SECCIÓN TERCERA
ASUNTO BERISTAIN UKAR c. ESPAÑA
(Demanda no 40351/05)
SENTENCIA
ESTRASBURGO
8 de marzo de 2011
Esta sentencia será definitiva en las condiciones definidas en el artículo 44 § 2 del Convenio. Puede sufrir retoques de forma
En el asunto Beristain Ukar c. España,
El Tribunal europeo de derechos humanos (sección tercera), reunido en sala compuesta por:
Josep Casadevall, presidente,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi,
Kristina Pardalos, jueces,
y por Santiago Quesada, secretario judicial,
Tras haber deliberado a puerta cerrada el 8 de febrero de 2011,
Dicta la siguiente sentencia, adoptada en esta fecha:
PROCEDIMIENTO
1. En el origen del caso se encuentra una demanda (no 40351/05) dirigida contra el Reino de España y cuyo nacional, Don Aritz Beristain Ukar («el demandante»), ha acudido al Tribunal el 9 de noviembre de 2005 en virtud del artículo 34 del Convenio para la protección de salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades fundamentales («el Convenio»).
2. El demandante está representado por los señores D. Rouget y A. Larrate Aldasoro, abogados en San Juan de Luz y en Hernani, respectivamente. El gobierno español («el Gobierno») está representado por su agente, Don I. Blasco, Abogado del Estado.Jefe ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Ministerio de Justicia.
3. El demandante alega, en particular, haber sufrido malos tratos durante su detención y arresto en Madrid. Se queja, también, de la ausencia de investigación después de sus declaraciones referidas a los hechos denunciados y del sobreseimiento dictado.
4. El 9 de octubre de 2009, el presidente de la sección tercera decidió comunicar la demanda al Gobierno. Tal como permite el artículo 29 § 1 del Convenio, decidió además, que la Sala examinaría al mismo tiempo la admisibilidad y el fondo del asunto.
HECHOS
I. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO
5. El demandante nació en 1980 y reside en Hernani.
6. El 5 de septiembre de 2002 a las 17 h, el demandante fue detenido en San Sebastián por su presunta participación en altercados callejeros violentos (kale borroka). Estuvo en detención incomunicada hasta el 10 de septiembre, primero en un cuartel de la Guardia Civil de esta localidad, y después en la Dirección general de la Guardia Civil en Madrid. Durante su detención, el demandante fue examinado por un médico forense en cinco ocasiones, el 6, 7, 8, 9 y 10 de septiembre.
7. El primer día, el médico forense examinó al demandante a las 10,10 h y descubrió una herida lineal de 1,5 cm en el lado derecho de la cara a la altura de la mandíbula (erosión malar). Por otro lado, señaló que el demandante se había quejado del trato recibido durante el trayecto en coche entre San Sebastián y Madrid, indicando haber sido conducido con cinco personas que le golpearon la cabeza con la palma de la mano y le colocaron una bolsa sobre ésta para asfixiarle. El médico forense examinó de modo detallado cada una de las alegaciones y no detectó ningún signo de violencia en la cabeza ni sobre el resto del cuerpo. El demandante señaló también no haber dormido ni haber recibido alimento. Los siguientes días de examen, el demandante reiteró sus alegaciones relacionadas con la bolsa de plástico y añadió que había sido objeto de vejaciones sexuales. Señaló, por otro lado, no haber dormido ni haber comido. El informe del médico forense respondió a estas quejas y no descubrió ninguna lesión nueva, limitándose a constatar el inicio de cicatrización de la erosión malar, así como la ausencia de indicios de violencia o lesiones, tanto en los órganos sexuales como en las zonas anal o perianal. En cuanto a la erosión malar, esta última fue referida por última vez en el informe del 8 de septiembre, donde el forense señaló su progresión hacia la curación.
