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GRAN SALA
ASUNTO CATAN Y OTROS c. MOLDAVIA Y RUSIA
(Demandas nº. 43370/04, 8252/05 and 18454/06)
SENTENCIA
ESTRASBURGO
19 Octubre 2012
Esta sentencia es definitiva pero puedo sufrir retoques de forma.
En el asunto Catan y otros contra Moldavia y Rusia
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reunido en Gran Sala compuesta por:
Nicolas Bratza, Presidente,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Nina Vajić,
Dean Spielmann,
Lech Garlicki,
Karel Jungwiert,
Anatoly Kovler,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta, Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ledi Bianku, Mihai Poalelungi,
Helen Keller
y Michael O’Boyle, Secretario.
Habiendo deliberado a puerta cerrada el 25 de enero y 5 de septiembre de 2012,
Dicta la siguiente sentencia, adoptada en esta última fecha:
PROCEDIMIENTO
1. El asunto tiene su origen en tres demandas (núm. 43370/04, 8252/05 y 18454/06) que varios ciudadanos moldavos («los demandantes»), presentaron ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio»), el 25 de octubre de 2004.
2. Los demandantes, entre los cuales, a uno de ellos se le concedió asistencia letrada gratuita, están representados ante el Tribunal por el señor Alexandru Postică y por el señor Ion Manole, abogados colegiados en Chisináu y por el señor Padraig Hughes y la señora Helen Duffy, abogados de Interights, una organización de derechos humanos con sede en Londres. El Gobierno de la República de Moldavia está representado por sus agentes, el señor Vladimir Grisu y el señor Lilian Apostol, mientras que el Gobierno de la Federación Rusa, se encuentra representado por el señor Georgy Matyushkin, representante de la Federación Rusa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
3. Los demandantes, ciudadanos moldavos que residen en Transnistria, que en el momento de interponer la demanda, eran alumnos de tres escuelas que enseñaba en lengua moldava y sus padres: (véase anexo adjunto), alegan en virtud del artículo 2 del Protocolo núm.1 del Convenio, del artículo 8 del Convenio y del artículo 8 de conformidad con el artículo 14, el cierre de los colegios, así como el acoso que recibieron por parte de las autoridades de Transnistria.
4. Las demandas fueron asignadas a la Sección Cuarta del Tribunal de conformidad con el artículo 52.1 del Reglamento del Tribunal. El 15 de junio de 2010, tras la audiencia celebrada sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas en virtud del artículo 54.3 del Reglamento del Tribunal, las unió y la declararon parcialmente admisible por la Sala de dicha Sección compuesta por los siguientes jueces: N. Bratza, L. Garlicki, A. Kovler, L. Mijović, D. Björgvinsson, J. Šikuta, M. Poalelungi, así como T.L. Early, Secretario de Sección. El 14 de diciembre de 2010, la Sala se inhibió a favor de la Gran Sala, sin que ninguna de las partes lo objetara (artículo 30 del Convenio y el artículo 72 del Reglamento del Tribunal).
5. La composición de la Gran Sala fue determinada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26.4 y 26.5 del Convenio y el artículo 24 del Reglamento del Tribunal.
6. Tanto el demandante como el Gobierno presentaron observaciones por escrito sobre el fondo del asunto, de conformidad con el artículo 59.1 del Reglamento del Tribunal.
7. La vista pública tuvo lugar en el Edificio de los Derechos Humanos de Estrasburgo, el 25 de enero de 2012 (artículo 59.3 del Reglamento del Tribunal).
Comparecieron ante el Tribunal:
(a) Por el Gobierno de la República de Moldavia
-El señor V. Grosu, Agente
-El señor L. Apostol, Consultor;
(b) Por el Gobierno de la Federación de Rusia
-El señor G. Matyushkin, Agente,
-La señora O. Sirotkina,
-La señora I. Korieva,
-La señora A. Dzutseva,
-El señor N. Fomin,
-La señora M. Molodtsova,
-La señora V. Utkina,
- El señor A. Makhnev, Consultores;
(c) Por los demandantes:
-El señor P. Hughes,
-La señora M. Duffy, Letrados,
-La señora A. Postica,
-El señor I. Manole,
-El señor P. Postica, Consultores.
El Tribunal oyó las alegaciones del señor Hughes, la señora A. Postica, el señor Grosu y el señor Matyushkin.
HECHOS
I. CIRCUNSTANCIAS DEL CASO
A. Antecedentes históricos
8. La República Socialista Soviética de Moldavia, creada el 2 de agosto de 1940 y que posteriormente pasó a denominarse, República de Moldavia, se encuentra situada en una parte de la región de Besarabia, en la ribera oriental del río Dniéster (véase, Tănase contra Moldavia [GS], núm. 7/08, ap. 11 a 17, TEDH 2010-...). Esta región oriental, conocida en la actualidad como Transnistria, ha formado parte desde 1924, junto a una serie de territorios que ahora forman parte de Ucrania, de la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia. La población de Transnistria estaba compuesta principalmente en su origen, por ciudadanos ucranianos, moldavos y rumanos, pero a partir de 1920, muchos trabajadores industriales emigraron a otras zonas de la Unión Soviética, sobre todo, ciudadanos rusos y ucranianos. En un censo organizado por la Unión Soviética en 1989, se evaluó la población de Transnistria en 679.000 habitantes, con la siguiente composición étnica y lingüística: un 40% de ciudadanos moldavos, un 28% de ciudadanos ucranianos, un 24% de ciudadanos rusos y el 8% restante, perteneciente a otras nacionalidades.
9. De acuerdo con la Constitución de 1978, de la República Socialista Soviética de Moldavia, coexistían dos lenguas oficiales: el ruso y el “moldavo” (lengua moldava/rumana escrita en alfabeto cirílico).
10. En agosto y septiembre de 1989, el alfabeto latino fue reintroducido en Moldavia, convirtiéndose el moldavo/rumano, en la primera lengua oficial.
11. El 23 de junio de 1990, Moldavia declaró su soberanía; el 23 de mayo de 1991 cambió su denominación por el de la República de Moldavia y el 27 de agosto de 1991, el Parlamento moldavo aprobó la Declaración de Independencia de la República de Moldavia, cuyo territorio incluye la región de Transnistria.
B. El conflicto de Transnistria
12. Los hechos relacionados con el período comprendido entre el inicio del conflicto armado en 1991-1992, hasta finales de 2003, se exponen con detalle en el asunto Ilaşcu y otros contra Moldavia y Rusia [GS] núm. 48787/99, ap. 28 a 183, TEDH 2004-VII y a continuación se expone un resumen de los acontecimientos principales para facilitar su consulta. El Tribunal señala que en las observaciones del Gobierno ruso, se alegó que los hechos relacionados con el conflicto armado, no eran relevantes para las cuestiones planteadas en el presente caso.
13. A partir de 1989, se había creado en Transnistria, un movimiento de resistencia para su independencia de Moldavia. El 2 de septiembre de 1990, los separatistas de Transnistria habían anunciado la creación de la “República de Moldavia de Transdniestria” («MRT»). El 25 de agosto de 1991, el “Consejo Supremo de la MRT” aprobó la “Declaración de Independencia de la “MRT”. El 1 de diciembre de 1991 se celebraron “elecciones presidenciales” en las provincias de Transnistria, declarada ilegal por las autoridades moldavas y el señor Igor Smirnov afirmó que había sido elegido “Presidente de la MRT”. Hasta la fecha, la “MRT” no ha sido reconocida por la comunidad internacional.
14. En el momento de la declaración de su independencia de Moldavia, no disponía de su propio ejército. El 14º Ejército de la URSS, cuya sede estuvo en Chisináu desde 1956, se mantuvo en territorio moldavo, aunque a partir de 1990, comenzaron a retirar las tropas soviéticas de dicho territorio. En 1991, el 14º Ejército en Moldavia estaba compuesto por varios miles de soldados, unidades de infantería, artillería (en particular, un sistema de misiles antiaéreos), vehículos blindados y aeronaves (incluidos los aviones y helicópteros de ataque). Contaban con una serie de depósitos de municiones, entre ellos, uno de los más grandes de Europa, situado en Colbaşna en Transnistria.
15. Mediante el Decreto núm. 234 de 14 de noviembre de 1991, el Presidente de Moldavia declaró que las municiones, armas, transporte militar, bases militares y otros bienes pertenecientes a las unidades militares de las fuerzas armadas soviéticas situadas en territorio moldavo, eran propiedad de la República de Moldavia. Este Decreto no tuvo efectos legales en Transnistria.
16. Mediante un Decreto de 5 de diciembre de 1991, el señor Smirnov, decidió desplegar las unidades militares del 14º Ejercito en Transnistria, bajo el mando de la “Defensa Nacional y Departamento de Seguridad de la MRT”. El señor Smirnow, nombró al Oficial al mando del 14º Ejército, el teniente general Yákovlev, como jefe de la Defensa Nacional y del Departamento de Seguridad de la MRT”. En diciembre de 1991, el teniente general Yákovlev, fue detenido por las autoridades moldavas, acusado de ayudar a los separatistas de Transnistria de armarse con las reservas de armamento del 14º Ejército. Sin embargo, posteriormente fue puesto en libertad gracias a la intervención del Gobierno de la Federación Rusa.
17. A finales de 1991 y principios de 1992, se produjeron violentos enfrentamientos entre las fuerzas separatistas de Transnistria y las fuerzas de seguridad moldavas, cobrando la vida de cientos de personas.
18. El 6 de diciembre de 1991, en un llamamiento a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno moldavo protestó en contra la ocupación del 3 de diciembre de 1991, de las ciudades moldavas de Grigoriopol, Dubăsari, Slobozia, Tiraspol y Rîbniţa, situadas al este del río Dniéster por parte del 14º Ejército, bajo el mando del teniente general Yákovlev. Acusaron a las autoridades de la URRS, en particular al Ministerio de Defensa, de haber llevado a cabo estos actos. Los soldados del 14º Ejército fueron acusados de distribuir material militar a los separatistas de Transnistria y de organizar a los separatistas en destacamentos militares que aterrorizaban a la población civil.
19. En 1991-1992, un número de unidades militares del 14º Ejército se unieron a los separatistas de Transnistria. En la sentencia Ilaşcu, el Tribunal consideró probado más allá de toda duda razonable, que los separatistas de Transnistria fueron capaces, mediante la ayuda del personal del 14º Ejército, de armarse con armamento tomado de los depósitos del 14º Ejército ubicado en Transnistria. Además, un gran número de ciudadanos rusos que se encontraban fuera de la región, en particular, los cosacos, acudieron a Transnistria para luchar junto con los separatistas contra el ejército moldavo. Teniendo en cuenta el apoyo de las tropas del 14º Ejército a los separatistas y la masiva transferencia de armas y munición de los depósitos del 14º Ejército, el ejército moldavo se encontraba en una posición de inferioridad, lo que le impidió recuperar el control de Transnistria. El 1 de abril de 2002, el Presidente de la Federación de Rusia, el señor Boris Yeltsin, traspasó oficialmente el 14º Ejército que estaba bajo el mando ruso y a partir de entonces se denominó “El Grupo Operativo de Fuerzas Rusas en la región Moldava de Transnistria” o “ROG”. El 2 de abril de 1992, el General Netkachev, el nuevo Comandante del ROG, ordenó al ejército moldavo que había rodeado la ciudad de Bender, en poder de los separatistas, a que se retirasen de inmediato si no querían que el ejercito ruso adoptada medidas contra ellos. En mayo, el ROG lanzó ataques contra el ejército moldavo, alejándolos fuera de algunas ciudades situadas al este del río Dniéster. En junio, el ROG intervino oficialmente a favor de los separatistas que estaban perdiendo la ciudad de Bender, expulsando al ejército moldavo.
C. El acuerdo de alto al fuego, el Memorando de 1997 y los Compromisos de Estambul
20. El 21 de julio de 1992, el Presidente de la República de Moldavia, el señor Mircea Snegur y el señor Boris Yeltsin, firmaron un acuerdo sobre los principios para la solución amistosa del conflicto armado en la región de Transnistria de la República de Moldavia («el acuerdo de alto al fuego»).
21. El acuerdo estableció el principio de una zona de seguridad creada en virtud de la retirada de los ejércitos de las “partes en conflicto” (artículo 1.2). En virtud del artículo 1 del Acuerdo, se creó una Comisión Mixta de Control («JCC»), compuesto por representantes de Moldavia, la Federación de Rusia y Transnistria, con sede en Bender. El acuerdo también preveía una fuerza de paz encargada de velar por la observancia de la cesación del fuego y los acuerdos de seguridad, compuesto por cinco batallones rusos, tres batallones moldavos y dos batallones transnistrios, bajo las órdenes de una estructura de mando militar conjunto, subordinada a la JCC. En virtud del artículo 2 del acuerdo, la ciudad de Bender fue declarada como una región sujeta a un régimen de seguridad y su administración quedó en manos de los “órganos locales de autogobierno, que si era necesario, actuarían junto con la Comisión de Control”. A la JCC se le encomendó la tarea de mantener el orden en Bender, junto con la policía. El artículo 4 del acuerdo, establece que las tropas rusas ubicadas en el territorio de la República de Moldavia, han de permanecer neutrales. El artículo 5 prohíbe las sanciones o bloqueos y establece el objetivo de eliminar todos los obstáculos para la libre circulación de bienes, servicios y personas. Las medidas previstas en el acuerdo, se definieron como una “parte muy importante para la resolución del conflicto por medios políticos” (artículo 7).
22. El 29 de julio de 1994, Moldavia aprobó una nueva Constitución. Se establecía entre otras cosas, que Moldavia era neutral, que prohibía el establecimiento en su territorio de las tropas pertenecientes a otros Estados, así como una forma de autonomía que podría concederse a las regiones que se encuentran incluidas en zonas al este del río Dniéster. De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución, el idioma nacional es el moldavo, que será escrito con el alfabeto latino.
23. A partir de 1995, las autoridades moldavas se quejaron en varias ocasiones acerca de que el personal del ejército ROG y el contingente ruso perteneciente a la fuerza del mantenimiento de la paz de la JCC, habían infringido el principio de neutralidad establecido en el acuerdo del alto al fuego y que, entre otras cosas, los transnistrios habían podido adquirir más equipamiento militar, así como la asistencia de la ROG. Estas denuncias fueron firmemente rechazadas por las autoridades rusas. Además, la delegación moldava de la JCC alegó que los transnistrios habían creado nuevos puestos militares y puestos de control de aduanas dentro de la zona de seguridad, en violación del acuerdo del alto al fuego. En la sentencia Ilaşcu, el Tribunal consideró demostrado, por las evidencias incluidas en los documentos oficiales de la JCC, que en diversas zonas de Transnistria, bajo el control de las fuerzas de paz rusas, como en Bender, el ejército separatista de Transnistria estaban incumpliendo el acuerdo de alto al fuego.
24. El 8 de mayo de 1997, en Moscú, el señor Petru Lucinschi, Presidente de Moldavia y el señor Smirnov, el “Presidente de la MRT”, firmaron un Memorando de acuerdo en el que se establecían las bases para la regularización de las relaciones entre la República de Moldavia y Transnistria («el Memorando de 1997»). En virtud de los términos alcanzados en el Memorando de 1997, las decisiones relativas a Transnistria debían ser acordadas por ambas partes, los poderes debían ser compartidos y delegados, así como garantizarlos recíprocamente. Transnistria tuvo que ser autorizado para participar en la dirección de la política exterior de la República de Moldavia, acerca de las cuestiones relativas a sus propios intereses que debían ser acordados de común acuerdo. Transnistria tendría el derecho unilateral de establecer y mantener contactos internacionales en los ámbitos económico, científico, técnico, cultural y de cualquier otro tipo, que debían determinarse de común acuerdo. Las partes se comprometieron a resolver los conflictos mediante la negociación, con la asistencia cuando fuere necesario, de la Federación de Rusia y Ucrania, como garantes del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, junto a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comunidad de Estados Independientes (CIS). El Memorando de 1997 fue refrendado por los representantes de los Estados garantes, a saber, el señor Yeltsin por parte de la Federación de Rusia y el señor Leonid Kuchma por parte de Ucrania, así como por el señor Helveg Petersen, Presidente de la OSCE.
25. En noviembre de 2009, la OSCE celebró su sexta cumbre en Estambul. Durante la cumbre, 54 Estados miembros firmaron la Carta Sobre la Seguridad Europea y la Declaración de la Cumbre de Estambul, y 30 de los Estados miembros, incluyendo Moldavia y Rusia, firmaron el Acuerdo de Adaptación del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa («la adaptación del Tratado FACE»). La adaptación del Tratado FACE establece entre otras cosas, el principio de que las tropas extranjeras no deben establecerse en el territorio moldavo sin consentimiento previo de Moldavia. Rusia acordaba retirarse de Transnistria (uno de los “compromisos de Estambul”) tal y como se establece en el anexo de la adaptación del Tratado FACE. Además, la Declaración de la Cumbre de Estambul, en el apartado 19, se dejó constancia inter alia, el compromiso de la Federación de Rusia a la retirada de sus tropas en Transnistria a finales de 2002:
”19. Recordando las decisiones de las Reuniones Cumbre de Budapest y Lisboa y de la Reunión Ministerial de Oslo, reiteramos nuestra expectativa de una pronta, ordenada y completa retirada de Moldova por las tropas rusas. En este contexto, acogemos con agrado los recientes progresos alcanzados en orden a la retirada y destrucción del equipo militar ruso almacenado en la región moldava del Transniéster y el hecho de que se haya completado la destrucción de las municiones no transportables.
Nos congratulamos del compromiso contraído por la Federación de Rusia de completar la retirada de las fuerzas rusas del territorio de Moldova para el final del año 2002. Nos congratulamos asimismo de que la República de Moldova y la OSCE estén dispuestas a facilitar la finalización de este proceso, en el límite de sus respectivas competencias, dentro del plazo convenido.
Recordamos que está lista para ser enviada sin demora una misión internacional de evaluación encargada de observar la retirada y destrucción de las municiones y armamentos rusos. A fin de asegurar la buena marcha del proceso de retirada y destrucción, vamos a encomendar al Consejo Permanente que considere la posibilidad de ampliar el mandato de la Misión de la OSCE en Moldova, con miras a dotar de transparencia a ese proceso y de coordinar la asistencia financiera y técnica ofrecida para facilitar esa retirada y destrucción. Convenimos además en estudiar el establecimiento de un fondo de asistencia financiera internacional voluntaria que sería administrado por la OSCE.”
En 2002, durante la Conferencia Ministerial de la OSCE en Lisboa, se le concedió a Rusia una prórroga de un año para la retirada de sus tropas, hasta finales de diciembre de 2003.
26. Rusia no cumplió con los compromisos asumidos en la Cumbre de Estambul de la OSCE y de la Conferencia Ministerial de Lisboa, de retirarse militarmente de Transnistria antes de que finalizara el 2003. En el Consejo Ministerial de la OSCE celebrado en diciembre de 2003, no fue posible alcanzar una posición común sobre Transnistria, y en la declaración hicieron constar lo siguiente:
”La mayoría de los Ministros tomaron nota de los esfuerzos de la Federación de Rusia por cumplir con los compromisos, asumidos en la Cumbre de la OSCE en Estambul en 1999, de completar la retirada de las fuerzas rusas del territorio de Moldova. Tomaron nota de ciertos progresos efectuados en el año 2003 con la retirada o eliminación de ciertas municiones y demás equipo militar perteneciente a la Federación de Rusia. Apreciaron los esfuerzos de todos los Estados participantes en la OSCE que han contribuido al Fondo Voluntario establecido para respaldar este esfuerzo. Se mostraron, no obstante, profundamente inquietos de que no se fuera a completar la retirada de las fuerzas rusas para el 31 de diciembre de 2003. Insistieron en la necesidad de que se cumpliera este compromiso sin mayor demora.”
Los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se han negado a ratificar la adaptación del Tratado FACE hasta que Rusia no haya cumplido con los compromisos de Estambul.
D. El “Memorando Kozak”
27. En 2001, el Partido Comunista ganó en las elecciones y se convirtió en el partido gobernante en Moldavia. El nuevo presidente de Moldavia, el señor Vladimir Voronin, inició negociaciones directas con Rusia sobre el futuro de Transnistria. En noviembre de 2003, la Federación de Rusia presentó una propuesta de acuerdo, el “Memorando sobre los principios básicos del Sistema Estatal” (en adelante, «el Memorando Kozak», llamado así por el apellido de uno los mediadores, el ruso Dmitri Kozak). El Memorando Kozak propuso una nueva estructura federal de Moldavia, en virtud del cual, las autoridades de la “MRT” tendrían un importante grado de autonomía y representación garantizada en el nuevo “poder legislativo federal”. El Memorando Kozak incluía disposiciones transitorias en las que, hasta el año 2015, para ratificar las leyes orgánicas federales sería necesaria su aprobación por una mayoría de tres cuartas partes en una segunda cámara legislativa creada ”ex novo”, integrada por cuatro representantes de Gagauzia, nueve representantes de Transnistria y 23 representantes de la primera cámara legislativa formada por la nueva legislatura federal. Esto habría provisto a los representantes de la “MRT” en la segunda cámara de un veto efectivo sobre toda la legislación que afecta a toda Moldavia hasta 2015. El 25 de noviembre de 2003, después de haber indicado previamente su voluntad de aceptar tales propuestas, el señor Voronin decidió no firmar el Memorando Kozak.
