Sentencia 37786/97
CASO DEBBOUB, ALIAS ALI HUSSEINI, CONTRA FRANCIA
Artículo 5.3 (Prisión provisional) Sentencia de 9 de noviembre de 1999
Mediante sentencia dictada en Estrasburgo el 9 de noviembre de 1999 en el caso arriba mencionado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Tercera) declara, por unanimidad, que ha habido violación del artículo 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos . En aplicación del artículo 41 del Convenio , el Tribunal concede al demandante la cantidad de 30.000 francos franceses en concepto de gastos y costas.
1. HECHOS
El demandante, Ismaël Debboub, alias Ali Husseini, ciudadano iraquí, nació en 1958 y se encuentra en Francia sin domicilio fijo.
El 8 de noviembre de 1994, la Policía Judicial llevó a cabo una amplia operación en París para desmantelar una red de apoyo logístico a los grupos armados islámicos (GIA). Como resultado de esta operación, 95 personas fueron arrestadas y puestas en detención preventiva, entre ellas el demandante.
El 12 de noviembre de 1994, este último, así como otras 77 personas arrestadas al mismo tiempo que él, fueron puestas en prisión preventiva. Ese mismo día el demandante fue interrogado y puesto en prisión provisional inculpado con diversos cargos.
Tras su encarcelamiento, el Juez encargado de la instrucción del sumario prolongó la prisión provisional en nueve ocasiones mediante otros tantos autos de 1 de marzo, 6 de julio y 31 de octubre de 1995, 26 de febrero, 2 de julio y 25 de octubre de 1996, 3 de marzo, 4 de julio y 12 de noviembre de 1997.
El demandante trató en vano de apelar los autos de 31 de octubre de 1995, 2 de julio de 1996, 25 de octubre de 1996, 3 de marzo de 1997 y 4 de julio de 1997 ante la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelación de París.
El demandante interpuso dos recursos de casación. El Tribunal de Casación rechazó el primero el 18 de febrero de 1997 y declaró la caducidad del segundo el 22 de mayo de 1997.
Una última petición de puesta en libertad fue denegada por el Tribunal de Gran Instancia de París el 5 de mayo de 1998.
Durante toda la instrucción, el demandante fue interrogado en siete ocasiones.
Mediante sentencia de 22 de enero de 1999, el Tribunal Correccional de París condenó al demandante a una pena de seis años de prisión. El demandante fue puesto en libertad el 6 de mayo de 1999 tras haber cumplido una estancia total en prisión de cuatro años, cinco meses y veinticuatro días, de los cuales cuatro años, dos meses y diez días fueron en prisión provisional.
2. PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
La demanda fue presentada ante la Comisión Europea de los Derechos Humanos el 10 de septiembre de 1995. Tras la entrada en vigor del Protocolo número 11 del Convenio, el 1 de noviembre de 1998, y de conformidad con su artículo 5.2 , el caso fue examinado por el Tribunal de conformidad con las disposiciones de dicho Protocolo.
El 30 de marzo de 1999, la Sala constituida en el seno de la Sección Tercera declaró la demanda admisible.
3. RESUMEN DE LA SENTENCIA
I. Quejas
El demandante denuncia la duración de su prisión provisional y alega el artículo 5.3 del Convenio.
II. Decisión del Tribunal
1. Artículo 5.3 del Convenio
El Tribunal recuerda que la duración de la prisión provisional de un acusado no debe exceder de un límite razonable y que si bien la persistencia de razones justificadas para sospechar que la persona detenida ha cometido un delito es una condición sine qua non para la regularidad del mantenimiento de la detención, al cabo de un cierto tiempo dicha razón tampoco basta. Los motivos alegados por las autoridades judiciales deben ser, por tanto, «pertinentes» y «suficientes». Las autoridades deben poner además una «diligencia particular» a la hora de impulsar el procedimiento.
El Tribunal señala que si bien las jurisdicciones competentes pudieron apreciar que existía riesgo de fuga del detenido si éste era puesto en libertad, dicho peligro fue disminuyendo con el paso del tiempo y, al cabo de más de tres años, ya había desaparecido.
El Tribunal considera, además, que los imperativos ligados al mantenimiento del orden público y a la necesidad de impedir la comisión de nuevos delitos no justifican por sí mismos una duración tan prolongada de la prisión provisional, como tampoco puede concebirse que exista riesgo de confabulación entre los coacusados después de haber tomado declaración a los testigos en numerosas ocasiones. El Tribunal señala que las jurisdicciones francesas no han hecho gala de una gran celeridad. A este respecto, el Tribunal observa que el demandante sólo fue interrogado una media de dos veces por año.
El Tribunal considera que nada de lo que consta en autos justifica de manera convincente la prolongada duración de la prisión provisional. Por consiguiente, ha habido violación del artículo 5.3.
2. Artículo 41 del Convenio
En aplicación del artículo 41 del Convenio, el Tribunal estima que la presente sentencia constituye en sí misma una satisfacción equitativa suficiente en cuanto al daño moral y perjuicio material, y concede al demandante la cantidad de 30.000 francos franceses en concepto de gastos y costas.
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