8. El 10 de septiembre de 2002 el demandante fue llevado ante el Juez central de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, donde fue examinado una vez más por un médico forense, que no constató nuevas lesiones y apreció el carácter satisfactorio del estado general de salud del demandante, tanto a nivel físico como psíquico, en cuanto a la ausencia de signos de ansiedad. Seguidamente, con la asistencia de un abogado, el demandante declaró haber sido objeto de malos tratos durante el período de detención. Indicó que en el trayecto entre San Sebastián y Madrid, los agentes le habían colocado una bolsa en la cabeza y habían proferido amenazas en contra de su familia. A su llegada a la Dirección general de la Guardia civil en Madrid, fue obligado a quedarse en ropa interior y fue atado en las extremidades mientras que recibía golpes con una pistola. No recibió nada para comer o beber. Acostado sobre una mesa y mientras tenía la cabeza cubierta por una bolsa de plástico, le introdujeron un objeto en el ano. Finalmente, se quejó también de dolores en la pierna. El demandante reconoció que no había dado parte de la totalidad de estos hechos al médico forense y justificó su silencio por su miedo a los agentes de la Guardia civil que le vigilaban.
9. El demandante fue puesto en prisión provisional. El día de su llegada al centro penitenciario fue examinado por los servicios médicos de la prisión.
10. El 30 de octubre de 2002 el demandante denunció ante el juez de instrucción de guardia de San Sebastián los mismos hechos.
11. Éste se inhibió a favor del juez de instrucción no 24 de Madrid, que ordenó la apertura de una información judicial. Por una decisión del 10 de diciembre de 2003, dictó un sobreseimiento provisional y archivó el asunto, debido a la ausencia de prueba de los malos tratos alegados.
12. Contra esta decisión, el demandante presentó un recurso de reforma. Consideró que la investigación llevada a cabo no había sido suficiente, que el sobreseimiento se había fundado sobre un solo argumento, a saber, los informes del médico forense que no habían comprobado ningún rastro de malos tratos. El demandante alegó, además, que los informes medico forenses no correspondían al modelo establecido por el Protocolo adoptado por el Ministerio de Justicia español relativo a los métodos que tienen que seguir los médicos forenses en el momento del examen de los detenidos. Por otro lado, se quejó de que el Juez de instrucción no le había oído en persona, ni había oído al médico forense y que tampoco había intentado identificar a los agentes implicados en los hechos denunciados con el fin de interrogarles. Por una decisión del 3 de mayo de 2004, el juez de instrucción no 24 de Madrid rechazó el recurso, basándose en el informe de la fiscalía y en la ausencia de rastros físicos que corroboraba los malos tratos alegados.
13. El demandante interpuso recurso de apelación. Reiteró que los informes del médico forense eran inadecuados e insistió en la necesidad de proseguir la investigación con el fin de que el juez de instrucción pudiera oírle en persona así como interrogar a los agentes encargados de su traslado a Madrid y de su vigilancia durante la detención preventiva. Por un auto del 14 julio 2004, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso y confirmó el sobreseimiento. Apreció, que a la luz de los informes de los médicos forenses proporcionados por el demandante, no era posible concluir la existencia de malos tratos en el momento de la detención. A este respecto, señaló contradicciones en la exposición de los hechos del demandante, particularmente, sobre la falta de alimento durante su detención. En particular señaló que:
« (...) respecto a la falta de alimentación durante la detención (...)y los malos tratos psicológicos de los que fue objeto, consta en el informe médico forense que fue el propio detenido el que le indicó que había dormido bien y comido alimentos, sin que tampoco conste en la declaración prestada ante el Magistrado Central de Instrucción se translucieran algún menoscabo psicológico o físico del detenido, que prestó declaración en perfectas condiciones[1]».
Finalmente, la Audiencia Provincial se pronunció sobre el argumento del demandante sobre el hecho de que la ausencia de rastros no implicaba la de las lesiones y señaló que:
«(...) Aunque el denunciante sostenga que las torturas no dejan habitualmente ningún tipo de huella exterior, resulta difícil que ello ocurra cuando la naturaleza de los golpes relatados son verdaderas agresiones físicas, que no sólo no consta que se indicaran al Médico forense en las distintas ocasiones en que reconoció al recurrente durante su detención, sino que tampoco se objetivaron consecuencias de tales actuaciones (...)
