CASE OF GÄFGEN v. GERMANY - [Spanish Translation] by the COE/ECHR

GRAN SALA

ASUNTO GÄFGEN c. ALEMANIA

(Demanda no. 22978/05)

SENTENCIA

Esta versión fue rectificada el 3 de junio de 2010 de conformidad con la Regla 81 de las Reglas del Tribunal.

ESTRASBURGO

1 Junio 2010

Esta sentencia es definitiva pero puede sufrir retoques de forma.

© Consejo de Europa/Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2013. Esta traducción no vincula al Tribunal. Para más información véase la indicación completa sobre derechos de autor al final de este documento.

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En el asunto Gäfgen contra Alemania

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Quinta), reunido en Sala compuesta por los señores Jean-Paul Costa, Presidente, Christos Rozakis, Nicolas Bratza, Françoise Tulkens, Josep Casadevall, Anatoly Kovler, Ljiljana Mijović, Renate Jaeger, Sverre Erik Jebens, Danutė Jočienė, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, George Nicolaou, Luis López Guerra, Ledi Bianku, Ann Power, Nebojša Vučinić, jueces, y Erik Fribergh, Secretario de la Sección

Tras haber deliberado en privado los días 18 de marzo de 2009 y 24 de marzo de 2010,

Dicta la presente

SENTENCIA

PROCEDIMIENTO

1. El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 22978/05) presentada contra la República Federal de Alemania por un ciudadano de dicho Estado, el señor Magnus Gäfgen (”el demandante”), ante el Tribunal el día 15 de junio de 2005 al amparo del artículo 34 del Convenio para la Protección de los derechos humanos y de las Libertades Fundamentales (”El Convenio”). Se admitió que el demandante se acogiera al beneficio de la asistencia judicial.

2. En su demanda, el demandante alegó que el trato al que había sido sometido durante el interrogatorio policial, el 1 de octubre 2002, para que revelara el lugar donde se encontraba un menor, J., constituía tortura, una actuación prohibida por el artículo 3 del Convenio. Alega seguir siendo víctima de dicha violación. Consideraba además que su derecho a un proceso equitativo, tal como lo garantiza el artículo 6 del Convenio, que contempla el derecho a defenderse de forma efectiva y no contribuir a su propia incriminación, había sido ignorado al haber sido admitidos en el proceso penal como medios de de prueba, datos obtenidos sin tener en cuenta el artículo 3.

3. La demanda fue asignada inicialmente a la Sección tercera y después a la Sección quinta del Tribunal (art. 52.1 del Reglamento del Tribunal). El 10 de abril de 2007, fue declarada parcialmente admisible por una sala de esta última sección, compuesta por Peer Lorenzen, Presidente, Snejana Botoucharova, Volodymyr Butkevych, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Rait Maruste, Javier Borrego Borrego, Renate Jaeger, jueces, así como Claudia Westerdiek, secretaria de la sección.

4. El 30 de junio de 2008, una sala de la Sección quinta, compuesta por Peer Lorenzen, presidente, Rait Maruste, Volodymyr Butkevych, Renate Jaeger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva, jueces, así como Claudia Westerdiek, secretaria de la sección, dictó su sentencia. En ella consideraron por unanimidad que no se requería pronunciarse sobre la excepción preliminar presentada por el Gobierno con relación a la falta de agotamiento de las vías de recurso interno. Consideró, por seis votos contra uno, que el demandante ya no podía considerarse víctima de una violación del artículo 3 del Convenio. Afirmaba además, por seis votos contra uno, que no se había producido la violación del artículo 6 del Convenio.

5. El 19 de septiembre de 2008, el demandante solicitó, a través del escrito de alegaciones presentadas ante el Tribunal el 26 de septiembre de 2008, el reenvío del asunto ante la Gran Sala en virtud de los artículos 43 del Convenio y 73 del reglamento; sostenía que se había producido tanto la violación del artículo 3 como del artículo 6 del Convenio. El 1 de diciembre de 2008, la junta de la Gran Sala acogió dicha demanda.

6. La composición de la Gran Sala se determinó de acuerdo a las disposiciones del artículo 27.2 y 3 del Convenio y del artículo 24 del reglamento.

7. El demandante y el Gobierno presentaron ambos un escrito sobre el fondo del asunto y respondieron por escrito al de la otra parte. Además, el señor Friedrich von Metzler y la señora Sylvia von Metzler, padres de J., a quienes el presidente de la sala quinta autorizó a intervenir durante el procedimiento escrito (arts. 36.2 del Convenio y 44.2 del Reglamento), representados por las señoras E. Kempf y H.Schilling, abogadas del Colegio de Frankfurt del Meno, formularon alegaciones a título de terceros intervinientes. La Redress Trust, una organización no gubernamental internacional de defensa de derechos del hombre con sede en Londres, a quienes el presidente autorizó a intervenir durante el procedimiento escrito (arts. 36.2 del Convenio y 44.2 y 3 del Reglamento), representada por la señoras CONTRA Ferstman, directora y L. Oette, consejera, también presentaron escrito de alegaciones. Las partes respondieron a dichas alegaciones (art. 44.5 del Reglamento).

8. El 18 de marzo de 2009 tuvo lugar una audiencia pública en el Palacio de los derechos del hombre, en Estrasburgo (art. 59.3 del Reglamento).

Comparecieron:

- Por parte del Gobierno:

Sra. A. Wittling-vogel, Ministerialdirigentin (dirigente ministerial), Ministerio Federal de Justicia, agente, los Sres. J. A. Frowein, director (emérito) del Instituto Max Planck para el derecho público comparado y el derecho internacional, asesor, M. Bornmann, procurador, J. Koch, juez de tribunal de distrito, asesores;

- Por parte del demandante:

Sras. M. Heuchemer, abogada, asesoría legal, D. Schmitz, abogada, B. von Becker, abogada, J. Schulz-Tornau, abogada, asesores, Sres. S. Ströhm, M. Bolsinger, asistentes.

El Tribunal escuchó a la Sra. Heuchemer y al Sr. Frowein tanto en sus intervenciones como en las respuestas a las preguntas planteadas.

HECHOS

I. CIRCUNSTANCIAS DEL ASUNTO

9. El demandante nació en 1975 y se encuentra encarcelado en la prisión de Schwalmstadt en Alemania.

A. Secuestro de J. e investigación policial

10. J. era el benjamín de una familia de banqueros de Frankfurt del Meno. Conoció al demandante, estudiante de derecho, por ser conocido de su hermana.

11. El 27 de septiembre de 2002, el demandante llevó a J., que contaba once años, a su apartamento en Frankfurt del Meno, bajo el pretexto de que su hermana se había dejado una chaqueta. Provocó después la muerte de J. por asfixia.

12. A continuación, el demandante dejó en la residencia de los padres de J. una carta en la que reclamaba un rescate de un millón de euros; en ella decía que J. había sido raptado por varias personas. Los padres volverían a ver a su hijo si entregaban un millón de euros a los raptores y si estos conseguían abandonar el país. El demandante condujo hasta un estanque situado en una propiedad privada cerca de Birstein, aproximadamente a una hora de carretera de Francfort y escondió el cuerpo de J. bajo un espigón.

13. El 30 de septiembre de 2002 alrededor de la 1 de la mañana, el demandante se hizo con el rescate en una estación de tranvía. Desde ese momento, la policía puso en marcha un dispositivo de vigilancia. El interesado ingresó una parte del rescate en sus cuentas bancarias y ocultó el resto en su apartamento. Esa tarde, la policía lo detuvo en el aeropuerto de Frankfurt inmovilizándolo, con la cara contra el suelo.

14. El demandante fue examinado por un médico en el hospital del aeropuerto ya que se hallaba en estado de shock y presentaba lesiones cutáneas, posteriormente fue conducido a la comisaría de policía de Frankfurt del Meno. El inspector M. le informó de que era sospechoso de haber secuestrado a J. y le leyó sus derechos de defensa, en concreto el de su potestad de guardar silencio y de consultar con un abogado. M. interrogó a continuación al interesado con el objetivo de encontrar a J. En ese intervalo, la policía entró en el apartamento del demandante y encontró la mitad del rescate así como una nota relativa a la planificación del crimen. El demandante hizo creer entonces que el niño se hallaba retenido por otro secuestrador. A las 11 y media fue autorizado a consultar con un abogado, Z., durante treinta minutos, según había solicitado. Más tarde declaró que F.R. y M.R. se habían llevado al niño y lo habían escondido en una cabaña al borde del lago.

15. El 1 de octubre de 2002 al principio de la mañana, antes de que M. se incorporase a su trabajo, el señor Daschner (D.), director adjunto de la policía de Frankfurt ordenó a otro policía, el señor Ennigkeit (E.) que amenazara al demandante con infligirle daño y, si fuera necesario, cumplir la amenaza, con la finalidad de obligarle a revelar dónde se encontraba el niño. Los jefes de servicio bajo las órdenes de D. se habían opuesto con anterioridad a medidas semejantes de forma reiterada (ver apartado 47 infra). El inspector E. amenazó al demandante con diversos padecimientos, que una persona especialmente entrenada para ello podía infligirle si no revelaba dónde se encontraba el menor. De acuerdo con el demandante, este policía le amenazó también con encerrarle en una celda con dos hombres negros de gran envergadura física, que lo someterían a abusos sexuales. El policía le habría pegado con la mano en varias ocasiones en el pecho y le habría sacudido de forma que la cabeza golpeó contra el muro en una ocasión. El Gobierno niega que el demandante hubiera sido amenazado con abusos sexuales o que hubiera recibido golpes en el transcurso de su interrogatorio.

16. Temiendo padecer las medidas con las que se le había amenazado, el demandante reveló cerca de diez minutos más tarde dónde se encontraba el menor.

17. El demandante fue entonces llevado a Birstein acompañado por M. y muchos otros policías. Se negó a que le acompañara el inspector E. La policía esperó a que trajeran una cámara de video. Después, siguiendo órdenes del funcionario de policía a cargo de las operaciones, el demandante, a quien se le filmó en todo momento, indicó el emplazamiento del cuerpo. La policía encontró los restos de J. sobre el lecho del estanque cerca de Birstein tal como lo indicó el demandante. Afirmó que le obligaron a caminar sin zapatos a través del bosque hasta el lugar donde había dejado el cuerpo y que, según había ordenado la policía, se había visto obligado a indicar el lugar exacto del cadáver. El Gobierno niega que el demandante hubiera tenido que ir descalzo.

18. La policía, que examinó el lugar, recogió las marcas de los neumáticos dejados por el coche del demandante cerca del estanque en las cercanías de Birstein. Cuando el inspector M. le interrogó en el camino de regreso, el demandante confesó haber secuestrado a J. y haberlo matado. La policía le llevó entonces a diversos lugares que él mismo indicó y recuperó de este modo de los contenedores los cuadernos escolares de J., una mochila, su ropa, así como la máquina de escribir que utilizó para redactar la nota de rescate. La autopsia que se le practicó al cadáver de J. el 2 de octubre de 2002, confirmó que la muerte se produjo por asfixia.

19. De regreso a la comisaría, el demandante fue autorizado a entrevistarse con su abogado, En., a quien su madre había encargado de representar y que había intentado en vano ponerse en contacto con él desde primera hora de esa mañana.

20. En una nota destinada al dossier policial, fechada el 1 de octubre de 2002, D., director adjunto de la policía de Francfort, indicó que en su opinión esa mañana la vida de J., si estaba todavía vivo, se hallaba en gran peligro, dada la falta de alimentos y teniendo en cuenta la temperatura exterior. Con el fin de salvar la vida del menor, había ordenado al policía E. que interrogara al demandante y que le amenazara con infligirle sufrimientos que no le dejarían ninguna lesión. Confirmó que el trato debía en todo momento ser supervisado por un servicio médico. D. admitió también haber pedido a otro policía que se aprovisionara de un “suero de la verdad”, que sería administrado al demandante. De acuerdo con la nota en cuestión, la amenaza proferida tenía como objeto exclusivamente salvar la vida del menor y no facilitar las diligencias penales relacionadas con el secuestro. Al haber revelado el demandante, tras haber sido amenazado, el lugar en el que se encontraba el cuerpo del menor, no se aplicó ninguna de dichas medidas.

21. Un médico de la policía emitió el 4 de octubre de 2002 un informe en el que confirmaba que el demandante tenía un hematoma (de 7 cm x 5 cm) bajo la clavícula izquierda, lesiones cutáneas, postillas sanguinolentas en el brazo izquierdo y en las rodillas, así como los pies hinchados. En otro informe médico de fecha 7 de octubre de 2002, se recoge el examen practicado al demandante el 2 de octubre de 2002, en el que se confirmó la presencia de dos hematomas en la región izquierda del tórax, uno de 5 cm de diámetro y otro de 4 cm de diámetro, así como lesiones cutáneas superficiales o postillas sanguinolentas en le brazo izquierdo, en las rodillas y en la pierna derecha, y ampollas cerradas en los pies. Según dicho informe, estas marcas tan discretas de heridas, indicaban que éstas se habían producido días antes del examen. La causa precisa de las mismas no pudo ser determinada.

22. El interesado confirmó la confesión que había realizado el 1 de octubre de 2002, cuando fue interrogado por la policía el 4 de octubre de 2002, en los interrogatorios con el fiscal los días 4, 14 y 17 de octubre de 2002 y ante un juez del tribunal de distrito el 30 de enero de 2003.

23. En enero de 2003, la fiscalía Frankfurt del Meno abrió una instrucción penal contra el director adjunto de la policía de Frankfurt, D., y el inspector de policía E. basándose en las declaraciones del demandante, que alegaba haber sido objeto de amenazas el 1 de octubre 2002.

B. El proceso penal abierto contra el demandante

1. El procedimiento ante el tribunal regional de Francfort del Meno

a) Las demandas preliminares para el archivo de actuaciones e inadmisión de las pruebas

24. El 9 de abril de 2003, el primer día de audiencia, el demandante, representado por un abogado, presentó una demanda preliminar solicitando el archivo de las actuaciones. Sostenía que, durante su interrogatorio y antes de confesar, había sido amenazado por el inspector E. con terribles sufrimientos y abusos sexuales. Se quejaba de que dicho trato era contrario al artículo 136a del código de procedimiento penal (apartado 61 infra), así como al artículo 3 del Convenio y que ello justificaba el archivo de las diligencias.

25. El demandante solicitó además, a título preliminar y en orden subsidiario, una declaración por la que, dado al efecto continuado (Fortwirkung) de la amenaza de violencia esgrimida el 1 de octubre de 2002, no se debía dar crédito, en el marco del procedimiento penal, a ninguna de las declaraciones que él hubiera realizado ante las autoridades. Por otra parte, deseaba que se declarase que la violación del artículo 136a del código de procedimiento penal que se había producido, impedía que se utilizase en el transcurso del procedimiento penal, el conjunto de elementos de prueba, tales como el cuerpo del menor, de cuya ubicación las autoridades de la investigación habían llegado a enterarse debido a unas declaraciones que le habían sido arrancadas por la fuerza (”Fernwirkung”) y que eran “la fruta del árbol envenenado”.

26. El 9 de abril de 2003, en respuesta a la primera demanda preliminar, el tribunal regional de Francfort del Meno rechazó decretar el archivo de actuaciones. Declaró que, en opinión del demandante, el inspector E. había proferido la siguiente amenaza: un especialista se dirigía a la comisaría en helicóptero; le infligiría al interesado, sin dejar huellas, sufrimientos insoportables, como jamás hubiera experimentado, si continuaba negándose a revelar dónde se encontraba J. Para dar mayor énfasis a la amenaza, E. habría imitado el ruido de las hélices de un helicóptero. E. habría también amenazado con encerrar al demandante en una celda con dos grandes “negros” que lo sodomizarían. Desearía entonces no haber nacido. El tribunal consideraba demostrado que el demandante había sido amenazado con terribles sufrimientos si se negaba a revelar dónde se encontraba la víctima. Por el contrario no se consideraba demostrado que el interesado hubiera sido también amenazado con abusos sexuales o que hubiera estado bajo el dominio de cualquier otra influencia. La simple amenaza, vertida sobre el demandante, de infligirle sufrimiento era ilegal en virtud del artículo 136a del código de procedimiento penal, y también en virtud del artículo 1 y del artículo 104.1 de la Ley fundamental (párrafos 59-60 infra) así como del artículo 3 del Convenio.

27. Esta vulneración, en el caso del demandante, relativa a los derechos protegidos por la Constitución no constituía sin embargo un obstáculo para las diligencias penales, que podían continuar a pesar de ello. El recurso a los métodos de interrogatorio en cuestión, si bien estaban prohibidos por la ley, no restringían los derechos de defensa a un grado tal que requiriera poner fin a las diligencias penales. Teniendo en cuenta la gravedad de los cargos que pesaban contra el demandante, por una parte, y la gravedad de los actos ilegales cometidos en el marco del procedimiento de investigación, por otra, no había existido una vulneración del estado de derecho excepcional e intolerable, como para constituir un obstáculo a la continuación de la acción penal.

28. En respuesta a la segunda demanda preliminar presentada por el demandante, el tribunal regional de Frankfurt del Meno consideró que, de conformidad con el artículo 136a apd. 3 del código de procedimiento penal, las confesiones y declaraciones que el demandante había realizado ante la policía, ante un fiscal y ante un juez del tribunal de distrito, no podrían ser presentadas como pruebas en enmarco del procedimiento penal debido a que habían sido obtenidas por medio de métodos de interrogatorio prohibidos.

29. El tribunal consideró que el 1 de octubre de 2002 el inspector de policía E. había empleado métodos de interrogatorio prohibidos según el artículo 136a apd. 1 del código, al amenazar al demandante con padecimientos insoportables si no revelaba dónde se encontraba el menor. Eran por tanto inadmisibles como prueba las declaraciones del demandante realizadas a raíz de dicho medio de interrogatorio prohibido. La exclusión de dichas pruebas (Beweisverwertungsverbot) no se aplicaba sólo con relación a las declaraciones obtenidas inmediatamente después de la amenaza ilegal. Teniendo en cuenta el efecto continuado de la violación del artículo 136a del código, dicha exclusión se extendía a todas las demás declaraciones realizadas por el demandante ante las autoridades con posterioridad a dicha fecha.

30. La única forma por tanto en la que podría remediarse la irregularidad procesal cometida debido al empleo de un método de investigación prohibido, habría consistido en informar al demandante, antes de interrogarle nuevamente, de que las declaraciones formuladas con anterioridad bajo la coacción de dicha amenaza de padecimientos, no podrían ser utilizadas en su contra. No obstante se habían limitado a señalar al interesado su derecho a no declarar, sin indicarle que las pruebas obtenidas de forma irregular no eran admisibles. Por tanto no había recibido una “información cualificada” (qualifizierte Belehrung) antes de realizar nuevas declaraciones.

