CASE OF BEGHAL v. THE UNITED KINGDOM - [Spanish Translation] by the Spanish Ministry of Justice

ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO   DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSTITUCIONAL Y   DERECHOS HUMANOS   ÁREA DE DERECHOS HUMANOS   Traducción realizada por David Orellana Viñambres siendo tutora la profesora Leyre Burguera   Ameave, en virtud del Convenio suscrito por la Universidad Nacional de Educación a Distancia,   el Ministerio de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).   El TEDH y el Ministerio de Justicia no se hacen responsables del contenido o calidad de la   presente traducción.   SECCIÓN PRIMERA   ASUNTO BEGHAL c. REINO UNIDO   (Demanda nº 4755/16)   SENTENCIA   ESTRASBURGO   28 de febrero de 2019   DEFINITIVA   28/5/2019   Esta sentencia adquirirá firmeza en las condiciones definidas en el artículo 44 parágrafo 2 del   Convenio. Puede sufrir correcciones de estilo.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   En el caso BEGHAL c. Reino Unido,   El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sección primera), reunido en la Sala   compuesta por:   Linos-Alexandre Sicilianos, Presidente,   Krzysztof Wojtyczek,   Armen Harutyunyan,   Pauliine Koskelo,   Tim Eicke,   Jovan Ilievski,   Gilberto Felici, jueces,   y Renata Degener, secretaria adjunta de sección.   Tras haber deliberado en Sala del Consejo el día 29 de enero de 2019,   Dicta la siguiente sentencia, adaptada en esa misma fecha:   PROCEDIMIENTO   1.   El caso tiene su origen en la demanda (número 4755/16) contra el Reino Unido   de Gran Bretaña y el Norte de Irlanda, interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos   Humanos de conformidad con el artículo 34 del Convenio para los Protección de los   Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (“el Convenio”), por un nacional   francés, la señora Sylvie Beghal (“la demandante”), a fecha de 14 de enero de 2016.   2.   La demandante nació en 1969 y reside en Leicester. La demandante está   representada por N. Garcia-Lora, abogado en ejercicio en Walsall. El Gobierno   británico (“el Gobierno”) está representado por su agente, el señor C. Wickremasinghe   de la Oficina para la Commonwealth y asuntos extranjeros.   3.   El 22 de agosto de 2016 se notifica la interposición de demanda y se traslada al   Gobierno.   4.   El Gobierno de Francia no hizo uso de su derecho a intervenir en el presente   asunto (artículo 36 parágrafo 1 del Convenio y la norma 44 de la normativa del   Tribunal).   ANTECEDENTES DE HECHO   I.   LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   A. Cláusula 7   La Cláusula 7 de la Ley de Terrorismo de 2000 (“TACT” por sus siglas en   5.   inglés) faculta a la policía, los oficiales de inmigración y a los oficiales de aduanas   designados para proceder a detener, examinar y registrar a los pasajeros en los puertos,   aeropuertos y terminales de trenes internacionales. No se requiere autorización previa   para el ejercicio de la Cláusula 7 y la facultad para detener e interrogar a los pasajeros   puede ser ejercida sin sospechas de participación en actos de terrorismo. Sin embargo,   las preguntas objeto de interrogatorio tienen que estar referidas a la finalidad de   determinar si a dicha persona está relacionada o ha estado relacionada con la   comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo. En caso de que el sujeto   requerido se negase a cooperar él o ella se considera un acto criminal y podría hacer   frente a tres meses de pena de privación de libertad, multa o ambos.   B. Los hechos del presente caso   6.   La demandante, de nacionalidad francesa, reside habitualmente en Reino Unido.   Su marido, también de nacionalidad francesa, está bajo custodia en Francia en relación   con actos terroristas.   7.   El 4 de enero de 2011, con posterioridad a una visita a su marido en Francia, la   demandante y sus tres hijos regresaban al Reino Unido en un vuelo procedente de   París. El vuelo aterrizó en el Aeropuerto East Midlands a las 8.05 pm   aproximadamente.   8.   En el punto de atención a los pasajeros de la Agencia de Fronteras del Reino   Unido (“UKBA” por sus siglas en inglés) la demandante y sus tres hijos fueron   interceptados pero no se procedió formalmente a su detención. Se le comunicó a la   requerida que no estaba detenida y que la policía no la consideraba como sospechoso/a   de terrorismo, pero que los agentes de la autoridad necesitaban hablar con ella para   determinar si ella podría ser una “persona relacionada con la comisión, preparación o   instigación de actos de terrorismo”. Por ello, la demandante fue dirigida a una sala de   examinación junto a su hijo de menor edad. Cuando la demandante hubo acordado con   otra persona para encontrarse con ella en las instalaciones del aeropuerto, sus dos hijos   de mayor edad fueron autorizados para proseguir al departamento de llegadas. El   equipaje de la demandante fue recogido y depositado en una habitación colindante.   9.   La demandante preguntó por la solicitud de un abogado y por una oportunidad   para realizar la oración. A las 9.00 pm aproximadamente, mientras ella estaba   haciendo la oración, uno de los oficiales habló con su abogado y le indicó que ella era   libre de hablar con él durante quince minutos. Cuando la demandante terminó de rezar,   se le indicó que ella podría telefonear a su abogado después de que ella hubiera sido   registrada.   10. A las 9.23 pm, después de que la demandante hubiera sido registrada, ella   procedió a hablar con su abogado por vía telefónica. Sin embargo, los oficiales le   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   hicieron saber que ellos no retrasarían el registro e interrogatorio pendiente a su   llegada.   11. Sobre las 9.30 pm la demandante fue llevada a una sala de examinación y   atendida de conformidad con el modelo TACT 1 (ver parágrafo 42 más abajo). El   contenido del modelo de examinación le fue también leído a ella. En respuesta a ello,   la demandante informó a los oficiales de que ella solo contestaría a las preguntas   después de la llegada de su abogado. A partir de ahí, ella fue preguntada sobre   diferentes cuestiones acerca de su familia, su situación financiera y su reciente visita a   Francia. Ella rehusó contestar a tales cuestiones.   12. Alrededor de las 10.00 pm, con posterioridad a la conclusión de la examinación,   la demandante fue prevenida e informada al respecto de la ofensa que supone rehusar   el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la Cláusula 7 al declinar la   contestación de las preguntas de los agentes. Asimismo, se le informó de que ella era   libre de marcharse en ese momento.   13. El abogado de la demandante llegó a las 10.40 pm aproximadamente.   14. A la demandante se le interpusieron posteriormente los siguientes tres cargos:   obstrucción deliberada de una investigación bajo la Cláusula 7; asalto a un agente de   la autoridad en contra de la sección 89 la Ley de Policía de 1996; y rechazo deliberado   al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Cláusula 7. El primer y   segundo cargos fueron finalmente desestimados.   15. El 12 de diciembre de 2011 la demandante se personó ante la Corte Magistral de   Leicester donde fue declarada culpable del tercer cargo y fue sentenciada y puesta en   libertad condicional. Aquella súplica siguió un procedimiento por parte del Juez de   distrito de que ella no tenía capacidad para asistir al procedimiento entendiendo por tal   un abuso procesal tal como indicaba por la parte demandante; en otras palabras, que la   facultad conferida a la policía bajo la Cláusula 7 habría infringido los derechos de la   demandante bajo los artículos 5, 6 y 8 del Convenio y su derecho a la libertad de   movimiento entre los Estados miembros de la Unión Europea bajo los artículos 20 y   21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.   16. La demandante apeló al Alto Tribunal contra el Juez de Distrito encargado del   procedimiento.   C. La sentencia del Alto Tribunal   17. En apelación, la demandante alegó que había habido un abuso procesal basado   en la violación de sus derechos bajo los artículos 5, 6 y 8 del Convenio y sus derechos   a la libertad de movimiento. Ella también solicitó una declaración de   incompatibilidad; o, si ninguna declaración fuese concedida, la demandante estaría   conforme con el reconocimiento de que sus derechos de conformidad con los artículos   del Convenio arriba indicado habían sido infringidos.   18. En relación a los derechos de la demandante recogidos en el Convenio, la   demandante argumentó que los poderes que atribuye la Cláusula 7 suponen una   violación de los artículos 5 y 8 del Convenio porque ellos no fueron ni suficientemente   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   circunscritos ni el sujeto procuró adecuar la salvaguarda de conformidad con lo   establecido por la ley; o, en adición, que la interferencia con los derechos del artículo   8 no fue proporcional. Asimismo, ella argumentó que sus derechos bajo el artículo 6   habían sido traídos a colación tan solo al final cuando ella fue obligada a responder a   las preguntas expuestas por los agentes bajo el riesgo de autoincriminación sin la   atención de su abogado.   19. El Alto Tribunal emitió su pronunciamiento judicial el 28 de agosto de 2013. Al   respecto de la demanda sobre el artículo 8, el Tribunal consideró que el presente   supuesto era distinto del asunto Gillan y Quinton v. the United Kingdom, nº 4158/05,   TEDH 2010 (extractos). A diferencia del Código de Prácticas relacionado con los   poderes ejercidos bajo la sección 44 de TACT (las provisiones objeto de consideración   en el asunto Gillan y Quinton), en el presente supuesto sobre la Oficina del Código de   prácticas y consejos prácticos que le acompaña (ver parágrafos 42 y 43 más abajo)   permitió una medida legal de protección contra las injerencias arbitrarias por parte del   Ejecutivo. Asimismo, el servicio de control de puertos y fronteras fue sustancialmente   diferente de la facultad para detener y examinar, ejercitable en cualquier lugar dentro   de la jurisdicción de aplicación, y sus conclusiones como la arbitrariedad del final no   se tradujo inmediatamente a las conclusiones como en el primer asunto. El Reino   Unido, como una “nación insular”, concentró los controles en sus fronteras nacionales   y la jurisdicción del tribunal estaban por ello en la concepción de que el procedimiento   fue acorde con un amplio margen de apreciación en el cumplimiento de tales   controles.   20. No siendo obligado por parte de la autoridad en el asunto Gillan y Quinton, el   Tribunal llevó a la conclusión de que las facultades conferidas por la Cláusula 7   estuvieron suficientemente circunscritas y, por ello, fueron declaradas “de   conformidad con la ley”. En primer lugar, se destacó que muchas aplicaciones de las   facultades conferidas por la Cláusula 7 fueron improbables incluso que contravinieran   el artículo 8 en la forma de la injerencia, lo cual haría descender incluso por debajo del   umbral de un nivel mínimo de rigor. En segundo lugar, se consideró que los   argumentos que sirvieron para distinguir el asunto Gillan y Quinton de igual forma   sirvieron para enfatizar la importante y particular localización estratégica de los   puertos y controles fronterizos y la necesidad de tal potestad. En tercer lugar, los   poderes conferidos por la Cláusula 7 fueron aplicables solo a una categoría   determinada de personas: en otras palabras, viajeros en áreas geográficas restringidas.   A este respecto, al tiempo que no hubo ningún espacio para la complacencia, las   estadísticas cotejadas por parte del Revisor independiente (ver parágrafos 48-49 y 56-   61 más abajo) no sugirieron un uso excesivo y arbitrario ni un uso inadecuado sobre   los miembros de las comunidades conformadas por minorías étnicas. En cuarto lugar,   la facultad conferida por la Cláusula 7 solo podría ser ejercida a través categorías   limitadas de acuerdo a la finalidad determinada si la persona requerida parecía ser una   persona que fuera o hubiera estado involucrada en la comisión, preparación o   instigación de actos de terrorismo, y estas limitaciones se dirigieron contra tal potestad   de manera arbitraria. En quinto lugar, el poder conferido por la Cláusula 7 fue   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   principalmente un aspecto de los controles en fronteras y puertos más allá de una   investigación criminal y, por ello, no sorprende que no hubiera requerimiento de una   “sospecha razonable” de que tal potestad conferida pudiera ser ejercida. En sexto   lugar, el Tribunal recalcó que la finalidad subyacente de la facultad de la Cláusula 7   consistió en proteger el orden público de actos de terrorismo.   21. A este respecto, el Tribunal observó:   “La importancia manifiesta de aquella finalidad y la utilidad de los poderes conferidos   no implican, por sí mismos, la conclusión de que tales poderes no fueron arbitrarios y,   por consiguiente, compatibles con el artículo 8. Sin embargo, el ejercicio de los poderes   conferidos por la Cláusula 7 está sujeto a una serie de limitaciones reglamentarias. Su   ejercicio es regulado por el Código. Además de la posibilidad del desafío legal en caso   de un mal uso de la norma en un caso en particular, ellos están sujetos a una revisión   continua por parte del Revisor independiente. La ausencia de un requerimiento de   sospechas razonables está en ambos casos razonada y justificada. Por las razones   anteriormente esgrimidas, no estamos persuadidos totalmente de que tales poderes   tornan al público general en sujeto vulnerable `…para interferir a través de las   actuaciones oficiales públicas sobre cualquier capricho personal, malicia, predilección o   propósito distinto a los determinados por el poder conferido´- la prueba de arbitrariedad   realizada al señor Bingham, in Gillan (HL), en [34], establecida anteriormente. De igual   manera, no estamos persuadidos de que tales poderes carecen de restricciones,   repercutiendo en una falta de la prueba realizada en Gillan (Estrasburgo), en [76]-[77],   también establecida anteriormente; por nuestra parte, el `nivel de precisión´ de estos   poderes (ibid) descansa sobre el margen derecho de la línea.   22. El Tribunal también encontró que el ejercicio de los poderes conferidos por la   Cláusula 7 fueron proporcionados. Por las razones anteriormente indicadas, no se   aceptó que aquellos hubieran resultado excesivos. Además, se destacó que hubo una   justificación objetiva para la focalización en los puertos, aeropuertos y áreas   fronterizas, las cuales, en el Reino Unido, proporcionaron una vía particularmente   apropiada para detectar, detener e interrumpir la potencial actividad terrorista. Sobre   las circunstancias del supuesto de la demandante, el Tribunal encontró que la violación   de los derechos del artículo 8 había sido justificada. En el momento en el que ella   estaba retornando al Reino Unido después de visitar a su marido, quien se encontraba   en prisión en Francia por actos de terrorismo, ella no fue detenida ni examinada sobre   una base aleatoria. Asimismo, las preguntas que se le realizaron a la demandante   estuvieron razonablemente conectadas con la finalidad reglamentaria y no fueron de   ningún modo desproporcionadas.   