CASE OF KJELDSEN, BUSK MADSEN AND PEDERSEN v. DENMARK - [Spanish Translation] summary by the Spanish Cortes Generales

Sentencia 5095/71

 

CASO KJELDSEN, BUSK MADSEN Y PEDERSEN [TEDH-17]

 

 Sentencia de 7 de diciembre de 1976.

 

Derecho a la instrucción conforme a las convicciones religiosas y filosóficas. Artículo 2 del Protocolo núm. 1 y artículos 8, 9 y 14 del Convenio.

 

COMENTARIO

 

1. En el caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, tres matrimonios daneses recurrieron por separado ante la Comisión Europea de Derechos Humanos (quien ordenó la acumulación de las demandas), afirmando que la legislación sueca sobre educación sexual viola el artículo 2 del Protocolo adicional al Convenio, de 20 de marzo de 1952 (Protocolo número 1); el matrimonio Kjeldsen invocaba también los artículos 8, 9 y 14 del Convenio.

 

2. Presentada la demanda de la Comisión ante el Tribunal Europeo, el Gobierno de Dinamarca planteó una excepción previa, alegando la falta de jurisdicción del Tribunal en el caso, por cuanto la declaración de reconocimiento de la jurisdicción obligatoria del Tribunal que en su día hizo el Reino de Dinamarca se refería sólo a «asuntos llevados ante el Tribunal por otro Estado declarante», y no por particulares. No obstante, posteriormente, tras un debate en el Parlamento danés, el Gobierno retiró la excepción previa, aceptando «ad hoc» la jurisdicción del Tribunal.

 

3. La legislación sueca impugnada imponía en las escuelas públicas la «educación sexual integrada» en ciertas asignaturas obligatorias, previendo además la enseñanza específica de aquélla. Los demandantes entendían que la educación sexual integrada, y por tanto obligatoria, era contraria a sus convicciones de padres cristianos y violaba el artículo 2 del Protocolo núm. 1, cuyo texto es el siguiente:

 

«A nadie puede negarse el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asumirá en el ámbito de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza, conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.»

 

Como hemos dicho, también eran invocados los artículos 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), 9 (derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) y 14 (no distinción en el goce de los derechos reconocidos) del Convenio.

 

La Comisión, en su informe, entendió que ninguno de estos artículos había sido violado, decidiendo por unanimidad en el caso de los artículos 8 y 9 del Convenio, por mayoría respecto del artículo 14 y por el voto de calidad del Presidente, pues hubo empate en la votación, en cuanto al artículo 2 del Protocolo núm. 1.

 

4. A) El Tribunal se pronunció, en primer lugar, sobre dos cuestiones previas:

 

a) El matrimonio Kjeldsen había declarado que retiraba su demanda, a causa de las divergencias existentes entre sus tesis y las de los otros dos demandantes. Subsidiariamente, solicitaba la desacumulación y examen separado de su caso. El Tribunal considera que los particulares, a quienes el Convenio no habilita para recurrir ante él, no tienen la facultad de desistir, facultad que el Reglamento refiere a «la parte demandante», esto es, un Estado contratante que recurra ante el Tribunal. De acuerdo con esto, el Tribunal desecha la demanda de desacumulación.

 

b) El Tribunal circunscribe el objeto a examinar a la legislación danesa sobre educación sexual obligatoria (y no a la forma en que aquélla es aplicada), y en concreto a la Ley de 27 de mayo de 1970 y normas de desarrollo.

 

B) En cuanto a la violación alegada del artículo 2 del Protocolo número 1, tras rechazar los argumentos del Gobierno, según los cuales la segunda frase de dicho artículo 2 no se aplica a las escuelas públicas, o bien se refiere únicamente a la instrucción religiosa confesional, el Tribunal entiende que la legislación impugnada no hiere en sí las convicciones filosóficas y religiosas de los demandantes en la medida prohibida por la segunda frase del artículo 2, ni viola la primera frase (derecho a la instrucción).

 

C) En cuanto a los artículos del Convenio cuya infracción se alegaba, el Tribunal considera:

 

- Que no hubo violación del artículo 14 combinado con el artículo 2 del Protocolo núm. 1, por entender que no existió trato discriminatorio basado en la religión.

 

- Que no hubo infracción de los artículos 8 y 9 del Convenio.

 

5. Un solo voto particular, del juez Verdross, discrepa parcialmente de la sentencia, entendiendo que el artículo 2 del Protocolo reconoce a los padres el derecho de restringir la libertad de las informaciones a dar a sus hijos menores que afecten a la formación de su conciencia. Según la sentencia, lo que se prohíbe es únicamente la instrucción que intente adoctrinar, pero el juez Verdross cree que el artículo 2 no autoriza esta interpretación restrictiva, pues no distingue entre las diversas intenciones con que pueda impartirse la instrucción. El voto particular compara la que debería haber sido la actuación del Tribunal en este caso con la de las Comisiones que controlan la veracidad de las declaraciones de los objetores de conciencia: una vez probada la ideología de los interesados, ésta debe ser respetada.

 

La Ley danesa no exime a los hijos de los padres de convicciones religiosas diferentes al legislador de los cursos de educación sexual. Por tanto, para Verdross, tal Ley no está en armonía con la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1. El hecho de que los padres puedan enviar a sus hijos a escuelas privadas subvencionadas por el Estado o instruirles en su domicilio (lo que el Tribunal considera como importantes alternativas ofrecidas por el Estado) no afecta a esta conclusión. Si los demandantes no tenían la facultad de hacer dispensar a sus hijos de asistir a los cursos en cuestión, existiría, en opinión de Verdross, una discriminación con respecto a los padres de convicciones religiosas y morales conformes con las del legislador sueco, discriminación no justificada prohibida por el artículo 14 del Convenio.

 

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

 

Sentencia de 7 de diciembre de 1976

 

 CASO KJELDSEN, BUSK MADSEN Y PEDERSEN

 

SENTENCIA

 

En el asunto Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen,

 

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituido conforme al artículo 43 del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales («el Convenio») y a los artículos 21 y 22 del Reglamento, en una Sala compuesta por los jueces siguientes:

 

Señores G. Balladore Pallieri, Presidente;

 

A. Verdross,

 

M. Zekia,

 

Señora H. Pedersen,

 

Señores S. Petren,

 

R. Ryssdal,

 

D. Evrigenis,

 

Así como por los señores M.-A. Eissen, Secretario, y H. Petzold, Secretario adjunto,

 

Tras haber deliberado en privado los días 3 y 4 de junio y posteriormente el día 5 de noviembre de 1976,

 

Emiten el fallo siguiente, adoptado en esta última fecha:

 

PROCEDIMIENTO

 

1. El asunto Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen fue remitido al Tribunal por la Comisión Europea de Derechos del Hombre («la Comisión»). En su origen se encuentran tres demandas (núm. 5095/71, 5920/72 y 5926/72) dirigidas contra el Reino de Dinamarca, interpuestas en 1971 y 1972 ante la Comisión por Viking y Annemarie Kjeldsen, Arne e Inger Busk Madsen y Hans y Ellen Pedersen, padres y madres de familia de nacionalidad danesa, cuya acumulación ordenó la Comisión el día 19 de julio de 1973.

 

La demanda de la Comisión, acompañada del informe previsto en el artículo 31 del Convenio, fue presentada ante la Secretaría del Tribunal el 24 de julio de 1975, en el plazo de tres meses establecido por los artículos 32, párrafo 1, y 47. La demanda remitía a los artículos 44 y 48 y a la declaración por la que el Reino de Dinamarca reconoció, el 7 de abril de 1972, la jurisdicción obligatoria del Tribunal (artículo 46). Tiene por objeto obtener una decisión del Tribunal sobre si los hechos de la causa revelan o no, por parte del Estado demandado, un incumplimiento de las obligaciones que le incumben según el artículo 2 del Protocolo adicional de 20 de marzo de 1952 («el Protocolo núm. 1»); la demanda menciona también los artículos 8, 9 y 14 del Convenio.

 

3. El 26 de julio de 1975, el Presidente del Tribunal procedió, en presencia del Secretario, al sorteo de los nombres de cinco de los siete jueces llamados a formar la Sala competente, siendo miembros de oficio la señora H. Pedersen, juez elegido de nacionalidad danesa, y el señor Balladore Pallieri, Presidente del Tribunal, en virtud del artículo 43 del Convenio y del artículo 21, párrafo 3, b), del Reglamento, respectivamente. Uno de los miembros de la Sala, el señor Cremona, se encontró posteriormente imposibilitado para participar en el examen del asunto; le reemplazó el primer juez suplente, señor Zekia.

 

En aplicación del artículo 21, párrafo 5, del Reglamento, el señor Balladore Pallieri asumió la Presidencia de la Sala.

 

4. El Presidente de la Sala recogió, a través del Secretario, la opinión del agente del Gobierno del Reino de Dinamarca («el Gobierno») y la de los delegados de la Comisión respecto del procedimiento a seguir. Por una orden de 8 de septiembre de 1975, el Presidente decidió que el Gobierno presentara un memorándum en un plazo que expiraría el 1 de diciembre de 1975, y que los delegados tendrían la facultad de responder a aquél por escrito en el plazo de dos meses a contar de la recepción de dicho memorándum.

 

5. El 12 de noviembre de 1975, el agente del Gobierno informó al Secretario de su intención de impugnar la competencia del Tribunal en este caso.

 

Tal como había autorizado el Presidente de la Sala, el memorándum del Gobierno, presentado en la Secretaría el 29 de noviembre de 1975, se refería exclusivamente a esta cuestión preliminar. El Gobierno se remitía en él a la declaración por la que había reconocido, el 7 de abril de 1972, la jurisdicción del Tribunal «como obligatoria de pleno derecho y sin convenio especial respecto de toda otra Parte Contratante en el Convenio (...) que acepte la misma obligación, es decir, bajo condición de reciprocidad»; el Gobierno concluía:

 

i) que dicha declaración «sólo se aplica expresamente a los asuntos llevados ante la Comisión por otro Estado declarante»;

 

ii) «que tal limitación del alcance de las declaraciones formuladas en virtud del artículo 46 no se encuentra excluida ni por éste ni por la estructura del Convenio»;

 

iii) «que en todo caso» el Gobierno «no puede ser considerado como sometido a la jurisdicción obligatoria del Tribunal más allá de los términos expresos» de su declaración.