31. El tribunal limitaba en todo momento la inadmisión de las declaraciones a las que se hace referencia con anterioridad. No admitía lo solicitado por el demandante según lo cual, el hecho de recurrir a métodos de interrogatorio prohibidos, excluía la utilización en el marco del procedimiento, de todo el conjunto de pruebas, tal como el cuerpo del menor, que las autoridades de la investigación habían conseguido localizar debido a declaraciones arrancadas bajo coacción al demandante (”Fernwirkung”). El tribunal se pronunció en estos términos:

”(...) no se adscribe ningún efecto a largo plazo a la violación del artículo 136a del código de procedimiento penal, que hubiera podido plantear algún obstáculo a la utilización también [como prueba] de elementos de los que se ha tenido conocimiento gracias a las declaraciones obtendias. La sala muestra al respecto su acuerdo con la posición de compromiso (Mittelmeinung) adoptada por la doctrina y los tribunales (...) y que preconiza poner en equilibrio [los intereses] que concurren en las circunstancias de la causa, buscando en particular si el orden legal ha sido transgredido de forma flagrante, en especial en disposiciones consagradas a proteger derechos fundamentales, y que preconiza también tener en cuenta la gravedad del delito que constituye el objeto de la instrucción. Si se mide la gravedad de la vulneración de los derechos fundamentales del acusado -en el presente asunto, la amenaza de violencia física- con la gravedad del delito del que se le acusa y que motiva la instrucción -el asesinato de un menor-, parece desproporcionado excluir los elementos -en especial el descubrimiento del cuerpo del menor y los resultados de la autopsia- de los que se ha tenido conocimiento gracias a las declaraciones del acusado.”

b) La sentencia del tribunal regional

32. Tras las decisiones así emitidas acerca de las demandas preliminares presentadas por el demandante el primer día del proceso, el procedimiento retomó su curso. En las declaraciones que realizó al día siguiente con respecto a las acusaciones que se le imputaban, el demandante admitió haber matado a J., pero precisó que esa no había sido su intención desde el principio. Su abogado sostuvo que al prestarse a confesar, el interesado había deseado asumir la responsabilidad de su delito a pesar de los métodos de interrogatorio empleados el 1 de octubre de 2002. Todos los demás elementos condenatorios descubiertos a raíz de la declaración inicial del demandante y que éste deseaba que se excluyeran, fueron aducidos en su contra a medida que se desarrollaba el proceso. En la clausura del proceso, el 28 de julio de 2003, el demandante admitió que también había planeado desde el inicio matar al niño. Veía en sus segundas declaraciones “la única forma de aceptar su profunda culpa” y “la mayor excusa posible para el asesinato del niño”.

33. El 28 de julio de 2003, el tribunal regional de Frankfurt del Meno declaró culpable al demandante, entre otros delitos, de asesinato y de rapto de un menor con petición de rescate seguido de muerte de la víctima. Le condenó a la reclusión a perpetuidad, subrayando que la culpabilidad era de una gravedad particular y que justificaba la pena máxima (apartado 63 infra).

34. El tribunal concluyó que en la audiencia se había informado nuevamente al demandante de su derecho a guardar silencio y de que ninguna de sus declaraciones anteriores podía ser utilizada en su contra, y en esa misma audiencia también se le había proporcionado la información cualificada deseada. El demandante, después de dicha información cualificada, ya no se resistió a confesar que había secuestrado a J. y lo había matado. Las declaraciones que hizo durante el proceso con relación a la planificación de su crimen constituyeron el fundamento esencial, sino exclusivo, de las constataciones del tribunal. Estas fueron corroboradas por el testimonio de la hermana de J., la carta de chantaje y la nota relativa la organización del crimen que había sido descubierta en el apartamento del demandante. Las constataciones que hacían referencia a la ejecución del crimen descansaban exclusivamente en las confesiones que el demandante había realizado durante el proceso. Otros elementos de prueba demostraban que también había dicho la verdad en ese aspecto. Se trataba de las conclusiones de la autopsia sobre la causa de la muerte del menor, las marcas de neumáticos que había dejado el coche del demandante cerca del estanque en el que fue descubierto el cuerpo, y el dinero procedente del rescate encontrado en el apartamento o en las cuentas bancarias del interesado.

35. Para llegar a apreciar la gravedad de la culpa del demandante, el tribunal observó que éste había matado a su víctima, de once años de edad y había reclamado un millón de euros, con la finalidad de conservar la imagen de un joven jurista rico y con talento que se había forjado de sí mismo. No compartía las opiniones expresadas por la fiscalía y los procuradores privados auxiliares, según las cuales las confesiones del demandante “no tenían ningún valor” ya que el demandante no había hecho sino confesar aquello que ya había sido probado. El hecho de que el demandante hubiera formulado voluntariamente confesiones completas durante el proceso, incluso aunque sus confesiones anteriores debieran ser todas ellas descartadas como pruebas en aplicación del artículo 136a apd. 3 del código de procedimiento penal, constituía una circunstancia atenuante. Ello no impide que, incluso sin confesión por su parte, el interesado fuera declarado culpable del secuestro con petición de rescate seguido de muerte de la víctima. El demandante había sido puesto bajo vigilancia policial una vez se hubo apoderado del rescate, que se encontró a continuación dividido entre su alojamiento y sus cuentas bancarias. Además, la autopsia había revelado que J. murió por, y se habían descubierto las marcas de los neumáticos que había dejado el coche del demandante en el lugar en el que había sido descubierto el cuerpo de J.

36. El tribunal apunta igualmente que durante el interrogatorio del demandante, se utilizaron métodos prohibidos por el artículo 136a del código de procedimiento penal. La instrucción penal todavía en curso contra el inspector E. Y contra D., el director adjunto de la policía de Frankfurt permitiría afirmar si y en qué medida habían cometido un delito por las amenazas. La posibilidad de que hubieran perpetrado actos ilegales no atenuaba en cualquier caso la propia culpabilidad del demandante. Los errores en la conducta de los funcionarios de policía, que dependen del poder ejecutivo, no impedía al poder judicial apreciar las constataciones conforme a la ley.

2. El proceso ante el tribunal federal de justicia

37. Al día siguiente de su condena, el demandante recurrió en casación ante el Tribunal federal de justicia. Confirmaba la decisión del 9 de abril de 2003 según la cual el tribunal regional había rechazado la demanda preliminar de archivo de actuaciones. El tribunal también había rechazado declarar que no se podía utilizar, en el marco del proceso penal, el resto de los elementos de convicción, entre los que se encontraba el cuerpo del niño, que las autoridades de la investigación habían encontrado gracias a las declaraciones que le fueron arrancadas ilegalmente al demandante. Este añadía una copia íntegra de dichas demandas de 9 de abril de 2003, incluyendo los motivos en que se apoyaban. Aportaba asimismo al sumario una copia de la decisión del tribunal regional de 9 de abril de 2003 en el que se rechazaba el archivo de las actuaciones y argumentaba con respecto a las amenazas de tortura que la policía había proferido en su contra, que, basándose en la jurisprudencia del Tribunal federal de justicia, esta conducta contravenía las reglas en materia de práctica de pruebas y constituía un obstáculo para las diligencias (”dass ein derartiges Verhalten das Verwertungsverbot « überspringt » und ein Verfahrenshindernis begründet”).

38. En sus alegaciones, de 9 de marzo de 2004, el fiscal federal solicitó el rechazo del recurso del demandante por defecto manifiesto de fundamento. Consideró que la utilización de métodos de interrogatorio prohibidos no constituía un obstáculo para las diligencias penales. El artículo 136a del código de procedimiento penal precisaba expresamente que el uso de cualquiera de los métodos de interrogatorio prohibidos que enumeraba, conllevaba únicamente la inadmisión de los elementos de prueba. El demandante no había denunciado una violación del artículo 136a apd. 3 del código. De todas formas, no habría tenido sentido formular una queja de ese tipo, ya que el tribunal regional tan sólo utilizó las confesiones que el demandante había realizado durante el proceso tras haber sido informado de que sus declaraciones anteriores no habían sido admitidas como prueba.

39. El 21 de mayo de 2004, el tribunal federal de justicia rechazó el recurso del demandante por carecer de fundamento, sin aducir motivos más amplios.

3. El procedimiento ante el tribunal federal constitucional

40. El 23 de junio de 2004, el demandante acudió al tribunal federal constitucional. Resumiendo los hechos desde el origen de la causa y el contenido de las sentencias impugnadas, reclamaba, basándose en el artículo 1.1 y el artículo 104.1, frase segunda, de la Ley fundamental, la menra en la que la policía había procedido a interrogarle el 1 de octubre de 2002 por la mañana. Alegaba haber sido amenazado con fuertes sufrimientos y abusos sexuales si no revelaba dónde se encontraba el niño. En las circunstancias del presente asunto, este trato habría sido constitutivo de tortura según el artículo 3 del Convenio y habría contravenido el artículo 104.1 de la ley fundamental. Habría también vulnerado, en el caso del interesado, el derecho absoluto al respeto a la dignidad humana, garantizado por el artículo 1 de la ley fundamental, que se encontraría en el centro de las disposiciones en cuestión. Estas violaciones injustificables de los derechos del hombre, hubieran debido suponer un obstáculo en las diligencias por asesinato y debieran haber impedido que se pudieran incluir como pruebas de cargo, aquellos elementos de prueba obtenidos gracias a las confesiones que le habían sido arrancadas al demandante por medios prohibidos.

41. El 14 de diciembre de 2004, el tribunal constitucional federal, reunido en una sala de tres jueces, inadmitió el recurso constitucional del demandante.

42. En primer lugar, consideró que el demandante no había apoyado suficientemente la alegación planteada con relación al hecho de que los tribunales penales no hubieran decretado el archivo de actuaciones. Subrayó que el tribunal regional ya había concluido que la amenaza que la policía había proferido contra el demandante de infligirle padecimientos terribles, era contraria al artículo 136a del código de procedimiento penal y al artículo 3 del Convenio y que los derechos del demandante amparados en los artículos 1.1 y 104.1, frase segunda, de la ley fundamental habían sido vulnerados.

43. En cualquier caso, la violación de los derechos del demandante, que se había producido fuera del proceso, no justificaba necesariamente concluir que la sentencia dictada por un tribunal penal, y que se basaba en la constatación de hechos a lo largo del proceso, contraviniera el derecho constitucional. En el presente asunto, los tribunales penales habían considerado que los métodos de interrogatorio que había empleado la policía estaban prohibidos, pero discrepaban con el demandante en relación a las consecuencias jurídicas que dicha constatación conllevaba. Dichos tribunales habían considerado que las declaraciones obtenidas gracias a las medidas en cuestión no podían ser admitidas como pruebas, pero que ello no constituía un obstáculo para que continuara el proceso penal en el presente asunto.

44. En opinión del tribunal constitucional federal, podía considerarse que los tribunales penales habían remediado el vicio procesal originado por la aplicación de métodos de interrogatorio prohibidos, porque habían excluido como pruebas las declaraciones obtenidas por dichos medios. Esta exclusión había sido dictaminada por el artículo 136.3 del código de procedimiento penal para compensar cualquier ataque anterior a los derechos de la persona en cuestión. Por el contrario, las disposiciones legales no preveían las circunstancias en las cuales las irregularidades mayores de procedimiento pudieran constituir un obstáculo para las diligencias penales. En esas condiciones, el demandante no había explicado de qué forma los métodos de interrogatorio por los que protestaba, no sólo excluían utilizar como prueba de cargo las declaraciones obtenidas gracias a dichos medios, sino constituían además un obstáculo a las propias diligencias penales abiertas en su contra.

45. En segundo lugar, el tribunal constitucional federal consideró que, en la medida en la que el demandante se quejaba de que el tribunal regional había rechazado excluir todos los elementos de prueba obtenidos gracias a las declaraciones que le habían sido arrancadas bajo amenaza, el recurso constitucional era inadmisible también bajo este punto, ya que el demandante no había planteado esta cuestión en el marco de la instancia ante el Tribunal federal de justicia.

46. La decisión le fue notificada al abogado del demandante el día 22 de diciembre de 2004.

C. Hechos posteriores

1. El procedimiento penal dirigido contra los policías

47. El 20 de diciembre de 2004, el tribunal regional dictó sus sentencias contra el director adjunto de la policía de Frankfurt, D., y el inspector E. Constató que, la mañana del 1 de octubre de 2002, D. había ordenado interrogar al demandante infligiéndole padecimientos, tal como él mismo señalara a continuación en la nota que se añadió al dossier de la policía (apartado 20 supra). Al hacerlo, D. había actuado en contra de los consejos de todos los jefes de servicio a sus órdenes, a quienes se les había encargado la investigación relativa al secuestro de J. Los jefes de servicio desaprobaron la medida que él había ordenado con anterioridad, en la tarde del 30 de septiembre de 2002 y después, en dos ocasiones, el 1 de octubre de 2002 por la mañana. Estos no obedecieron las órdenes y propusieron en cambio enfrentar al demandante con la familia de J. D. había ordenado entonces al inspector E. que cumpliera sus órdenes y que amenazara por tanto al demandante con torturas y, si fuera necesario, poner en práctica dicha amenaza. Los sufrimientos serían infligidos bajo supervisión médica y sin dejar marcas, por un policía especialmente entrenado a dicho efecto, que sería llevado a la comisaría en helicóptero. Un médico de la policía había aceptado supervisar la ejecución de las órdenes de D. El tribunal consideraba que esta medida debía permitir descubrir dónde tenía escondido el demandante a J., cuya vida D. consideraba que estaba en grave peligro. E. en consecuencia había amenazado al demandante de este modo tal como lo había ordenado D. y también le informó de que le iba a ser administrado un suero de la verdad. Al cabo de unos diez minutos, el demandante había confesado que había escondido a J. en el espigón de un estanque situado cerca de Birstein.

48. El tribunal regional observó que el método de interrogatorio carecía de justificación. Rechazó la objeción de la defensa que se amparaba en la “necesidad”, porque el método en cuestión constituía un atentado contra la dignidad humana a cuya protección se consagra el artículo 1 de la ley fundamental. El respeto a la dignidad humana se hallaba también en la esencia del artículo 104.1, frase segunda, de la ley fundamental, y del artículo 3 del Convenio. La protección de la dignidad humana era absoluta, y no era susceptible ni de excepción, ni de consideración del equilibrio de intereses.

49. El tribunal regional de Francfort del Meno declaró al inspector E. culpable de coacción ejercida por un agente público en el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso, por lo que respecta a la pena, le amonestó y le impuso una multa, como condena condicional, de 60 euros (EUR) diarios durante 60 días, que el condenado debería abonar si cometía una nueva infracción en el curso del periodo condicional. Además, el tribunal declaró a D., director adjunto de la policía de Francfort, culpable de haber incitado a E., un subordinado, a ejercer una coacción en el ejercicio de sus funciones. Le dirigía también a él una advertencia y le imponía una multa, como condena condicional, de 120 EUR durante 90 días. El demandante había declarado en calidad de testigo en este procedimiento.

50. Al fijar las penas, el tribunal regional consideró que había que tener en cuenta importantes circunstancias atenuantes. Consideró que los inculpados habían tenido como única preocupación salvar la vida de J. y que se hallaban sometidos a una presión considerable, debido a sus respectivas responsabilidades con relación a su jerarquía y al público. Se hallaban agotados en ese momento y habían actuado en una situación de gran tensión y bajo una fuerte carga emocional. No tenían condenas anteriores. Además, D. había asumido la responsabilidad de sus actos al admitirlos y al explicarlos en una nota incluida en el dossier de la policía ese mismo día. El procedimiento había durado mucho tiempo y se había encontrado sometido a la atención mediática. Esta había tenido repercusiones sobre la carrera profesional de los dos inculpados: D. había sido trasladado al Ministerio del interior de Hesse y a E. se le había prohibido ejercer en el ámbito de la represión de delitos penales. Además, era la primera vez que un tribunal penal alemán había sido llamado a pronunciarse sobre una situación conflictiva como la que se hallaba en causa en el asunto de los inculpados. El tribunal también consideró como circunstancia agravante el hecho de que D. no hubiera actuado espontáneamente, dado que ya la noche precedente al día en el que dio la orden a E. había ordenado recurrir a la fuerza. Además, al cometer esos actos, los inculpados se habían arriesgado a comprometer la condena del demandante por asesinato. El tribunal concluyó que la defensa del orden legal no justificaba la ejecución de las multas que habían sido impuestas. La condena penal de los acusados permitía hacer comprender que si un agente del Estado daba la orden de recurrir a la fuerza para obtener información, cometía un acto ilegal.

51. La sentencia devino firme el 20 de diciembre de 2004.

52. D. fue a continuación nombrado jefe de la dirección de tecnología, logística y administración de la policía.

2. La demanda por responsabilidad administrativa incoada por el demandante

53. El 28 de diciembre de 2005, el demandante solicitó ante el tribunal regional de Francfort del Meno la asistencia judicial para poder interponer una demanda por responsabilidad administrativa en contra del Land de Hesse con la finalidad de obtener una indemnización. Sostenía haber quedado traumatizado por los métodos empleados durante el arresto policial y necesitar tratamiento psicológico.

54. En sus alegaciones de 27 de marzo de 2006, la dirección de la policía de Francfort del Meno replicó que la conducta de E. durante el interrogatorio del demandante el 1 de octubre de 2002 por la mañana podía recibir la cualificación jurídica de coacción y se consideraba una falta de los deberes inherentes a su función.

55. El 28 de agosto de 2006, el tribunal regional rechazó la solicitud de asistencia jurídica presentada por el demandante, que interpuso una apelación.

56. El 28 de febrero de 2008, el tribunal de apelación de Francfort del Meno desestimó la demanda. Haciendo suyos los motivos que aducía el tribunal regional, confirmaba en concreto que, al haber amenazado al demandante, los policías D. y E. habían contravenido su dignidad humana, que es intocable, y habían por tanto faltado a los deberes de su cargo. Sin embargo, el demandante no conseguía establecer un vínculo de causalidad entre las amenazas de tortura de las que había sido objeto y el daño psicológico alegado, que según él precisaba de tratamiento psicológico. La amenaza de los policías era despreciable en comparación con el trauma que causaba al interesado el hecho de haber matado a un niño. Por tanto, incluso si se suponía que el demandante pudiera probar que el policía E. le había sacudido de forma que su cabeza había impactado contra el muro, o que le había pegado en un momento dado en el tórax, lo que le había provocado un hematoma, las lesiones psíquicas que ello podía provocar, eran menores para reclamar el abono de una indemnización. Además, el atentado contra la dignidad humana del demandante que había representado la amenaza de tortura no justificaba tampoco el abono de una indemnización, el hecho de que sus declaraciones fueran excluidas como pruebas y que los policías responsables de las amenazas hubieran sido condenados por vía penal, constituía una satisfacción suficiente para el interesado.

57. El 19 de enero d e2008, el Tribunal federal constitucional, admitiendo un recurso constitucional presentado por el demandante, anuló la decisión del tribunal de apelación, a quien reenvió el asunto. Consideró que al rechazar conceder asistencia jurídica al demandante, el tribunal de apelación había contravenido el principio de equidad de acceso a la justicia. En particular, esta jurisdicción había supuesto que el demandante no era capaz de probar que la amenaza de tortura le hubiera causado daño psicológico. Además, no parecía de entrada que pudiera asumirse como lesión física menor el daño que el demandante afirma haber padecido durante el interrogatorio, durante el cual permaneció esposado. A fin de cuentas, la cuestión de si el atentado a la dignidad humana del demandante requería la aplicación de medidas por daños y perjuicios aun cuando el interesado hubiera ya obtenido satisfacción era una cuestión jurídica compleja que no había dado lugar a ninguna decisión de una jurisdicción de un grado anterior. Esta cuestión no podía resolverse en el marco de un procedimiento de demanda de solicitud de asistencia jurídica gratuita.

58. El procedimiento objeto de reenvío se encuentra en la actualidad pendiente ante el tribunal regional de Frankfurt del Meno.

II. DERECHO INTERNO, INTERNACIONAL PÚBLICO Y COMPARADO APLICABLE Y SU JURISPRUDENCIA

A. Las disposiciones de derecho interno

1. La Ley fundamental

59. El artículo 1.1 de la Ley fundamental, consagrado a la protección de la dignidad humana, está formulado de la siguiente manera:

”La dignidad del ser humano es intangible. Todos los poderes públicos tienen la obligación de respetarla y de protegerla.”