23. Desde la concepción de las conclusiones del Tribunal con motivo del artículo 8,   se encontró que el argumento esgrimido por la parte demandante en relación al   artículo 5 podría ser acordado sumariamente. Cuando la requerida aceptó que había   habido una injerencia de los derechos de la demandante, y la demandante aceptó que   la injerencia fue “para asegurar el total cumplimiento de cualquiera de las obligaciones   prescritas por la ley”, la única cuestión de ser determinada fue si la injerencia fue   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   conforme a Derecho, y las conclusiones con respecto al artículo 8 hubieron   determinado que así fue.   24. Finalmente, el Tribunal estimó los argumentos de la parte demandante bajo el   artículo 6 del Convenio. Sin embargo, se encontró que sobre los hechos del presente   supuesto, el artículo 6 no resultó de aplicación cuando la examinación bajo la Cláusula   7 no se trataba de la preparación del interrogatorio relativo a un procedimiento   criminal sino más bien un interrogatorio relacionado con el control fronterizo con el   específico interés público de salvaguarda del orden público derivado del riesgo de   actos de terrorismo. Asimismo, el registro e interrogatorio no fue completada de   acuerdo a la finalidad de obtener la admisión o evidencia para el uso en tales   procedimientos, y el hecho de que las respuestas de la demandante hubieran sido   dirigidas hacia la obtención de información relevante a los efectos de identificación no   fue por sí mismo suficiente para vulnerar el artículo 6. Incluso si los derechos de la   demandante se hubieran visto comprometidos, el Tribunal encontró que no habría   habido ninguna violación de la norma en tanto se trató de algo arbitrario para suponer   que el permiso sería obtenido en un procedimiento criminal por cualquiera de las   admisiones obtenidas bajo la vigencia del procedimiento de examen regulado por la   Cláusula 7 para ser aducido como evidencia en tal procedimiento.   D. La sentencia del Tribunal Supremo   25. A la demandante le fue concedido el permiso de apelación al Tribunal Supremo,   y se sometió a juicio con fecha de 22 de julio de 2015.   26. Con carácter previo al pronunciamiento judicial, la Cláusula 7 fue modificada   por la Ley de Policía, Crimen y Comportamiento criminal de 2014, que requirió a los   oficiales de examen para llevar a cabo la detención de un sujeto en caso de que   deseasen proceder a su examen durante un periodo de tiempo superior a una hora de   duración; reduciendo el periodo máximo de detención de nueve horas a seis horas;   requirió el periodo de revisión de la detención por un oficial supervisor; estableció que   las preguntas de un examen no deben comenzar hasta que se persone el sujeto   requerido por las partes; y estipuló que los oficiales de examen deben ser designados y   entrenados para tales propósitos (ver parágrafos 52-53 más abajo). El Código de   Prácticas fue modificado para incluir tales cambios (ver parágrafos 54-55 más abajo).   En consideración por las quejas interpuestas por la parte demandante, el Tribunal   Supremo se pronunció en relación con los cambios introducidos en la Cláusula 7 en   relación al ejercicio de la facultad de examinación conferida por la misma.   1. La opinión de la mayoría   (a) Artículo 8   27. En relación a las quejas planteadas sobre el artículo 8, el señor Hughes (con   quien el señor Hodge está de acuerdo) también consideró que Gillan y Quinton   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   (anteriormente citado) era distinguible al respecto de los hechos desde que la facultad   conferida a partir de la Cláusula 7 fue reducida a aquellos sujetos que atravesaran los   puertos de entrada y salida, mientras que el poder conferido a partir de la sección 44   era ejercitable en relación a cualquier persona en cualquier localización en la vía   pública. Asimismo, mientras que existía la evidencia de que la salvaguarda   proporcionada en el caso de la sección 44 era inefectiva, ninguno de aquellos resultó   de aplicación conforme a los poderes conferidos por la Cláusula 7. Teniendo en cuenta   la protección que fue aplicada a partir de la Cláusula 7, sus señorías se mostraron   satisfechos de que el principio de legalidad fuera cumplido. En particular, ello se   relacionaba con la restricción de la facultad para aquellos sujetos que viajaran tanto   dentro como fuera del país; la restricción al propósito reglamentario; la restricción a   los especialmente entrenados y acreditados agentes de la autoridad; las restricciones   sobre la duración del interrogatorio; las restricciones sobre el tipo de examen; el   requerimiento para dar una información justificativa a tales cuestiones, incluyendo un   procedimiento de reclamación; el requerimiento para permitir la consulta con un   solicitante y la notificación a un tercero; el requerimiento para la conservación de las   grabaciones; la disponibilidad de la revisión judicial; y la supervisión permanente del   Revisor independiente.   28. Sus señorías Neuberger y Dyson se mostraron conformes de que existían   notables diferencias entre las disposiciones reglamentarias y el modus operandi del   sistema establecido en la Cláusula 7 y el sistema de la sección 44, y que tales   diferencias establecieron que los poderes conferidos en el caso en cuestión resultaron   más previsibles y menos arbitrarias que las consideradas en Gillan y Quinton.   29. Sus señorías Hughes y Hodge adicionalmente aceptaron que la injerencia con la   vida privada de la demandante había sido proporcional: la intrusión en sí misma había   sido comparativamente menos lesiva y no estaba más allá de las expectativas   razonables de aquellos quienes viajan a través de las fronteras internacionales del   Reino Unido y, en vista de una protección relevante, un equilibrio justo podría ser   establecido para haberse visto afectado entre los derechos del individuo y los derechos   del público del resto de ciudadanos. Sus señorías Neuberger y Dyson se mostraron   conformes de que la apelación, en la medida en que estaba basada en la   proporcionalidad, debería fallar, dada aquella injerencia fue poco lesiva, la   justificación independiente resultó convincente, la notable supervisión, las   salvaguardas y los sustanciales beneficios potenciales, y no igualmente efectivo, pero   se había mostrado próximo a un propósito menos invasivo.   30. Sus señorías Neuberger y Dyson añadieron que:   “la legalidad se ha mencionado para dar lugar a un problema por los poderes conferidos   bajo el parágrafo 2 de la Cláusula 7 porque aquellos poderes pudieron ser ejercidos   aleatoriamente. Sin embargo, resulta importante para la efectividad de estos poderes que   ellos puedan ser ejercidos de esta manera. Asimismo, si el poder de detener e interrogar   bajo la Cláusula 7 infringe la Convención porque es ejercitable aleatoriamente, la   conclusión lógica tiene que ser que o bien que el poder en contraprestación tiene que ser   abandonado o bien el poder tiene que ser ejercido en una forma más invasiva y de un   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   modo más extensivo, en otras palabras al detener e interrogar a cualquier persona que   haga uso de los puertos y fronteras. La manera alternativa debería estar desafortunada   en los términos para disuadir y obstaculizar el terrorismo, mientras que otra opción   alternativa parecería poner proporcionalmente y legalmente en un conflicto   irreconciliable”   (b) Artículo 5   31. Aunque sus señorías Hughes, Hodge, Neuberger y Dyson se mostraron   conformes con el Tribunal de Distrito al respecto de los comentarios hechos en   relación con la protección en el contexto del artículo 8 también en su aplicación en   relación al artículo 5, en su perspectiva no se siguió que el poder de detención   estuviera automáticamente justificado. El nivel de intrusión ocasionado por la   detención fue superior a seis horas de duración y ello fue un mandato diferente de la   intrusión ocasionada por el interrogatorio y la examinación obligatorios, y la   protección la cual resultó ser adecuada para uno no sería necesariamente suficiente   para el otro. Asimismo, no se considera que el equilibrio justo entre los derechos del   individuo y el interés general se fundamentan sobre las mismas razones. Sin embargo,   aunque sus Señorías mostraron ciertas dudas al respecto de si la detención durante seis   horas podría haber estado justificada sobre los hechos del presente supuesto, ellos   encontraron que, en base a que no hubo ninguna privación de la libertad, resultó claro   que fue por una duración inferior a la necesaria para completar el procedimiento y, por   consiguiente, no hubo existido ninguna violación del artículo 5.   (c) Artículo 6 parágrafo 1   32. Con respecto a las reclamaciones de la demandante conforme al artículo 6, sus   señorías Hughes, Hodge, Neuberger y Dyson aceptaron que el privilegio contra la   autoincriminación no resultó de aplicación donde una persona estaba siendo   interrogada de conformidad con la Cláusula 7. Sin embargo, sus Señorías consideraron   que el interrogatorio y examen en la localización portuaria, de conformidad con la   Cláusula 7, para ser diferenciada de una investigación criminal y, desde que la   demandante no había recibido a tiempo la asistencia oportuna como acusado por un   cargo criminal, ninguna cuestión al respecto de una violación de los derechos de la   demandante de un proceso justo podría surgir aquí. Al alcanzar esta conclusión, ellos   apreciaron que en ningún caso en un proceso criminal para la obtención de respuestas   por mandato legal podría vulnerar el artículo 6 del Convenio; por consiguiente, el   contenido de la Cláusula 7 nunca podría ser aducido como una subsecuente prueba   criminal (a menos que el enjuiciamiento concerniera la obstaculización de la   obligación establecida conforme a la Cláusula 7).   2. La opinión disidente de su señoría Kerr   (a) Legalidad   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   33. El señor Kerr se mostró disconforme con la mayoría al respecto de que los   poderes conferidos por la Cláusula 7 resultaron “conforme a Derecho”. De hecho, él   consideró que la comparación con la sección 44 ilustraba el amplio ámbito de   aplicación de la potestad conferida por la Cláusula 7. En particular, él observó que   ninguna autorización fue reconocida por el oficial de la examinación como último   recurso del poder conferido por la Cláusula 7; el oficial de examinación no tuvo en   consideración el uso de tales poderes para la prevención de actos de terrorismo; no   hubo ninguna limitación geográfica o temporal al respecto del uso de tales poderes, a   diferencia de que tales fueron utilizados en un puerto de entrada y salida del Reino   Unido; y no hubo ninguna provisión para su fallo automático ni tuvo lugar allí ningún   cuestionamiento de su autorización renovada quedando sujeta a confirmación. Por   consiguiente, el señor Kerr indicó que ciertas características resultaron ser comunes   entre ambas potestades conferidas; el margen de tales poderes era similar (en ambos   supuestos no hubo requerimiento ni sospechas razonables ni siquiera subjetivas al   respecto) y los desafíos de su utilización sobre el ámbito de aplicación de una revisión   judicial convencional hicieron frente a algunas dificultades identificadas ya en Gillan   y Quinton (esto es, si un oficial de examinación no fue requerido por tener sospechas   razonables, ¿cómo sería revisada la proporcionalidad en el ejercicio de tales poderes?).   34. En respuesta a la confianza mostrada por los magistrados sobre el hecho de que   la potestad conferida por la Cláusula 7 podría ser usada exclusivamente en respecto de   las personas que viajan a través de los puertos de entrada o salida, el señor Kerr realizó   dos anotaciones. En primer lugar, siendo objeto de los controles de fronteras, tales   como el requerimiento para proporcionar pruebas de identidad y legitimación de   entrada, resultó completamente diferente del hecho de ser requerido para contestar una   serie de preguntas sobre determinados movimientos y actividades y hacer frente a una   sanción de carácter criminal en caso de negativa. En segundo lugar, y más importante,   el hecho de que las personas estuvieran acostumbradas a tal intromisión en su   movimiento a través de los puertos de entrada o salida implica, al respecto de la   cuestión sobre si las circunstancias en las que la Cláusula 7 pueda ser ejercida, fueran   demasiado ampliamente realizadas para satisfacer la prueba de “conformidad con   Derecho”. En otras palabras, un poder sin restricciones el cual podría ser arbitraria y   caprichosamente utilizado no llegaría a ser legal por el simple hecho de que las   personas generalmente no tomaran como excepción su utilización.   35. Por todo ello, dado que hubo 245 millones de movimientos de pasajeros a través   de los puertos del Reino Unido cada año, el hecho de que los poderes conferidos por la   Cláusula 7 fueran utilizados con moderación ello podría no tener implicación en su   legalidad. Un poder al respecto del que hay insuficientes restricciones legales no se   convierte en legal porque aquellos quienes pueden tener recurso para el ejercicio de   autocontrol. Fue el objetivo potencial de tal potestad -y no su aplicación material- el   cual tuvo que ser juzgado. En cualquier caso, aunque el porcentaje de viajeros sujeto   al uso de los poderes conferidos indicados fuera reducido, en términos absolutos el   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   número no fue intranscendente, teniendo en cuenta que una media de entre cinco y   siete personas fueron examinadas cada día durante más de una hora de duración.   36. Finalmente, el señor Kerr expresó su preocupación al respecto de la posibilidad   del ejercicio arbitrario y discriminatorio de aquella potestad con motivo de que no   hubo motivos claros y evidentes para los requerimientos realizados por la autoridad   sobre personas que no deben ser objeto de detención ni cuestionamiento solo por su   identidad étnica o religión. En cualquier caso, el Código de Prácticas contempló que el   origen étnico o la religión a la que estuvieran adheridos los sujetos podría ser, al   menos, una de las razones para el ejercicio de tales poderes, siempre y cuando no fuera   el único motivo. El señor Kerr consideró que el hecho de que la legislación autorizara   el uso de un poder coercitivo, aunque fuera parcialmente, sobre las razones de raza y   religión debe ser severamente confrontado desde el momento en que ello permitió la   discriminación directa, la cual estaba notablemente en desacuerdo con la concepción   de una sociedad tolerante y pluralista en la que todos sus miembros fueran tratados de   manera equitativa.   (b) Proporcionalidad   37. El señor Kerr no fue persuadido de que la injerencia de los derechos de la   demandante bajo los artículos 5 y 8 fuera “necesaria”. A este respecto, él indicó que   no hubo ninguna evidencia de que un poder, basado en la simple sospecha, para   interceptar, detener, registrar e interrogar fuera la única manera de lograr el objetivo   de combatir el terrorismo.   (c) Privilegio contra la autoincriminación   38. El señor Kerr consideró el requerimiento de que una persona interrogada bajo la   Cláusula 7 tuviera que responder bajo la pena de enjuiciamiento por rehusar dicha   actuación y haber vulnerado los privilegios del Derecho Común de una persona al   respecto de su autoincriminación y, por ello, incompatible con el artículo 6 del   Convenio. En opinión del señor Kerr, fue inevitable que existiera un riesgo real y   evidente de enjuiciamiento si las respuestas a tales preguntas probasen su utilización   en la autoincriminación, y el hecho de que la demandante en el presente supuesto no   fuera sospechosa de terrorismo no supuso nada a este respecto. Si ella hubiera sido   interrogada con preguntas predeterminadas para establecer si ella parecía ser un   terrorista, la posibilidad de que sus respuestas terminaran por incriminarla si se   hubiera detectado en ella cierto carácter inculpatorio, sería indiscutible. Ello se   mantuvo en el caso incluso si tales respuestas de autoincriminación podían no haber   sido aducidas con carácter evidente, cuando ellos pudieron incitar la pregunta al   respecto de las que podrían dirigir la obtención de evidencias independientes a tal   respecto.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   II.   