 

Señalando, además, que no había aceptado «ad hoc» la jurisdicción del Tribunal en este caso ( artículo 48 del Convenio), el Gobierno invitaba al Tribunal a que declarara que no tenía «competencia para conocer del fondo del presente asunto».

 

6. Mediante un mensaje llegado a la Secretaría el 16 de enero de 1976, el agente del Gobierno informó al Secretario que, como consecuencia de un debate que había tenido lugar la víspera en el Parlamento danés, su Gobierno había «decidido retirar con efecto inmediato su excepción previa, aceptando así "ad hoc" la jurisdicción del Tribunal».

 

7. Reunida en Estrasburgo el 20 de enero de 1976, la Sala tomó conocimiento de dicho mensaje y encargó al Presidente que acusara recepción al Gobierno, tarea cumplida mediante orden de 28 de enero.

 

La Sala destacó que su competencia se encontraba a partir de ese momento establecida en este caso, fuera sobre la base del consentimiento o acuerdo especial expresado en este mensaje o en virtud de la declaración general suscrita por el Reino de Dinamarca el 7 de abril de 1972, conforme al artículo 46 del Convenio, tal como sostuvieron los delegados de la Comisión en un memorándum presentado en la Secretaría el 26 de enero de 1976.

 

8. Mediante la misma orden de 28 de enero de 1976, el Presidente de la Sala organizó el procedimiento escrito relativo al fondo del asunto. Habiendo consultado a este respecto, a través del Secretario, al agente del Gobierno y a los delegados de la Comisión, el Presidente decidió que el Gobierno presentara un memorándum antes del día 10 de marzo de 1976, al que los delegados de la Comisión tendrían la facultad de responder por escrito en el plazo de dos meses a contar de la recepción de dicho memorándum.

 

El memorándum del Gobierno llegó a la Secretaría el 11 de marzo de 1976; el de los delegados, el 12 de mayo de 1976.

 

9. El 20 de marzo de 1976, el Presidente de la Sala encargó al Secretario que invitara a la Comisión a presentar ciertos documentos, los cuales fueron proporcionados a la Secretaría el 26 de marzo.

 

10. Mediante orden de 19 de mayo de 1976, el Presidente de la Sala fijó para el 1 de junio de 1976 la fecha de apertura de las audiencias, tras haber consultado al agente del Gobierno y a los delegados de la Comisión a través del Secretario.

 

11. El matrimonio Kjeldsen declaró que retiraba su demanda, mediante telegrama de 13 de mayo de 1976 dirigido al delegado principal de la Comisión. El Secretario de ésta lo hizo saber al Secretario del Tribunal el 21 de mayo; precisó al mismo tiempo que la Comisión, tras haber deliberado, había decidido rogar al Tribunal que no eliminara la demanda del registro.

 

Además, el señor y la señora Kjeldsen escribieron directamente al Secretario los días 17 y 27 de mayo de 1976. En sus cartas, redactadas en términos bastante vehementes, explicaban su «desistimiento» por la divergencia profunda que separaría su propia tesis de la de los demandantes Busk Madsen y Pedersen. Reprochando a la Comisión el que hubiera ordenado la acumulación de las tres demandas, solicitaban del Tribunal, en forma subsidiaria, que remitiera los debates a fecha posterior y examinara su caso por separado.

 

12. Los días 24 y 31 de mayo, y posteriormente el 1 de junio de 1976, el Gobierno trasladó varios documentos al Tribunal.

 

13. Los debates se desarrollaron en público los días 1 y 2 de junio de 1976 en Estrasburgo, en el Palacio de Derechos Humanos.

 

Comparecieron ante el Tribunal:

 

- Por el Gobierno:

 

 el señor A. Spang-Hansen, abogado del Tribunal Supremo de Dinamarca, agente;

 

 los señores J. Munck-Hansen, Jefe de División del Ministerio de Educación; T. Rechnagel, Jefe de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y N. Eilschou Holm, Jefe de División del Ministerio de Justicia, consejeros.

 

 - Por la Comisión:

 

 el señor F. Welter, delegado principal;

 

 el señor J. Frowein, delegado.

 

El Tribunal escuchó las declaraciones de los señores Welter y Frowein por la Comisión y, por el Gobierno, del señor Spang- Hansen, así como sus respuestas a las preguntas planteadas por el Tribunal.

 

 

 

 HECHOS

 

14. Los demandantes, padres y madres de familia de nacionalidad danesa, residen en Dinamarca. El señor Viking Kjeldsen, galvanizador, y su esposa Annemarie, maestra, viven en Varde; el señor Arne Busk Madsen, pastor, y su mujer Inger, maestra, en Abenra; el señor Hans Pedersen, pastor, y la señora Ellen Pedersen, en Alborg.

 

Teniendo hijos en edad escolar, los tres matrimonios se oponen a la educación sexual integrada, y, por tanto, obligatoria, tal como fue introducida por la Ley núm. 235, de 27 de mayo de 1970, de reforma de la Ley sobre las escuelas públicas (lov om aendring af lov om folkeskolen, «la Ley de 1970»), en las escuelas primarias públicas de Dinamarca.

 

 La enseñanza primaria en general

 

15. Según el artículo 76 de la Constitución danesa, todos los niños tienen derecho a enseñanza gratuita en las escuelas públicas (folkeskolen), pero los padres no están obligados a matricularlos en ellas: pueden enviarlos a un establecimiento privado o instruirlos en su casa.

 

Durante el año escolar 1970/71, 716.665 alumnos asistían a 2.471 escuelas, de las cuales 277 eran escuelas privadas, con un total de 43.689 alumnos. Ciertos padres recurrían a la enseñanza en sus domicilios.

 

16. En la época de los hechos de la causa, la enseñanza primaria en las escuetas públicas se regía por la Ley sobre las escuelas públicas (lov om folkeskolen), cuyo texto fue reproducido, puesto al día, por el Decreto núm. 279, de 8 de julio de 1966, y que fue reformada en varias ocasiones entre 1966 y 1970.

 

La enseñanza primaria duraba nueve años; un décimo año, así como un año preescolar para los niños de cinco a seis años, eran facultativos.

 

Las asignaturas enseñadas eran, para las cuatro primeras clases, danés, escritura, aritmética, cristianismo (kristendomskundskab), historia, geografía, biología, educación física, música, bellas artes y trabajos manuales; a ellas se añadían inglés y trabajo de la madera en los años quinto y sexto, y alemán, matemáticas, ciencias naturales y artes domésticas en el séptimo. A partir del octavo año, los escolares podían, en cierta medida, elegir entre estas clases las de su preferencia.

 

La Ley atribuía al Ministro de Educación la determinación de los objetivos de la enseñanza, a las autoridades escolares locales el contenido de los programas de estudio y el número de clases. Esta regla conocía, sin embargo, dos excepciones. De una parte, la enseñanza religiosa debía ser conforme a la doctrina evangélica luterana, la de la iglesia nacional, pero los niños podían ser dispensados de aquélla. De otra parte, el legislador había prescrito a las escuelas que incluyeran en sus programas de estudios, a menudo en relación con temas tradicionales, ciertas asignaturas nuevas, como la seguridad en carretera, instrucción cívica, higiene y educación sexual.

 

17. La administración de las escuelas públicas en Dinamarca está ampliamente descentralizada. Los establecimientos son dirigidos por el Consejo municipal, autoridad escolar suprema, en cada uno de los 275 municipios (aproximadamente) del país, así como por una Comisión escolar y un Consejo de escuela.

 

La Comisión escolar (skolekommissionen) se compone por regla general de once miembros, de los cuales seis son elegidos por el Consejo municipal y cinco por los padres. La Comisión establece los programas de estudio (currícula) para las escuelas de su circunscripción, consultando al Consejo de profesores y dentro de los límites trazados por la Ley. Los programas deben ser aprobados por el Consejo municipal. Para asistir a estos órganos en el cumplimiento de sus tareas, el Ministro de Educación dicta directrices preparadas por la Comisión de programas de las escuelas públicas («la Comisión de programas»), creada en 1958.

 

Toda escuela pública tiene un Consejo de escuela (skolenaevn) que cuenta con tres o cinco miembros: uno de ellos elegido por el Consejo municipal y los dos o cuatro restantes por los padres. El Consejo controla la escuela y organiza la cooperación entre ella y los padres. Decide, sobre recomendación del Consejo de docentes, el material escolar y, en particular, los libros a utilizar por la escuela; además fija la distribución de las clases entre los profesores.

 

18. La enseñanza primaria en escuelas privadas o a domicilio no debe situarse por debajo de las normas establecidas para las escuelas públicas: debe incluir las mismas asignaturas obligatorias y ser de calidad comparable. Si bien una escuela puede ser fundada sin autorización previa, las Comisiones escolares la controlan posteriormente, para vigilar, en particular, que el danés, la escritura y la aritmética sean enseñadas de forma adecuada. Lo mismo ocurre con la enseñanza prestada en casa; si la Comisión escolar constata dos veces seguidas que aquélla no es satisfactoria, los padres están obligados a enviar al niño a una escuela pública o privada.

 

El Estado subvenciona a las escuelas privadas, a condición de que no tengan menos de veinte alumnos en total y de diez por clase: le reembolsa el 85 por 100 de sus gastos de funcionamiento (salarios del Director y de los profesores, mantenimiento de las instalaciones, calefacción, electricidad, agua, limpieza, seguros, etc.). Puede, además, concederles créditos favorables para la construcción y mejora de los edificios. Por ello, los padres que envían a sus hijos a una escuela privada no soportan, en general, gastos de escolaridad superiores a 1.200 coronas por niño y año; durante el año escolar 1973/74, la medía de estos gastos sobrepasó apenas 1.050 coronas. En lo que se refiere a los gastos de transporte de los niños que frecuentan una escuela privada, el Parlamento danés aprobó en mayo de 1976 una proposición dirigida a obligar a los municipios a que asumieran una gran parte de aquéllos.

 

Según las estadísticas relativas a las escuelas privadas, existían, durante el año escolar 1973/74, aproximadamente setenta escuelas «libres», ciento una escuelas secundarias sin carácter religioso particular, veinticinco escuelas católicas, diecinueve escuelas de la minoría alemana, diez escuelas para los miembros de otras comunidades religiosas, ocho escuelas cristianas «libres» y unas treinta y cinco escuelas diversas.