(...) entiende este Tribunal, que ninguna diligencia más se hace preciso practicar, cuando el relato de la denunciante en relación con los mencionados informes médicos no permita advertir, siquiera indiciariamente, la comisión de delito alguno».
14. Invocando los artículos 15 (derecho a la integridad física) y 24 (derecho a un proceso equitativo) de la Constitución, el demandante presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por una decisión notificada el 23 de mayo de 2005, la alta jurisdicción rechazó el recurso por estar privado de contenido constitucional. Consideró que las jurisdicciones ordinarias habían considerado, de modo ampliamente motivado y razonable, que los delitos denunciados no habían sido probados. Por otro lado, recordó que la acción penal no daba derecho ilimitado a la apertura del juicio oral. El Tribunal Constitucional anotó que en este caso, el juez de instrucción había ordenado la apertura de una investigación para examinar las alegaciones de malos tratos del demandante y, a la vista de la ausencia de indicios sobre los hechos denunciados, dictó un sobreseimiento que fue confirmado en apelación por la Audiencia Provincial. La alta jurisdicción señaló a este respecto las incoherencias en las declaraciones del demandante, lo que contribuyó a aminorar su credibilidad. En cuanto a la queja derivada del artículo 15 de la Constitución y a la luz de la jurisprudencia establecida por el Tribunal europeo de Derechos Humanos (entre otros, Martínez Sala y otros c. España, no 58438/00, del 2 de noviembre de 2004), consideró que no era posible afirmar que había habido falta de diligencia en la investigación llevada a cabo, porque el resultado de dicha investigación mostraba que no era necesaria una investigación más profunda teniendo en cuenta la falta de verosimilitud de la queja y la ausencia de indicios de malos tratos.
II. EL DERECHO Y LA PRÁCTICA INTERNOS PERTINENTES
15. Constitución
Artículo 15
«Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (...)»
Artículo 24
«1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
(...) »
16. Ley de enjuiciamiento criminal
Artículo 641
« Procederá el sobreseimiento provisional:
1. Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
2. Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores. »
17. Orden del ministerio de Justicia del 16 de septiembre de 1997 por el que se aprueba el Protocolo que han de utilizar los médicos forenses en el reconocimiento de los detenidos
Artículo 2
« El Protocolo forense de reconocimiento de detenidos será cumplimentado, en sus cuatro apartados, con arreglo a las siguientes directrices:
1. Datos identificativos: Están destinados a dejar clara constancia de la identidad de la persona detenida objeto de reconocimiento médico, del lugar, fecha y hora donde se lleve a cabo dicho reconocimiento; y del juzgado y causa seguida contra la persona privada de libertad, así como del Médico Forense que efectúe el reconocimiento.
2. Historia clínica: Destinada a recoger la información referente a antecedentes médicos familiares y personales del detenido, hábitos tóxicos y tratamientos especiales seguidos por la persona detenida en el momento de la detención.
3. Resultado del reconocimiento: En este apartado se recogerá el resultado del reconocimiento médico y, en su caso, el tratamiento prescrito o la petición de pruebas médicas complementarias que el Forense considere oportuno realizar, incluida la orden de ingreso hospitalario.
4. Hoja de evolución: Será utilizada cada vez que se proceda a un nuevo reconocimiento del detenido. De esta forma, la primera vez que se reconozca a un detenido se utilizará el protocolo general y en cada nuevo examen médico se rellenarán las hojas de evolución (una por cada reconocimiento)”.
18. Informe del 13 de abril de 2000 enviado al Gobierno español después de la visita del Comité europeo para la prevención de la tortura y las penas o los tratos inhumanos o degradantes del Consejo de Europa (en adelante CPT) efectuado en noviembre-diciembre de 1998
« 25. (...) [Las autoridades españolas] invitaron al CPT a proponer una nueva fórmula para los formularios utilizados por los médicos forenses.