60. El artículo 104.1, frase segunda, de la Ley fundamental relativa a los derechos de los detenidos enuncia:

”Las personas que se encuentran arrestadas no deben ser maltratadas ni moralmente ni físicamente.”

2. El código de procedimiento penal

61. En los términos del artículo 136a de código de procedimiento penal, relativo a los métodos prohibidos de interrogatorio (verbotene Vernehmungsmethoden):

”1. No debe atentarse contra la libertad de decisión del inculpado y su libertad de manifestar su voluntad a través del maltrato, agotamiento, o cualquier otra forma de coacción física, a través de la administración de medicamentos, la tortura, el engaño o la hipnosis. La coacción no puede ser empleada salvo cuando lo admiten las normas de procesamiento penal. La amenaza de aplicar una medida prohibida por las normas de procesamiento penal y la promesa de obtener un favor no previsto por la ley están prohibidas.

2. Está prohibido utilizar cualquier medida que atente contra la memoria o las facultades de raciocinio y el libre albedrío del inculpado (Einsichtsfähigkeit).

3. Las prohibiciones a las que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 son aplicables incluso cuando el inculpado ha consentido [la medida a la que se hace referencia]. En caso de incumplir estas normas, las declaraciones no pueden ser aportadas [como pruebas], incluso a pesar del consentimiento del inculpado.”

3. El código penal

62. De acuerdo con el artículo 211 del código penal, el homicidio voluntario debe ser calificado como asesinato cuando existen ciertas circunstancias agravantes, tales como codicia, traición o intento de disimular otro delito. El asesinato es punible con la reclusión a perpetuidad.

63. Si el tribunal que pronuncia el veredicto estima que la culpabilidad del acusado reviste una particular gravedad, ello puede tener entre otras cosas una incidencia sobre la decisión ulterior de suspender o no la pena de cárcel que quede por cumplir, mediando una libertad bajo determinadas condiciones. El artículo 57ª del código penal precisa que el tribunal debe suspender el resto de una pena a perpetuidad cuando media una medida condicionada cuando el condenado haya purgado quince años de su pena, siempre que una decisión similar pueda justificase con relación a la seguridad pública y que la culpabilidad del condenado no revista tal gravedad que requiera continuar purgando su condena.

B. Disposiciones del derecho público internacional

64. El Convenio contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la asamblea general de Naciones Unidad el 10 de diciembre de 1984 (resolución 39/46, que entró en vigor el 26 de junio de 1987), reza:

Artículo 1

” 1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”

Artículo 15

”15. Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.”

Artículo 16

”1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”

C. La práctica de las salas y los tribunales de otros Estados y de otros órganos de control con relación a los derechos del hombre

1. La calificación jurídica de las amenazas de tortura

65. Muchas instituciones que controlan el respeto a la prohibición de la tortura y de otros tratos inhumanos o degradantes, han examinado el alcance de esta prohibición en el caso en el que una persona haya sido sometida bajo la amenaza de atentados a su integridad física.

66. En su sentencia de 27 de noviembre de 2003 (fondo, reparación y gastos) del asunto Maritza Urrutia contra Guatemala (Serie C núm. 103)

”85. En lo que se refiere al trato dado por los funcionarios estatales a Maritza

Urrutia mientras estuvo detenida de manera ilegal y arbitraria, la Corte ha considerado probado que la presunta víctima fue encapuchada, mantenida en un cuarto, esposada a una cama, con la luz encendida y la radio a todo volumen, lo que le impedía dormir. Además, fue sometida a interrogatorios sumamente prolongados, en cuyo desarrollo le mostraban fotografías de personas que presentaban signos de tortura o habían sido muertos en combate y la amenazaban con que así sería encontrada por su familia. Igualmente, los agentes del Estado la amenazaron con torturarla físicamente o con matarla o privar de la vida a miembros de su familia si no colaboraba. Con tal fin le mostraban fotografías suyas y de su familia y correspondencia de ella con su ex esposo (...). Por último, Maritza Urrutia fue obligada a filmar un video, que fue posteriormente transmitido por dos televisoras guatemaltecas, en el cual rindió una declaración en contra de su voluntad, y cuyo contenido se vio forzada a ratificar en una conferencia de prensa sostenida después de su liberación. (...)

92. Se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, y respecto a esta última, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada “tortura psicológica”. (...)

98. En consecuencia de lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y las obligaciones previstas en los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de Maritza Urrutia.”

67. El Relator especial de la Comisión de derechos del hombre de Naciones Unidas ha dicho esto en su informe de 3 de julio de 2001 a la Asamblea General sobre la cuestión de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (UN Docontra A/56/156): “El Relator Especial desea recordar a los gobiernos que, como se indica el Comité de Derechos Humanos en su observación general 20 (10 de abril de 1992) sobre el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la prohibición de la tortura se refiere no solamente a los actos que causan a la víctima dolor físico, sino también a los que causan sufrimiento moral, tales como la intimidación y otras formas de amenaza que infligen un padecimiento moral” (apd. 3). Señaló que “que el miedo a la tortura física podría constituir en sí mismo una tortura mental” (apd. 7). Además, en su opinión “ las amenazas graves y creíbles, incluso las amenazas de muerte, a la integridad física de la víctima o de un tercero pueden equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante, incluso a la tortura, sobre todo cuando la víctima sigue en manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” (apd.8).

68. El Comité de derechos del hombre de Naciones Unidas ha considerado, en las constataciones adoptadas el 29 de marzo de 1983 en el asunto Estrella contra Uruguay (Comunicación núm. 74/1980), que el autor de la comunicación, un concertista de piano, “había sido sometido a duras torturas físicas y psicológicas y que se le había en especial amenazado con cortarle las manos con la sierra eléctrica para intentar que confesara las actividades subversivas” (apd. 8.3). El comité de derechos del hombre era de la opinión de que el autor de la comunicación había sido sometido a tortura, lo cual hacía aparecer una violación del artículo 7 del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos (apd. 10).

2. La admisión de las pruebas obtenidas por medio de la tortura o de otros malos tratos prohibidos: la regla de exclusión

a) Los Estados Miembros del Convenio

69. Los documentos de que dispone el Tribunal demuestran que no existe un verdadero consenso entre los Estados miembros del Convenio en lo que se refiere al alcance de la norma de exclusión.

b) Otros órganos de control del respeto a los derechos del hombre

70. El Comité de derechos del hombre de Naciones Unidas ha declarado en su observación general núm. 7 sobre la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 7 del Pacto) de 30 de mayo de 1982:

”1. (...) se desprende del artículo 7 del Pacto, combinado con el artículo 2, que los Estados deben asegurar una protección efectiva gracias a un mecanismo de control. Las quejas por malos tratos deben ser objeto de una investigación efectiva, llevada a cabo por las autoridades competentes. Aquellos que sean declarados culpables deben ser tenidos por responsables y las presuntas víctimas deben también disponer de vías de recurso efectivas, incluidas las que les permitan obtener una reparación. Entre las garantías que pueden permitir un control efectivo, se encuentran (...) las disposiciones que permiten declarar inadmisibles en justicia las confesiones u otros testimonios obtenidos por medio de la tortura o de otros tratos contrarios al artículo 7 (...)”.

71. La observación general núm. 7 relativa a la prohibición de la tortura y de penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ha sido reemplazada por la observación general núm. 20 de 10 de marzo de 1992, en la que se dice:

”12. Es importante, para disuadir de la comisión de violaciones al artículo 7, que la ley prohíba utilizar o declare inadmisibles en un procedimiento judicial, las declaraciones y confesiones obtenidas por medio de la tortura o de cualquier otro trato prohibido.”

72. El Comité de Naciones Unidas contra la tortura, que vigila la aplicación del Convenio de Naciones Unidas contra la tortura, recomendó en sus observaciones finales, de 11 de mayo de 1998 sobre Alemania (docontra Núm. A/53/44) que “deben adoptarse nuevas medidas legislativas para asegurar el estricto respeto al artículo 15 de la Convención y para impedir por completo que elementos de prueba obtenidos directamente o indirectamente por medio de la tortura sean sometidos ante los jueces que juzgan cualquier procedimiento judicial” (apartado 193 de las observaciones finales).

c) Jurisprudencia de las salas y tribunales de otros Estados

73. La prohibición de utilizar en detrimento del acusado, las informaciones derivadas de hechos de los que se ha tenido conocimiento por medio de actos ilícitos de agentes del Estado (la doctrina del llamado fruto del árbol envenenado) se ancla solidamente en la tradición judicial de los Estados Unidos de América (véase, por ejemplo, Tribunal Supremo de los EEUU, núm. 82-1651, Nix v. Williams, decisión de 11 de junio de 1984, 467 U.S. 431 (1984), pp. 441 y sig.; Tribunal Supremo de los EEUU, núm. 82-5298, Segura v. United States, decisión de 5 de julio de 1984, 468 U.S. 796 (1984), pp. 796-797 y 815; y Tribunal Supremo de los EEUU, no 07-513, Herring v. United States, decisión de 14 de enero de 2009, 555 U.S. ... (2009), sección II.A., con otras referencias). La prohibición se aplica a las informaciones recogidas gracias a las confesiones obtenidas bajo coacción (sobre la cuestión de la coacción, véase Tribunal Supremo de los EEUU, núm. 50, Blackburn v. Alabama, decisión de 11 de enero de 1960, 361 U.S. 199, pp. 205-207, y Tribunal Supremo de EEUU, núm. 8, Townsend v. Sain, decisión de 18 de marzo de 1963, 372 U.S. 293 (1963), pp. 293 y 307-309), lo cual significa que si las confesiones permiten obtener pruebas suplementarias, éstas, además de las propias confesiones, son también inadmisibles en justicia (comparar la ya citada Nix, pp. 441, y Segura, p. 804). Las pruebas deben en cualquier caso ser excluidas cuando es el acto ilegal la causa inmediata que ha permitido descubrir dichas pruebas. En otros términos, las pruebas serán inadmisibles si puede demostrarse que “sin” el acto ilegal no hubieran sido descubiertas. La regla de la exclusión no se aplica cuando el vínculo entre el comportamiento ilegal de la policía y el descubrimiento de las pruebas, puede sostenerse en caso de desaparecer el vicio. Se da este caso, por ejemplo, cuando la policía se apoya en una fuente independiente para descubrir las pruebas (véase la mencionada Nix, pp. 441-444 y Segura, pp. 796-797, 804- y 815, con otras referencias) o cuando las pruebas hubieran terminado por o hubieran sido inevitablemente descubiertas incluso si no se hubiera producido ninguna violación de esta o aquella disposición constitucional (véase la ya mencionada Nix, pp. 441-444).

74. La norma de exclusión se aplica también en otros Estados, De este modo el Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica ha dicho en su reciente sentencia de 10 de abril de 2008 en el asunto Mthembu contra el Estado, asunto núm. 379/2007 [2008] ZASCA 51:

”Sumario: el testimonio de un cómplice extorsionado por la tortura (incluidas las pruebas materiales que ha permitido obtener) es inadmisible (...)

33. (...) el Hilux y la caja metálica han sido pruebas materiales determinantes para la tesis de la acusación en contra del apelante por los cargos de robo. Habitualmente, como he dicho, tales pruebas no serían excluidas ya que existen de forma independiente de toda violación de una disposición de la constitución. Sin embargo su descubrimiento se ha producido debido a que la policía torturó a Ramseroop. Nada permite decir que éstas hubieran sido halladas de todos modos. Si así hubiera sido, el resultado del presente asunto hubiera podido ser diferente.

34. Ramseroop ha realizado su declaración a la policía inmediatamente después de que la caja metálica hubiera sido descubierta en su domicilio, a raíz de la tortura que le fue infligida. Que haya declarado aparentemente por propia voluntad no resta nada al hecho de que la información que figura en esta declaración y que hace relación al Hilux, y a la caja metálica, hubieran sido obtenidas por medio de tortura. (...) [E]xiste por tanto un vínculo inextricable entre la tortura infligida y la naturaleza de las pruebas que se aportaron ante la justicia. La tortura ha viciado irremediablemente las pruebas.

36. Para admitir el testimonio de Ramseroop en lo que concierne al Hilux y a la caja metálica, haría falta que cerrásemos los ojos ante la manera en la que la policía ha obtenido de él esas informaciones. Lo que es más grave, es que ello llevaría al proceso legal a una “deshonra moral”. Ello “socavaría la integridad del proceso judicial (y) deshonraría la administración de justicia”. A largo plazo, la admisibilidad de pruebas obtenidas mediante tortura, sólo puede dañar al sistema de justicia penal. El interés público reclama en mi opinión, su exclusión, al margen de si estas pruebas tienen o no una incidencia en la equidad del proceso.

37. Por todas estas razones, considero inadmisible el testimonio de Ramseroop en lo que concierne al Hilux y a la caja metálica (...)”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL CONVENIO

75. El demandante dijo haber sido sometido a tortura, sin tener en cuenta el artículo 3 del Convenio, durante el interrogatorio al que fue sometido por parte de la policía el 1 de octubre de 2002. Afirma continuar siendo víctima de esta violación del artículo 3, que dice:

”Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.”

76. El Gobierno rebate dicha tesis, considerando que el demandante ya no puede seguir afirmando ser víctima de la violación del artículo 3.

A. Sobre la condición de víctima del demandante

77. En los pasajes aplicables al presente asunto, el artículo 34 del Convenio figura formulado de este modo:

”El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona (...) que se considere víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. (...)”

78. El Tribunal considera que en el presente asunto, no puede pronunciarse sobre si el demandante ha perdido su condición inicial de víctima de una violación del artículo 3 del Convenio en el sentido del artículo 34 del presente instrumento sin haber establecido con anterioridad cómo fue tratado en el marco de su interrogatorio y sin haber apreciado la gravedad de dicho trato a la luz del artículo 3. A partir de ahí podrá investigar si las autoridades han actuado a continuación correctamente o no.

1. ¿Es el trato denunciado contrario al artículo 3?

a) La sentencia de la Sala

79. La Sala ha considerado que, cumpliendo órdenes de D., director adjunto de la policía de Francfort del Meno, el inspector E. amenazó al demandante con infligirle violencia física que conllevaría enormes sufrimientos con la finalidad de obligarle a que revelase dónde se encontraba J. Concluyó que las alegaciones suplementarias del demandante, que decía haber sido objeto de otras amenazas o padecido lesiones a lo largo del interrogatorio, no habían sido probadas más allá de toda duda razonable. Por lo que respecta al conjunto de las circunstancias de la causa, la Sala calificó dicha amenaza de violencia de trato inhumano prohibido por el artículo 3.

b) Tesis de las partes

i. El demandante

80. El demandante sostiene que mientras el detective E. le interrogó el 1 de octubre de 2002, le infligió un trato prohibido por el artículo 3. El inspector E. le había amenazado con “sufrimientos insoportables como jamás hubiera conocido” en el caso en el que no revelara dónde se encontraba J. Le había dicho que dichos padecimientos le serían infligidos sin dejar marcas y que un policía especialmente entrenado en este tipo de técnicas se hallaba de camino hacia la comisaría en helicóptero. Para subrayar la amenaza, E. había imitado las hélices de un helicóptero en movimiento y había descrito sin miramientos el dolor de la tortura. De hecho, ya se habían adoptado medidas para ese momento ya que a continuación un médico de la policía había confirmado que se encontraba a disposición de los agentes para asistir a la tortura de forma que el demandante no perdiera el conocimiento y que el procedimiento no dejara ninguna marca.

81. El demandante fue también amenazado de abusos sexuales, ya que se planteaban encerrarlo en una celda con dos grandes “negros” que le sodomizarían. También fue herido a lo largo del interrogatorio. E. le pegó varias veces en el tórax, lo cual le provocó hematomas, le empujó una vez, de forma que la cabeza se le golpeó contra el muro. El demandante presentó para demostrar dichos daños dos informes médicos fechados el 4 y el 7 de octubre de 2002 emitidos por médicos de la policía (apartado 21 supra). Con posterioridad a dichos hechos, el interesado fue llevado a Birstein en contra de su voluntad y fue obligado a caminar sin zapatos a través del bosque hasta el lugar en el que había dejado el cuerpo y, por orden de la policía, debió indicar el lugar preciso en el que lo había dejado. Le forzaron también a revelar otras pruebas durante el trayecto de regreso desde Birstein. La policía le había amenazado aun cuando sabía ya que J. estaba muerto y le había forzado a contribuir a su propia incriminación, únicamente con el fin de permitir la apertura de un proceso penal en su contra.

82. Haciendo referencia en concreto a los artículos 1 y 15 del Convenio de Naciones Unidas contra la tortura (apartado 64 supra), el demandante sostiene que el trato que le infligieron para obligarle a confesar constituye tortura.

ii. El Gobierno

83. Tal como hiciera ante la Sala, el Gobierno reconoció, expresando su pesar, que el artículo 3 había sido vulnerado durante el interrogatorio del demandante el día 1 de octubre de 2002. Precisa sin embargo que el interesado fue amenazado con graves sufrimientos sólo en el caso en el que no revelara a la policía donde se encontraba J. El demandante no fue amenazado por el contrario de abusos sexuales. Por otra parte, las heridas no fueron provocadas durante el interrogatorio en litigio y el interesado no se vio obligado a caminar descalzo en Birstein. Las lesiones cutáneas fueron provocadas durante el arresto en el aeropuerto de Francfort. Según lo que el demandante había dicho hasta el momento, E. le había pegado una sola vez en el tórax y la cabeza habría golpeado contra el muro en una sola ocasión. Los tribunales domésticos no consideraron probadas las amenazas o las heridas suplementarias.

84. Además, los inspectores D. y E. recurrieron al método de interrogatorio en cuestión con la finalidad de salvar la vida de J., a quien creían en grave peligro. En ese momento, ignoraban que J. estuviera muerto.

iii. Terceras partes intervinientes en el proceso

∂) Los padres de J.

85. Los padres de J. se mostraron de acuerdo con el Gobierno en su argumentación. El demandante alegaba ahora por primera vez que las diversas heridas, entre ellas la que aparecía bajo la clavícula, le habían sido provocadas durante el interrogatorio del 1 de octubre de 2002. Sin embargo, el demandante habría admitido con anterioridad que dichas heridas se las habían producido durante su arresto, el 20 de septiembre de 2002. Lo había reconocido en un libro que publicó en 2005 (Allein mit Gott - der Weg zurück (Solo con Dios - El camino de regreso), pp. 57-61), dedicado, entre otros, a la investigación penal y al proceso del que fue objeto. En un capítulo titulado “el arresto”, el demandante reprodujo una copia del informe médico emitido el 4 de octubre de 2002 por un médico de la policía (apartado 21 supra) con el fin de demostrar las heridas que le fueron provocadas durante su arresto el día 30 de septiembre de 2002. Mostraba ahora sin embargo dicho informe para demostrar que las heridas le fueron provocadas en el curso de su interrogatorio. Dichas heridas no se hallaban por tanto vinculadas a su interrogatorio de 1 de octubre de 2002.