 

Según los demandantes, estas escuelas no son lo suficientemente numerosas y sus alumnos deben a menudo efectuar largos desplazamientos para dirigirse a ellas; además, los padres que desean enviar a sus hijos a una escuela privada de Copenhague deben hacerlos inscribir en listas de espera al menos con tres años de antelación.

 

 La educación sexual

 

19. En Dinamarca, la educación sexual en las escuelas públicas da lugar a discusiones desde hace treinta y cinco años. Ya en 1945 fue introducida en las escuelas públicas de Copenhague, y varios establecimientos imitaron este ejemplo fuera de la capital. Sin embargo, el Ministro de Educación se pronunció en contra de una educación sexual obligatoria cuando se planteó la cuestión en 1958.

 

En 1960, la Comisión de programas publicó una «Guía de la enseñanza en las escuelas públicas» que distinguía la instrucción sobre la reproducción del hombre y la instrucción sexual propiamente dicha. La Comisión recomendaba integrar la primera en el programa de biología, mientras que la segunda seguiría siendo facultativa para los niños y los profesores y estaría asegurada por personal médico. La Comisión aconsejaba, además, que se elaboraran directrices destinadas a las escuelas, relativas al contenido de la enseñanza y a la terminología a utilizar.

 

Por una circular de 8 de abril de 1960, el Ministro de Educación se unió a las conclusiones de la Comisión: desde el año escolar de 1960/61, la reproducción en el hombre se convirtió en parte obligatoria de las lecciones de biología, mientras que una guía oficial del Ministerio, de fecha de septiembre de 1961, precisaba que únicamente seguirían la instrucción sexual propiamente dicha los niños cuyos padres hubieran accedido expresamente a ello.

 

20. Preocupado por la frecuencia creciente de los embarazos no deseados y con el deseo de reducirla, el Gobierno danés encargó en 1961 a una Comisión que examinara el problema de la educación sexual (Seksualoplysningsudvalget). La institución de tal Comisión había sido preconizada, en particular, por el Consejo nacional de mujeres danesas (Danske Kvinders Nationalraad), que presidía la señora Else-Merete Ross, miembro del Parlamento, y por los comités de dirección de las instituciones para la ayuda a las madres (Modrehjaelpsinstitutionernes Bestyrelse). Estas últimas recibían cada año peticiones de asistencia de, aproximadamente, 6.000 jóvenes madres solteras, de las cuales la mitad tenían menos de veinte años y una cuarta parte menos de diecisiete. De otra parte, muchos niños, de padres a menudo muy jóvenes, nacían en los nueve primeros meses del matrimonio. Por su parte, los abortos legales se cifraban en unos 4.000 al año y los abortos ilegales, según los cálculos de los expertos, en 15.000, mientras que sólo se registraban unos 70.000 nacimientos.

 

21. Tras un estudio detallado del problema, la Comisión antes mencionada, compuesta de médicos, pedagogos, juristas, teólogos y expertos gubernamentales, presentó en 1968 un informe (núm. 484) titulado «La educación sexual en las escuelas públicas» (Seksualundervisning i Folkeskolen, betaenkning Nr. 484). La Comisión recomendaba en el informe, inspirándose a este respecto en el sistema en vigor en Suecia desde hacía algunos años, que se integrara la educación sexual en las asignaturas obligatorias de los programas de estudios de las escuelas públicas. Sin embargo, los profesores no debían ser obligados a participar en esta enseñanza.

 

El informe partía de la idea de que era importante adaptar la instrucción sexual a los diferentes grados de madurez de los niños e impartir esta instrucción en relación natural con otros temas, en particular cuando las preguntas de los niños prestaran ocasión para ello. Este método parecía a la Comisión particularmente adecuado para evitar que esta enseñanza tomara un carácter delicado y especulativo. El informe subrayaba que la instrucción en la materia debía revestir la forma de discusiones y diálogos entre profesores y alumnos. Daba, finalmente, ciertas indicaciones relativas al contenido de la enseñanza sexual y preconizaba la elaboración de nuevas directrices para las escuelas públicas.

 

22. En marzo de 1970, el Ministro de Educación remitió al Parlamento un proyecto de ley dirigido a modificar la Ley sobre las escuelas públicas. El proyecto tendía, entre otras cosas, a hacer obligatoria la educación sexual y a integrarla en la enseñanza general de las escuelas primarias públicas. El proyecto se basaba a este respecto en las recomendaciones de la Comisión de educación sexual, pero se separaba de ellas en un punto: a consecuencia de una declaración de la Asociación nacional de profesores, no concedía a los profesores un derecho general a ser dispensados de contribuir a esta enseñanza.

 

El proyecto había recibido el apoyo no sólo de esta Asociación, sino también de la Asociación nacional de la escuela y de la sociedad, la cual representa, en el plano nacional, a Comités de educación, Consejos de escuela y Asociaciones de padres, así como de la Asociación nacional de Consejos municipales.

 

Aprobada por unanimidad por el Parlamento y promulgada el 27 de mayo de 1970, la Ley de 1970 añadía, en su artículo 1, párrafo 25, «la organización de las bibliotecas y la educación sexual» a la lista de asignaturas a enseñar que figuraba en el artículo 17, párrafo 6, de la Ley sobre las escuelas públicas. En consecuencia, este último texto en adelante quedaba redactado así (bekendlgorelse número 300, de 12 de junio de 1970):

 

«Además de las disposiciones precedentes lo siguiente se aplicará igualmente a la enseñanza impartida en las escuelas primarias:

 

La circulación, la organización de las bibliotecas y la educación sexual formarán parte integrante de la enseñanza según las modalidades fijadas por el Ministro de Educación.

 

(...)»

 

La Ley entró en vigor el 1 de agosto de 1970. Ya el 25 de junio una circular del Ministro de Educación (cirkulaere om aendring affolkskoleloven) había informado a los Consejos municipales, Comisiones escolares, Consejos de escuela. Consejos de profesores y directores de escuela, excepto de Copenhague, «que ser(ían) difundidas otras disposiciones acompañadas de nuevas directrices pedagógicas, relativas a la educación sexual». La circular precisaba que «hasta entonces, los padres tendr (ían) todavía la facultad de dispensar a sus hijos de esta enseñanza y los profesores la facultad de no impartirla».

 

23. Tras la aprobación de la Ley de 1970, el Ministro de Educación invitó a la Comisión de programas a que elaborara una nueva guía de educación sexual en las escuelas públicas, destinada a reemplazar a la de 1961 (párrafo 19 más arriba). Esta guía (Vejledning om seksualoplysning i folkeskolen, «la guía»), terminada en abril de 1971, formula los objetivos de la educación sexual, así como ciertos principios generales que deben regirla, y propone programas detallados para las diferentes clases.

 

24. Sobre la base de las recomendaciones de la guía, el Ministro de Educación precisó, por Decreto núm. 274, de 8 de junio de 1971 (bekendlgörelse om seksualoplysning i folkeskolen), las normas que había anunciado en su circular de 25 de junio de 1970.

 

El Decreto -dirigido a la enseñanza primaria y al primer ciclo de la secundaria en las escuelas públicas, excepto de Copenhague- estaba así redactado:

 

«Artículo 1. 1. La educación sexual tendrá por objeto impartir a los alumnos conocimientos que:

 

a) les ayuden a evitar una incertidumbre y temor que puedan crearles problemas,

 

b) les ayuden a comprender mejor las relaciones que unen la vida sexual, la vida afectiva y la vida en sociedad,

 

c) den a cada alumno la posibilidad de descubrir por sí mismo las actitudes que armonizan mejor con su propia personalidad,

 

d) pongan en valor la importancia del sentido de la responsabilidad y de la delicadeza en el ámbito sexual.

 

2. La educación sexual será impartida a todos los niveles en el marco de las asignaturas escolares comunes, en particular el danés, el cristianismo, la biología (higiene), la historia (educación cívica) y la instrucción familiar. Se podrá también, en los años sexto y noveno, dar una visión de conjunto de los principales temas incluidos en la educación sexual.

 

Artículo 2. 1. Las modalidades y la importancia de la educación sexual serán definidas en el programa de estudios o conforme a éste. Se inspirarán a este respecto en las instrucciones difundidas por la Comisión de programas de la folkeskole. Si se imparte en los años sexto y noveno la enseñanza particular a que se refiere el artículo 1, párrafo 2, segunda frase, se reservará a este efecto un pequeño número de lecciones por año.

 

2. El abanico de cuestiones tratadas conforme al párrafo 1 no podrá ser limitado de forma que la finalidad de la educación sexual no pueda ser realizada.

 

3. Los límites asignados a la actividad escolar «educación sexual», tal como se indican en el capítulo 4 de las instrucciones, se aplicarán a pesar de las disposiciones del programa de estudios.

 

Artículo 3. 1. La educación sexual será impartida por los profesores encargados de enseñar las asignaturas en que esté integrada la clase considerada, conforme a las instrucciones del director del establecimiento. Si no resultara del programa de estudios a qué asignaturas se unen los diversos temas de enseñanza, los profesores de la clase se repartirán el trabajo en la medida necesaria, conforme al parecer del Consejo de profesores, parecer que deberá ser aprobado por el Consejo de escuela, conforme al artículo 25, párrafo 5, de la Ley sobre administración escolar.

 

2. No podrá ser obligado un profesor a impartir contra su voluntad en los años sexto y noveno la enseñanza particular a que se refiere el artículo 1, párrafo 2, segunda frase.

 

Artículo 4. 1. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de agosto de 1971.

 

2. Al mismo tiempo, desaparecerá el derecho de los padres de que sus hijos estén exentos de la educación sexual impartida en la escuela. Pueden, sin embargo, dirigiéndose al director del establecimiento, hacerlos eximir de la enseñanza particular a que se refiere el artículo 1, párrafo 2, segunda frase.

 

3. (...)»

 

25. Una circular del Ministro de Educación (cirkulaere om seksualoplysning i folkeskolen), también de fecha 8 de junio de 1971 y dirigida a las mismas autoridades que la de 25 de junio de 1970 (párrafo 22 más arriba), proporcionaba a los destinatarios, entre otras cosas, ciertas precisiones en cuanto a la preparación de los programas de estudios de las escuelas públicas en la materia. En particular, llamaba la atención sobre el hecho de que «correspondía a la Comisión escolar, tras haber discutido con el Consejo colectivo de profesores, elaborar un proyecto de disposiciones reguladoras de la educación sexual, a incluir en los programas de estudios de las escuelas del municipio». Recordando que estas disposiciones podían revestir la forma de una simple remisión a las recomendaciones de la guía, la circular señalaba que ésta ofrecía para las clases de los años quinto a décimo varias posibilidades en lo que se refiere a las modalidades y la importancia de la enseñanza. Por consiguiente, en caso de simple referencia a la guía, «correspondía al establecimiento (Consejo de profesores) pronunciarse a este respecto, con la conformidad del Consejo de la escuela».