E. Mejora de los controles fronterizos y aduaneros
28. En diciembre de 2005, se estableció una Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para ayudar a combatir el comercio ilegal entre Ucrania y Moldavia. En marzo de 2006, Ucrania y Moldavia comenzaron a implementar un acuerdo aduanero de 2003, en virtud del cual, las empresas de Transnistria que se dedican al comercio transfronterizo, tenían que registrarse en Chisináu, con el fin de que los documentos indicaran el país de origen de las mercancías, de conformidad con los protocolos establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Ucrania se comprometió a denegar los bienes que no tuvieran los documentos de exportación necesarios para pasar al otro lado de su frontera.
29. En lo que parecía ser una respuesta a estas nuevas medidas, los representantes de Transnistria se negaron a continuar con las conversaciones con el grupo 5+2. Por otra parte, en febrero y marzo de 2005, “en respuesta a la línea de acción adoptada por el Gobierno de Moldavia dirigida a empeorar la situación en torno a Transnistria”, la Duma rusa aprobó unas resoluciones pidiendo al Gobierno ruso que introdujera una prohibición a la importación de bebidas alcohólicas y productos de tabaco moldavos; que impusieran las tasas internacionales a la exportación de energía a Moldavia (excepto Transnistria); y que se exigieran visados a los ciudadanos moldavos que visitaran Rusia, excepto a los ciudadanos de Transnistria.
30. En abril de 2005, las autoridades rusas prohibieron las importaciones de productos cárnicos, frutas y verduras procedentes de Moldavia, en base al incumplimiento de las normas internas sobre higiene en cuanto a la producción de estos productos. Entre marzo de 2006 y noviembre de 2007, se prohibió la importación de vino moldavo. El Fondo Monetario Internacional, determinó que estas medidas tuvieron un efecto negativo combinado en el crecimiento económico de Moldavia, de un 2-3% anual durante el período 2006-07.
31. En enero de 2005, el señor Viktor Yushchenko fue elegido Presidente de Ucrania. En mayo de 2005, el Gobierno ucraniano presentó una nueva propuesta para la resolución del conflicto del Transniéster, “Hacia una Solución mediante la Democratización” (que se resume en el informe elaborado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: véase, infra, ap. 64). En julio de 2005, citando el plan de Ucrania, el Parlamento moldavo aprobó una ley “Sobre los Principios Básicos del Régimen Jurídico Especial de Transnistria”. Las negociaciones formales se reanudaron en octubre de 2005, con la Unión Europea («UE») y los Estados Unidos de América, que participaron en calidad de observadores (en adelante, “las conversaciones del 5+2”).
F. Equipamiento militar y personal ruso en Transnistria
32. El 20 de marzo de 1998, se firmó un acuerdo sobre los activos militares de la ROG adoptado en Odessa por el señor Viktor Chernomyrdin, Primer Ministro de la Federación de Rusia y el señor Smirnov, “Presidente de la MRT”. De acuerdo con el calendario anexo al acuerdo, la retirada y desmantelamiento de determinadas mercancías, que se eliminarían mediante su explosión o cualquier otro proceso mecánico, debía ser completado antes del 31 de diciembre de 2001. La retirada (transferencia y desmantelamiento) de los excedentes de municiones y otros equipos militares rusos, asó como la retirada del personal que no formaban parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz, se debía de llevar a cabo como muy tarde, antes del 31 de diciembre de 2002. Un número de trenes cargados de material militar ruso abandonó Transnistria entre 1999 y 2002.
33. En octubre de 2001, la Federación de Rusia y el “MRT” firmaron un nuevo acuerdo sobre la retirada de las tropas rusas. En virtud de dicho acuerdo, en compensación por la retirada de una parte del equipamiento militar ruso establecido en Transnistria, se le concedió al “MRT” una reducción de cien millones de dólares estadounidenses (USD) en su deuda por el gas importado por la Federación de Rusia y con la transferencia de parte del equipamiento militar del ejército ruso, que podía tener un uso civil.
34. De acuerdo con un comunicado de prensa de la OSCE, el 24 de diciembre de 2002, se habían retirado de Colbaşna por las autoridades rusas, 29 vagones de ferrocarril que transportaban equipo de construcción de puentes y cocinas de campañas. El mismo comunicado de prensa citó una declaración realizada por el Comandante del ROG, el General Boris Sergeyev, acerca de que los últimos retiros habían sido posibles gracias a un acuerdo con los Transnistrios en virtud del cual, el “MRT” iba a recibir la mitad del equipamiento no militar y los suministros que habían sido retirados. El General Sergeyev citó como ejemplo de dicha retirada, que el 16 de diciembre de 2002, 77 camiones derivaban de la transferencia de 77 camiones militares rusos a los Transnistrios.
35. Según los testimonios que comparecieron ante el Tribunal en el asunto Ilaşcu, al menos 200.000 toneladas de armamento y municiones rusas permanecieron en Transnistria, principalmente en Colbaşna, junto con 106 carros de combate, 42 vehículos blindados, 109 transportes de soldados blindados, 54 vehículos acorazados, 123 cañones y morteros, 206 armas antitanques, 226 cañones antiaéreos, nueve helicópteros y 1638 vehículos de varios tipos (véase sentencia Ilaşcu, op.cit., ap. 131). En 2003, la OSCE observó y verificó la retirada de Transnistria de 11 trenes con equipamiento militar ruso y 31 trenes cargados con más de 15.000 toneladas de municiones. Sin embargo, al año siguiente, en 2004, la OSCE informó de que solamente un tren que contenía aproximadamente 1000 toneladas de municiones había sido retirado.
36. Desde el año 2004, no ha habido un retiro verificado de armamento o equipos rusos de Transnistria. El Tribunal consideró en Ilaşcu, que a finales de 2004, quedaban aproximadamente 21000 toneladas de municiones, junto con más de 40.000 armas pequeñas y ligeras, así como aproximadamente diez trenes cargados de material militar diverso. En noviembre de 2006, se le permitió el acceso a una delegación de la OSCE a los almacenes de municiones e informaron, que se mantenían almacenadas más de 21.000 toneladas de municiones (véase, infra, ap. 68). En mayo de 2005, el Comandante del ROG informó que habían sido destruidos los excedentes, cuantificados en 40.000 armas pequeñas y ligeras, pero a ningún observador independiente se le permitió el acceso con el fin de verificar estas afirmaciones. En sus observaciones en el presente caso, el Gobierno ruso sostiene que la mayoría de las armas, municiones y propiedades militares fueron retiradas entre 1991 y 2003, y que todo lo que quedaba en los almacenes, eran proyectiles, granadas de mano, morteros y municiones para armas pequeñas.
37. Ambas partes en el presente caso, coinciden acerca de que aproximadamente 1.000 soldados se encuentran en Transnistria, protegiendo el almacén de armamento. Además, ambas partes coincidieron acerca de que habían aproximadamente 1.125 soldados rusos ubicados en el área de seguridad como parte integrante de la fuerza de mantenimiento de la paz, acordada internacionalmente. El Área de Seguridad comprende 225 Km. de largo y entre 12 y 20 Km. de ancho.
G. Presunto apoyo económico y político por parte de Rusia a la “MRT”
38. Una vez más hay que señalar que el Gobierno ruso sostiene que en los acontecimientos previos a crisis escolar en Transnistria, no son relevantes en el presente caso.
39. En la sentencia Ilaşcu, el Tribunal sostuvo de manera indiscutible que la industria armamentística, que era uno de los pilares de la economía de Transnistria, estuvo directamente respaldada por empresas rusas, incluyendo las empresas Rosvoorouzhenie (Росвооружение) y Elektrommash. La sociedad rusa Iterra había adquirido la empresa más grande de Transnistria, Rabnita Engineering Works, a pesar de la oposición mostrada por las autoridades moldavas. Además, el ejército ruso se convirtió en un importante empleador y comprador de suministros en Transnistria.
40. En opinión de los demandantes en el presente caso, Rusia representaba el 18% de las exportaciones de la “MRT” y el 43,7% de las importaciones, sobre todo de energía. La “MRT” había pagado menos del 5% de todo el gas que había consumido. Por ejemplo, en 2011, Transnistria consumió 505 millones de dólares (USD) en gas pero pagó solamente el 4% (20 millones de USD). El Gobierno ruso ha explicado que desde que la “MRT” no fue reconocida como una entidad independiente en virtud del derecho internacional, no podía tener sus propias deudas y a Rusia no le afectaba suministrar gas a Moldavia y a Transnistria por separado. El proyecto de Ley para el suministro de gas a Transnistria se atribuye por lo tanto a Moldavia. El suministro de gas a la región de Transnistria se organizó a través de la empresa pública rusa Gazprom y por la sociedad anónima Moldovagaz, en la que Moldavia era la propietaria junto con la “MRT”. La deuda de Moldovagaz con Rusia, superaba los 1,8 millones de dólares (USD), de los cuales, 1,5 millones pertenecía al gas consumido en Transnistria. Gazprom simplemente no puede negarse a suministrar gas a la región, ya que necesita de las tuberías que se encuentran en Moldavia, para suministrar a los Estados Balcánicos.
41. Los demandantes sostienen además, que Rusia proporcionó ayuda humanitaria directa a Transnistria, en gran parte, mediante contribuciones a las pensiones de vejez. Los demandantes sostienen que las fuentes oficiales rusas, afirmaron que entre 2007 y 2010, el volumen total de asistencia financiera aportada a Transnistria, fue de 55 millones de dólares (USD). El Gobierno moldavo sostiene que en 2011, la “MRT” recibió ayuda financiera por parte de Rusia, por un total de 20,64 millones de dólares (USD). El Gobierno ruso sostiene que la cantidad de ayuda proporcionada fue a parar a los ciudadanos rusos que viven en la región, con una finalidad humanitaria, tal como el pago de las pensiones y la asistencia de restauración en escuelas, cárceles y hospitales, siendo totalmente transparente y se puede comparar con la ayuda humanitaria prestada por la Unión Europea. Además de proporcionar ayuda a la población que vive en Transnistria, Rusia prestó ayuda a aquellos que viven en otras zonas de Moldavia.
42. Además, los demandantes reclamaron que a cerca de 120.000 personas que residían en Transnistria, se les había concedido la nacionalidad rusa. Dentro de estas personas, se incluyen a muchos de los líderes de la “MRT”. El Tribunal considera que esto debe ser ubicado en el contexto de los resultados realizados por el censo del “Gobierno de la MRT” en 2004, en donde se determinó, que en la zona bajo su control, había una población de 555.347 habitantes, siendo aproximadamente el 32% de las personas procedentes de la comunidad moldava, el 30% eran rusos y el 29% eran ucranianos, más otros porcentajes pequeños que corresponden a otros grupos étnicos.
H. La crisis escolar y los hechos que afectan al caso de los demandantes.
43. De conformidad con el artículo 12 de la Constitución de la “MRT”, las lenguas oficiales de la MRT, son el “moldavo”, el ruso y el ucraniano. El artículo 6 de la “Ley de la MRT de Lengua”, que fue aprobada el 8 de septiembre de 1992, establece que a todos los efectos, el “moldavo” deberá ser escrito con el alfabeto cirílico. La “ley” establece que el uso del alfabeto latino puede constituir un delito y en el artículo 200-3 del “Código de la MRT sobre Infracciones Administrativas”, aprobada el 19 de julio de 2002, establece que:
”El incumplimiento por parte de las personas que ocupen cargos públicos, y otros cargos como en la administración del Estado, asociaciones públicas, así como en otras organizaciones, independientemente de su condición jurídica y forma de propiedad y en otras entidades, situadas en el territorio de la MRT, deberán respetar la legislación de la MRT sobre el funcionamiento de las lenguas en el territorio de la MRT... cuya infracción implica una responsabilidad en forma de multa equivalente al monto de 50 (cincuenta) salarios mínimos.”
44. El 18 de agosto de 1994, las autoridades de la “MRT”, prohibieron el uso de la escritura latina en los colegios. Mediante una resolución de 21 de mayo de 1999, la “MRT” ordenó que todas las escuelas que pertenecieran a los “Estados extranjeros” y operasen en “su” territorio, tenían que registrarse ante las autoridades de la “MRT”, de lo contrario, no serían reconocidas y se verían privadas de sus derechos.
45. El 14 de julio de 2004, las autoridades de la “MRT” comenzaron a tomar medidas para cerrar todas los colegios que enseñasen con el alfabeto latino. En la fecha de adopción de la resolución de admisibilidad, solamente quedaban en Transnistria seis colegios que aplicaban el idioma moldavo/rumano con el alfabeto latino.
1. Catan y otros (demanda núm. 43379/04)
46. Los demandantes son 18 niños que estaban estudiando en el Lice Evrica en Rîbniţa, durante el período en cuestión y 13 progenitores de estos niños (véase, infra, el anexo de la presente sentencia).
47. Desde 1997, el Liceo Evrica ha estado utilizando locales situados en la calle Gagarin, construidos con fondos públicos moldavos. La escuela estaba registrada en el Ministerio de Educación de Moldavia y estaba aplicando el alfabeto latino y un plan de estudios aprobado por dicho Ministerio.
48. Con la aprobación de la “Resolución de la MRT” el 21 de mayo de 1999 (véase, supra, ap. 44), la Escuela Evrika se negó a registrarse, ya que la inscripción se requería para enseñar el alfabeto cirílico y un plan de estudios elaborado por el régimen de la “MRT”. El 26 de febrero de 2004, el edificio utilizado por la escuela fue trasladada por las autoridades de la “MRT” al “Departamento de Educación de Rîbniţa”. En julio de 2004, tras clausurar una serie de escuelas que enseñaban en escritura latina en el territorio de la “MRT”, los alumnos, padres y profesores del Liceo Evrika se encargaron de vigilar ellos mismos la escuela día y noche. El 29 de julio de 2004, la policía de Transnistria, asaltó la escuela y desalojaron a las mujeres y niños que se encontraban en su interior. Durante los siguientes días, la policía local y los funcionarios del “Departamento de Educación de Rîbniţa”, visitaron a los progenitores de los niños inscritos en el colegio, pidiéndoles que sacaran a sus hijos del colegio y que los matricularan en un colegio inscrito en el régimen de la “MRT”. Presuntamente se les informó a los progenitores, que si no lo hacía, serían despedidos de sus puestos de trabajo y que incluso podrían ser privados de la patria potestad. Como resultado de esta persuasión, muchos de los progenitores sacaron a sus hijos del colegio y los matricularon en otra.
49. El 29 de septiembre de 2004, tras la intervención de la Misión de la OSCE en Moldavia, la escuela pudo registrarse ante la “Cámara de Registro de Tiraspol” como una institución extranjera de educación privada, pero no pudo reanudar su actividad debido a la falta de instalaciones. El 2 de octubre de 2004, el régimen de la “MRT” permitió a la escuela reanudar su enseñanza en otro edificio, que anteriormente había albergado una guardería. El edificio lo alquilaba la “MRT” y el Gobierno Moldavo había sufragado los gastos para que fuese renovado. El liceo presentó en reiteradas ocasiones, solicitudes para que se les permitiera regresar al edificio situado en la calle Gagarin, que era más grande y apropiado, pero éstas fueron rechazas al considerar que otra escuela estaba utilizando ese edificio. Los demandantes alegan que los locales alquilados no eran apropiados para un colegio de educación secundaria, en donde la iluminación, los pasillos y las aulas no estaban plenamente acondicionados y en donde no existían laboratorios o instalaciones deportivas. El colegio está dirigido por el Ministerio de Educación de Moldavia, que paga los salarios de los profesores y proporciona los materiales educativos. Utilizan el alfabeto latino y un plan de estudios moldavo.
50. Los demandantes presentaron una serie de peticiones y quejas ante las autoridades de la Federación de Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, respondió mediante declaraciones públicas de carácter general acerca de la intensificación del conflicto en torno a los colegios que educaban en moldavo/rumano en Transnistria. Afirman que el problema de fondo era el conflicto existente entre Moldavia y la “MRT”, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso llamó a la atención a Moldavia y a la “MRT” sobre el hecho de que el uso de la fuerza para resolver el conflicto, podría poner en peligro la seguridad en la región y los instó a utilizar distintas formas de negociación para resolver el conflicto. Los demandantes también se quejaron sobre su situación, ante las autoridades moldavas.
51. El colegio se convirtió en el objetivo de una campaña sistemática de actos de vandalismo, incluyendo la rotura de ventanas. Los demandantes sostienen que esta campaña se inició en 2004, mientras que la reclamación ante el Gobierno moldavo sobre esto, se inició en otoño de 2007. El 10 de abril de 2008, el Ministerio de Reintegración moldavo, pidió al Representante Especial del Secretario General del Consejo de Europa, que interviniese para tratar de poner fin a los ataques. Los demandantes también sostienen que los niños estaban intimidados por la población de habla rusa y tenían miedo de hablar en moldavo fuera del colegio.
52. El 16 de julio de 2008, el Ministerio de Reintegración moldavo, solicitó ayuda a la Misión de la OSCE en Moldavia para el transporte de material educativo y de construcción, así como el envío del salario a los profesores a través de la “frontera” con la “MRT”.
53. Durante el curso escolar 2002-03, habían 683 alumnos matriculados. Durante el curso 2008-09, el número de alumnos matriculados, se había reducido en 345.
2. Caldare y otros (demanda núm. 8252/05)
54. Los demandantes son 26 niños que estaban estudiando en la escuela Alexandru cel Bun en Bender, durante el período en cuestión, y 17 progenitores de estos niños, (véase, infra, el anexo de la sentencia). El colegio había estado utilizando las instalaciones situadas en la calle Kosmodemianskaia, construidas con fondos públicos moldavos y que habían sido alquilados por las autoridades moldavas. El colegio estaba registrado en el Ministerio de Educación moldavo, por lo que utilizaban el alfabeto latino y un plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educación.
55. El 4 de junio de 2004, el “Ministerio de Educación de la MRT”, advirtió al colegio que iba a ser clausurado si no se registraba ante el Ministerio y que se tomarían medidas disciplinarias contra el director. El 18 de julio de 2004, se le cortó el suministro de agua y electricidad, y el 19 de julio de 2004, se le notificó a la dirección del colegio, que ya no podían seguir usando las instalaciones situadas en la calle Kosmodemianskaia. Sin embargo, los profesores, alumnos y padres de éstos, ocuparon las instalaciones, negándose a salir. La policía de Transnistria trató de ocupar las instalaciones sin éxito y finalmente, se rindieron, retirándose el 28 de julio de 2004. El 20 de septiembre de 2004 y después de varias negociaciones con observadores internacionales, entre ellos, representantes del Consejo de Europa, el colegio volvió a tener agua y electricidad.
56. El régimen de la “MRT”, permitió a la escuela volver a iniciar sus actividades en septiembre de 2004, pero en un lugar diferente, alquilado por las autoridades de la “MRT”. Actualmente, el colegio utiliza tres edificios, ubicados en diferentes distritos de la ciudad. El edificio principal no dispone de cafetería, ni de instalaciones científicas ni deportivas. Tampoco se puede llegar en transporte público. El Gobierno de Moldavia proporcionó al colegio un autobús y ordenadores. También han financiado la rehabilitación de las instalaciones sanitarias en uno de los edificios.
57. Los demandantes presentaron varias peticiones y quejas ante las autoridades moldavas y rusas.
58. En el curso 2002-03, habían 1.751 alumnos matriculados en el colegio, mientras que en 2008-09, el número de alumnos descendió a 901.
3. Cercavschi y otros (demanda núm. 18454/06)
59. Los demandantes son 46 niños que estudiaban en la escuela Ştefan cel Mare en Grigoriopol durante el período en cuestión y por 50 progenitores de estos niños (véase, infra, el anexo de la sentencia).
60. En 1996, a petición de los padres y sus hijos, la escuela que estaba enseñando “moldavo” con el alfabeto cirílico, solicitó en varias ocasiones al régimen de la “MRT” que se le permitiera enseñar con el alfabeto latino. Como resultado, entre 1996 y 2002, la “MRT” dirigió una campaña de informes de prensa hostiles, intimidaciones y una serie de amenazas por parte de las fuerzas de seguridad. Estas medidas llegaron a su apogeo el 22 de agosto de 2002, cuando la policía de Transnistria interrumpió en el colegio y desalojó a los profesores, alumnos y padres que se encontraban en el interior. El 28 de agosto de 2002, el Presidente del Comité de Estudiantes fue detenido y posteriormente condenado con una sanción administrativa de quince días. Como consecuencia de estos incidentes, 300 alumnos abandonaron el colegio.
61. Para hacer frente a la ocupación del edificio por parte del régimen de la “MRT”, el Ministerio de Educación de Moldavia, decidió que la escuela debía ser trasladada temporalmente a un edificio en Doroţcaia, un pueblo situado a unos 20 kilómetros de Grigoriopol y que se encuentra bajo control moldavo. Cada día, los alumnos y profesores eran trasladados a Doroţcaia, en autobuses proporcionados por el Gobierno de Moldavia. Fueron sometidos a registros de equipaje, así como a controles de identidad por parte de la policía de la “MRT” y presuntamente, también fueron víctimas de actos de hostigamiento, siendo escupidos o abusados verbalmente.