LA LEGISLACIÓN INTERNA RELEVANTE Y SU PRÁCTICA   A. Ley de Terrorismo (“TACT”) (como norma vigente en el momento   relevante)   39. La sección 40 (1)(b) de la Ley de Terrorismo define “terrorista” al referirse a   una persona que ha estado involucrada en la comisión, preparación o instigación de   actos de terrorismo. La sección 1 de TACT define “terrorismo” como sigue:   “(1) en la presente Ley, “terrorismo” significa el uso o amenaza de una acción   donde–   (a) La acción se incluye dentro de la subsección (2),   (b) El uso o amenaza es diseñado para influir en el gobierno o en una   organización gubernamental internacional o para intimidar al público o a   una parte del público, y   (c) El uso o amenaza es creado para el propósito de promover una causa   política, religiosa, racial o ideológica.   (2) La acción se incluye dentro la subsección en caso de que ello–   (a) implique violencia grave contra una persona,   (b) implique daños graves a la propiedad,   (c) ponga en peligro la vida de una persona, aparte de la persona que comete   la acción   (d) genere un riesgo importante para la salud y la seguridad pública o de una   parte de la población, o   (e) es diseñado marcadamente para interferir o interrumpir un sistema   eléctrico   (3) El uso o la amenaza de la acción se incluye dentro de la subsección (2) la   cual implica el uso de armas de fuego o explosivos es considerado como acto de   terrorismo tanto si la subsección (1)(b) es satisfecha como si no.   (4) En esta sección–   (a) “acción” incluye la acción fuera del territorio del Reino Unido,   (b) Una referencia a cualquier persona o propiedad es una referencia a   cualquier persona o propiedad, dondequiera estuviera localizada   (c) Una referencia al público en general incluye una referencia a la   población de otro país distinto al Reino Unido, y   (d) “el gobierno” se refiere al Gobierno del Reino Unido, de una parte del   Reino Unido o de un país distinto al Reino Unido   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   (5) En la presente ley una referencia a la acción tomada para el propósito del   terrorismo incluye una referencia a la acción tomada en beneficio de una   organización prohibida”   40. La Cláusula 7 del TACT, la cual está encabezada como “controles de puertos y   fronteras” proporcionada como relevante:   “potestad para interceptar, interrogar y detener   2.–(1) Un oficial de examen puede preguntar a una persona a la cual el presente   parágrafo se aplica para el propósito de determinar si él aparece como una   persona que se incluye dentro de la sección 40(1)(b).   (2) Este parágrafo aplica a la persona si–   (a) Se encuentra en un puerto o en un área fronteriza, y   (b) El oficial de examinación cree que la presencia de la persona en el   puerto o en el área indicada está conectada con su entrada en Gran   Bretaña o el Norte de Irlanda.   (3) Este parágrafo también aplica a una persona en un barco o aeronave la cual   ha llegado a Gran Bretaña o Irlanda del Norte.   (4) Un oficial de examen puede ejercitar tales poderes bajo el presente   parágrafo tanto si tiene motivos como si no para sospechar que una persona   se incluye dentro de la presente sección 40(1)(b).   … … …   6.–(1) para los propósitos del ejercicio de una potestad conferida bajo el   parágrafo 2 o 3 un oficial de examinación puede–   (a) Interceptar a una persona o un vehículo;   (b) Detener a una persona.   … … …   (3) Donde una persona es detenida bajo este parágrafo, se deben aplicar las   disposiciones de la Parte I de la Cláusula 8 (tratamiento).   (4) Una persona detenida bajo este parágrafo deberá someterse (a menos que   hubiera sido detenida bajo cualquier otro poder) no más allá del final del   periodo de nueve horas desde el comienzo del tiempo en que se inició el plazo   de examen.   … … …   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   8(1) Un oficial de examen quien interroga a una persona conforme al parágrafo   2 puede, podrá por el propósito de determinar si se incluye dentro de la sección   40(1)(b)–   (a) Examinar a la persona;   (b) Revisar cualquier objeto que acompañe a la persona, o que fuera de   su pertenencia y que se encuentre en un barco o aeronave;   (c) Revisar cualquier objeto que la persona tuviera en su poder, que le   perteneciera y que el oficial de examinación tuviera la creencia   razonable de que ha estado o se encuentra en el barco o en la   aeronave;   (d) Buscar un barco o aeronave relacionada con cualquier objeto que se   incluya dentro del parágrafo (b).   … … …   (3) Un examen de la persona bajo este parágrafo tiene que ser ejecutado por   alguien del mismo sexo.   … … …   Infracciones   18.–(1) Una persona comete una infracción si–   (a) Intencionadamente no cumple con el deber impuesto bajo o en virtud   de esta Cláusula,   (b) Intencionadamente contraviene una prohibición impuesta bajo o en   virtud de esta Cláusula, o   (c) Intencionadamente obstruye, o persigue frustrar, una búsqueda o   examinación bajo o en virtud de esta Cláusula.   (2) Una persona culpable de infracción bajo este parágrafo debe ser responsable   por la condena sumaria a–   (a) Encarcelamiento por un periodo que no exceda de tres meses,   (b) Una multa que no exceda del nivel 4 de la escala estándar, o   (c) Ambos.”   41.   De conformidad con la Cláusula 8, una persona detenida bajo la Cláusula   7 adquiere los derechos a los que él o ella no tenía previamente a la detención (por   ejemplo, nombrar a una persona para su información, y solicitar un abogado) pero   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   también obligaciones (por ejemplo, proporcionar la huella dactilar, muestras de   ADN privadas y no privadas).   B. Oficina interna (2009) Oficiales de examen bajo la Ley de Terrorismo de   2000 Código de Prácticas (“el Código”)   42.   El Código, el cual es utilizado por la Secretaría de Estado para el   Departamento interno de conformidad con el parágrafo 6(1) de la Cláusula 14   TACT y es un documento público válido como prueba en procedimientos de orden   criminal y civil, que contiene disposiciones detalladas como el ejercicio por parte   del oficial de examinación de aquellas funciones que establece la legislación. Ello   proporciona, como destacado:   “9. La finalidad del interrogatorio y poderes asociados es determinar si la persona   parece ser alguien quien está o ha estado implicada en la comisión, preparación o   instigación de actos de terrorismo. Los poderes, los cuales son adicionales al poder de   arresto bajo la Ley, no deben ser utilizados para cualquier otra finalidad.   10. Un oficial de examinación puede interrogar a una persona si es o no sospechosa de   que esa persona esté o haya estado involucrada en la comisión, preparación o   instigación de terrorismo y puede interceptar a una persona para la finalidad de   determinar si ella se comprende en tal caso. Los oficiales de examinación deben, por   ello, realizar un esfuerzo razonable en el ejercicio de tal poder de tal forma que se   minimice su ejercicio causando exposición u ofensa a la persona que está siendo   interrogada.   Notas de orientación en los parágrafos 9 y 10 [en negrita en el original]   El poder de interceptar, interrogar, detener y buscar personas bajo la Cláusula 7   no requiere que un oficial de examen tenga cualquier motivo de sospecha contra   un individuo previa al ejercicio de tales poderes. Por consiguiente, los oficiales de   examen deben tener en cuenta que muchas personas seleccionadas para la   examinación utilizando el poder conferido por la Cláusula 7 serán completamente   inocentes de cualquier actividad contraria a Derecho. Los poderes tienen que ser   realizados de manera proporcional, razonable, con respeto y sin discriminación   contraria a Derecho. Todas las personas que son detenidas e interrogadas por   parte de los oficiales de examinación tienen que ser tratadas de manera   respetuosa y cortés.   Los oficiales de examinación deben tener un especial cuidado en asegurar que la   selección de las personas objeto de examinación no se fundamenta exclusivamente   en su percepción de la identidad étnica o su religión. Los poderes conferidos   tienen que ser ejercidos de manera que no discriminen injustamente contra   ninguna persona por motivos de edad, raza, color, religión, credo, género u   orientación sexual. En caso de que su ejercicio se realice de este modo ello sería   contrario a Derecho. Este es el supuesto de que no siempre será posible para un   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   oficial de examinación trabajando en el puerto tener conocimiento de la identidad,   procedencia o destino de los pasajeros hasta que se les intercepta e interroga.   A pesar de que el ejercicio de los poderes conferidos por la Cláusula 7 no se basan   en que el oficial de examinación tenga la sospecha contra un individuo en   particular, tales poderes no deben ser ejercidos arbitrariamente. La decisión de   un oficial de examinación para el ejercicio de los poderes de la Cláusula 7 en los   puertos tiene que estar basada en la amenaza planteada por parte de varios   grupos de terroristas activos tanto dentro como fuera del Reino Unido. Cuando se   decide si ejercitar los poderes de la Cláusula 7, los oficiales de examinación deben   fundamentar sus decisiones en un número de consideraciones, incluyendo factores   tales como:   Fuentes de terrorismo conocidas o bajo sospecha   Individuos o grupos cuya involucración actual o pasada en actos o   amenazas de terrorismo es conocida o está bajo sospecha, y los seguidores   o patrocinadores de tal actividad quienes son conocidos o están bajo   sospecha   Cualquier información sobre los orígenes y/o localización de grupos   terroristas   Actividad terrorista actual, emergente o futura   Los medios de viaje (y documentación) que un grupo o individuos   involucrados en la actividad terrorista pudieron utilizar   Tendencias locales emergentes o patrones de viaje a través de puertos   específicos o dentro de una más amplia vecindad que pudieran estar   vinculados con la actividad terrorista.   Las selecciones para el examen deben estar basadas sobre consideraciones   justificadas tales como aquellas más arriba indicadas y tienen que estar en   conexión con la amenaza planteada por parte de varios grupos terroristas activos   dentro y fuera del Reino Unido. La percepción de una persona sobre la identidad   étnica o la religión no tiene que ser utilizada solamente o en combinación con   otras como la única razón para la selección de una persona para su examinación.   Los poderes conferidos por la Cláusula 7 están para ser utilizados exclusivamente   para la finalidad de averiguar si la persona examinada está o has estado   involucrada en la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo.   Tales poderes no tienen que ser utilizados para interceptar e interrogar a   personas para cualquier otro propósito. Un examen tiene que cesar y tiene que ser   informado de que ha finalizado una vez que ha sido averiguado que la persona   examinada no parece estar o haber estado involucrada en la comisión,   preparación o instigación de actos de terrorismo.   A menos que el oficial de examinación arreste a la persona haciendo uso de los   poderes conferidos por la Ley, una persona siendo examinada bajo la Cláusula 7   no necesita ser prevenida sobre las razones de su selección para el examen.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   11. El oficial de examinación debe explicar a la persona involucrada bien verbalmente   o por escrito de que está siendo examinada bajo la Cláusula 7 de la Ley de Terrorismo   de 2000 y de que el oficial tiene el poder para detener a esa persona si rehúsa cooperar   o insiste en su liberación. El oficial de examen debe mantener la duración del examen   al mínimo de lo que resulte permitido para su práctica. Una examinación comienza   después de que una persona ha sido interceptada y sometida a preguntas de detección.   Una vez que la examinación alcanza una hora de duración, una noticia aclaratoria de la   examinación, en la forma de TACT 1 (…), tiene que ser proporcionada por parte del   oficial de examinación a la persona. Los contenidos de la forma establecida en la   TACT 1 deben ser explicados a la persona por parte del oficial de examinación. Donde   la examinación de la persona se prolonga o donde se piensa que es probable que se   prolongue, el oficial de examinación debe realizar los trámites oportunos para asegurar   que la persona tiene la oportunidad de tomar un refrigerio en intervalos regulares de   tiempo.   … … …   Grabaciones   14. Las grabaciones de todas las examinaciones deben mantenerse almacenadas   localmente en el puerto, el área fronteriza o la estación de policía en el caso de una   reclamación o requerimiento pero adicionalmente una grabación de todas las pruebas   realizadas que superen la hora de duración deben ser alojadas centralmente con fines   estadísticos. La grabación debe incluir el nombre de la persona examinada; la duración   total de la examinación desde su comienzo hasta su finalización; si la persona fue   detenida y, de ser así, cuando la detención comenzó y finalizó.   15. Las grabaciones del examen que tuvieran una duración inferior a una hora o en el   caso de que intervenga un menor, la duración debe mantenerse en el puerto, en el área   fronteriza o en la estación de policía para los propósitos referidos en el caso de una   reclamación o requerimiento. Las grabaciones de la examinación que tengan una   duración superior a una hora, sin embargo, deben ser almacenadas centralmente con   fines estadísticos.   … … …   Registros   28. Un oficial de examen puede registrar a una persona que está siendo interrogada con   la finalidad de establecer lo indicado más arriba en el parágrafo 9, y sus pertenencias,   incluyendo material de equipaje. Él también puede, bajo el parágrafo 10, autorizar a   otra persona para proceder con el registro en su nombre. De conformidad con el   parágrafo 19 arriba indicado, todos los esfuerzos razonables deben ser realizados para   reducir al mínimo la potencial exposición u ofensa que pueda causarse a la persona que   está siendo registrada.   29. Un registro personal solo debería ser realizado por alguien del mismo sexo.”   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   C. MEJORAS DE ORDEN POLICIAL NACIONAL (“NPIA” en inglés)   Consejo de práctica (“El Consejo de práctica”)   43. El prólogo del Consejo de práctica proporciona:   “Los oficiales especiales de los puertos mantienen una responsabilidad significativa   como parte de la contribución de la policía para asegurar la Seguridad Nacional. Es   fundamental que ellos estén equipados con poderes que les habiliten para mantener su   rol de autoridad de manera efectiva y eficiente.   La Cláusula 7 … proporciona a estos oficiales un único poder para examinar a la   población que atraviesa las fronteras del Reino Unido. Es esencial que ellos sean   puestos en práctica profesionalmente con lo que la policía mantenga la confianza de   todos los sectores de la población. Cualquier mal uso de estos poderes podría tener un   impacto negativo de largo alcance sobre las relaciones de la comunidad con la policía y   ocultar los progresos obtenidos en el apoyo de la estrategia gubernamental contra el   terrorismo.”   