Sentencia 25594/94
CASO HASHMAN Y HARRUP CONTRA REINO UNIDO
Artículo 10 (Libertad de expresión) Sentencia de 25 de noviembre de 1999
Mediante sentencia dictada en Estrasburgo el 25 de noviembre de 1999 en el caso arriba mencionado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara, por dieciséis votos contra uno, que ha habido violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por unanimidad, que no procede examinar la imputación de los demandantes fundada en el artículo 11. En aplicación del artículo 41 del Convenio , el Tribunal concede a los demandantes la cantidad de 6.000 libras esterlinas en concepto de gastos y costas.
1. HECHOS
Los demandantes, Joseph Hashman y Wanda Harrup, son ciudadanos británicos y residen en Shaftesbury (Reino Unido).
En marzo de 1993, los demandantes, «saboteadores de partidas de caza», perturbaron el desarrollo de la caza en Portman. El 7 de septiembre de 1993 fueron conminados a respetar el orden público y a comportarse bien con consignación de 100 libras esterlinas. Los demandantes apelaron ante el Tribunal de la Corona de Dorchester, que falló, el 22 de abril de 1994, que el primer demandante había tocado el cuerno de caza y que la segunda demandante había azuzado a los perros de caza. El Tribunal consideró que este comportamiento podía interpretarse como una tentativa deliberada de perturbar la caza y que los actos de los demandantes eran ilegales y habían puesto en peligro a los perros. No obstante, declaró que, habida cuenta de la ausencia de violencia o de amenaza de violencia, no se había alterado el orden público, pero que su comportamiento era contrario a las buenas costumbres (conducta «considerada más bien mala que buena por la mayoría de sus conciudadanos contemporáneos»). El Tribunal conminó a los demandantes a «observar un buen comportamiento» durante el plazo de un año.
2. PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
La demanda fue presentada ante la Comisión Europea de los Derechos Humanos el 19 de agosto de 1994. Tras declararla admisible, la Comisión aprobó, el 6 de julio de 1998, un informe en el que se formulaba la opinión de que había habido violación del artículo 10 del Convenio (veinticinco votos contra cuatro).
De conformidad con las disposiciones transitorias del Protocolo número 11 del Convenio, el caso fue remitido a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la fecha de entrada en vigor del Protocolo, el 1 de noviembre de 1998 .
3. RESUMEN DE LA SENTENCIA
I. Quejas
Los demandantes, alegando los artículos 10 y 11 del Convenio, denuncian el hecho de que el concepto de comportamiento contrario a las buenas costumbres está defi1706 nido en términos tan generales que no se ajusta a la exigencia prevista en el artículo 10.2 del Convenio según la cual toda injerencia en el derecho a la libertad de expresión debe estar «prevista por la ley». Afirman igualmente que, incluso si la injerencia estuviera prevista por la ley, la conminación dictada en el presente caso constituye una restricción desproporcionada de su libertad de expresión.
II. Decisión del Tribunal
1. Artículo 10 del Convenio
La principal cuestión en juego en el presente caso consiste en saber si la injerencia en el derecho de los demandantes a la libertad de expresión estaba «prevista por la ley», es decir, si cumplía el requisito de ser previsible establecido en el Convenio. El Tribunal señala que la expresión «observar un buen comportamiento», a saber, no adoptar una conducta contraria a las buenas costumbres (definida en el Derecho inglés como una conducta «considerada más bien mala que buena para la mayoría de los conciudadanos contemporáneos» de los interesados) es particularmente imprecisa y no proporcionaba a los demandantes indicaciones suficientemente claras en cuanto a la manera en que debían comportarse en el futuro.
El Tribunal concluyó, por dieciséis votos contra uno, que había habido violación del artículo 10 del Convenio y, por unanimidad, que no procedía examinar las demás imputaciones.
2. Artículo 41 del Convenio
El Tribunal concede a los demandantes la cantidad de 6.000 libras esterlinas en concepto de gastos y costas. Un juez expresó una opinión disidente cuyo texto figura adjunto a la sentencia.
Full & Egal Universal Law Academy