62. Los representantes del colegio, presentaron una serie de peticiones y se quejaron de esta situación ante la OSCE, la Organización de las Naciones Unidas, así como ante las autoridades moldavas y rusas. Las autoridades rusas respondieron instando tanto a Moldavia como a la “MRT”, que pusieran fin a estos conflictos, mediante diferentes formas de negociaciones. Las autoridades moldavas, informaron a los demandantes que no podían hacer nada más para ayudarles.
63. En el curso 2000-01 habían 709 alumnos matriculados, mientras que en 2008-09, el número de alumnos, descendió a 169.
II. INFORMES REALIZADOS POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
A. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
64. El 16 de septiembre de 200, el Comité para el Respeto de las Obligaciones y Compromisos de los Estados Miembros del Consejo de Europa («el Comité de Seguimiento») de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), publicó un informe sobre “El Funcionamiento de las Instituciones democráticas en Moldavia”. La sección dedicada a Transnistria, establece lo siguiente:
”31. En los últimos meses se han producido novedades importantes que la Asamblea debe de seguir muy de cerca y acompañarlas de la mejor manera posible.
32. Después de intensos contactos diplomáticos entre Moldavia y Ucrania, en la Cumbre de GUAM, celebrada en Chisinau el 22 de abril, el Presidente ucraniano Yushchenko anunció una iniciativa fundamentada en 7 puntos para resolver la cuestión de Transnistria. ...
El principal objetivo de este nuevo plan, es lograr una solución duradera a través de la democratización de Transnistria. Esto implicaría:
- La creación de condiciones para el desarrollo de la democracia, la sociedad civil y un sistema multipartidista en Transnistria;
- La celebración de elecciones libres y democráticas en el Soviet Supremo de Transnistria, supervisado por la Unión Europea, la OSCE, el Consejo de Europa, Rusia, Estados Unidos y otros países democráticos, incluyendo a Ucrania;
- La transformación del formato actual de la operación de mantenimiento de la paz, en una misión internacional compuesta por observadores militares y civiles bajo la tutela de la OSCE y la ampliación del número de observadores militares ucranianos en la región;
- La admisión por parte de las autoridades de Transnistria, de una misión de observación internacional, que incluyan expertos ucranianos, en las empresas industriales militares de la región de Transnistria;
- Una misión de la OSCE a corto plazo en Ucrania, para verificar la circulación de bienes y personas a través de la frontera entre Ucrania y Moldavia.
33. El texto completo del plan ucraniano fue presentado los días 16 y 17 de mayo en una reunión con los representantes de los mediadores, Moldavia y Transnistria en Vinnitsa (Ucrania) después de que el Secretario ucraniano del Consejo de Seguridad, Pyotr Poroshenko y el asesor del Presidente moldavo, Mark Tkachuk, mediante una intensa actividad de “diplomacia itinerante” que aproximadamente duró un mes.
34. Las reacciones fueron variadas, pero moderadamente positivas.
35. El 10 de junio, el Parlamento moldavo aprobó una “Declaración sobre la iniciativa ucraniana de solucionar el conflicto de Transnistria”, así como dos peticiones, sobre la desmilitarización y el fomento de los criterios de democratización de la región del Trans-Dniéster de la República de Moldavia...
36. La iniciativa del Presidente Yushchenko fue bien recibida en la declaración, con la esperanza de que se convertiría en “un factor importante para el logro de la unidad territorial y civil en Moldavia”. Sin embargo, el Parlamento lamentó que la iniciativa ucraniana no reflejara algunos principios importantes sobre la solución, a saber, la retirada de las tropas rusas; la desmilitarización; los principios y condiciones de la democratización de la región y la implantación de un control transparente y legal sobre la zona de Transnistria en la frontera de Moldavia con Ucrania. A este respecto, se pidieron esfuerzos adicionales parte de la comunidad internacional y de Ucrania.
37. El Parlamento también criticó una serie de disposiciones que podrían “atentar contra la soberanía de la República de Moldavia”, como la participación conjunta de Transnistria junto con Moldavia en la dirección de la política exterior de la República de Moldavia y la propuesta de creación del llamado Comité de Conciliación. El Parlamento insistió en la resolución del conflicto en el marco de la Constitución de Moldavia a través del diálogo con un nuevo presidente de Transnistria, elegido democráticamente. Hay por tanto, una serie de divergencias entre la iniciativa de Ucrania y la metodología de aplicación elegida por Moldavia.
38. Los mediadores en el conflicto de esta región (la OSCE, Rusia y Ucrania), declararon que el plan daba un impulso concreto hacia el logro de un acuerdo. En todas sus últimas reuniones que convocaron para reanudar un diálogo directo, prosiguieron con el diálogo sobre la resolución del conflicto.
39. Más delicada es la posición de Rusia sobre este tema. Está claro que a través de su presencia militar y económica, y gracias a los fuertes vínculos culturales y lingüísticos con Transnistria, Rusia quiere mantener una fuerte influencia sobre el territorio. La prensa ya informó recientemente de la existencia de un “Plan para retener la influencia rusa en la República de Moldavia” cuyos detalles se mantienen en secreto. Rusia se encuentran aún fuertemente unida al llamado “Memorando Kozak” de 2003, en donde proponía a Moldavia una solución federal. Moldavia casi había aceptado el plan, pero se negó a firmarlo en el último momento, al parecer, condicionado por la influencia occidental.
40. En los últimos meses, ha habido diferentes signos de tensión. Por ejemplo, el 18 de febrero, la Duma Estatal de la Federación de Rusia, aprobó con una amplia mayoría, una resolución en la que se solicitaba al Gobierno ruso una serie de sanciones económicas y de otro tipo, contra Moldavia, con la exclusión de Transnistria, si las autoridades moldavas no modificaban su “bloqueo económico a Transnistria”. Las sanciones incluían una prohibición sobre las importaciones de alcohol y tabaco moldavo, la aplicación de los precios establecidos en el mercado mundial a las exportaciones de gas natural ruso a Moldavia y la expedición de visados para los ciudadanos moldavos que quisieran entrar en Rusia.
41. El Parlamento aprobó las peticiones en donde se solicitaba al Consejo de Europa su ayuda así como la participación en el proceso de democratización de Transnistria. Durante nuestra visita a Chisinau, nuestros interlocutores, insistieron en repetidas ocasiones, la importancia que se le concedía a los conocimientos y a la experiencia de nuestra organización en este sentido. Las proposiciones aprobadas por el Parlamento moldavo, fueron presentadas oficialmente por su Presidente ante el Comité de Seguimiento “para su examen en el marco del ejercicio del control de Moldavia” y para que realizara su “análisis, comentarios y recomendaciones, así como las ideas de la Asamblea Parlamentaria que podrían contribuir a la democratización de la región del Trans-Dniéster y la definitiva solución del conflicto”.
42. A primera vista, el plan debe ser seguido de cerca por el Consejo de Europa, como organización líder en el campo de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Por lo tanto, le confiamos al Comité, la responsabilidad de visitar Kiev, Moscú, Bucarest y Bruselas, con el fin de reunirse con las principales figuras responsables en el plan ucraniano y conocer todos sus detalles. En base a esta información, vamos a hacer propuestas concretas para que la Asamblea desempeñe un papel eficaz en el avance del plan.
43. Aún permanecen pendientes una serie de cuestiones acerca de la implementación del plan de Ucrania y las condiciones establecidas por el Parlamento moldavo. Sin embargo, a diferencia de todos los intentos diplomáticos fallidos, este plan tiene una fuerte ventaja. Combina los esfuerzos diplomáticos con medidas específicas para la democratización, no solamente para Transnistria, sino también para Moldavia, que debe servir de ejemplo. La iniciativa también se produce en un momento adecuado, ya que coincide con la importante lucha en toda la región, de lograr la democratización y la integración europea.
44. No solo Moldavia, cuyo integridad territorial y soberanía han sido violadas, sino que Europa en su conjunto, ya no puede permitirse el lujo de tener este “agujero negro” en su territorio. Transnistria es centro de todo tipo de comercio ilícito, principalmente de tráfico de armas y todo tipo de contrabando. La vida política sigue estando dominada por la policía secreta, así como la libertad y las libertades fundamentales, se encuentran restringidas.
45. Parece ser que uno de los factores más difíciles se encuentra en la posibilidad de organizar elecciones democráticas en Transnistria. Para ello, la región debe permitir el libre funcionamiento de los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil. Las elecciones locales en Transnistria de 27 de marzo (en donde se eligieron las asambleas locales, municipales y del distrito, así como los presidentes de las asambleas regionales) mostraron que la verdadera oposición política sigue desaparecida. Estas elecciones, también fueron consideradas como una prueba para las elecciones programadas para diciembre de 2005, para la elección del Soviet Supremo de Transnistria.
46. Sin embargo, existen algunas novedades interesantes, sobre todo en relación con un grupo de miembros del Soviet Supremo, encabezado por el vicepresidente Evgeny Shevchuk1. El 29 de abril, este grupo inició una serie de proyectos ambiciosos sobre la modificación de la “Constitución” del Trans-Dniéster, con el objetivo de reforzar el papel del Presidente del Parlamento con el Ejecutivo -por ejemplo, concediéndole el derecho de un voto de censura a “los ministros y otros funcionarios nombrados por el “Presidente”, o el derecho de controlar el trabajo y el gasto del Ejecutivo. Algunos otros cambios, más modestos, así como un proyecto de ley que se aprobó el 18 de mayo en primera lectura, sobre la administración local, en donde se estipula que los presidentes del distrito y de los ayuntamientos tendrán que ser elegidos por las Asambleas, mediante votación secreta. El señor Shevchuk también está promoviendo una iniciativa legislativa para transformar la “TV PMR” regional, en una institución de radiodifusión pública.
47. El 22 de junio, el Soviet Supremo recomendó al “Presidente” Smirnov, que revocase en sus funciones al “ministro” de Juscia, Victor Balala. Balala, que es uno de los aliados más cercanos del “presidente”, recientemente decidió transferir las funciones de registro encomendadas a su “ministerio” a un “comité de expertos” cuasi-comercial.
48. El 22 de julio, el Parlamento moldavo aprobó en dos lecturas, la Ley de Disposiciones Básicas del Estatuto Jurídico Especial de las Localidades al este del río Dniéster (Transnistria). La Ley establecía como una unidad territorial autónoma, que es una parte inseparable de Moldavia y -dentro de los poderes establecidos por la Constitución y por la legislación de Moldavia- decide sobre cuestiones que son de su competencia. La Ley estipula que las localidades pobladas al este del río Dniéster, pueden unirse a Transnistria o separarse de ella, en base a referéndums locales y de conformidad con la legislación moldava.”
65. A la luz de este informe, la PACE aprobó una resolución mediante el cual se decidió entre otras cosas:
”10. La Asamblea acoge con satisfacción la reanudación de las negociaciones tras la iniciativa optimista de Ucrania, sobre la resolución del conflicto de Transnistria, dando prioridad a la democratización. Se espera que el formato actual de cinco miembros, con la participación de Moldavia, la región de Transnistria, Rusia, Ucrania y la OSCE, se amplíe para incluir también al Consejo de Europa. Se destaca la necesidad de una supervisión eficaz de la frontera entre Moldavia y Ucrania, sobre el armamento almacenado y la producción en las fábricas de armamento. Dada su amplia experiencia, la Asamblea desea que los ponentes colaboren con esto.
11. Cualquier solución del conflicto de Transnistria, debe basarse en el principio inviolable del pleno respeto a la integridad territorial y soberana de Moldavia. De acuerdo con el Estado de Derecho, cualquier solución debe coincidir con la voluntad popular expresada en elecciones plenamente libres y democráticas dirigidas por las autoridades reconocidas internacionalmente.”
B. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
66. En su Informe Anual de 2004, la OSCE hizo referencia a los acontecimientos de Transnistria de la siguiente forma:
”...El hecho más negativo fue la decisión del Trans-Dniéster a mediados de julio de cerrar los colegios moldavos de su territorio que enseñaban en escritura latina. Como respuesta, Moldova se retiró de las negociaciones pentapartitas para el arreglo político.
Junto con mediadores de la Federación de Rusia y Ucrania, la Misión desplegó esfuerzos extraordinarios desde mediados de julio hasta bien avanzado el otoño para paliar la crisis escolar, y encontrar y aplicar una solución. Asimismo, trató de mitigar las tensiones entre las partes en cuanto a la libertad de circulación, los terrenos agrícolas, y los ferrocarriles.”
En 2004, la OSCE observó que:
”Sólo un tren que transportaba aproximadamente mil toneladas de munición fue retirado de los depósitos del Grupo operativo de fuerzas rusas en el Trans-Dniéster en 2004. Falta todavía retirar unas 21.000 toneladas de munición, junto con más de 40.000 armas pequeñas y armas ligeras, y equipo militar diverso, que llenaría aproximadamente diez trenes de carga. La Misión siguió coordinando ayuda técnica y financiera a la Federación de Rusia para esas actividades.”
67. En el Informe Anual de 2005 se estableció lo siguiente:
La Misión dedicó sus iniciativas a conseguir que se reanudaran las negociaciones, estancadas desde el verano de 2004, con miras a un arreglo político. Los mediadores de la Federación de Rusia, Ucrania y la OSCE convocaron consultas con representantes de Chisinau y Tiraspol en enero, mayo y septiembre. En la reunión que tuvo lugar en mayo, Ucrania presentó el plan del Presidente Viktor Yuschenko con miras a una solución, denominado Hacia una solución a través de la democratización. Esta iniciativa prevé una democratización de la región del Trans-Dniéster mediante elecciones para el órgano legislativo regional celebradas de modo internacional, junto con medidas para promover la desmilitarización, la transparencia y la mejora de la confianza.
En julio, el Parlamento de Moldova hizo referencia al plan de Ucrania al adoptar la Ley de principios funda- mentales de un estatuto jurídico especial de la zona del Trans-Dniéster. En el curso de las consultas celebradas en Odesa en septiembre, las autoridades de Chisinau y de Tiraspol convinieron en invitar a la UE y a los EEUU para que participaran en las elecciones en calidad de observadores. Después de una interrupción de quince meses, las negociaciones se reanudaron en octubre en un marco ampliado. Se había previsto una nueva ronda de negociaciones en diciembre, después de la Reunión del Consejo Ministerial de la OSCE en Liubliana. El 15 de diciembre, los Presidentes de Ucrania y de la Federación Rusa, Victor Yushchenko y Vladimir Putin, emitieron una declaración conjunta en donde era bien recibida por ambos, la reanudación de las negociaciones sobre la solución del conflicto de Transnistria.
En septiembre, los Presidentes Voronin y Yushchenko formularon una petición conjunta ante el Presidente en Ejercicio de la OSCE para que éste estudiara la posibilidad de enviar una Misión de evaluación de necesidades para el estado de la democracia en el Trans-Dniéster y las medidas que serían necesarias para que se puedan celebrar elecciones democráticas en la región. Paralelamente, la Misión de la OSCE realizó consultas técnicas y análisis sobre los requisitos básicos necesarios para que haya elecciones democráticas en la región del Trans-Dniéster, según se propone en el plan de Yushchenko. En la ronda de negociaciones que hubo en octubre, se pidió a la Presidencia de la OSCE que prosiguiera con sus consultas sobre la posibilidad de organizar una Misión de evaluación de necesidades en esa región
Junto con expertos militares de la Federación de Rusia y de Ucrania, la Misión de la OSCE terminó de desarrollar un paquete de medidas propuestas para fomentar la con- fianza y la seguridad, que los tres mediadores presentaron en julio. A continuación, la Misión comenzó a llevar a cabo consultas sobre dichas medidas con representantes de Chisinau y de Tiraspol. En la ronda de negociaciones de octubre se acogió con agrado un posible avance hacia una mejora de la transparencia a través de un intercambio mutuo de información militar, según se contempla en los elementos de dicho conjunto de medidas.”
En cuanto a la cuestión sobre la retirada militar rusa, la OSCE observó:
”En 2005 no se retiraron de la región del Trans-Dniéster armamentos y equipo propiedad de la Federación de Rusia; quedan por retirar aproximadamente 20.000 toneladas métricas de munición. El comandante del Grupo operativo de las fuerzas rusas informó en mayo de que 40.000 armas pequeñas y armas ligeras excedentes almacenadas por las fuerzas rusas en la región del Trans-Dniéster habían sido destruidas. No se ha permitido a la OSCE verificar esta aseveración.”
68. En 2006, la OSCE informó de lo siguiente:
”El referéndum del 17 de septiembre sobre la independencia, y las elecciones presidenciales del 10 de diciembre en Trans-Dniéster -ni el referéndum ni las elecciones habían sido reconocidos ni supervisados por la OSCE- configuraron el entorno político de esa labor ...
Para encauzar las conversaciones sobre un arreglo político, la Misión redactó a principios de 2006 documentos que sugerían lo siguiente: una posible delimitación de competencias entre autoridades centrales y autoridades regionales; un mecanismo para la supervisión de fábricas en el complejo industrial militar del Trans-Dniéster; un plan para el intercambio de datos militares; y una misión de evaluación encargada de determinar las condiciones y de formular recomendaciones para la celebración de elecciones democráticas en el Trans-Dniéster. Ahora bien, el Trans-Dniéster se negó a continuar las negociaciones después de la introducción en marzo de nuevas normas aduaneras para las exportaciones provenientes del Trans-Dniéster, y no se pudo conseguir ningún progreso en relación con esos proyectos. Las tentativas de salir del atolladero mediante consultas entre los mediadores (OSCE, Federación de Rusia y Ucrania) y los observadores (Unión Europea y Estados Unidos de América) en abril, mayo y noviembre, y las consultas de mediadores y observadores con cada uno de los lados separadamente en octubre, no sirvieron para gran cosa. ...
El 13 de noviembre, un grupo de 30 Jefes de Delegaciones de la OSCE, junto con miembros de Misiones de la OSCE, obtuvo acceso por vez primera desde marzo de 2004 al depósito de municiones de la Federación de Rusia en Colbasna, cerca de la frontera entre Moldova y Ucrania en el Trans-Dniéster septentrional. Ahora bien, no hubo ninguna retirada de equipo o municiones rusas de la región del Trans-Dniéster durante 2006, y más de 21 000 toneladas de municiones siguen almacenadas en la región ...”
69. El Informe Anual de 2007 declaró:
”Los mediadores en el proceso de resolución de la región del Trans-Dniéster, la Federación de Rusia, Ucrania y la OSCE, y los observadores, la Unión Europea y los Estados Unidos, se reunieron cuatro veces. Los mediadores y observadores se reunieron informalmente con los moldavos y los transdniéstrinos una vez, en octubre. Todas las reuniones se concentraron en la búsqueda de formas de reiniciar las negociaciones formales para un arreglo, que a pesar de todo no se ha conseguido reanudar. ...
La Misión observó que no hubo retiradas de municiones o equipo rusos durante 2007. El Fondo Voluntario mantiene recursos suficientes para completar las tareas de retirada.”
70. En 2008, la OSCE observó:
”El Presidente moldovo, Vladimir Voronin, y el dirigente del Trans-Dniéster, Igor Smirnov, se reunieron en abril por primera vez después de siete años y tuvieron otra reunión el 24 de diciembre. Mediadores de la OSCE, la Federación de Rusia y Ucrania, así como observadores de la Unión Europea y los Estados Unidos, se reunieron en cinco ocasiones. También hubo cinco reuniones oficiosas de las partes con los mediadores y los observadores. A pesar de dichas reuniones y de los esfuerzos diplomáticos de la Misión, no se reanudaron las negociaciones oficiales en el formato “5+2”. ...
En 2008 no hubo retiradas de munición ni de equipo rusos de la región del Trans-Dniéster. El Fondo Voluntario cuenta con suficientes recursos para completar las tareas de retirada.”
C. Organizaciones Internacionales no Gubernamentales.
71. En su informe de 17 de junio de 2004, bajo el título “Moldavia: Tensiones Regionales sobre Transnistria” (Europe Report núm. 157), el International Crisis Group (ICG) determinó lo siguiente (extracto del resumen general):
”El apoyo de Rusia sobre la autoproclamada y no reconocida República Moldava del Dniéster (DMR), ha impedido la resolución del conflicto y el progreso de Moldavia hacia una mayor integración en las estructuras políticas y económicas europeas. En sus recientes y principalmente en sus intentos unilaterales de solucionar el conflicto de Transnistria, Rusia ha demostrado tener una mentalidad casi como la que tuvo en la Guerra Fría. A pesar del retórico bienestar existente entre Rusia y la Unión Europea (UE), así como entre Rusia y los Estados Unidos sobre la cooperación en materia de resolución de conflictos y mantenimiento de la paz dentro de los Nuevos Estados Independientes de la antigua Unión Soviética (NIS), parece difícil deshacerse de los viejos hábitos. Rusia sigue mostrándose reacia para que la UE, EE.UU o a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), desempeñen un papel activo en la resolución del conflicto, porque Moldavia todavía es considerada por muchas personas en Moscú, como una esfera de interés geopolítico exclusivamente rusa.
