Sentencia 7759/77
CASO BUCHHOLZ [TEDH-33]
Sentencia de 6 de mayo de 1981.
Derecho de toda persona a que su causa sea oída en un tiempo razonable (artículo 6.1 del Convenio).
COMENTARIO
1. El caso Buchholz se basa en la demanda presentada por el interesado por entender que los procedimientos desarrollados ante los Tribunales laborales alemanes, como consecuencia de haber sido despedido de la empresa en que trabajaba, no se desarrollaron en un «tiempo razonable» tal y como requiere el artículo 6.1 del Convenio Europeo .
2. El TEDH tiene en cuenta en su fallo la jurisprudencia emitida en casos anteriores, como el Neumeister, de 27 de junio de 1968, y el Ringeisen, de 16 de julio de 1971. A este respecto, dice que el carácter razonable de la duración de los procedimientos a que se refiere el artículo 6.1 debe ser apreciado en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de los mismos. En el caso en cuestión se da la circunstancia de que en la República Federal Alemana los procedimientos que se desarrollan ante los Tribunales laborales, al igual que ante los civiles, están regidos por el principio de la conducción de la litis por las partes. No obstante, el TEDH considera que no existe dispensa alguna a las autoridades judiciales para que observen una rápida tramitación de las acciones en los términos comprendidos en el artículo 6. Es por ello que el Tribunal examina si los cuatro años y nueve meses que transcurrieron desde que se iniciaron los procedimientos hasta que el Tribunal Federal laboral notificó el fallo en su condición de Tribunal de última instancia constituyó un tiempo razonable.
3. A este respecto, el TEDH ha tenido en cuenta para su fallo que, aunque la tramitación de la segunda instancia del procedimiento fue extremadamente lenta, la duración del litigio fue también de gran extensión como consecuencia de determinados puntos suscitados por el señor Buchholz, por lo cual éste debe soportar las consecuencias. Señala asimismo el TEDH en la sentencia que no se puede olvidar el hecho de que las demoras procedimentales se produjeron en un período de tiempo en la República Federal Alemana caracterizado por una crisis económica generalizada, que originó un aumento notable en el volumen de conflictividad sociolaboral.
Es por todo ello que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el retraso producido en el procedimiento ante los Tribunales laborales no ha excedido el tiempo razonable en los términos del artículo 6.1.
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
6 de mayo de 1981
CASO «BUCHHOLZ»
(Fallo)
SENTENCIA
En el caso «Buchholz»,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reunido, de acuerdo con el artículo 43 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (en adelante «el Convenio») y las cláusulas pertinentes del Reglamento del Tribunal, en Sala compuesta por los siguientes jueces:
Señores G. Wiarda, Presidente;
H. Mosler,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
señora D. Bindschedler-Róbert,
F. Matscher,
E. García de Enterría,
y también los señores M.-A. Eissen, Secretario, y H. Petzold, Secretario adjunto.
Habiendo deliberado a puerta cerrada el 28 de enero y 22 de abril de 1981, hace público el siguiente fallo, que fue adoptado en la última fecha mencionada:
PROCEDIMIENTO
1. El caso «Buchholz» fue sometido al Tribunal por el Gobierno de la República Federal de Alemania (en adelante «el Gobierno»). El caso se originó en una demanda contra el Estado depositada en la Comisión Europea de Derechos Humanos (en adelante «la Comisión») el 18 de diciembre de 1976 de acuerdo con el artículo 25 del Convenio por el súbdito alemán señor Walter Buchholz.
2. La contestación del Gobierno, que fue hecha de acuerdo con el artículo 48 del Convenio, fue depositada en el registro del Tribunal el 3 de octubre de 1980, en el período de tres meses previsto en los artículos 31.1 y 47. El propósito de esta demanda es someter el caso al Tribunal y sugerirle la contrastación de que no ha habido violación alguna del Convenio.
3. El 4 de octubre, el Secretario recibió del Secretario de la Comisión cuarenta copias de este último informe.
4. La Sala de siete jueces que se debía constituir incluía, como miembros ex officio, al señor H. Mosler, juez electo de nacionalidad alemana ( artículo 43 del Convenio), y al señor G. Balladore Pallieri, Presidente del Tribunal [ artículo 28.3.b) del Reglamento del Tribunal ]. El 4 de octubre, el Presidente procedió a la designación por suertes, en presencia del Secretario, de los nombres de los otros cinco miembros, a saber: señores Thór Vilhjálmsson, W. Ganshof van der Meersch, señora D. Bindschedler-Robert, F. Matscher y E. García de Enterría (artículo 43 in fine del Convenio y artículo 21.4 del Reglamento).
5. El señor Balladore Pallieri asumió el cargo de Presidente de la Sala (artículo 21.5 del Reglamento). Por intermedio del Secretario adjunto, solicitó los puntos de vista del agente del Gobierno y del Presidente de la Comisión respecto al procedimiento que debía seguirse.
El 4 de octubre ordenó que el agente tendría un plazo hasta el 5 de diciembre para presentar un memorándum y que los delegados de la comisión estarían facultados para cumplimentar otro memorándum de respuesta en el plazo de dos meses a partir de la fecha en la que se les entregara por el Secretario el memorándum formulado por el Gobierno.
6. El 9 de octubre, el Secretario de la Comisión informó al Secretario del Tribunal que la Comisión había designado al señor Gaukur Jörundsson como su delegado.
7. El memorándum del Gobierno tuvo entrada en el registro el 5 de diciembre. El 15 de diciembre, el Secretario de la Comisión informó al del Tribunal de que su delegado presentaría sus observaciones en las audiencias correspondientes.
8. Después de haber consultado, a través del Secretario adjunto, al agente del Gobierno y al delegado de la Comisión, el señor Wiarda, Vicepresidente del Tribunal, que había reemplazado al señor Balladore Pallieri después de la muerte de este último [artículo 21.3.b) y 5 del Reglamento], fijó el 15 de diciembre la fecha de apertura de las audiencias orales para el 27 de enero de 1981.
9. El 2 de enero de 1981 demandó a la Comisión para que proveyera al Tribunal de determinados documentos, documentos que fueron cumplimentados por ella el 27 de enero y el 6 de febrero.
10. Las audiencias orales se celebraron en público en el edificio de Derechos Humanos de Estrasburgo el 27 de enero. Inmediatamente antes de su inicio, la Sala había celebrado una reunión preparatoria y autorizado al agente y consejeros del Gobierno y a la persona que asistía a los delegados de la Comisión para expresarse en lengua alemana (artículo 27.2 y 3).
Comparecieron ante el Tribunal:
Por el Gobierno:
El señor I. Maier, Ministeriáldirigentin en el Ministerio Federal de Justicia, agente
El señor H. Stöcker, Regierungsdirektor en el Ministerio Federal de Justicia.
El señor M. Lorenz, Regierungsdirektor en el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor H. Wegener, Oberrigierungsrat en el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Libre y Hanseática Ciudad de Hamburgo, consejeros.
Por la Comisión:
El señor Gaukur Jörundsson, delegado.