D. El informe del Revisor independiente de la legislación sobre terrorismo al   respecto de la operación de la Ley de Terrorismo de 2011   44. El informe proporcionó las siguientes cifras concernientes a la frecuencia del   ejercicio de los poderes conferidos por la Cláusula 7:   “A fecha de 31 de marzo de 2011, en cuanto al Reino Unido en su conjunto:   (a) Hubo un total de 85.423 pruebas conforme a la Cláusula 7, un 20% menos que en   el curso 2009/10   (b) 73.909 de aquellas pruebas fueron sobre la población, y 11.514 sobre el equipaje   no acompañado a tales individuos   (c) 2.291 personas (un 3% de aquellos que fueron examinados – un porcentaje similar   al de 2009/10) estuvieron sujetos a dicha pruebas durante más de una hora   (d) 915 personas fueron detenidas después de la examinación (un 1% de aquellos que   fueron examinados, por encima de 486 personas en 2009/10)   (e) Se tomaron muestras biométricas a 796 personas   (f) Hubo 31 arrestos relacionados con participación en terrorismo y la seguridad   nacional. Sin embargo, 25 de aquellos fueron en un área específica, reflejando esa   fuerza (desde su modificación) en relación a la acción que ellos tomaron por dicha   detención o por haber proporcionado información falsa durante la examinación   (g) 101 incautaciones de efectivo por parte de la policía que se sospechaba que podían   estar relacionadas con actos de terrorismo, ascendiendo a una cantidad de 844.709   libras, la mayoría en los aeropuertos   Estas cifras tienen que ser establecidas en contraposición a los números de pasajeros   que viajan a través de los aeropuertos del Reino Unido (213 millones), los puertos   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   marítimos del Reino Unido (22 millones), y las estaciones de ferrocarril de Reino   Unido (9,5 millones) durante un año. En total, solo el 0,03% de los pasajeros fueron   examinados bajo la Cláusula 7 en el curso 2010/11.”   45. En relación al origen étnico de las personas interceptadas, el informe reveló los   datos que se presentan en la siguiente tabla:   2010/11   Blanco   Negro   Asiático   Otro   Mezcla   no   o establecido   Examinado   < 1 hora   Examinado   > 1 hora   46%   14%   8%   26%   45%   16%   20%   4%   15%   6%   Detenido   Prueba   biométrica   8%   7%   21%   21%   45%   46%   21%   20%   5%   6%   46. El informe continúa:   “No se recopilaron datos sobre el origen étnico de los viajeros de los puertos. Puede ser   acertado que la proporción de minorías étnicas entre aquellos que utilizan los puertos y   aeropuertos de Reino Unido en sus viajes es superior a la proporción de la población de   Reino Unido en su conjunto. Lo más probable es que, sin embargo, las personas blancas   son una minoría entre los viajeros. Las detenciones (mayormente) y examinaciones (casi   con certeza) son así realizadas sobre miembros de comunidades étnicas minoritarias –   particularmente aquellos de etnias asiática y otras (incluyendo los norteafricanos) – en un   mayor alcance que su presencia en la población de viajeros parecería justificar.   Tal circunstancia por sí misma no puede significar que los exámenes y las detenciones   están mal dirigidas. Como argumenté en mi último informe anual (parágrafos 9.14-9.21), la   Cláusula 7 no debe ser utilizada (como la sección 44 en cuanto a la interceptación y   registro fue de vez en cuando utilizada) para producir un equilibrio racial en las   estadísticas: ello sería la antítesis de la vigilancia policial dirigida por la inteligencia. La   aplicación proporcional de la Cláusula 7 es alcanzada al hacer coincidir su aplicación a la   amenaza terrorista, más allá de la población en su conjunto.   No hubo, sin embargo, lugar para la complacencia. La descomposición de carácter étnico   de la amenaza terrorista es difícil de precisar: pero … incluso en Gran Bretaña … la   población blanca constituye aproximadamente un cuarto de las personas que fueron   arrestadas y a quienes se les asignaron cargos por infracción terrorista – una proporción   que sin duda crecería considerablemente si los datos del Norte de Irlanda fueran incluidos.   … MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   Las cifras sobre el carácter étnico no proporcionan, en sí mismas, una base para la crítica a   la actuación policial. Ellas remarcan, sin embargo, la necesidad de vigilancia,   particularmente cuando algunas comunidades minoritarias son incomprensiblemente   sensibles al respecto de la aplicación de la cláusula 7. Es importante para la plena   implicación en la aplicación de la Cláusula 7 recordar que:   (a) La identidad étnica percibida o la religión no deben ser utilizadas, ni de manera   aislada ni en combinación con otros factores, como la única razón para la selección   de una persona y su examinación   (b) Los terroristas del Reino Unido son de todos los colores de piel: una proporción   considerable de ellos (incluso fuera del Norte de Irlanda) son blancos; y que   (c) Las decisiones aparentemente inocuas (por ejemplo, registrar un vuelo procedente de   Pakistán en lugar de un vuelo procedente de Canadá) puede reflejar una vía de   inconsciencia racial.”   47.   Aunque el informe indicó que determinados grupos (en su mayoría   musulmanes) estaban destacando, entre el 1 de julio de 2011 y el 23 de mayo de   2012 únicamente se recibieron veinte reclamaciones.   48.   Se concluye que no cabe duda al respecto de la utilidad de los poderes   conferidos por la Cláusula 7, el informe indicó que:   “Las examinaciones de la Cláusula 7 han sido ciertamente instrumentales, en primer   lugar, al asegurar la evidencia que contribuye a la condena de terroristas. Aquella   evidencia no toma la forma de las respuestas dada en los interrogatorios (y ello con   motivo de que la compulsión por responder sería ciertamente inadmisible como prueba   criminal) pero en su lugar consiste en la posesión física o el contenido de teléfonos   móviles, ordenadores portátiles y memorias externas.   Es justo decir que la mayoría de las examinaciones que han terminado en condena   fueron dirigidas con inteligencia más allá de un simple factor de riesgo, intuición u   olfato. En efecto, a pesar de haber generado las necesarias consultas, no he sido capaz   de identificar de la policía ningún caso del examen a partir de la Cláusula 7 dirigido   directamente al arresto seguido de la condena en la que la interceptación inicial no   fuera solicitada por algún tipo de inteligencia.   … En segundo lugar, las examinaciones de la Cláusula 7 han sido útiles en el desarrollo   de la política de inteligencia sobre la amenaza terrorista. En ocasiones las palabras   mencionadas en las entrevistas, a pesar de que en sí mismas no cabe considerarlas   como pruebas, pueden suponer un vestigio de consulta que dirige al enjuiciamiento. De   gran importancia, sin embargo, resultan más de un tipo indirecto de inteligencia –el   cual procede la dirección de inteligencia para la interceptación o desde la   interceptación a partir de factores de riesgo. Las examinaciones de la Cláusula 7 son   quizás más apreciadas por parte de la policía y los servicios de seguridad por su   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   habilidad para contribuir a conformar una precisa imagen de la amenaza terrorista en el   Reino Unido y los intereses extranjeros del Reino Unido.   … En tercer lugar, las examinaciones de la Cláusula 7 contribuyen a la interrupción o   disuasión. Jóvenes, inestables y de la periferia miembros de las redes de terroristas   pueden en ocasiones ser disuadidos de sus planes, por ejemplo, viajar al extranjero con   motivo del entrenamiento por su realización– comunicados en la interceptación en el   puerto –que la policía tiene una idea de quiénes son y con qué asunto están implicados.   Finalmente, la examinación de la Cláusula 7 – una vez que ha sido completada, y esta   ha sido aclarada a la persona objeto de examinación, sirve como una oportunidad para   la identificación de que aquellos sujetos quienes se muestran conformes para ser   reclutados como informantes.”   E. El informe del Revisor Independiente de la legislación de terrorismo sobre   la operación de la Ley de Terrorismo en 2012   49.   En este informe el Revisor Independiente indicó específicamente si la   Cláusula 7 debería incluir un requerimiento de “sospecha razonable”. En particular,   él trató de explorar con la policía y los servicios de inteligencia el alcance por los   cuales la detención no fuera dirigida por la inteligencia o, de otro modo, estuviera   basado en la sospecha, y si ello resultó útil. Él observó que los argumentos   generales del poder no se basan en una mera sospecha e incluyó lo siguiente:   “Existía sospecha razonable (o incluso simplemente sospecha subjetiva) para ser   requerido por todas las interceptaciones:   (a) La amenaza disuasoria sustancial a partir de la Cláusula 7 en su forma actual podría   evitarse, aunque se utilizaron “pieles claras” para transportar las herramientas   relativas al negocio del terrorismo.   (b) Cualquiera que fuera interceptado conocería que la policía tenía evidencia para   sospechar de ellos; el mero hecho de una interceptación podría así alertar a los   viajeros de la existencia de vigilancia, bien sea humana o técnica, con   consecuencias que podrían incluir el fin de la vigilancia efectiva y la puesta en   peligro de una fuente humana.   (c) Las autoridades estarían inhabilitadas para interceptar e interrogar a la compañía de   los viajeros de una persona al respecto de la que ellos sospechaban de estar   involucrado en el terrorismo: el mero hecho de viajar junto a una persona   sospechosa no sería suficiente para constituir una sospecha razonable de   implicación en terrorismo.”   50.   El revisor independiente fue informado por el MI5 y la policía sobre un   número de interceptaciones no sospechosas en los meses recientes las cuales   habrían traído beneficios significativos en términos de interrupción de potenciales   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   terroristas. Estas incluyeron examinaciones no dirigidas y dirigidas, a partir de la   que podría ser suficiente aplicar la inteligencia sobre una persona que merecería ser   interceptada sin que el límite de las sospechas razonables fuera alcanzado. Al   tiempo que él aceptó que un número de interceptaciones hubieron sido “un valor   real en la protección de la seguridad nacional”, él reconoció que ello no se realizó   automáticamente de manera proporcional. Él consideró que esto fue en último lugar   una cuestión parlamentaria, pero indicó que cualquier requerimiento de sospecha   “reduciría la eficacia potencial de la cláusula 7. De igual forma, sin embargo, ellos   darían una medida de protección a las personas quienes pudieran ser de hecho   seleccionadas por estas indicaciones sin ni siquiera ser objeto de sospecha de ningún   crimen”   51.   El Revisor Independiente también abordó la predisposición para   responder al interrogatorio bajo la Cláusula 7. A este respecto, él indicó que:   “La compulsión para dar respuesta a las cuestiones bajo la Cláusula 7 es la esencia de   tal potestad, su utilidad más allá de las preguntas cuando ello persigue no solo   identificar a las personas como terroristas sino también reunir inteligencia – un   importante subproducto de la examinación de la cláusula 7, aunque ello no puede servir   nunca como el principal motivo para la interceptación.   Un poder tan fuerte requiere una protección fuerte sobre el uso al respecto del cual las   respuestas pueden ser tratadas. Por lo menos, es esencial que las respuestas no sean   utilizadas en procedimientos donde se pudiera incriminar a la persona que las dio. Yo   creo que puede ser generalmente aceptado que las respuestas dadas bajo compulsión en   los interrogatorios de conformidad con la cláusula 7 nunca podrían ser utilizadas como   prueba criminal…”   F. La Ley de Comportamiento Antisocial, Crimen y Policía de 2014   52.   La Ley de Comportamiento Antisocial, Crimen y Policía de 2014 (“la   Ley de 2014”) produjo numerosos cambios en los poderes conferidos por la   Cláusula 7. Más concretamente, se requirió a los oficiales de examinación para la   detención de una persona si ellos pretendieran examinarla por una duración   superior a una hora; se redujo el máximo del periodo de detención de nueve horas a   seis horas; se introdujo un requerimiento para el periodo de revisión de la detención   por parte de un oficial de revisión; y se requirió que el interrogatorio de un   examinado no debe comenzar hasta después de la llegada del abogado requerido, a   menos que la postergación del interrogatorio sería probable que produjese un   perjuicio en la determinación de las cuestiones relevantes del caso.   53.   La Ley de 2014 también requirió que los oficiales de examen deberían   ser designados para tal finalidad por el Secretario de Estados y un Código de   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   Práctica debería ser utilizado el cual se utilizaría para su práctica por parte de   aquellos.   54.   Una nueva versión del Código de Práctica fue promulgada en julio de   2014 para reflejar aquellas enmiendas y también la decisión judicial del Tribunal   Supremo en el asunto de la demandante. En particular, se proporcionó que los   poderes conferidos por la Cláusula 7 podría ser utilizados únicamente por oficiales   de policía quienes hubieran sido acreditados por el oficial superior al haber   obtenido un standard de validez nacional en el uso de tales poderes; y ello confirmó   que el ejercicio de tales poderes no debe ser arbitrario.   55.   Se proporcionó también que las personas detenidas tenían derecho a   consultar con un abogado en privado en cualquier momento, y que el oficial de   examinación tendría que posponer el interrogatorio hasta que la persona hubiera   consultado a su abogado en privado, a menos que el oficial de examinación creyera   razonablemente que la postergación del interrogatorio sería probable que fuera en   perjuicio de la finalidad del examen.   G. Informes anuales posteriores del Revisor Independiente de la legislación   sobre terrorismo   1. 2013   56.   En su revisión de la aplicación de la legislación sobre terrorismo en   2013, el Revisor Independiente hizo algunas aclaraciones sobre la aparente   “considerable desproporcionalidad” entre la clasificación étnica de aquellos que   fueron examinados y detenidos bajo la Cláusula 7 y la clasificación étnica del   público general de los usuarios de puertos o aeropuertos. En particular, él notó que   el poder conferido por la Cláusula 7 no pretendía ser ejercido al azar pero sí para   obtener información sobre las personas implicadas en la comisión, preparación o   instigación de actos de terrorismo. Como los terroristas no estaban, en ningún   momento, distribuidos entre diferentes grupos étnicos, si la potestad de examen   estaba siendo utilizada hábilmente, uno esperaría que su ejercicio no fuera   étnicamente proporcional ni para la población del Reino Unido ni siquiera para la   población que hacen uso de los aeropuertos pero sí entre la población de terroristas   que viajan a través de los puertos del Reino Unido. En conclusión, él estableció que   él no tenía motivos para creer que los poderes conferidos por la Cláusula 7   estuvieron siendo ejercidos de un modo racialmente discriminatorio.   57.   Aunque el Revisor Independiente dio la bienvenida a las enmiendas que   fueron introducidas por la Ley de Comportamiento Antisocial, Crimen y Policía de   2014, él identificó tres cuestiones que él había abordado previamente las cuales   seguían siendo excepcionales:   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   “a) el hecho de que no se requiera sospecha para el ejercicio de la mayoría de los   poderes conferidos por la Cláusula 7, incluyendo el poder para detener y descargar   contenidos de un móvil u ordenador portátil;   b) el hecho de que las respuestas dadas bajo presión no sean reveladas expresamente en   un procedimiento criminal; y   c) la necesidad de establecer reglas claras y proporcionales para el gobierno de los datos   que se obtienen a partir de dispositivos electrónicos.”   58.   Él recomendó, inter alias, que la detención debería estar permitida solo   cuando el oficial superior mostrara su conformidad de que todos los motivos para   sospechar de la persona en cuestión se incluyen dentro de la sección 40(1)(b) y la   detención es necesaria para contribuir a la determinación ya sea él tal persona; la   que en aquella revisión periódica, una detención puede ser extendida solo cuando   un oficial superior siga mostrando su conformidad de que allí continúan estando los   motivos para la generación de sospechas de que aquella persona se incluye dentro   de la sección 40(1)(b), y de que la detención continúa siendo necesaria para   determinar si ya sea él tal persona; y de que una prohibición reglamentaria debe ser   implementada para la introducción de las admisiones de la Cláusula 7 en una   subsecuente prueba criminal.   