CASE OF LÓPEZ RIBALDA AND OTHERS v. SPAIN - [Spanish Translation] by the Spanish Ministry of Justice

ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO   MINISTERIO   DE JUSTICIA   DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO   SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSTITUCIONAL Y   DERECHOS HUMANOS   ÁREA DE DERECHOS HUMANOS   Traducción realizada por Silvia Martínez Cantón siendo tutor el profesor Joaquín Sarrión Esteve,   en virtud del Convenio suscrito por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Ministerio   de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)   El TEDH y el Ministerio de Justicia no se hacen responsables del contenido o calidad de la presente   traducción   GRAN SALA   ASUNTO LÓPEZ RIBALDA Y OTROS CONTRA ESPAÑA   (Demandas nº 1874/13 y 8567/13)   SENTENCIA   ESTRASBURGO   17 DE OCTUBRE de 2019   Esta Sentencia será definitiva [de acuerdo con lo estipulado en el artículo 44. 2 del   Convenio]. Puede someterse a revisión editorial.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   En el caso de López Ribalda y otros c. España,   El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, actuando en Gran Sala compuesta por:   Linos-Alexandre Sicilianos, Presidente,   Guido Raimondi,   Angelika Nußberger,   Robert Spano,   Vincent A. De Gaetano,   Jon Fridrik Kjølbro,   Ksenija Turković,   Işıl Karakaş,   Ganna Yudkivska,   André Potocki,   Aleš Pejchal,   Faris Vehabović,   Yonko Grozev,   Mārtiņš Mits,   Gabriele Kucsko-Stadlmayer,   Lәtif Hüseynov,   María Elósegui, jueces,   and Søren Prebensen, Secretario Adjunto de la Gran Sala,   Tras deliberar a puerta cerrada el 20 de junio de 2019, dicta la siguiente sentencia,   adoptada en esa fecha:   MINISTERIO   DE JUSTICIA   PROCEDIMIENTO   1. El caso se originó en dos demandas (números 1874/13 y 8567/13) contra el Reino de   España presentadas ante el Tribunal en virtud del artículo 34 del Convenio para la   Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ("el Convenio")   por cinco nacionales españoles, cuyos datos figuran en el anexo ("las demandantes"), el 28   de diciembre de 2012 y el 23 de enero de 2013, respectivamente.   2. Fueron representados ante el Tribunal por el Sr. J.A. González Espada, abogado que   ejerce en Barcelona. El Gobierno español ("el Gobierno") estuvo representado por su   Agente, el Sr. R.A. León Cavero, Abogado del Estado.   3. Las demandantes afirmaron que la decisión por la que su empleador los había   despedido se había basado en la videovigilancia aplicada en violación de su derecho al   respeto de su vida privada, garantizado por el artículo 8 del Convenio, y que los tribunales   nacionales habían incumplido su obligación de garantizar la protección efectiva de ese   derecho. En virtud del artículo 6 del Convenio, se quejaron de la admisión como prueba   durante el procedimiento de las grabaciones obtenidas mediante la videovigilancia. En   virtud de la misma disposición, las demandantes tercera, cuarta y quinta se quejaron   además de la aceptación por los tribunales nacionales de los acuerdos de conciliación que   habían firmado con su empleador.   4. Las demandas fueron asignadas a la Tercera Sección del Tribunal (Regla 52 § 1 del   Reglamento del Tribunal). Por sentencia de 9 de enero de 2018, una Sala de dicha Sección,   compuesta por Helena Jäderblom, Presidenta, Luis López Guerra, Dmitry Dedov, Pere   Pastor Vilanova, Alena Poláčková, Georgios A. Serghides, Jolien Schukking, jueces, y   Stephen Phillips, Secretario de la Sección, decidió acumular las demandas, las declaró   parcialmente admisibles y determinó que se había violado el artículo 8 del Convenio y que   no se había violado el artículo 6. La opinión disidente del Juez Dedov se adjuntó a la   sentencia de la Sala.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   5. El 27 de marzo de 2018, en virtud del artículo 43 del Convenio, el Gobierno solicitó la   remisión del caso a la Gran Sala. El 28 de mayo de 2018, la Sala de la Gran Sala accedió a   dicha solicitud.   6. La composición de la Gran Sala se determinó de conformidad con los párrafos 4 y 5 del   artículo 26 del Convenio y la regla 24.   7. Tanto las demandantes como el Gobierno presentaron observaciones escritas   adicionales (artículo 59, párrafo 1). La Confederación Europea de Sindicatos (CES), a la   que se había concedido autorización para presentar observaciones escritas en el   procedimiento de la Sala (párrafo 2 del artículo 36 del Convenio y párrafo 3 de la regla   44), presentó dichas observaciones ante la Sala, pero no formuló ninguna observación   adicional ante la Gran Sala.   8. El 28 de noviembre de 2018 se celebró una audiencia pública en el Edificio de Derechos   Humanos de Estrasburgo (párrafo 3 del artículo 59).   Comparecieron ante el Tribunal:   (a) por el Gobierno   Sr R.A. León Cavero,Agent,   Sr A. Brezmes Martínez de Villarreal, Co-AgentE,   Sr A. Ramos de Molins Sainz de Baranda,   Sr M. Montobbio, Embajador, Representación permanente del Reino de España ante el   Consejo de Europa,   Sr A. Antón, Asesor, Representación permanente del Reino de España ante el Consejo de   Europa,   (b) por el demandante   MINISTERIO   DE JUSTICIA   Sr J.A. González Espada, Abogado,   Sra À. Ortiz López, Asesor.   El Tribunal escuchó los discursos de los Sres. González Espada, León Cavero y Brezmes   Martínez de Villarreal y sus respuestas a las preguntas de los jueces.   9. El 23 de enero de 2019 el Tribunal tuvo conocimiento del fallecimiento del segundo   demandante. Su marido expresó el deseo de continuar el procedimiento ante el Tribunal   en su lugar y autorizó al Sr. J. A. González Espada a representarle.   LOS HECHOS   I.   THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE   A. El despido de las demandantes   10. En el momento de los hechos relevantes, las demandantes trabajaban todas en un   supermercado de la cadena M. situado en Sant Celoni (provincia de Barcelona). Las tres   primeras demandantes eran cajeras, mientras que la cuarta y la quinta eran vendedoras   detrás de un mostrador.   11. A partir de marzo de 2009, el gerente del supermercado observó algunas   inconsistencias entre el nivel de existencias y las cifras de ventas. En los meses siguientes   identificó pérdidas de 7.780 euros (EUR) en febrero, 17.971 euros en marzo, 13.936 euros   en abril, 18.009 euros en mayo y 24.614 euros en junio.   