En este sentido, el CPT formula las siguientes recomendaciones:
- en la segunda sección del formulario (expediente médico) las siguientes referencias deberán ser añadidas tras la investigación «situación actual»: «Inclusión de las intenciones efectuadas por la persona concernida, que puedan ser pertinentes para el examen médico, p. ex. descripción de su estado de salud y cualquier alegación de malos tratos» y «en qué medida estas alegaciones son coherentes con las alegaciones de malos tratos».
19. Informe del 13 de marzo de 2003 enviado al Gobierno español después de la visita del Comité europeo para la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes del Consejo de Europa (en adelante CPT) efectuado en julio de 2001
« 9. El CPT considera que las personas detenidas en régimen incomunicado también deben tener el derecho a ser examinadas por un médico de su elección, que podrá efectuar su examen en presencia del médico oficial nombrado por el Estado. Sin embargo, en su respuesta de 11 de julio de 2001, las autoridades españolas expresaron, claramente, que no veían la necesidad de ejecutar esta recomendación.
A petición de las autoridades españolas, el CPT también propuso modificaciones en la fórmula de los formularios utilizados por los médicos forenses. Sin embargo, en la visita de 2001, estas recomendaciones no habían sido incorporadas y la delegación comprobó que, en la inmensa mayoría de los casos, los médicos forenses no utilizaban incluso, la versión vigente del formulario protocolario. (...) El CPT anima a las autoridades a adoptar medidas concretas para que estos formularios sean utilizados ».
20. Informe del 10 de julio de 2007 enviado al Gobierno español después de la visita del Comité europeo para la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes del Consejo de Europa (en adelante CPT) efectuado en diciembre de 2005
« 45. La jurisprudencia de Tribunal europeo de derechos humanos considera dos parámetros para determinar si una investigación ha sido efectiva:
- debe ser capaz de descubrir si la utilización de la fuerza ha estado justificada (...)
- deben realizarse todas las investigaciones necesarias debieron para asegurar que (...) los medios de prueba proporcionan un análisis detallado y objetivo del incidente, incluida la causa de la defunción (...).
(...)
Un ejemplo de la aplicación de estos parámetros se encuentra en la sentencia Martínez Sala y otros c. España, del 2 de noviembre 2004 (§§ 156-160) (...)
(...) ».
EN DERECHO
I. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 3 DEL CONVENIO
21. El demandante se queja de haber sufrido malos tratos durante su arresto y detención, tales como golpes en la cabeza, sesiones de asfixia en las que le colocaban un saco de plástico alrededor de su cabeza, humillaciones y vejaciones sexuales y amenazas de muerte y violación. Se queja, también, de la ausencia de una investigación como consecuencia de sus declaraciones relativas a los hechos denunciados y del sobreseimiento dictado.
22. La disposición invocada es del siguiente tenor:
« Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. »
23. El Gobierno se opone a esta tesis.
A. Sobre la admisibilidad
24. El Tribunal comprueba que la queja no está manifiestamente mal fundada en el sentido del artículo 35 § 3 del Convenio. El Tribunal observa, por otro lado, que no concurre ningún otro motivo de inadmisibilidad. Conviene pues declararla admisible.
B. Sobre el fondo
1. Sobre la queja derivada del carácter insuficiente de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales
a) Tesis de las partes
25. A la luz de la naturaleza de las lesiones efectivamente constatadas por los informes médicos, el Gobierno estima que no se cumplen en este caso concreto las condiciones necesarias para exigir una investigación más profunda por parte de las autoridades internas. Por consiguiente, el sobreseimiento dictado por el Juez de instrucción no 24 de Madrid y confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid debe considerarse suficientemente motivado y conforme a la jurisprudencia del Tribunal relativa al artículo 3 del Convenio (ver, entre otros, el asunto Martínez Sala y otros c. España, no 58438/00, 2 de noviembre de 2004).