El señor K. Sojka, abogado del demandante ante la Comisión que asiste al delegado de acuerdo con el artículo 29.1, inciso segundo, del Reglamento del Tribunal .
El Tribunal escuchó declaraciones formuladas por el señor Maier en nombre del Gobierno y por el señor Gaukur Jörundsson y el señor Sojka por la Comisión, así como sus contestaciones a las preguntas formuladas por el Tribunal. En el curso de las audiencias, el agente del Gobierno facilitó determinados documentos al Tribunal.
11. El 6 de febrero, el agente del Gobierno y el abogado del demandante completaron en sus escritos las respuestas a determinadas cuestiones que se les plantearon durante las audiencias; el 19 de febrero, el señor Maier completó algunas observaciones referentes a la carta recibida del señor Sojka a este respecto.
HECHOS
12. El señor Buchholz nació en 1918 y vive en Hamburgo. Desde febrero de 1949 trabajaba para la firma J. H. Dependorf KG de limpieza en seco; su trabajo fundamental fue como conductor hasta finales de 1963 y a partir de entonces trabajó, en concreto, como controlador de sucursales. El 28 de junio de 1974 le fue notificado su despido con efectos al 31 de diciembre de ese mismo año como resultado de las medidas de reorganización.
El señor Buchholz sostuvo procedimientos legales ante los correspondientes Tribunales impugnando la legalidad de esta decisión; en sus fallos, estos Tribunales no dictaminaron su caso en «un tiempo razonable», tal y como requiere el artículo 6.1 del Convenio.
1. Procedimientos ante el Tribunal Laboral
a) Tribunal Laboral de Hamburgo (Arbeitsgericht)
13. El 10 de julio de 1974, el demandante inició una acción ante el Tribunal Laboral de Hamburgo reclamando que su despido era «socialmente injustificado» («Sozial ungerechtfertigt») en los términos del artículo 1 de la Ley de Despidos Improcedentes (Kündigungsschutzgesetz). La otra parte («los demandados») replicó el 25 de julio, un día antes del plazo límite que a estos efectos concedía el Tribunal.
14. En la primera audiencia, el 16 de agosto, el abogado del señor Buchholz presentó nuevos alegatos escritos. Como consecuencia el Tribunal Laboral permitió un tiempo a los demandados para contestar a los mismos y aplazó el fallo hasta el 4 de octubre.
15. En su escrito de réplica del 22 de agosto, los demandados, a requerimiento del Tribunal Laboral, facilitaron una explicación detallada de las razones del despido impugnado, procediendo asimismo a una descripción de la situación económica de la firma y explicando las medidas de racionalización adoptadas.
Los abogados del demandante procedieron a elaborar una contrarréplica el 19 de septiembre, uniendo a la misma una nota escrita por el propio cliente. Esta nota contenía la acusación a los directivos de la firma Dependorf de haber «dilapidado negligentemente millones (en fondos comerciales y personales) ganados honestamente por Robert Dependorf», pero habiéndose «asegurado personalmente a sí mismos tal posición de seguridad que ya no les interesaba si la firma Dependorf incrementaba o no cada vez más profundamente su déficit».
Ante estas acusaciones los defensores el 30 de septiembre enviaron al demandante dos nuevas notificaciones de despido, una extraordinaria (ausserordentliche Kündigung), que se hacía efectiva inmediatamente, y, como medida alternativa o de precaución (vorsorglich), una notificación ordinaria (ordentliche Kündigung) con efectos desde el 31 de marzo de 1975. La notificación extraordinaria se basaba en el artículo 626 del Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch), que exige una «razón de peso» para un despido de este tipo y la entrega de la notificación en el plazo de dos semanas desde el momento en que los empresarios hubiesen tenido conocimiento de los hechos que a su juicio constituyen dicha razón de peso.
El 2 de octubre, el abogado del señor Buchholz cumplimentó dos nuevos escritos de observaciones fechados el 1 y 2 de octubre respectivamente, añadiéndose al primero una copia de la carta de los demandados de 30 de septiembre; por el segundo el interesado extendía su acción para que cubriese las dos notificaciones de despido de 30 de septiembre.
16. En la audiencia de 4 de octubre de 1974, el Tribunal Laboral suspendió los procedimientos hasta el 25 de octubre hasta que los abogados de los demandados hubiesen recibido los últimos alegatos escritos del demandante que todavía no obraban en su poder.
El 14 de octubre, el abogado del demandante presentaba un memorándum suplementario.
En la sesión suspendida el 25 de octubre, el Tribunal Laboral, actuando de acuerdo con la legislación aplicable, propuso un arreglo amistoso, sin que dicha proposición fuese aceptada.
17. El Tribunal Laboral falló el 8 de enero de 1975, inmediatamente después de la audiencia de las conclusiones finales de las partes. Y sostuvo que ni la notificación de 28 de junio de 1974 ni la notificación extraordinaria de 30 de septiembre del mismo año implicaban la extensión del contrato del demandante, en el primer caso porque era «socialmente injustificado» en el sentido del artículo 1 de la Ley de Despidos Improcedentes y en el segundo porque era inexistente la «razón de peso» que requería el artículo 626 del Código Civil . El Tribunal rechazó asimismo una solicitud de los demandados para la cesación (Auflösungsantrag) del contrato de trabajo en aplicación del artículo 7 de la Ley de Despidos Improcedentes . Asimismo ordenó a los demandados el pago al señor Buchholz de 5.700 DM como salario de tramitación, pero rechazó la reclamación del salario futuro.
El fallo fue notificado por escrito a las partes el 25 de febrero de 1975.
b) Tribunal Laboral de Apelación de Hamburgo (Landesarbeitsgericht)
18. Los demandados apelaron al Tribunal Laboral de Apelación de Hamburgo el 13 de marzo de 1975. En su escrito señalaban que las acusaciones formuladas por el señor Buchholz constituían una «razón de peso» que justificaba la notificación extraordinaria de 30 de septiembre de 1974; asimismo las dos notificaciones ordinarias de 28 de junio y 30 de septiembre de 1974 eran igualmente correctas, la primera porque se hallaba «socialmente justificada» por razones solventes implicadas con la marcha de los negocios. Invitaban al Tribunal a revisar el fallo apelado y a descartar la acción del demandante o, subsidiariamente, a anular el contrato de trabajo existente entre las dos partes.
El demandante a su vez planteó un tema inciden» tal (Anschlussberufung) el 25 de marzo, exigiendo el pago de los salarios devengados los tres primeros meses de 1975.
19. Las partes cumplimentaron a continuación sus alegatos escritos fechados el 2 de abril y 15 de mayo de 1975 (los demandados) y el 22 de abril (el señor Buchholz). Este último mantuvo sus acusaciones contra los directivos de la firma y requirió al Tribunal de Apelación para que solicitase la opinión de un experto a fin de corroborar sus alegaciones.
20. En el curso de este procedimiento escrito tanto el demandante como los demandados habían solicitado de la Corte de Apelación que no se celebraran sesiones durante determinados períodos, concretamente entre el 25 de mayo y el 5 de junio el demandante y entre el 11 de abril y el 2 de mayo y del 6 al 11 de junio los demandados.