12. En el marco de una investigación interna para esclarecer las pérdidas, el 15 de junio   de 2009 el gerente instaló cámaras de circuito cerrado, algunas visibles y otras ocultas. Las   cámaras visibles estaban dirigidas a las entradas y salidas del supermercado. Las cámaras   ocultas se colocaron a cierta altura y se dirigieron hacia las cajas. Tres cajas fueron   cubiertas por el alcance de cada cámara, incluyendo las áreas delante y detrás de los   MINISTERIO   DE JUSTICIA   mostradores. Las partes no indicaron el número exacto de cajas que estaban siendo   vigiladas; los documentos del expediente muestran que se filmaron al menos cuatro cajas.   13. Durante una reunión se informó al personal del supermercado de la instalación de las   cámaras visibles debido a las sospechas de la dirección sobre los robos. Ni el personal ni el   comité de personal fueron informados de las cámaras ocultas. Previamente, en 2007, la   empresa había notificado a la Agencia Española de Protección de Datos su intención de   instalar cámaras de CCTV en sus tiendas. La Agencia había señalado las obligaciones de   proporcionar información en virtud de la legislación sobre protección de datos personales.   Se había instalado un cartel que indicaba la presencia de cámaras de CCTV en la tienda   donde trabajaban las demandantes, pero las partes no indicaron su ubicación ni el   contenido preciso.   14. El 25 de junio de 2009 la dirección del supermercado informó al representante   sindical de que las imágenes grabadas por las cámaras ocultas habían revelado robos de   mercancías en las cajas registradoras por parte de varios empleados. El representante   observó las grabaciones.   15. El 25 y 29 de junio de 2009 todos los trabajadores sospechosos de robo fueron   llamados a entrevistas individuales. Catorce empleados fueron despedidos, incluyendo a   las cinco demandantes. Antes de cada entrevista, las demandantes y otros empleados   afectados tuvieron una reunión con el representante del sindicato, quien les dijo que había   visto las grabaciones de vídeo. Durante la reunión, varios empleados admitieron que   habían participado en los robos con otros colegas.   16. Durante las entrevistas individuales, a las que asistieron el gerente, el representante   legal de la empresa M. y el representante sindical, se notificó a los empleados afectados su   despido por motivos disciplinarios con efecto inmediato. En las cartas de despido   entregadas a las demandantes se indicaba que las cámaras de circuito cerrado de   televisión las habían filmado, en varias ocasiones entre el 15 y el 18 de junio de 2009,   ayudando a los clientes u otros empleados del supermercado a robar mercancías y   robando ellas mismos las mercancías. Entre los hechos, las cartas indicaban que las tres   primeras demandantes, que trabajaban en las cajas registradoras, habían permitido a   clientes y colegas ir a la caja registradora y salir de la tienda con mercancías que no habían   pagado. Añadían que esas demandantes habían escaneado los artículos presentados en la   caja por los clientes o los colegas y luego habían cancelado las compras, con el resultado de   MINISTERIO   DE JUSTICIA   que la mercancía no había sido pagada. Explicaron que la comparación entre los bienes   que los clientes se llevaron y los recibos de venta había permitido demostrarlo. En cuanto   a las demandantes cuarta y quinta, las cámaras les habían pillado robando mercancía con   la ayuda de sus colegas de la caja. Según el empleador, estos actos constituían un grave   incumplimiento de las obligaciones de buena fe y lealtad exigidas en la relación laboral y   justificaban la rescisión del contrato con efecto inmediato.   17. Además, las demandantes tercera, cuarta y quinta firmaron un acuerdo denominado   "acuerdo transaccional" con el representante legal de la empresa. Estos acuerdos fueron   firmados conjuntamente por el representante sindical. En virtud de los acuerdos, ambas   partes confirmaron la rescisión del contrato de trabajo por parte del empleador y   declararon que habían llegado a un acuerdo a fin de evitar la incertidumbre sobre   cualquier futura controversia jurídica. Las demandantes reconocieron los robos de la   mercancía, como se indica en las cartas de despido, y respaldaron la decisión del   empleador de rescindir sus contratos de trabajo. La empresa se comprometió a no iniciar   acciones penales contra las empleadas. Se adjuntó al acuerdo una liquidación final de las   cuentas pendientes y las partes declararon que renunciaban a cualquier reclamación   contra la otra parte en virtud del contrato de trabajo.   18. En ningún momento antes de su despido, ni durante la reunión con el representante   del sindicato ni durante sus entrevistas individuales, las demandantes pudieron ver las   grabaciones de las cámaras de circuito cerrado.   B. Los procedimientos judiciales iniciados por las demandantes   1. Los procedimientos ante el Juzgado de lo Social   19. El 22 de julio de 2009 la primera demandante presentó una demanda por despido   improcedente ante el Juzgado de lo Social de Granollers nº. 1 ("el Juzgado de lo Social").   Ese mismo día las otras cuatro demandantes interpusieron un procedimiento similar ante   el Juzgado de lo Social.   20. Las demandantes se opusieron, en particular, a la utilización de la videovigilancia   encubierta, alegando que había vulnerado su derecho a la protección de su privacidad. Así   MINISTERIO   DE JUSTICIA   pues, solicitaron que las grabaciones obtenidas por esos medios no se admitieran como   prueba en el procedimiento.   21. En cuanto a las actuaciones de las demandantes tercera, cuarta y quinta, el empleador   se opuso a ellas, basándose en los acuerdos de conciliación firmados por ellas. Las   demandantes solicitaron la anulación de los acuerdos, alegando que los habían firmado   bajo la amenaza de un proceso penal y que su consentimiento había sido viciado por la   coacción y la manipulación engañosa del empleador con la complicidad del representante   sindical.   