Sentencia 32305/96
CASO FISANOTTI CONTRA ITALIA
Artículo 6.1 (Duración del procedimiento) Sentencia de 23 de abril de 1998
Mediante la sentencia dictada en Estrasburgo el 23 de abril de 1998 en el caso Fisanotti contra Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara, por unanimidad, que ha habido violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por causa de la duración del procedimiento incoado ante el Tribunal de Cuentas. En aplicación del artículo 50 del Convenio, el Tribunal concede al demandante una cierta cantidad en concepto de daño moral y de gastos y costas judiciales.
La sentencia fue leída en audiencia pública por el señor Rudolf Bernhardt, presidente de la Sala.
1. HECHOS
El demandante, Gian Carlo Fisanotti, de nacionalidad italiana, nació en 1935 y reside en Cagliari (Cerdeña).
El 13 de julio de 1992, el señor Fisanotti interpuso un recurso ante la Sala Regional de Cerdeña del Tribunal de Cuentas con objeto de obtener una pensión privilegiada.
El 11 de noviembre de 1992, el expediente fue remitido al fiscal general para instrucción. Tras la entrada en vigor del decreto ley número 232 de 17 de julio de 1993 -que suprimió la intervención del Ministerio fiscal en los litigios en materia de pensiones- el expediente fue devuelto a la antedicha Sala Regional el 28 de julio de 1993. La vista se celebró el 28 de enero de 1995.
Mediante auto de esa misma fecha, cuyo texto se depositó en la secretaria del Tribunal el 4 de marzo de 1996, el Tribunal solicitó un dictamen a la Comisión de medicina legal, la cual examinó al demandante el 3 de junio de 1997.
2. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS
Instada a conocer del caso por la demanda presentada el 28 de abril de 1994, la Comisión la admitió el 15 de abril de 1997.
Tras haber intentado en vano una solución amistosa, el 9 de julio de 1997, la Comisión aprobó un informe en el que se hacen constar los hechos y se formula la opinión de que ha habido violación del artículo 6.1 (unanimidad).
3. RESUMEN DE LA SENTENCIA
I. Artículo 6.1 del Convenio
El Tribunal señala que el período a tener en cuenta comienza el 13 de julio de 1992, fecha de la interposición del recurso ante la Sala Regional de Cerdeña del Tribunal de Cuentas y aún no ha terminado. Por lo tanto, hasta la fecha, el procedimiento ha tenido ya una duración de cinco años y ocho meses aproximadamente.
El carácter razonable de la duración del procedimiento se aprecia en función de las circunstancias de la causa y teniendo en cuenta los criterios consagrados por la jurisprudencia del Tribunal, en particular, la complejidad del caso, el comportamiento del demandante y el de las autoridades competentes.
El Tribunal reconoce los esfuerzos legislativos llevados a cabo por Italia en materia de competencia y de organización del Tribunal de Cuentas. Ahora bien, la ejecución de una reforma de dicha naturaleza no puede justificar ningún retraso ya que incumbe al Estado organizar la entrada en vigor y la puesta en marcha de manera tal que no se demore la resolución de los asuntos pen1489 dientes. En el presente caso, el Tribunal no observa ningún retraso ligado a la reforma. En cambio, procede señalar períodos de inactividad imputables a las autoridades: más de dos años y seis meses transcurrieron entre la incoación del procedimiento ante la Sala Regional de Cerdeña del Tribunal de Cuentas y la primera vista, y luego más de dos años y siete meses entre ésta y la fecha fijada por el presidente de la jurisdicción competente para celebrar la nueva vista.
En cuanto al demandante, no se le puede hacer ningún reproche.
El Tribunal observa asimismo que el caso no era particularmente complejo.
En conclusión, este Tribunal no considera razonable la duración del procedimiento litigioso. Por consiguiente, ha habido violación del artículo 6.1.
II. Artículo 50 del Convenio
El demandante no ha demostrado la existencia de un perjuicio material resultante de la duración de la que se queja. El Tribunal estima, en cambio, que el demandante ha sufrido un daño moral e incurrido en gastos, por ello, le concede 12.500.000 liras italianas en concepto de daño moral y 2.500.000 liras italianas en concepto de gastos.
La sentencia fue dictada por una Sala integrada por nueve jueces, a saber: R. Bernhardt (alemán), presidente, C. Russo (italiano), N. Valticos (griego), I. Foighel (danés), R. Pekkanen (finés), Sir John Freeland (británico), L. Wildhaber (suizo), J. Makarczyk (polaco) y U. Lohmus (estonio), así como H. Petzold, secretario del Tribunal, y P. J. Mahoney, secretario adjunto del Tribunal.
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