21. Habida cuenta de ello, el Tribunal de Apelación fijó el 16 de mayo de 1975 como fecha de la vista el 22 de julio. En dicha fecha, el Tribunal examinó, entre otros asuntos, las circunstancias exactas en las cuales las acusaciones del demandante, junto con la memoria de su abogado de 19 de septiembre de 1979 (véase párrafo 15 anterior), habían sido formuladas en el dossier; cuando se le preguntó sobre si él había intentado introducirlas en el proceso, declaró que dejaba este aspecto al juicio de su abogado. El Tribunal asimismo planteó la posibilidad de buscar empleo para el señor Buchholz en otro puesto; ello comprometía a los demandados a fijar en el plazo de un mes un organigrama del sector comercial de la empresa, indicando para cada puesto si el interesado estaba en condiciones de ocuparlo y en caso negativo las razones de ello.
Al demandante se le dio un mes para contestar.
22. Los defendidos realizaron el organigrama, acompañado de explicaciones, presentándolo el 31 de julio y contestaron el 6 de agosto a un alegato escrito del señor Buchholz, que, aunque presentado el 16 de julio, les había sido comunicado después de la vista del 22 de julio.
El 20 de agosto de 1975, el demandante formuló una proposición de arreglo amistoso, proposición que fue rechazada por los abogados defensores el 19 de septiembre. Por carta del 3 de octubre, el abogado del señor Buchholz cumplimentó un memorándum, de fecha 28 de septiembre, conteniendo observaciones realizadas por su cliente y solicitando del Tribunal una fecha pronta para la vista, renovando asimismo la solicitud que había ya formulado el 18 de septiembre, un día antes de que los demandados hubiesen rechazado la oferta de un arreglo amistoso. Afirmó, entre otras cosas, que la situación de incertidumbre desproporcionadamente larga en el tiempo se convertía física y psicológicamente en insoportable para el señor Buchholz.
El 9 de octubre, el Tribunal de Apelación decidió celebrar una audiencia el 19 de marzo de 1976 y transmitió a los defendidos el antes mencionado alegato escrito de 3 de octubre.
23. El 12 de noviembre de 1975, el abogado del demandante dirigió al Parlamento (Bürgerschaft) de la Libre y Hanseática Ciudad de Hamburgo una petición solicitando que se tomaran medidas para acelerar los procedimientos que se sostenían ante la jurisdicción laboral.
En los inicios de 1976, como una consecuencia aparente de su petición y como resultado de un aumento en el número de la plantilla judicial (véase párrafo 39 infra), el Tribunal de Apelación se halló facultado para establecer una Sexta Sala. Casi el 50 por 100 de los casos pendientes ante la Sala Tercera fueron trasladados a la nueva Sala, aunque la antigua continuó entendiendo de la acción del señor Buchholz.
El Parlamento respondió al demandante el 5 de mayo de 1976, señalándose que las autoridades habían tomado inmediatamente las disposiciones necesarias para facilitar la aceleración de los trabajos de la jurisdicción laboral.
24. Las cuestiones de hecho y de derecho que debían ser decididas fueron debatidas por las dos partes en audiencia habida el 19 de marzo de 1976. A su término, el Tribunal de Apelación formuló una providencia sobre los diversos puntos en litigio y sobre su posible implicación tal y como lo veía el propio Tribunal; en ella se proponía un acuerdo por el cual el contrato de trabajo se consideraría finalizado con efectos del 31 de diciembre de 1974 y los demandados pagarían al demandante una suma global de 34.200 DM.
El Tribunal invitó a las partes a formular sus observaciones el 30 de abril.
25. Mediante memorándum del 7 de abril, los demandados rechazaron la propuesta de acuerdo, y señalaron el hecho «incontestable» de que las dos notificaciones del 30 de septiembre de 1974 habían sido formuladas al demandante en idéntica fecha.
Por su parte, el abogado del señor Buchholz en su escrito de 8 de abril, en el que agradecía al Tribunal de Apelación su «examen profundo y prudente del caso», declinaba aceptar el acuerdo sugerido, y remarcaba que únicamente podría aceptarse esta solución si la fecha en la que se considerase terminado el contrato fuese la de 31 de diciembre de 1975.
Por otra parte, el 28 de abril de 1976 formuló una breve réplica al antes mencionado memorándum de 7 de abril. Contestaba a las afirmaciones de los demandados «en la medida en que se desviaban de las explicaciones» dadas por su cliente, pero sin abordar en concreto el asunto de la fecha de recepción de las dos notificaciones de 30 de septiembre de 1974. Y añadía que estaría ausente del 30 de mayo al 18 de junio, solicitando del Tribunal de Apelación que fijase una audiencia para el mes de mayo.
El 3 de mayo, el Tribunal de Apelación decidió que las audiencias se reanudarían el 27 de agosto y así lo hizo saber a las partes con fecha 1 de junio.
26. En la audiencia de 27 de agosto de 1976, el señor Buchholz negó haber recibido las dos notificaciones de 30 de septiembre dicho día y demandó del Tribunal que preguntara a su mujer al respecto, lo cual era pertinente a los efectos del artículo 626 del Código Civil (véase párrafo 15 anterior). El Tribunal accedió a esta solicitud. La señora Buchholz, que se hallaba presente en la Sala, confirmó las declaraciones de su marido y señaló que las notificaciones le habían sido entregadas entre el 5 y el 7 de octubre de 1974.
Los demandados contestaron este testimonio y solicitaron la contraprueba de que se oyese a cuatro testigos. El demandante se opuso a ello, indicando que no se intentaba sino dilatar los procedimientos. El Tribunal decidió no obstante que tanto el señor Buchholz como el jefe ejecutivo de la firma Dependorf y los cuatro testigos señalados por los defendidos fuesen oídos el 11 de enero de 1977. Al mismo tiempo al demandante, que había solicitado el auxilio judicial gratuito en el procedimiento de apelación, a que se proveyese del certificado necesario a estos efectos.
27. El certificado fue entregado al abogado del señor Buchholz con una carta de 28 de agosto. Consecuentemente, el 29 de septiembre el Tribunal acordó la ayuda judicial gratuita para la defensa del demandante respecto a la apelación principal, reservándose su decisión respecto a las cuestiones incidentales (véase párrafo 31 infra).
Prontamente, el 21 de septiembre de 1976, el demandante había impugnado la decisión antes mencionada de 27 de agosto ante el Tribunal Constitucional Federal. Denunciando la duración del litigio e invocando los artículos 2 , 3 , 12 y 20 de la Ley Fundamental , así como el artículo 6 del Convenio, solicitaba del Tribunal Constitucional una orden requiriendo al Tribunal de Apelación para que considerase el asunto sometido a su fallo y le diese un inmediato fin al mismo.