59.   Finalmente, él expresó su creencia de que sus recomendaciones   mejorarían la justicia y responsabilidad sin reducir la eficacia de los poderes   conferidos por la Cláusula 7 o la exposición del público general a un riesgo   adicional de terrorismo. Él observó que sus recomendaciones habían sido   respaldadas por el Comité Conjunto sobre Derechos Humanos, el cual estuvo de   acuerdo al completo con ello, cuidando el margen para la detención y la copia de   datos, los cuales aconsejaban que debe requerirse una sospecha razonable; y el   Comité de Asuntos de Interior, el cual expresó su perspectiva sobre la introducción   de una prueba de sospecha para los poderes auxiliares, el uso de las respuestas   dadas bajo la compulsión en un tribunal criminal y el tratamiento de los materiales   legalmente protegidos, excluido el material y el material del procedimiento especial   que debe ser objeto de una revisión ulterior.   2. 2015   60.   En su revisión de la aplicación de la legislación sobre terrorismo en   2015, el Revisor Independiente repitió las recomendaciones siguientes:   “(a)Que el límite de la sospecha debe ser aplicado para la detención y la copia de datos   a partir de dispositivos electrónicos personales;   (b) Que la salvaguarda debe ser proporcionada con respecto al material legalmente   protegido, excluido el material y el material del procedimiento especial;   (c) Que la salvaguarda debe ser aplicada para los datos electrónicos privados obtenidos   bajo la Cláusula 7; y   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   (d) Que debe haber una prohibición reglamentaria a la introducción de las admisiones   de la Cláusula 7 en una subsecuente prueba criminal.”   3. 2016 y 2017   61.   Finalmente, en su revisión de la aplicación de la legislación sobre   terrorismo en 2017, el Revisor Independiente indicó que mientras que había habido   una disminución significativa en el número total de examinaciones en años   recientes, había habido un incremento en el número de “detenciones efectuadas”.   De acuerdo al Revisor Independiente, este no fue un patrón particularmente   preocupante, y fue probablemente debido a una mejor captura de datos de los   pasajeros a través del Reino Unido, y un mejor uso de las técnicas de   monitorización.   H. El Proyecto de Ley contra el Terrorismo y la Seguridad Fronteriza   62.   La finalidad del Proyecto de ley, el cual fue introducido el 5 de junio de   2018 es “realizar determinadas provisiones en relación con el terrorismo; realizar   provisiones para habilitar a las personas a ser objeto de interrogatorio en los puertos   y fronteras de acuerdo a la seguridad nacional y otros fines relacionados”.   63.   El Proyecto de ley contiene una prohibición sobre la admisibilidad en   juicio de las respuestas a las preguntas que se realizan a un individuo cuando es   interceptado en un puerto o frontera bajo la Cláusula 7 del TACT.   64.   La Cláusula 3 del Proyecto de ley también contiene un poder – modelado   sobre la Cláusula 7 del TACT – para los oficiales de examinación al interrogar a   cualquier persona que se encuentre en un puerto del Reino Unido o en el área   fronteriza del Norte de Irlanda con el propósito de determinar si la persona parece   estar, o ha estado, implicada en “actividad hostil”. Al igual que con la Cláusula 7, el   poder para examinar a una persona puede ser ejercido tanto si hay motivos de   sospecha como si no de que una persona está implicada en actividad hostil.   I. Caso de ley relevante   1. R (David Miranda) c. Secretario de Estado para el Departamento de Interior   y el Comisionado de Policía de la Metrópoli [2016] EWCA Civ 6   65.   El señor Miranda es el esposo de un periodista que hubo recibido un   material encriptado por parte de Edward Snowden. Los datos, los cuales contenían   material de inteligencia del Reino Unido, hubieron sido sustraídos de la Agencia de   Seguridad Nacional. El señor Miranda estuvo detenido durante nueve horas por los   oficiales de la Policía metropolitana en el aeropuerto de Heathrow el 18 de agosto   de 2013, supuestamente bajo el parágrafo 2(1) de la Cláusula 7 del TACT. Él fue   interrogado y los objetos en su posesión, dispositivos de almacenamiento   notablemente encriptados, le fueron requisados. El servicio de seguridad hubo   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   preguntado a la policía para realizar la interceptación, con el principal objetivo de   reducir el riesgo para la seguridad nacional derivado del material en posesión del   señor Miranda.   66.   En el procedimiento de revisión judicial el señor Miranda reclamó que el   uso del poder conferido por la Cláusula 7 contra su persona no era conforme a   Derecho porque (i) el poder fue ejercido con un propósito no permitido por la   norma; y (ii) su uso constituyó una injerencia desproporcionada a sus derechos bajo   los artículos 5, 8 y 10 del Convenio. Él también reclamó que el uso de tal poder era   incompatible con lo derechos garantizados por el artículo 10 del Convenio en   relación con el material periodístico.   67.   El Tribunal de Apelación aceptó que la policía ejerció el poder para su   propia finalidad de determinar si el señor Miranda parecía ser una persona que se   incluyese dentro de la sección 40 (1)(b) del TACT. El hecho de que el ejercicio del   poder conferido por la Cláusula 7 también promovía diferentes fines en relación a   los servicios de seguridad (pero superponiéndose) no significaba que el poder no   fue ejercido de acuerdo a la finalidad de la Cláusula 7. A este respecto, la policía   hubo reconocido claramente que ellos podrían no actuar como un medio para el   logro de la finalidad de los servicios de seguridad, y hubo tenido que ser persuadido   de que las condiciones para el ejercicio de la interceptación conforme a la Cláusula   7 hubieron sido conocidos con anterioridad a que ellos mostraran su conformidad   con el procedimiento. Asimismo, cuando el Parlamento hubo establecido la   prohibición para el ejercicio del poder conferido por la Cláusula 7 a un nivel   bastante bajo, la potestad de examen tuvo que ser dada para proporcionar una   oportunidad para la constatación de tal posibilidad, el Tribunal aceptó que el poder   fue ejercido con un propósito legítimo. Al determinar la proporcionalidad, el   Tribunal aceptó que la interceptación bajo la Cláusula 7 fue una injerencia a la   libertad de prensa, pero mantuvo que resultaba los convincentes intereses de la   seguridad nacional claramente superaron los derechos del señor Miranda bajo el   artículo 10 sobre los hechos del presente caso.   68.   Sin embargo, en relación a la compatibilidad de los poderes conferidos   por la Cláusula 7 con el artículo 10 del Convenio, el Tribunal encontró que las   reclamaciones sobre el ejercicio de los poderes no compensaron de manera efectiva   la protección de los derechos de los profesionales de la información de acuerdo al   artículo 10. La preocupación principal del Tribunal era que la divulgación del   material periodístico (tanto si estuviera involucrada la identificación de la fuente   periodística como si no) socavaba la confidencialidad inherente a tal material y el   cual era necesario para evitar la flexibilidad en la divulgación y protección de los   derechos recogidos en el artículo 10. Si los periodistas y sus fuentes pudieran no   tener expectativas de confidencialidad, ellos podrían decidir contra el proporcionar   información o material sensible de interés público. En consecuencia, no resultó   relevante el que los poderes conferidos por la Cláusula 7 pudieran ser ejercidos   únicamente en un área geográfica determinada o que una persona pudiera no ser   detenida durante más de 9 horas. De manera similar, al tiempo que el hecho de que   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   los poderes tuvieron que ser ejercidos racional y proporcionalmente y en base a la   buena fe favoreció un nivel de protección, la única salvaguarda contra los poderes   de examen no estando de ejercicio fue la posibilidad del procedimiento de revisión   judicial. No obstante lo anterior, mientras que la revisión judicial podría ser una   protección adecuada en el contexto de los artículos 5 y 8, ello proporcionaría una   pequeña protección contra el daño originado si el material periodístico fuera   divulgado y utilizado en circunstancias donde no debería ocurrir.   2. R (CC) c. Comisionado de Policía de la Metrópoli y otros [2012] 1 WLR   1913 y R (sobre la aplicación de Elostra) c. Comisionado de Policía de la   Metrópoli [2014] 1 WLR 239   69.   En R (CC) el Alto Tribunal defendió un desafío por parte de un individuo   contra el uso del poder conferido por la Cláusula 7 sobre la base de que los oficiales   de examinación no estuvieron de hecho ejerciéndolo de acuerdo a la finalidad de   determinar si la persona parecía ser un terrorista. El reclamante fue un nacional   británico quien hubo sido arrestado en Somalia y deportado al Reino Unido. Con   carácter previo a su regreso, una orden de control fue ejectuada contra él. El Alto   Tribunal encontró que los poderes de la Cláusula 7 fueron ejercidos a su llegada   para el propósito de obtener información – sin ninguna apreciación de alegaciones   con motivo de tortura – la cual podría confirmar la propiedad de la realización de la   orden de control. De acuerdo al Tribunal, ello no tuvo nada que hacer en la   determinación sobre si él parecía ser un terrorista en una forma en particular y   como consecuencia el poder no hubo sido utilizado conforme a Derecho. Sin   embargo, al alcanzar esta conclusión el juzgado remarcó:   “No tengo duda de que esto es un caso muy extraño y que esta decisión no perjudicará   la eficacia de tales poderes. A ellos se les da adecuadamente una amplia constitución   por los motivos establecidos pero no pueden extenderse a los hechos de este caso.”   70.   En R(Elostra) el Alto Tribunal mantuvo que un examen bajo la cláusula   7 que fue conducida sin la adherencia a la protección adecuada no fue conforme a   Derecho. Más concretamente, se mantuvo que una persona que fuera detenida bajo   la Cláusula 7 – en la estación de policía o en cualquier lugar – sería, en virtud del   Código de Práctica, autorizado a solicitar el consejo legal antes de dar respuesta a   cualquier pregunta.   3. R. c. Gul [2013] UKSC 64   71.   La cuestión principal en esta apelación fue la definición de “terrorismo”   en la sección 1 del TACT; más específicamente, ya sea que incluyese un ataque   militar por parte de grupos armados no vinculados al Estado contra las fuerzas   armadas nacionales como las fuerzas armadas internacionales en un conflicto   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   armado no internacional. El Tribunal Supremo mantuvo que no había base para la   lectura con normalidad, en un sentido muy amplio, del significado de la sección 1   del TACT de manera restrictiva. La definición hubo sido dada claramente en un   sentido deliberadamente amplio para tener en cuenta varias y posibles formas no   predeterminadas como el terrorismo pudiera presentarse, y los cambios que   pudieran ocurrir en el escenario político y diplomático. Además, las obligaciones   internacionales del Reino Unido podrían no requerir definir “terrorismo” más   estrechamente, desde que no fue aceptada la definición de “terrorismo” en el   Derecho Internacional.   72.   El Tribunal indicó, sin embargo, que la muy amplia definición de   “terrorismo” dio lugar a ciertas consideraciones. Mientras el asunto no implicaba al   uso de los poderes conferidos por la Cláusula 7, se observó que:   “63. El segundo punto general es que la amplia definición de “terrorismo” no solo da   lugar a la preocupación en relación a una discreción procesal muy amplia otorgada por   las leyes de 2000 y 2006, como se discute en los parágrafos 36-37 más arriba. Las dos   regulaciones también otorgan poderes intrusivos sustanciales a la policía y a los   oficiales de inmigración, incluyendo la interceptación y el registro, los cuales dependen   de lo que parece ser una discreción muy amplia por su parte. Al tiempo que la necesidad   de otorgar de manera amplia, incluso intrusiva, determinadas potestades a la policía y a   otros oficiales en relación al terrorismo es incomprensible, el hecho de que los poderes   son tan irrestrictos y la definición de `terrorismo´ resulta tan amplia que ello significa   que tales poderes son probablemente o incluso más preocupantes que los poderes del   fiscal a los que dan lugar las regulaciones anteriores.   64. Así, bajo la Cláusula 7 de la Ley de 2000, el poder para interceptar, interrogar y   detener en puerto y frontera es dejado al criterio del oficial de examinación. El poder no   está sujeto a ningún control. En efecto, el oficial no es ni siquiera requerido para tener   motivos de sospecha de que la persona en cuestión se incluye dentro de la sección 40(1)   de la Ley de 2000 (por ejemplo, que `él ha cometido una infracción´, o que `él está o ha   estado involucrado en la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo´), o   incluso que cualquier infracción ha sido o pueda ser cometida, antes de que comience   una examinación para comprobar si la persona se incluye dentro de aquella subsección.   Sobre esta apelación, no estamos, por supuesto, directamente involucrados con la   cuestión del presente caso. Pero la detención de una menor proporcionada por la   Cláusula representa la posibilidad de una seria invasión de la libertad personal.”   FUNDAMENTOS DE DERECHO   I. ALEGACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO   73. La demandante reclamó que el ejercicio de los poderes de la Cláusula 7   vulneraron sus derechos conforme al artículo 8 del Convenio, el cual se lee como   sigue:   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   “1. Todo el mundo tiene el derecho de que se respete la vida privada persona y familiar, su   hogar y su correspondencia.   2. No debe haber interferencia por parte de la autoridad pública con el ejercicio de sus   derechos tal y como consta en la ley y es necesario en una sociedad democrática en los   intereses de la seguridad nacional, la seguridad pública o el bienestar económico del país,   para la prevención del desorden o el crimen, para la protección de la salud y la moral, o   para la protección de los derechos y libertades de los demás.”   74. El Gobierno dio contestación a aquel argumento.   A. Admisibilidad   75. El Tribunal anotó que esta reclamación no está manifiestamente infundada   dentro del significado del parágrafo 3 (a) del artículo 35 del Convenio. También se   anota que no resulta admisible sobre ningún otro motivo. Por ello, tiene que ser   declarado admisible.   B. Méritos   1. Sobre si hubo una interferencia con los derechos del demandante bajo el   artículo 8 del Convenio   76. El Gobierno aceptó que, tomado como un todo, el examen del demandante   conforme a la Cláusula 7 del TACT dio lugar a una interferencia con el derecho   garantizado por el artículo 8 del Convenio. En el presente supuesto, junto al hecho de   ser detenido e interrogado, el demandante y su equipaje fueron registrados. En Gillan   y Quinton c. el Reino Unido, número 4158/05, parágrafo 63, CEDH 2010 (extractos)   el Tribunal sostuvo que el uso de “poderes coercitivos” para requerir a un individuo   someterse a un “registro detallado de su persona, su ropa y sus pertenencias   personales” equivalía a una clara interferencia con el derecho al respeto de la vida   privada. Al tiempo que el Tribunal expresamente reconoció la distinción potencial   entre los poderes de “interceptar y registrar” bajo la sección 44 del TACT y “la   búsqueda a la que los pasajeros se someten sin queja en los aeropuertos o en las   entradas de edificios públicos” (ver Gillan y Quinton, citado anteriormente, parágrafo   64), los poderes de la Cláusula 7 fueron claramente más amplios que los poderes de   inmigración al respecto de los que los pasajeros pueden esperar razonablemente ser   objeto. En vista de ambos hechos, y la concesión del Gobierno, el Tribunal aceptaría   que hubo una interferencia con los derechos del demandante bajo el artículo 8 del   Convenio.   