ß) El Redress Trust

86. Haciendo referencia en particular a las constataciones de las instituciones del Convenio en el Asunto griego (informe de la comisión de 5 de noviembre de 1969, Anuario 12 (1969), 170, pág. 461) y en el asunto Akkoç contra Turquía, núms. 22947/93 y 22948/93, app. 25 y 116-117, TEDH 2000-X), el Redress Trust precisa que para constituir tortura, no es preciso que un hecho concreto atente contra la integridad física. El sufrimiento moral sería en sí mismo y por sí mismo, una forma de tortura extendida. Además, el Tribunal ha recordado que una simple amenaza de conducta prohibida por el artículo 3, puede en sí misma comportar la violación de dicho artículo (el tercero personado en el proceso cita Campbell y Cosans contra Reino Unido, 25 de febrero de 1982, apd. 26, Serie A núm. 48). Otros órganos internacionales, entre ellos el Tribunal interamericano de derechos del hombre (apartado 66 supra) y el Comité de derechos del hombre de Naciones Unidas (apartado 68 supra) consideran también que la amenaza de un grave atentado contra la integridad física puede, según las circunstancias y el efecto que tenga sobre el individuo en cuestión, constituir un acto de tortura u otra forma de maltrato. Sea como fuere, no sería tampoco necesario distinguir entre tortura y cualquier otro maltrato bajo el artículo 3 del Convenio ya que, a diferencia de los artículos 1, 15, y 16 del Convenio de Naciones Unidas contra la tortura (apartado 64 supra), el artículo pertinente del Convenio, no adjudica a la tortura consecuencias jurídicas diferentes a las que adjudica a otras formas de maltrato prohibido. Haciendo referencia entre otras al asunto Labita contra Italia ([GS], núm. 26772/95, apd. 119, TEDH 2000-IV), la Redress Trust subraya que la prohibición de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes es absoluta y no permite ninguna excepción, justificación o limitación, sean cuales fueren las circunstancias del asunto y los actos de la víctima.

c) Opinión del Tribunal

i. Recapitulación de los principios aplicables

87. El Tribunal recuerda que el artículo 3 del Convenio consagra uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas. No prevé limitaciones, en contraste con la mayoría de las cláusulas normativas del Convenio, y según el artículo 15.2 no está sujeto a ninguna excepción, ni siquiera en caso de peligro público que amenace la vida de la nación (Selmouni contra Francia [GS], núm. 25803/94, apd. 95, TEDH 1999-V, y Labita, apd. 119). El Tribunal confirma que incluso en las circunstancias más difíciles, tales como la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el Convenio prohíbe en términos absolutos la tortura y las penas y tratos inhumanos o degradantes, sea cual fuere el comportamiento de la persona en cuestión (Chahal contra Reino Unido, 15 de noviembre de 1996, apd. 79, Repertorio de sentencias y decisiones 1996-V, y Labita, apd. 119). La naturaleza del delito que se le imputaba al demandante por tanto carece de pertinencia para el examen bajo el enfoque del artículo 3 (V. contra Reino Unido [GS], núm. 24888/94, apd. 69, TEDH 1999-IX; Ramirez Sanchez contra Francia [GS], núm. 59450/00, apd. 116, TEDH 2006-IX; y Saadi contra Italia [GS], núm. 37201/06, apd. 127, TEDH 2008-...).

88. Para caer dentro del ámbito del artículo 3, un maltrato debe alcanzar un mínimo de gravedad. La apreciación de dicho mínimo depende del conjunto de hechos de la causa, en especial de la duración del maltrato y de sus efectos físicos o mentales, así que, en ocasiones, del sexo, la edad y el estado de salud de la víctima, etcontra (Irlanda contra Reino Unido, 18 de enero de 1978, apd. 162, Serie A núm. 25, y Jalloh contra Alemania [GS], núm. 54810/00, apd. 67, TEDH 2006-IX). Entre otros los factores a considerar figuran el fin para el que se utiliza el trato infligido así como la intención o la motivación que lo inspiran (comparar, entre otras, Aksoy contra Turquía, 18 de diciembre de 1996, apd. 64, Repertorio 1996-VI; Egmez contra Chipre, núm. 30873/96, apd. 78, TEDH 2000-XII; y Krastanov contra Bulgaria, núm. 50222/99, apd. 53, 30 de septiembre de 2004), así como su contexto, tal como el ambiente de viva tensión y fuerte carga emocional (comparar, por ejemplo la ya mencionada, Selmouni, apd. 104, y Egmez, locontra Cit.).

89. El Tribunal ha dictaminado un trato “inhumano” por el hecho concreto de que hubiera sido aplicado con premeditación durante horas y que hubiera causado bien lesiones corporales, bien graves sufrimientos psíquicos y mentales (la ya mencionada Labita, apd. 120 y Ramírez Sánchez, apd. 118). Ha definido un trato degradante como aquel que es de una naturaleza tal, que provoca sentimientos de miedo, angustia e inferioridad orientados a humillar, degradar y quebrantar eventualmente la resistencia física o moral de la persona a quien se le aplican, o a obligarla a actuar en contra de su voluntad o su consciencia (ver, entre otros, Keenan contra Reino Unido, núm. 27229/95, apd. 110, TEDH 2001-III, y Jalloh, apd. 68).

90. Para determinar si una forma de maltrato debe ser calificada como tortura, es preciso tener en cuenta la distinción que comporta el artículo 3 entre esta noción y la del trato inhumano o degradante. Tal como el Tribunal ha subrayado con anterioridad, esta distinción parece haber sido consagrada por el Convenio para marcar una especial infamia en el trato inhumano deliberado, que provoca sufrimientos muy graves y crueles (Irlanda contra Reino Unido, apd. 167; Aksoy, apd. 63; y Selmouni, apd. 96). Además de elemento de gravedad, la tortura implica una voluntad deliberada, tal como lo reconoce el Convenio de Naciones Unidas contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes: en su artículo 1, define la tortura como todo acto por el cual un dolor o sufrimiento agudo se infligen intencionalmente a una persona con fines concretos de obtener de ella informaciones, de castigarla o intimidarla (la ya mencionada Akkoç, apd. 115).

91. El Tribunal recuerda también que un riesgo de acciones prohibidas por el artículo 3 puede incluso esconderse en este texto, si es lo bastante real e inmediato. De este modo, amenazar a alguien con torturarle puede, en determinadas circunstancias, constituir cuando menos un trato inhumano (comparar con Campbell y Cosans, apd. 26).

92. Para apreciar los elementos que le permiten decir si se ha producido la violación del artículo 3, el Tribunal se acoge al principio de la prueba “más allá de toda duda razonable”, pero añade que tal prueba puede resultar un manojo de indicios, o de presunciones no refutadas, lo bastante graves, precisas y concordantes, (las ya mencionadas Jalloh, apd. 67 y Ramírez Sánchez, apd. 117). El Tribunal dice también, en particular, que cuando un individuo se encuentra bajo custodia en buena salud, pero en el momento de su liberación se constata que ha sido herido, es responsabilidad del Estado proporcionar una explicación plausible del origen de dichas heridas, a falta de lo cual se plantea manifiestamente una cuestión relativa al artículo 3 del Convenio (comparar Tomasi contra Francia, 27 de agosto de 1992, apd. 110, Serie A núm. 241-A; Ribitsch contra Austria, 4 de diciembre de 1995, apd. 34, Serie A núm. 336; Aksoy, apd. 61; y Selmouni, apd. 87).

93. En caso de acusaciones en el ámbito del artículo 3 del Convenio, el Tribunal debe realizar un examen particularmente profundo (Matko contra Eslovenia, núm. 43393/98, apd. 100, 2 de noviembre de 2006, y Vladimir Romanov contra Rusia, núm. 41461/02, apd. 59, 24 de julio de 2008). Dado que ya ha habido un procedimiento interior, no entra en cualquier caso en las atribuciones del Tribunal sustituir con su propia visión las cosas que competen a las salas y tribunales domésticos, a quienes concierne en principio sopesar los datos recogidos por ellos (Klaas contra Alemania, 22 de septiembre de 1993, apd. 29, Serie A núm. 269, y Jasar contra « la Ex República Yugoslava de Macedonia», núm. 69908/01, apd. 49, 15 de febrero de 2007). Aunque las constataciones de los tribunales domésticos no sean vinculantes para el Tribunal, por lo general deben existir elementos convincentes que le permitan apartarse de las constataciones a las que éstos han llegado.

ii. Aplicación de dichos principios en el presente asunto

∂) Apreciación de los hechos por parte del Tribunal

94. En lo que concierne al trato al que fue sometido el demandante el 1 de octubre de 2002, no se presta a discusión entre las partes que durante el interrogatorio de dicha mañana, el inspector E., cumpliendo las instrucciones del director adjunto de la policía de Francfort del Meno, D., amenazó al demandante con sufrimientos insoportables si se negaba a revelar dónde se encontraba J. Una técnica que no dejaría ninguna marca sería empleada por parte de un policía especialmente entrenado para dicho fin, policía que estaba a punto de llegar a comisaría en helicóptero. Este procedimiento sería llevado a cabo bajo supervisón médica. De hecho, el tribunal regional de Francfort del Meno lo consideró probado tanto en el marco del proceso penal dirigido contra el demandante (apartado 26 supra), como en el dirigido contra los funcionarios de policía (apartado 47 supra). De la nota de D. incluida en el dossier de la policía (apartado 20 supra) y de la constatación del tribunal doméstico en el marco del proceso penal dirigido contra D. (apartado 47 supra) se desprende que éste tenía la intención, si hubiera sido necesario, de llevar a término la amenaza con la ayuda de un “suero de la verdad” y que el demandante fue advertido de que la materialización de la amenaza era inminente.

95. D. ordenó en varias ocasiones a los jefes de servicio subordinados a él, que recurrieran a la fuerza en contra del demandante en caso de necesidad, antes de pedir a E. que amenazase al demandante con torturarle (apartado 47 supra), por ello esta orden no puede ser considerada como un acto espontáneo ya que sin duda contenía un elemento intencional. También parece ser que el solicitante durante su detención, permaneció esposado en la sala de interrogatorios (apartado 57 supra), y se hallaba por lo tanto, en un estado de vulnerabilidad y limitaciones específicas. Teniendo en cuenta las conclusiones de los tribunales nacionales y las pruebas de que dispone, el Tribunal está convencido de que la policía utilizó el método de interrogatorio en litigio, porque pensaron que podrían salvar la vida de J.

96. El Tribunal señala además que el demandante alegó haber padecido también golpes y heridas y haber sido amenazado con abusos sexuales a lo largo de su interrogatorio. Al investigar si estas acusaciones, que el Gobierno rebate, han sido probadas más allá de toda duda razonable, el Tribunal considera, a la vista de los informes médicos presentados por el demandante, que la acusación de golpes y de heridas durante el interrogatorio parece cierta. Estos certificados indican que el interesado efectivamente tuvo el tórax inflamado los días anteriores a los exámenes médicos.

97. Por un lado, el Tribunal toma también nota de las explicaciones proporcionadas por el Gobierno con relación a las heridas del demandante, así como las alegaciones de los padres de J. sobre ese asunto. Haciendo referencia a lo comentado por el propio demandante en su libro publicado en 2005, los padres de J. sostienen que todas las heridas, incluidas las lesiones cutáneas, que el demandante padeció sin duda, le fueron causadas durante su detención, momento en el que fue inmovilizado con la cara contra el suelo (apartados 13 y 14 supra). Además, los tribunales internos no consideraron probada ninguna de las otras acusaciones del demandante. Parece ser que éste no formuló ante los tribunales domésticos, que examinaron y evaluaron los elementos de prueba, las afirmaciones según las cuales padeció lesiones corporales durante el interrogatorio, al menos no de la forma en la que lo ha hecho ante el Tribunal (véase, en particular, apartado 26 supra). Por lo demás, los certificados médicos no indican la causa probable de las heridas (apartado 21 supra)

98. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Tribunal no está en condiciones de concluir que las denuncias del demandante relativas a los golpes y heridas que le habían sido infligidas y la amenaza de abusos sexuales, de las que alega haber sido objeto durante el interrogatorio, hayan sido probadas más allá de toda duda razonable.

99. El Tribunal observa además que el demandante dice haber sido nuevamente sometido a un trato prohibido por el artículo 3, debido a que habría sido obligado a caminar a través del bosque sin zapatos hasta llegar a Birstein, y que habría sido obligado a indicar el lugar preciso en el que se encontraba el cuerpo y a revelar otras pruebas condenatorias. El Gobierno rebate también dichas alegaciones. El Tribunal señala que, según las constataciones de los tribunales domésticos, tras su interrogatorio el demandante había aceptado acompañar a los policías al lago en el que había ocultado el cuerpo de J. (apartado 17 supra). Nada permite afirmar que uno u otro de los policías presentes, hubiera amenazado verbalmente al demandante en el trayecto en dirección a Birstein para llevarle a indicar el lugar preciso en el que se encontraba el cuerpo. Queda sin embargo determinar bajo el artículo 6 si y en qué medida, el demandante ha revelado las pruebas condenatorias de Birstein a causa de las amenazas que le habían sido dirigidas en la comisaría. Dado que los informes médicos constatan la presencia de ampollas e inflamaciones en los pies del demandante (apartado 21 supra), el Tribunal considera que la alegación del interesado, que dice haber sido obligado a caminar sin zapatos, no carece totalmente de fundamento. Dicho esto, tras haber examinado los elementos de que dispone, los tribunales domésticos no consideraron probada dicha afirmación que, además, el demandante no parece haber formulado tampoco desde el inicio del proceso doméstico (véase, en particular, apartado 26 supra). Los médicos que procedieron a los exámenes no establecieron las causas de las heridas. Por tanto, el Tribunal considera que las alegaciones del demandante sobre este aspecto no han sido probadas más allá de toda duda razonable.

100. A la vista de lo que antecede, el Tribunal considera probado que el 1 de octubre de 2002 por la mañana, la policía amenazó al demandante con sufrimientos insoportables de la forma expuesta en los apartados 94-95 anteriores, con la finalidad de obligarle a revelar dónde se encontraba J.

ß) Calificación jurídica del trato

101. El Tribunal señala que el Gobierno reconoce que el trato al que E. sometió al demandante ha incumplido el artículo 3 del Convenio. En cualquier caso, teniendo en cuenta las graves acusaciones de tortura formuladas por el demandante y la tesis del Gobierno según la cual el interesado ha perdido su condición de víctima, el Tribunal considera que debe investigar por sí mismo si ese trato ha alcanzado el mínimo grado de gravedad requerido para caer bajo el ámbito del artículo 3 y, en caso de ser así, cómo conviene calificarlo. Teniendo en cuenta los factores pertinentes que se desprenden de su jurisprudencia (apartados 88-91 supra) examinará uno a uno la duración del trato infligido al demandante, los efectos psíquicos o mentales que han tenido sobre éste, la cuestión de si ha sido intencionado o no, el objetivo perseguido y el contexto en el que fueron infligidos.

102. En lo que concierne a la duración del comportamiento en litigio, el Tribunal señala que el interrogatorio bajo amenazas de malos tratos duró cerca de diez minutos.

103. Por lo que respecta a los efectos psíquicos y mentales de dicho trato, el Tribunal observa que el demandante, que al comienzo se había negado a revelar dónde se encontraba J., confesó a raíz de la amenaza, dónde había escondido el cuerpo y continuó proporcionando los detalles de la muerte de J. a lo largo de todo el proceso de investigación. El Tribunal considera por tanto que las amenazas reales e inmediatas de maltrato, deliberado e inminente, que fueron proferidas en contra del demandante a lo largo de su interrogatorio, debieron haberle producido un miedo, una angustia y sufrimientos mentales considerables. El interesado no ha presentado certificados médicos que atestigüen secuelas psicológicas en el largo plazo como consecuencia del maltrato.

104. Además, las amenazas no fueron un acto espontáneo, sino que fueron premeditadas y fueron concebidas de forma deliberada e intencional.

105. Por lo que se refiere al fin de las amenazas, el Tribunal considera que se infligió dicho trato al demandante con la finalidad de sacarle información sobre el lugar en el que se encontraba J.

106. El Tribunal señala además que las amenazas de maltrato deliberadas e inminentes, fueron proferidas mientras el demandante se encontraba bajo custodia de representantes de la ley y que aparentemente estaba esposado, por lo tanto vulnerable. D. y E. actuaron seguramente en el ejercicio de sus funciones como agentes del Estado y tenían la intención de, en caso necesario, llevar a cabo sus amenazas bajo supervisión médica, e incluso recurrieron a un policía especialmente entrenado. La orden dada por D. de amenazar al demandante no representó una decisión espontánea, ya que D. la dictó en diversas ocasiones con anterioridad y se mostró cada vez más impaciente, cuando sus subordinados no se avenían a cumplir sus instrucciones. Las amenazas fueron proferidas en una atmósfera de viva tensión y con una fuerte carga emocional, los policías se hallaban sometidos a una presión extrema ya que creían que la vida de J. se encontraba en enorme peligro.

107. Al respecto, el Tribunal admite la motivación que inspiró el comportamiento de los policías y la idea de que actuaron con el objetivo de salvar la vida de un niño. El Tribunal debe no obstante subrayar que, por lo que respecta al artículo 3 y su jurisprudencia constante (apartado 87 supra), la prohibición de maltrato es independiente de las actuaciones de la persona en cuestión o de la motivación de las autoridades. La tortura o un trato inhumano o degradante no pueden ser infligidos, ni siquiera cuando la vida de un individuo se halle en peligro. No existe ninguna excepción, ni siquiera en caso de amenaza pública hacia la vida de la nación. El artículo 3, formulado en términos inequívocos, reconoce que todo ser humano tiene un derecho absoluto e inalienable a no ser sometido a tortura o a un trato inhumano o degradante, sean cuales fueren las circunstancias, incluso las más difíciles. El principio filosófico que subyace al carácter absoluto del derecho consagrado en el artículo 3, no contempla ninguna excepción, ningún factor justificativo y ninguna puesta en equilibrio de intereses, sean cuales fueren los actos de la persona en cuestión y la naturaleza del delito que pudiera serle imputado.

108. Teniendo en cuenta los elementos pertinentes a tomar en consideración para calificar el trato infligido al demandante, el Tribunal considera que las amenazas reales e inmediatas proferidas en su contra para arrancarle informaciones alcanzaron el grado mínimo de gravedad que se requiere para que el comportamiento en litigio entre dentro del ámbito del artículo 3. Recuerda que según su propia jurisprudencia (apartado 91 supra), que hace referencia también a la definición que de la tortura se realiza en el artículo 1 del Convenio de Naciones Unidas contra la tortura (apartados 90 y 64 supra), y conforme a las posiciones adoptadas por otros órganos internacionales de control de los derechos del hombre (apartados 66-68 supra), y que menciona asimismo Redress Trust, una amenaza de tortura puede considerarse como tortura, ya que la tortura cubre por naturaleza los padecimientos tanto físicos como mentales. En particular, el temor a la tortura física puede constituir en sí mismo una tortura mental. Sin embargo parece considerarse, y el Tribunal también lo hace, que la cuestión a dirimir de si una amenaza concreta de tortura física representa una tortura psicológica o un trato inhumano o degradante, depende del conjunto de circunstancias del asunto que se examina, en especial de la fuerza de la presión que se ejerce y de la intensidad del sufrimiento mental que se provoca de este modo. A diferencia de los asuntos en los que el Tribunal ha concluido en su jurisprudencia que se ha producido tortura, el Tribunal considera que el método de interrogatorio al que ha sido sometido el demandante en las circunstancias del presente asunto ha sido lo bastante grave como para ser calificado de trato inhumano contrario al artículo 3, pero que no ha alcanzado el nivel de crueldad requerido para ser calificado dentro del ámbito de la tortura.