El expediente fue remitido al Tribunal Constitucional Federal, que, en sesión de tres magistrados [ artículo 93.a) de la Ley del Tribunal Constitucional Federal , Bundesverfassungsgerichtsgesetz], emitió fallo el 2 de noviembre. El Tribunal rechazó su visto bueno para la tramitación constitucional de la demanda: incluso si se supusiera que ésta era admisible, no ofrecía suficientes indicios de prosperar en la medida en que no existía prueba alguna que mostrase que el Tribunal de Apelación había dilatado los procedimientos; teniendo en cuenta la extrema complejidad de los hechos del supuesto, la duración del proceso había sido originada fundamentalmente por el demandante, quien había continuamente incrementado sus conclusiones y solicitado la realización de nuevas pruebas.
29. El magistrado Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Laboral de Apelación, que era el ponente en el caso de la demanda, se jubiló el 19 de noviembre.
30. El 11 de enero de 1977, el Tribunal de Apelación escuchó a cuatro testigos en relación con la fecha de recepción de las notificaciones de despido. Y aplazó al 28 de enero su decisión, a pesar de las objeciones formuladas por el abogado del señor Buchholz, debido a la necesidad de tomar pruebas de un testigo adicional designado por los demandados y del señor Lentfer, jefe ejecutivo de la firma Dependorf.
31. El 28 de enero, el Tribunal de Apelación concedió la asistencia judicial gratuita al demandante para su apelación incidental (véase párrafo 27 anterior) y ordenó que el señor Lentfer debía ser llamado a prestar declaración el 22 de marzo.
Mediante una carta de 31 de enero, el abogado de los demandados invocó una excepción solicitando el aplazamiento de la audiencia del señor Lentfer, precisando que tanto él como el propio señor Lentfer estarían ausentes desde el 15 de abril al 4 de mayo. El Tribunal de Apelación accedió a la demanda el 2 de febrero y pospuso la audiencia hasta el 6 de mayo.
El demandante escribió el 5 de febrero al Secretario de la Comisión -su petición ante la Comisión había sido depositada el 18 de diciembre de 1976- para quejarse de esta decisión, pero de acuerdo con el Gobierno no hay muestras en los archivos del caso de que hubiese planteado esta objeción ante el propio Tribunal de Apelación.
32. El 6 de mayo, los representantes de ambas partes declararon que las dos notificaciones controvertidas de despido habían sido recibidas por el señor Buchholz el 30 de septiembre de 1974.
El 13 de mayo, el Tribunal de Apelación ordenó que se obtuviese una prueba pericial sobre el tema de si eran o no justificadas las acusaciones del demandante contra los directivos de la firma Dependorf (véase párrafo 15 anterior). La Cámara de Comercio de Hamburgo, requerida a este efecto, nombró un experto el 14 de junio: después de oír a las partes, el Tribunal designó al experto con fecha- 30 de junio.
El informe de este experto fue cumplimentado el 2 de diciembre de 1977, y el Tribunal lo comunicó al demandante y a los demandados para que efectuaran sus observaciones el 5 de enero de 1981.
33. La última audiencia se realizó el 3 de febrero. Las partes realizaron sus conclusiones finales, después de lo cual el Tribunal Laboral de Apelación emitió su fallo. Este aceptaba la tesis de los demandados y rechazaba la apelación incidental del señor Buchholz, a cuyo cargo correrían las costas de los procedimientos.
El Tribunal de Apelación sostuvo que la notificación extraordinaria de 30 de septiembre de 1974 era válida por las siguientes razones: Las imputaciones realizadas por el demandante constituían una razón de peso para su despido en los términos del párrafo 1 del artículo 626 del Código Civil y la notificación del despido había sido entregada en el período de dos semanas previsto en el párrafo 2 de este artículo. Las explicaciones profundas y convincentes realizadas por el experto ponían de relieve manifiestamente que las acusaciones del señor Buchholz eran infundadas (hálitos), y aparte de ser extremadamente difamatorias eran inapropiadas y, más aún, innecesarias para su defensa contra la notificación ordinaria de despido de 28 de junio de 1974 (véase párrafo 15 anterior).
El fallo fue notificado por escrito a las partes el 5 de abril.
c) Tribunal Federal de Trabajo (Bundesarbeitsgericht)
34. Con vistas a plantear el recurso de casación (revisión), el señor Buchholz solicitó el 13 de abril al Tribunal Federal de Trabajo ayuda legal y gratuita, solicitud que le fue concedida el 12 de septiembre.
El 20 de septiembre demandó del Tribunal Federal permiso para formalizar su petición a pesar de haber expirado el plazo legal establecido, permiso que le fue concedido el 10 de octubre.
El recurso, que había sido cumplimentado y depositado el 22 de septiembre, fue transmitido a los demandados, quienes contestaron por escrito el 29 de diciembre.
35. El 26 de abril de 1979 el Tribunal Federal, después de haber oído a las partes, propuso un acuerdo por el cual el contrato de trabajo sería considerado como terminado el 31 de diciembre de 1974 y los demandados pagarían al demandante una suma global de 24.000 DM más 5.700 DM ya satisfechos como devengos de salarios en ejecución del fallo del Tribunal Laboral.
La propuesta fue rechazada por los demandados; mediante fallo de ese mismo día, el Tribunal rechazó el recurso de casación como infundado.
2. PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL (BUNDESVERFASSUNGSGERICHT)
36. El 10 de mayo de 1979, el señor Buchholz impugnó dicho fallo ante el Tribunal Constitucional Federal, alegando violación de algunos derechos fundamentales. Se quejó de la extrema duración de los procedimientos ante los diversos Tribunales laborales, remarcando este factor como causa de la decisión controvertida. Aún más, criticó al Tribunal Laboral Federal por haber puesto fin a un procedimiento «que en circunstancias normales todavía no habría terminado»; a la vista de su demanda ante la Comisión, mantenía que el Tribunal Laboral Federal «no quería hacer más patente la infracción del Convenio continuando con los procedimientos». Además, el demandante se quejaba de que el fallo impugnado era insostenible en lo que respecta a su fundamentación (sachlich unhaltbar) y constituía una inaceptable sanción interna destinada a castigarle por haber planteado su caso ante la Comisión.
El 19 de julio, el Tribunal Constitucional rechazó la tramitación de la demanda constitucional sobre la base de que era inadmisible. El demandante no había identificado -tal y como estaba previsto en las normas- con claridad suficiente cualquier violación posible de sus derechos fundamentales. En particular, su queja respecto a la larga duración de los procedimientos no implicaba que el resultado del proceso fuese incompatible con cualquiera de sus derechos fundamentales, y ésta era la razón por la cual su impugnación del fallo no se tenía en pie.
Al igual que en 1976 (véase párrafo 28 anterior), el Tribunal se reunió para el fallo en una sección de tres miembros.
3. Situación del demandante después de su despido
37. Durante un año después de su despido, el señor Buchholz percibió semanalmente las prestaciones del desempleo (Arbeitslosengeld) de acuerdo con la Ley de Promoción del Empleo (Arbeitsförderungsgesetz), es decir, 202,20 DM, desde el 9 de octubre al 31 de diciembre de 1974, 228 DM del 1 de enero al 30 de septiembre de 1975 y 250,80 DM hasta el 7 de octubre de 1975. La Oficina de Empleo de Hamburgo (Arbeitsamt) rechazó, el 23 de diciembre de 1975, concederle la Seguridad Social del desempleo (Arbeitslosenhilfe), teniendo en cuenta las ganancias de su mujer. Desde el 1 de agosto de 1978, el demandante percibió una pensión de retiro de la Seguridad Social (Sozialversicherungsrente), cuyo monto -al inicio de 1.462 DM por mes- ha sido periódicamente revisado.
