Sentencia 33202/96
CASO BEYELER CONTRA ITALIA
Artículo 1 del Protocolo número 1 (Protección de la propiedad) Sentencia de 5 de enero de 2000
Por sentencia dictada en Estrasburgo, el 5 de enero de 2000, en el caso Beyeler contra Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró, por dieciséis votos contra uno, que se había producido violación del artículo 1 del Protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (protección de la propiedad).
Por otra parte, el Tribunal reserva la cuestión del artículo 41 (satisfacción equitativa) del Convenio.
1. HECHOS
El caso se refiere a una demanda presentada por un ciudadano suizo, Ernst Beyeler, nacido en 1921 y residente en Basilea (Suiza), el cual es propietario de una galería. El caso guarda referencia con el cuadro de Vincent van Gogh «El jardinero», que el Sr. Beyeler compró en 1977 por 600 millones de liras, con la intervención de un intermediario, aunque sin revelar al vendedor que el cuadro había sido comprado por su cuenta. En consecuencia, la declaración de la venta que este último hizo llegar al Ministerio italiano del Patrimonio Cultural, en virtud de las prescripciones que se contienen en la Ley número 1089 de 1939, no mencionaba al Sr. Beyeler. En 1983, el Ministerio italiano tuvo conocimiento de que el Sr. Beyeler era el verdadero comprador del cuadro. El 2 de mayo de 1988, el Sr. Beyeler vendió la obra a una sociedad americana, que pretendía destinarla a una colección veneciana, por la suma de 8,5 millones de dólares. El 24 de noviembre de 1988, ejercitando su derecho de tanteo, y haciendo valer que el Sr. Beyeler omitió informar al Ministerio el hecho de que, en 1977, el cuadro había sido comprado por su cuenta, Italia compró el cuadro al precio de venta formalizado en 1977.
2. PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
La demanda fue presentada ante la Comisión Europea de Derechos Humanos el 5 de septiembre de 1996. Después de haber declarado la petición aceptable, la Comisión publicó, el 10 de septiembre de 1998, un informe en el que daba la opinión de que no se había producido violación del artículo 1 del Protocolo número 1 del Convenio (veinte votos contra diez). La Comisión planteó el caso ante el Tribunal el 2 de noviembre de 1998.
El 8 de septiembre de 1999 tuvo lugar una audiencia. La sentencia fue dictada por la Gran Sala, compuesta por diecisiete jueces, a saber: Luzius Wildhaber (suizo), presidente; Elisabeth Palm (sueca); Antonio Pastor Ridruejo (español); Luigi Ferrari Bravo (italiano); Giovanni Bonello (maltés); Pranas Kuris (lituano); Riza Türmen (turco); Jean-Paul Costa (francés); Françoise Tulkens (belga); Viera Strá Nická (eslovaca); Marc Fischbach (luxemburgués); Volodymyr Butkevych (ucraniano); Josep Casadevall (andorrano); Hanne Sophie Greve (noruega); András Baka (húngaro); Rait Maruste (estonio); Snejana Botoucharova (búlgara), jueces; así como por Paul Mahoney, secretario adjunto del Tribunal.
3. RESUMEN DE LA SENTENCIA
I. Quejas
El solicitante se queja de una violación del artículo 1 del Protocolo número 1, y particularmente de haber sido expropiado por las autoridades italianas del cuadro del que afirma ser el propietario legítimo, en condiciones contrarias a las exigencias de dicha disposición. Sostiene igualmente haber sido objeto de un trato discriminatorio contrario al artículo 14 del Convenio, por el hecho de que las autoridades declararan, expresamente, que la medida incriminada se encontraba tanto más justificada cuanto que el solicitante era ciudadano suizo.
II. Decisión del Tribunal
1. Excepción preliminar del Gobierno En cuanto a la excepción del Gobierno, basada en el hecho de no haberse agotado las vías internas de recurso, dado que el solicitante hubiera podido dirigirse a la jurisdicción de civiles con el fin de obtener la revaluación de la suma pagada en 1977, el Tribunal declara que se ha producido prescripción, puesto que el Gobierno planteó esta excepción por primera vez ante el Tribunal.