2. Sobre si tal interferencia fue “conforme a Derecho”   (a) La presentación de las partes   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   (i) El demandante   77. El demandante argumentó que los poderes conferidos por la Cláusula 7   resultaron insuficientemente circunscritos y contenían una protección inadecuada para   resultar “conforme a Derecho”. En el año de su examinación, más de 68.000 personas   fueron interceptadas conforme a la Cláusula 7. La ausencia de ningún requerimiento   de motivos objetivos de tal sospecha, o incluso sospecha subjetiva, significaron que un   oficial podría ejercer tales poderes en base a no más que a una premonición, lo cual   dio lugar a un considerable horizonte para la mediación de factores y motivos extraños   – tales como sesgos y prejuicios arraigados – para influir en la forma como un oficial   procedió a la selección de los individuos en su interceptación e interrogación.   78. Más concretamente, el demandante sostuvo que los poderes bajo el régimen de   la Cláusula 7 fueron más intrusivos que los poderes de la interceptación y el registro   bajo las secciones 44-45 del TACT, las cuales el Tribunal hubo sostenido como “no   conformes a Derecho” in Gillan y Quinton. En primer lugar, la sección 44 requería un   oficial superior para dar su autorización en caso de que él pensara que ello resultara   “conveniente para la prevención de los actos de terrorismo”. En contraposición, los   poderes de la Cláusula 7 se aplicaron en todo momento y en todos los puertos. En   segundo lugar, mientras que los poderes bajo las secciones 44 y 45 fueron dirigidos de   acuerdo a una estrecha finalidad de “búsqueda de artículos de un tipo que pudiera ser   utilizado en conexión con el terrorismo”, los poderes conferidos por la Cláusula 7   tuvieron una finalidad más general y permitieron una investigación más amplia sobre   las actividades de los individuos, creencias y movimientos. En tercer lugar, la sección   45 solo permitía a un oficial el registrar las ropas y posesiones de otra persona, y la   detención estaba permitida únicamente de acuerdo a lo necesario a lo establecido por   los límites del registro. En contraposición, la examinación sin sospecha de la Cláusula   7 podría tener lugar en una estación de policía, y podría permitir un registro invasivo y   detallado, en el momento en que el demandante era interceptado, la detención podría   durar más de 9 horas. En cuarto lugar, la sección 45 no incluía ningún poder para   interrogar, mientras que la Cláusula 7 permitía una interrogación de larga duración   para que una persona fuera obligada por ley a contestar. Finalmente, la sección 45   permitía a un oficial custodiar los objetos encontrados durante el registro de una   persona solo en caso de que el oficial tuviera sospechas razonables de que tal objeto   pretendiera ser utilizado en conexión con el terrorismo. La Cláusula 7, por otro lado,   permitía que cualquier objeto fuera custodiado durante siete días para su examinación,   tanto si existiera como si no sospecha alguna.   79. De acuerdo a la demandante, hubo también importantes similitudes entre la   sección 44 y los poderes de la Cláusula 7: ambos se incluían dentro del mismo marco   de la legislación contra el terrorismo bajo el TACT; ambos incluyen medidas   invasivas las cuales pueden ser utilizadas sin motivos subjetivos de sospecha; el uso de   ambos conjuntos de poderes tuvo un impacto significativamente desproporcionado   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   sobre las personas de origen étnico no blanco; y las salvaguardas dependientes del   Gobierno fueron muy similares.   80. A este respecto, el conocimiento de la demandante de que algunas protecciones   existieron, aquellos notablemente identificados por parte del señor Hughes en el   Tribunal Supremo. Sin embargo, ella (la demandante) argumentó que ello resultó   insuficiente para conocer el requerimiento de la legalidad. Para empezar, dado el   elevado número de personas que se circulan a través de los puertos del Reino Unido   cada día, el hecho de que los poderes conferidos por la Cláusula 7 se redujeran a los   viajeros en los puertos ello no redujo significativamente su impacto. Además, los   poderes de la Cláusula 7 podrían no ser equiparados con los poderes de inmigración, al   respecto de los cuales los viajeros pueden esperar razonablemente ser objeto. Ellos   estaban basados en los puertos porque ellos eran un “cuello de botella” y no porque   ellos tuvieran ninguna conexión específica con el viaje de una persona.   81. Asimismo, la restricción a la finalidad reglamentaria, la restricción   especialmente a oficiales entrenados y acreditados, y las restricciones sobre el tipo de   registro y duración del interrogatorio proporcionó una insignificante protección la cual   no redujo el riesgo de arbitrariedad en el ejercicio de lo definido en general, poder sin   sospecha. Ello trajo consigo especialmente que el Código vigente en ese momento de   la examinación del demandante no le dijese al oficial de examinación cómo   determinar que ni los poderes conferidos por la Cláusula 7 fueron proporcionales ni   que ello les requiriera mantener al mínimo la interferencia con los derechos   fundamentales. Aunque los individuos tenían derecho a solicitar un abogado, ello no   ofreció ninguna protección contra el riesgo de la selección arbitraria en primer lugar, y   en ningún caso los oficiales estaban legitimados para interrogar a una persona en la   ausencia de un abogado (como ocurrió en el presente supuesto).   82. Además, el aviso explicativo dado a los sujetos del interrogatorio resultó   genérico; los oficiales de examinación no fueron obligados a explicar las razones de   por qué un individuo particular fue seleccionado para examinación bajo la Cláusula 7.   No hubo tampoco ningún requerimiento para los oficiales de dejar constancia de la   razón por la que un individuo particular fue seleccionado para examinación, y a partir   del ejercicio legal de los poderes no estuvo condicionado a ninguna sospecha   (razonable o de otro modo) el margen para el uso de un procedimiento de revisión   judicial para incentivar la examinación bajo la Cláusula 7 estuvo extremadamente   limitado. Finalmente, el Revisor Independiente solo llevó a cabo una revisión post-hoc   de un reducido número de interceptaciones bajo la Cláusula 7, desde que sus   capacidades no se extendieron a la monitorización puerto a puerto, y el Gobierno no   estaba obligado a dar efecto a ninguno de los cambios que é propuso.   (ii) El Gobierno   83. El Gobierno afirmó que el ejercicio de un poder en una base sin ninguna   sospecha podría ser “conforme a Derecho”. En tal caso, los factores relevantes para ser   considerados fueron el campo cubierto por la medida en cuestión (siendo relevante el   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   nivel de precisión requerido); y la norma de referencia junto con cómo el sistema es   implementado en la práctica.   84. En cuanto al campo cubierto por la medida, el Gobierno estableció que estuvo   focalizado en los puntos de entrada y de salida del Reino Unido. En tanto que estos   puntos fueron la primera línea de defensa contra la entrada y salida de terroristas, ellos   proporcionaron una oportunidad única de monitorizar las comprobaciones donde ellos   eran más probable que resultaran más efectivos.   85. En relación con la norma de referencia, el Gobierno argumentó que hubo   suficiente garantías y efectividad en la forma como su realización encontró los   requerimientos de la legalidad. Concretamente, ellos prestaron especial atención a los   factores identificados por el señor Hughes y el señor Hodges, los cuales fueron   adoptados por el señor Neuberger y el señor Dyson; en otras palabras: la restricción a   aquellos pasajeros tanto hacia como fuera del país; la restricción a la finalidad   reglamentaria; la restricción a los oficiales de policía especialmente entrenados y   acreditados; las restricciones sobre la duración del interrogatorio; las restricciones   sobre el tipo de registro; el requerimiento para dar un aviso explicatorio a aquello   sobre lo que se le ha interrogado, incluyendo el procedimiento de reclamación; el   requerimiento de permitir la consulta con un abogado y la notificación a una tercera   parte; el requerimiento para que la grabación sea almacenada; la viabilidad de la   revisión judicial; y la supervisión continua del Revisor Independiente.   86. Además, no hubo evidencia de que los poderes hubieran sido usados en un   sentido racialmente discriminatorio, y de hecho tal uso fue expresamente prohibido   por el Código de Práctica.   (b) La evaluación del Tribunal   (i) Principios generales   87. Las palabras “conforme a Derecho” requiere de una medida impugnada para que   ambos tengan su base en el Derecho interno y sea compatible con la regla de la Ley, la   cual es expresamente mencionada en el preámbulo del Convenio e inherente al objeto   y finalidad del artículo 8. La Ley tiene que ser, por ello, adecuadamente accesible y   previsible, esto es, formulada con suficiente precisión para habilitar al individuo – en   caso de que necesite un consejo apropiado – para regular su conducta (S. y Marper c.   Reino Unido [GC], números 30562/04, parágrafos 95 y 96, CEDH, 2008).   88. Para que el Derecho interno cumpla estos requerimientos debe permitirse una   medida de protección legal contra la interferencia arbitraria por parte de las   autoridades públicas con los derechos de protegidos por el Convenio. En los asuntos   que afectan a los derechos fundamentales sería contrario a la regla de la Ley, uno de   los principios básicos de una sociedad democrática consagrada en el Convenio, para   un criterio legal otorgado al ejecutivo para ser expresado en términos de un poder sin   restricciones. En consecuencia, la ley tiene que indicar con suficiente claridad el   alcance de cualquier criterio conferido a las autoridades competentes en la forma de su   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   ejercicio (Rotaru c. Romania [GC], número 28341/95, parágrafo 55 CEDH 2000-V;   Hasan y Chaush c. Bulgaria [GC], número 30985/96, parágrafo 4, CEDH 2000-XI;   Maestri c. Italia [GC], número 39748/98, parágrafo 30, CEDH, 2004-I; ver también,   entre otros ejemplos, Gillan y Quinton c. Reino Unido, número 4158/05, parágrafo 77,   CEDH, 2010 (extractos)). El nivel de precisión requerido del Derecho interno – el cual   no puede en ningún caso proveer para cada eventualidad – depende de un grado   considerable sobre el contenido del instrumento en cuestión, el campo es diseñado   para cubrir y el número y nivel de aquellos a quienes está dirigido (ver, por ejemplo,   Hashman y Harrup c. Reino Unido [GC], número 25594/94, parágrafo 31, CEDH   1999-VIII; S. y Marper, citado más arriba, parágrafo 96; Gillan y Quinton, citado más   arriba, parágrafo 77; e Ivashchenko c. Rusia, número 61064/10, parágrafo 73, 13 de   febrero de 2018).   (ii) Aplicación de tales principios al caso en cuestión   89. El Tribunal indica que el poder en cuestión tiene una base legal en el Derecho   interno, reconocida como Cláusula 7 del TACT y del Código de Práctica que le   acompaña. Desde la perspectiva de la reclamación del demandante, la principal   cuestión para el Tribunal para dirigir en el presente caso es si, al tiempo en que el   demandante fue interceptado en el aeropuerto East Midlands, la protección   proporcionada por el Derecho interno interrumpió de manera suficiente los poderes   para ofrecer la adecuada protección del demandante contra la interferencia arbitraria   con sus derechos con respecto a su vida privada. Al realizar esta evaluación, se   considerarán los siguientes factores: el alcance geográfico y temporal de tal potestad;   el criterio permitido a las autoridades al decidir si y cuándo ejercer tales poderes;   cualquier reducción sobre la injerencia ocasionada por el ejercicio de tales poderes; la   posibilidad de revisar judicialmente el ejercicio de tales poderes; y cualquier vigilancia   independiente del uso de los poderes.   (a) El alcance geográfico y temporal de los poderes   90. Los poderes de la Cláusula 7 pueden ser ejercidos únicamente por los oficiales   de policía en los puertos y controles fronterizos. La mayoría del Tribunal Supremo   consideró que esta restricción distinguía el caso de Gillan y Quinton, citado   anteriormente, desde que “los poderes de interceptación y registro” bajo la sección 44   del TACT podían ser ejercidos a lo largo del Reino Unido en su totalidad (ver   parágrafo 27 más arriba). Sin embargo, el señor Kerr, en su opinión disidente,   consideró que los poderes de la Cláusula 7 eran mucho más amplios que los poderes   “de interceptación y registro”, desde que ellos no estaban sujetos a ninguna   autorización expresa y ellos no estaban temporal ni geográficamente limitado. Como   consecuencia, ellos tuvieron el potencial para afectar a 245 millones de personas que   se desplazan a través de los puertos y fronteras del Reino Unido cada año (ver   parágrafo 33-36 más arriba).   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   91. A pesar de que el Tribunal encuentre cierta lógica detrás de la comparación con   Gillan y Quinton, la cuestión importante no es si los poderes de la Cláusula 7 eran más   amplios o estrechos que los poderes de “interceptación y registro” o cómo la   protección la cual reduce el ejercicio de ambos poderes, sino más bien si el escenario   de la Cláusula 7, evaluado en su conjunto, contiene suficientes garantías para proteger   al individuo contra la injerencia arbitraria.   92. A este respecto, mientras que el Tribunal aceptaría en vista de su aplicación   permanente en todos los puertos y controles fronterizos, los poderes de la Cláusula 7   presentan un amplio alcance, lo que no supone, en sí mismo, ir contra el principio de   legalidad. El Tribunal ha reconocido expresamente a ambos la seria amenaza que los   estados contratantes actualmente tienen que hacer frente a causa del terrorismo   internacional (ver, por ejemplo, Chahal c. Reino Unido, de 15 de noviembre de 1996,   parágrafo 79, Informes de Juicios y Decisiones 1996-V; A. y Otros c. Reino Unido   [GC], número 3455/05, parágrafo 181, CEDH, 2009; A. c. Países Bajos, número   4900/06, parágrafo 143, de 20 de julio de 2010; Trabelsi c. Bélgica, número 140/10,   parágrafo 117, CEDH, 2014 (extractos); y Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido,   número8139/09, parágrafo CEDH, 2012).) y la importancia de controlar los   movimientos internacionales de los terroristas (ver, por ejemplo, McVeigh, o´Neill y   Evans c. Reino Unido (1981) 5 EHHR (en inglés) 71, parágrafo 192). Los puertos y   controles fronterizos proporcionarán inevitablemente un punto de atención crucial para   la detección y prevención del movimiento de terroristas y frustrar ataques terroristas.   En efecto, todos los Estados utilizan sistemas de inmigración y control de mercancías   en sus puertos y fronteras, y mientras que estos controles son diferentes en su   naturaleza a los poderes de la Cláusula 7, se da sin embargo el caso de que todas las   personas que atraviesan fronteras internacionales esperan pueden esperar estar sujetas   a determinados niveles de examen.   (B) El criterio permitido a las autoridades al decidir si y cuándo ejercer los poderes   93. Los poderes de la Cláusula 7 pueden ser ejercidos por los oficiales de   examinación para la finalidad de determinar si una persona está implicada en la   comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo. Los oficiales de   examinación por ello disfrutan de un muy amplio criterio, en tanto que “terrorismo” es   ampliamente definido (ver R. c. Gul, en parágrafos 71-72 más arriba) y los poderes de   la Cláusula 7 pueden ser ejercidos tanto si él o ella como sino tienen motivos objetivos   o subjetivos para sospechar que una persona está implicada en la comisión,   preparación o instigación de actos de terrorismo.   