38. Según el Gobierno, desde octubre de 1974 la Oficina de Empleo de Hamburgo ha intentado sin éxito encontrar otro trabajo para el demandante, incluso ofreciendo ayuda financiera a los potenciales empresarios.
4. Volumen de trabajo de los Tribunales Laborales de Apelación entre 1974 y 1976
39. Como consecuencia de la recesión económica sufrida por la República Federal de Alemania, los Tribunales Laborales de Apelación experimentaron un notable incremento en la cantidad de trabajo entre 1974 y 1976. De acuerdo con las estadísticas suministradas por el Gobierno a requerimiento del Tribunal, la incidencia de apelaciones procedentes de fallos de los Tribunales laborales se incrementó, respecto al año anterior, en un 23,1 por 100 en 1974, un 20,8 por 100 en 1975 y un 9,7 por 100 en 1976. A fin de afrontar esta situación, las autoridades competentes incrementaron el número de empleos judiciales en 9,6 por 100 en 1974, 12,5 por 100 en 1975 y 11,1 por 100 en 1976. Se abordaron además un 17,3 por 100 más de expedientes en 1974, un 27,5 por 100 en 1975 y un 13,4 por 100 en 1976.
En lo que respecta al Tribunal de Apelación de Hamburgo en concreto, tuvieron entrada 689 apelaciones en 1974, 758 en 1975, 786 en 1976 y 756 en 1977, y se fallaron 716 demandas en 1974, 700 en 1975, 798 en 1976 y 788 en 1977. La duración media de los procedimientos desarrollados fue de 2,88 meses en 1974 a 3,20 meses en 1975, sufriendo una disminución de 2,98 meses en 1976, 2,79 meses en 1977 y 2,53 meses en 1978. A este respecto el Tribunal de Apelación de Hamburgo fue más favorecido que sus semejantes de otros Länder, donde, no obstante, se registró asimismo una disminución. Un examen de 255 casos fallados en 1975 y 1976 por la Sala Tercera, que era la que se ocupaba del asunto del señor Buchholz, muestra, según el Gobierno, que 163 casos fueron despachados con una sola audiencia, 59 con dos audiencias, 23 después de tres audiencias y 10 casos requirieron de cuatro a seis audiencias.
40. De cara a la agilización de las tareas de los Tribunales laborales en los años 70, el Gobierno presentó a las asambleas legislativas en 1978 un proyecto destinado, entre otras cosas, a acelerar los procedimientos ante aquellos Tribunales. La consiguiente Ley fue puesta en vigor el 1 de julio de 1979.
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE LA COMISIÓN
41. En su demanda de 18 de diciembre de 1976 ante la Comisión (número 7.759/1977), el señor Buchholz se quejó de la duración de los procedimientos ante los Tribunales alemanes y alegó un incumplimiento de los artículos 6.1 y 8 del Convenio. Durante el recurso de estos procedimientos sobre el fondo, alegó igualmente los artículos 3 y 12.
42. El 7 de diciembre de 1977, la Comisión declaró admisible la demanda.
En su informe de 14 de mayo de 1980, la Comisión manifestó su opinión de que las prescripciones contenidas en el artículo 6.1 no habían sido cumplidas (siete votos a cinco), pero sin que se plantease tema alguno respecto a los artículos 3, 8 ó 12.
CONCLUSIONES FINALES PRESENTADAS ANTE LA COMISIÓN
43. En la audiencia de 27 de enero de 1981, el Gobierno planteó la siguiente conclusión final, que había sido ya señalada en su memorándum de 5 de diciembre de 1980
«Solicitamos la constatación de que el Convenio no ha sido violado en el presente caso.»
FUNDAMENTOS DE DERECHO
44. La queja del demandante versaba sobre la duración de los procedimientos suscitados por él ante los Tribunales alemanes, e invocaba los artículos 6.1, 8, 3 y 12 del Convenio.
1. Violación alegada del artículo 6.1 del Convenio
45. La Comisión llegó a la conclusión de que se había producido una violación del artículo 6.1, que dispone:
«En la determinación de sus derechos civiles y obligaciones o en el caso de cualquier acusación criminal contra él, cualquiera está facultado para tener una vista justa y pública en un tiempo razonable ante un Tribunal independiente e imparcial determinado por la ley...»
Opinión que no fue compartida por el Gobierno.
46. Existe un tema que no ha sido planteado y que el Tribunal debe tener en cuenta: el «derecho» que reclama el señor Buchholz era un «derecho civil» en los términos del artículo 6.1. De acuerdo con ello, la única cuestión que debe ser fijada es si se excedió o no el «tiempo razonable».
47. El Tribunal debe primero acotar el período que ha de ser tomado en consideración.
La demanda del señor Buchholz se realizó directamente contra los procedimientos que se desarrollaron en los tres niveles sucesivos de la jurisdicción laboral alemana desde el 10 de julio de 1974 (véase párrafo 13 anterior) y subsiguientemente ante el Tribunal Constitucional Federal.
La Comisión consideró que esta última fase de los procedimientos no era relevante. Y cita su jurisprudencia al respecto del artículo 6.1, que no es aplicable al Tribunal Constitucional Federal cuando éste, actuando en sección de tres miembros, declara inadmisible una demanda constitucional, y se refiere asimismo a la última decisión habida sobre la auténtica naturaleza de los derechos de los que se ocupa un Tribunal Constitucional contenidos en el artículo 6.1 y que es inaplicable al Tribunal Constitucional Federal (véase párrafo 93 del informe).
48. A los efectos de llegar a una decisión sobre las materias controvertidas, baste señalar que el Tribunal Constitucional no fue requerido para determinar la disputa («contestation») entre el señor Buchholz y sus empresarios tal y como se había llevado ante los Tribunales laborales; su decisión no afectaba al derecho reivindicado por el demandante a los demandados (véase párrafo 36 anterior, en su relación con los párrafos 13 y 15). Por ello los procedimientos subsiguientes al fallo del Tribunal Federal Laboral escapan al ámbito del artículo 6.1. No hay por ello necesidad de decidir si pudiera plantearse en un contexto diferente.
El período que debe tenerse en cuenta a la luz del artículo 6.1 se extiende, por consiguiente, desde el 10 de julio de 1974 (inicio de la acción ante el Tribunal Laboral; véase párrafo 13 anterior) hasta el 26 de abril de 1979 (notificación del fallo del Tribunal Federal Laboral; véase párrafo 35 anterior); su duración total es, por tanto, de cuatro años, nueve meses y dieciséis días.