26. El demandante es de la opinión de que la investigación llevada a cabo por las autoridades no puede considerarse suficiente por lo que respecta a las exigencias del artículo 3 del Convenio. En este sentido, los informes del Comité europeo para la prevención de la tortura y las penas o los tratos inhumanos o degradantes del Consejo de Europa (de ahora en adelante CPT) publicados al final de las visitas realizadas en España tienen en cuenta los fallos existentes en esta materia. En este caso, el demandante enumera varios pasos que, a sus ojos, habrían debido ser efectuados, a saber una gasometría con el fin de verificar si presentaba signos de asfixia debidos a la colocación de una bolsa en la cabeza; una radiografía y un examen sanguíneo también pertinente a la luz de las alegaciones de los golpes dados en la cabeza con la palma de la mano.
27. Finalmente, el demandante proporciona un informe de la organización Amnistía Internacional pidiendo al Gobierno español que ponga fin al régimen de detención incomunicada.
b) Apreciación del Tribunal
28. El Tribunal considera que cuando un individuo afirma de manera defendible haber sufrido, a manos de la policía o de otros servicios comparables del Estado, malos tratos graves y contrarios al artículo 3, esta disposición, combinada con el deber general impuesto al Estado por el artículo 1 del Convenio de «reconocer a toda persona dependiente de su jurisdicción, los derechos y las libertades definidos (...)en el Convenio», requiere, por implicación, que hubiera una investigación oficial efectiva. Esta investigación, a instancia de la que resulta del artículo 2, debe poder conseguir la identificación y el castigo de los responsables (ver, en cuanto al artículo 2 del Convenio, las sentencias McCann y otros c. Reino Unido del 27 de septiembre de 1995, § 161, serie A no 324, Kaya c. Turquía del 19 de febrero de 1998, § 86, Repertorio de sentencias y decisiones 1998-I; Yasa c. Turquía del 2 de septiembre de 1998, § 98, Repertorio de sentencias y decisiones 1998-VI,; Dikme c. Turquía, no 20869/92, § 101, CEDH 2000-VIII). Si no fuera así, a pesar de su fundamental importancia, la prohibición legal general de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes sería ineficaz en la práctica y sería posible, en algunos casos, que agentes del Estado pisotearan, gozando de una casi impunidad, los derechos de los sometidos a su control (Assenov y otros c. Bulgaria, 28 de octubre de 1998, § 102, Repertorio de sentencias y decisiones 1998‑VIII).
29. Se hace notar que en este caso, el demandante se quejó dos veces de haber sido objeto de malos tratos: en primer lugar, el 10 de septiembre de 2002, cuando fue llevado ante el Juez central de instrucción no 5 de la Audiencia Nacional. El demandante declaró haber sufrido malos tratos durante el periodo de detención. Posteriormente, el 30 de octubre de 2002, el demandante denunció ante el juez de instrucción de guardia de San Sebastián, los mismos hechos.
30. Por lo que se refiere a las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales respecto a las alegaciones de malos tratos, el Tribunal observa que, según las informaciones proporcionadas, el Juez central de instrucción de la Audiencia Nacional se mantuvo pasivo ante las denuncias de malos tratos efectuadas por el demandante en su comparecencia. En cuanto al Juez de instrucción que había tenido conocimiento de la denuncia presentada por el demandante, se limitó, exclusivamente, al examen de los informes del médico forense. El demandante solicitó, en sus recursos de reforma y de apelación, ser oído en persona y que se tomara declaración al médico forense y a los agentes implicados. Sin embargo, sus peticiones no fueron tenidas en cuenta por el juez de instrucción. El Tribunal señala, por otro lado, que todos los informes del médico forense indicaban que el demandante se había quejado de haber sufrido malos tratos (informes del 6, 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2002). También observa que los informes del 6, 7 y 8 de septiembre de 2002 descubrieron una erosión malar de 1, 5 cm en el lado derecho de la cara del demandante, sin origen establecido.