2. ¿Ha perdido el demandante su condición de víctima?

a) La sentencia de la Sala

109. La Sala consideró que el demandante ya no podía considerarse víctima de una violación del artículo 3. Constató que los tribunales internos habían reconocido de forma expresa, tanto en el marco del procedimiento penal dirigido en contra del demandante como en el llevado a cabo en contra de los funcionarios de policía D. y E. que el trato infligido por este último al demandante durante el interrogatorio contravenía el artículo 3. Además, esta violación había sido suficientemente indemnizada en el ámbito doméstico. Los dos funcionarios de policía implicados en las amenazas habían sido declarados culpables y castigados, y había tenido repercusión en sus carreras. En las circunstancias del asunto, debía considerarse que dichas condenas ofrecían una reparación suficiente, diferente al abono de una suma de dinero. Además, el uso de métodos de interrogatorio prohibidos había sido sancionado de forma que ninguna de las declaraciones que el demandante había realizado antes de su proceso, fueran admitidas como prueba en su contra.

b) Tesis de las partes

i. El demandante

110. El demandante sostiene que no ha perdido su condición de víctima de la violación del artículo 3. Los tribunales domésticos no habrían reconocido de manera inequívoca, la violación de su derecho garantizado por el Convenio. Se habrían limitado a mencionar el artículo 3 en las decisiones en las que denegaban al interesado sus demandas y quejas.

111. El demandante tampoco habría obtenido una indemnización adecuada por la transgresión de la prohibición de tortura. No habría obtenido beneficio personal alguno de las condenas de D. y E. que, además, habrían sido condenados a multas simbólicas con suspensión de ejecución, y cuya conducta no conllevó consecuencias disciplinarias. D. incluso fue promocionado tras su condena. La demanda por responsabilidad administrativa en el marco de la cual el demandante habría solicitado una indemnización por los daños causados por su trato contrario al artículo 3, se encontraba todavía pendiente ante las jurisdicciones civiles y, a día de hoy, el interesado no habría recibido ninguna indemnización. Lo que es más, tan sólo la mera exclusión del proceso de todos los elementos de prueba que habían sido obtenidos como consecuencia directa de la violación del artículo 3, hubiera permitido restablecer el statu quo anterior. Estos elementos de prueba, cuya admisibilidad había sido definida desde el comienzo del proceso, habría asegurado la condena del interesado y, como consecuencia, el pronunciamiento de la máxima pena aplicable. La exclusión únicamente de las declaraciones que había realizado con anterioridad al proceso, las realizadas bajo la coacción, no habría representado una satisfacción suficiente ya que la acusación no hubiera tenido necesidad de dichas declaraciones, una vez admitidas las pruebas materiales.

ii. El Gobierno

112. El Gobierno invita a la Gran Sala a confirmar la constatación de la Sala según la cual el demandante ha perdido su condición de víctima de una violación del artículo 3. Tres jurisdicciones alemanas -el tribunal regional y el Tribunal constitucional federal, en el proceso penal dirigido contra el demandante, y el tribunal regional en el procedimiento penal dirigido contra los policías- habrían reconocido explícitamente la violación del artículo 3. Habrían subrayado que la dignidad humana es intocable y que la tortura está prohibida, incluso cuando la vida de una persona se encuentra en juego.

113. El demandante habría obtenido una satisfacción suficiente. Los dos policías implicados habrían sido condenados en el curso de un procedimiento penal. Era muy grave para un policía ser juzgado y condenado por coacción. Además, esos dos funcionarios de policía fueron trasladados. Ciertamente el demandante no habría percibido aún una compensación económica, pero él mismo no interpuso la demanda por responsabilidad administrativa ante los tribunales domésticos hasta después de haber acudido al Tribunal, de forma que el hecho de que dicho procedimiento estuviera todavía pendiente, no podía ser tomado en consideración en lo que hace referencia a la pérdida de su condición de víctima. Además, el tribunal regional de Francfort del Meno había descartado no sólo las confesiones de 1 de octubre de 2002, sino también las confesiones ulteriores del demandante ante la policía, el procurador y un juez antes de su proceso. Además, tras haber sido informado de que sus confesiones anteriores no podían servir de prueba, el interesado no había puesto resistencia a declarar nuevamente una confesión completa el segundo día de su proceso, antes de que fuera presentado cualquier otro elemento de prueba.

iii. Los terceros intervinientes (Redress Trust)

114. De acuerdo con Redress Trust, la jurisprudencia internacional reconoce que entre las formas de indemnización suficientes y adecuadas en caso de torturas y de otros malos tratos prohibidos, figuran en concreto las siguientes formas de indemnización que pueden darse de forma acumulativa en un mismo asunto. En primer lugar, se requiere una investigación que pueda llevar a la identificación y al castigo de los responsables (Redress cita, en concreto, Assenov y otros contra Bulgaria, 28 de octubre de 1998, apd. 102, Repertorio 1998-VIII). En segundo lugar, los Estados estarían obligados a disponer de un sistema de justicia penal eficaz capaz de sancionar realmente a los autores de la tortura y otros malos tratos prohibidos y disuadir de la comisión de nuevos delitos. La sanción impuesta por una violación del artículo 3 debería reflejar la gravedad de la infracción y el Estado debería comprometerse seriamente, y no como si se tratase de una simple formalidad, en la obligación de sancionar a los agentes responsables (a título de comparación, Redress Trust cita Nikolova y Velitchkova contra Bulgaria, núm. 7888/03, apd. 63, 20 de diciembre de 2007). En tercer lugar, una reparación adecuada y suficiente en caso de tortura y de otras formas de malos tratos, comprendería vías de recurso civiles efectivas, en particular una reparación por daños materiales y morales. El propio Tribunal ha dicho de manera reiterada, que una sentencia no constituye por sí misma una satisfacción equitativa suficiente en caso de violaciones graves, tales como las del artículo 3 y concedería una indemnización por daño moral (Redress Trust cita, por ejemplo, Selçuk y Asker contra Turquía, 24 de abril de 1998, apds. 117-118, Repertorio 1998-II). En cuarto lugar, sería preciso restablecer los derechos de forma que se remediara el impacto continuado de la tortura, por ejemplo, excluir las confesiones no espontáneas. En quinto lugar, el Estado sería responsable de poner en vigor medidas que prevengan la reiteración de la conducta prohibida.

c) Opinión del Tribunal

(i)  Recapitulación de los principios aplicables

115. El Tribunal recuerda que compete en primer lugar a las autoridades nacionales satisfacer una violación alegada al Convenio. Al respecto, la cuestión de si un demandante puede afirmar ser víctima de la violación alegada, puede plantearse en todas las fases del procedimiento en el ámbito del Convenio (ver, entre otros, Siliadin contra Francia apd. 61, TEDH 2005-VII, y Scordino contra Italia (no 1) [GS], no 36813/97, apd. 179, TEDH 2006-V). Una decisión o una medida favorable al demandante no bastan en principio para privarle de su condición de “víctima”, en lo que compete al artículo 34 del Convenio, salvo si las autoridades nacionales reconocen, explícitamente o en esencia, y luego reparan la violación del Convenio (véase entre otros, Eckle contra Alemania, 15 de julio de 1982, apd. 66, Serie A núm. 51; Dalban contra Rumania [GS], núm. 28114/95, apd. 44, TEDH 1999-VI; Siliadin, apd. 62; y Scordino (no 1), apd. 180).

116. En lo que respecta a la reparación adecuada y suficiente para remediar, en el ámbito doméstico, la violación del derecho garantizado por el Convenio, el Tribunal considera generalmente que depende del conjunto de circunstancias de la causa, teniendo en cuenta en particular la naturaleza de la vulneración del Convenio que se halle en litigio (comparar, por ejemplo la ya mencionada Scordino (núm. 1), apd. 186). En caso de mal trato deliberado infligido por agentes del estado en contravención del artículo 3, el Tribunal considera de forma constante, que dos medidas se imponen para que la reparación sea suficiente. En primer lugar, las autoridades del Estado deben llevar a cabo una investigación profunda y eficaz, que permita conducir a la identificación y castigo de los responsables (véase, entre otras la ya mencionada Krastanov, apd. 48; Çamdereli contra Turquía, núm. 28433/02, apds. 28-29, 17 de julio de 2008; y Vladimir Romanov, apds. 79 y 81). En segundo lugar, el demandante debe, llegado el caso, percibir una compensación (la ya mencionada Vladimir Romanov, apd. 79, y mutatis mutandis, Aksoy, apd. 98, y Abdülsamet Yaman contra Turquía, núm. 32446/96, apd. 53, 2 de noviembre de 2004 (estas dos sentencias en el contexto del artículo 13)) o, al menos, disponer de la posibilidad de solicitar y de obtener una indemnización por el perjuicio que le ha provocado el mal trato (comparar, mutatis mutandis, la ya mencionada Nikolova y Velitchkova, apd. 56 (relativa a una violación del artículo 2); Çamdereli, apd. 29; y Yeter contra Turquía, núm. 33750/03, apd. 58, 13 de enero de 2009).

117. Por lo que respecta a la exigencia de una investigación profunda y efectiva, el Tribunal recuerda que, cuando un individuo sostiene de forma defendible haber padecido, a manos de la policía o de otros servicios comparables del Estado, abusos ilícitos graves y contrarios al artículo 3, esta disposición, combinada con el deber general impuesto al Estado por el artículo 1 del Convenio de “(...) reconoce[r] a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el (...)presente Convenio”, requiere, por implicación, que exista una investigación oficial efectiva. Dicha investigación, a semejanza de la que resulta del artículo 2, debe poder llevar a la identificación y al castigo de los responsables (véase, en concreto la ya mencionada Assenov y otros, apd. 102; Labita, apd. 131; Çamdereli, apds 36-37; y Vladimir Romanov, apd. 81). Para que una investigación sea efectiva en la práctica, la condición previa es que el Estado haya promulgado disposiciones de derecho penal que repriman las prácticas contrarias al artículo 3 (comparar, mutatis mutandis, M.C. contra Bulgaria, núm. 39272/98, apds. 150, 153 y 166, TEDH 2003-XII; Nikolova y Velitchkova, apd. 57; y Çamdereli, apd. 38).

118. En cuanto a la obligación de conceder una reparación en el ámbito doméstico para remediar una violación del artículo 3, el Tribunal afirma invariablemente que, además de llevar a cabo una investigación profunda y efectiva, el Estado debe conceder al demandante una indemnización, llegado el caso, o al menos la posibilidad de solicitar y de obtener una reparación por el perjuicio que el mal trato le haya provocado (véanse las referencias detalladas que figuran en el párrafo 116 supra). El Tribunal ha tenido ya la ocasión de indicar a propósito de otros artículos del Convenio, que la condición de víctima de un demandante puede depender del monto de la indemnización que se le haya concedido en el ámbito doméstico por la situación por la que reclama ante el Tribunal (véase por ejemplo, Normann contra Dinamarca (dec.), núm. 44704/98, 14 de junio de 2001, y Scordino (núm. 1), apd. 202, relativa a una queja bajo el artículo 6, o Jensen y Rasmussen contra Dinamarca (dec.), núm. 52620/99, 20 de marzo de 2003 por una queja al amparo del artículo 11). Esta constante se aplica, mutatis mutandis, a las reclamaciones por violación del artículo 3.

119. En caso de mal trato deliberado, la concesión de una indemnización a la víctima no basta para reparar la violación del artículo 3. En efecto, si las autoridades pueden en algunos casos limitarse a reaccionar en caso de malos tratos deliberados infligidos por agentes del Estado, concediendo una simple indemnización, sin abocarse a perseguir y castigar a los responsables, los agentes del Estado podrían en determinados casos vulnerar los derechos de las personas sometidas a su control prácticamente con toda impunidad, y la prohibición legal absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes, se vería desprovista de todo efecto real, a pesar de su importancia fundamental (véase, entre muchas otras, la ya mencionada Krastanov apd. 60; Çsamdereli, apd. 29 y Vladimir Romanov, apd. 78).

ii. Aplicación de estos principios en el presente asunto

120. El Tribunal debe por tanto investigar a continuación si las autoridades nacionales han reconocido, explícitamente o en esencia, la violación del Convenio. Observa al respecto que, en el marco del procedimiento penal dirigido en contra del demandante, el tribunal regional de Francfort del Meno declaró expresamente, en su decisión de 9 de abril de 2009, que la amenaza de infligir padecimientos al demandante con la finalidad de arrancarle una declaración no sólo había representado un método de interrogatorio prohibido por el artículo 136a del código de procedimiento penal, sino también una vulneración del artículo 3 del Convenio, que respalda esta disposición del código (apartado 26 supra). Del mismo modo, el Tribunal constitucional federal, haciendo referencia a la constatación de la violación del artículo 3 a la que el tribunal regional había llegado, concluyó que se había atentado contra la dignidad humana del demandante y se había transgredido la prohibición de infligir malos tratos a los detenidos, en detrimento respectivamente, del artículo 1 y del artículo 104.1, frase segunda, de la ley fundamental (apartado 42 supra). Además, en su sentencia de 20 de diciembre de 2004, por la que condenaba a los funcionarios de policía, el tribunal regional de Francfort del Meno consideró que dichos métodos de interrogatorio no podían justificarse por medio de la “necesidad”, ya que ésta no podía ser esgrimida como medio de defensa en caso de violación de la protección absoluta que el artículo 1 de la Ley fundamental concede a la dignidad humana, que se encuentra también en el corazón del artículo 3 del Convenio (apartado 48 supra). Por tanto, la Gran Sala, suscribiendo las constataciones de la Sala al respecto, considera que los tribunales internos que fueron llamados a pronunciarse sobre esta cuestión reconocieron explícitamente y sin margen de duda que la forma en la que se llevó a cabo el interrogatorio del demandante había contravenido el artículo 3 del Convenio.

121. Para constatar si las autoridades nacionales han concedido además al demandante una reparación adecuada y suficiente por la violación del artículo 3 del Convenio, el Tribunal debe determinar en primer lugar si han llevado a cabo en contra de los responsables una investigación profunda y efectiva acorde a las exigencias que plantea en su jurisprudencia. Para hacerlo, ha tomado en cuenta en asuntos precedentes diversos criterios. En primer lugar, importantes factores para que la investigación sea efectiva, y que permiten verificar si las autoridades tienen la voluntad de identificar y de perseguir a los responsables, son la celeridad con la que se abre la investigación (comparar, entre otras, las ya mencionadas Selmouni, apds. 78-79; Nikolova y Velitchkova, apd. 59; y Vladimir Romanov, apds. 85 y sig.) y la celeridad con la que se ha llevado a cabo (comparar Mikheïev contra Rusia, núm. 77617/01, apd. 109, 26 de enero de 2006, y Dedovski y otros contra Rusia, núm. 7178/03, apd. 89, 15 de mayo de 2008). Además, la cuestión de la investigación y de las diligencias penales que ésta desencadena, incluidas la sanción pronunciada así como las medidas disciplinarias adoptadas, se hacen pasar por determinantes. Son esenciales si se desea preservar el efecto disuasorio del sistema judicial en vigor y el papel que se le adjudica en el ejercicio de la prevención de las contravenciones a la prohibición de malos tratos (comparar Ali y Ayşe Duran contra Turquía, núm. 42942/02, apd. 62, 8 de abril de 2008; Çamdereli, apd. 38; y Nikolova y Velitchkova, apds. 60 y sig.).

122. El Tribunal subraya en este asunto que las diligencias penales en contra de los policías D. y E. fueron iniciadas entre tres y cuatro meses después de que acaeciera el interrogatorio del demandante, intervenido el día 1 de octubre de 2002 (apartado 23 supra) y que dichos funcionarios fueron condenados a través de una sentencia firme, aproximadamente dos años y tres meses después de dicha fecha. Incluso si el tribunal regional de Francfort del Meno ha atenuado la pena teniendo en cuenta, entre muchos otros factores, la larga duración del procedimiento (apartado 50 supra), el Tribunal puede admitir que la investigación y las diligencias penales no han sido lo bastante expeditas y diligentes como para cumplir con las normas del Convenio.

123. El Tribunal señala además que los policías fueron declarados culpables respectivamente de coacción y de incitación a la coacción, en aplicación de las disposiciones del derecho penal alemán, por la forma en la que llevaron a cabo el interrogatorio del demandante fue contario al artículo 3. Observa sin embargo que fueron condenados sólo a multas simbólicas y sujetas a suspensión. Recuerda a este respecto que no le corresponde pronunciarse sobre el grado de culpabilidad de la persona en causa (Öneryıldız contra Turquía [GS], núm. 48939/99, apd. 116, TEDH 2004-XII, y Natchova y otros contra Bulgaria [GS], nos 43577/98 y 43579/98, apd. 147, TEDH 2005-VII), o determinar la pena a imponer, estas materias pertenecen al ámbito exclusivo de competencia de los tribunales penales domésticos. Si bien, en virtud del artículo 19 del Convenio y de conformidad con el principio encaminado a que el Convenio garantice derechos no sólo teóricos o ilusorios, sino concretos y efectivos, el Tribunal debe asegurarse de que el Estado lleva a cabo como se debe, la obligación que se le impone de proteger los derechos de las personas que están bajo su jurisdicción (Nikolova y Velitchkova, apd. 61 con otras referencias). Por tanto, si bien el Tribunal reconoce el papel de las salas y tribunales nacionales en la elección de las sanciones a imponer a los agentes del Estado en caso de mal tratos infligidos por ellos, debe conservar su función de control, e intervenir en el caso en el que existe una desproporción manifiesta entre la gravedad del acto y la sanción impuesta. Sino, el deber que recae sobre los Estados de llevar acabo una investigación efectiva perdería mucho de su sentido (la ya mencionada Nikolova y Velitchkova, apd. 62; comparar también Ali y Ayşe Duran, apd. 66).

124. El Tribunal no pierde de vista que, cuando ha fijado las penas de D. y E., el tribunal regional de Frankfort del Meno ha tomado en consideración muchas circunstancias atenuantes (apartado 50 supra). Admite que la presente investigación no es comparable con otros asuntos relativos a actos de brutalidad graves y arbitrarios cometidos por agentes del Estado que luego han intentado disimularlos, y en los que ha considerado que las penas de cárcel firmes hubieran sido más apropiadas (comparar, por ejemplo con las ya mencionadas Nikolova y Velitchkova, apd. 63, y Ali y Ayşe Duran, apds. 67-72). No obstante, una condena a multas cuasi simbólicas respectivamente, de 60 y 90 pagos diarios de 60 y 120 euros, sujeto a suspensión, no podría, sea como fuere, ser tenido por una reacción adecuada ante una violación del artículo 3, aun cuando se sitúe en el marco de la práctica del Estado demandado en materia de condenas. Una sanción parecida, manifiestamente desproporcionada a una violación de uno de los derechos esenciales del Convenio, no tiene el efecto disuasorio necesario para prevenir otras transgresiones de la prohibición de malos tratos en situaciones difíciles que pudieran plantearse en el futuro.

125. En lo que respecta a las sanciones disciplinarias que fueron impuestas, el Tribunal señala que, a lo largo de la investigación y del proceso del que fueron objeto, D. y E. fueron ambos trasladados a puestos que implicaban que ya no estarían nunca directamente vinculados a interrogatorios sobre delitos penales (apartado 50 supra). D. fue nombrado posteriormente para la dirección de tecnología, la logística y la administración de la policía, y fue designado director (apartado 52 supra). El Tribunal recuerda al respecto haber dicho de forma reiterada que cuando los agentes del Estado son acusados de delitos que implican malos tratos, es importante que sean suspendidos de sus funciones durante la instrucción o el proceso, y que sean destituidos en caso de condena (véase, por ejemplo las ya mencionadas Abdülsamet Yaman, apd. 55; Nikolova y Velitchkova, apd. 63; y Ali y Ayşe Duran, apd. 64). Incluso aun cuando el Tribunal reconoce que los hechos del presente asunto no son comparables con los se hallaban en litigio en los asuntos citados con anterioridad, no considera tampoco que la designación posterior de D. como cabeza de un órgano de policía lleve seriamente a preguntarse si la reacción de las autoridades ha reflejado adecuadamente la gravedad que representa una violación del artículo 3 - de la que D. había sido declarado culpable.