2. Artículo 1 del Protocolo número 1
a) Sobre la aplicabilidad del artículo 1
El Tribunal considera que esta disposición es aplicable al caso que nos ocupa. Una serie de elementos, de derecho y de hecho, demuestran que el solicitante era titular de un interés patrimonial reconocido en el Derecho italiano, aunque revocable en determinadas condiciones, desde la adquisición de la obra hasta el momento en que fue ejercitado el derecho de tanteo, y se le entregó una compensación. Así, el Consejo de Estado afirmó que el ejercicio del derecho de tanteo por parte del Ministerio entraba dentro de la categoría de los actos de expropiación y que, en el presente caso, las autoridades administrativas no cometieron error alguno notificando al solicitante, como comprador final, el decreto de ejercicio del derecho de tanteo. El Tribunal de Casación, por su parte, reiteró la conclusión del Consejo de Estado, según la cual la administración sólo ejercitó su derecho de tanteo cuando tuvo la certeza de que el cuadro había sido comprado por el solicitante. Además, en 1988, el decreto de tanteo se dirigió al solicitante como derechohabiente en el marco de la venta de 1977, y el importe del precio pagado en aquella época fue entregado a este último. Por otra parte, entre el momento de la compra de la obra y el ejercicio del derecho de tanteo por parte del Estado, el solicitante se encontró en una situación de posesión del cuadro, que se prolongó durante varios años y, en diversas ocasiones, parece que las autoridades consideraron de facto al solicitante como persona que tenía un interés patrimonial en dicha pintura, incluso como su auténtico propietario. El interés del solicitante constituía, en consecuencia, un «bien» a tenor del artículo 1 del Protocolo número 1, y el Tribunal considera que debe examinar la situación denunciada a la luz de la norma general que se dicta en la primera frase de dicha disposición.
b) Sobre el cumplimiento del artículo 1
Sobre la existencia de una injerencia
El Tribunal considera que la medida incriminada, a saber, el ejercicio del derecho de tanteo por el Ministerio del Patrimonio Cultural, ha constituido sin duda alguna una injerencia en el derecho del solicitante al respeto de sus bienes.
Sobre el respeto del principio de legalidad
El Tribunal recuerda que la legalidad constituye una condición primordial de la compatibilidad de una medida de injerencia con el artículo 1 del Protocolo número 1. No obstante, el Tribunal goza de una competencia limitada para verificar el respeto del derecho interno, sobre todo porque, en el presente caso, ningún elemento del expediente le permite concluir que las autoridades italianas hayan realizado una aplicación claramente errónea, o que terminara en conclusiones arbitrarias, de las disposiciones legales en cuestión. No obstante, el principio de legalidad significa igualmente la existencia de normas de derecho interno suficientemente accesibles, precisas y previsibles. El Tribunal señala que, en ciertos aspectos, la ley carece de claridad, en particular en la medida en que prevé que, en caso de una declaración incompleta, el plazo para el ejercicio del derecho de tanteo permanece abierto, pero sin indicar, sin embargo, a través de qué medios podría ser rectificado posteriormente un vicio de ese tipo. No obstante, este elemento no podría llevar por sí mismo a la conclusión de que la injerencia en cuestión era imprevisible o arbitraria. Sin embargo, el elemento de incertidumbre presente en la ley y el amplio margen de maniobra que esta última otorga a las autoridades deben ser tenidos en cuenta en el examen de la adecuabilidad de la medida objeto del litigio con las exigencias del justo equilibrio.
Sobre el objetivo de la injerencia
El Tribunal considera que el control del mercado de las obras de arte por parte del Estado constituye un objetivo legítimo, en el marco de la protección del patrimonio cultural y artístico de un país. Ahora bien, cuando se trata de una obra de arte realizada por un artista extranjero, el Tribunal señala que el Convenio de la UNESCO de 1970 favorece, en ciertas condiciones, la recuperación de las obras de arte por parte de su país de origen. Sin embargo, señala que, en el presente caso, no se encuentra en tela de juicio la devolución de una obra de arte a su país de origen. Por otra parte, el Tribunal admite el carácter legítimo de la acción de un Estado que acoge de manera lícita en su territorio obras pertenecientes al patrimonio cultural de todas las naciones, y que tiende a dar prioridad a la solución más apta para garantizar una amplia accesibilidad a favor del público, en interés general de la cultura universal.