No ha sido difícil para Rusia, aprovecharse para sus propios intereses, de la inestabilidad política y económica de Moldavia. A pesar de haber aceptado plazos concretos para la retirada de sus tropas, Rusia en repetidas ocasiones ha dado marca atrás, mientras ha tratado de imponer un acuerdo político que habría asegurado, a través de unas disposiciones constitucionales desequilibradas, la continuidad de la influencia de Rusia sobre Moldavia, mediante la formulación de políticas y la prolongación de su presencia militar bajo un intento de mantenimiento de la paz. Hasta ahora han sido reacios a la hora de utilizar su influencia de liderazgo en el DMR (”MRT”) para promover un enfoque de resolución del conflicto que equilibre los intereses legítimos de todas las partes.
Los sectores comerciales ucranianos y moldavos, se han convertido en expertos en utilizar de forma paralela la economía de la DMR para sus propios fines, participando regularmente en re-exportaciones y otras prácticas ilegales. Algunos han utilizado su influencia política, para prevenir, retrasar y obstruir las decisiones que podrían haber presionado sobre el liderazgo de la DMR a un compromiso. Estos incluyen la abolición de las normas tributarias y aduaneras favorables para el negocio ilegal de la re-exportación; la aplicación de un control eficaz fronterizo y aduanero; y la recaudación de aranceles aduaneros en las “fronteras” internas.
Con el respaldo de las élites económicas rusas, ucranianas y Moldavia, la dirección de la DMR se ha vuelto más firme. Reconociendo que el reconocimiento internacional es poco probable, se han centrado en la preservación de una independencia de facto, a través de una confederación con Moldavia. Desafortunadamente, los líderes de la DMR -aprovechándose de las contradicciones existentes en los sistemas fiscales y aduaneros de Moldavia y la DMR- siguen sacando importantes beneficios de las actividades económicas legales e ilegales, incluyendo las re-exportaciones, el contrabando y la producción de armas.
La DMR se ha convertido en un actor político, consciente de que con sus propios intereses y estrategias, posee un alcance limitado de maniobra política independiente, pero si que posee una extensa red de vínculos económicos y de otro tipo a través de Rusia, Moldavia y Ucrania. Sin embargo, sigue dependiendo en gran medida, del apoyo económico y político de Rusia y no le gusta ponerse en una posición en donde debe actuar en contra de la política rusa. Los intereses de Rusia y de la DMR se superponen a menudo, pero en algunos casos, los líderes de la DMR han sido capaces de diseñar e implementar estrategias para evitar la presión rusa, retrasar negociaciones, obstruir iniciativas rusas y perjudicar políticas rusas jugando a desacuerdos entre los comediadotes y aprovecharse de fuentes alternativas de la ayuda externa.
El intento más reciente por parte de Rusia para hacer implementar un acuerdo -el memorando Kozak en octubre y noviembre de 2003- ha demostrado que su influencia, aunque es dominante, tiene unos límites claros. Rusia es incapaz de sacar adelante un acuerdo sin el apoyo de Moldavia y de la comunidad internacional, en especial de actores principales como la OSCE, la UE y los EE.UU. Una solución política global requiere un enfoque que pueda salvar las diferencias entre Rusia y otros actores internacionales principales, mientras que se tienen que tener en cuenta los intereses tanto del gobierno de Moldavia como de la DMR.
A pesar de comprender que Rusia no debe ser antagonizada, Moldavia tiene una fuerte atracción hacia la integración europea. Recientemente, incluso la dirección comunista, ha hecho hincapié en la necesidad de hacer más esfuerzos para lograr ese objetivo. El país rara vez ha estado en los radares occidentales durante la última década, sin embargo, necesitará de un apoyo mayor por parte de la UE y de los EE.UU., si se les resiste al apoyo político y material de la DMR y la obstrucción del proceso de negociación por parte de Transnistria. Los actores internacionales deben ayudar a Moldavia a garantizar que en sus propias fronteras se luche contra las actividades económicas ilícitas que manteniente a flote Transnistria y que afecta a sus vecinos europeos.
El conflicto solamente puede resolverse si la comunidad internacional utiliza su influencia sobre Rusia de manera bilateral y dentro de la OSCE. Únicamente, y con un compromiso mucho más decidido sobre la reforma política, económica y administrativa por su parte, Moldavia podrá cumplir sus aspiraciones europeas. Un primer paso indispensable sería una nueva estrategia hacia Moldavia, Ucrania y Rusia dentro de una Europa con una Política más amplia.”
72. En su informe de 17 de agosto de 2006, titulado “El futuro incierto de Moldavia” (Europe Report núm. 175), el ICG observó lo siguiente (extracto del resumen general):
”Con la esperada entrada de Rumania en la Unión Europea en 2007, la UE compartirá frontera con Moldavia, un Estado débil, dividido por el conflicto y plagado por la corrupción y el crimen organizado. La jefatura de Moldavia ha declarado su deseo de unirse a la UE, pero su compromiso con los valores europeos es sospechoso y los esfuerzos para resolver las disputas con la región separatista de Transnistria, no han logado poner fin a un estancamiento perjudicial que ha persistido durante quince años. Los jóvenes tienen poca confianza en el futuro del país y lo abandonan a un ritmo alarmante. Si Moldavia se convierte en un vecino estable de la UE, se necesitará un mayor compromiso internacional, no sólo en la resolución de conflictos, sino también para estimular reformas internas para ayudar a que el país sea más atractivo para sus ciudadanos.
Dos iniciativas recientes por parte de la Unión Europea y de Ucrania, han dado lugar a la esperanza de que el equilibrio de fuerzas en el conflicto separatista haya cambiado de forma significativa. Una Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM) establecida a finales de 2005, ha contribuido a frenar el contrabando a lo largo del segmento del Trans-Dniéster, en la frontera entre Moldavia y Ucrania, fuente principal de ingresos para las autoridades de Tiraspol, capital de Transnistria. Al mismo tiempo, la implementación en Kiev, de un régimen aduanero para ayudar a Moldavia en la regulación de las exportaciones de Transnistria, ha reducido la capacidad de las empresas de la región separatista de Moldavia, de operar sin supervisión alguna, provocando un golpe psicológico importante.
Pero el optimismo de que estas medidas finalmente obliguen a Transnistria a hacer concesiones diplomáticas, parecen haber sido falsas. Aunque la EUBAM ha tenido un significativo éxito, especialmente teniendo en cuenta su pequeño tamaño y presupuesto, el contrabando continua de manera generalizada. El régimen aduanero ucraniano tampoco ha tenido un efecto decisivo en las empresas del Trans-Dniéster, que siguen siendo capaces de llevar a cabo un comercio ilegal rentable como lo era en el pasado. Por otra parte, la incertidumbre política interna ha suscitado dudas acerca de si Kiev continuará haciendo cumplir las nuevas regulaciones.
Rusia ha incrementado su apoyo a Transnistria, mediante el envío de ayuda económica y mediante la adopción de medidas punitivas contra Moldavia, incluyendo la prohibición de paralizar las exportaciones de vino, una de las principales fuentes de ingreso de Moldavia. Moscú se niega a retirar a sus tropas con base en Transnistria desde la etapa soviética, cuya presencia sirve para mantener el status quo. Con el apoyo de Rusia, el líder de Transnistria, Igor Smirnov, tiene una escasa motivación para comprometer su impulso hacia la independencia. Las negociaciones mediadas internacionalmente entre las dos partes no han llevado a ninguna parte, a pesar de la presencia en 2005, de la UE y de los EE.UU., en calidad de observadores. A pesar de la cierta comprensión acerca del nivel de autonomía alcanzado en un asentamiento, Moldavia ha endurecido su posición para que se corresponda con la intransigencia de Transnistria.”
73. En su informe titulado “Freedom of the World 2009”, la organización Freedom House comentó, inter alia, lo siguiente:
”Moldavia rechazó un plan de federalización realizado por Rusia en noviembre de 2003, después de que ésta provocara grandes protestas públicas. La última serie de conversaciones multilaterales fracasaron a principios de 2006, y los votantes del referéndum de Transnistria celebrado en 2006, respaldaron de manera aplastante, un proceso de independencia con el objetivo de unirse finalmente a Rusia, a pesar de que la legitimidad de la votación no fue reconocida por Moldavia o por la comunidad internacional.
Ante la ausencia de negociaciones 5+2, Voronin llevó a cabo conversaciones bilaterales con Rusia y adoptó una serie de medidas para armonizar la política exterior de Moldavia con la del Kremlin. Durante gran parte de 2008, instó a Rusia a aceptar una propuesta mediante el cual, Transnistria recibiría una autonomía sustancial dentro de Moldavia, una presencia fuerte y unitaria en el Parlamento moldavo y el derecho a la secesión si Moldavia se unía a Rumania en un futuro. Se respetarían los derechos de propiedad rusos y las tropas rusas serían reemplazadas por observadores civiles. Voronin defendió sus “consultas” independientes con Rusia, diciendo que cualquier acuerdo sería alcanzado mediante el formato 5+2.
La cuestión de Transnistria adquirió un mayor grado de urgencia en agosto de 2008, después de que Rusia se enfrentara con Georgia, reconociendo la independencia de dos regiones separatistas de allí. Los agentes rusos dijeron que no tenían planes de reconocer la PMR (”MRT”), pero advirtió a Moldavia de que no adoptara la postura de confrontación de Georgia. El gobierno moldavo rechazó a su vez, cualquier comparación y reiteró su compromiso con las negociaciones pacíficas. Algunos expertos expresaron su preocupación acerca de que Rusia podría imponer una solución severa en las conversaciones bilaterales con Moldavia y reconocer a la PMR si Moldavia rechazaba el plan.
Las relaciones del presidente de Transnistria, Igor Smirnov con Voronin seguían siendo tensas durante todo el año, ya que el líder moldavo negoció por encima de Smirnov y expresó una evidente decepción con el líder de la PMR. Los dos hombres se reunieron por primera vez en abril desde 2001 y posteriormente se reunieron de nuevo en diciembre. Días después de su reunión en abril, el presidente rumano Traian Basescu, planteó indirectamente la perspectiva de división, en donde Ucrania absorbería Transnistria y Rumania podría anexar Moldavia adecuadamente, lo que provocó que Voronin lo acusara de sabotear las negociaciones. Mientras tanto, durante ese año, el presidente ruso Dimitri Medvedev se reunió por separado con Voronin y Smirnov...
Derechos Políticos y Libertades Civiles
Los habitantes de Transnistria no pueden elegir a sus líderes democráticamente y no pueden participar libremente en las elecciones moldavas...
La corrupción y el crimen organizado son problemas de suma gravedad en Transnistria...
El entorno de los medios de comunicación es restrictivo...
La libertad religiosa está restringida...
Aunque varios miles de alumnos estudian moldavo usando el alfabeto latino, esta práctica se encuentra restringida. El idioma moldavo y el alfabeto latino se asocian con la unidad que persigue Moldavia, mientras que el ruso y el alfabeto cirílico se asocian con objetivos separatistas. Los padres que envían a sus hijos a los colegios que utilizan el alfabeto latino, así como los propios colegios, han sufrido un acoso rutinario por parte de los servicios de seguridad.
Las autoridades restringen severamente la libertad de reunión y raramente emiten los permisos requeridos para las protestas públicas...
El poder judicial se encuentra subordinado al poder ejecutivo y en general, implementa la voluntad de las autoridades...
Las autoridades discriminan a los ciudadanos de etnia moldava, que representan alrededor del 40% de la población. Se cree que la etnia rusa y ucraniana en conjunto comprenden una escasa mayoría y al parecer, cerca de un tercio de los residentes en la región, disponen de pasaporte ruso.”
III. LEGISLACION INTERNACIONAL APLICABLE
A. Documentos de Derecho Internacional relativos a la Responsabilidad del Estado por actos ilícitos
1. Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos.
74. La Comisión de Derecho Internacional (CDI) adoptó su Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (”Proyecto de Artículos”) en agosto de 2001. Los artículos 6 y 8 del Capítulo II del Proyecto de Artículos dispone:
”Artículo 6: Comportamiento de un órgano puesto a disposición de un Estado por otro Estado
Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano puesto a su disposición por otro Estado, siempre que ese órgano actúe en el ejercicio de atribuciones del poder público del Estado a cuya disposición se encuentra.
Artículo 8: Comportamiento bajo la dirección o control del Estado
Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de personas actúa de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese comportamiento.”
2. Jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia (ICJ)
75. En la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre “las consecuencias legales para los Estados de la continua presencia de Sudáfrica en Namibia a pesar de lo dispuesto en la resolución 276 (1970), se declaró acerca de la obligación del derecho internacional de poner fin a una situación ilegal:
”117. Habiendo llegado a estas conclusiones, la Corte procederá a abordar las consecuencias legales para los Estados de la continua presencia de Sudáfrica en Namibia a pesar de la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad. Una determinación obligatoria hecha por un órgano competente de las Naciones Unidas en el sentido de que una situación que es ilegal no puede quedar sin consecuencias. Una vez que la Corte se enfrenta a una situación así, estaría incurriendo en una omisión del cumplimiento de sus obligaciones judiciales si no declara que es una obligación, en especial de los Miembros de las Naciones Unidas, para que esta situación llegue a su fin. Como la Corte ha señalado, en referencia a una de sus sentencias en donde se declara una situación contraria a una norma de derecho internacional: “Esta decisión implica una consecuencia legal, a saber, la de poner fin a una situación ilegal” (ICJ Reports 1951, página 82).
118. Sudáfrica, siendo responsable de haber creado y mantenido una situación que la Corte ha determinado que es ilegal, tiene la obligación de poner fin a la misma. Por lo tanto, está obligada a retirar su gestión del territorio de Namibia. Al mantener la actual situación ilegal y al ocupar el Territorio sin título, Sudáfrica incurre en responsabilidades internacionales derivadas de una continua violación de una obligación internacional. También es responsable de cualquier violación de los derechos del pueblo de Namibia, o de sus obligaciones internacionales. El hecho de que Sudáfrica no dispone de ningún título para gestionar el Territorio, no lo libera de sus obligaciones y responsabilidades en virtud del derecho internacional hacia otros Estados, en cuanto al ejercicio de sus facultades en relación con el Territorio. El control físico de un Territorio y no la soberanía o la legitimidad del título, es el fundamento de la responsabilidad del Estado por actos que afectes a otros Estados.”
76. En el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro), sentencia de 26 de febrero de 2007, la Corte Internacional de Justicia sostuvo acerca de la cuestión de la responsabilidad del Estado lo siguiente:
”391. La primera cuestión que se plantea mediante este argumento es si es posible en principio, atribuir a un Estado la conducta de personas -o grupos de personas- que aunque no tienen la condición jurídica de órganos del Estado, el hecho de actuar bajo un control tan estricto por parte del Estado, deban ser tratadas como sus órganos con el fin de la atribución necesaria que conlleva la responsabilidad del Estado por un hecho internacionalmente ilícito. De hecho, la Corte ya ha abordado esta cuestión y en principio dio respuesta a la misma en su sentencia de 27 de junio de 1986 en el asunto relativo a las Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua contra los Estados Unidos de América) (Fondo del asunto de la sentencia del ICJ, Reports 1986, páginas 62 a 64). En el apartado 109 de esa sentencia, la Corte sostuvo lo siguiente:
”Determinar... si las relaciones o no de los contras con el Gobierno de los Estados Unidos era mucho más que una dependencia por un lado y de un control por otro lado que equipararía a los contras, a efectos legales, como un órgano de gobierno de los Estados Unidos o como un órgano que actúe en nombre de ese Gobierno” (página 62).
Posteriormente, en el examen de los hechos en virtud de la información que dispone, el Tribunal observó que “no hay una evidencia clara por parte de los Estados Unidos, de haber ejercido efectivamente tal grado de control en todos los ámbitos como para justificar el tratamiento de los contras que actúan en su nombre” (ap. 109), y llegó a la conclusión de que “las evidencias de las que dispone la Corte... no son suficientes para demostrar la “completa dependencia de los contras de la ayuda por parte de los Estados Unidos”, por lo que la Corte “no puede determinar que la fuerza de los contras pueda ser equiparada a efectos legales con las fuerzas de los Estados Unidos” (Págs. 62-63, ap. 110).
392. Los pasajes citados muestran que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, las personas, los grupos de personas o las entidades pueden, a efectos de la responsabilidad internacional, ser equiparados como Órganos del Estado aún cuando dicha condición no surja del derecho interno, siempre que las personas, grupos o entidades actúen de hecho en “completa dependencia” del Estado, del cual en definitiva son simplemente un instrumento. En tal caso, es apropiado mirar más allá del estatus legal por sí solo, con el fin de comprender la realidad de la relación entre la persona que realiza la acción y el Estado al que se encuentra estrechamente unido que parece ser nada más que su agente: cualquier otra solución permitiría que los Estados puedan escapar de su responsabilidad internacional por su elección de actuar a través de personas o entidades que supuestamente tendrían una independencia ficticia.
393. Sin embargo, para equiparar a las personas o entidades con los órganos del Estado, cuando no tienen esa condición en virtud del derecho interno, debe ser excepcional, ya que se requiere la prueba que demuestre un alto grado de control del Estado sobre ellos, una relación que la sentencia de la Corte citó anteriormente como una “dependencia absoluta”...”
La Corte Internacional de Justicia consideró que Serbia no era directamente responsable del genocidio cometido durante la guerra de Bosnia desde 1992 a 1995. Sin embargo, sostuvo que Serbia había violado su obligación positiva de prevenir el genocidio, en virtud de la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, al no haber adoptado todas las medidas que tenía a su alcance para detener el genocidio que ocurrió en Srebrenica en julio de 1995 y por no haber transferido a Ratko Mladić́, enjuiciado por genocidio y complicidad en el genocidio, para ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
B. Disposiciones de los Tratados relativas al derecho a la educación
1. Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
77. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:
”(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”
2. La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960
78. La mencionada Convención, que fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su undécima reunión, de octubre a diciembre de 1960, establece en sus artículos 1, 3 y 5 lo siguiente:
”Artículo 1
1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:
(a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza;
(b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;
(c) A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o
(d) Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana.
2. A los efectos de la presente Convención, la palabra “enseñanza” se refiere a la enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de esta y las condiciones en que se da.
Artículo 3
A fin de eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sentido que se da a esta palabra en la presente Convención, los Estados Partes se comprometen a:
(a) Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza;
....
Artículo 5
1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen:
(a) En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz; ...”
3. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996
79. El artículo 13 del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece:
”1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
(a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
(b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
(c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
(d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
(e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.”
4. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1966
80. El artículo 5 de la mencionada Convención de las Naciones Unidas establece (en lo que aquí es relevante):
”En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:
...
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
...
v) El derecho a la educación y la formación profesional;”
5. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989
81. Los artículos 28 y 29 de la mencionada Convención de las Naciones Unidas establece:
”Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
(a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
(b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;
(c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
(d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
(e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
(a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
(b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
(c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
(d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
(e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
82. Los demandantes alegan acerca del cierre forzoso de sus escuelas por las autoridades de la “MRT” y las medidas adoptadas por las autoridades para acosarlos e intimidarlos debido a su decisión de que sus hijos continuaran con su educación en escuelas de lengua moldava/rumana. El Tribunal debe determinar en primer lugar si en relación con los hechos denunciados, los demandantes se encontraban en el ámbito de jurisdicción de uno o ambos de los Estados demandados, de conformidad con el artículo 1 del Convenio.
A. Alegaciones de las partes
1. Los demandantes
(a) La jurisdicción de la República de Moldavia
83. Los demandantes alegan que aunque Moldavia carecía de un control efectivo sobre Transnistria, la región claramente forma parte del territorio nacional y por lo tanto, Moldavia continua estando a cargo de la protección de los derechos humanos.
84. Los demandantes consideran que las obligaciones positivas de Moldavia hacia ellos, operan en varios niveles interconectados entre sí. Moldavia tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas posibles para restablecer el Estado de Derecho y su autoridad soberana en Transnistria. También tiene la obligación positiva de adoptar todas las medidas posibles, concretamente para remediar la situación de los demandantes, protegiendo su libertad para estudiar, y permitiendo que sus hijos estudien en colegios que aplican el moldavo, que es el idioma nacional. Los demandantes sostienen que, a pesar de la falta de un control general por parte de Moldavia sobre Transnistria, el Estado cuenta con importantes medios a su alcance tanto en el ámbito político como económico, que podrían afectar a su relación permanente con las autoridades del “MRT”.
(b) La jurisdicción de la Federación Rusa
85. Los demandantes señalan que el cierre de los colegios tuvo lugar en 2004, poco después de que el Tribunal dictara sentencia sobre el asunto Ilaşcu (op.cit.). Alegan que las conclusiones del Tribunal sobre los hechos en Ilaşcu, se indicó que Rusia ejercía una influencia decisiva sobre la “MRT”, considerando que en el presente caso ocurre lo mismo.