49. El carácter razonable de la duración de los procedimientos implicados en el ámbito del artículo 6.1 debe ser apreciado en cada caso teniendo en cuenta las circunstancias particulares del mismo. Respecto a los asuntos penales, el Tribunal ha de tener en consideración a este respecto, inter alia, la complejidad del caso y de la conducta tanto del demandante como de las autoridades competentes (véase el fallo del asunto Neumeister de 27 de junio de 1968, serie A, núm. 8, pp. 42-43, párrafos 20- 21, y el fallo Ringeisen de 16 de julio de 1971, serie A, número 13, p. 45, párrafo 110). El Tribunal tiene en cuenta idéntico criterio en lo que se refiere a la conducta de los demandados y al contenido de lo que se halla en litigio por parte del demandante en los casos que afectan a procedimientos suscitados ante Tribunales administrativos en relación con derechos civiles (véase el fallo König de 28 de junio de 1978, serie A, núm. 27, pp. 34-40, párrafos 99, 102-105 y 107-111). Se cree que en este caso se debe adoptar un enfoque similar. El Tribunal añadiría únicamente los retrasos imputables al Estado que puedan justificar, en las instancias correspondientes, un incumplimiento del compromiso que implica «el tiempo razonable».
50. En la República Federal de Alemania, al igual que en bastantes otros Estados miembros del Consejo de Europa, el Tribunal penal o administrativo es, no hay que negarlo, responsable de la investigación y de la conducción del proceso (véanse el antes mencionado fallo Neumeister, pp. 42-43, párrafo 21, y el antes mencionado fallo König, pp. 34-39, párrafos 102-105, 107 y 109). Por el contrario, tal y como señala el Gobierno, en la República Federal de Alemania los procedimientos que se desarrollan ante los Tribunales laborales, al igual que ante los civiles, están regidos por el principio de la conducción de la litis por las partes (Parteimaxime). Además, la legislación alemana preconiza los arreglos amistosos de los litigios que afectan al empleo ( artículos 54 , 57 , 64 y 72 de la Ley de Tribunales Laborales , Arbeitsgerichtsgesetz); este factor fue correctamente puesto de relieve por parte del Gobierno.
Sin menospreciar la importancia de estas diferencias, el Tribunal considera, al igual que ya lo hizo la Comisión, que no existe dispensa alguna a las autoridades judiciales para que aseguren la rápida tramitación de las acciones en los términos comprendidos en el artículo 6. El Tribunal constata, además, que a la luz de la dicción del artículo 9 de la Ley de Tribunales Laborales , los Tribunales laborales alemanes en cualquier nivel de la jurisdicción deben activar la marcha de los procedimientos.
51. El Gobierno ha insistido sobre el hecho innegable de que como consecuencia de la recesión económica tuvo lugar un aumento significativo en el volumen de la conflictividad en el ámbito del empleo, lo que produjo una acumulación anormal de asuntos ante los Tribunales, incluidos los de Hamburgo.
El Tribunal señala asimismo que el Convenio obliga a los Estados contratantes a estructurar su sistema jurídico para permitir a los Tribunales cumplimentar los requisitos del artículo 6.1, incluyendo el proceso en «un tiempo razonable». No obstante, una acumulación temporal de asuntos no implica responsabilidad de los Estados contratantes siempre que éstos hayan actuado diligentemente en orden a afrontar dichas situaciones.
Transcurrieron más de cuatro años y nueve meses antes de que el Tribunal Federal Laboral notificase el fallo en su condición de Tribunal de última instancia. Este lapso de tiempo parece considerable para un asunto de esta naturaleza. Más aún, lo que se sometió a litigio era de una importancia capital para el señor Buchholz, ya que lo que estaba incurso era su readmisión en el trabajo o una compensación económica en el caso de que el contrato se diese por terminado. Consiguientemente, el Tribunal debe examinar, sobre la base de los criterios y factores antes señalados, el transcurso de los procedimientos ante cada uno de los tres Tribunales que abordaron sucesivamente el caso que nos ocupa.
a) Tribunal Laboral de Hamburgo
53. Los procedimientos ante el Tribunal Laboral de Hamburgo tuvieron inicio el 10 de julio de 1974 y acabaron el 8 de enero de 1975 con un fallo que fue notificado por escrito a las partes el 25 de febrero. De acuerdo con las estadísticas suministradas por el Gobierno, este plazo está por encima del promedio para el período de 1974, tanto en lo que se refiere al propio Tribunal de Hamburgo (3,5 meses) como para los Tribunales laborales de otros Länder (2,6 meses).
Ante la Comisión el demandante alegó que se dieron en esta fase varias audiencias innecesarias. No obstante, no suministró datos y el Tribunal, teniendo en cuenta que en esta fase el caso era más complicado (véase párrafo 55 posterior), no constata para este período, que duró menos de ocho meses, un retraso excesivo que pudiera justificar la infracción del artículo 6.1.
b) Tribunal Laboral de Apelación de Hamburgo
54. Los procedimientos ante el Tribunal Laboral de Apelación de Hamburgo, que se iniciaron por la apelación planteada por los demandados el 13 de marzo de 1975, culminó el 3 de febrero de 1978 en un fallo notificado por escrito a las partes el 5 de abril. Estos procedimientos, hasta la notificación del fallo, duraron por tanto dos años, diez meses y veintiún días, lo cual ha excedido notablemente el promedio registrado entre 1975 y 1978, tanto para el Tribunal de Hamburgo como para los de análoga naturaleza de otro Länder (véase párrafo 39 anterior).
El demandante por ello concentró sus quejas en esta fase y a juicio de la Comisión éste es el momento crucial.
55. Por lo que se refiere a la complejidad del caso, el Gobierno había llamado debidamente la atención respecto al hecho de que los asuntos se complicaron cuando el abogado del señor Buchholz introdujo, en el marco de su escrito de quejas de 19 de septiembre de 1974 al Tribunal Laboral, la acusación formulada por su cliente contra los directivos de la compañía demandada (véase párrafo 15 anterior) y asimismo cuando su cliente negó el 27 de agosto de 1976 haber recibido las dos notificaciones de despido de 30 de septiembre de 1974, alegación que él mismo reconocería con posterioridad ser incorrecta (véanse párrafos 26 y 32 anteriores). El primer factor provocó las dos notificaciones de despido y el segundo la audiencia de testigos, cuyo testimonio se reveló a fin de cuentas superfluo.
El Tribunal constata que la tarea de los Tribunales, y en particular de los de apelación, se hizo más dificultosa por estos dos elementos, aunque la complejidad del caso, tomado en sí mismo, no puede en modo alguno justificar la duración de los procedimientos de apelación, desde el punto de vista del Tribunal.