 

26. Los objetivos adoptados por el Decreto de 8 de junio de 1971 eran idénticos a los de la guía, excepto en cuanto ésta encierra un párrafo suplementario, según el cual las escuelas deben tratar de promover en los alumnos la apertura de espíritu a los aspectos sexuales de la vida del hombre y estimular esta apertura de espíritu mediante una actitud que les inspire un sentimiento de seguridad.

 

27. La guía comenta así el principio de integración consagrado en el párrafo 2 del artículo 1 del Decreto:

 

«La integración tiene por finalidad principal situar la información sexual en un contexto tal que la sexualidad humana no aparezca como un fenómeno particular. La sexualidad no es ni un problema puramente físico (...) ni un problema puramente técnico (...). De otra parte, sus repercusiones emocionales no son tales que no pueda dar lugar a discusiones objetivas y serias (...). El tema debería, pues, formar parte integrante de la educación escolar general (...).»

 

28. En cuanto a la definición de las modalidades y de la importancia de la educación sexual (artículo 2, párrafo 1, del Decreto), la guía indica las materias que pueden incluir los programas de estudios de las escuelas públicas.

 

Del primer año al cuarto, la instrucción parte de la noción de familia, para tratar después de la diferencia de sexos, la concepción, el nacimiento y el desarrollo del niño, la planificación familiar, los contactos de los niños con las personas que no conocen y la pubertad.

 

La lista de temas sugeridos para los años quinto, sexto y séptimo comprende los órganos sexuales, la pubertad, las hormonas, la herencia, las actividades sexuales (masturbación, cópula, orgasmo), la fecundación, los métodos anticonceptivos, las enfermedades venéreas, las desviaciones sexuales (en particular la homosexualidad) y la pornografía.

 

La enseñanza impartida del octavo al décimo año vuelve sobre las cuestiones abordadas en el curso de los años precedentes, a la vez que pone el acento en los aspectos éticos, sociales y familiares de la vida sexual. La guía menciona la ética y la moral sexuales, las diferentes opiniones sobre la vida sexual antes del matrimonio, la vida sexual y el matrimonio vistos a la luz de diferentes opiniones religiosas y políticas, el papel de los sexos, el amor, el sexo y la fidelidad en el matrimonio, el divorcio, etc.

 

29. La guía preconiza un método de enseñanza basado en un diálogo entre profesores y niños, a partir de las preguntas de estos últimos. Subraya que «la enseñanza debe ser impartida con el suficiente tacto para no chocar o asustar al niño» y que «debe respetar el derecho de cada niño a continuar adhiriéndose a las concepciones que él mismo se ha forjado». En la medida en que la discusión recae sobre problemas éticos y morales de la vida sexual, la gula recomienda a los profesores una actitud objetiva; precisa:

 

 «El profesor no debe pronunciarse sobre las ideas debatidas. Esto no impide necesariamente, sin embargo, la posibilidad de expresar su opinión personal. La objetividad se impone tanto más cuanto que los alumnos proceden de todos los medios sociales. Los padres deben poder estar seguros de que sus hijos no son influenciados en una dirección unilateral que se aparta de sus propias opiniones. Deben tener la seguridad de que las concepciones morales fundamentales son presentadas con objetividad y seriedad.»

 

La guía intima además a los profesores a que no utilicen expresiones vulgares, ni fotografías eróticas, a que no discutan cuestiones sexuales con un alumno solo, fuera del grupo, y a que no informen a los escolares de las técnicas del acto sexual (artículo 2, párrafo 3, del Decreto).

 

Los demandantes pretenden, sin embargo, que en la práctica se utiliza muy a menudo un vocabulario vulgar. Se refieren a un libro de Bent H. Claësson titulado «Dreng og Pige, Mand og Kvinde» («Chico y chica, hombre y mujer») y del cual 55.000 ejemplares fueron vendidos en Dinamarca. Según ellos, este libro emplea frecuentemente un vocabulario vulgar, explica las técnicas del acto sexual y contiene fotografías que representan situaciones eróticas.

 

30. En lo que se refiere a las relaciones entre la escuela y los padres, la guía destaca en particular:

 

«Para llegar a conjugar la educación sexual en la escuela con la proporcionada en casa, convendrá mantener a los padres al corriente de las modalidades y de la extensión de la educación sexual dada por la escuela. Las reuniones de los padres de la clase son un buen método para establecer este contacto entre la escuela y los padres. Estas conversaciones ofrecerán la ocasión de insistir sobre el objeto de la educación sexual en la escuela y de aclarar a los padres que la escuela no entiende arrebatarles nada, sino, por el contrario, instaurar (...) una cooperación benéfica para todos los interesados. Puede también hacerse observar a los padres que la educación integrada permite abordar la cuestión en las situaciones exactas en que se plantea naturalmente en otros campos de instrucción y que, de manera general, esto sólo es posible si la educación sexual es obligatoria para los alumnos (...). Además, el maestro de escuela podrá, mediante sus contactos con las familias, aprender lo suficiente sobre la actitud de los padres tanto hacia la escuela como hacia su hijo y sus problemas particulares. Al hablar de la educación sexual impartida por la escuela, se llevará a menudo a los padres escépticos a comprender que una cooperación entre la escuela y la familia se justifica igualmente en este campo. Ciertos niños pueden tener exigencias particulares o requerir una asistencia especial y a menudo son los padres los que serán difíciles de abordar. El maestro deberá tener muy en cuenta esta dificultad. Cuando profesores, familias y niños hayan llegado progresivamente a conocerse unos a otros, podrán instaurarse relaciones de confianza que permitirán iniciar la educación sexual de forma satisfactoria para todos.»

 

31. El Decreto ministerial núm. 313, de 15 de junio de 1972, entrado en vigor el 1 de agosto de 1972, derogó el de 8 de junio de 1971. Su texto es el siguiente:

 

«Artículo 1

 

1. La educación sexual en las escuelas públicas tendrá por objetivo impartir a los alumnos informaciones sobre la sexualidad que les permitan cuidar de sí mismos y mostrar consideración para otros en este campo.

 

2. Los establecimientos escolares estarán, pues, obligados, como mínimo, a inculcar a sus alumnos nociones sobre la anatomía de los órganos de reproducción, la concepción, la anticoncepción y las enfermedades venéreas, que les permitirán más tarde no atraerse problemas o no atraerlos a otros por pura ignorancia. Objetivos suplementarios y más amplios podrán ser definidos en el marco de los fijados en el párrafo 1 más arriba.

 

3. La educación sexual comenzará, a más tardar, en el tercer año; será impartida en el marco de las asignaturas escolares comunes, en particular el danés, el cristianismo, la biología (higiene), la historia (educación cívica) y la instrucción familiar. Podrá darse también, en el sexto, séptimo y noveno años, una visión de conjunto de los principales temas incluidos de la educación sexual.

 

Artículo 2

 

Las modalidades y la importancia de la educación sexual serán definidas en el programa de estudios o conforme a éste. Si se presta la enseñanza particular a que se refiere el artículo 1, párrafo 3, segunda frase, se reservará a este efecto un pequeño número de lecciones durante los años considerados.

 

Artículo 3

 

1. La educación sexual será impartida por los profesores encargados de enseñar las materias en las que está integrada en la clase considerada, según las instrucciones del director del establecimiento. Si del programa de estudios no resultara a qué materias se unen los diversos temas de enseñanza, los profesores de la clase se repartirán el trabajo en la medida necesaria, conforme al parecer del Consejo de profesores, parecer que deberá ser aprobado por el Consejo de escuela conforme al artículo 27, párrafo 5, de la Ley sobre la administración escolar.

 

2. No podrá ser obligado un profesor a impartir contra su voluntad la enseñanza particular a que se refiere el artículo 1, párrafo 3, segunda frase. El profesor no estará obligado tampoco a enseñar a los alumnos las técnicas del acto sexual ni a utilizar fotografías que representen situaciones eróticas.

 

Artículo 4

 

Los padres podrán, dirigiéndose al director del establecimiento, hacer dispensar a sus hijos de la enseñanza particular a que se refiere el artículo 1, párrafo 3, segunda frase.

 

(...)»

 

32. En una circular de 15 de junio de 1972 (cirkulaere om aendring af reglerne om seksualoplysning i folkeskolen), dirigida a las mismas autoridades que la de 25 de junio de 1970 (párrafo 22 más arriba), el Ministro de Educación declara que el nuevo Decreto tiene por finalidad conceder a las autoridades escolares locales y, por consiguiente, a los padres una mayor influencia en la organización de la enseñanza de que se trata. De otra parte, la educación sexual, que «continuará siendo dispensada como una enseñanza esencialmente integrada, es decir, en el marco de las asignaturas escolares obligatorias», debe tener un objetivo más restringido y poner más el acento sobre los datos de hecho.

 

La circular señala que la educación sexual podrá en adelante no comenzar hasta el tercer año. Señala, además, que si el Decreto no se remite ya a la guía -que continúa en vigor-, es para subrayar que ésta constituye un simple medio de ayudar a las autoridades escolares locales a establecer los programas de estudios.

 

La circular precisa, finalmente, la situación de los profesores. Si un profesor no se cree en condiciones de participar en esta enseñanza de manera satisfactoria, debe tener la ocasión de seguir uno de los cursos de información organizados por el Colegio de formación de profesores. De otra parte, el Ministro recomienda expresamente que se conceda una importancia particular a las calificaciones personales y profesionales de los profesores, al repartir entre ellos los cursos que incluyen la educación sexual.

 

Según los demandantes, el Decreto de 15 de junio de 1972 conduce a dispensar a los profesores de impartir cursos de educación sexual. De hecho, el Ministro de Educación lo habría adoptado porque muchos profesores habían protestado vigorosamente contra tal obligación.