86. Los demandantes destacan que desde 2004, no ha habido ningún retiro verificado de armamento y equipamiento ruso. Sostienen que Rusia había llevado a cabo acuerdos secretos con los líderes de la “MRT” en relación con la gestión del almacenaje de armas. En 2003, las propias cifras del Gobierno mostraron que habían 2.200 tropas rusas desplegadas en la región y no existen indicios de que esta cifra se haya reducido de manera significativa. Rusia alegaba que su presencia estaba justificada para proteger el depósito de armas. Los demandantes sostienen que la presencia tanto de las tropas como de las armas, es contraria a los compromisos internacionales de Rusia. Además, sostienen que no hay indicios de un compromiso manifiesto para la retirada de las tropas y de las armas. En cambio, las declaraciones realizadas por los oficiales rusos, tienden a indicar que la retirada estaba condicionada al acuerdo político que se alcanzase. En opinión de los demandantes, la continuada presencia militar rusa, representa una amenaza implícita de una futura intervención militar, que actúa para intimidar al Gobierno de Moldavia y a los opositores del régimen separatista de Transnistria.
87. Los demandantes sostienen que Transnistria depende de la importación de energía por parte de Rusia, así como de su inversión, ayuda y comercio. Rusia representa el 18% de las exportaciones de la “MRT” y el 43,7% de sus importaciones, principalmente de energía. El “MRT” había pagado menos del 5% del gas que había consumido, pero Rusia no había tomado medidas para recuperar la deuda. Rusia prestó una ayuda humanitaria directa a Transnistria, principalmente en forma de contribuciones a las pensiones de vejes, suponiendo una infracción de la legislación moldava. Los demandantes alegan que las fuentes oficiales rusas afirmaron que entre 2007 y 2010, el volumen total de la asistencia financiera prestada a Transnistria, fue de 55 millones de dólares (USD).
88. Los demandantes alegan que la clase política rusa, considera a Transnistria como un puesto fronterizo de Rusia. Aportan como ejemplo, declaraciones de los miembros de la Duma rusa en apoyo de la independencia de la “MRT” de Moldavia y también aportan llamadas realizadas por Igor Smirnov, el Presidente de la “MRT” hasta enero de 2012, para que Transnistria se incorporase a la Federación de Rusia. También destacan que se les había concedido la nacionalidad rusa, a cerca de 120.000 personas residentes en Transnistria. En febrero y marzo de 2005, “en respuesta a las medidas acordadas por el Gobierno de Moldavia con el objetivo de empeorar la situación en torno a Transnistria”, la Duma aprobó una resolución en la que se pedía al Gobierno ruso que introdujera una prohibición a la importación del alcohol moldavo y productos de tabaco, que se exportara energía a Moldavia (excepto en Transnistria) a tasas internacionales y que se exigiesen visados a los ciudadanos moldavos que visitaren Rusia, excepto a los residentes de Transnistria. Los demandantes citan asimismo, las conclusiones del Fondo Monetario Internacional, acerca de que estas medidas tuvieron un efecto negativo en el crecimiento económico combinado de Moldavia, de un 2-3% anual en el período 2006-07.
2. El Gobierno moldavo
(a) La jurisdicción de la República de Moldavia
89. El Gobierno moldavo afirma que de acuerdo al razonamiento de la sentencia Ilaşcu (op.cit.), los demandantes se encuentran sujetos a la jurisdicción de Moldavia, ya que al reclamar el territorio y tratar de asegurar los derechos de los demandantes, las autoridades moldavas asumen las obligaciones positivas con respecto a esto. El Gobierno de Moldavia, sostiene que no tienen competencia, en cuanto a la autoridad y control sobre el territorio de Transnistria; sin embargo, continuaron cumpliendo con las obligaciones positivas establecidas en Ilaşcu. Para el Gobierno moldavo, la cuestión principal con respecto a Moldavia se trata de que hasta que punto esa obligación positiva, podría actuar para comprometer la jurisdicción de un Estado. En este sentido, se apoyan en la Opinión Parcialmente Disidente del Juez Sir. Nicolas Bratza en la sentencia Ilaşcu, a la que se adhieren los Jueces Rozakis, Hedigam, Thomassen y Panţîru.
(b) La jurisdicción de la Federación de Rusia
90. El Gobierno moldavo considera que a la luz de los principios establecidos en el asunto Al-Skeini y otros contra Reino Unido [GS], núm. 55721/07, de 7 de julio de 2011, los hechos del presente caso están sujetos a la jurisdicción de Rusia, debido a que su continua presencia militar había impedido la solución del conflicto.
91. El Gobierno de Moldavia destaca que no tenían acceso al depósito de armamento en Colbaşna y por lo tanto, no tenían un verdadero conocimiento en cuanto a la cantidad de armamento en poder de la Federación de Rusia en Transnistria. Sostienen que es difícil distinguir claramente entre los soldados rusos que integran la fuerza de mantenimiento de la paz bajo los términos alcanzados en el acuerdo de alto al fuego y los soldados rusos pertenecientes al Grupo Operativo de las Fuerzas Rusas (”ROG”), desplegado en Transnistria para proteger el depósito de armamento. Sostienen que, dejando a un lado a los comandantes de alto rango que probablemente fueron reclutados directamente en Rusia, muchos de los soldados de tropa de ambas fuerzas, son ciudadanos rusos de Transnistria que apoyaban el régimen separatista. Por último, destacan que el aeropuerto militar de Tiraspol se encuentra bajo el control de Rusia y que los agentes de la “MRT” podían utilizarlo libremente.
92. El Gobierno moldavo sostiene que la presencia militar rusa así como las armas rusas en Transnistria, obstruyeron los esfuerzos realizados para resolver el conflicto y contribuyó a mantener el régimen separatista en el poder. El Gobierno de Moldavia se encontraba en desventaja y no podía negociar libremente sin la amenaza de que la retirada militar rusa quedaría suspendida, como ocurrió cuando Moldavia rechazó el Memorando Kozak (véase, supra, ap. 27). En su opinión, la oposición de la “MRT” a eliminar las armas, no ofrecía una excusa aceptable para no eliminarlas o destruirlas por el Gobierno ruso, que no debería haber aceptado tal oposición. El Gobierno de Moldavia estaba dispuesto a cooperar de cualquier forma, salvo que la cooperación conllevara condiciones excesivamente gravosas, como las incluidas en el “Memorando Kozak”. La participación activa de otros socios internacionales en el proceso de negociación debería haber actuado para mitigar cualquier carga abusiva por parte de Rusia, que surgiera de las actuaciones prácticas para la destrucción del depósito de armamento.
93. El Gobierno moldavo sostiene que la economía de la “MRT” se encuentra conectada con la exportación de mercancías a Rusia y Ucrania; no hubieron relaciones comerciales propiamente dichas entre la “MRT” y Moldavia. Sin embargo, solamente cerca del 20% de la población era económicamente activa y la región sobrevivió como resultado de la ayuda financiera prestada por Rusia, en forma de condonación de las deudas de gas y mediante donaciones de ayuda. Por ejemplo, en 2011, la “MRT” recibió ayuda financiera de Rusia por un total de 20,64 millones de dólares (USD). En 2011, Transnistria consumió un total de 505 millones de dólares (USD) en gas, de los cuales, solamente pagó el 4% (20 millones de USD).
94. Por último, el Gobierno moldavo afirma que la política de la “MRT” se encuentra más orientada a Rusia que a Moldavia. Hubo visitas de alto nivel entre Rusia y Transnistria y las declaraciones de apoyo por parte de los políticos rusos a Transnistria. Sin embargo, la situación política al encontrarse en constante evolución, es difícil realizar una evaluación completa.
3. El Gobierno ruso
(a) La jurisdicción de la República de Moldavia
95. El Gobierno ruso no realiza ninguna declaración sobre la jurisdicción de la República de Moldavia en el presente caso.
(b) La jurisdicción de la Federación de Rusia
96. El Gobierno ruso discrepa en cuanto al enfoque del Tribunal sobre la jurisdicción de Rusia en los asuntos Ilaşcu y Al-Skeini (op.cit.). Sostienen que es la voluntad de los Estados contratantes, tal y como se expresa en el texto del artículo 1 del Convenio, que en ausencia de una declaración expresa en virtud del artículo 56, la jurisdicción de cada estado deberá limitarse a sus fronteras territoriales. Otra posibilidad sería el enfoque seguido por el Tribunal en el asunto Banković y otros contra Bélgica y otros 16 Estados contratantes (dec.) [GS] núm. 52207/99, TEDH 2001-XII, en donde se establece una interpretación más precisa, ya que se reconoce que la competencia podría extenderse extraterritorialmente solamente en casos excepcionales. Para el Gobierno de Rusia, la jurisdicción excepcional se podría extender extraterritorialmente, cuando un Estado contratante ejerce un control efectivo sobre el territorio de otro Estado, equivalente a un grado de control ejercido sobre su propio territorio en tiempos de paz. Esto puede incluir los casos en los que un Estado Parte ocupa a largo plazo un territorio, o en un territorio que esté controlado de manera efectiva por un Gobierno que se verdaderamente se considera como un órgano del Estado Parte en cuestión, de conformidad con el criterio aplicado por la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, (véase, supra, ap. 74). No se puede decir que Rusia ejercite su jurisdicción en el presente caso, en un territorio controlado de facto, por un órgano o instrumento que no es ruso.
97. Con carácter subsidiario, el Gobierno ruso sostiene que el presente caso, debe distinguirse de los casos anteriores ya que no existe ninguna evidencia de actuación extraterritorial por parte de las autoridades rusas. En cambio, por ejemplo en Al-Skein, el Tribunal consideró que los familiares de los demandantes se encontraban bajo la jurisdicción del Reino Unido porque habían sido asesinados por soldados británicos. Incluso en Ilaşcu, el Tribunal se basó en dos tipos de argumentos con el fin de determinar la jurisdicción rusa: la “MRT” se encontraba sujeta a la influencia dominante de Rusia y también, que los demandantes habían sido detenidos y trasladados bajo la custodia de la “MRT” por soldados rusos. En Ilaşcu, la decisión del Tribunal se basó en el hecho de que Rusia había estado directamente involucrada en la detención y que desde la ratificación del Convenio, no han realizado suficientes esfuerzos para asegurar su liberación. En el presente caso, el Gobierno ruso destaca que no hay ninguna relación de causalidad entre la presencia de las fuerzas rusas en Transnistria y el trato dado a los colegios de los demandantes. Por el contrario, el Gobierno ruso ha tratado de resolver la crisis escolar, actuando como mediador. Además, el Gobierno ruso sostiene que no existen evidencias acerca de que Rusia ejerza un control militar o político eficaz en Transnistria. Si el Tribunal determinase que el presente caso es jurisdicción de Rusia, esto significaría de que verdaderamente Rusia, sería responsable en virtud del Convenio de las violaciones que tienen lugar en Transnistria, a pesar del insignificante tamaño de la presencia militar rusa que se encuentra allí. El Tribunal debería por tanto, considerar que los hechos denunciados no se encuentran dentro del ámbito de jurisdicción de Rusia en virtud del artículo 1 del Convenio.
98. El Gobierno no aporta cifras sobre la cantidad de armamento que todavía se encuentra almacenado en Colbaşna (Transnistria). Sin embargo, insiste en que la mayor parte de la propiedad militar, armamento y municiones fue retirada entre 1991 y 2003. En 2003, cuando el Gobierno de Moldavia se negó a firmar el Memorando sobre la creación de los Estados Unidos de Moldavia (”el Memorando Kozak”), la “MRT” bloqueó la eliminación de cualquiera de estos elementos. Según el Gobierno ruso, también se necesitaba de la cooperación de las autoridades moldavas, ya que ellos habían bloqueado el uso de la línea ferroviaria desde Transnistria al territorio controlado por los moldavos. En la actualidad, solamente se encuentran almacenados, proyectiles, granadas de mano, morteros y municiones para armas pequeñas. Más del 60% de este material iba a ser destruido al final de su período garantizado, pero el Gobierno ruso no especifica cuando sería. Además, su destrucción solamente sería posible una vez que se hubiera llegado a un acuerdo sobre la seguridad medioambiental. El Gobierno ruso destaca que tenían la responsabilidad de proteger el depósito de armamentos, así como protegerlo contra robos, pero sin embargo, se sintieron presionados para retirar los 1.000 soldados rusos desplegados en Transnistria para proteger el depósito. Además de este pequeño contingente, aproximadamente 1.125 soldados rusos se encontraban desplegados en el área de seguridad como parte de la fuerza de mantenimiento de la paz acordada internacionalmente. El área de seguridad comprende 225 Km. de largo y de 12 a 20 Km. de ancho. En opinión del Gobierno ruso, es evidente que la presencia de algunos cientos de soldados rusos custodiando el depósito de armamento y realizando funciones de mantenimiento de la paz, no puede considerarse como un instrumento de control general efectivo en Transnistria.
99. El Gobierno ruso niega que proporcionase algún tipo de ayuda económica a la “MRT”. Por lo que respecta al suministro de gas, se explica en base a que la “MRT” no se encuentra reconocida por el derecho internacional como una entidad independiente y que por tanto, al no poder tener deudas soberanas propias, a Rusia no le afecta suministrar gas por separado a Moldavia y a Transnistria. El proyecto de Ley para suministrar gas a Transnistria, fue por tanto, imputable a Moldavia. El suministro de gas a la región se organizó a través de la empresa pública rusa Gazprom y la sociedad anónima Moldovagaz, que era propiedad de Moldavia y de la “MRT”. La deuda de Moldovagaz con Rusia superaban los 1,8 millones de dólares (USD), de los cuales, 1,5 millones correspondían al gas consumido en Transnistria. Gazprom no podía negarse a suministrar gas a la región, ya que necesitaba proporcionarlo a través de las tuberías situadas por toda Moldavia para suministrar a los Estados Balcánicos. Se llevaron a cabo complejas negociaciones entre Gazprom y Moldovagaz en relación a la devolución de la deuda. En el período 2003-04, se propuso una solución mediante la cual, la “MRT” permitiría a Rusia retirar material militar por valor de un millón de dólares (USD) a cambio de la cancelación de la duda de gas pendiente con Rusia, pero este plan nunca fue implantado ya que en ese momento, las relaciones entre Moldavia y la “MRT” estaban deterioradas y ninguno estaba dispuesto a aceptar este plan. El Gobierno ruso niega que se realizasen contratos separados para el suministro de gas a Moldavia y Transnistria y afirman que era imposible que Gazprom fijara diferentes tarifas para los consumidores en cada región del país. Desde 2008, Moldavia ha tenido que pagar el gas a tarifas europeas, en lugar de las tarifas internas más preferentes.
100. En cuanto a la ayuda financiera prestada, el Gobierno ruso sostiene que las cantidades proporcionadas a los ciudadanos rusos que residen en la región, era con fines humanitarios, tales como el pago de pensiones, asistencia de servicios de restauración en colegios, prisiones y hospitales, así como que eran transparentes, pudiéndose equiparar con la ayuda humanitaria aportada por la Unión Europea. Además de proporcionar ayuda a la población que reside en Transnistria, Rusia prestó ayuda a personas que residen en otras zonas de Moldavia. Además, el Gobierno ruso niega que Moldavia siempre fuera objeto de sanciones económicas debido a su posición acerca de la “MRT” y destacó que es el Presidente y el Gobierno, en lugar de la Duma, los encargados de la política económica. En marzo de 2006, se impusieron restricciones a la importación de vino moldavo, porque se halló que infringían las normas sanitarias. La importación de vino moldavo se reanudó el 1 de noviembre de 2007, tras un informe realizado por peritos. Las autoridades de la Federación de Rusa, considera a la República de Moldavia como un solo Estado y no tenían ningún acuerdo económico y comercial por separado, con Transnistria.
101. En cuanto a la cuestión sobre el apoyo político, el Gobierno ruso sostiene que, como una cuestión de derecho internacional, incluso si se pudo confirmar que Rusia apoyó políticamente a las autoridades de la “MRT” de forma relevante, no demuestra que Rusia sea la responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas por ellos. En su opinión, es ridículo sostener que cuando un gobierno local ejerce un mandato democrático, cualquier poder exterior que lo apoye sea el responsable de sus abusos contra los derechos humanos.
B. Valoración del Tribunal
1. Principios generales aplicables a la jurisdicción en virtud del artículo 1 del Convenio
102. El artículo 1 del Convenio establece lo siguiente:
”Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Titulo I del presente Convenio.”
103. El Tribunal ha establecido una serie de principios bien definidos en su jurisprudencia con arreglo al artículo 1. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el presente artículo, el compromiso asumido por un Estado contratante se limita a “asegurar” (”reconnaître “ en la versión francesa) los derechos y libertades enumeradas en el Convenio, de las personas que se encuentran sujetas a su propia “jurisdicción” (véase, Soering contra Reino Unido, de 7 de julio de 1989, ap. 86, Serie A núm. 161; Banković y otros contra Bélgica y Otros [GS] (dec.), núm. 52207/99, ap. 66, TEDH 2001-XII). El término “jurisdicción” establecido en el artículo 1, tiene un criterio limitado. El ejercicio de la jurisdicción es una condición necesaria para que un Estado contratante pueda ser considerado responsable de los actos u omisiones imputables al mismo, que dan lugar a una denuncia de la violación de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio (véase, Ilaşcu y Otros contra Moldova y Rusia [GS], núm. 48787/99, ap.311, TEDH 2004-VII; Al-Skeini y Otros contra Reino Unido [GS], núm. 55721/07, ap.130, de 7 de julio de 2011).
104. La competencia jurisdiccional de un Estado en virtud del artículo 1 es fundamentalmente territorial (véase, Soering, op.cit., ap.86; Banković, op.cit., ap. 61 y 67; Ilaşcu, op.cit., ap.312; Al-Skeini, op.cit., ap.131). Se presupone que normalmente, la jurisdicción se ejerce en todo el territorio del Estado (Ilaşcu, op.cit., ap. 312; Assanidze contra Georgia [GS], núm. 71503/01, ap.139, TEDH 2004-II). Por el contrario, los actos realizados por los Estados contratantes, o los efectos que producen fuera de sus territorios, pueden constituir un ejercicio de la competencia en virtud del artículo 1, pero solamente en casos excepcionales (véase, Banković, op.cit., ap.67; Al-Skeini, op.cit., ap.131).
105. Hasta la fecha, el Tribunal ha reconocido una serie de circunstancias excepcionales que pueden dar lugar al ejercicio de la jurisdicción por un Estado contratante fuera de sus límites territoriales. En cada caso, la cuestión de si existen circunstancias excepcionales que sean requeridas y justificadas por el Tribunal, acerca de que el Estado ha estado ejerciendo su jurisdicción extraterritorialmente, deberá determinarse con referencia a los hechos particulares (véase, Al-Skeini, op.cit., ap.132).
106. Una excepción al principio acerca de que la jurisdicción en virtud del artículo 1 se limita al propio territorio de un Estado, se produce cuando como consecuencia de una acción militar legal o ilegal, un Estado contratante ejerce el control efectivo de una zona fuera del territorio nacional. La obligación de garantizar en dicha zona, los derechos y libertades fundamentales establecidos en el Convenio, deriva de tal control, ya sea ejercido directamente o por medio de una administración local subordinada (véase, Loizidou contra Turquía (Objeciones Preliminares), de 23 de marzo de 1995, ap.62, Serie A núm. 310; Chipre contra Turquía [GS], núm. 25781/94, ap.76, TEDH 2001-IV; Banković, op.cit., ap.70; Ilaşcu, op.cit., ap.314 a 316; Loizidou (sobre el fondo), op.cit., ap.52; Al- Skeini, op.cit., ap.138). En caso de comprobarse el hecho de que existen tal dominio sobre el territorio, no es necesario determinar si el Estado contratante ejerce un control detallado sobre las políticas y acciones de la administración local subordinada. El hecho de que la administración local sobreviva como resultado del apoyo militar o cualquier otro del Estado Contratante, conlleva la responsabilidad de ese Estado por sus políticas y acciones. El Estado controlador, tiene la responsabilidad en virtud del artículo 1, de proporcionar dentro de la zona bajo su control, todas los derechos sustantivos regulados en el Convenio y aquellos Protocolos adicionales que haya ratificado. Será responsable de cualquiera de las violaciones de esos derechos (véase, Chipre contra Turquía, op.cit., ap.76 y 77; Al-Skeini, op.cit., ap.138).
107. Constituye una cuestión de hecho si un Estado contratante ejerce un control efectivo sobre una zona fuera de su propio territorio. Para determinar si existe un control efectivo, el Tribunal fundamentalmente, hará referencia a la capacidad de la presencia militar del Estado en la zona (véase, Loizidou (el fondo), op.cit., ap.16 y 56; Ilaşcu, op.cit., ap.387). Otros indicadores también pueden ser relevantes, tales como el grado en que se proporciona apoyo militar, económico y político sobre la administración local subordinada con su influencia y control sobre la región (véase, Ilaşcu, op.cit., ap. 388 a 394; Al-Skeini, op.cit., ap.139).