22. Se celebró una audiencia en cada una de las dos series de procedimientos, el 3 de   diciembre de 2009 y el 23 de noviembre de 2009, respectivamente. Las grabaciones del   circuito cerrado de televisión fueron presentadas como prueba por el empleador.   23. El 20 de enero de 2010 el Juzgado de lo Social dictó dos sentencias en las que   desestimaba las acciones de las demandantes, declarando que sus despidos eran justos.   24. En lo que respecta a las demandantes primera y segunda, que no habían firmado   ningún acuerdo de conciliación, el tribunal consideró que primero debía determinar si las   grabaciones obtenidas por las cámaras ocultas podían constituir una prueba lícita, dado   que, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo   287 la Ley de Enjuiciamiento Civil, debía excluirse toda prueba obtenida en violación de   un derecho fundamental.   25. A este respecto, el juzgado de lo social determinó que, de conformidad con el párrafo 3   del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores (véase el párrafo 42 infra), todo   empleador tenía derecho a utilizar medidas de supervisión y vigilancia para verificar que   los empleados cumplieran sus obligaciones laborales, siempre que esas medidas fueran   compatibles con su "dignidad humana" y, por lo tanto, respetaran sus derechos   fundamentales. A este respecto, se remitió a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,   en particular a la sentencia Nº 186/2000, de 10 de julio de 2000, que se refería a un caso   similar de videovigilancia, mediante cámaras ocultas, de empleados sospechosos de haber   cometido una falta grave. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional había considerado   que el derecho del empleador a adoptar medidas de vigilancia en el ejercicio de su poder   de gestión y con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la empresa estaba limitado   MINISTERIO   DE JUSTICIA   por el respeto debido al derecho de los empleados a su privacidad y a la protección de su   imagen. Había explicado que se suponía que el tribunal de instancia debía encontrar un   equilibrio entre los diversos intereses de valor constitucional aplicando una prueba de   proporcionalidad a las medidas del empleador. En el caso en cuestión, había considerado   que la medida encubierta de videovigilancia había sido proporcionada y no había violado   el derecho fundamental del empleado a la privacidad garantizado por el artículo 18 de la   Constitución, dado que, en primer lugar, estaba justificada por sospechas razonables de   una falta grave; que, en segundo lugar, era adecuada al objetivo perseguido, a saber,   verificar si el empleado estaba cometiendo efectivamente una falta y adoptar sanciones en   caso necesario; que, en tercer lugar, era necesaria porque las grabaciones aportarían   pruebas de la falta en cuestión; y que, en cuarto lugar, era proporcionada porque la   vigilancia estaba limitada en el espacio y en el tiempo a lo que era suficiente para cumplir   su objetivo. Además, el tribunal había considerado que no era constitucionalmente   pertinente examinar la cuestión de si las empleadas o el comité de empresa habían sido   informados de antemano de la instalación de la videovigilancia. Además, consideró que no   se había violado el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24 de la   Constitución al admitir como prueba las grabaciones así obtenidas, sobre todo porque la   decisión se había basado también en otras pruebas.   26. Transponiendo los principios así desarrollados por el Tribunal Constitucional en un   caso similar, el Juzgado de lo social consideró que no se había violado el derecho de las   demandantes al respeto de su vida privada y que, por lo tanto, las grabaciones constituían   una prueba válida.   27. En cuanto al fondo, el Juzgado de lo Social consideró que los hechos expuestos en las   cartas de despido habían quedado demostrados por las pruebas del expediente y se habían   examinado en su conjunto, a saber: las grabaciones de vídeo, las declaraciones de los   testigos del gerente del supermercado, el representante sindical y otros empleados   despedidos por su participación en los robos, y un informe pericial redactado en el marco   del procedimiento penal relativo a los delitos (véase el párrafo 40 infra), en el que se   habían comparado las imágenes filmadas por las cámaras con las compras registradas en   las cajas registradoras.   28. En opinión del juez, la conducta de las demandantes constituía una violación del   principio de buena fe y entrañaba la pérdida de confianza del empleador, por lo que su   despido era conforme a Derecho.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   29. En lo que respecta a las demandantes tercera, cuarta y quinta, el Juzgado de lo Social   examinó sus argumentos relativos a la invalidez de los acuerdos de conciliación con su   empleador. Consideró que no había pruebas de ninguna forma de coacción o intención   fraudulenta por parte del empleador. A partir del testimonio de la representante sindical,   concluyó que las demandantes habían confesado los hechos durante una reunión con ella,   por lo que resultaba plausible que hubieran firmado los acuerdos para evitar un proceso   penal. Añadió que el hecho de que algunos empleados que se encontraban en la misma   situación que las demandantes (por ejemplo, las demandantes primera y segunda) no   firmaran dicho acuerdo confirmaba la ausencia de toda amenaza o coacción. También   señaló que los acuerdos de conciliación no tenían ningún fundamento ilícito y podían   considerarse como un medio de resolver una controversia mediante concesiones   recíprocas.   30. Tras aceptar los acuerdos de conciliación, el juez confirmó la objeción del empleador a   las actuaciones y, al considerar que los tres demandantes en cuestión no tenían locus   standi, desestimó sus acciones sin examinarlas en cuanto al fondo.   2. Los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia   31. Las demandantes apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (“el   Tribunal Superior”) los días 16 y 22 de marzo de 2010, respectivamente. En su recurso, la   primera demandante se quejó expresamente del incumplimiento de la obligación de   notificación previa, prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de   Carácter Personal. En su opinión, esto debería haberse tenido en cuenta en el examen de la   proporcionalidad de la medida de videovigilancia.   