94. En Gillan y Quinton el Tribunal criticó el hecho de que los oficiales pudieran   ejercer los poderes de interceptación y registro sin tener que demostrar la existencia de   ninguna sospecha razonable (ver Gillan y Quinton, citado más arriba, parágrafo 83).   De manera similar, en Ivashchenko el Tribunal estaba interesado sobre el hecho de que   las autoridades de mercancías hubieran sido capaces de examinar y copiar los datos   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   que contenían los ordenadores portátiles y los dispositivos de almacenamiento del   demandante sin al menos “alguna noción de sospecha razonable” de que hubiera   cometido una infracción (Ivashchenko, citado más arriba, parágrafos 84-85). Un   requerimiento de sospecha razonable es por ello una importante consideración en la   evaluación de la legalidad de un poder para interceptar e interrogar y registrar a una   persona; sin embargo, no hay nada en ningún otro caso que sugiera que la existencia   de sospecha razonable es, en sí misma, necesaria para evitar la arbitrariedad. Más bien,   esto es una evaluación por el Tribunal para tener en cuenta la realización de la escena   en su conjunto y, por las razones establecidas a continuación, no se considera que la   ausencia de un requerimiento de sospecha razonable por sí mismo prestara al ejercicio   de tal potestad en el caso del demandante ilegalidad dentro del significado del   parágrafo 2 del artículo 8 del Convenio.   95. En primer lugar, el Tribunal ha sostenido repetidamente que las autoridades   nacionales disfrutan de un amplio margen de apreciación en las cuestiones   relacionadas con la seguridad nacional (ver, entre muchos ejemplos, Konstantin   Markin c. Rusia [GC], número 30078/06, parágrafo 134, CEDH, 2012 (extractos)) y   hay una clara evidencia de que los poderes de la Cláusula 7 han sido un valor real en   la protección de la seguridad nacional. De acuerdo al Revisor Independiente, ellos   fueron “instrumentales” en “asegurar la evidencia la cual contribuye a la condena de   los terroristas” (ver parágrafo 48 más arriba). Al tiempo que la mayoría de las   examinaciones las cuales dirigieron a la condena fueron monitorizadas por   inteligencia, las examinaciones podrían ser útiles incluso si ellas no condujeran a la   condena. La inteligencia reunida durante las examinaciones contribuyó a una crear una   rica imagen de la amenaza terrorista para el Reino Unido y sus intereses extranjeros, y   podría contribuir en la interrupción o disuasión de los planes terroristas (ver parágrafo   48 más arriba). Fueron “sospechas razonables” para ser requeridas, los terroristas   podrían evitar la amenaza disuasoria de la Cláusula 7 al ser utilizada por la gente que   no había captado previamente la atención de la policía (“piel limpia”); y el mero hecho   de una interceptación podría alertar a una persona de la existencia de vigilancia (ver   parágrafo 49 más arriba).   96. En segundo lugar, es importante distinguir los dos diferentes poderes de la   Cláusula 7, estando el poder para interrogar y registrar una persona; y el poder para   detener a una persona. Como el poder de detener implicaría, en circunstancias   normales, una mayor interferencia con los derechos de la persona, y por ello presenta   un mayor potencial de abuso, ello puede estar acompañado por una protección más   rigurosa. Sin embargo, como el demandante en el presente supuesto no resultó   formalmente detenido, el Tribunal tiene que limitar su examinación a la legalidad del   poder para interrogar y registrar.   97. En tercer lugar, el Tribunal considera relevante que el poder de la Cláusula 7 – y   en particular el poder para interrogar y registrar – es un poder preliminar de investigar   expresamente proporcionado para ayudar a los oficiales emplazados en los puertos y   fronteras a investigar contra el terrorismo a cualquier persona que entre o abandone el   país. Al tiempo que no hubo requerimiento de “sospecha razonable”, una guía fue, a   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   pesar de todo, proporcionada a los oficiales de examinación lo cuales intentaron   clarificar cuando dicho criterio podía ser ejercido. De acuerdo a las notas de la guía de   actuación que acompaña al Código de Práctica en vigor al tiempo de la examinación   de la demandante, el poder tuvo que ser utilizado proporcionalmente y los oficiales   tuvieron que tomar un especial cuidado en asegurar que la selección de las personas   para la examinación no se estaba basada exclusivamente en su identidad étnica o   religión. En su lugar, la decisión de ejercer los poderes de la Cláusula 7 tuvo que estar   basada en la amenaza planteada por varios grupos de terroristas activos y estar basada   en el número de consideraciones, incluyendo los factores siguientes: fuentes de   terrorismo conocidas o bajo sospecha; individuos o grupos cuya implicación actual o   pasada en actos o amenazas de terrorismo sea conocida o esté bajo sospecha, y quienes   apoyan y patrocinan tal actividad que sean conocidos o estén bajo sospecha; cualquier   información sobre los orígenes y/o localización de grupos terroristas; actividad   terroristas actual, emergente y futura; los medios de viaje (y documentación) que un   grupo o individuos involucrado en actividad terrorista pudiera utilizar; tendencia local   emergente o patrones de viaje a través de puertos específicos o dentro de una vecindad   más amplia que pueda estar asociada a actividad terrorista (ver parágrafo 42 más   arriba). Mientras la valoración del Tribunal es no relevante para el caso en cuestión,   ello sin embargo indica que conforme a la Ley de Comportamiento Antisocial, Crimen   y Policía de 2014 y el nuevo Código de Práctica, los oficiales de examinación ahora   tienen que estar acreditados por su oficial jefe cuando se encuentran con un estándar   nacional en el uso de los poderes (ver parágrafos 54-55 más arriba).   98. En cuarto lugar, los informes del Revisor Independiente sugerirían que los   poderes no están, de hecho, siendo vulnerados (ver parágrafos 44-51 y 56-61 más   arriba). En 2011, solo el 0,03% de los pasajeros que viajaron a través de los puertos   fueron examinados bajo la Cláusula 7. En los años siguientes, el Revisor   Independiente identificó un descenso significativo en el número total de   examinaciones. Asimismo, aunque las personas de las comunidades de minoría étnica   y especialmente aquellos de etnicidad asiática y norteafricana, fueron interceptados   más a menudo que su porcentaje en la población de viajeros podría objetivamente   prever, como fue anotado por el Revisor Independiente, ello no significaba que las   examinaciones estuvieron mal dirigidas. Por consiguiente, aunque el Revisor   Independiente recomendó vigilancia, él consideró que las cifras en sí mismas no   proporcionaban ningún fundamento para la crítica a la policía.   99. A la luz de lo anterior, el Tribunal considera que es necesario determinar si las   otras salvaguardas con respecto al ejercicio de los poderes de la Cláusula 7 son   suficientes para proteger a los individuos de su ejercicio arbitrario.   (y) Cualquier reducción en la interferencia ocasionada por el ejercicio de los poderes   100. Al tiempo que la demandante fue examinada, la Cláusula 7 proveyó que una   persona detenida bajo aquel poder tendría que ser liberada no más tarde del final del   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   periodo de nueve horas desde el comienzo de la examinación (ver parágrafo 40 más   arriba). El Código de Práctica más adelante requería que el oficial de examinación   mantenga la duración de la examinación “al mínimo de lo que sea practicable”. Al   comienzo de la examinación, el oficial de la examinación tuvo que explicar a la   persona a la que concierne bien sea verbalmente o por escrito que ella estaba siendo   examinada bajo la Cláusula 7 del TACT y que el oficial tendría el poder para detenerla   si rehúsa cooperar e insiste en su liberación. Una grabación puede ser tomada de la   examinación; en el puerto, si la examinación tuvo una duración inferior a una hora, o   esencialmente, si tuvo una duración mayor (ver parágrafo 42 más arriba). Sin   embargo, a pesar del hecho de que las personas siendo examinadas eran compelidas   para dar respuesta a las preguntas planteadas, ni el TACT ni el Código de Práctica en   vigor en aquel momento hicieron ninguna provisión al respecto de una persona que   estuviera siendo examinada (la cual no fuera detenida) para contar con la atención de   un abogado. En consecuencia, las personas podrían estar sujetas a la examinación por   hasta nueve horas, sin ningún requerimiento de sospecha razonable, sin estar siendo   detenida formalmente, y sin tener acceso a un abogado.   101. La legislación ha sido modificada por la Ley de Comportamiento Antisocial,   Crimen y Policía de 2014 (ver parágrafos 52-53 más arriba), la cual obliga a los   oficiales de examinación a proceder a la detención de una persona si ellos desean   examinarla durante más de una hora. Ello además establece que el interrogatorio de un   examinado no debe comenzar hasta después de la llegada del abogado requerido, a   menos que la postergación del interrogatorio sería probable que perjudicara la   determinación de los asuntos relevantes, y da a la persona que está siendo examinada   el derecho (en la medida de lo posible) de tener a un tercero conocido informado sobre   su paradero. La Ley de 2014 también redujo el periodo máximo de detención de nueve   horas a seis horas y requería la revisión del periodo de detención por parte de un   oficial de revisión.   102. Sin embargo, el Tribunal debe tener en cuenta la legislación en vigor al   momento en que el demandante era examinado conforme a los poderes de la Cláusula   7, cuando la única salvaguarda capaz de reducir la interferencia ocasionada por el   ejercicio de tales poderes fue el requerimiento de que ella (la demandante) sea liberada   no más tarde del final del periodo de nueve horas desde que el comienzo de la   examinación.   (d) La posibilidad de revisión judicial del ejercicio de los poderes   103. Mientras sea posible solicitar la revisión judicial del ejercicio de los poderes de   la Cláusula 7, el demandante argumenta que cualquier obligación por parte del oficial   de examinación de mostrar “sospecha razonable” haría difícil, si no imposible, probar   que el poder ejercido incorrectamente. El Tribunal aceptó un argumento similar en   Gillan y Quinton, encontrando que el derecho de un individuo a desafiar una   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   interceptación y registro en la forma de la revisión judicial o una acción en daños tuvo   claras limitaciones (Gillan y Quinton, citado más arriba, parágrafo 86).   104. Aquellas limitaciones parecerían ser igualmente relevantes para enfrentarse al   poder de la Cláusula 7 en la forma de la revisión judicial. En R (Elostra) la reclamante   satisfactoriamente hizo frente a su detención bajo la Cláusula 7 sobre la base de que   los oficiales de policía no hubieron esperado a que el abogado solicitado llegara al   aeropuerto antes de comenzar el interrogarla, como requería el Código de Práctica. El   juez, por consiguiente, encontró que la acción de los oficiales hubo sido no conforme a   Derecho (ver parágrafo 70 más arriba). Sin embargo, los desafíos a la legalidad de la   decisión para el ejercicio de los poderes de la Cláusula 7 parecerían haber resultado   menos útiles. En R (David Miranda), el Tribunal de Apelación aceptó que la detención   del esposo de una periodista en el requerimiento de los servicios de seguridad, el cual   principalmente implicaba la determinación sobre si el material que el guardaba   consigo resultaba una amenaza a la seguridad nacional, fue sin embargo conforme a   Derecho desde antes de que la conformidad con la interceptación la policía confirmara   que los motivos regulatorios habían sido expresados. Al llegar a esta conclusión, el   Tribunal observó que “el Parlamento había establecido la limitación para el ejercicio   del poder de la Cláusula 7 a un nivel bastante bajo, el poder había sido concedido para   proporcionar una oportunidad para la constatación de una posibilidad” (ver parágrafo   65-68 más arriba). Mientras que en R (CC) el Tribunal encontró que los oficiales de   examinación no habían ejercido el poder de acuerdo a la finalidad de determinar si el   individuo parecía ser un terrorista o no, el juez remarcó que resultó ser “un caso muy   extraño” desde que los poderes fueron “correctamente concedieron una amplia   conformación” (ver parágrafo 69 más arriba).   105. Ello parecería por ello que la ausencia de cualquier obligación por parte de los   oficiales de examinación de mostrar “sospecha razonable” ha originado una dificultad   para las personas de tener la legalidad de la decisión para ejercer el poder revisado   judicialmente.   (€) Cualquier supervisión independiente del uso de los poderes   106. El uso de los poderes está sujeto a la supervisión independiente por parte del   Revisor Independiente de la legislación de terrorismo. El Revisor Independiente, un   papel que ha existido desde finales de 1970, es una persona independiente, designado   por la Secretaría de Interior y por el Tesoro por un periodo de años renovables y   encargado con la entrega de informes a la Secretaría de Interior y al Parlamento sobre   la aplicación de las normas contra el terrorismo en el Reino Unido. Estos informes son   presentados ante el Parlamento, para informar al público y el debate político sobre la   legislación antiterrorista en el Reino Unido. La importancia de este rol descansa en su   completa independencia del Gobierno, junto al acceso basado en un muy alto nivel de   claridad y confidencialidad e información y personal sensible sobre seguridad   nacional.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   107. La supervisión proporcionada por el Revisor Independiente no debe, por ello, ser   subestimada. Sin embargo, sus revisiones son invariablemente ad-hoc en la medida en   que él es capaz de revisar las grabaciones de la selección de examinación, él no estaría   en posición de determinar la legalidad de la finalidad de la interceptación. Asimismo,   al tiempo que los informes son escrutados al más alto nivel (el Gobierno de hecho   publica su respuesta formal a los informes anuales), un número de recomendaciones   importantes no han sido implementadas, a pesar de haber recibido el apoyo del Comité   Conjunto sobre Derechos Humanos y el Comité de Asuntos Internos. En particular, el   Revisor Independiente ha llamado repetidamente a la introducción de un   requerimiento de sospecha para el ejercicio de los poderes concretos de la Cláusula 7,   incluyendo el poder de detener y descargar los contenidos de un teléfono o un   ordenador portátil; y criticó el hecho de que tales respuestas dadas bajo compulsión no   resultan expresamente inadmisibles en un procedimiento criminal (ver parágrafos 57-   60 más arriba). Aunque el Proyecto de Ley contra el Terrorismo y la Seguridad de   Fronteras contiene una limitación sobre la admisibilidad en juicio de las respuestas a   las preguntas cuando el individuo es interceptado en un puerto o en una frontera bajo   la Cláusula 7 del TACT (ver parágrafo 63 más arriba), el Gobierno no ha introducido   ninguna limitación al respecto de las sospechas para el ejercicio del poder de   detención.   108. Por consiguiente, a pesar del valor considerable, el Tribunal no considera que la   supervisión del Revisor Independiente es capaz de compensar por el contrario   salvaguardas insuficientes para ser aplicadas en la realización del régimen de la   Cláusula 7.   (iii) Conclusión   109. En conclusión, el Tribunal considera que cuando el demandante fue interceptado   en el aeropuerto de East Midlands en enero de 2011, el poder para examinar a las   personas bajo la Cláusula 7 del TACT no fue ni suficientemente circunscrito ni sujeto   a una protección legal adecuada contra la injerencia. Al tiempo que no se considera la   ausencia de ningún requerimiento de “sospecha razonable” solo haber resultado   perjudicial para la legalidad del régimen, cuando se consideró junto con el hecho de   que la examinación podría durar hasta nuevo horas, durante las cuales el tiempo en el   que la persona estaría obligada a contestar a las preguntas sin ningún el derecho de que   estuviera presente un abogado, y la posibilidad de revisión judicial del ejercicio del   poder estaría limitada, el Tribunal encuentra que los poderes de la Cláusula 7 no   fueron “conforme a Derecho”. De ello se sigue que ha habido una violación del   artículo 8 del Convenio.   110. Para alcanzar tal conclusión, el Tribunal solo ha tenido en cuenta el poder de la   Cláusula 7 para examinar si ello ocurrió en el momento de que el demandante fuera   interceptado. No se han considerado las enmiendas que surgieron a partir de la Ley de   Comportamiento Antisocial, Crimen y Policía de 2014 y el actualizado Código de   Práctica; ni ha sido considerado el poder para detener bajo la Cláusula 7, la cual tiene   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   el potencial de traer consigo una mayor interferencia significativa con los derechos de   la persona bajo el Convenio.   II. ALEGACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DEL CONVENIO   111. El demandante asimismo presentó una queja al respecto de que ella había sido   privada de su libertad dentro del significado del parágrafo 1 del artículo 5 del   Convenio, y que la privación surgió de la violación del artículo 5 del Convenio cuando   ello no era “conforme a Derecho”.   112. El Gobierno dio contestación a tal argumento.   113. Como la reclamación está basada en los mismos hechos que la queja de la   demandante al respecto del artículo 8, ello tiene que ser declarado admisible. Sin   embargo, teniendo en cuenta la relación encontrada a la reclamación del artículo 8 (ver   parágrafos 109-110 más arriba), el Tribunal considera que ello no es necesario para   examinar si, en el presente supuesto, ha habido también una violación del artículo 5   (ver, por ejemplo, Gillan y Quinton, citado más arriba, parágrafo 57).   III.   ALEGACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DEL CONVENIO   114. La demandante asimismo presentó reclamación de que el ejercicio de los   poderes coercitivos de la policía para obligarla a proporcionar respuesta que podría   haber sido objeto de incriminación, sin ninguna garantía previa ni eficaz de que sus   respuestas (de la demandante) no sería utilizadas contra ella en un proceso criminal, lo   que violó sus derechos bajo el artículo 6 del Convenio.   115. El artículo 6 del Convenio provee, en la medida en que sea relevante:   “1. En la determinación de … cualquier cargo criminal contra él, todo el mundo tiene   derecho a ser escuchado de manera justa y pública … por un tribunal independiente e   imparcial establecido por ley”   116. El Gobierno argumentó que el proceso de examinación de la demandante fue   apartado por completo de cualquier investigación criminal. Una investigación   conforme a la Cláusula 7 no fue una investigación de una infracción que hubiera sido   cometida; el demandante no fue notificado de que ella estaba sujeta a cualquier alegato   criminal; y ningún procedimiento criminal fue practicado. En consecuencia, ninguna   cuestión surgió bajo el artículo 6.   117. La demandante sostuvo que el interrogatorio obligatorio por los oficiales de la   policía comprometió su derecho a un juicio justo bajo el artículo 6 del Convenio,   desde que la finalidad de la investigación fue habilitar a la policía para determinar si la   persona que estaba siendo interrogada parecía ser un “terrorista”. Aunque la definición   de “terrorista” resultó ser extremadamente amplia, en la mayoría de los supuestos tal   requerimiento incluiría una investigación sobre si alguien tuvo una implicación   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   personal en una infracción criminal. Asimismo, los poderes de la Cláusula 7 tuvieron   las características sustanciales de un poder de la policía para investigar la actividad   criminal.   118. La demandante también interpuso que hubo habido una violación del artículo 6 a   causa del grado de coerción y la ausencia de cualquier salvaguarda reglamentaria   relacionada con el uso subsecuente del material obtenido a partir de ella (de la   demandante), el cual extinguió la esencia misma del privilegio contra la   autoincriminación. Ella no interpuso reclamación sobre su posterior enjuiciamiento   por no cumplir con el deber bajo la Cláusula 7; en su lugar, su reclamación se refería a   la ausencia de salvaguardas en la prevención del material obtenido durante una   examinación conforme la Cláusula 7 a partir de ser utilizados en un enjuiciamiento   posterior por una infracción relacionada con el terrorismo.   119. El Tribunal ha mantenido repetidamente que las protecciones permitidas por el   parágrafo 1 del artículo 6 se aplican a una persona sujeta a un “cargo criminal”, dentro   del autónomo significado del término en la Convención. Un “cargo criminal” existe   desde el momento en que un individuo es oficialmente notificado por una autoridad   competente de una alegación de que él ha cometido una infracción criminal, o desde el   punto en el que su situación ha sido afectada sustancialmente por las acciones tomadas   por las autoridades como resultado de un sospecha contra su persona (ver Deweer c.   Bélgica, 27 de febrero de 1980, parágrafos 42-46, series A, número 35; Eckle c.   Alemania, 15 de julio de 1982, parágrafo 73, Series A número 51; McFarlane c.   Irlanda [GC], número 31333/06, parágrafo 143, 10 de septiembre de 2010; y, más   recientemente, Ibrahim y Otros c. Reino Unido [GC], números 50541/08 y otros 3,   parágrafo 249, CEDH 2016 y Simeonovi c. Bulgaria [GC], número 21980/04,   parágrafo 110, 12 de mayo de 2017.   120. Así, por ejemplo, una persona arrestada bajo sospecha de haber cometido una   infracción criminal (ver, entre otras autoridades, Heaney y McGuinness c. Irlanda,   número 34720/97, parágrafo 42, CEDH 2000-XII, y Brusco c. Francia, número   1466/07, parágrafos 47-50, 14 de octubre 2010), un sospechoso interrogado sobre su   implicación en actos constituyentes de infracción criminal (ver Aleksandr Zaichenko c.   Rusia, número 39660/02, parágrafos 41-43, 18 de febrero 2010; Yankov y Otros c.   Bulgaria, número 4570/05, parágrafo 23, 23 de septiembre de 2010; e Ibrahim y   Otros, citado más arriba, parágrafo 296) y una persona que ha sido objeto de cargo   formal bajo un procedimiento establecido en el Derecho interno, con una infracción   criminal (ver, entre muchas otras autoridades, Pélissier y Sassi c. Francia [GC],   número 25444/94, parágrafo 66, CEDH 1999-II, y Pedersen y Baadsgaard c.   Dinamarca [GC], número 49017/99, parágrafo CEDH, 2004-XI) puede ser   considerado como estando “bajo el cargo de una infracción criminal” y reclamar la   protección del artículo 6 del Convenio. Es el suceso real del primero de los   mencionados eventos, sin referencia a su orden cronológico, el cual desencadena la   aplicación del artículo 6 en su aspecto criminal (Simeonovi, citado más arriba,   parágrafo 111).   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   121. Ninguno de tales eventos tuvo lugar en el presente supuesto. El demandante no   fue ni arrestado ni detenido por ninguna infracción criminal (relacionada con el   terrorismo). Aunque ella (la demandante) fue interrogada con la finalidad de   determinar si ella parecía estar involucrada o haber estado implicada en la comisión,   preparación o instigación de actos de terrorismo, ello no puede, por sí mismo,   comprometer el artículo 6 del Convenio. Lo primero de todo, el poder de la Cláusula 7   no obligó a los oficiales de policía a tener “sospecha razonable” de que ella estuviera   implicada en la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo. Como tal,   el mero hecho de su selección para la examinación podría no ser entendido como una   indicación de que ella misma era sospechosa de implicación en una infracción   criminal. Por el contrario, el demandante fue explícitamente avisado por los oficiales   de policía de que ella no estaba bajo arresto y de que la policía no sospechaba de ella   de ser una terrorista (ver parágrafo 8 más arriba). Asimismo, las preguntas formuladas   a ella fueron en su naturaleza generales y no la relacionaron con su implicación en   ninguna infracción criminal (ver parágrafo 11 más arriba). El Tribunal ha notado ya   que el poder de la Cláusula 7 es un poder preliminar de investigación expresamente   proporcionado para ayudar a los oficiales emplazados en los puertos y fronteras para   realizar investigaciones contra el terrorismo a cualquier persona que entre o abandone   el país (ver parágrafo 97 más arriba). Al tiempo que ello no excluiría la posibilidad de   que ello podría ser ejercido de tal manera que comprometiese el artículo 6 del   Convenio, no hay evidencia para sugerir que ello fue ejercido en el presente supuesto.   122. A la luz de lo anterior, el Tribunal no considera que el artículo 6 del Convenio se   vio comprometido por la examinación de la demandante bajo la Cláusula 7 del TACT.   No se considera que sea necesario examinar el segundo aspecto de la reclamación del   demandante, el cual concierne a la ausencia de ninguna salvaguarda relacionada con el   uso ulterior del material obtenido en el interrogatorio. Aunque ello no excluye la   posibilidad de que el artículo 6 pudiera verse comprometido por el uso de cualquier de   las disposiciones normativas realizadas durante la examinación de conformidad con la   Cláusula 7 en un posterior procedimiento criminal (ver Saunders c. Reino Unido, 17   de diciembre de 1996, parágrafo 67, Informes de Juicios y Decisiones 1996-V), lo que   no se corresponde con el supuesto aquí indicado.   123. En consecuencia, la reclamación de la demandante al respecto del artículo 6   tiene que ser rechazada como incompatible ratione materiae con las provisiones del   Convenio dentro del no cumplimiento con un deber bajo el significado de la Cláusula   7 del parágrafo 3 del artículo 35 (a) del Convenio.   IV.   LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO   124. El artículo 41 del Convenio provee que:   “Si el Tribunal encuentra que ha habido una violación del Convenio o de los Protocolos a   tal efecto, y si el Derecho interno de la Alta Parte Contratante implicó la permisión   exclusivamente para que se realizara la reparación parcial, el Tribunal debe, si fuera   necesario, permitir la justa satisfacción de la parte perjudicada.”   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   A. Daño   125. La demandante persigue “la justa satisfacción acorde a cualquier hallazgo de una   violación de [de sus derechos conforme a los artículos 8, 5 y 6] por parte del   Tribunal”. Ella no ha reclamado, por consiguiente, ningún perjuicio económico o no   (ver a modo de comparación, Mihu c. Rumanía, número 36903/13, parágrafos 82-84, 1   de marzo de 2016). Sin embargo, el Tribunal puede ejercer un frado de flexibilidad   con respecto al perjuicio no económico, por ejemplo, al mostrar su conformidad para   examinar las reclamaciones por las cuales los demandantes no cuantificaron la   cantidad, en su lugar “dejándolo a veredicto del Tribunal” (ver, entre otros muchos   ejemplos, Guzzardi c. Italia, 6 de noviembre de 1980, parágrafos 112-114, series A,   número 39; Frumkin c. Rusia, número 74568/12, parágrafos 180-182, 5 de enero de   2016; Svetlana Vasilyeva c. Rusia, número 10775/09, parágrafos 43-45, 5 de abril de   2016; Sürer c. Turquía, número 20184/06, parágrafos 49-51, 31 de mayo de 2016).   126. Habiendo dicho eso, el Tribunal no lo considera apropiado efectuar una   indemnización con respecto al perjuicio no económico en el presente supuesto. En   primer lugar, se ha encontrado exclusivamente una violación del artículo 8. En   segundo lugar, como la injerencia del artículo 8 estaba vinculada a la calidad de la   normativa en vigor en el momento de los hechos de relevancia, no se le ha solicitado   que evalúe la proporcionalidad de la examinación del demandante. En tercer lugar, se   anota que la demandante no sostiene que en su caso el poder de la Cláusula 7 fue   ejercido en un sentido arbitrario o discriminatorio.   B. Costas y gastos   127. La demandante también reclamó 37.196,46 libras esterlinas por los costes y los   gastos incurridos ante el Tribunal. Esta cifra se compone de 15.624 libras esterlinas   por un asesor jurídico superior; 14.545 por dos asesores jurídicos noveles; 6.985,51   por el abogado; y 38.95 por gastos de envío.   128. El Gobierno argumentó que no se hubo mostrado que se hubiera incurrido de   hecho y necesariamente en tales costas. Las cuestiones legales de relevancia hubieron   sido ya esgrimidas en el Tribunal Supremo; no hubo suficiente fundamento para que   los tres asesores jurídicos resultaran de la instrucción, junto con un abogado; y las   observaciones del demandante no resultaron ser de tal complejidad como para   justificar las cantidades que se reclaman.   129. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, un demandante tiene derecho al   reembolso de las costas y los gastos solo en caso de que hubiera sido mostrado que se   ha incurrido de hecho y necesariamente en ello y son razonables en cuanto a la   cantidad. En el presente supuesto, en relación con lo que se incluye en los documentos   en su posesión y los criterios arriba indicados, el Tribunal lo considerable razonable   recompensar la cantidad de 25.000 euros para cubrir las costas de todos los sujetos   involucrados.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   C. Interés por defecto   130. El tribunal estima apropiado que la tasa de interés predeterminada debe estar   basada en la tasa marginal de crédito del Banco Central Europeo, a la cual debe ser   añadida tres puntos porcentuales.   POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, DE MANERA UNÁNIME,   1. Declara las reclamaciones concernientes a los artículos 5 y 8 admisibles y el resto   de la solicitud inadmisible;   2. Sostiene que ha habido una violación del artículo 8 del Convenio;   3. Sostiene que no hay necesidad de examinar la reclamación del artículo 5 de la   Convención;   4. Sostiene que el descubrimiento de la violación constituye en sí misma suficiente   satisfacción por el daño inmaterial sufrido por el demandante;   5. Sostiene   (a) Que el Estado demandado tiene que abonar al demandante, dentro de los tres   meses desde la fecha en la que la resolución judicial sea definitiva de acuerdo   con el parágrafo 2 del artículo 44 del Convenio, 25.000 EUROS (veinticinco mil   euros), más cualquier impuesto que pueda ser objeto de cobro al demandante,   con respecto a los costes y los gastos, para ser cubiertos para ser convertido a la   moneda del Estado demandado a la tasa aplicable en la fecha de liquidación; y   (b) Que a partir del vencimiento de los tres meses arriba indicados hasta la   liquidación del interés simple sobre el monto anterior a una tasa igual a la tasa   marginal de interés del préstamo del Banco Central Europeo durante el periodo   predeterminado más tres puntos porcentuales.   6. Desestima el resto de la reclamación del demandante por justa satisfacción.   Redactada en inglés, y notificada por escrito el 28 de febrero de 2019, conforme a los   parágrafos 2 y 3 de la norma 77 del Reglamento del procedimiento del Tribunal   Europeo de Derechos Humanos.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   ASUNTO BEGHAL c. EL REINO UNIDO   Renata Degener   Secretaria adjunta   Linos-Alexander Sicilianos   Presidente  

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