2. Aplicación de estos principios a los hechos del presente caso
108. En este momento es preciso recordar los hechos principales del caso. Los demandantes son niños y los primogenitotes de éstos, pertenecientes a la comunidad moldava en Transnistria, que se quejan de los efectos que la política lingüística de las autoridades separatistas, han provocado en su educación, así como en su vida familiar. El fondo de las quejas se refiere a las medidas adoptadas por las autoridades de la “MRT” en 2002 y 2004, en donde se prohíbe el uso del alfabeto latino en las escuelas y en donde se requiere que todos las escuelas se inscriban ante la “MRT” y comiencen a aplicar el plan de estudios y el alfabeto cirílico aprobado por éste. Así, el 22 de agosto de 2002, la policía de la “MRT” desalojó a la fuerza a los alumnos y profesores de la escuela Ştefan cel Mare, en Grigoriopol. Al colegio no se le permitió volver a abrir en el mismo edificio y posteriormente fue trasladado a unas instalaciones situadas a 20 kilómetros, en una zona controlada por Moldavia. En julio de 2004, fueron desalojados tanto los niños como el personal del Liceo Evrica en Rîbniţa. En el mismo mes, la escuela Alexandru cel Bun, en Bender, fue amenazada de cerrarla y de cesar el suministro de electricidad y agua. Ambos colegios fueron obligados a trasladarse al inicio del siguiente curso académico, a unas instalaciones insuficientemente equipadas y menos accesibles de los que disponían en sus lugares de origen.
(a) La República de Moldavia
109. El Tribunal deberá determinar en primer lugar si el presente caso se encuentra sujeto a la jurisdicción de la República de Moldavia. A este respecto, señala que las tres escuelas en todo momento han estado situadas en territorio moldavo. Es cierto que, tal y como las partes aceptan, Moldavia no tiene autoridad sobre parte de su territorio al este del río Dniéster, que es controlado por la “MRT”. No obstante, en la sentencia Ilaşcu, (op.cit.), el Tribunal sostuvo que las personas detenidas en Transnistria, estaban sujetas a la jurisdicción de Moldavia, ya que era el Estado territorial, a pesar de que no tuviera un control efectivo sobre la región del Trans-Dniéster. La obligación de Moldavia en virtud del artículo 1 del Convenio, de “ asegurar a toda persona que dependa de su jurisdicción, los derechos y libertades del Convenio”, sin embargo, estaba limitada en las circunstancias, a una obligación positiva de tomar las medidas diplomáticas, económicas, judiciales u otras que estaban en su poder y de acuerdo con el derecho internacional (véase, Ilaşcu, op.cit., ap.331). El Tribunal llegó a una conclusión similar en Ivanţoc y Otros contra Moldavia y Rusia, núm. 23687/05, ap.105-11, de 15 de noviembre de 2011.
110. El Tribunal no ve por tanto, ninguna razón sobre la cual distinguir el presente caso de los anteriores. Aunque Moldavia no tenga un control efectivo sobre los actos de la “MRT” en Transnistria, el hecho de que la región sea reconocida por el derecho internacional público como parte del territorio de Moldavia, da origen a la obligación por parte de Moldavia en virtud del artículo 1 del Convenio, de utilizar todos los medios legales y diplomáticos a su alcance para continuar garantizando a las personas que residen allí, el disfrute de los derechos y libertades definidos en el Convenio (véase, Ilaşcu, op.cit., ap.333). El Tribunal analizará si Moldavia ha cumplido con esta obligación positiva.
(b) La Federación de Rusia
111. A continuación el Tribunal procederá a determinar si los demandantes se encuentran sujetos a la jurisdicción de la Federación de Rusia. Parte principalmente de los acontecimientos ocurridos en el presente caso, a saber, el desalojo forzoso de los colegios que se llevaron a cabo entre agosto de 2002 y julio de 2004. Esos dos años se encuentran dentro del período de tiempo considerado por el Tribunal en la sentencia Ilaşcu, (op.cit), que fue dictada en julio de 2004. Es cierto que en ese caso, el Tribunal consideró relevante la cuestión acerca de si la jurisdicción rusa estuvo implicada cuando los soldados del 14º ejército ruso en 1992 arrestaron, detuvieron y maltrataron al señor Ilaşcu, al señor Leşco, al señor Ivanţoc y al señor Petrov-Popa, y que posteriormente transfirieron su custodia al “MRT”. El Tribunal consideró que estos actos, a pesar de que se llevaran a cabo con anterioridad a que Rusia ratificara el Convenio el 5 de mayo de 1998, forman parte de una cadena continua e ininterrumpida de la responsabilidad por parte de la Federación de Rusia en cuanto al destino de los detenidos. El Tribunal determinó también, como parte de esa cadena de responsabilidades, que durante la sublevación de Transnistria en 1991-1992, las autoridades rusas contribuyeron tanto militar como políticamente para la implantación del régimen separatista (véase, Ilaşcu, op.cit., ap.382). además, durante el período comprendido entre mayo de 1998, cuando Rusia ratificó el Convenio y mayo de 2004, cuando el Tribunal dictó esta sentencia, el Tribunal sostuvo que la “MRT” había sobrevivido gracias a la ayuda militar, económica, financiera y política prestada por la Federación de Rusia y que se mantuvo bajo una autoridad efectiva, o por lo menos, abajo una decisiva influencia de Rusia (Ilaşcu, op.cit., ap.392). Por consiguiente, el Tribunal sostuvo que los demandantes se encontraban sujetos a la “jurisdicción” de la Federación de Rusia a los efectos del artículo 1 del Convenio (véase, Ilaşcu, op.cit., ap.393 y 394).
112. En estas circunstancias, ya que el Tribunal ha llegado a la conclusión de que la Federación de Rusia tiene jurisdicción sobre determinados acontecimientos en Transnistria durante el período en cuestión, considera que ahora, la carga de la prueba recae sobre el Gobierno ruso para demostrar que Rusia no ejercía su jurisdicción en relación con los acontecimientos denunciados por los demandantes.
113. El Gobierno ruso niega que Rusia hubiera ejercido su jurisdicción en Transnistria durante el período en cuestión. En primer lugar, destacan que el presente caso se distingue claramente del asunto Ilaşcu, (op.cit.) en donde el Tribunal consideró que los soldados rusos habían llevado a cabo la detención inicial y el encarcelamiento de los demandantes y del asunto Al-Skeini, (op.cit.) en donde el Tribunal consideró que el Reino Unido tenía jurisdicción con respecto a los civiles iraquíes muertos en el curso de las operaciones de seguridad llevadas a cabo por los soldados británicos.
114. El Tribunal recuerda que ya ha declarado con anterioridad que un Estado puede en circunstancias excepcionales, ejercer una jurisdicción extraterritorial a través de la aserción de la autoridad y el control por parte de agentes de ese Estado, a través de una o varias personas, como por ejemplo ocurrió en Al-Skeini (op.cit., ap.149). Sin embargo, el Tribunal también ha declarado que un Estado puede ejercer una jurisdicción extraterritorial cuando, como consecuencia de una acción militar legal o ilegal, el Estado contratante ejerza un control efectivo sobre una zona fuera del territorio nacional (véase, supra, ap.106). El Tribunal admite que no hay evidencia alguna que demuestre una participación directa por parte de los agentes rusos en las actuaciones emprendidas contra los colegios de los demandantes. Sin embargo, los demandantes sostienen que Rusia ejercía un control efectivo sobre la “MRT” durante el período en cuestión y el Tribunal debe determinar su fue o no el caso.
115. El Gobierno de la Federación de Rusia sostiene que el Tribunal solamente podría determinar que Rusia ejercía un control efectivo si considera que el “Gobierno” de la “MRT” podría considerarse como un órgano del Estado ruso, de acuerdo con el enfoque utilizado por la Corte Internacional de Justicia en el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, (véase, supra, ap.76). El Tribunal recuerda que en la sentencia invocada por el Gobierno ruso, la Corte Internacional de Justicia se centró en determinar si la conducta de una persona o grupo de personas podía atribuirse a un Estado, por lo que el Estado sería considerado responsable en virtud del derecho internacional con respecto a esa conducta. Sin embargo, en el presente caso, el Tribunal se refiere a una cuestión diferente, esto es, si los hechos denunciados por los demandantes estaban sujetos a la jurisdicción de un Estado demandado en virtud del artículo 1 del Convenio. Ya en el resumen de la jurisprudencia de este Tribunal anteriormente expuesta, se demuestra que la prueba para determinar la existencia de “jurisdicción” en virtud del artículo 1 del Convenio, nunca ha sido equiparada con la prueba realizada para determinar la responsabilidad de un Estado por un hecho internacionalmente ilícito con arreglo al derecho internacional.
116. En las circunstancias del presente caso, el Tribunal deberá determinar si, como cuestión de hecho, Rusia ha ejercido un control efectivo sobre la “MRT” durante el período comprendido entre agosto de 2002 y julio de 2004. Al realizar esta evaluación, el Tribunal se basará en toda la documentación aportada ante este Tribunal o si es necesario, el material obtenido de oficio (véase, mutatis mutandis, Saadi contra Italia [GS], núm. 37201/06, ap.128, TEDH 2008).
117. El Gobierno ruso destaca que su presencia militar en Transnistria durante el período en cuestión era insignificante, ya que comprendía aproximadamente 1.000 soldados de la ROG para custodiar el depósito de armamento situado en Colbaşna y aproximadamente unos 1.125 soldados desplegados en el área de seguridad como parte las fuerzas de mantenimiento de la paz, internacionalmente acordado. En la sentencia Ilaşcu, el Tribunal determinó que había aproximadamente 1.500 personas pertenecientes al ROG, custodiando el depósito de armamento en 2002 (op.cit., ap.131). El número de tropas rusas no se discute por las partes en el presente caso (véase, supra, ap.37). En cuanto al depósito de armamento situado en Colbaşna, es imposible establecer con precisión su tamaño y contenido para el período comprendido entre 2002 y 2004, ya que el Gobierno ruso no ha facilitado al Tribunal la información detallada que le había solicitado y a ningún observador independiente se le permitió el acceso. Sin embargo, en la sentencia Ilaşcu (op.cit., ap.131), el Tribunal se remitió a las pruebas, en el sentido de que en 2003, el ROG tenía al menos 200.000 toneladas de equipamiento militar y municiones, así como 106 carros de combate, 42 vehículos blindados, 109 transportes de soldados blindados, 54 vehículos acorazados, 123 cañones y morteros, 206 armas antitanques, 226 cañones antiaéreos, nueve helicópteros y 1638 vehículos de varios tipos.
118. El Tribunal admite que entre 2002 y 2004, el número de efectivos militares rusos desplegados en Transnistria había disminuido significativamente (véase, Ilaşcu, op.cit., ap.387) y el número es pequeño en relación con el tamaño del territorio. Sin embargo, tal y como el Tribunal determinó en Ilaşcu, (op.cit., ap.387), teniendo en cuenta el tamaño del arsenal en Colbaşna, la importancia del ejército ruso en la región y su influencia disuasoria persistió. Por otra parte, en relación tanto con el depósito de armamento como con las tropas, el Tribunal considera que los antecedentes históricos tienen una incidencia significativa en cuanto a esto, durante el período que se examina en el presente caso. No se puede olvidar que en la sentencia Ilaşcu, el Tribunal sostuvo que los separatistas fueron capaces de asegurarse el poder en 1992, solamente como resultado del apoyo por parte de los militares rusos. El depósito de armamento situado en Colbaşna, originalmente fue propiedad del 14º Ejército de la URSS y el Tribunal determinó más allá de toda duda razonable, que durante el conflicto armado, los separatistas fueron capaces, con el apoyo de los miembros del 14º Ejército, de abastecerse del depósito de armamento. Además, el Tribunal consideró que la transferencia masiva de armas y municiones a los separatistas del depósito del 14º Ejército, fue fundamental a la hora de evitar que el ejército moldavo tratase de recuperar el control de Transnistria. El Tribunal también determinó, que desde el inicio del conflicto, un gran número de ciudadanos rusos que residían fuera de la región, en particular los cosacos, acudieron hasta Transnistria para luchar junto con los separatistas contra el ejército moldavo. Por último, consideró que en abril de 1992, el ejército ruso desplegado en Transnistria (ROG) intervino en el conflicto, lo que permitió a los separatistas, ganar la posesión de Bender.
119. El Gobierno ruso no ha proporcionado al Tribunal ninguna evidencia que demuestre que los hallazgos constatados en la sentencia Ilaşcu, fueran inexactos. En opinión del Tribunal, se ha constatado que el régimen separatista fue inicialmente instaurado únicamente como resultado del apoyo militar ruso; el hecho de que Rusia mantenga el depósito de armamento en territorio moldavo en violación de sus compromisos internacionales y en secreto, junto con las 1.000 tropas para defenderla, transmite una fuerte señal de apoyo al régimen de la “MRT”.
120. Como se ha mencionado anteriormente, el Tribunal en la sentencia Ilaşcu, también encontró que la “MRT” únicamente había sobrevivido durante el período en cuestión, en virtud de la ayuda económica prestada por Rusia, inter alia (véase, supra, ap.111). El Tribunal no considera que el Gobierno ruso haya cumplido con la carga de la prueba y demuestre que estos hallazgos sean incorrectos. En particular, el Gobierno ruso no ha negado que la empresa pública Gazprom suministre gas a la región ni tampoco que el “MRT” solamente haya pagado una pequeña fracción correspondiente al gas que consume, tanto en los hogares como en los grandes complejos industriales situados en Transnistria, de los cuales, muchos de ellos según ha determinado el Tribunal, eran de propiedad rusa (véase, supra, ap. 39 y 40). El Gobierno ruso reconoce que ha gastado millones de dólares (USD) al año en ayudas humanitarias a la población de Transnistria, incluyendo el pago de pensiones de vejez y mediante la asistencia financiera a colegios, hospitales y prisiones. En base a las estadísticas, facilitadas por el Gobierno de Moldavia e indiscutibles por el Gobierno ruso, únicamente el 20% de la población de la “MRT” era económicamente activa, la importancia de las pensiones rusas y otros tipos de ayuda para la economía local se puede apreciar con más precisión. Por último, el Tribunal señala que el Gobierno ruso no se ha opuesto a las estadísticas aportadas por los demandantes en cuanto a la nacionalidad, según las cuales, aproximadamente a una quinta parte de las personas que residen en la región controlada por la “MRT”, se les ha concedido la nacionalidad rusa (véase, supra, ap.41 y 42).
121. Por lo tanto, en resumen, el Gobierno ruso no ha convencido al Tribunal acerca de que las conclusiones a las que llegó en 2004 en la sentencia Ilaşcu (op.cit.) eran inexactas. La “MRT” se implementó como resultado del apoyo militar ruso recibido. La continua presencia miliar y armamentística rusa en la región, constituyó un importante indicio para los líderes de la “MRT”, el Gobierno moldavo y para los observadores internacionales, acerca del continuo apoyo militar por parte de Rusia a los separatistas. Además, la población depende del suministro de gas de forma gratuita o subvencionado en gran parte, de las pensiones y otras ayudas financieras por parte de Rusia.
122. Por lo tanto, el Tribunal mantiene sus conclusiones alcanzadas en la sentencia Ilaşcu (op.cit.), acerca de que durante el período 2002-2004, la “MRT” pudo continuar existiendo únicamente con el apoyo militar, económico y político por parte de Rusia, resistiéndose a los esfuerzos moldavos e internacionales para resolver el conflicto e implementar la democracia y el Estado de Derecho en la región. En estas circunstancias, la “MRT” depende en gran medida del apoyo proporcionado por Rusia, y esto supone un fuerte indicio acerca de que Rusia ejerce un control efectivo y una influencia decisiva en la administración de la “MRT” durante el período de la crisis escolar.
123. Por tanto, los demandantes en el presente caso, se encuentran sujetos a la jurisdicción de Rusia en virtud del artículo 1 del Convenio. El Tribunal deberá determinar si ha habido alguna violación de sus derechos en virtud del Convenio como para incurrir en la responsabilidad de los Estados demandados.
II. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DEL PROTOCOLO NÚM. 1 DEL CONVENIO
124. El artículo 2 del Protocolo núm.1 del Convenio dispone:
”A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.”
A. Alegaciones de las partes
1. Los demandantes
125. Los demandantes alegan que el Tribunal debería aprovechar la oportunidad de desarrollar su jurisprudencia en virtud del artículo 2 del Protocolo núm.1, teniendo en cuentas las normas internacionales sobre el derecho a la educación. Por ejemplo, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 29.1 (a) de la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen que la educación debe dirigirse al “pleno desarrollo de la personalidad humana”. El Tribunal ya ha reconocido con anterioridad la importancia de la educación para el desarrollo del niño, como en Timishev contra Rusia, núm. 55762/00 y 55974/00, ap.64, TEDH 2005-XII). En opinión de los demandantes, otro de los objetivos de la educación es que los niños puedan actuar y participar en la sociedad como niños y en un futuro como adultos. La educación que no logra alcanzar esos objetivos, podría dificultar el acceso de los niños a oportunidades y a su capacidad para salir de la pobreza y disfrutar de los de los demás derechos humanos. En opinión de los demandantes, el uso del lenguaje se encuentra inherentemente vinculado con estas prioridades educativas.
126. Los demandantes sostienen que los principales incidentes en los que se fundamentaban tuvieron lugar entre 2002 y 2004, cuando las escuelas se vieron obligadas a cerrar y a volver a abrir posteriormente en lugares distintos. Ellos prestaron declaraciones juradas que explicaban como la acción de la “MRT” en contra de les había afectado individualmente. En verano de 2004, las escuelas fueron clausuradas y los locales asediados y posteriormente asaltadas por la policía de la “MRT”. Los profesores fueron arrestados y detenidos, así como el material en escritura latina, fue incautado y destruido. Algunos de los padres perdieron su empleo debido a su decisión de matricular a sus hijos en escuelas que impartían en lengua moldava.
127. Los demandantes destacan que no ha habido ningún cambio importante en sus situaciones desde entonces. La ley que prohíbe el alfabeto latino se mantuvo vigente y la enseñanza en moldavo/rumano conllevaba el riesgo de acoso y persecución criminal. Tras los acontecimientos ocurridos entre 2002 y 2004, muchos padres abandonaron la lucha para que sus hijos estudiaran en la lengua moldava/rumana. Los que persistieron en su lucha, tuvieron que reconocer que la calidad de la enseñanza se veía afectada por la falta de instalaciones adecuadas, trayectos largos hacía la escuela, escasez de materiales, no tenían acceso a actividades extraescolares y estaban expuestos al hostigamiento y vandalismo en las instalaciones de la escuela, así como a la intimidación y al abuso verbal. La alternativa ofrecida por las autoridades de la “MRT” a los moldavo/rumano parlantes, fue de educarse en la lengua moldava escrita con el alfabeto cirílico. Sin embargo, ya que este idioma no estaba reconocido en ningún lugar a las afueras de Transnistria y que ni siquiera era utilizado por el gobierno de la “MRT”, los materiales educativos se remontaban a la época soviética y las posibilidades para una educación superior o el empleo eran limitadas.
128. El fracaso de las autoridades de la “MRT” en proporcionar una educación continua en el idioma dominante y oficial del Estado territorial, afecta claramente al contenido del derecho a la educación. Además, la “MRT” no había intentado que la población étnica moldava se adaptase, permitiéndoles el libre acceso a las escuelas privadas en donde los niños podían ser educados en su propia lengua. Los demandantes comparan su situación con la de la población griega en Chipre contra Turquía, (op.cit., ap. 278). Además, los padres demandantes, se quejan de que ha habido una injerencia en su derecho con respecto a sus convicciones filosóficas en cuanto a la educación prestada por parte del Estado, en particular, a su convicción acerca de que el interés superior de sus hijos yacía en una educación en lengua moldava.
129. Los demandantes sostienen que Moldavia tiene la obligación positiva de adoptar todas las medidas razonables y apropiadas necesarias para mantener y proteger la enseñanza en el idioma moldavo en todo su territorio. En cuanto al cumplimiento por parte de Moldavia de su obligación positiva, los demandantes alegan que el trato recibido por las escuelas que utilizan el alfabeto latino, no se había hecho como una forma de solución del conflicto durante las negociaciones multilaterales y no parecen haber sido proporcionado por las autoridades de la “MRT” y del Gobierno ruso. A los funcionarios de la “MRT” se les permitió viajar por Moldavia sin ningún tipo de obstáculos, a diferencia de las medidas adoptadas por la UE de prohibir a los altos cargos de la “MRT” entrar en el territorio de la UE de forma expresa, debido entre otras cosas, al tratamiento dado a las escuelas que aplicaban la escritura latina. Los demandantes también sostienen que el Gobierno de Moldavia no había hecho suficientes esfuerzos para asegurarse que los niños hubieran sido reubicados en centros educativos adecuados y de protegerlos contra el acoso.
130. Los demandantes afirman que las violaciones en el presente caso, tienen una relación directa y permanente con el establecimiento de la Federación de Rusia y su apoyo continuo al gobierno de la “MRT”. No hubo ninguna indicación acerca de que las medidas adoptadas por Rusia hubieran evitado las violaciones o que expresaran su oposición a ellos. En cambio, Rusia apoyó la política educativa de la “MRT” proporcionando material didáctico a las escuelas de lengua rusa y mediante la apertura de institutos de educación superior en Transnistria, sin consultar con el Gobierno de Moldavia.