32. En las sentencias de 28 de enero y 24 de febrero de 2011 el Tribunal Superior   confirmó ambas sentencias de primera instancia.   33. Basándose en su propia jurisprudencia, en la de otros tribunales y en la del Tribunal   Constitucional ya citada por el Juzgado de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia   consideró que las medidas de videovigilancia adoptadas por el empleador sobre la base   del párrafo 3 del artículo 20 del Estatuto de los trabajadores no requerían, a la luz del   párrafo 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, el   consentimiento previo de los empleados afectados, sino que debían someterse a una   prueba de proporcionalidad según los criterios establecidos por el Tribunal   MINISTERIO   DE JUSTICIA   Constitucional. Consideró que la medida en cuestión en el presente caso satisfacía esos   criterios porque estaba justificada por la existencia de sospechas de conducta indebida,   era apropiada para el objetivo perseguido, necesaria para el cumplimiento de ese objetivo   porque una medida más moderada no habría sido capaz de cumplirlo, y proporcionada   porque las grabaciones se limitaban, en el tiempo y en el espacio, a lo que era necesario   para verificar las sospechas. Refiriéndose a las sentencias anteriores, el Tribunal Superior,   en su sentencia de 28 de enero de 2011 en el procedimiento relativo al primer   demandante, declaró lo siguiente:   “el control empresarial de una cámara de video (instalada “en el centro de trabajo donde la   [primera] demandante prestaba sus servicios que enfocaban los puestos de trabajo de las cajeras   tras haberse detectado la falta o descuadre de productos -hechos probados cuarto y quinto-) se   puede considerar genéricamente un medio idóneo e incluso necesario para el control de la actividad   y, por tanto, se ha de considerar que, pese a la reprobación posiblemente sancionable,… por falta de   comunicación a los representantes de los trabajadores de la instalación de la cámara… no se puede   considerar que se haya realizado el control de manera desequilibrada y sin superar el juicio de   idoneidad, necesidad y proporcionalidad, con perjuicio injustificado del derecho a la propia imagen o   vulneración de la dignidad ya que se trataba de un instrumento adecuado y difícilmente sustituible   para acreditar los hechos de los posibles hurtos …”   El Tribunal Superior de Justicia sostuvo, además, que la falta de notificación a los empleados y   representantes del personal podía explicarse probablemente por el hecho de que "la empresa   temía, con razón, que el conocimiento del sistema de vigilancia frustrara su propósito".   34. Sin mencionar expresamente el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de   Carácter Personal, el Tribunal Superior de Justicia señaló que la cuestión del cumplimiento por   el empleador de la obligación de notificación previa era de legalidad ordinaria y que el hecho   de no informar a los empleados exponía al empleador a una sanción administrativa, pero no   tenía ninguna repercusión en la admisibilidad de las pruebas cuando, como en el presente   caso, la medida de videovigilancia estaba justificada y era proporcionada:   “El invocado déficit de información podrá ser, en su caso, objeto de la correspondiente sanción   administrativa pero en modo alguno afecta a las condiciones de licitud probatoria a que alude   nuestro Tribunal Constitucional, al tratarse -insistimos en ello- de una medida justificada (ya que   existían razonables sospechas de la comisión por parte del recurrente de graves irregularidades en   su puesto de trabajo); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si el trabajador   cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas   MINISTERIO   DE JUSTICIA   disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales   irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja y a una   duración temporal limitada, la suficiente para comprobar que no se trataba de un hecho aislado o de   una confusión, sino de una conducta ilícita reiterada)”.   Utilizando un razonamiento similar, el Tribunal Superior de Justicia llegó a la misma conclusión   en su sentencia de 24 de febrero de 2011, en las actuaciones relativas a las demandantes   segunda, tercera, cuarta y quinta.   35. En lo que respecta a las demandantes tercera, cuarta y quinta, el Tribunal Superior de   Justicia confirmó la conclusión del Juzgado de lo Social de que los acuerdos de conciliación   eran válidos y que no se podían encontrar defectos en el consentimiento, señalando en   particular que los acuerdos se habían firmado en presencia del representante sindical y que su   redacción no dejaba lugar a dudas en cuanto al conocimiento de los hechos por parte de los   empleados o su disposición a aceptar la terminación de sus contratos de trabajo.   36. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia observó que no era correcto desde el punto   de vista del procedimiento considerar, como lo había hecho el juzgado de lo laboral, que la   firma de los acuerdos había privado a las demandantes de su derecho a entablar acciones   judiciales. Consideró que, no obstante, de esos acuerdos se desprendía que habían reconocido   expresamente los hechos que se les imputaban, que habían aceptado la decisión del   empleador de poner fin a su empleo y que, por consiguiente, habían dado su consentimiento a   la rescisión de sus contratos. Por consiguiente, llegó a la conclusión, con referencia a la   jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a acuerdos similares celebrados por el mismo   empleador con otros empleados, de que los contratos de trabajo se habían rescindido de   mutuo acuerdo. A su juicio, esto era suficiente para considerar que los hechos que debían   establecerse y la rescisión de los contratos de trabajo eran lícitos, independientemente de que   las grabaciones de vídeo fueran lícitas y pudieran ser admitidas como prueba, cuestión a la que   el tribunal había respondido de hecho en sentido afirmativo.   