 

33. El 26 de junio de 1975, el Parlamento danés aprobó una nueva Ley sobre las escuelas públicas (Ley núm. 313), que entró plenamente en vigor el 1 de agosto de 1976. La Ley no reformó, sin embargo, ninguna de las disposiciones pertinentes en este caso: la educación sexual continúa siendo una parte integrante y obligatoria de la instrucción en la escuela elemental. La Ley tampoco modificó las antiguas reglas relativas a la influencia de los padres sobre la organización y el control de las escuelas públicas.

 

Durante el examen del proyecto por el Parlamento, el Partido Popular Cristiano había presentado una enmienda tendente a permitir a los padres la posibilidad de pedir que sus hijos sean exceptuados de la educación sexual. La enmienda fue rechazada por 103 votos contra 24.

 

34. Si la enseñanza primaria en las escuelas privadas debe comprender en principio todas las asignaturas obligatorias en las escuelas públicas (párrafo 18 más arriba), la educación sexual constituye a este respecto una excepción: las escuelas privadas son libres de decidir por sí mismas en qué medida quieren conformar su enseñanza en este campo a las reglas aplicables a las escuelas públicas. Sin embargo, deben incluir en sus programas de biología un curso sobre la reproducción en el hombre, tal como era obligatorio en las escuelas públicas desde 1960 (párrafo 19 más arriba).

 

35. Según los demandantes, la introducción de la educación sexual obligatoria no correspondía en modo alguno a la voluntad general de la población. Un director de escuela de Nyborg había recogido, en un lapso de tiempo muy corto, 36.000 firmas de protesta. Igualmente, un sondeo efectuado por el Instituto Observa y publicado el 30 de enero de 1972 por un diario, el «Jyllands- Posten», había revelado que, en una muestra de 1.532 personas de dieciocho años o más, el 41 por 100 se pronunciaba en favor de un sistema facultativo, un 15 por 100 rechazaba toda educación sexual en las escuelas primarias y un 35 por 100 solamente aprobaba el sistema instaurado por la Ley de 1970.

 

Según los autores de dos artículos publicados en 1975 en la revista médica «Ugerkrift for Laeger», presentados por la Comisión al Tribunal, la introducción de la educación sexual no ha producido, de otra parte, los efectos esperados por el legislador; por el contrario, el número de embarazos no deseados y de abortos había aumentado en fuertes proporciones entre 1970 y 1974. Según el Gobierno, las estadísticas de 1970 a 1974 no podrán reflejar los efectos de una legislación cuya aplicación sólo comenzó en la práctica en agosto de 1973.

 

Los hechos propios de los demandantes

 

36. El señor y la señora Kjeldsen tienen una hija llamada Karen. Nacida en diciembre de 1962, asistía a la escuela pública St. Jacobi, en Varde. Todas las escuelas públicas de esta ciudad utilizaban todavía, hasta el año escolar 1972/73, los programas de estudio adoptados en 1969, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley de 1970. El programa no cambió en Varde hasta el año escolar 1973/74.

 

37. El 25 de abril de 1971, los demandantes pidieron al Ministerio de Educación que dispensara a su hija de los cursos de educación sexual, declarando que deseaban darle esta instrucción ellos mismos.

 

El 6 de mayo de 1971, el Ministerio les respondió que un nuevo Decreto sobre la educación sexual en las escuelas públicas se hallaba en preparación.

 

Los demandantes apelaron al Parlamento danés, quien no respondió. Se dirigieron entonces al Mediador parlamentario (Folketingets ombudsmand), el cual les informó, el 2 de junio de 1971, de que no tenía competencia para ocuparse de esta cuestión.

 

38. Por carta de 14 de julio de 1971, el Ministro de Educación indicó a los demandantes la publicación del Decreto núm. 274 (párrafo 24 más arriba), añadiendo que razones de orden práctico impedían dispensar a los niños de la educación sexual integrada.

 

El 5 de agosto de 1971, los demandantes escribieron de nuevo al Ministerio de Educación para informarse esta vez de la situación de las escuelas privadas en materia de educación sexual. El Ministerio les indicó, el 20 de septiembre, que aquéllas no tenían obligación de prestar enseñanza alguna que excediera de la que estaban obligadas a impartir desde 1960 en el marco del programa de biología.

 

Algunas semanas antes, el 31 de agosto de 1971, la Comisión escolar de Varde había rechazado una petición de los demandantes de que se diera a su hija enseñanza privada gratuita.

 

39. El 13 de octubre de 1971, el Ministerio respondió a una nueva carta en la que los demandantes habían reclamado, el 6 de septiembre, la promulgación de una legislación que autorizara la enseñanza gratuita sin educación sexual. El Ministerio precisó que no tenía intención de proponer tal legislación y se negó además a tomar medidas que permitieran a la hija de los demandantes recibir una enseñanza diferenciada. Remitiéndose a la respuesta dada a otra persona que, en el mismo ámbito, había invocado el artículo 2 del Protocolo núm. 1, el Ministerio declaró que, en razón particularmente de la existencia de escuelas privadas, la legislación danesa en materia de educación sexual era conforme a este texto.

 

El 15 de abril de 1972, los demandantes preguntaron al Ministerio de Educación por qué los programas de estudio de las escuelas públicas de Varde no habían sido adaptados todavía a la nueva legislación en lo que se refiere a la educación sexual; el expediente no revela si el Ministerio les respondió.

 

40. Entre tanto, los demandante había retirado a su hija del colegio St. Jacobi; durante el año escolar 1971/72 la instruyeron en su casa. En agosto de 1972 la enviaron de nuevo a la escuela pública de Varde (Brorsonskolen).

 

Ante la Comisión, los demandantes alegaron que la escuela privada más próxima se encontraba a 19 kilómetros de su domicilio y que su hija, diabética, no podía abandonar la casa durante un lapso de tiempo prolongado. El Gobierno no negó estas afirmaciones.

 

41. El señor y la señora Busk Madsen tienen cuatro hijos, el mayor de los cuales ingresó en 1972 en una escuela pública de DŽAbenra. Intentaron, sin éxito, hacerle dispensar de los cursos de educación sexual.

 

42. El señor y la señora Pedersen tienen cinco hijos, de los cuales tres estaban en edad escolar en 1972. Dos de ellos, Ester, nacida en 1957, y Svend, nacido en 1965, asistían a escuelas privadas para no tener que seguir los cursos de educación sexual; el tercero, Hans Kristian, nacido en 1961, estaba inscrito en la escuela municipal de Poul Paghs Gade, en Alborg. Los demandantes pagaban 660 coronas al mes por Ester, quien había dejado esta misma escuela el verano de 1972 para ingresar en un internado privado en Korinth (Fionia), y 75 por Svend.

 

Los Pedersen habían solicitado de las autoridades competentes -igualmente en vano- que dispensaran a sus hijos de educación sexual. Declararon en su demanda que, si la Comisión no podía hacer nada por ellos, pensaban enviar también a su tercer hijo a una escuela privada.

 

43. En marzo de 1972, los demandantes denunciaron la utilización de ciertos manuales de educación sexual en la escuela antes mencionada; estas obras habían sido aparentemente aprobadas por el Consejo de escuela de acuerdo con los profesores del establecimiento.

 

El Comité de educación y cultura del Consejo de Condado de Jutlandia del Norte (Nordkyllands amtsrads undervisnings -og kulturudvalg) decidió, sin embargo, el 16 de junio de 1972, apoyar la resolución del Consejo de escuela, decisión que el Ministro de Educación confirmó el 13 de marzo de 1973.

 

PROCEDIMIENTO SEGUIDO ANTE LA COMISIÓN

 

44. El señor y la señora Kjeldsen recurrieron ante la Comisión el 4 de abril de 1971, el señor y la señora Busk Madsen y el señor y la señora Pedersen, el 7 de octubre de 1972. Habiendo declarado los Busk Madsen y los Pedersen que consideraban sus demandas como íntimamente ligadas a la de los Kjeldsen, la Comisión ordenó el 19 de julio de 1973 la acumulación de las tres demandas en virtud del artículo 39 del Reglamento interior en vigor en la época.

 

Todos los demandantes sostenían que la educación sexual integrada y, por tanto, obligatoria, tal como la introdujo la Ley de 1970 en las escuelas públicas, era contraria a sus convicciones de padres cristianos y violaba el artículo 2 del Protocolo número 1.

 

La Comisión resolvió el 16 de diciembre de 1972 sobre la admisibilidad de la demanda de los Kjeldsen, y los días 29 de mayo (decisiones parciales) y 19 de julio de 1973 (decisiones finales) sobre la admisibilidad de las demandas de los Busk Madsen y de los Pedersen. Estas fueron admitidas en cuanto los demandantes impugnaban la Ley de 1970 desde el punto de vista del Protocolo núm. 1, pero fueron rechazadas por no agotamiento de la vía de recursos internos (artículo 27, párrafo 3), en la medida en que denunciaban «directrices y otras decisiones administrativas dictadas por las autoridades danesas» sobre la manera de impartir la educación sexual.

 

En sus memorándums sobre el fondo, el señor y la señora Kjeldsen invocaron también los artículos 8, 9 y 14 del Convenio.

 

45. En su informe, fechado el 21 de marzo de 1975, la Comisión expresó la opinión siguiente:

 

- que la existencia del sistema danés de educación sexual no constituye por sí mismo una violación del artículo 2 del Protocolo núm. 1 (siete votos contra siete, con el voto de calidad del Presidente, artículo 18, párrafo 3, del Reglamento interior de la Comisión en vigor en aquella época);

 

- que no hubo violación del artículo 8 del Convenio (unanimidad) ni del artículo 9 (unanimidad);

 

- que los hechos de la causa no revelan ninguna violación del artículo 14 del Convenio (siete votos contra cuatro, con tres abstenciones).

 

El informe contiene tres votos particulares.

 

CONCLUSIONES PRESENTADAS AL TRIBUNAL

 

46. En la vista de 2 de junio de 1976, los delegados de la Comisión invitaron al Tribunal a:

 

«que juzgara si la introducción de la educación sexual integrada, y por tanto obligatoria, en las escuelas primarias públicas por la Ley danesa de 27 de mayo de 1970 constituye, respecto de los demandantes, una violación de los derechos y libertades garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en particular, de los enunciados en los artículos 8 , 9 y 14 del Convenio, así como del artículo 2 del primer Protocolo adicional».

 

Por su parte, el Gobierno, sin presentar conclusiones formales, alegó la ausencia de todo incumplimiento de las exigencias del Convenio y del Protocolo núm. 1.