2 . El Gobierno moldavo
131. El Gobierno de Moldavia no dispone de información detallada acerca de los detalles de la continua situación en las que se encontraban los demandantes. Sin embargo, han sido capaces de confirmar que, si bien la fase inicial de la crisis escolar parece haber pasado y la situación se ha “normalizado”, el número de niños matriculados en las escuelas Alexandru cel Bun y Evrica prácticamente se han reducido a la mitad entre 2007 y 2011, aunque el número de alumnos en la escuela Ştefan cel Mare se ha mantenido relativamente estable. En general, el numero de estudiantes en idioma moldavo/rumano en Transnistria ha disminuido, pasando de 2.545 en 2009 a 1.908 alumnos en 2011.
132. El Gobierno moldavo sostiene que adoptaron todas las medidas razonables para mejorar la situación, principalmente en lo que se refiere al conflicto de Transnistria y en particular, en relación a su apoyo a las escuelas. Alegan que el régimen separatista de Transnistria nunca había sido apoyado o respaldado por Moldavia. El único objetivo del Gobierno de Moldavia ha sido resolver el conflicto, obtener el control sobre el territorio e implementar el Estado de Derecho y el cumplimiento de los derechos humanos.
133. En cuanto a las escuelas, el Gobierno moldavo había sufragado el alquiler y la rehabilitación de los edificios, los sueldos de los profesores, el material educativo, los autobuses y los ordenadores. De conformidad con la legislación moldava, estos demandantes, al igual que los graduados en otras escuelas de Transnistria, tenían privilegios especiales en cuando a la solicitud de plazas en las universidades de Moldavia y en los institutos de enseñanza superior. Por otra parte, el Gobierno de Moldavia ha planteado la cuestión de las escuelas en Transnistria “a nivel internacional y solicitó la ayuda y mediación internacional, por ejemplo, en una conferencia celebrada con el patrocinio de la UE y la OSCE en Alemania en 2011. El Gobierno moldavo no podía hacer más para cumplir con su obligación positiva en relación con los demandantes, teniendo en cuenta que no ejerce ninguna autoridad o control sobre el territorio en cuestión.
134. Las medidas adoptadas por Moldavia para mejorar la situación de los demandantes, se podrían interpretar como un reconocimiento implícito de que sus derechos habían sido violados. El Gobierno moldavo no se contenta por tanto, con que no ha habido una violación del derecho a la educación en el presente caso. En cambio, solicitan al Tribunal que determine atentamente la responsabilidad respectiva de cada uno de los Estados demandados en relación con cualquier tipo de violación que se haya cometido sobre los derechos de los demandantes.
3. El Gobierno ruso
135. El Gobierno ruso, rechaza cualquier tipo de responsabilidad por los actos cometidos por la “MRT”, sosteniendo únicamente una serie de observaciones en cuanto al fondo del asunto. Sin embargo, destacan que Rusia no puede ser considerada responsable de los actos llevados a cabo por la policía de la “MRT”, de asaltar los edificios de las escuelas o los actos de las autoridades locales de la “MRT”, de dejarles de suministrar agua y electricidad. Destacan que Rusia ha estado única y exclusivamente involucrada como mediadora en la crisis escolar. Junto con los mediadores de Ucrania y de la OSCE, habían tratado de ayudar a las partes para que resolvieran el conflicto. Además, sostienen que desde septiembre-octubre de 2004, con posterioridad a la mediación internacional, se habían resuelto los problemas y los niños de las tres escuelas pudieron reanudar sus estudios.
B. Valoración del Tribunal
1. Principios Generales
136. En la interpretación y aplicación del artículo 2 del Protocolo núm.1, el Tribunal debe tener en cuenta el hecho de que su contexto es un tratado para la protección efectiva de los derechos humanos individuales y que el Convenio debe ser leído e interpretado en su conjunto, de tal manera que se promueva una coherencia interna y una armonía entre sus diversas disposiciones (véase, Stec y otros contra Reino Unido (dec.) [GS], núm. 65731/01 y 65900/01, ap. 48, TEDH 2005-X; Austin y otros contra Reino Unido [GS], núm. 39692/09, 40713/09 y 41008/09, ap. 54, de 15 de marzo de 2012). Por tanto, las dos frases del artículo 2 del Protocolo núm.1, deben interpretarse no solamente a la luz de lo establecido en ellas, sino también, con los artículos 8, 9 y 10 del Convenio que en particular proclaman el derecho de toda persona, incluidos los padres y los niños, “al respeto de su vida privada y familiar”, a la “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” y a la “libertad... para recibir y difundir informaciones e ideas” (véase, Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca, sentencia de 7 de diciembre de 1976, Serie A, núm. 23, ap. 52; Folgerø y Otros contra Noruega [GS], núm. 15472/02, ap. 84, TEDH 2007-III; Lautsi y otros contra Italia [GS], núm. 30814/06, ap. 60, TEDH 2011 (extracto); véase también Chipre contra Turquía [GS], núm. 25781/94, ap. 278, ECHR 2001-IV). En la interpretación y aplicación de esta disposición, también deberá tenerse en cuenta las normas y principios del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las Partes contratantes, así como el Convenio en lo posible, deberá interpretarse en armonía con las demás normas de derecho internacional de la que forma parte (véase Al-Adsani contra Reino Unido [GS], núm. 35763/97, ap. 55, TEDH 2001-XI; Demir y Baykara contra Turquía [GS], núm. 34503/97, ap. 67, TEDH 2008; Saadi contra Reino Unido [GS], núm. 13229/03, ap. 62, TEDH 2008-...; Rantsev contra Chipre y Rusia, núm. 25965/04, ap. 273-274, TEDH 2010 (extracto)). Las disposiciones relativas al derecho a la educación establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención contra la Discriminación en la Educación, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en la Convención sobre los Derechos del Niños, son por tanto, de gran importancia (véase, supra, ap. 77 a 81 y véase también Timishev contra Rusia, núm. 55762/00 y 55974/00, ap. 64, TEDH 2005-XI). Por último, el Tribunal señala que el objetivo y finalidad del Convenio, como instrumento para la protección de los seres humanos, requiere que sus disposiciones se interpreten y apliquen con el fin de que las medidas preventivas sean prácticas y efectivas (véase, inter alia, Soering contra Reino Unido, de 7 de julio de 1989, ap. 87, Serie A núm. 161; y Artico contra Italia, de 13 de mayo de 1980, ap. 33, Serie A núm. 37).
137. Siendo vinculantes por sí mismas, en la primera frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1, con la expresión de “no negar el derecho a la educación”, los Estados contratantes garantizan a cualquier persona dentro de su jurisdicción, el derecho de acceso a los centros educativos existentes en un momento dado (véase, Asunto “Relativo a determinados aspectos de las leyes sobre el uso de las lenguas en la educación en Bélgica”, sentencia de 23 de julio de 1968, Serie A núm.6, ap. 3 y 4). Este derecho de acceso solamente constituye una parte del derecho a la educación previsto en la primera frase. Para que el derecho sea eficaz, además, es necesario entre otras cosas, que la persona que es el beneficiario, deba tener la posibilidad de aprovechar los beneficios de la educación recibida, esto es, el derecho a obtener, de conformidad con las normas vigentes en cada Estado, el reconocimiento oficial de los estudios que ha completado de una forma u otra (Asunto “relativo a determinados aspectos de las leyes sobre el uso de las lenguas en la educación en Bélgica”, op. cit., ap. 4). Por otra parte, aunque el contenido del artículo 2 del Protocolo núm. 1 no especifica el idioma en que deba impartirse la educación, el derecho a la educación no tendría sentido si no se implica a favor de sus beneficiarios, el derecho a ser educado en la lengua nacional o en una de las lenguas nacionales, según sea el caso (Asunto “relativo a determinados aspectos de las leyes sobre el uso de las lenguas en la educación en Bélgica”, op.cit., ap. 3).
138. El derecho previsto en la segunda frase del artículo 2, es un complemento al derecho fundamental a la educación establecido en la primera frase. Los padres son principalmente los responsables de la educación y enseñanza de sus hijos y por lo tanto, pueden reclamar al Estado que respete sus convicciones religiosas y filosóficas (véase, Asunto “relativo a determinados aspectos de las leyes sobre el uso de las lenguas en la educación en Bélgica”, op.cit., ap. 3 a 5; y Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca, sentencia de 7 de diciembre de 1976, Serie A, núm. 23, ap. 52). La segunda frase tiene la finalidad de salvaguardar la posibilidad del pluralismo en la educación, una posibilidad que es esencial para la preservación de una “sociedad democrática” tal y como se concibe en el Convenio. Esto implica que el Estado, en el cumplimiento de las funciones asumidas por éste en relación con la educación y la enseñaza, debe tener cuidado acerca de que la información o conocimientos incluidos en el plan de estudios sean impartidos de manera objetiva, crítica y pluralista. El Estado tiene prohibido perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda ser considerada como una falta de respeto hacia las convicciones religiosas y filosóficas de los padres (Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, op.cit., ap. 50 y 53; y Folgerø, op.cit., ap. 84; y Lautsi, op.cit., ap. 62).
139. Los derechos previstos en el artículo 2 del Protocolo núm.1 se aplican tanto a las instituciones públicas como privadas (véase, Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, op.cit., ap. 50). Además, el Tribunal ya ha sostenido que la disposición se aplica en todos los niveles de educación, esto es, primario, secundario y en la enseñanza superior (véase, Leyla Şahin contra Turquía [GS], núm. 44774/98, ap. 134 y 136, TEDH 2005-XI).
140. Sin embargo, el Tribunal reconoce que a pesar de su importancia, el derecho a la educación no es absoluto, sino que puede estar sujeto a limitaciones. Mientras que no haya daños en la esencia del derecho, estas limitaciones están permitidas implícitamente, ya que el derecho de acceso “por su propia naturaleza, requiere de su regulación por parte del Estado” (véase, el Asunto “relativo a determinados aspectos de las leyes sobre el uso de las lenguas en la educación en Bélgica”, op.cit., ap. 3). Con el fin de garantizar que las restricciones que se imponen no restringen el derecho en cuestión hasta el punto de menoscabar su propia esencia y no las prive de su eficacia, el Tribunal debe cerciorarse de que son restricciones previsibles para las partes interesadas y que persiguen una finalidad legítima. Sin embargo, a diferencia de la posición con respecto a los artículos 8 y 11 del Convenio, el artículo 2 del Protocolo núm.1 no está vinculada a un “fin legítimo” de forma exhaustiva (véase, mutatis mutandis, Podkolzina contra Letonia, núm. 46726/99, ap. 36, TEDH 2002-II). Por otra parte, la limitación solamente será compatible con el artículo 2 del Protocolo núm.1, si existe una relación de proporcionalidad razonable entre los medios empleados y el fin legítimo que se persigue (véase, Leyla Sahin, op.cit., ap. 154). Aunque la decisión final en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Convenio recae ante este Tribunal, los Estados contratantes gozan de un cierto margen de apreciación en este ámbito. Este margen de apreciación aumenta con el nivel de la educación, en proporción inversa a la importancia que tiene la educación para los afectados y para la sociedad en general (véase, Ponomaryovi contra Bulgaria, núm. 5335/05, ap. 56, TEDH 2011).
2. Si ha habido una violación del derecho a la educación de los demandantes en el presente caso
141. El Tribunal señala que ninguno de los gobiernos demandados han impugnado las alegaciones de los demandantes en cuanto al cierre de las escuelas. De echo, los acontecimientos principales entre 2002 y 2004, fueron controlados y documentados por varias organizaciones internacionales, como la OSCE (véase, supra, ap.66). Los demandantes también alegaron que aunque posteriormente se les permitió a las escuelas volver a abrir, sus edificios fueron requisados por las autoridades de la “MRT” y tuvieron que trasladarse a nuevas instalaciones que estaban menos adaptadas y que se encontraban mal ubicadas. Los demandantes sostuvieron que fueron sometidos a una campaña de hostigamiento e intimidación sistemática por parte de los agentes de la “MRT” y de los ciudadanos. Los niños sufrieron abuso verbal de camino a la escuela, así como detenidos y registrados por la policía de la “MRT” y la guardia fronteriza, que les confiscaban los libros en escritura latina cuando los encontraban. Además, las dos escuelas situadas en la “MRT” fueron el objetivo de reiterados actos de vandalismo. Los demandantes alegaron que la alterativa de la que disponían, tanto para los padres como para sus hijos pertenecientes a la comunidad moldava, era o bien sufrir este acoso o cambiar a una escuela en donde la enseñanza se llevara a cabo en ruso, ucraniano o “moldavo” escrito con el alfabeto cirílico. El “Moldavo” escrito con el alfabeto cirílico, no era una lengua utilizada o reconocida en ninguna parte del mundo, a pesar de haber sido uno de los idiomas oficiales de Moldavia en la época soviética. Esto significa que actualmente, los únicos materiales didácticos disponibles en las escuelas donde se impartía el moldavo en alfabeto cirílico, en Transnistria, se remontan a la época soviética. No existen colegios o universidades que estudien en “moldavo”, así que los niños de dichas escuelas que deseasen cursar estudios superiores tenían que aprender un nuevo idioma o alfabeto.
142. Si bien es difícil para el Tribunal determinar en detalle los hechos relacionados con las experiencias vividas por los demandantes tras la reapertura de las escuelas, no obstante, señala lo siguiente. En primer lugar, el artículo 6 de la Ley “de la MRT de Lenguas” se encontraba vigente y el uso del alfabeto latino constituía un delito en la “MRT” (véase, supra, ap. 43). En segundo lugar, resulta evidente que las escuelas tuvieron que trasladarse a nuevos edificios, siendo la escuela Alexandru cel Bun, dividida en tres centros, mientras que los alumnos de la escuela Ştefan cel Mare, tenían que hacer un trayecto de 40 kilómetros cada día. En tercer lugar, de conformidad con las cifras proporcionadas por el Gobierno de Moldavia, el número de alumnos matriculados en las dos escuelas que aún se encuentran en territorio controlado por la “MRT”, se ha visto reducido aproximadamente a la mitad entre 2007 y 2011, así como también ha habido una importante reducción en el número de niños que estudian en lengua moldava/rumana con el alfabeto latino en Transnistria. Aunque parece ser que la población de Transnistria envejece y que los moldavos en particular, están emigrando (véase, supra, ap. 8 y 42), el Tribunal considera que la disminución del 50% de los alumnos asistentes a las escuelas de Evrica y Alexandru cel Bun, es demasiada alta como para ser solamente explicada en base a los factores demográficos. Para el Tribunal, estos hechos no discutidos, sirven para corroborar la tendencia general mostrada en las alegaciones contenidas en las 81 declaraciones juradas aportadas por los padres y los alumnos demandantes, en donde se describe el constante acoso que sufrieron.
143. Las escuelas en todo momento estuvieron registradas en el Ministerio de Educación de Moldavia, aplicaban un plan de estudios establecido por ese Ministerio y proporcionaban su enseñanza en la primera lengua oficial de Moldavia. Por tanto, el Tribunal considera que el cierre forzoso de las escuelas, de conformidad con la Ley “de la MRT de Lenguas” (véase, supra, ap. 43 a 44), y posteriormente las medidas de acoso, constituyen una injerencia en los derechos de los alumnos demandantes al acceso a centros educativos existentes en el territorio en ese momento, y en el derecho a ser educados en su lengua oficial (véase, supra, ap. 137). Además, el Tribunal considera que estas medidas ascienden a una injerencia en los derechos de los padres demandantes a garantizar una educación y una enseñanza a sus hijos conforme a sus convicciones filosóficas. Como se ha indicado con anterioridad, el artículo 2 del Protocolo núm.1 debe interpretarse en relación con el artículo 8 del Convenio, que protege el derecho al respeto de la vida privada y familiar, entre otros. En el presente caso, los padres demandantes, querían que sus hijos fueran educados en la lengua oficial de su país, que también era su lengua materna. En su lugar, se encontraron en la desagradable posición de tener que elegir entre enviar a sus hijos a escuelas en donde se encontrarían con la desventaja de completar su educación secundaria en una lengua y alfabeto que consideraban artificial que no se encuentra reconocido en ninguna parte del mundo y mediante unos materiales didácticos elaborados en la época soviética, o bien, exponer a sus hijos a que realizasen largos viajes, se educaran en instalaciones de baja calidad y soportar el acoso y la intimidación.
144. No hay ninguna evidencia que se haya presentado ante este Tribunal que sugiera que las medidas adoptadas por las autoridades de la “MRT” con respecto a estas escuelas, persigan un objetivo legítimo. De hecho, parece ser que la política lingüística de la “MRT” que se aplica en estas escuelas, tenía la intención de hacer cumplir con la Rusificación de la lengua y la cultura de la comunidad moldava que vive en Transnistria, de conformidad con la política general de la “MRT” de su unión con Rusia y de su separación de Moldavia. Dada la importancia fundamental de la educación primaria y secundaria para el desarrollo persona de cada niño y el futuro éxito, es inadmisible que se haya interrumpido la escolarización de estos niños y hayan sido obligados junto a sus padres, a tomar unas decisiones difíciles con el único propósito de afianzar la ideología separatista.
3. La responsabilidad de los Estados demandados
(a) La República de Moldavia
145. A continuación el Tribunal procederá a determinar si la República de Moldavia ha cumplido con su obligación de adoptar unas medidas adecuadas y suficientes para garantizar los derechos de los demandantes en virtud del artículo 2 del Protocolo núm.1 (véase, supra, ap. 110). En la sentencia Ilaşcu (op.cit., ap. 339 y 340), el Tribunal sostuvo que las obligaciones positivas de Moldavia consistían en adoptar las medidas necesarias para restablecer su control sobre el territorio de Transnistria, como expresión de su jurisdicción, y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos individuales de los demandantes. La obligación de restablecer el control sobre Transnistria, exige a Moldavia en primer lugar, a que se abstengan de apoyar el régimen separatista y en segundo lugar, a actuar mediante la adopción de todas las medidas políticas, judiciales y de cualquier otro tipo que tenga a su alcance, para restablecer el control sobre ese territorio.
146. En lo que respecta al cumplimiento de estas obligaciones positivas, el Tribunal en la sentencia Ilaşcu, consideró además, que desde el inicio de las hostilidades en 1991/92 hasta la fecha en que se dictó la sentencia, en julio de 1994, Moldavia adoptó todas las medidas que tenía a su alcance para restablecer el control sobre el territorio de Transnistria (op.cit., ap. 341 a 345). No hay ninguna evidencia que sugiera al Tribunal que deba llegar a una conclusión diferente en el presente caso.
147. En la sentencia Ilaşcu, el Tribunal consideró que Moldavia había fracasado a la hora de cumplir con su obligación positiva en la medida en que no había tomado todas las medidas disponibles en el curso de las negociaciones con la “MRT” y las autoridades rusas, para lograr el cese de la violación de los derechos de los demandantes (op.cit., ap. 348 a 352). Por el contrario, en el presente caso, el Tribunal considera que el Gobierno de Moldavia ha realizado considerables esfuerzos para apoyar a los demandantes. En particular, tras la expropiación de los antiguos edificios de las escuelas por parte de la “MRT”, el Gobierno moldavo se había hecho cargo del alquiler y de la rehabilitación de las nuevas instalaciones, lo que permitió que las escuelas pudieran seguir funcionando y los niños continuasen siendo educados en moldavo, aunque lejos de las condiciones ideales para este propósito (véase, supra, ap. 49 a 53, 56 y 61 a 63).
148. En vista de lo anterior, el Tribunal considera que la República de Moldavia ha cumplido con sus obligaciones positivas en relación con los demandantes. Por tanto, no encuentra que se haya cometido una violación del artículo 2 del Protocolo núm.1 por parte de la República de Moldavia.
(b) La Federación de Rusia
149. El Tribunal señala que no dispone de indicios que demuestren una participación directa por parte de los agentes rusos en las medidas adoptadas contra los demandantes. Tampoco existen evidencias acerca de la participación de Rusia o la aprobación de ésta, de la política lingüística de la “MRT” en general. De hecho, a través de los esfuerzos realizados por los mediadores rusos, juntos con los mediadores de Ucrania y de la OSCE, se logró que las autoridades de la “MRT” permitieran a las escuelas reabrir como “instituciones extranjeras de educación privada” (véase, supra, ap. 49, 56 y 66).
150. Sin embargo, el Tribunal ha determinado que Rusia ha ejercido un control efectivo sobre la “MRT” durante el período en cuestión. En virtud de esta conclusión y de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, no es necesario determinar si Rusia ha ejercido o no, un control detallado sobre las políticas y acciones llevadas a cabo por la administración local (véase, supra, ap. 106). En virtud de la continuidad de su apoyo militar, económico y político a la “MRT” que no hubiera podido sobrevivir de otro modo, Rusia es responsable de la violación del derecho a la educación de los demandantes de conformidad con el Convenio. En conclusión, el Tribunal considera que ha habido una violación del artículo 2 del Protocolo núm.1 del Convenio en relación con la Federación de Rusia.
III. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO
151. El artículo 8 del Convenio dispone:
”1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta ingerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”
152. Los demandantes alegan que el derecho al respeto de la vida privada y familiar, en virtud del artículo 8, incluye el derecho al reconocimiento de la lengua como parte de la identidad étnica o cultural. El idioma es un medio esencial para la interacción social y para el desarrollo de la identidad personal. Esto es particularmente cierto, ya que en el presente caso, el lenguaje es la característica definitoria de un grupo étnico o cultural en particular. En el presente caso, al impedir a los alumnos demandantes estudiar en la escritura de su propia lengua, un aspecto que es esencial para su identidad lingüística y cultural, suponía una injerencia directa en los derechos recogidos en el artículo 8. La injerencia es particularmente grave, cuando la imposición de la escritura extranjera estaba deliberadamente destinada a eliminar el patrimonio lingüístico de la población moldava en el territorio de la “MRT” y obligándolos a adoptar una nueva identidad “rusófila”. Además, el acoso y la intimidación sufrida por los alumnos cuando asistían a las escuelas de su elección, dio lugar a una humillación y a un miedo que había tenido un impacto significativo en sus vidas privadas, así como en su vida familiar, debido a las presiones excesivas que se les había sido impuestas.
153. El Gobierno moldavo sostiene que el idioma forma parte de la identidad étnica y culturar, y a su vez, forman parte de la vida privada en el sentido de lo establecido en el artículo 8. Consideran que las autoridades de la “MRT” habían interferido en los derechos de los demandantes en virtud del artículo 8, pero sostienen que a este respecto, Moldavia había cumplido con su obligación positiva.
154. El Gobierno de la Federación de Rusia afirma que ya que Rusia no tiene jurisdicción con respecto a los demandantes, la cuestión acerca de que si se ha producido una violación de sus derechos en virtud del artículo 8, no debe dirigirse a Rusia.
155. A la vista de sus conclusiones en virtud del artículo 2 del Protocolo núm.1 del Convenio, el Tribunal considera que no es necesario examinar por separado la queja en virtud del artículo 8.
IV. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DEL CONVENIO, O DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 DEL PROTOCOLO NÚM.1, O DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO
156. El artículo 14 del Convenio dispone:
”El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.”
157. Los demandantes se quejan acerca de que habían sido objeto de discriminación por razón de su origen étnico y por su idioma. El que se les exigiera a los moldavos estudiar en un idioma artificial y no reconocido fuera de Transnistria, les provocó desventajas educativas y en la vida privada y familiar que no experimentaron las principales comunidades restantes en Transnistria, esto es, los rusos y los ucranianos.
158. El Gobierno moldavo no expresa su opinión acerca de si los demandantes habían sufrido discriminación, pero se limita a reiterar que Moldavia ha cumplido con sus obligaciones positivas en virtud del Convenio.
159. Al igual que en cuanto al artículo 8, el Gobierno ruso rechaza hacer comentarios sobre las cuestiones previstas en virtud del artículo 14.
160. A la vista de sus conclusiones en virtud del artículo 2 del Protocolo núm.1 del Convenio, el Tribunal considera que no es necesario examinar por separada la queja en virtud del artículo 14.
V. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO
161. El artículo 41 del Convenio establece:
”Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.”
162. Los demandantes reclaman una indemnización en concepto de perjuicio moral, así como los gastos y costas legales.
A. Daños
163. Los demandantes solicitan una indemnización por la depresión, ansiedad, humillación y por el estrés post-traumático sufrido como consecuencia directa de la violación de sus derechos del Convenio. Sostienen que tales daños morales no pueden ser únicamente compensados por el hallazgo de una violación. En Sampanis y otros contra Grecia, núm. 32526/05, de 5 de junio de 2008, el Tribunal concedió la cantidad de 6.000 EUR a cada uno de los demandantes que había sufrido ansiedad, humillación y depresión como resultado de que a su hijo se le negara la inscripción en una escuela por motivos étnicos. Los demandantes sostienen que en base a esto, tienen como mínimo, el derecho a percibir 6.000 EUR con respecto al daño que habían sufrido como resultado directo de la negativa a una educación eficaz, debido a su origen étnico y por su idioma. Además, los demandantes sostienen que al examinar las demandas de indemnización por daños de un gran número de víctimas, el Tribunal debe adoptar un enfoque similar al adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se basan en una estimación aproximada de los daños sufridos en base a determinadas combinaciones de datos para cada tipo de demandante (véase, por ejemplo, González . (el “asunto de los campos de algodón”) contra México, sentencia de 16 de noviembre de 2009). Por lo tanto, los demandantes alegan que cada demandante que era menor de edad en el momento de los hechos, tiene derecho a una indemnización de 3.000 EUR adicionales en concepto de perjuicio moral. Los padres demandantes que fueron arrestados, intimidados y amenazados con ser despedidos de sus puestos de trabajo y privados de la patria potestad, solicitan cada uno, la cantidad de 5.000 EUR adicionales. Todos los demandantes que fueron diagnosticados con depresión severa y ansiedad, en virtud del instrumento de medición de la sintomatología psicopatológica Hopkins Symptom Checklist-25, solicitan cada uno, la cantidad de 5.000 EUR adicionales.
164. El Gobierno ruso sostiene que las reclamaciones de los demandantes carecen de fundamento y son injustificadas. El Tribunal deberá guiarse por su propia jurisprudencia en lugar del enfoque seguido por la Corte Interamericana. Los hechos denunciados tuvieron lugar en su mayor parte entre 2002 y 2004 y posteriormente fueron resueltos. En cualquier caso, los demandantes no han proporcionado ninguna prueba documental para corroborar sus afirmaciones acerca de que algunos de ellos perdieron sus puestos de trabajo, fueron detenidos e interrogados, sufrieron violencia física y recibieron advertencias y amenazas. El Hopkins Symptom Checklist- 25, que mide los síntomas de ansiedad y depresión, fue diseñado para ser aplicado por el personal sanitario bajo la supervisión de un psiquiatra o de un médico. Cuando es autoadministrado, como en el caso de los demandantes, es muy poco fiable. Por último, en opinión del Gobierno ruso, el presente caso no es comparable al caso Sampani, op.cit., acerca de la discriminación sufrida por los demandantes, que son ciudadanos griegos que residen en Grecia. La Federación de Rusia a expresado constantemente su opinión acerca de que los demandantes que residen en Transnistria no son de su jurisdicción. En caso de que el Tribunal llegue a una conclusión contraria, el hallazgo de la mera violación sería una satisfacción equitativa suficiente.
165. El Tribunal recuerda que no se ha considerado necesario o incluso posible en el presente caso, examinar por separado las reclamaciones de cada demandante con respecto a los actos de acoso dirigidos contra ellos por parte de las autoridades de la “MRT”. Por otra parte, las reclamaciones de los demandantes en virtud del artículo 3, fueron declaradas inadmisibles por la Sala el 15 de junio de 2010. La Sala observó que los demandantes no “proporcionaron ninguna evidencia médica imparcial”. Sostuvieron que “la prueba [Hopkins Symptom Checklist- 25 ] autoadministrada no sustituía a un examen y a una evaluación médica llevada a cabo por un profesional en salud mental”, y llegó a la conclusión de que las pruebas que disponían no apoyaban la opinión de que se hubiera alcanzado el umbral para la aplicación del artículo (Catan y Otros contra Moldova y Rusia (dec.), núm. 43370/04, 8252/05 y 18454/06, ap. 108, de 15 de junio de 2010).
166. Sin embargo, es evidente que los demandantes, tanto los padres como los niños, han sufrido daños morales como consecuencia de la política lingüística de la “MRT”, por lo que la mera constatación de una violación del Convenio, no ofrece una reparación suficiente. Sin embargo, las cantidades reclamadas por los demandantes son excesivas. Resolviendo en equidad, el Tribunal considera razonable indemnizar a cada demandante con la cantidad de 6.000 EUR en concepto de perjuicio moral.
B. Gastos y costas
167. Los demandantes no reclaman por separado los gastos y costas del procedimiento ante la Gran Sala. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2010, se interpuso una reclamación por los gastos y costas incurridos en el procedimiento ante la Sala, incluyendo la audiencia celebrada por la Sala sobre la admisibilidad. En ese documento, los demandantes alegaron que la complejidad del caso justifica que estuvieran representados por dos abogados y un asesor. Los representantes de los demandantes que habían trabajado 879 horas en los tres casos, para los 170 demandantes, supone una cantidad total de 105.480 EUR en concepto de honorarios.
168. El Gobierno de Moldavia no se pronuncia sobre la reclamación de estos gastos.
169. El Gobierno ruso sostiene que dado que los demandantes no habían presentado ninguna reclamación por los gastos ante la Gran Sala, esta cantidad no se les debe otorgar. Con respecto a la reclamación presentada el 20 de septiembre de 2010, el Gobierno ruso sostiene que no hay necesidad de que haya tantos representantes legales y que las cantidades deben reducirse, teniendo en cuenta el hecho de que las tres demandas plantean cuestiones jurídicas idénticas.
170. Teniendo en cuenta todos los factores relevantes y en virtud del artículo 60.2 del Reglamento del Tribunal, el Tribunal concede de manera conjunta, la cantidad de 50.000€ en concepto de gastos y costas.
C. Intereses de demora
171. El Tribunal considera adecuado fijar los intereses de demora en el tipo de interés marginal de crédito del Banco Central Europeo al que se le añadirán tres puntos.
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNALDeclara, por unanimidad, que los hechos denunciados por los demandantes se encuentran sujetos a la jurisdicción de la República de Moldavia;
2. Declara, por dieciséis votos contra uno, que los hechos denunciados por los demandantes se encuentran sujetos a la jurisdicción de la Federación de Rusia y desestima su objeción preliminar;
3. Declara, por unanimidad, que no ha habido una violación del artículo 2 del Protocolo núm.1 del Convenio por parte de la República de Moldavia;
4. Declara, por dieciséis votos contra uno, que ha habido una violación del artículo 2 del Protocolo núm.1 del Convenio por parte de la República de Rusia;
5. Declara, por doce votos contra cinco, que no es necesario examinar por separado las quejas de los demandantes en virtud del artículo 8 del Convenio;
6. Declara, por once votos contra seis, que no es necesario examinar por separado las quejas de los demandantes en virtud del artículo 14 del Convenio, ni tampoco el artículo 14 de conformidad con el artículo 2 del Protocolo núm. 1, ni de conformidad con el artículo 8 del Convenio;
7. Declara, por dieciséis votos contra uno;
(a) que el Estado demandando deberá abonar a los demandantes, dentro de un plazo de tres meses, las siguientes cantidades:
(i) 6.000 EUR (seis mil euros), además de las cargas fiscales correspondientes, en concepto de perjuicio moral, a cada demandante identificado en la lista que se adjunta;
(ii) 50.000 EUR (cincuenta mil euros), además de las cargas fiscales correspondientes, en concepto de gastos y costas, de manera conjunta a todos los demadantes;
(b) que esta cantidad se verá incrementada por un interés simple anual equivalente al tipo de interés marginal de crédito del Banco Central Europeo, incrementado en tres puntos, pagadero a partir de la expiración del antedicho plazo y hasta que tenga lugar el pago;
8. Rechaza unánimemente el resto de la reclamación de satisfacción equitativa formulada por los demandantes.
Redactada en inglés y francés y leída en audiencia pública el 19 de octubre de 2012, en el Tribunal de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.
Firmado: Nicolas Bratza, Presidente, Michael O’Boyle, Secretario
ANEXO
LISTA DE DEMANDANTES
1. Catan y Otros (demanda núm. 43370/04)
Núm.
Demandante
Fecha de Nacimiento
1.
BULGAC Elena
29/01/1968
2.
BULGAC Cristina
18/04/1988
3.
BULGAC Diana
29/05/1990
4.
CACEROVSCHI Lilia
14/10/1969
5.
CACEROVSCHI Andrei
07/01/1990
6.
CACEROVSCHI Tatiana
31/08/1995
7.
CATAN Alexei
02/06/1962
8.
CATAN Elena
09/10/1988
9.
CRIJANOVSCHI Anastasia
11/11/1969
10.
CRIJANOVSCHI Olesea
20/11/1994
11.
CRIJANOVSCHI Oxana
24/11/1990
12.
DUBCEAC Teodora
12/11/1957
13.
DUBCEAC Vladimir
22/07/1993
14.
PETELIN Tatiana
13/06/1969
15.
PETELIN Daniel
15/06/1994
16.
PRIMAC Maria
04/05/1961
17.
PRIMAC Ana
18/06/1991
18.
SAFONOVA Lidia
26/12/1967
19.
SAFONOVA Alisa
18/06/1995
20.
SAFONOVA Olesea
14/04/1990
21.
SALEBA Tatiana
24/05/1969
22.
SALEBA Iana
26/09/1989
23.
SARACUŢA Victor
20/08/1967
24.
SARACUŢA Doina
14/10/1990
25.
SARACUŢA Tatiana
16/05/1996
26.
SCRIPNIC Tatiana
29/08/1961
27.
SCRIPNIC Corneliu
25/04/1989
28.
TIHOVSCHI Andrei
09/12/1958
2. Caldare y Otros (demanda núm. 8252/05)
Núm.
Demandante
Fecha de Nacimiento
29.
BEIU Elena
06/07/1970
30.
BEIU Vladimir
28/05/1991
31.
BURAC Tamara
31/08/1965
32.
BURAC Dorin
14/07/1994
33.
BURAC Irina
04/04/1986
34.
CALDARE Elena
15/08/1969
35.
CALDARE Ruxanda
02/02/1992
36.
CALMÎC Ecaterina
05/07/1971
37.
CALMÎC Vadim
10/12/1992
38.
CARACACI Claudia
05/06/1959
39.
CARACACI Ala
04/02/1987
40.
CARACACI Oxana
04/03/1988
41.
CÎRLAN Valentina
01/04/1969
42.
CÎRLAN Artiom
08/07/1991
43.
CÎRLAN Sergiu
28/05/1995
44.
DOCHIN Elena
29/09/1965
45.
DOCHIN Cristina
08/08/1989
46.
GĂINĂ Maria
17/11/1967
47.
GĂINĂ Alina
15/12/1992
48.
GĂINĂ Victoria
02/04/1989
49.
LIULICA Victoria
28/04/1963
50.
LIULICA Elena
10/05/1990
51.
LIULICA Maxim
26/05/1987
52.
MUNTEANU Raisa
04/08/1958
53.
MUNTEANU Iulia
21/02/1994
54.
MUNTEANU Veronica
24/09/1987
55.
PĂDURARU Constantin
02/06/1967
56.
PĂDURARU Elena
08/06/1995
57.
RÎJALO Larisa
01/04/1966
58.
RÎJALO Rodica
07/10/1989
59.
SAVA Maria
18/10/1960
60.
SAVA Roman
22/12/1990
61.
SAVA Ştefan
22/12/1990
62.
SIMONOV Aurelia
18/09/1970
63.
GRIŢCAN Natalia
04/09/1994
64.
GRIŢCAN Olga
31/07/1996
65.
TELIPIS Olga
24/10/1955
66.
TELIPIS Alexandra
26/05/1990
67.
TELIPIS Cristina
26/05/1990
68.
ŢOPA Maria
30/06/1955
69.
ŢOPA Ana
30/01/1987
70.
ŢURCANU Tamara
06/10/1963
71.
ŢURCANU Andrei
29/09/1987
3. Cercavschi y Otros (demanda núm. 18454/06)
Núm.
Demandante
Fecha de Nacimiento
72.
ARCAN Liuba
10/02/1977
73.
ARCAN Irina
08/10/1994
74.
BACIOI Anatoli
29/08/1960
75.
BACIOI Nina
18/08/1962
76.
BACIOI Irina
24/05/1989
77.
BACIOI Mariana
24/05/1989
78.
BALTAG Tamara
13/09/1961
79.
BALTAG Igor
16/12/1994
80.
BALTAG Liuba
18/11/1998
81.
BODAC Ion
02/06/1962
82.
BODAC Tatiana
24/07/1994
83.
BOVAR Natalia
15/07/1971
84.
BOVAR Alexandru
12/08/1992
85.
BOVAR Ana
14/12/1998
86.
BOZU Nicolae
11/10/1964
87.
BOZU Nina
18/07/1966
88.
BOZU Sergiu
20/11/1988
89.
BRIGALDA Serghei
08/10/1967
90.
BRIGALDA Svetlana
02/09/1971
91.
CALANDEA Galina
18/01/1974
92.
CALANDEA Iurie
30/10/1967
93.
CERCAVSCHI Eleonora
11/09/1960
94.
JMACOVA Nadejda
05/04/1989
95.
CHIRICOI Natalia
27/02/1964
96.
CHIRICOI Dumitru
06/08/1992
97.
CHIRICOI Liuba
16/04/1960
98.
CHIRILIUC Natalia
24/05/1966
99.
CHIRILIUC Mihail
08/06/1997
100.
CHIRILIUC Tatiana
26/04/1991
101.
CHIŞCARI Ghenadie
19/12/1961
102.
CHIŞCARI Egor
23/03/1989
103.
COJOCARU Mariana
16/10/1974
104.
COJOCARU Andrei
03/06/1998
105.
COJOCARU Corina
11/09/1996
106.
COJOCARU Doina
06/11/1994
107.
COJOCARU Elena
03/06/1998
108.
FRANŢUJAN Tatiana
22/03/1968
109.
FRANŢUJAN Elena
23/05/1990
110.
FRANŢUJAN Victoria
31/10/1988
111.
FRANŢUJAN Tatiana
01/02/1971
112.
GAVRILAŞENCO Maria
04/02/1964
113.
GAVRILAŞENCO Olga
08/10/1998
114.
GAZ Diana
21/05/1987
115.
GAZUL Svetlana
23/02/1967
116.
GAZUL Constantin
26/11/1992
117.
GAZUL Victor
05/08/1989
118.
GOGOI Svetlana
14/08/1977
119.
GOGOI Nicolae
20/05/1998
120.
GOLOVCO Irina
05/05/1960
121.
GOLOVCO Elena
14/06/1987
122.
GORAŞ Angela
30/07/1970
123.
GORAŞ Vladimir
31/07/1967
124.
GORAŞ Valeriu
29/06/1994
125.
IVANOV Lidia
31/03/1967
126.
IVANOV Cristina
30/09/1989
127.
JITARIUC Svetlana
31/03/1960
128.
JITARIUC Laura
01/10/1994
129.
MASLENCO Boris
07/07/1966
130.
MASLENCO Valentina
02/02/1966
131.
MASLENCO Ion
25/05/1992
132.
MASLENCO Tatiana
20/05/1989
133.
MONOLATI Svetlana
16/08/1975
134.
MUNTEAN Ion
03/03/1958
135.
MUNTEAN Dumitru
17/09/1991
136.
NAZARET Natalia
13/11/1958
137.
NAZARET Gheorghe
04/08/1958
138.
NAZARET Elena
14/04/1989
139.
PALADI Natalia
24/05/1979
140.
PARVAN Elena
22/10/1973
141.
PARVAN Natalia
26/09/1993
142.
PARVAN Vitalie
29/06/1998
143.
PAVALUC Nadejda
08/05/1969
144.
PAVALUC Andrei
19/03/1991
145.
PAVALUC Ion
11/01/1994
146.
PLOTEAN Viorelia
25/08/1968
147.
PLOTEAN Cristina
03/07/1990
148.
PLOTEAN Victoria
13/02/1992
149.
POGREBAN Ludmila
07/07/1968
150.
RACILA Zinaida
10/04/1965
151.
RACILA Ecaterina
01/02/1991
152.
RACILA Ludmila
03/01/1989
153.
ROŞCA Nicolae
17/12/1957
154.
ROŞCA Victoria
09/04/1990
155.
ROTARU Emilia
17/08/1968
156.
ROTARU Ion
30/08/1989
157.
ROTARU Mihai
16/08/1994
158.
SANDUL Serghei
07/07/1970
159.
SANDUL Liubovi
15/08/1998
160.
STANILA Raisa
18/02/1961
161.
STANILA Svetlana
20/12/1988
162.
TARAN Igor
30/01/1969
163.
TARAN Olga
03/03/1998
164.
TIRON Valentina
01/07/1955
165.
TIRON Ana
19/06/1987
166.
TRANDAFIR Galina
26/08/1964
167.
TRANDAFIR Natalia
24/11/1987
168.
TULCII Igor
07/07/1963
169.
TULCII Olga
01/10/1987
170.
ZEABENŢEV Andrei
28/12/1997
“Los votos particulares no han sido traducidos, pero constan en Inglés y/o Francés en la versión(es) de la sentencia en el idioma original que pueden consultarse en la base de datos de jurisprudencia del Tribunal HUDOC.”
© Consejo de Europa/Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2013.
Los idiomas oficiales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son el Inglés y el Francés. Esta traducción no vincula al Tribunal, ni el Tribunal asume ninguna responsabilidad sobre la calidad de la misma. Puede descargarse desde la base de datos de jurisprudencia HUDOC del Tribunal Europeo de Derechos Humanos () o de cualquier otra base de datos con la que el Tribunal de Justicia la haya compartido. Puede reproducirse para fines no comerciales, a condición de que el título completo del caso sea citado junto con la indicación de derechos de autor anterior. Si se pretende utilizar cualquier parte de esta traducción con fines comerciales, por favor póngase en contacto con publishing@.
© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2013.
The official languages of the European Court of Human Rights are English and French. This translation does not bind the Court, nor does the Court take any responsibility for the quality thereof. It may be downloaded from the HUDOC case-law database of the European Court of Human Rights () or from any other database with which the Court has shared it. It may be reproduced for non-commercial purposes on condition that the full title of the case is cited, together with the above copyright indication. If it is intended to use any part of this translation for commercial purposes, please contact publishing@.
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