Sobre la existencia de un justo equilibrio
a) Comportamiento del solicitante
El Tribunal señala que, en el marco de la venta de 1977, el solicitante no reveló al vendedor que la tabla era comprada por su propia cuenta. Acto seguido, el solicitante esperó seis años, de 1977 a 1983, sin declarar su adquisición, situación irregular en virtud de las disposiciones pertinentes del Derecho italiano que se suponía debía conocer. Sólo manifestó dicha adquisición a las autoridades en diciembre de 1983, cuando tuvo la intención de vender la tabla a la «Peggy Guggenheim Collection» de Venecia, por la suma de dos millones de dólares. El Tribunal considera, pues, que el argumento del Gobierno fundado en la falta de transparencia por parte del solicitante tiene un cierto peso, tanto más cuanto que no había nada que impedía a este último regularizar su situación antes del 2 de diciembre de 1983, con el fin de adaptarse a las prescripciones legales.
b) Comportamiento de las autoridades
El Tribunal no pone en entredicho ni el derecho de tanteo sobre las obras de arte como tal, ni el interés del Estado en mantenerse informado de todos los datos de un contrato, incluida la identidad del comprador final en el caso de una venta a través de intermediario, lo que tiene como finalidad la de situar a las autoridades en posición de determinar, con pleno conocimiento del caso, si debían o no ejercitar el derecho de tanteo. Ahora bien, después de haber sido informadas, en 1983, del elemento que faltaba en la declaración realizada en 1977, a saber, la identidad del comprador final, las autoridades italianas esperaron hasta 1988 antes de interesarse seriamente en la cuestión de la propiedad del cuadro y de decidir el ejercicio del derecho de tanteo. Durante ese período de tiempo, las autoridades mantuvieron una actitud en parte ambigua y en parte de consentimiento respecto al solicitante, y a menudo le trataron, de facto, como el derechohabiente legítimo de la venta de 1977. Además, el amplio margen de maniobra de que dispusieron las autoridades en el marco de las disposiciones aplicables, tal como son interpretadas por las jurisdicciones internas, así como la falta de claridad de la ley, arriba citada, aumentaron la incertidumbre en perjuicio del solicitante.
c) Conclusión
El Tribunal considera que el Gobierno demandado no ha explicado de manera convincente por qué las autoridades italianas no actuaron a comienzos del año 1984 de la manera que hicieron en 1988. En consecuencia, reprochar al solicitante en 1988 una irregularidad de la que ya tenían conocimiento las autoridades casi cinco años antes no parece en absoluto justificado. A este respecto, conviene subrayar que, frente a una cuestión de interés general, los poderes públicos están obligados a reaccionar a su debido tiempo, de manera correcta y con la mayor coherencia posible.
Por otra parte, esta situación permitía al Ministerio del Patrimonio Cultural adquirir el cuadro, en 1988, a un precio notablemente inferior a su valor en el mercado. Las autoridades obtuvieron, pues, un enriquecimiento injusto por la incertidumbre que reinó durante dicho período, y a la que contribuyeron en gran medida. Independientemente de la nacionalidad del solicitante, este enriquecimiento no es conforme a las exigencias del «justo equilibrio».
3. Artículo 14 del Convenio
A la vista de sus conclusiones sobre el artículo 1 del Protocolo número 1, el Tribunal considera que no procede examinar separadamente si el solicitante, en razón de su nacionalidad, ha sido o no víctima de una discriminación contraria al artículo 14.
4. Artículo 41 del Convenio
El Tribunal considera que la cuestión de la aplicación del artículo 41 no debe entrar en consideración. Por consiguiente, procede reservar esta cuestión y fijar el procedimiento posterior, teniendo en cuenta la posibilidad de un acuerdo entre el Estado demandado y el solicitante. Para ello, el Tribunal concede a las partes un plazo de seis meses.
El juez Luigi Ferrari Bravo expresó un voto disidente, cuyo texto se encuentra adjunto a la sentencia.
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