56. En lo que respecta a la conducta del demandante, debe tenerse en cuenta que en 1975 y 1976 su abogado solicitó en dos ocasiones al Tribunal de Apelación que no se realizaran audiencias durante determinados períodos que totalizan en conjunto un mes (véanse párrafos 20 y 25 anteriores). Lo que es más, mediante su afirmación de 27 de agosto de 1976 de que las dos notificaciones de 30 de septiembre de 1974 no le habían sido entregadas el mismo día, el señor Buchholz forzó una prolongación de más de ocho meses, período durante el cual el Tribunal tomó declaración a los testigos llamados por las dos partes respecto a la fecha controvertida (véanse párrafos 26, 30, 31 y 32 anteriores). En el párrafo 108 de su informe la Comisión señala asimismo como causa adicional del retraso la demanda constitucional de 21 de septiembre de 1976. No obstante, tal y como se señalo por el demandante y se reconoció por el Gobierno, el Tribunal de Apelación había fijado la fecha de la vista el 11 de enero de 1977, un mes antes de que se depositara la demanda constitucional, lo cual no pudo en modo alguno influir a este respecto (véanse párrafos 26 y 28 anteriores). Ello no obstante, parece cierto que el demandante contribuyó en gran medida a la duración de los procedimientos, especialmente por el modo en que encaminó su defensa en este caso. En esto este Tribunal está de acuerdo con el Gobierno y la Comisión.
57. Los demandados, por su parte, solicitaron asimismo del Tribunal de Apelación en tres ocasiones entre 1975 y 1977 que no se celebraran audiencias en determinadas fechas, cuya suma total de días es de cuarenta y cinco; los demandados son por ello responsables de haber alargado el litigio en alrededor de seis semanas (véanse párrafos 20 y 31 anteriores). Aún más, dejaron transcurrir un mes antes de contestar a la oferta de acuerdo amistoso formulada por el demandante el 20 de agosto de 1975 (véase párrafo 22 anterior). Finalmente, prolongaron el procedimiento mediante la solicitud de que se tomara declaración á los testigos por ellos llamados al respecto de la fecha de recepción de las notificaciones de despido de 30 de septiembre de 1974 (véanse párrafos 26 y 30 anteriores). En las circunstancias de este caso en concreto, no obstante, el Tribunal opina que los dos primeros períodos de alargamiento no son de una importancia excesiva. El tercero se desprende de hecho de una nueva línea de argumentación formulada por el demandante, que la firma Dependorf, en el ejercicio legítimo de su derecho de defensa, contraatacó solicitando el testimonio de testigos.
58. A juicio de la Comisión y de las conclusiones del señor Buchholz, la causa principal del alargamiento de los procesos debe hallarse en la conducción del caso que llevó a cabo el Tribunal de Apelación.
El demandante se quejaba en concreto de la inutilidad de varias de las audiencias, el excesivo tiempo de los intervalos entre las mismas, la falta de personal en el Tribunal de Apelación y el retraso en designar un perito.
La Comisión determinó que las órdenes de 9 de octubre de 1975 y 27 de agosto de 1976 que fijaban nuevas audiencias para el 19 de marzo de 1976 y 11 de enero de 1977, respectivamente (véanse párrafos 22 y 26 anteriores), no eran compatibles con el deber de tramitar los procedimientos con celeridad. Y además que la decisión adoptada el 3 de mayo de 1976 de no celebrar una audiencia el 27 de agosto provocó igualmente una pérdida de tiempo de varios meses (véase párrafo 25 anterior). A juicio de la Comisión, a fin de acelerar el desarrollo de la demanda, el Tribunal de Apelación debería haber rechazado la solicitud de la firma Dependorf el 31 de enero de 1977 para que se suspendiese la toma de declaración de un testigo (véanse párrafos 30 y 31 anteriores).
59. Teniendo en cuenta las normas generales del derecho alemán, que exigen que, en la medida que sea posible, los procedimientos de este tipo sean resueltos con una audiencia ( artículos 57 y 64 de la Ley de Tribunales Laborales ), el número de audiencias (seis) dedicadas a este caso por el Tribunal de Apelación pudiera a primera vista parecer sorprendente. En este contexto, las estadísticas suministradas por el Gobierno son bastante reveladoras, ya que muestran que muy escasos supuestos de los abordados por una Sala del Tribunal de Apelación en 1975 y 1976 dieron lugar a más de tres audiencias (véase párrafo 39 anterior).
No obstante, lo que sucedió en esta instancia se deriva en gran parte de la manera en que el demandante llevó su caso. Cuando en la tercera audiencia, es decir, en una fase avanzada del procedimiento, el señor Buchholz negó haber recibido las dos notificaciones el 30 de septiembre de 1974, el Tribunal de Apelación se sintió naturalmente obligado a escuchar al testigo de la contraparte, ya que sin ello existía el riesgo de perjudicar el derecho a la defensa de esta última. Nadie puede, y así lo vio la Comisión, criticar al Tribunal de Apelación de negligencia por discutir con las partes un documento ya cumplimentado que pudiera quizá haber revelado la fecha exacta de la entrega, porque, en función de las afirmaciones del demandante, corroboradas ese mismo día por su mujer, el Tribunal de Apelación pudo razonablemente haber considerado necesario llamar también a los testigos de los demandados.
Tampoco puede el Tribunal de Apelación ser criticado por no haber designado la prueba pericial desde el inicio de los procedimientos. Es comprensible que el Tribunal pensase al iniciarse éstos la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso a pesar de las serias acusaciones formuladas por el demandante contra los directivos de la firma Dependorf. Que estas acusaciones estuviesen fundamentadas se convirtió en un tema subsidiario; la necesidad de entrar en el asunto se demostró una vez que la imposibilidad de llegar a un acuerdo se manifestó con nitidez. El hecho de que en la tercera audiencia el demandante negase haber recibido las dos notificaciones de despido el 30 de septiembre de 1974 explica la razón de que el Tribunal de Apelación tuviese de nuevo que solicitar la prueba pericial. Era de todo punto necesario esperar el resultado del testimonio de los testigos.
60. El Tribunal otorga gran significado a determinados retrasos, incluyendo aquellos puestos de relieve por la Comisión, respecto a los plazos límites fijados por el Tribunal de Apelación.
En primer lugar, existe una providencia de 9 de octubre de 1975 fijando la nueva audiencia para el 19 de marzo de 1976. De hecho, durante esos cinco meses el Tribunal de Apelación estaba realizando un estudio del supuesto con vistas a llegar a un acuerdo amistoso; por ello, la propuesta que se formula el 19 de marzo se realizó después de un examen del caso que el propio señor Buchholz, reconociendo los esfuerzos del Tribunal, calificó de profundo y prudente. De acuerdo con el Gobierno, el Tribunal de Apelación estaba, a continuación de la audiencia de 9 de octubre, esperando una respuesta -que en la práctica nunca se formuló- de los demandados al escrito de alegaciones de 3 de octubre. Sin despreciar las dificultades que implica el intento de realizar un acuerdo amistoso, especialmente debido a las acusaciones formuladas por el demandante contra la gestión de sus antiguos empresarios, el Tribunal estima que existen motivos para preocuparse respecto a la duración de esta fase de los procedimientos, que todavía se amplió en un período de cinco semanas concedido a las partes para las contestaciones.