31. El Tribunal llama la atención sobre el hecho de que los informes del 6 y 7 de septiembre de 2002 no figuraban entre los documentos proporcionados por el demandante en el momento de la presentación de su demanda. A petición del Tribunal, se los solicitó al juez de instrucción competente que, por una decisión del 14 julio 2008, le indicó que estos informes medico legales no figuraban en los autos del procedimiento. A ojos del Tribunal, esta respuesta del juez de instrucción permitiría deducir que examinó únicamente tres de los cinco informes medico forenses antes de pronunciar el sobreseimiento. Los informes que faltaban fueron finalmente proporcionados por el Gobierno, tras haber sido solicitados por el Tribunal al notificar la demanda, sin dar explicaciones.
32. Además, el Tribunal señala que el demandante alegó en sus recursos de reforma y de apelación que los informes médico forenses eran inadecuados y no respondían a las exigencias del Protocolo del 16 de septiembre de 1997 adoptado por el Ministerio de Justicia español que han de utilizar los médicos forenses en el reconocimiento de los detenidos. Este Protocolo, aprobado el 16 de septiembre de 1997, de acuerdo a las recomendaciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa y, en particular del CPT, asegura la constancia de una información mínima que debe figurar en todo informe (ver §§ 17 a 19 más arriba). El Tribunal constata que el juez de instrucción y la Audiencia Provincial de Madrid no se pronunciaron sobre la cuestión planteada por el demandante a este respecto.
33. A la luz de los elementos que preceden, el Tribunal estima que las investigaciones llevadas a cabo en el presente asunto no han sido suficientemente profundas ni efectivas para cumplir las exigencias precitadas del artículo 3 del Convenio. A este respecto señala, que a pesar de la gravedad de los malos tratos denunciados, resulta del expediente que el Juez de instrucción no 24 de Madrid dictó el sobreseimiento con fundamento únicamente en tres de los cinco informes médico forenses, sin haber oído al demandante ni ordenar un peritaje médico forense. En apelación, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el sobreseimiento que consideraba al no considerar necesaria ninguna diligencia de investigación suplementaria. Ahora bien, en opinión del Tribunal, los medios de prueba suplementarios solicitados por el demandante y, muy particularmente, el de interrogar a los agentes encargados de su traslado a Madrid y de su vigilancia de la detención preventiva, habrían podido contribuir al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los eventuales responsables, como exige la jurisprudencia del Tribunal (ver § 28 más arriba). El Tribunal insiste además, en la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el CPT para mejorar la calidad del examen médico forense de las personas detenidas en régimen de incomunicación.
34. En conclusión, respecto a la ausencia de una investigación profunda y efectiva respecto a las alegaciones defendibles del demandante, según las cuales había sufrido malos tratos durante la detención, el Tribunal estima que hubo violación del artículo 3 del Convenio en su aspecto procesal.
2. Sobre las alegaciones de malos tratos en el arresto y en la detención
a) Tesis de las partes
35. El Gobierno señala que, tanto los informes médicos como los tribunales internos, constataron la ausencia de rastros que permitieran corroborar las alegaciones del demandante. Por otro lado, el Gobierno subraya que éstas contienen numerosas contradicciones. A título de ejemplo, menciona la queja del demandante ante el juez de instrucción que se quejaba de haber sido privado de alimento. Tal como constata la Audiencia Provincial de Madrid en su auto del 4 de julio de 2004, esto contradice lo que el propio demandante relató al médico forense durante los exámenes efectuados entre el 6 y el 10 de septiembre y que figura en los informes de este último. Además, no había sido observado ningún síntoma de lesión psicológica.
36. Por su parte, el demandante procede en primer lugar a una descripción detallada de los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de los que fue objeto durante su arresto y detención. Estima que sus alegaciones son creíbles, en la medida en que corresponden a las observaciones del CPT en cuanto a los métodos habituales de la Guardia civil, especialmente en los casos de arresto incomunicado, como el de este caso concreto.