126. En cuanto a la condición suplementaria de una indemnización para que la violación del artículo 3 sea reparada en el ámbito nacional, el Tribunal señala que el demandante se ha valido de la posibilidad de solicitar una indemnización por el perjuicio que le provocó la violación del artículo 3. En cualquier caso, la petición de asistencia jurídica presentada por el demandante para poder interponer una demanda de estas características por responsabilidad administrativa, ha sido reenviada a la jurisdicción inferior, se encuentra aparentemente en instancia después de tres años y, en consecuencia, todavía no ha tenido lugar ninguna audiencia y no se ha dictado ninguna sentencia sobre el fondo de la reclamación. El Tribunal observa que en la práctica, ha concedido indemnizaciones a título del artículo 41 del Convenio por perjuicio moral en razón de la gravedad que lleva aparejada una violación del artículo 3 (véase, entre muchas otras, Selçuk y Asker, apds. 117-118).

127. Sea como fuere, el Tribunal considera que no puede haber reparación adecuada y suficiente por una violación del Convenio salvo que la demanda de indemnización por sí misma siga siendo una vía de recurso efectiva, adecuada y accesible. En particular, la lentitud excesiva de una demanda indemnizatoria privaría al recurso de su carácter efectivo (comparar, mutatis mutandis, Scordino (núm. 1), apd. 195, en lo que respecta a la indemnización por el incumplimiento del respeto al “plazo razonable” que impone el artículo 6). El hecho de que los tribunales internos no se hayan pronunciado sobre el fondo de la demanda de indemnización presentada por el demandante después de tres años, plantea serias dudas respecto al carácter efectivo de una acción de responsabilidad administrativa en las circunstancias del presente asunto. Las autoridades no parecen decididas a pronunciarse sobre el remedio que conviene conceder al interesado y por tanto, no han reaccionado de forma adecuada y eficaz ante la violación del artículo 3 en litigio.

128. El Tribunal observa además que, en opinión del demandante, la mera exclusión en su proceso de todos los elementos de prueba obtenidos como consecuencia directa de la violación del artículo 3 cometida por las autoridades, habría podido remediarla. En su actual jurisprudencia, el Tribunal considera en general necesario y suficiente que un Estado demandado se adecue a las exigencias de investigación e indemnización para proporcionar, en el ámbito interno, una satisfacción apropiada en caso de malos tratos atentatorios contra el artículo 3 infligidos por sus agentes (apartados 116-119 supra). Considera en cualquier caso también que la cuestión de saber qué medidas de satisfacción son las adecuadas y suficientes para remediar la violación de un derecho garantizado por el Convenio depende del conjunto de circunstancias de la causa (párrafo 116 supra). No excluiría por tanto tampoco que cuando el empleo de un método de interrogatorio prohibido por el artículo 3 ha tenido consecuencias desfavorables para un demandante en el procedimiento penal dirigido en su contra, la reparación adecuada suficiente implica, además de las exigencias mencionadas con anterioridad, medidas de restitución que se ajusten a la incidencia que dicho método de interrogatorio prohibido continúa teniendo en el proceso, entre las que figura, en particular, el rechazo de los elementos de prueba que la violación del artículo 3 ha permitido recabar.

129. En este asunto, el Tribunal no tiene en cualquier caso que pronunciarse sobre esta cuestión, y no tiene por tanto que examinar a estas alturas, si se puede considerar que el método de interrogatorio prohibido utilizado en el curso de la investigación, ha continuado teniendo una incidencia sobre le proceso del demandante y ha tenido consecuencias desfavorables para el interesado. Teniendo en cuenta las constataciones que preceden, considera que, de todos modos, las distintas medidas adoptadas por las autoridades internas no han satisfecho plenamente la consideración de indemnización, tal como se establece en su jurisprudencia. El Estado demandado por tanto, no ha reparado suficientemente el trato contrario al artículo 3 que el demandante ha padecido.

130. De ello se desprende que el demandante puede continuar afirmando ser víctima de una violación del artículo 3 tal como lo define el artículo 34 del Convenio.

B. Sobre la observación del artículo 3

131. El Tribunal se remite a la constatación a la que ha llegado con anterioridad (en los apartados 94-108 supra) a saber que, mientras le interrogaba el 1 de octubre de 2002, la policía amenazó al demandante con torturas con la finalidad de obligarle a revelar dónde se encontraba J. y que dicho método de interrogatorio fue constitutivo de un trato inhumano prohibido por el artículo 3.

132. Por tanto, se ha producido la violación del artículo 3 del Convenio.

II. SOBRE LA VIOLACION DEL ARTÍCULO 6 DEL CONVENIO

133. El demandante alega además una violación de su derecho a un proceso equitativo debido a que, en concreto, los elementos de prueba obtenidos como consecuencia de sus confesiones, que le fueron arrancadas vulnerando el artículo 3, fueron admitidos y utilizados. En su parte relevante, el artículo 6 dice lo siguiente:

”1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa[mente], (...) por un Tribunal (...) que decidirá (...) sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. (...)

(...)

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección.”

A. Objeto de litigio ante la Gran Sala

134. El Tribunal señala que ante la Gran Sala el demandante reiteró igualmente su alegación basada en el artículo 6, según la cual se le denegó deliberadamente tener contacto con su abogado durante el día 1 de octubre de 2002, hasta que no se hubieron obtenido todos los elementos de prueba. Según la jurisprudencia del Tribunal, “el asunto” reenviado a la Gran Sala lo constituye la demanda tal como fue declarada admisible por la Sala (véase, entre otros, K. y T. contra Finlandia [GS], núm. 25702/94, apd. 141, TEDH 2001-VII; Göç contra Turquía [GS], núm. 36590/97, apd. 36, TEDH 2002-V; y Cumpănă y Mazăre contra Rumania [GS], núm. 33348/96, apd. 66, TEDH 2004-XI). Tras haber constatado la Sala, en su decisión de 10 de abril de 2007 sobre la admisibilidad, que el demandante no había agotado las vías de recurso interno tal como requiere el artículo 35.1 del Convenio en la parte relativa a su alegación referente a la consulta al abogado, la Gran Sala no tiene competencia para conocer sobre dicha reclamación.

B. Sobre la excepción preliminar del Gobierno

135. El Gobierno objeta que el demandante no ha agotado las vías de recurso interno, tal como lo establece el artículo 35.1 del Convenio, por el resto de la reclamación amparada en el artículo 6. El interesado no habría planteado como se debe ante los tribunales internos sus reclamaciones, relativas al hecho de que no había obtenido el archivo de actuaciones y que no se habían excluido del procedimiento los elementos de prueba recogidos gracias a los métodos de interrogatorio prohibidos.

1. La sentencia de la Sala

136. La Sala no ha considerado necesario pronunciarse sobre la excepción preliminar del Gobierno, que ha unido al fondo de la reclamación amparada en el artículo 6, ya que ha considerado que no se ha producido la violación del artículo 6 (apartado 86 de la sentencia de la sala).

2. Tesis de las partes

a) El Gobierno

137. El Gobierno objeta ante la Gran Sala que el demandante no ha agotado las vías de recurso internas, por las mismas razones que había invocado en el procedimiento ante la Sala. En primer lugar, por lo que respecta a la alegación de falta de equidad en el proceso penal, formulada por el demandante, que estima que el proceso debería haber sido suspendido teniendo en cuenta las amenazas que habían sido proferidas, el Tribunal constitucional federal habría declarado el recurso constitucional inadmisible, por carecer de fundamento. Habría correspondido al demandante explicar en qué modo exigía el derecho constitucional no sólo la exclusión de las declaraciones realizadas durante el interrogatorio ante la policía, sino también el archivo de las actuaciones.

138. En segundo lugar, el demandante no habría agotado las vías de recurso internas en lo que respecta a su reclamación planteada sobre la negativa a excluir determinados elementos de prueba del proceso. Tal como lo había confirmado el Tribunal constitucional federal, el interesado no había sustanciado en detalle en el marco del procedimiento ante el tribunal federal de justicia, tal como lo exigían las reglas de procedimiento aplicables, que rebatía también la utilización de las pruebas condenatorias descubiertas en Birstein, una reclamación, en opinión del Gobierno, totalmente diferente de la demanda de abandono de las diligencias. En particular, el demandante no había corregido la exposición del fiscal federal de 9 de marzo de 2004, en la que se evaluaba el objeto del recurso y en la que consideraba que el interesado no había alegado la violación del artículo 136 a) 3 del código de procedimiento penal.

b) El demandante

139. El demandante rebate esta tesis y considera haber agotado las vías de recurso internas. Al personarse ante el Tribunal federal de justicia, habría introducido la demanda más amplia posible, con la finalidad de ver archivada la acción penal debido a la forma en la que fueron obtenidos los elementos de prueba. Su recurso de larga extensión, habría englobado la demanda más concreta relativa a la inadmisión de las pruebas materiales, que fueron obtenidas a raíz de las confesiones que le habían sido arrancadas. Al presentar su recurso, habría adjuntado las copias íntegras de sus demandas preliminares de 9 de abril de 2003. El Tribunal federal de justicia habría desestimado su recurso sin motivar su decisión.

140. Además, en su recurso postrior ante el Tribunal constitucional federal, el demandante habría sustanciado plenamente su demanda, incluyendo una explicación detallada y haciendo referencia a sentencias del Alto tribunal, en lo relativo al hecho de que el no haber archivado las actuaciones y no haber descartado los elementos de prueba en litigio, había comportado en su opinión, la violación de sus derechos amparados por los artículos 1 y 104 de la Ley fundamental.

3. Apreciación del Tribunal

141. La Gran Sala tiene competencia para examinar la excepción preliminar, dado que el Gobierno la ha presentado en forma ante la Sala en sus alegacioneso sobre la admisibilidad de la demanda (apartado 84 de la sentencia de la Sala), de conformidad con los artículos 55 y 54 del reglamento del Tribunal (N.C. contra Italia [GS], núm. 24952/94, apd. 44, TEDH 2002-X; Azinas contra Chipre [GS], núm. 56679/00, app. 32 y 37, TEDH 2004-III; y Sejdovic contra Italia [GS], núm. 56581/00, apd. 41, TEDH 2006-II).

142. El Tribunal recuerda que la finalidad del artículo 35 es la de facilitar a los Estados contratantes la ocasión de prevenir o de reparar las violaciones alegadas en su contra antes de que dichas alegaciones le sean presentadas (véase, ente otras, Civet contra Francia [GS], núm. 29340/95, apd. 41, TEDH 1999-VI). El artículo 35.1 del Convenio debe ser aplicado con una cierta flexibilidad y sin excesivo formalismo, pero no exige solamente que las demandas estén correctamente dirigidas ante los tribunales internos competentes, sino también que haya hecho uso de recursos efectivos que permitan rebatir las decisiones ya pronunciadas. La reclamación que se pretende someter ante el Tribunal debe haber sido presentada con anterioridad, al menos en esencia, en las formas y plazos prescritos por el derecho interno, ante esas mismas jurisdicciones nacionales apropiadas (véase, entre otras, Cardot contra Francia, 19 de marzo de 1991, apd. 34, Serie A núm. 200, y Elçi y otros contra Turquía, nos 23145/93 y 25091/94, app. 604 y 605, 13 de noviembre de 2003).

143. En consecuencia, las vías de recurso internas no han sido agotadas cuando un recurso no ha sido admitido, por un error procesal imputable al demandante. Por el contrario, la falta de agotamiento de las vías de recurso interno no pueden ser esgrimidas en contra de este cuando, si bien él no ha respetado las formas prescritas por la ley, la autoridad competente ha examinado la esencia del recurso (comparar, entre otros, Iglesia Metropolitana de Bessarabia y otros contra Moldavia (dec.), núm. 45701/99, 7 de junio de 2001; Skałka contra Polonia (dec.), núm. 43425/98, 3 de octubre de 2002; Jalloh contra Alemania (dec.), núm. 54810/00, 26 de octubre de 2004; y Vladimir Romanov, apd. 52).

144. El Tribunal observa que el demandante se queja ante él de una falta de equidad en su proceso penal, de la utilización de elementos de prueba obtenidos directamente a través de confesiones que le fueron arrancadas por la fuerza y que fueron corroboradas en el proceso. El interesado había señalado específicamente esta cuestión ante el tribunal regional, en especial en su demanda preliminar de 9 de abril de 2003, por la cual solicitaba a dicho tribunal que declarase que estaba totalmente prohibido utilizar en el proceso penal los distintos elementos de prueba que las autoridades de la investigación habían llegado a conocer gracias a las declaraciones obtenidas de forma ilegal (apartado 25 supra). En su recurso ante el Tribunal federal de justicia, el demandante hizo referencia a esta demanda, de la que presenta una copia íntegra (apartado 37 supra). Por su parte, el Tribunal federal de justicia ha rechazado este recurso por defecto de fondo, sin motivar su decisión. El Tribunal considera en estas condiciones que, conforme a las exigencias enunciadas en su jurisprudencia, el demandante ha planteado la esencia de su queja al amparo del artículo 6 en el marco del procedimiento ante el Tribunal federal de justicia. No puede particularmente especular hasta el punto de averiguar si dicha jurisdicción ha hecho suya una interpretación eventualmente diferente de la del fiscal general, en cuanto al objeto de recurso del demandante. Habiendo éste presentado nuevamente la alegación ante el Tribunal constitucional, de que el empleo de métodos de interrogatorio contrarios a la Constitución hubiera debido conllevar la exclusión del proceso de los elementos de prueba en litigio (apartado 40 supra), el Tribunal considera que ha planteado en esencia su reclamación basada en el artículo 6 de uno al otro extremo del procedimiento ante las salas y tribunales internos.

145. El Tribunal señala asimismo que el demandante ha sostenido además ante el tribunal regional, el Tribunal federal de justicia y el Tribunal constitucional federal que el proceso penal dirigido en su contra debería haber sido suspendido porque se habían empleado métodos de interrogatorio contrarios a la Constitución (apartado 24, 37 y 40 supra). Al igual que la demanda mencionada con anterioridad (en el apartado 144), esta solicitud concernía a las consecuencias jurídicas que se pueden adjudicar en un proceso penal a la utilización de elementos de prueba obtenidos a lo largo de un proceso de investigación anterior al procedimiento, por medio de métodos de interrogatorio prohibidos. El Tribunal constitucional federal ha declarado sobre este punto el recurso presentado ante él inadmisible, por carencia de fundamento. El Tribunal señala por tanto que en su decisión, el Tribunal constitucional federal, confirmó que la amenaza proferida por la policía de infligir sufrimientos al demandante durante el procedimiento de investigación había atentado, en el caso del interesado, en contra de la dignidad humana y transgredido la prohibición de infligir malos tratos, consagrados ambos en la ley fundamental. La alta jurisdicción ha considerado también, que los tribunales penales habían remediado suficientemente el vicio procesal que había constituido el empleo de métodos de interrogatorio contrarios a la Constitución, a través de la exclusión del proceso de las declaraciones que habían sido realizadas bajo amenaza y no consideró necesario requerir además el abandono del proceso penal (párrafos 42-44 supra). El Tribunal considera que por el sesgo de las alegaciones así formuladas, el Tribunal constitucional examinó, si bien en parte, la esencia del recurso constitucional a través del cual el demandante solicitaba el archivo de las actuaciones de las que él era objeto. Por ello, la falta de agotamiento de vías de recurso interno no puede ser ya esgrimida en su contra.

146. El Tribunal considera que el demandante ha proporcionado a las jurisdicciones internas la ocasión de remediar la violación alegada y concluye en desestimar la falta de agotamiento de las vías de recurso internas presentada por el Gobierno.

C. Sobre la observación del artículo 6 del Convenio

1. La sentencia de la Sala

147. La Sala ha concluido que no se ha violado el artículo 6.1 y 6.3. Ha observado que el tribunal regional había excluido la utilización en el proceso de todas las declaraciones realizadas antes de éste por el demandante ante las autoridades de investigación, teniendo en cuenta el efecto continuado del empleo, durante la investigación, de métodos de interrogatorio prohibidos. El tribunal doméstico se sirvió en cualquier caso, de elementos de prueba recogidos indirectamente gracias a las declaraciones arrancadas al demandante. La sala ha concluido la existencia de una fuerte presunción de que la utilización de pruebas que pueden ser tenidas como el fruto de confesiones arrancadas por medios contrarios al artículo 3, privaba, en la misma medida que las propias confesiones así obtenidas, al conjunto del proceso de su carácter equitativo. En cualquier caso, en las circunstancias particulares del asunto eran, en opinión de la sala, esencialmente las nuevas confesiones que el demandante había realizado durante su proceso, las que habían servido de base al veredicto. El resto de los elementos, incluidas las pruebas materiales en litigio, no habían revestido más que un carácter accesorio y no habían servido más que para verificar la autenticidad de las confesiones.

148. La Sala no tuvo la convicción de que el interesado no hubiera dispuesto de otro medio de defensa que el de confesar en el proceso, una vez admitidos los elementos de prueba en litigio. En la instancia ante los tribunales domésticos, en la que estuvo asistido por un abogado, el demandante confirmó haber confesado por propia voluntad debido a los remordimientos. El hecho de que sus confesiones hubieran cambiado a lo largo del proceso, podía considerarse como una variación en su línea de defensa. El interesado también señaló la posibilidad de rebatir las pruebas materiales en litigio durante su procedimiento, y la Sala reconoció que el tribunal regional había sopesado todos los intereses en juego cuando decidió admitir esas pruebas.

149. Teniendo en cuenta estos elementos, la Sala concluye que la utilización de los elementos de prueba en litigio, no privó al conjunto del proceso del demandante de su carácter equitativo.

2. Tesis de las partes

a) El demandante

150. En opinión del demandante la utilización de las pruebas materiales obtenidas sin tener en cuenta el artículo 3, ha privado a su proceso penal de la equidad que exige el artículo 6. Una vez dichas pruebas admitidas, el interesado se había encontrado totalmente desprovisto de su derecho a defenderse. Se le había retirado también la protección que representa el principio que prohíbe la autoinculpación. Los elementos condenatorios encontrados en Birstein y en el trayecto de regreso, fueron obtenidos bajo la orden de la policía que le había obligado directamente a indicar el lugar exacto. El interesado había sido forzado a caminar descalzo a través del bosque hasta el lugar en el que había escondido el cuerpo de J. El hecho de que sus indicaciones sobre dicho lugar y el descubrimiento del cuerpo así localizado hubieran sido registradas en cinta de video demostraba que lo que se buscaba en Birstein, no era salvar al niño, sino encontrar elementos de prueba que permitieran obtener la condena del demandante.

151. Los elementos condenatorios en litigio habían desempeñado un papel determinante, y no simplemente accesorio, en el veredicto de culpabilidad. Incluso cuando hubieran sido posibles otras acusaciones, los elementos que incriminaban al demandante, obtenidos gracias a las confesiones que le habían sido arrancadas habían sido indispensable para la acusación y la condena por asesinato. Ninguna otra vía legal hipotética, habría podido llevar a la policía hasta dichas pruebas en ese momento concreto. La respuesta a la cuestión de si la policía las hubiera descubierto siquiera, queda para la pura especulación.