Lo mismo es aplicable a la providencia de 3 de mayo de 1976, que determinaba que la nueva audiencia debía realizarse el 27 de agosto, a pesar de la solicitud del abogado del demandante que había sugerido el mes de mayo e informado al Tribunal de Apelación de su ausencia inevitable desde el 30 de mayo al 18 de junio. De acuerdo con el Gobierno, el señor Buchholz no formuló objeción alguna a esta providencia, pero ello no implica que el Tribunal de Apelación esté por esto relevado de esta responsabilidad.
La providencia de 27 de agosto de 1976 defiriendo la nueva audiencia hasta el 11 de enero de 1977 plantea dudas similares aun cuando se acepte el hecho de que su inminente retiro pudiera haber llevado al magistrado Presidente de la Sala Tercera a fijar una fecha que permitiera a su sucesor estudiar la documentación del asunto.
La Comisión está también en lo cierto al criticar la providencia de 2 de febrero de 1977 que pospone hasta el 6 de mayo, a solicitud de los demandados, la celebración de la prueba testifical que había sido solicitada desde el 11 de enero. El señor Buchholz no parece que haya formulado objeción formal alguna, pero de nuevo esto no puede eximir al Tribunal de Apelación de su responsabilidad.
Finalmente, es difícil de comprender por qué el fallo no se notificó por escrito a las partes hasta transcurridos dos meses desde su otorgamiento.
61. Con apoyo en las pruebas estadísticas, el Gobierno fundamentó su argumento básico en el aumento especialmente fuerte de trabajo que en el tiempo que nos ocupa se echó encima de los Tribunales laborales de apelación en la República Federal de Alemania y, en particular, en el Tribunal Laboral de Apelación de Hamburgo. A juicio del Gobierno, la acumulación de asuntos pendientes impidió un tratamiento más expedito del caso Buchholz. Aun reconociendo que este estado de cosas era cierto, la Comisión pensaba que no se tomaron suficientes medidas que remediaran esto y que aseguraran al demandante una solución de su demanda en un tiempo razonable de acuerdo con el artículo 6.1 del Convenio.
El Tribunal constata que el número de puestos judiciales fue incrementado desde 1974, momento en el cual el volumen de conflictividad estaba empezando a crecer como consecuencia de la recesión económica. El Tribunal Laboral de Apelación de Hamburgo tuvo por tanto que solucionar más demandas en 1976 y 1977 que en 1974 y 1975, al tiempo que disminuía la duración media de los procedimientos (véase párrafo 39 anterior). Por otra parte, el Tribunal de Hamburgo, preocupado por el gran número de casos -incluyendo el del señor Buchholz- que estaban planteados ante la Sala Tercera, estableció a inicios de 1976 una Sexta Sala, a la que se trasladaron casi la mitad de las acciones en cuestión (véase párrafo 23 anterior). Finalmente, a efectos de acelerar los asuntos que se planteaban ante los tribunales laborales, el Gobierno llevó a cabo una iniciativa de reforma legislativa aprobada por las asambleas parlamentarias en 1979 (véase párrafo 40 anterior).
Naturalmente tomó un tiempo comprobar el efecto de las medidas que se habían adoptado. No obstante, ellas mismas muestran que el Gobierno era completamente consciente de sus responsabilidades en el asunto. Consecuentemente, a la hora de fijar si el artículo 6.1 del Convenio ha sido violado, el Tribunal debe tomar nota de la acumulación global de trabajo que estaba pendiente en el Tribunal Laboral de Apelación de Hamburgo durante un período que este Tribunal considera excepcional en sus términos (véase párrafo 51 anterior).
c) Tribunal Federal Laboral
62. El Tribunal Federal Laboral resolvió positivamente el 12 de septiembre de 1978 la demanda del señor Buchholz de 13 de abril en solicitud de ayuda legal; su recurso de casación fue formulado ante el Tribunal el 22 de septiembre y rechazado el 26 de abril de 1979. La duración total de estos procedimientos fue, por consiguiente, de un año y trece días.
El demandante no ha suministrado detalles de sus quejas en lo que respecta al Tribunal Federal. Cuando impugna su decisión en el recurso constitucional, su solicitud no incluye en ningún caso que hayan existido retrasos específicos en él, sino, por el contrario, que esta fase se ha acabado prematuramente (véase párrafo 36 anterior).
De acuerdo con la Comisión, los procedimientos no fueron prolongados sin justificación ni por el señor Buchholz, ni por los demandados, ni por el Tribunal Federal Laboral. El Tribunal no tiene motivo alguno para sostener un punto de vista divergente.
* * *
63. Después del examen anterior del curso de estas tres instancias de procedimiento, este Tribunal está en condiciones de determinar si su duración total viola el artículo 6.1 del Convenio.
Aunque la tramitación de la segunda instancia del procedimiento fue extremadamente lenta y aunque el Tribunal Laboral de Apelación, en concreto, defirió en varias ocasiones sus audiencias en períodos largos de tiempo, la duración del litigio fue también de gran extensión como consecuencia de determinados puntos suscitados por el señor Buchholz, por lo cual éste debe soportar las consecuencias. Tampoco puede el Tribunal olvidar el hecho de que las demoras en el Tribunal de Apelación se originan en un período de transición significado por un aumento notable en el volumen de conflictividad que resulta de un deterioro en la situación económica general. Habiendo apreciado el material depositado ante él y tomado nota de los esfuerzos de las autoridades para acelerar la tramitación de los asuntos ante los Tribunales laborales, el Tribunal estima que, ni aun considerados en conjunto, los retrasos atribuibles a los Tribunales competentes exceden el tiempo razonable en los términos del artículo 6.1.
2. SOBRE LAS VIOLACIONES ALEGADAS DE LOS ARTÍCULOS 8, 3 Y 12 DEL CONVENIO
64. El demandante invocó también los artículos 8, 3 y 12 del Convenio, sosteniendo que la duración de los procedimientos había sido causa de serias dificultades, tanto financieras como personales, para él.
El Gobierno sostuvo que la causa auténtica de dichas dificultades fue el despido del señor Buchholz.
A juicio de la Comisión, no se plantea tema alguno respecto a los artículos antes mencionados.
65. Asumiendo que el fallo en tramitar una acción en un tiempo razonable puede en determinados casos tener repercusiones en lo que atañe a otros derechos garantizados por la Comisión (véase, mutatis mutandis, el fallo de 23 de julio de 1968 sobre el fondo del asunto «Régimen lingüístico belga», serie A, núm. 6, p. 33, párrafo 7), el Tribunal tiene en cuenta que en el presente supuesto no hay violación de los requisitos del artículo 6.1. Aparte de esta consideración, el Tribunal estima que no hay asunto alguno que se suscite de acuerdo con los artículos 8, 3 y 12 considerados en sí mismos.
POR ESTA RAZON, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD
Sostiene que no hay violación ni del artículo 6.1 ni de los artículos 3, 8 ó 12 del Convenio.
Dado en inglés y en francés, el texto francés da fe, en el edificio de Derechos Humanos, en Estrasburgo, el seis de mayo de mil novecientos ochenta y uno.
Por el Presidente,
Firmado: Walter Ganshof van der Meersch
MAGISTRADO
Firmado: Marc-André Eissen
SECRETARIO
[Traducción: Manuel Alba Navarro]