37. Además, el demandante considera que la ausencia de rastro de las lesiones alegadas no es suficiente para decir que estas no han existido, porque los métodos de agresión de la Guardia civil consisten precisamente en que los golpes efectuados no provoquen rastros. En cuanto a las contradicciones en el relato de los acontecimientos, el demandante señala que son debidas a la situación de estrés y de desorientación extremas a las que había sido sometido, su veracidad no se pone por eso en entredicho.
b) Apreciación del Tribunal
38. El Tribunal ha dicho en repetidas ocasiones que el artículo 3 consagra uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas. Incluso en las circunstancias más difíciles, tal como la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el Convenio prohibe en términos absolutos la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. El artículo 3 no prevé restricciones, lo cual contrasta con la mayoría de las cláusulas normativas del Convenio y de los Protocolos y según el artículo 15, no sufre ninguna derogación, ni siquiera en caso de peligro público que amenace la vida de la nación (sentencias Selmouni c. Francia [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, y Assenov y otros c. Bulgaria ya citada, § 93). La prohibición de la tortura o de las penas o tratos inhumanos o degradantes es absoluta, cualquiera que sean las conductas imputadas a la víctima (Chahal c. Reino unido, sentencia del 15 noviembre de 1996, § 79, Repertorio de sentencias y decisiones 1996-V).
39. No obstante, para que sea aplicable el artículo 3 del Convenio, el mal trato debe alcanzar un mínimo de gravedad. Por otro lado, las alegaciones de malos tratos deben estar apoyadas ante el Tribunal por elementos de prueba apropiados. Para el establecimiento de los hechos alegados, el Tribunal se sirve del criterio de la prueba «más allá de cualquier duda razonable»; tal prueba puede sin embargo resultar de un conjunto de indicios, o de presunciones no refutadas, suficientemente graves, precisos y concordantes (ver, por ejemplo, Labita c. Italia [GC], no 26772/95, §§ 121 y 152, CEDH 2000‑IV). Además, cuando, como en este caso, los acontecimientos en cuestión, en su totalidad o en gran parte, son conocidos exclusivamente por unas autoridades, como en el caso de las personas sometidas a su control en detención preventiva, cualquier herida o fallecimiento sobrevenido durante este periodo de detención, da lugar a fuertes presunciones de hecho. Conviene de verdad considerar que la carga de la prueba pesa sobre las autoridades, que deben proporcionar una explicación satisfactoria y convincente (Salman c. Turquía, no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII).
40. El Tribunal señala que, en su demanda, el demandante ha expuesto de manera detallada y circunstanciada los malos tratos de los que dice haber sido víctima durante su detención. En particular, los malos tratos denunciados habrían consistido en golpes en la cabeza, en sesiones de asfixia poniendo una bolsa de plástico alrededor de la cabeza del demandante, en humillaciones y vejaciones sexuales y en amenazas de muerte y violación.
41. El Tribunal es consciente de las dificultades que un detenido puede encontrar para aportar pruebas de los malos tratos sufridos mientras está en detención incomunicada y particularmente, cuando se trata de las alegaciones de actos de malos tratos que no dejan huella, como los denunciados por el demandante en su demanda. Sin embargo, debido a la ausencia de elementos probatorios suficientes, particularmente por la insuficiencia de la investigación llevada a cabo, el Tribunal considera que no esta en situación de afirmar con un grado de certeza acorde a su propia jurisprudencia, que el demandante ha sido sometido, en su arresto y su detención, a los malos tratos alegados.
42. En conclusión, el Tribunal estima que los elementos de que dispone no le permiten establecer, más allá de cualquier duda razonable, que el demandante ha estado sometido a tratos que han alcanzado un mínimo de gravedad, contrarios al artículo 3 del Convenio. A este respecto, quiere subrayar que esta imposibilidad emana en gran parte de la ausencia de una investigación profunda y efectiva por las autoridades nacionales en respuesta a la queja presentada por el demandante por malos tratos (ver las sentencias Lopata c. Rusia, no 72250/01, § 125, 13 de julio de 2010 y San Argimiro Isasa c. España, no 2507/07, § 65, 28 de septiembre de 2010) por la cual, el Tribunal concluyó que había violación del artículo 3 del Convenio en su vertiente procesal (§ 34 más arriba).