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

47. El Tribunal debe, en primer lugar, pronunciarse sobre dos cuestiones de carácter preliminar.

 

La primera concierne a la declaración de retirada y la demanda subsidiaria de desacumulación formulada por el matrimonio Kjeldsen (párrafo 11 más arriba).

 

Por emanar de particulares, a quienes el Convenio no habilita para recurrir ante el Tribunal, la declaración de que se trata no podría desplegar los efectos de un desistimiento en el presente procedimiento (sentencia De Becker de 27 de marzo de 1962, serie A, núm. 4, p. 23, párrafo 4). El párrafo 1 del artículo 47 del Reglamento no se aplica en este caso, porque afecta únicamente al desistimiento de una «parte demandante ante el Tribunal», es decir, a un Estado contratante que ha interpuesto una demanda ante dicho Tribunal [apartado h) del artículo 1]. Sin duda, el párrafo 2 prevé que el Tribunal puede, a reserva del párrafo 3, eliminar del registro un asunto llevado ante él por la Comisión, pero subordina tal decisión a la existencia «de un arreglo amistoso, avenencia u otro hecho que pueda proporcionar una solución del litigio». Ahora bien, esta condición, tal como señaló en la audiencia de la mañana de 1 de junio de 1976 el delegado principal de la Comisión, no se cumple en el caso de los Kjeldsen. Además, la eliminación del registro -que el Gobierno, de otra parte, no ha solicitado- no ofrecería ningún interés práctico en este caso: limitada a la demanda núm. 5095/71, dejaría subsistentes las del matrimonio Busk Madsen (núm. 5920/72) y Pedersen (núm. 5026/72), que plantean el mismo problema fundamental.

 

Esta última consideración lleva al Tribunal a desechar igualmente la demanda de desacumulación.

 

48. En segundo lugar, el Tribunal estima necesario circunscribir el objeto del examen al que le corresponde dedicarse.

 

En 1972 y 1973, la Comisión admitió las demandas en cuanto negaban la compatibilidad de la Ley de 27 de mayo de 1970, que hacía obligatoria la educación sexual en las escuelas públicas, con el artículo 2 del Protocolo núm. 1 ; las consideró no admisibles por no agotamiento de la vía de recursos internos, en cuanto se referían a las «directrices y otras medidas administrativas dictadas por las autoridades danesas» sobre la manera de dispensar esta educación. En el párrafo 141 de su informe de 21 de marzo de 1975, la Comisión indicó, antes de formular su opinión sobre el fondo del litigio, que había de ocuparse «de la legislación danesa que preveía la educación sexual integrada» y no «de la manera como esta educación es dispensada en distintas escuelas»; en el párrafo 142 precisó que por legislación entendía la Ley núm. 235, de 27 de mayo de 1970; el Decreto núm. 274, de 8 de junio de 1971, y el Decreto núm. 313, de 15 de junio de 1972. El resumen de los hechos que figura en el informe mencionaba, además, a la «guía» de abril de 1971 y la Circular ministerial de 8 de junio de 1971 sobre la educación sexual en las escuelas públicas. Igualmente, la demanda iniciadora del procedimiento, de 24 de julio de 1975, hablaba de la «legislación danesa» y no únicamente de la Ley de 27 de mayo de 1970. En su memorándum de 11 de mayo de 1976 y durante los debates de 1 y 2 de junio de 1976, los delegados de la Comisión citaron amplios extractos de la «guía» de abril de 1971 y de los Decretos de 8 de junio de 1971 y 15 de junio de 1972, si bien sus conclusiones finales se refieren únicamente a la Ley de 27 de mayo de 1970. Los delegados expresaron la opinión de que, aunque el Tribunal no tiene que conocer de las «modalidades de enseñanza de la educación sexual en las diferentes escuelas», es decir, de las medidas adoptadas «por las autoridades municipales y por los consejos de padres», le es «opcional (...) examinar las diversas medidas de orden general tomadas por el Gobierno», y que su control se extiende a los Decretos de 8 de junio de 1971 y 15 de junio de 1972, en cuanto, «al menos», sirven «para interpretación de la Ley» de 27 de mayo de 1970. Según los delegados, la Comisión y el Gobierno parecen estar de acuerdo sobre «esta interpretación de las decisiones sobre la admisibilidad», cuya redacción daba lugar a «ciertas ambigüedades».

 

En su memorándum de 8 de marzo de 1976, el Gobierno dedujo del párrafo 141 del informe de la Comisión «que al examinar el asunto hay que partir de la idea de que la Ley» de 27 de mayo de 1970 «se aplica conforme a los principios enunciados en el Decreto de 15 de junio de 1972». Entre los «documentos sobre cuya base debe actuar (el Tribunal)», el Gobierno incluyó los Decretos y Circulares de 8 de junio de 1971 y 15 de junio de 1972, como consecuencia de lo cual el Secretario se procuró su texto, solicitándolo a la Comisión, siguiendo instrucciones del Presidente de la Sala (orden de 20 de marzo de 1976). «Para prevenir el efecto de ideas erróneas en cuanto a «la manera en que se dispensa la educación sexual«», el Gobierno proporcionó además a la Secretaría una traducción inglesa de la «guía» de abril de 1971; el agente leyó un pasaje del prefacio de aquélla en sus alegaciones de 1 de junio de 1976.

 

El Tribunal estima, en estas condiciones, que se encuentra llamado a averiguar si la Ley de 27 de mayo de 1970 y la legislación subsidiaria de carácter general promulgada en virtud de sus cláusulas infringen o no el Convenio y el Protocolo núm. 1, mientras que las medidas particulares de aplicación decididas a nivel de cada municipio o establecimiento escolar escapan a su control. En su artículo 1, párrafo 25, la Ley de 27 de mayo de 1970 se limitaba a completar la lista de las asignaturas obligatorias «integradas», añadiéndole, entre otras, la educación sexual; correspondía al Ministro de Educación Nacional definir las modalidades de puesta en ejecución del principio así adoptado (párrafo 22 más arriba). Elaborados en ejecución de este mandato, los Decretos y circulares de 8 de junio de 1971 y 15 de junio de 1972 forman, pues, un todo con la Ley misma; el Tribunal no puede apreciar ésta sino a la luz de aquéllos, sin lo cual el recurso no habría ofrecido ninguna utilidad, por otra parte, en este caso. Corresponde, sin embargo, destacar con la Comisión (párrafo 145 «in fine» del informe) que las disposiciones relativas a los cursos especiales y facultativos de educación sexual ( artículos 1, párrafo 2 «in fine»; 2, párrafo 1 «in fine»; 3, párrafo 2, y 4, párrafo 2 «in fine» del Decreto de 8 de junio de 1971 y artículos 1, párrafo 3 «in fine»; 2 «in fine»; 3, párrafo 2, y 4 del Decreto de 15 de junio de 1972 ) exceden del marco del presente asunto; únicamente entran en dicho marco las disposiciones relativas a la educación sexual integrada en la enseñanza de asignaturas obligatorias.

 

La «guía» de abril de 1971 no constituye por sí misma un acto legislativo o reglamentario, sino un documento de trabajo destinado a ayudar y aconsejar a las autoridades escolares locales; si el Decreto (artículo 2) y la Circular de 8 de junio de 1971 lo mencionaban, no ocurre lo mismo con los de 15 de junio de 1972 (párrafos 24-25 y 31-32 más arriba). La «guía» continúa, no obstante, siendo utilizada en el conjunto del país y los comparecientes la citaron con frecuencia. Así, el Tribunal la tendrá en cuenta, en cuanto contribuye a revelar el espíritu de la legislación impugnada.

 

En cuanto a la Ley núm. 313, de 26 de junio de 1975, entrada plenamente en vigor el 1 de agosto de 1976, no exige un examen separado, puesto que no reforma ninguna de las disposiciones pertinentes en este caso (párrafo 23 más arriba).

 

I. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTICULO 2 DEL PROTOCOLO NUM. 1

 

49. Los demandantes invocan el artículo 2 del Protocolo núm. 1, según el cual:

 

«A nadie puede negarse el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asumirá en el ámbito de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza, conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.»

 

50. Ante la Comisión, el Gobierno sostuvo con carácter principal que la segunda frase del artículo 2 no se aplica a las escuelas públicas (párrafos 104-107 del informe y memorándum de 29 de noviembre de 1973), pero su tesis evolucionó algo- desde entonces. En su memorándum de 8 de marzo de 1976 y con ocasión de las audiencias de 1 y 2 de junio de 1976, admitió que la presencia de escuelas privadas no implica quizá necesariamente en todos los casos la ausencia de violación de la citada frase. Sin embargo, el Gobierno subrayó que Dinamarca no obliga a los padres a confiar a sus hijos a las escuelas públicas: les deja libres de instruirlos o hacerlos instruir en su domicilio y, sobre todo, de enviarlos a establecimientos privados, a los que el Estado paga subvenciones muy elevadas, asumiendo así una «función en el ámbito de la educación y de la enseñanza» en el sentido del artículo 2. Dinamarca cumpliría de este modo las obligaciones derivadas de la segunda frase de este texto.

 

El Tribunal constata que en Dinamarca las escuelas privadas coexisten con un sistema de enseñanza pública. Ahora bien, la segunda frase del artículo 2 se impone a los Estados contratantes en el ejercicio del conjunto «de las funciones» -en inglés «any functions»- de que se encargan en materia de educación y de enseñanza, incluida la que consiste en organizar y financiar una enseñanza pública.

 

Además, la segunda frase del artículo 2 debe leerse en combinación con la primera, que consagra el derecho de todos a la instrucción. Es sobre este derecho fundamental sobre el que se asienta el derecho de los padres al respeto de sus convicciones filosóficas y religiosas, y la primera frase no distingue, como tampoco la segunda, entre enseñanza pública y enseñanza privada.

 

Los trabajos preparatorios, que revisten sin duda una importancia particular para una disposición que ha dado lugar a tan largas y ardientes discusiones, confirman la interpretación que se desprende en primer término de la redacción del artículo 2. Si bien estos trabajos muestran sin discusión, como lo ha recordado el Gobierno, el precio que muchos miembros de la Asamblea consultiva y cierto número de Gobiernos concedían a la libertad de enseñanza, es decir, a la libertad de crear escuelas privadas, no revelan, sin embargo, la intención de contentarse con garantizar ésta. A diferencia de ciertas versiones anteriores, el texto finalmente adoptado no la proclama en términos expresos, resultando de numerosas intervenciones y propuestas citadas por los delegados de la Comisión que no se perdió de vista la necesidad de asegurar en la enseñanza pública el respeto de las convicciones religiosas y filosóficas de los padres.