37. Además, en respuesta al motivo de apelación planteado por todas las demandantes en el   sentido de que las pruebas eran insuficientes para establecer los hechos, el Tribunal Superior   señaló que los hechos estaban probados por las grabaciones de vídeo, por el testimonio de la   representante sindical a la que varios empleados habían admitido los robos y por el   reconocimiento de los hechos en los acuerdos de conciliación, en los casos de los tres   MINISTERIO   DE JUSTICIA   demandantes que los habían firmado. En lo que respecta más concretamente a la primera   demandante, cuyo rostro no aparecía en el vídeo, el tribunal consideró que el análisis de las   grabaciones de las cámaras dirigidas a la caja registradora en la que trabajaba y los recibos de   venta demostraban suficientemente su participación en los actos de los que se la acusaba.   38. Tras examinar los demás motivos de apelación presentados por las demandantes en apoyo   de sus reclamaciones, el Tribunal Superior concluyó que los despidos eran legítimos y confirmó   las sentencias dictadas en primera instancia.   3. Los procedimientos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional   39. Las demandantes interpusieron recursos por cuestiones de derecho, que fueron   declarados inadmisibles el 5 de octubre de 2011 y el 7 de febrero de 2012, respectivamente.   Finalmente, las demandantes interpusieron recursos de amparo ante el Tribunal   Constitucional, que fueron declarados inadmisibles el 27 de junio y el 18 de julio de 2012,   respectivamente, debido a la "inexistencia de violación de un derecho fundamental".   C. El proceso penal contra las demandantes   40. El 31 de julio de 2009, después de que las demandantes y otros empleados apelaran   contra sus despidos ante el Juzgado de lo Social, el empleador presentó una denuncia penal   contra catorce empleados, incluidas las cinco demandantes. Se iniciaron procedimientos   penales contra ellos. El 15 de julio de 2001, al constatar que la investigación no había   establecido que hubiera habido una acción concertada entre los acusados en la comisión de   los delitos, y que el valor de los bienes robados por cada uno de ellos no había superado los   400 euros, el juez de instrucción decidió reclasificar los cargos como delito menor (falta). En   una decisión de 27 de septiembre de 2011, el juez declaró que la acusación había prescrito   debido a la prescripción de las actuaciones por ese tipo de delito.   II.   LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA INTERNAS PERTINENTES   A. La Constitución Española   MINISTERIO   DE JUSTICIA   41. Las disposiciones pertinentes de la Constitución española dicen lo siguiente:   Artículo 18   “1. Se garantiza el derecho al honor, a la privacidad personal y familiar y a la propia   imagen..   ...   4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la privacidad   personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.”   Artículo 24   “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y   tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún   caso, pueda producirse indefensión.   2. Asimismo, todos tienen derecho … a un proceso público sin dilaciones indebidas y   con todas las garantías… “.   Artículo 33   “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada ...”.   Artículo 38   MINISTERIO   DE JUSTICIA   “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. …”   B. Disposiciones pertinentes de la legislación laboral   42. El Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de   marzo de 1995 y en vigor en el momento de que se trata, dispone en concreto como se indica   a continuación:   Artículo 5. Deberes laborales.   “Los trabajadores tienen como deberes básicos:   a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad   con las reglas de la buena fe y diligencia.   …”.   Artículo 20   “2… En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus   prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe.   3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y   control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes   laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su   dignidad …”.   43. La regulación relevante de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto   Legislativo 2/1995, de 7 de abril, en vigor en el momento de que se trata, dispone en concreto   como se indica a continuación:   MINISTERIO   DE JUSTICIA   Artículo 90.   “1. Las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados   en la Ley, … salvo que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante   procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales …”.   Artículo 108.   “…   2. Será nulo el despido que tenga como móvil alguna de las causas de discriminación   previstas en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos   fundamentales y libertades públicas del trabajador.   …”.   C. Disposiciones pertinentes procesales.   44. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio de 1985 establece lo   siguiente:   “1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán   efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o   libertades fundamentales. …”   D. Legislación pertinente en materia de protección de datos de carácter personal.   1. Ley Orgánica 15/1999.   45. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal   (la "Ley de Protección de Datos de Carácter Personal"), vigente en la época de que se trata, se   promulgó el 13 de diciembre de 1999 mediante la transposición de la Directiva 95/46/CE   MINISTERIO   DE JUSTICIA   (véase el párrafo 63 infra) y entró en vigor el 14 de enero de 2000. Su objetivo era   salvaguardar los derechos fundamentales de las personas en relación con el tratamiento de los   datos personales, y más concretamente su derecho al respeto de su honor y su privacidad   personal y familiar (artículo 1 de la Ley). Se aplicaba a la recopilación de datos personales,   definidos como toda información relativa a personas identificadas o identificables registrada   en un soporte físico que pueda ser objeto de tratamiento, y también abarcaba la utilización   futura de esos datos para fines públicos o privados (artículos 2 y 3 de la ley).   