43. En consecuencia, el Tribunal no puede concluir que exista una violación sustantiva del artículo 3 del Convenio en relación con los malos tratos alegados por el demandante en el momento de su arresto y durante su detención preventiva.
II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 13 DEL CONVENIO
44. El demandante denuncia que las autoridades nacionales no reaccionaron de modo efectivo a sus alegaciones de malos tratos. Invoca el artículo 13 del Convenio, que dispone:
« Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente (...) Convenio hayan sido violados, tiene derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. »
45. El Gobierno impugna esta tesis.
A. Sobre la admisibilidad
46. El Tribunal comprueba que la queja no está manifiestamente mal fundada en el sentido del artículo 35 § 3 del Convenio. El Tribunal señala por otro lado, que no concurre ningún otro motivo de inadmisibilidad. Conviene pues declararla admisible.
B. Sobre el fondo
47. Teniendo en cuenta la argumentación del demandante en este caso y los motivos por los cuales ha constatado la violación del artículo 3 en su vertiente procesal (§§ 29 a 35 más arriba), el Tribunal considera que no se plantea ninguna otra cuestión bajo el ángulo del artículo 13 del Convenio.
III. SOBRE LA APLICACION DEL ARTICULO 41 DEL CONVENIO
48. En los términos del artículo 41 del Convenio,
«Si el Tribunal declara que hubo violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte contratante permite borrar sólo insuficientemente las consecuencias de esta violación, el Tribunal concede a la parte perjudicada, si ha lugar, una satisfacción equitativa».
A. Daños
49. En concepto de reparación del perjuicio moral que considera haber sufrido, el demandante solicita una indemnización de 30.000 euros (EUR).
50. El Gobierno solicita la desestimación de la demanda.
51. Sin embargo, el Tribunal considera que, teniendo en cuenta la violación comprobada en este caso, debe ser concedida al demandante una indemnización por daño moral. Decidiendo en equidad como prevé el artículo 41 del Convenio, decide concederle 20.000 EUR.
B. Gastos y costas
52. Con aportación de justificantes, el demandante reclama una suma global de 3.000 EUROS por los gastos y costas incurridos en el procedimiento ante el Tribunal.
53. El Gobierno solicita la desestimación de la demanda
54. Según la jurisprudencia del Tribunal, un demandante sólo puede obtener el reembolso de sus gastos y costas en la medida en que se acrediten su realidad, su necesidad y el carácter razonable de su tasa. En este caso, y teniendo en cuenta los elementos en su posesión y los criterios arriba mencionados, el Tribunal estima razonable la cantidad de 3.000 EUROS y se la concede al demandante.
C. Intereses de demora
55. El Tribunal considera apropiado calcular los intereses moratorios con base en el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo incrementado en tres puntos de porcentaje.
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD,
1. Declara la demanda admisible;
2. Dice que ha habido violación del artículo 3 del Convenio en su vertiente procesal;
3. Dice que no ha habido violación del artículo 3 del Convenio en cuanto a su vertiente sustantiva;
4. Dice que no se plantea ninguna cuestión distinta desde la perspectiva del artículo 13 del Convenio;
5. Dice,
a) que el Estado demandado debe abonar al demandante, en tres meses a partir del día en que la sentencia sea definitiva conforme al artículo 44 § 2 del Convenio, las siguientes cantidades:
i. 20.000 EUR (veinte mil euros) por daño moral;
ii. 3.000 EUR (tres mil euros) por gastos y costas;
iii. Todo importe que pueda ser debido en calidad de impuesto sobre dichas cantidades;
b) que a partir de la expiración de dicho plazo y hasta el pago, este importe será incrementado por un interés simple calculado conforme al tipo de interés de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo incrementado en tres puntos de porcentaje;
6. Rechaza la demanda de satisfacción equitativa por lo demás.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
SecretarioPresidente
[1] El texto de las resoluciones judiciales de los órganos jurisdiccionales españoles se reproduce del original, sin traducir la reproducción contenida en el texto original de la sentencia del Tribunal.
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