 

La segunda frase del artículo 2 tiende, en suma, a proteger la posibilidad de un pluralismo educativo, esencial en la preservación de la «sociedad democrática», tal como la concibe el Convenio. En razón del peso del Estado moderno, mediante la enseñanza pública, sobre todo, debe ser realizado este objetivo.

 

El Tribunal llega, pues, por acuerdo unánime a la conclusión de que las escuelas públicas danesas no escapan a la aplicación del Protocolo núm. 1. Al investigar si hubo violación del artículo 2, el Tribunal no podría, sin embargo, olvidar que entre las funciones asumidas por Dinamarca en el campo de la educación y de la enseñanza figura la concesión de una ayuda sustancial a las escuelas privadas. Si bien el recurso a estas últimas significa para los padres sacrificios, señalados justamente por los demandantes, la solución alternativa que establece constituye un elemento de apreciación que no debe ser descuidado en este caso. El delegado que habló en nombre de la mayoría de la Comisión reconoció que ésta no había tenido suficientemente en cuenta los párrafos 152 y 153 del informe.

 

51. El Gobierno alegó, a título subsidiario, que la segunda frase del artículo 2, en la hipótesis de que rigiera incluso para las escuelas públicas, la asistencia a las cuales no es obligatoria, implica únicamente el derecho para los padres de hacer dispensar a sus hijos de los cursos en que se imparte «una instrucción religiosa de carácter confesional».

 

El Tribunal no comparte esta opinión. El artículo 2, que se aplica a todas las funciones del Estado en el campo de la educación y de la enseñanza, no permite distinguir entre la instrucción religiosa y las otras asignaturas. Ordena al Estado respetar las convicciones, tanto religiosas como filosóficas, de los padres en el conjunto del programa de la enseñanza pública.

 

52. Tal como indica su misma estructura, el artículo 2 forma un todo que domina su primera frase. Al prohibirse a sí mismos «denegar el derecho a la instrucción», los Estados contratantes garantizan a todos aquellos que se encuentran bajo su jurisdicción «un derecho de acceso a los establecimientos escolares existentes en un momento dado» y «la posibilidad de obtener» mediante «el reconocimiento oficial de los estudios realizados» «un beneficio de la enseñanza seguida» (sentencia de 23 de julio de 1968 sobre el fondo del asunto «Lingüístico belga», serie A, núm. 6, pp. 30-32, párrafos 3-5).

 

Sobre este derecho fundamental a la instrucción se injerta el derecho enunciado por la segunda frase del artículo 2 (párrafo 50 más arriba). Al cumplir un deber natural hacia sus hijos, de quienes les incumbe prioritariamente «asegurar (la) educación y (la) enseñanza», los padres pueden exigir del Estado el respeto a sus convicciones religiosas y filosóficas. Su derecho corresponde, pues, a una responsabilidad estrechamente ligada al goce y ejercicio del derecho a la instrucción.

 

Por su parte, «las disposiciones del Convenio y del Protocolo deben ser consideradas como un todo» (sentencia antes citada de 23 de julio de 1968, ibídem, página 30, párrafo 1). Por tanto, las dos frases del artículo 2 han de ser leídas a la luz, no solamente la una de la otra, sino también en particular de los artículos 8 , 9 y 10 del Convenio, que proclaman el derecho de toda persona, incluidos los padres y los hijos, «al respeto de su vida privada y familiar», a «la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión» y a «la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas».

 

53. Del párrafo precedente resulta, en primer lugar, que la definición y la elaboración del programa de estudios son, en principio, competencia de los Estados contratantes. Se trata, en amplia medida, de un problema de oportunidad, sobre el cual el Tribunal no tiene que pronunciarse y cuya solución puede legítimamente variar, según los países y las épocas. En particular, la segunda frase del artículo 2 del Protocolo no impide a los Estados difundir, mediante la enseñanza o la educación, informaciones o conocimientos que tengan, directamente o no, carácter religiosos o filosófico. No autoriza, ni siquiera a los padres, a oponerse a la integración de tal enseñanza o educación en el programa escolar, sin lo cual cualquier enseñanza institucionalizada correría el riesgo de mostrarse impracticable. Parece, en efecto, muy difícil que cierto número de asignaturas enseñadas en el colegio no tengan, de cerca o de lejos, un tinte o incidencia de carácter filosófico. Lo mismo ocurre con el carácter religioso, si se tiene en cuenta la existencia de religiones que forman un conjunto dogmático y moral muy vasto, que tiene o puede tener respuestas a toda cuestión de orden filosófico, cosmológico o ético.

 

La segunda frase del artículo 2 implica, por el contrario, que el Estado, al cumplir las funciones por él asumidas en materia de educación y enseñanza, vela por que las informaciones o conocimientos que figuran en el programa sean difundidas de manera objetiva, crítica y pluralista. Se prohíbe al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda ser considerada como no respetuosa de las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Aquí se encuentra el límite que no debe ser sobrepasado. Tal interpretación se concilia a la vez con la primera frase del artículo 2 del Protocolo, con los artículos 8 a 10 del Convenio y con el espíritu general de éste, destinado a proteger y promover los valores de una sociedad democrática.

 

54. Para examinar la legislación en litigio desde el punto de vista del artículo 2 del Protocolo, así interpretado, ha de prestarse atención, evitando al mismo tiempo apreciar su oportunidad, a la situación concreta con la que intentó e intenta todavía enfrentarse.

 

El legislador danés, que no ha dejado de recoger previamente la opinión de expertos cualificados, manifiestamente partió de la constatación de que en Dinamarca los niños obtienen sin esfuerzo en nuestros días, desde distintas fuentes, la información que les interesa sobre la vida sexual. La instrucción dispensada en la materia en las escuelas públicas tiene menos por finalidad inculcarles conocimientos que no posean o no puedan procurarse por otros medios que el dárselos de manera más exacta, precisa, objetiva y científica. Tal como la prevé y organiza la legislación impugnada, tiende, en primer lugar, a informar mejor a los alumnos; esto se deduce, entre otros, del prefacio de la «guía» de abril de 1971.

 

Incluso limitada de esta forma, la citada instrucción no podría evidentemente excluir, por parte de los profesores, ciertas apreciaciones que puedan invadir el campo religioso o filosófico, pues se trata de una materia en que los juicios de realidad desembocan fácilmente en juicios de valor; la minoría de la Comisión lo ha subrayado con razón. Los Decretos y circulares de 8 de junio de 1971 y 15 de junio de 1972, la «guía» de abril de 1971 y los restantes elementos de que dispone el Tribunal (párrafos 20-32 más arriba) indican claramente que el Estado danés, al proporcionar a edad temprana a los niños aclaraciones que estima útiles, trata de alertarlos contra fenómenos inquietantes en su opinión; por ejemplo, la frecuencia excesiva de nacimientos fuera del matrimonio, de abortos provocados y de enfermedades venéreas. Las autoridades públicas quieren permitir a los alumnos, en su momento, «que cuiden de sí mismos y muestren respeto a los demás en este campo», «que no se atraigan problemas o que no se los proporcionen a otros por pura ignorancia» ( artículo 1 del Decreto de 15 de junio de 1972 ).

 

Estas son, desde luego, consideraciones de orden moral, pero revisten un carácter muy general y no entrañan un rebasamiento de los límites de lo que un Estado democrático puede concebir como interés público. El examen de la legislación impugnada prueba, en efecto, que no constituye un intento de adoctrinamiento tendente a preconizar un comportamiento sexual determinado. Esta legislación no se consagra a exaltar el sexo ni a incitar a los alumnos a dedicarse precozmente a prácticas peligrosas para su equilibrio, su salud o su futuro, o reprensibles para muchos padres. Además, la legislación no afecta al derecho de los padres de aclarar y aconsejar a sus hijos, de ejercitar con ellos sus naturales funciones de educadores o de orientarles en una dirección, conforme a sus propias convicciones religiosas o filosóficas.

 

Ciertamente, pueden producirse abusos en la manera en que una escuela o un maestro determinados apliquen los textos en vigor, y corresponde a las autoridades competentes velar, con el mayor cuidado, por que las convicciones religiosas y filosóficas de los padres no sean contrariadas a este nivel por imprudencia, falta de discernimiento o proselitismo intempestivo. Resulta, sin embargo, de las decisiones de la Comisión sobre la admisibilidad de las demandas que tal problema no se encuentra actualmente sometido al Tribunal (párrafo 48 más arriba).

 

El Tribunal llega, pues, a la conclusión de que la legislación impugnada no hiere en sí las convicciones filosóficas y religiosas de los demandantes en la medida prohibida por la segunda frase del artículo 2 del Protocolo, interpretado a la luz de la primera frase y del conjunto del Convenio.

 

Por lo demás, el Estado danés reserva un importante recurso a los padres que, en nombre de su fe o de sus opiniones, desean sustraer a sus hijos a la educación sexual integrada: les deja libres, bien de confiarlos a escuelas privadas, sujetas a obligaciones menos estrictas y, por otra parte, fuertemente subvencionadas por él (párrafos 15, 18 y 34 más arriba), bien instruirlos o hacerlos instruir en su domicilio, a reserva de soportar los sacrificios e inconvenientes innegables que provoca el recurrir a una de estas soluciones alternativas.

 

55. Los demandantes invocan también la primera frase del artículo 2. A este respecto, basta constatar que el Estado demandante no ha negado y no niega a sus hijos el acceso a los establecimientos escolares existentes en Dinamarca, ni el derecho de obtener, mediante el reconocimiento oficial de sus estudios, un beneficio de la enseñanza seguida por ellos (sentencia de 23 de julio de 1968 sobre el fondo del asunto «Lingüístico belga», serie A, núm. 6, páginas 30-32, párrafos 3-5).

 

II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTICULO 14 DEL CONVENIO COMBINADO CON EL ARTICULO 2 DEL PROTOCOLO NUM. 1

 

56. Los demandantes se pretenden igualmente víctimas, en el goce de los derechos protegidos por el artículo 2 del Protocolo núm. 1, de una discriminación fundada en la religión e incompatible con el artículo 14 del Convenio: destacan que la legislación danesa permite a los padres hacer dispensar a sus hijos de los cursos de instrucción religiosa impartidos en las escuelas públicas, mientras que en materia de educación sexual integrada no ofrece ninguna posibilidad similar (párrafos 70, 80 y 171-172 del informe de la Comisión).