46. La Agencia Española de Protección de Datos, creada por la Ley, es la autoridad responsable   de la supervisión de su aplicación. En calidad de tal, está facultada para realizar inspecciones,   examinar denuncias e imponer sanciones por infracciones de la ley, a saber, multas de hasta   600.000 euros (artículos 35 y ss.).   47. Las disposiciones de la Ley relativas a la información y el consentimiento de las personas   afectadas por la recopilación de sus datos personales, aplicables en el presente caso, dicen lo   siguiente:   Artículo 5. Derecho de información en la recogida de datos.   “1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente   informados de modo expreso, preciso e inequívoco:   a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la   finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.   b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean   planteadas.   c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y   oposición.   e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su   representante.   ...   4. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado,   éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable   del fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del   registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad, del   contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo previsto en   las letras a), d) y e) del apartado 1 del presente artículo.   5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior, cuando expresamente   una ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o   científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos   desproporcionados, a criterio de la Agencia de Protección de Datos o del organismo   autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad   de los datos y a las posibles medidas compensatorias.   Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los datos   procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o   prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado   se le informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del   tratamiento así como de los derechos que le asisten.”   Artículo 6. Consentimiento del afectado.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento   inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.   2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan   para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el   ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o   precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para   su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por   finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7,   apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al   público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo   perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen   los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del   interesado”.   48. En virtud de los artículos 13 a 18 de la Ley, los interesados tienen, en particular, el derecho   de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales. El artículo 19 de la Ley preveía el   derecho a una indemnización, como se indica a continuación:   Artículo 19. Derecho a indemnización.   “1. Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la   presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión   en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.   ...   3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los   órganos de la jurisdicción ordinaria.”   49. Sobre esa base, una sentencia del Tribunal Supremo ordenó a un empleador que pagara   una indemnización a uno de sus antiguos empleados, que había sido despedido dos años   antes, por haber facilitado a los posibles empleadores información personal sobre el despido   MINISTERIO   DE JUSTICIA   del empleado y haber reducido así aparentemente las posibilidades de que el empleado   encontrara un nuevo empleo (Sentencia nº 609/2015, de 12 de noviembre de 2015).   2. La Instrucción 1/2006   50. La Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos,   sobre el tratamiento de datos de carácter personal con fines de vigilancia a través de sistemas   de cámaras o videocámaras, emitida por la Agencia Española de Protección de Datos, contiene   las siguientes disposiciones:   Artículo 3. Información   “Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el   deber de información previsto en el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de   diciembre. A tal fin deberán:   a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en   lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y   b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la   información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.   …”   Artículo 4. Principios de calidad, proporcionalidad y finalidad del tratamiento.   “1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,   de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas   MINISTERIO   DE JUSTICIA   cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las   finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación   de las cámaras o videocámaras.   2. Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras … cuando la finalidad de   vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos   desproporcionados, resulten menos intrusivos para la privacidad de las personas y   para su derecho a la protección de datos de carácter personal.   3. … En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la   finalidad perseguida.”   51. Además, en el sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos se ofrece una hoja   informativa sobre la videovigilancia y un modelo de distintivo en el que se indica la   información requerida por la ley.   3. Ley Orgánica 3/2018   52. La Ley Orgánica 15/1999 fue derogada por una nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de   diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que entró   en vigor el 7 de diciembre de 2018. El artículo 22 de la nueva Ley regula expresamente el   tratamiento de los datos personales recogidos mediante videovigilancia. En particular, dispone   lo siguiente:   “4. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679   se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar   suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la   identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los   artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. ...”   