admisibles las formuladas en el ámbito de estas disposiciones por los demandantes primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo;
2º Declara que no ha habido violación del artículo 3 del Convenio, aisladamente o en relación con el artículo 13, en el caso de los demandantes primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo;
3º Declara admisibles las quejas formuladas por los demandantes en relación al artículo 5.1 del Convenio;
4º Rechaza las excepciones preliminares de los demandantes basadas en la prescripción del derecho del Gobierno a invocar un medio de defensa fundado en el artículo 5.1 f) del Convenio e impugnar la decisión de la Cámara de los Lores que invalidaba la derogación establecida en virtud del artículo 15;
5º Declara que no ha habido violación del artículo 5.1 del Convenio en lo que respecta al segundo y cuarto demandante;
6º Declara que ha habido violación del artículo 5.1 del Convenio en el caso de los demandantes primero, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo;
7º Declara que no ha lugar a examinar las quejas relativas al artículo 5.1 en relación con el artículo 14;
8º Declara inadmisibles las quejas formuladas por el segundo y cuarto demandante desde el punto de vista del artículo 5.4 del Convenio y admisibles las articuladas en el terreno de esta disposición por los demandantes primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo;
9º Declara que no ha lugar a examinar la queja relativa a la incompetencia de la Cámara de los Lores para ordenar una puesta en libertad formulada, en el terreno del artículo 5.4; por los demandantes primero, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo;
10 Declara que ha habido violación del artículo 5.4 del Convenio en el caso de los demandantes primero, tercero, quinto y décimo, pero que no ha habido violación en lo que respecta a los demandantes sexto, séptimo, octavo, noveno y undécimo;
11 Declara que no ha lugar a examinar las quejas relativas al artículo 5.1 en relación con el artículo 13;
12 Declara inadmisibles las quejas formuladas por el segundo y tercer demandante desde el punto de vista del artículo 5.5 del Convenio y admisibles las de los demandantes primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo relativas a esta disposición.
13 Declara que ha habido violación del artículo 5.5 del Convenio en lo que respecta a los demandantes primero, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo;
14 Declara admisibles las quejas relativas al artículo 6 del Convenio;
15 Declara que no ha lugar a examinar las quejas que los demandantes formulan en el terreno del artículo 6;
16 Declara que el Estado demandado deberá abonar, dentro del plazo de tres meses, las sumas siguientes, más las cargas fiscales correspondientes, a convertir en libras esterlinas al cambio aplicable en el momento del pago:
a) En concepto de perjuicio moral o material, 3.900 EUR (tres mil novecientos euros) a los demandantes primero, tercero y sexto; 3.400 EUR (tres mil cuatrocientos euros) al quinto demandante; 3.800 EUR (tres mil ochocientos euros) al séptimo demandante; 2.800 EUR (dos mil ochocientos euros) al octavo demandante; 3.400 EUR (tres mil cuatrocientos euros) al noveno demandante; 2.500 EUR (dos mil quinientos euros) al décimo demandante y 1.700 EUR (mil setecientos euros) al undécimo demandante;
b) En concepto de gastos y costas, 60.000 EUR (sesenta mil euros) conjuntamente a los demandantes;
c) Que estas sumas se verán incrementadas por un interés simple anual, equivalente al tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos, a partir de la expiración del antedicho plazo y hasta el pago;
17 Rechaza el resto de la solicitud de indemnización.
Hecha en francés e inglés y leída en audiencia pública en el Palacio de los Derechos Humanos de Estrasburgo, el 19 de febrero de 2009. Firmado: Jean-Paul Costa, Presidente-Michael O’Boyle, Secretario adjunto.
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