 

El Tribunal destaca, en primer lugar, que el artículo 14 prohíbe en el campo de los derechos y libertades garantizados un trato discriminatorio que tenga por base o por motivo una característica personal («situación») mediante la cual personas o grupos de personas se distinguen unos de otros. Ahora bien, nada en la legislación impugnada permite dar la impresión de que tal trato haya sido proyectado.

 

Sobre todo, el Tribunal constata con la Comisión (párrafo 173 del informe) que existe una diferencia de naturaleza entre la instrucción religiosa y la educación sexual, de que se trata en este caso. La primera difunde necesariamente doctrinas y no simples conocimientos; el Tribunal ya ha concluido que no ocurre lo mismo con la segunda (párrafo 54 más arriba). Por tanto, la distinción denunciada por los demandantes se apoya sobre elementos de hecho diferentes y encaja con las exigencias del artículo 14.

 

III. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 9 DEL CONVENIO

 

57. Los demandantes invocan, por fin, y sin proporcionar muchas precisiones, los artículos 8 y 9 del Convenio, combinados con el artículo 2 del Protocolo núm. 1 la legislación que denuncian atentaría contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, así como contra su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (párrafos 54, 55, 72, 89 y 170 del informe de la Comisión).

 

El Tribunal no distingue, sin embargo, ninguna infracción a los artículos 8 y 9, los cuales ha tenido, por otra parte, en cuenta al interpretar el artículo 2 del Protocolo núm. 1 (párrafos 52 y 53 más arriba).

 

IV. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 50 DEL CONVENIO

 

58. No habiendo observado ninguna violación del Protocolo núm. 1 ni del Convenio, el Tribunal señala que la cuestión de la aplicación del artículo 50 no se plantea en este caso.

 

 

 

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL

 

1. Falla, por seis votos contra uno, que no hubo violación del artículo 2 del Protocolo núm. 1, ni del artículo 14 del Convenio, combinado con este mismo artículo 2;

 

2. Falla, por unanimidad, que no hubo violación de los artículos 8 y 9 del Convenio, combinados con el artículo 2 del Protocolo núm. 1.

 

Dado en francés y en inglés, dando fe el texto francés, en el Palacio de Derechos del Hombre de Estrasburgo, el siete de diciembre de mil novecientos setenta y seis.

 

 Firmado: Giorgio Balladore Pallieri

 

PRESIDENTE

 

Firmado: Marc-André Eissen

 

 SECRETARIO

 

A la presente sentencia va unida, conforme al artículo 51, párrafo 2, del Convenio y al artículo 50, párrafo 2, del Reglamento, la exposición del voto particular del juez Verdross.

 

 Rubricado: G. B. P.

 

Rubricado: M.-A. E.

 

 

 

 VOTO PARTICULAR DEL JUEZ VERDROSS

 

He aprobado los párrafos 1 a 52, 55 y 57 de la sentencia, pero, lamentándolo mucho, no he podido votar a favor del punto 1 de la parte dispositiva ni unirme a los motivos correspondientes (párrafos 53-54 y 56). Estas son las razones:

 

Estoy de acuerdo con el punto de partida del Gobierno danés, confirmado por la sentencia, esto es, que ninguna disposición del Convenio impide a los Estados contratantes integrar en su sistema escolar la enseñanza en materia sexual y hacerla así, en principio, obligatoria. La segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1 no impide, pues, a los Estados difundir en las escuelas públicas, mediante la enseñanza, informaciones objetivas que tengan un carácter filosófico o religioso. Sin embargo, esta libertad de los Estados está limitada por la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1, según el cual los padres pueden exigir que en esa enseñanza sean respetadas sus convicciones religiosas y filosóficas.

 

Puesto que en este caso los demandantes se consideran afectados en sus «convicciones cristianas», podemos dejar de lado la cuestión de saber en qué sentido deben entenderse los términos «convicciones filosóficas». Nos basta con examinar si el Gobierno en cuestión ha respetado las convicciones cristianas de los padres en materia de educación sexual.

 

Es cierto que en este campo las indicaciones de los demandantes no son plenamente precisas. Sus motivos son, sin embargo, suficientemente claros para mostrar de qué se trata. En efecto, los demandantes se oponen a una enseñanza «detallada» y demasiado precoz impartida por el Estado en materia sexual; sostienen que el monopolio del Estado en el campo de la educación les priva de su derecho primordial «a asegurar la educación de sus hijos conforme a sus propias convicciones religiosas». Esto nos prueba claramente que fundan su denuncia en una doctrina cristiana bien delimitada, según la cual todo lo que afecta a la formación de la conciencia de los hijos, es decir, su orientación moral, corresponde a los padres y, por consiguiente, el Estado no puede interponerse en la materia entre los padres y los hijos contra la voluntad de los primeros.

 

Es cierto que los demandantes forman parte de la misma religión que la gran mayoría del país, pero pertenecen a aparentemente a un grupo más fiel a la tradición cristiana que sus compatriotas liberales o religiosamente indiferentes. Ahora bien, como todos los derechos protegidos por el Convenio y sus Protocolos adicionales son derechos individuales del hombre, el Tribunal no está llamado a investigar si los derechos de las personas que pertenecen a una confesión determinada son violados o no. Únicamente tiene la obligación de decidir si en el caso presente los derechos de los demandantes han sido respetados o no.

 

La cuestión se plantea, pues, de saber si los padres de que se trata en este caso pueden oponerse-, en virtud del artículo 2 citado más arriba, a una educación sexual obligatoria en una escuela pública, incluso si, como en este caso, no constituye un intento de adoctrinamiento.

 

Para poder responder a esta cuestión, me parece necesario distinguir entre la información sobre los hechos de la sexualidad humana que constituyen el objeto de la ciencia natural, sobre todo de la biología, de una parte, y la que hace referencia a las actividades sexuales, incluida la anticoncepción, de otra parte. Esta distinción se impone, en mi opinión, por el hecho de que las primeras tienen carácter neutro, desde el punto de vista de la moralidad, mientras que las segundas, incluso si son dadas a menores de una manera objetiva, afectan siempre a la formación de su conciencia. De ello resulta que incluso informaciones objetivas sobre la práctica sexual dadas demasiado pronto en una escuela pueden violar las convicciones cristianas de los padres. Estos tienen, por tanto, el derecho a oponerse a ellas. Contra esta opinión no puede invocarse el artículo 10 del Convenio, que consagra la libertad de toda persona a recibir y comunicar información, pues el artículo 2 del Protocolo núm. 1 constituye una regla especial que deroga el principio general del artículo 10 del Convenio. El artículo 2 del citado Protocolo reconoce, pues, a los padres el derecho de restringir la libertad de las informaciones a dar a sus hijos menores y que afecten a la formación de la conciencia de estos últimos.

 

Según la sentencia, es verdad, la disposición antes citada del artículo 2 prohíbe únicamente una instrucción impartida con la finalidad de adoctrinar. Ahora bien, no proporciona ningún indicio que autorice tal interpretación restrictiva. Por el contrario, obliga a los Estados, de una manera absoluta, a respetar las convicciones religiosas y filosóficas de los padres; no distingue entre las diferentes intenciones con las que se da la instrucción. Como los demandantes se consideran afectados «en sus convicciones cristianas» por la obligación impuesta a sus hijos de participar en una enseñanza «detallada» en materia sexual, el Tribunal hubiera debido limitarse a averiguar, en caso de duda, si este motivo encajaba o no con la doctrina profesada por los demandantes.

 

En este campo, el poder del Tribunal me parece similar al de las Comisiones encargadas, en diversos países, de controlar la veracidad de las declaraciones de personas llamadas al servicio militar, pero que pretenden que su religión o filosofía les prohíbe llevar armas (objetores de conciencia): estas Comisiones deben respetar la ideología de los interesados desde el momento en que se encuentre claramente probada.

 

La distinción entre las informaciones sobre el conocimiento de la sexualidad del hombre en general y las que hacen referencia a las actividades sexuales es reconocida por el propio legislador danés: si bien obliga a las escuelas privadas a incluir en sus programas un curso de biología sobre la reproducción en el hombre, les deja la libertad de conformarse o no a las otras reglas obligatorias para las escuelas públicas en materia sexual. El propio legislador admite también, así, que las informaciones sobre la práctica sexual pueden ser separadas de las otras informaciones en la materia y que, por consiguiente, la dispensa concedida a los niños para el curso concreto de la primera categoría no impide integrar en el sistema escolar los conocimientos científicos en la materia.

 

Ahora bien, la Ley danesa sobre las escuelas públicas no exime, en modo alguno, de la obligación de asistir al conjunto de los cursos de educación sexual a los hijos de los padres que tengan una convicción religiosa no conforme con la del legislador. Por tanto, se impone la conclusión de que la Ley danesa, en los límites indicados más arriba, no está en armonía con la segunda frase del artículo 2 del Protocolo núm. 1.

 

Esta conclusión no se ve quebrantada por la facultad otorgada a los padres de confiar a sus hijos a una escuela privada subvencionada por el Estado o de hacerlos instruir en su domicilio. De una parte, en efecto, el derecho de los padres es un derecho estrictamente individual, mientras que la creación de una escuela privada supone siempre la existencia de un cierto grupo de personas que tengan cierta convicción en común. Como el Estado debería respetar las opiniones religiosas de los padres, aun cuando sólo existiera un matrimonio cuyas convicciones sobre la formación de la conciencia de sus hijos menores difirieran de las mayoría del país o de una escuela determinada, sólo puede ser cumplido el deber en cuestión mediante la dispensa a los hijos de asistir a los cursos sobre las actividades sexuales. De otra parte, no puede desconocerse que la instrucción en una escuela privada, incluso subvencionada por el Estado, y la enseñanza en el propio domicilio causan siempre sacrificios materiales a los padres. Si, por tanto, los demandantes no tenían la facultad de hacer dispensar a sus hijos de asistir a los cursos en cuestión, existiría en su perjuicio una discriminación no justificada prohibida por el artículo 14 del Convenio, en comparación con los padres cuyas convicciones religiosas y morales son conformes con las del legislador danés.

 

(Comentario y traducción: Piedad García Escudero)

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