MINISTERIO   DE JUSTICIA   53. En cuanto a la videovigilancia en el lugar de trabajo, el art. 89.1 de la Ley establece lo   siguiente:   “1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de   cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los   trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3   del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que   estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al   mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa,   clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus   representantes, acerca de esta medida.   En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los   trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar   cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley   orgánica.”   4. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional   54. El 10 de julio de 2000, el Tribunal Constitucional dictó una importante sentencia sobre la   legalidad de la videovigilancia en el lugar de trabajo, a la luz de la protección prevista en el   artículo 18.1 de la Constitución Española (Sentencia 186/2000). En ese caso el empleador   había instalado un circuito cerrado de televisión oculto en el techo del departamento de ropa y   calzado de una tienda, dirigidas a tres cajas registradoras y a la recepción. El Tribunal   Constitucional sostuvo que la medida en cuestión tenía que pasar una triple prueba para ser   considerada aceptable: tenía que haber un objetivo legítimo ("prueba de idoneidad"), y la   medida tenía que ser necesaria ("prueba de necesidad") y proporcionada ("prueba de   proporcionalidad estricta"). En otras palabras, los tribunales tenían que determinar si se había   logrado un equilibrio justo entre la injerencia en un derecho fundamental y la importancia de   la finalidad legítima perseguida. En cuanto a la videovigilancia de que se trataba en ese caso, el   tribunal determinó lo siguiente:   MINISTERIO   DE JUSTICIA   “…en el caso que nos ocupa, la medida de… [videovigilancia] que controlaba la zona   donde el demandante de amparo desempeñaba su actividad laboral, era una medida   justificada (ya que existían razonables sospechas de la comisión por parte del   recurrente de graves irregularidades en su puesto de trabajo); idónea para la   finalidad pretendida por la empresa (verificar si el trabajador cometía efectivamente   las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias   correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales   irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de   la caja y a una duración temporal limitada, …), por lo que debe descartarse que se   haya producido lesión alguna del derecho a la privacidad personal consagrado en el   art. 18.1 CE.”   55. En cuanto al supuesto incumplimiento de la obligación de informar a los empleados y al   comité de personal, el Tribunal Constitucional consideró que se trataba de una cuestión de   legalidad ordinaria que no era pertinente en lo que respecta a la protección constitucional de   los derechos fundamentales. No obstante, los hechos del caso eran anteriores a la entrada en   vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en enero de 2000 y, en   ese momento, la legislación aplicable no establecía ninguna obligación de proporcionar   información comparable a la obligación consagrada posteriormente en el párrafo 1 del artículo   5 de esa Ley.   56. En una sentencia anterior de 10 de abril de 2000 (98/2000), en la que se aplicaba una   prueba de proporcionalidad similar, el Tribunal Constitucional había considerado que los   dispositivos de grabación de vídeo y audio colocados en la caja y en una mesa de juego de un   casino, que complementaban el sistema de seguridad existente, habían sido una medida   desproporcionada en vista de la importante interferencia resultante en el derecho de los   empleados y clientes a que se respetara su vida privada. El tribunal observó que el empleador   no había demostrado cómo la grabación de sonido, que era particularmente intrusiva para el   derecho a la privacidad de los interesados, había sido necesaria para la protección de sus   derechos e intereses legítimos.   57. Posteriormente, en la Sentencia 29/2013, de 11 de febrero de 2013, relativa a   acontecimientos posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos de Carácter   Personal, el Tribunal Constitucional sostuvo que la instalación permanente de un sistema de   videovigilancia, inicialmente como medida de seguridad para vigilar la actividad de los   empleados, requería que se notificara previamente a los representantes de los trabajadores y   MINISTERIO   DE JUSTICIA   a los empleados, y que el hecho de no hacerlo sería contrario al párrafo 4 del artículo 18 de la   Constitución. En ese caso, un empleado de la Universidad de Sevilla había sido suspendido de   sus funciones sin sueldo por las llegadas tarde y las ausencias injustificadas que se habían   establecido mediante un sistema de videovigilancia instalado con la aprobación de la   administración. El Tribunal Constitucional dictaminó lo siguiente:   “7. … En conclusión, no debe olvidarse que hemos establecido de forma invariable y   constante que las facultades empresariales se encuentran limitadas por los derechos   fundamentales (entre otras muchas, SSTC 98/2000, de 10 de abril, FJ 7, o 308/2000,   de 18 de diciembre, FJ 4). Por ello, al igual que el interés público en sancionar   infracciones administrativas resulta insuficiente para que la Administración pueda   sustraer al interesado información relativa al fichero y sus datos, según dispone el art.   5.1 y 2 LOPD (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 18), tampoco el interés privado   del empresario podrá justificar que el tratamiento de datos sea empleado en contra   del trabajador sin una información previa sobre el control laboral puesto en práctica.   No hay en el ámbito laboral, por expresarlo en otros términos, una razón que tolere la   limitación del derecho de información que integra la cobertura ordinaria del derecho   fundamental del art. 18.4 CE. Por tanto, no será suficiente que el tratamiento de   datos resulte en principio lícito, por estar amparado por la Ley (arts. 6.2 LOPD y 20   LET), o que pueda resultar eventualmente, en el caso concreto de que se trate,   proporcionado al fin perseguido; el control empresarial por esa vía, antes bien,   aunque podrá producirse, deberá asegurar también la debida información previa.   