152. El tribunal había rechazado al inicio del procedimiento, la demanda del recurrente en la que solicitaba la exclusión de los elementos de prueba obtenidos de forma contraria al artículo 3, de forma que de hecho, desde ese momento se había determinado el resultado del proceso. Toda estrategia de defensa posible, consistente por ejemplo, en invocar el derecho a guardar silencio, o a alegar que J. había sido asesinado accidentalmente, o incluso el derecho de realizar confesiones completas en fases muy tempranas del proceso, con la esperanza de ver atenuada la pena, habían devenido vanas. El demandante había confesado parcialmente el segundo día de proceso y no habría admitido haber matado a J. intencionalmente hasta el final de los debates, después de que todos los medios de prueba en litigio cuya exclusión él había solicitado, hubieran sido planteados en su contra. De hecho, incluso la acusación y los fiscales subsidiarios que se habrían opuesto a toda posibilidad de atenuar la pena, habrían señalado que el demandante no había confesado más que aquello que ya había sido probado.

153. Además, independientemente del hecho de si el método de interrogatorio debe ser calificado como tortura o como trato inhumano, el Convenio (el demandante se refiere en concreto a la sentencia del Tribunal en el asunto Jalloh, mencionada con anterioridad) y las disposiciones del derecho público internacional (art. 14 del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, artículos 15 y 16 del Convenio de Naciones Unidas contra la tortura), establecen la obligación de excluir todos los elementos de prueba obtenidos gracias a una transgresión de la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos. En contra de lo que han considerado los tribunales internos y la sala, no se podría, y no se debería, sopesar la protección del derecho absoluto garantizado por el artículo 3 con otros intereses, como la satisfacción de asegurar una condena. En el ámbito de los principios, sería esencial excluir los elementos de prueba en cuestión, para erradicar todas las incitaciones a recurrir a la tortura o a los malos tratos y de este modo, para prevenir una conducta similar en la práctica.

b) El Gobierno

154. El Gobierno invita a la Gran Sala a confirmar la constatación de la sala según la cual no se ha producido la violación del artículo 6.1 y 6.3 del Convenio. En lo que respecta a la forma en la que fueron recogidas, rebate que el demandante fuera obligado a caminar sin zapatos o que fuera objeto de nuevas amenazas, ya fuera en Birstein o en el trayecto de regreso.

155. Ciertamente, el tribunal regional había decidido al comienzo del proceso que los elementos de convicción en litigio descubiertos en Birstein, serían incluidos como pruebas en el proceso. Sin embargo, el demandante había confirmado ante las salas y tribunales internos, que había realizado sus confesiones de buen grado en el proceso por remordimientos, y porque quería asumir la responsabilidad de su crimen, aun cuando hubiera podido también guardar silencio o mentir al tribunal. Había, tal vez, cambiado de línea de defensa con la esperanza de beneficiarse de una pena más clemente, pero esta decisión no había estado vinculada a la utilización de los elementos de prueba en litigio. No sería exacto afirmar que el demandante no hubiera tenido otra elección que la de confesar en el proceso ya que, tal como lo había confirmado, sería posible que no le hubieran juzgado culpable de asesinato si no hubiera confesado una vez más. Después de que el tribunal le hubiera dado una información cualificada, el interesado confesó, el segundo día del proceso, y de sus confesiones se desprendía con claridad que había matado a J. intencionalmente. La diferencia entre las primeras confesiones dictadas en el proceso y estos hechos acaecidos más tarde, sería relativamente menor en que en las primeras el interesado no había admitido que había abrigado desde el comienzo el propósito de matar a J. Esta confesión suplementaria no constituía un elemento necesario para probar el asesinato.

156. La condena del demandante había descansado sobre las confesiones que éste había realizado por propia voluntad durante su procesamiento. Los elementos de convicción obtenidos en Birstein, tales como el cuerpo de J. y el informe de la autopsia realizada, así como las marcas de neumáticos dejados por el vehículo del demandante junto al estanque, no habían cobrado más que un carácter accesorio y habían servido únicamente para verificar la exactitud de las confesiones del demandante en el proceso. El tribunal regional lo había dicho claramente en la motivación de la sentencia por la cual había condenado al demandante.

157. El artículo 6 del Convenio no enuncia ninguna regla sobre la admisión de las pruebas como tales, materia que compete en primera instancia al derecho nacional. El Convenio impondría a un Estado la obligación de aprobar el derecho penal en contra de un asesino. El interés público que representa la condena del asesino de un niño que él mismo ha secuestrado, tiene un gran peso. Además hay que analizar de cerca la jurisprudencia del Tribunal supremo de Estados Unidos, que estaría extremadamente lejos en la prohibición del uso del “fruto del árbol envenenado”. De este modo, en el asunto de principio Nix contra Williams (11 junio 1984 (467 U.S. 431) apartado 73 supra), por ejemplo, dicha jurisdicción había admitido que un cadáver descubierto a raíz de una investigación llevada a cabo de forma irregular, era admisible como prueba en el caso de que se hubiera descubierto de todos modos. En el presente asunto, dice el Gobierno, el cuerpo de J., escondido en un entorno en el que el demandante había estado con anterioridad, habría sido descubierto antes o después.

c) Los terceros intervinientes

i. Los padres de J.

158. De acuerdo con los padres de J., el proceso del demandante ha cumplido las exigencias del artículo 6. En el proceso, el demandante no había indicado jamás haberse sentido obligado a confesar, sino que había repetido sus declaraciones libremente y por respeto por la familia de su víctima. Ya había confesado el segundo día del proceso, que había asfixiado a J., incluso si en dicho momento había negado haber tenido dicho propósito antes de raptarlo. A continuación, había admitido haber planificado desde el comienzo matar al niño.

159. Además, el demandante había confirmado en su declaración final que, las declaraciones que había realizado antes del proceso excluidas del mismo, que había gozado de la oportunidad de guardar silencio o de realizar su confesión, y que podía afirmarse por tanto que las cartas estaban echadas. Había pretendido haber realizado de buen grado sus confesiones completas, incluso aunque conocía el riesgo de que ello no tuviera ningún efecto (atenuante) sobre la sentencia del tribunal. En un libro publicado a continuación (titulado Solo con Dios - El camino del regreso), el demandante no indicaba en ningún momento que hubiera confesado durante su proceso a causa del interrogatorio de la policía. En ese libro, había confirmado, con relación a los motivos que le incitaron a realizar nuevamente sus confesiones durante el proceso, que había deseado experimentar los remordimientos y había por tanto descrito sus actos en detalle, aun a riesgo -que devendría real- de que sus confesiones no tuvieran incidencia alguna sobre su pena (pgs. 225-226). Su comportamiento durante el proceso no había por tanto, constituido una reacción ante la decisión del tribunal de admitir los elementos de prueba en litigio.

ii. La Redress Trust

160. La Redress Trust subraya que la norma de exclusión que proscribe la admisión de las pruebas obtenidas por medio de la tortura o el mal trato se explica por i) la falta de fiabilidad de las pruebas obtenidas bajo tortura; ii) el atentado contra los valores civilizados que causa y representa la tortura; iii) el objetivo de orden público que consiste en erradicar en todas partes del mundo toda incitación a recurrir a la tortura; iv) la necesidad de asegurar la protección de los derechos fundamentales (por medio de vías legales y en un proceso equitativo), de la parte en contra de cuyos intereses se producen los elementos de prueba; y v) la necesidad de preservar la integridad del proceso judicial.

161. Muchas declaraciones, reglas, resoluciones y convenciones internacionales prohíben admitir como pruebas en un proceso judicial, las declaraciones obtenidas por medio de la tortura o de tratos inhumanos. Según Redress Trust, es defendible decir que la regla de exclusión concierne no sólo a las confesiones, sino también a los elementos de prueba subsiguientes que ha permitido obtener una declaración realizada bajo la tortura, incluso a pesar de que el artículo 15 del Convenio de las Naciones Unidas contra la tortura (párrafo 64 supra), en particular, está formulado en términos bastante estrictos. De este modo, en sus observaciones generales núm. 7 de 30 mayo de 1982, párrafo 70 supra), el Comité de derechos del hombre de Naciones Unidas había estimado que para instaurar el control efectivo de la prohibición de la tortura, sería esencial descartar en justicia tanto las confesiones, como el resto de elementos de prueba vinculados al medio de la tortura o de tratos inhumanos o degradantes. En este mismo sentido, la Corte Suprema de apelación de Sudáfrica había dicho, en su sentencia de 10 de abril de 2008 en el asunto Mthembu contra el Estado (apartado 74 supra), que todo uso de pruebas recogidas por medio de la tortura, incluidas las pruebas materiales que ésta permitía obtener, privaría al proceso de un carácter equitativo. Esto se aplicaba en la misma medida a otras formas del maltrato. Las constataciones del Tribunal en las sentencias Jalloh (apds. 99 y 104-107) y Haroutyounian contra Armenia, núm. 36549/03, apd. 63, TEDH 2007-VIII) irían en el mismo sentido.

3. Apreciación del Tribunal

a) Recapitulatorio de principios aplicables

162. El Tribunal recuerda que en virtud del artículo 19 del Convenio, es tarea del Tribunal asegurar el respeto de los compromisos que para las Altas Partes Contratantes se desprenden del Convenio. En particular, no le compete conocer de los errores de hecho o de derecho pretendidamente cometidos por una jurisdicción interna, salvo si y en la medida que, pueden haber llevado a vulnerar los derechos y libertades salvaguardados por le Convenio. Si el Convenio garantiza en su artículo 6 el derecho a un proceso equitativo, no regula tanto la admisibilidad de las pruebas como tales, material que compete en primera instancia al derecho doméstico (Schenk contra Suiza, 12 de julio de 1988, apds. 45-46, Serie A núm. 140; Teixeira de Castro contra Portugal, 9 de junio de 1998, apd. 34, Repertorio 1998-IV; y Heglas contra República Checa, núm. 5935/02, apd. 84, 1 de marzo de 2007).

163. El Tribunal por tanto no tiene como misión pronunciarse en principio sobre la admisión de determinados medios de prueba -por ejemplo las pruebas obtenidas de forma ilegal con relación al derecho interno. Debe examinar si el proceso, incluida la forma de obtención de las pruebas, fue equitativo en su conjunto, lo que implica el examen de la ilegalidad en cuestión y, en el caso en el que se encuentre en causa la violación de otro derecho protegido por el Convenio, la naturaleza de dicha violación (ver, entre otras, Khan contra Reino Unido, núm. 35394/97, apd. 34, TEDH 2000 V; P.G. y J.H. contra Reino Unido, núm. 44787/98, apd. 76, TEDH 2001-IX; y Allan contra Reino Unido, núm. 48539/99, apd. 42, TEDH 2002 IX).

164. Para determinar si el proceso ha sido equitativo en su conjunto, es preciso también investigar si los derechos de la defensa han sido respetado. Procede preguntarse en particular, si el demandante ha gozado de la posibilidad de rebatir la veracidad de las pruebas y de oponerse a su utilización. Es preciso también tener en cuenta la calidad de las pruebas y en especial verificar, si las circunstancias en las que han sido obtenidas, arrojan alguna duda sobre su credibilidad o exactitud. Si bien no se plantea necesariamente un problema de equidad cuando la prueba obtenida no se ve corroborada por otros medios, es preciso señalar que cuando es muy sólida y no da lugar a ninguna duda, disminuye la necesidad de otros elementos de apoyo (ver, entre otros, las ya mencionadas Khan, app. 35 y 37; Allan, apd. 43, y Jalloh, apd. 96). A este respecto, el Tribunal concede importancia a saber si el medio de prueba en cuestión, ha ejercido una influencia decisiva en el resultado de la acción penal (comparar, en particular con la ya mencionada, Khan apps. 35 y 37).

165. Por lo que respecta a la naturaleza de la violación del Convenio constatada, el Tribunal recuerda que para determinar si la utilización como prueba de informaciones obtenidas sin tener en cuenta el artículo 8 ha privado al proceso en su conjunto del carácter equitativo que impone el artículo 6, es preciso tener en cuenta todas las circunstancias de la causa y preguntarse en particular si los derechos de la defensa han sido respetados, y qué importancia y calidad revisten los elementos en cuestión (comparar, entre otras, con las mencionadas Khan, apds. 35-40, P.G. y J.H. contra Reino Unido, apds. 77-79, y Bykov contra Rusia [GS], núm. 4378/02, apds. 94-98, TEDH 2009 ..., en las que el Tribunal no ha constatado ninguna violación del artículo 6). En cualquier caso, se admiten consideraciones particulares a la utilización en un procedimiento penal de elementos de prueba obtenidos a través de una medida juzgada contraria al artículo 3. La utilización de tales medios, obtenidos gracias a la violación de uno de los derechos absolutos que constituyen el núcleo duro del Convenio, suscita siempre graves dudas en cuanto a la equidad del proceso, incluso cuando el hecho de haberlos admitido como pruebas no ha sido decisivo para la condena del sospechoso (İçöz contra Turquía (dec.), núm. 54919/00, 9 de enero de 2003; Jalloh, app. 99 y 104; Göçmen contra Turquía, núm. 72000/01, apds. 73-74, 17 de octubre de 2006, y Haroutyounian, apd. 63).

166. En consecuencia, el Tribunal ha concluido a propósito de las confesiones como tales, que la admisión como prueba de los hechos pertinentes en el proceso penal, de declaraciones obtenidas por medio de actos de tortura (comparar Örs y otros contra Turquía, núm. 46213/99, apd. 60, 20 de junio de 2006; Haroutyounian, apds. 63, 64 y 66; y Levinţa contra Moldova, núm. 17332/03, apds. 101 y 104-105, 16 de diciembre de 2008) o de otros malos tratos contrarios al artículo 3 (comparar Söylemez contra Turquía, núm. 46661/99, apds. 107 y 122-124, 21 de septiembre de 2006, y Göçmen, apds. 73-74), había entrañado la inequidad del conjunto del proceso. Ha añadido que ello era así independientemente del valor probatorio de las declaraciones y de que la admisión de dichos elementos hubiera sido o no, determinante en el veredicto de culpabilidad dictado contra el demandante (Ibidem).

167. Por lo que respecta a la utilización en el proceso de pruebas materiales que malos tratos contrarios al artículo 3 habían permitido directamente obtener, el Tribunal ha considerado que los elementos materiales en contra, obtenidos por medio de actos de violencia, sin importar que dichos actos puedan ser calificados como tortura, no deberían jamás, sea cual fuere su valor probatorio, ser invocados para probar la culpabilidad de la persona víctima de dicho trato. Cualquier otra conclusión no haría sino legitimar indirectamente el tipo de conducta moralmente reprobable que los autores del artículo 3 del Convenio buscaban prohibir o, en otros términos, no haría sino “conferir una apariencia de legalidad a la brutalidad” (la ya mencionada Jalloh, apd. 105). En su sentencia Jalloh, el Tribunal no ha zanjado la cuestión de si la aportación de pruebas materiales obtenidas por medio de un acto calificado como trato inhumano o degradante, pero que no equivale a tortura, conlleva la inequidad del proceso en todas las ocasiones, independientemente, en particular, de la importancia vinculada a dichas pruebas, de su valor probatorio y las posibilidades de las que habría dispuesto la víctima para rebatir su aportación al dossier y su utilización en el proceso (ibídem, apds. 106-107). El Tribunal ha concluido la violación del artículo 6 en las circunstancias particulares de dicha causa (ibídem, apds. 107-108).

168. En cuanto a la utilización de pruebas obtenidas sin tener en cuenta el derecho a guardar silencio y el derecho a no contribuir a la propia incriminación, el Tribunal recuerda que son normas internacionales generalmente reconocidas, que se encuentran en el corazón de la noción de un proceso equitativo tal como lo garantiza el artículo 6. Estas normas se inspiran en especial en la preocupación de conceder al un acusado una protección frente a una coacción abusiva por parte de las autoridades, con la finalidad de evitar errores judiciales y cumplir los objetivos del art. 6. El derecho de no contribuir a la propia incriminación presupone en particular que la acusación busca basar su argumentación sin recurrir a elementos de prueba obtenidos a través de la coacción o la presiones, en contra de la voluntad del acusado (véase, entre otras, Saunders contra Reino Unido, 17 de diciembre de 1996, apd. 68, Repertorio 1996 VI; Heaney y McGuinness contra Irlanda, núm. 34720/97, apd. 40, TEDH 2000-XII; y Jalloh, apd. 100).

b) Aplicación de estos principios en el presente asunto

169. Dado que las exigencias el párrafo 3 del artículo 6 relativo a los derechos de la defensa y el principio que prohíbe la autoincriminación representan aspectos concretos del derecho a un proceso equitativo garantizado por el artículo 6.1, el Tribunal examinará las quejas bajo el ámbito de estos dos textos combinados (comparar, entre otras sentencias, Windisch contra Austria, 27 de septiembre de 1990, apd. 23, Serie A núm. 186; Lüdi contra Suiza, 15 de junio de 1992, apd. 43, Serie A núm. 238; Funke contra Francia, 25 de febrero de 1993, apd. 44, Serie A núm. 256 A; y Saunders, apd. 68).

170. Para determinar, a la luz de los principios que anteceden, si la demanda penal dirigida contra el demandante, que, desde el inicio se opuso a la utilización de los elementos de prueba obtenidos en contra de los derechos que le garantiza el Convenio, puede ser tenida por haberse desarrollado de forma equitativa en su conjunto, el Tribunal debe considerar en primer lugar, la naturaleza de la violación del Convenio en cuestión y el grado en el que ésta ha permitido obtener los elementos de prueba en litigio. Hace referencia a su constatación supra según la cual las confesiones que el demandante realizó el 2 de octubre de 2002 por la mañana mientras que E. le interrogaba le fueron arrancadas contraviniendo el artículo 3 (apartado 108 supra). Ha concluido también que nada indica que la policía hubiera amenazado al demandante una segunda vez, en Birstein o durante el trayecto para ir hasta allí o para regresar, con el fin de obligarle a revelar pruebas materiales.

171. El Tribunal señala que el tribunal regional ha considerado que las declaraciones del demandante posteriores a las amenazas, en particular las declaraciones realizadas en Birstein y las realizadas durante le trayecto de regreso a la comisaría, habían sido formuladas bajo el efecto continuo de las amenazas que le habían sido proferidas durante el interrogatorio y por tanto eran inadmisibles (apartado 29 supra), mientras que ha considerado que las pruebas materiales descubiertas gracias a estas declaraciones eran admisibles En el proceso ante los tribunales internos, las pruebas materiales en litigio fueron consideradas pruebas a las que las autoridades de la investigación habían accedido a raíz de las declaraciones arrancadas al demandante (efecto indirecto (”Fernwirkung”) -apartado 31 supra). Para los fines de su apreciación bajo el enfoque del artículo 6, el Tribunal considera determinante el vínculo de causalidad existente entre el interrogatorio del demandante llevado a cabo en contra del artículo 3 y las pruebas materiales recogidas por las autoridades gracias a las indicaciones del demandante, entre ellos el cuerpo de J. y el informe de la autopsia a que dio lugar, las marcas de neumáticos dejados por el coche del demandante cerca del estanque así como la mochila y la ropa de J., la máquina de escribir que pertenecía al demandante.

172. Por otro lado, las pruebas recogidas por medios contrarios al artículo 3 no plantean una cuestión bajo el enfoque del artículo 6 salvo cuando su utilización no haya sido descartada del proceso penal de un demandante. El Tribunal señala que el tribunal regional ha excluido del proceso, todas las confesiones que el demandante realizó bajo la amenaza o los efectos continuados de la misma en el marco del proceso de investigación (apartados 28-30 supra). Por el contrario, ha rechazado la demanda que el demandante había presentado a la apertura del proceso, y ha denegado descartar los elementos de prueba que las autoridades de la investigación habían recogido como consecuencia de las declaraciones realizadas por el interesado bajo el efecto continuado del trato atentatorio contra el artículo 3 (apartado 31 supra).

173. El Tribunal debe por tanto examinar las consecuencias que sobre la equidad de un proceso tiene la utilización de pruebas materiales obtenidas como consecuencia de un trato calificado como inhumano contrario al artículo 3, pero que se sitúa muy por debajo de la tortura. Tal como lo ha indicado con anterioridad (apartados 166-167), el Tribunal no se ha pronunciado todavía en su jurisprudencia sobre si la utilización de pruebas similares privará siempre un proceso de su carácter equitativo, sean cuales fueren el resto de circunstancias de la causa. Considera sin embargo que el empleo en la acción penal de las declaraciones obtenidas gracias a una violación del artículo 3 -sea dicha violación calificada de tortura o de trato inhumano o degradante- tanto como la utilización de pruebas materiales recogidas como consecuencia directa de hechos de tortura, privan automáticamente de equidad al proceso en su conjunto y vulnera el artículo 6 (apartados 166-167 supra).

174. El Tribunal señala que no se percibe con claridad ningún consenso entre los Estados contratantes del Convenio, las jurisdicciones de otros estados y otros órganos de control del respeto a los derechos del hombre en lo que respecta al campo de aplicación preciso de la regla de exclusión (véase las referencias indicadas en los apartados 69-74 supra). En particular, factores tales como si los medios de prueba en litigio habrían de todos modos sido descubiertos con posterioridad e independientemente del método prohibido de interrogatorio, pueden tener una incidencia sobre la admisión de las pruebas.

175. Por otro lado, el Tribunal es consciente de los diferentes derechos e intereses concurrentes en juego. Por una parte, la exclusión de pruebas materiales -con frecuencia fiables y abrumadoras- en un proceso penal empaña la persecución efectiva de los delitos. Las víctimas de un crimen, sus familias y el público tienen todos indudablemente un interés en la persecución y el castigo de los criminales, y en el presente asunto, ese interés reviste una importancia considerable. Lo que es más, el asunto en cuestión aquí presenta también esta particularidad de que las pruebas materiales en litigio fueron obtenidas gracias a un método ilegal de interrogatorio que no buscaba por sí mismo permitir una instrucción penal, sino que fue aplicado con una finalidad de prevención, es decir, para salvar la vida de un niño y por tanto para proteger otro derecho fundamental garantizado por el Convenio, más concretamente por su artículo 2. Por otra parte, un acusado en un procedimiento penal tiene derecho a un proceso equitativo, derecho que puede ponerse en entredicho cuando los tribunales domésticos se sirven de pruebas obtenidas como consecuencia de una transgresión de las prohibiciones de tratos inhumanos que establece el artículo 3, uno de los derechos fundamentales y absolutos garantizados por el Convenio. De hecho, existe también un interés público esencial en la salvaguarda de la integridad del proceso judicial y con ello de los valores de las sociedades civiles fundadas sobre la preeminencia del derecho.

176. Teniendo en cuenta los intereses mencionados en juego en el contexto del artículo 6, el Tribunal debe tomar nota de que el artículo 3 del Convenio consagra un derecho absoluto. Siendo absoluto dicho derecho, no debería ser sopesado con otros intereses como el de la gravedad del delito que es objeto de la investigación o el interés general al que se encaminan las diligencias penales efectivas. En caso contrario, este carácter absoluto se vería menoscabado (comparar también, mutatis mutandis, la ya mencionada Saadi contra Italia, apds. 138-139). En opinión del Tribunal, ni la protección de la vida humana, ni una condena penal pueden garantizarse al precio de poner en peligro la protección del derecho absoluto de no ver cómo se infligen tratamientos prohibidos por el artículo 3; en caso contrario, sacrificaríamos estos valores y llenaríamos de descrédito la administración de justicia.

177. El Tribunal considera el argumento del Gobierno por el que considera que el Convenio le obliga también a aplicar la ley penal al asesino y de este modo proteger el derecho a la vida. El Convenio exige en efecto a los Estados contratantes que protejan el derecho a la vida (véase, entre muchas otras, Osman contra Reino Unido, 28 de octubre de 1998, apds. 115-116, Repertorio 1998 VIII). No les obliga sin embargo a hacerlo a través de actos que transgreden la prohibición absoluta de tratos inhumanos que enuncia el artículo 3, o de una forma que conlleve un atentado contra el derecho de todo acusado a un proceso equitativo tal como lo establece el artículo 6 (comparar, mutatis mutandis, la ya mencionada Osman, apd. 116). El Tribunal reconoce que en el presente asunto, los agentes del Estado se vieron obligados a actuar en una situación difícil y tensa y que deseaban salvar una vida. Ello no cambia en cualquier caso nada con respecto al hecho de que obtuvieran las pruebas materiales por medio de una violación del artículo 3. Lo que es más, es ante las penas más graves cuando el derecho a un proceso equitativo debe ser asegurado en el mayor grado posible por parte de las sociedades democráticas (comparar Salduz contra Turquía, [GS], núm. 36391/02, apd. 54, TEDH 2008-...).

178. Resta añadir que, a diferencia del artículo 3, el artículo 6 no consagra un derecho absoluto. El Tribunal debe por tanto investigar qué medidas ha lugar a considerar a la vez necesarias y suficientes en un proceso penal, por lo que hace referencia a los elementos de prueba obtenidos como consecuencia de una violación del artículo 3, para asegurar una protección efectiva de los derechos garantizados por el artículo 6. Tal como lo establece en su jurisprudencia (apartados 165-167 supra), la utilización de pruebas similares plantea graves cuestiones con relación a la equidad del proceso. Ciertamente, en el contexto del artículo 6, la admisión de pruebas obtenidas por medio de una conducta absolutamente prohibida por el artículo 3 podría incitar a los representantes de la ley a recurrir a métodos similares a pesar de esta prohibición absoluta. La represión del empleo de métodos de interrogatorio que transgreden el artículo 3 y la protección efectiva de los individuos contra dichos medios pueden también por tanto exigir en principio excluir la utilización en el proceso de pruebas materiales recogidas por medio de una violación del artículo 3, incluso si dichas pruebas tienen un vínculo más claro con la violación del artículo 3 que aquellas que se han arrancado directamente gracias a una violación de dicho artículo. En caso contrario el conjunto del proceso es injusto. El Tribunal considera por tanto que la falta de equidad en un proceso penal y la salvaguarda efectiva de la prohibición absoluta enunciada en el artículo 3 en este contexto no se hallan en juego si se demuestra que la violación del artículo 3 ha influido sobre el resultado del proceso dirigido contra el acusado, en otras palabras, ha tenido impacto en el veredicto de culpabilidad o en la pena.

179. El Tribunal señala que en el presente asunto el tribunal regional ha basado expresamente sus constataciones relativas a la ejecución del crimen cometido por el demandante -y por tanto las constataciones que conllevaron la condena del interesado por asesinato y secuestro con petición de rescate (apartado 34). Ha tomado también las nuevas confesiones como base esencial, sino como base única, de sus constataciones relativas a la planificación del crimen, la cual también ha desempeñado un papel en la condena y la sentencia (Ibíd.). Los medios de prueba suplementarios admitidos en el proceso, no sirvieron al tribunal doméstico para probar la culpabilidad del demandante, sino tan sólo para verificar la autenticidad de sus confesiones. Comprenden los resultados de la autopsia en cuanto a la causa del fallecimiento de J. y las marcas de neumáticos dejados por el vehículo del demandante cerca del estanque en el que fue descubierto el cuerpo del menor. El tribunal doméstico se ha apoyado también en pruebas que fueron obtenidas de forma independiente de las primeras confesiones que le fueron arrancadas al demandante bajo amenazas, la policía las habría recabado a través de la vigilancia a la que fue sometido después de hacerse con el rescate y tras haber registrado su apartamento inmediatamente después de su detención. Estas pruebas, no “viciadas” por la violación del artículo 3, eran el testimonio de la hermana de J., el texto de la nota de chantaje, la nota descubierta en el apartamento del demandante relativa a la organización del crimen, así como el dinero del rescate encontrado en el apartamento del demandante o ingresado en sus cuentas bancarias (ibídem).

180. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Tribunal considera que son las segundas confesiones del demandante en el proceso -solas o corroboradas por otras pruebas no viciadas, materiales éstas- las que han servido de base al veredicto de culpabilidad por asesinato y secuestro con solicitud de rescate, así como a la pena. Las pruebas materiales en litigio no eran necesarias y no han servido para probar la culpabilidad o para fijar la pena. Podemos decir por tanto que la cadena de causalidad entre, por una parte, los métodos de investigación prohibidos y, por otra, el veredicto de culpabilidad y la pena que se le ha impuesto al demandante se rompe en lo que concierne a las pruebas materiales en litigio.

181. Teniendo en cuenta estas constataciones, el Tribunal debe asimismo investigar si la violación del artículo 3 que se ha producido durante el procedimiento de investigación ha conducido al demandante a confesar en su proceso. En la investigación de la que dispone, el demandante sostenía que así era. En su opinión, no tuvo otra elección para defenderse en el proceso que confesar una vez que el tribunal le denegó, al inicio de los debates, acceder a su petición de la exclusión de las pruebas materiales recogidas por medio de una violación del artículo 3.

182. El Tribunal observa en primer lugar que con anterioridad a las confesiones que realizó el segundo día del proceso, el demandante había sido informado de su derecho a guardar silencio y de que ninguna de sus declaraciones, que él hubiera realizado con anterioridad con relación a los cargos de acusación, podían ser utilizadas en su contra (apartado 34 supra). Considera por tanto que la legislación y la jurisprudencia internas se referían efectivamente a las consecuencias de las confesiones obtenidas por medio de los malos tratos prohibidos (véase, en sentido contrario, Hulki Güneş contra Turquía, núm. 28490/95, apd. 91, TEDH 2003 VII, y Göçmen, apd. 73) y que se ha producido al respecto un regreso al statu quo anterior, es decir, a la situación en la cual el demandante se encontraba antes de que se produjera la violación del artículo 3.

183. Además, el demandante que estuvo representado por un abogado, subrayó en sus declaraciones que realizó el segundo día y en la clausura del proceso, que confesaba por propia voluntad debido a sus remordimientos y para asumir la responsabilidad de sus actos en detrimento de los hechos sobrevenidos el 1 de octubre de 2002 (apartado 32 supra). Habló de este modo a pesar de que anteriormente no hubiera prosperado su tentativa de ver descartadas las pruebas materiales en litigio. El Tribunal no tiene por tanto ninguna razón para suponer que el demandante no ha dicho la verdad, que no habría confesado si el tribunal regional hubiera decidido durante la apertura del proceso, descartar las pruebas materiales en litigio y que por tanto hubiera que considerar que sus confesiones hubieran sido el resultado de medidas que habrían destruido en su caso la esencia de los derechos de la defensa.

184. Sea como fuere, se desprende con claridad del razonamiento del tribunal regional, que las segundas confesiones que el demandante realizó el último día del proceso fueron determinantes para el veredicto de culpabilidad de asesinato, delito del que no habría podido ser declarado culpable de otra manera (apartados 34-35 supra). En sus confesiones, el interesado mencionaba diversos elementos suplementarios sin vinculación alguna con aquello que las pruebas materiales en litigio hubieran permitido establecer. Mientras esos elementos demostraban que J. había sido asfixiado y que el demandante se dirigió al estanque de Birstein, sus confesiones probaban en concreto, su intención de matar a J. así como los motivos que le habían llevado a hacerlo. Teniendo en cuenta esos elementos, el Tribunal no considera que, tras el rechazo de la demanda de exclusión de las pruebas en litigio durante la apertura del proceso, el demandante no hubiera podido guardar silencio y que no hubiera tenido otra elección más que la de confesar. No considera por tanto que la violación del artículo 3, que se produjo en el transcurso de la investigación, hubiera tenido una incidencia en las confesiones que el interesado realizó durante el proceso.

185. En cuanto a los derechos de la defensa, el Tribunal señala además que el demandante ha gozado de la posibilidad, de la que ha hecho uso, de impugnar la utilización de las pruebas materiales en litigio de su proceso y que el tribunal regional tenía la libertad de denegarlas. Los derechos de la defensa no han sido por tanto ignorados en este punto.

186. El Tribunal observa que el demandante pretende haber sido privado en su proceso de la protección que representa el derecho a no contribuir a la propia incriminación. Tal como se demuestra con anterioridad (apartado 168), este derecho presupone que la acusación establece los hechos de los que se acusa al acusado sin el apoyo de pruebas obtenidos por medio de medidas de coacción o coerción impuestas en contra de la voluntad del interesado. El Tribunal se remite a las constataciones que anteceden, a saber que los tribunales domésticos han basado el veredicto sobre las segundas confesiones que el demandante había realizado en el proceso, sin recurrir, como pruebas necesarias de culpabilidad, a los elementos materiales en litigio. Por tanto concluye que el derecho a no contribuir a la propia incriminación ha sido respetado en el proceso dirigido contra el demandante.

187. El Tribunal concluye que en las circunstancias específicas del caso del demandante, el no excluir la prueba real impugnada, lograda a través de una declaración conseguida por tratos inhumanos, no tiene relación con la condena y sentencia del demandante. Ya que los derechos de defensa del demandante, así como su derecho a no declarar contra sí mismo han sido respetados, por ello, su juicio en conjunto debe ser considerado justo.

188. En consecuencia, no se ha producido la violación del artículo 6.1 y 6.3 del Convenio.

III. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO

189. El artículo 41 del Convenio dice:

”Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.”

A. Daños

190. El demandante no solicita ninguna indemnización en concepto de perjuicio material o daño moral; subraya que el objetivo de su demanda es obtener ante un nuevo juicio ante los tribunales internos. El Gobierno no formula alegaciones sobre esta cuestión.

191. El Tribunal no concede por tanto ninguna indemnización por daños. Por lo que respecta a la medida específica solicitada por el demandante a título de compensación, considera, teniendo en cuenta la conclusión a la que ha llegado en el ámbito del artículo 6, que no existe ninguna base que permita al demandante solicitar un nuevo proceso o la reapertura del proceso ante los tribunales internos.

B. Costas y gastos

192. Adjuntando los justificantes, el demandante mantiene lo solicitado ante la Sala y pide el reembolso de las costas del proceso penal que el tribunal regional le ordenó abonar tras su condena. Ascienden a 72.855,60 euros (EUR). El interesado deja a criterio del Tribunal la determinación de las posibles costas (que comprenden, entre otros, los gastos de peritaje y otros testigos así como los honorarios del abogado) que deben considerarse satisfechos por las violaciones de los derechos garantizados por el Convenio. En su opinión, los gastos derivados del recurso en casación y del recurso ante el Tribunal constitucional federal (cuyo monto no precisa), fueron satisfechos únicamente con la finalidad de obtener una indemnización por las violaciones al Convenio.

193. El demandante, a quien se concedió asistencia judicial, solicita además la suma de 22.647,85 EUR en total por las costas y gastos referentes al procedimiento ante el Tribunal. Estos gastos, que son objeto de factura o una certificación, comprenden los honorarios del abogado, los gastos de acceso al sumario del procedimiento doméstico y de los informes de expertos jurídicos, copias, gastos de viaje, gastos de estancia así como los gastos de otro procedimiento penal pendiente ante las jurisdicciones domésticas.

194. El Gobierno no formula alegaciones sobre las pretensiones del demandante ante la Gran Sala. Ante la Sala, había defendido que las costas a las que el tribunal regional había condenado al demandante, no habían sido provocadas para prevenir o para satisfacer una violación de los derechos del interesado al amparo del Convenio. El demandante no habría precisado los gastos en los que había incurrido por el procedimiento ante el Tribunal federal de justicia o ante el Tribunal constitucional federal. Si el procedimiento debía ser reabierto ante las jurisdicciones domésticas, a raíz de la constatación de la violación de los derechos garantizados al demandante por el Convenio y si éste debía ser absuelto, en ese caso la decisión relativa a las costas del procedimiento ante el tribunal regional sería reexaminada.

195. El Gobierno deja además a criterio del Tribunal pronunciarse sobre el carecer razonable o no de los honorarios de abogado reclamados.

196. Según la constante jurisprudencia del Tribunal, el reembolso de costas y gastos de acuerdo con el artículo 41 presupone que se haya probado su existencia, su necesidad y el carácter razonable de su cuantía. Además, las costas judiciales solo pueden ser reembolsadas en la medida en la que guardan relación con la violación constatada (véase, por ejemplo Bayeler contra Italia (satisfacción equitativa) [GS], núm. 33202/96, apd. 27, 28 de mayo de 2002; Kafkaris contra Chipre [GS], núm. 21906/04, apd. 176, TEDH 2008-...; y Sahin contra Alemania [GS], núm. 30943/96, apd. 105, TEDH 2003 VIII).

197. Por lo que respecta a las costas y gastos satisfechos en el procedimiento ante las jurisdicciones domésticas, el Tribunal señala que el demandante le encomienda la apreciación sobre qué parte de los gastos por la demanda penal dirigida en su contra ante el tribunal regional, puede ser imputada a su tentativa de prevenir una violación del Convenio. Señala en cualquier caso que, si bien ha considerado que el artículo 3 ha sido vulnerado en el marco del procedimiento de investigación, ha llegado a la conclusión de que el procedimiento penal dirigido contra el demandante había respetado las exigencias del Convenio. No habiendo el interesado precisado los gastos satisfechos en todos los procesos interpuestos ante las autoridades domésticas con la finalidad de remediar la violación del artículo 3, el Tribunal no puede concederle ningún importe por este concepto.

198. En cuanto a las costas y gastos en los que ha incurrido en el proceso ante él, el Tribunal considera que las cantidades reclamadas por el demandante en parte no han sido realmente satisfechos y son en su conjunto excesivos. Además, el Tribunal no concede más que en parte la razón en la causa al demandante. Considera razonable conceder a éste la suma de 4.000 euros (EUR) por este concepto, menos los 2.276,60 EUR que ya ha percibido del Consejo de Europa a través de la asistencia judicial, es decir 1.723,40 EUR, más todo impuesto que pueda ser imputable al interesado en dicha cantidad.

C. Intereses de demora

199. El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de demora en el tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos.

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL

1. Declara por unanimidad la excepción preliminar del Gobierno en lo que respecta a la queja del demandante, fundamentada al amparo del artículo 6 del Convenio;

2. Declara por once votos contra seis, que el demandante puede todavía considerarse “víctima” de una violación del artículo 3 del Convenio en lo que respecta al artículo 34 del Convenio;

3. Declara por once votos contra seis, que se ha producido la violación del artículo 3 del Convenio;

4. Declara por once votos contra seis, que no se ha producido la violación del artículo 6.1 y 6.3 del Convenio;

5. Declara por diez votos contra siete,

a. Que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los tres meses, 1.723,40 EUR (mil setecientos veintitrés euros con cuarenta céntimos), por costas y gastos, junto con cualquier impuesto imputable a dicha cantidad.

b. que a partir de la expiración del mencionado plazo de tres meses y hasta su abono, a dicha cantidad se le aplicará una tasa de interés simple igual a la tasa marginal de interés del Banco Central Europeo, a la que se le añadirán tres puntos porcentuales;

6. Rechaza por unanimidad el resto de las reclamaciones del demandante en concepto de justa satisfacción.

Redactada en francés e inglés y leída en audiencia pública en el Palacio de los derechos del hombre, en Estrasburgo, el 1 de junio de 2010. Firmada: Jean-Paul Costa, Presidente; Erik Fribergh, Secretario.

“Los votos particulares no han sido traducidos, pero constan en Inglés y/o Francés en la versión(es) de la sentencia en el idioma original que pueden consultarse en la base de datos de jurisprudencia del Tribunal HUDOC.”

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