8. En el caso enjuiciado, las cámaras de video-vigilancia instaladas en el recinto   universitario reprodujeron la imagen del recurrente y permitieron el control de su   jornada de trabajo; captaron, por tanto, su imagen, que constituye un dato de   carácter personal, y se emplearon para el seguimiento del cumplimiento de su   contrato. De los hechos probados se desprende que la persona jurídica titular del   establecimiento donde se encuentran instaladas las videocámaras es la Universidad   de Sevilla y que ella fue quien utilizó al fin descrito las grabaciones, siendo la   responsable del tratamiento de los datos sin haber informado al trabajador sobre esa   utilidad de supervisión laboral asociada a las capturas de su imagen. Vulneró, de esa   manera, el art. 18.4 CE.   No contrarresta esa conclusión que existieran distintivos anunciando la instalación de   cámaras y captación de imágenes en el recinto universitario, ni que se hubiera   MINISTERIO   DE JUSTICIA   notificado la creación del fichero a la Agencia Española de Protección de Datos; era   necesaria además la información previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los   trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que esa captación   podía ser dirigida. Una información que debía concretar las características y el   alcance del tratamiento de datos que iba a realizarse, esto es, en qué casos las   grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos,   explicitando muy particularmente que podían utilizarse para la imposición de   sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo.”   58. En una sentencia del 3 de marzo de 2016 (39/2016), el Tribunal Constitucional consolidó   su jurisprudencia sobre el uso de cámaras de vigilancia ocultas. En este caso, el gerente de una   tienda de ropa había detectado algunos robos en la caja y sospechaba de uno de sus   empleados. Había instalado temporalmente cámaras ocultas que enfocaban la zona donde se   encontraba la caja registradora. El empresario había colocado un cartel que indicaba de forma   general la presencia de cámaras de vigilancia, incluyendo la información prevista en el artículo   5 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, tal y como exige el artículo 3 de la   Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos. El Tribunal Constitucional   ha explicado en los siguientes términos la relevancia del cumplimiento de la obligación de   informar prevista en el artículo 5 de dicha Ley:   “4. … como hemos señalado, aunque no se requiere el consentimiento expreso de los   trabajadores para adoptar esta medida de vigilancia que implica el tratamiento de   datos, persiste el deber de información del art. 5 LOPD. Sin perjuicio de las eventuales   sanciones legales que pudieran derivar, para que el incumplimiento de este deber por   parte del empresario implique una vulneración del art. 18.4 CE exige valorar la   observancia o no del principio de proporcionalidad. Debe ponderarse así el derecho a   la protección de datos y las eventuales limitaciones al mismo justificadas en el   cumplimiento de las obligaciones laborales y las correlativas facultades empresariales   de vigilancia y control reconocidas en el art. 20.3 del texto refundido de la Ley del   estatuto de los trabajadores, en conexión con los arts. 33 y 38 CE. En efecto, la   relevancia constitucional de la ausencia o deficiencia de información en los supuestos   de videovigilancia laboral exige la consiguiente ponderación en cada caso de los   derechos y bienes constitucionales en conflicto; a saber, por un lado, el derecho a la   protección de datos del trabajador y, por otro, el poder de dirección empresarial   imprescindible para la buena marcha de la organización productiva, que es reflejo de   los derechos constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 CE y que, como se ha   visto, en lo que ahora interesa se concreta en la previsión legal ex art. 20.3 del texto   MINISTERIO   DE JUSTICIA   refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores que expresamente faculta al   empresario a adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento   por los trabajadores de sus obligaciones laborales (SSTC 186/2000, de 10 de julio, FJ   5, y 170/2013, de 7 de octubre, FJ 3). Esta facultad general de control prevista en la   ley legitima el control empresarial del cumplimiento por los trabajadores de sus   tareas profesionales (STC 170/2013, de 7 de octubre, y STEDH de 12 de enero de   2016, caso Barbulescu v. Rumania), sin perjuicio de que serán las circunstancias de   cada caso las que finalmente determinen si dicha fiscalización llevada a cabo por la   empresa ha generado o no la vulneración del derecho fundamental en juego.   Obviamente, el sometimiento de la falta o insuficiencia de información al reiterado   juicio de proporcionalidad requerirá determinar en cada supuesto, con carácter   previo, si se ha producido o no la indicada omisión de la información debida.”   59. En ese caso, el Tribunal Constitucional consideró que no había habido violación del párrafo   4 del artículo 18 de la Constitución, en particular porque el empleador había colocado un   cartel que indicaba que se había instalado una videovigilancia, de conformidad con la   normativa. Consideró que la junta contenía suficiente información sobre la existencia de la   vigilancia y la finalidad del tratamiento de datos. Tras examinar la proporcionalidad de la   injerencia en la vida privada del empleado, utilizando los criterios establecidos en la   jurisprudencia (véase el párrafo 54 supra), determinó además que no se había producido   ninguna violación del derecho a la privacidad personal protegido por el párrafo 1 del artículo   18 de la Constitución.   III. DERECHO EUROPEO E INTERNACIONAL PERTINENTE   A. En el marco del Consejo de Europa   1. Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de   datos de carácter personal   60. Este Convenio (STE nº 108) entró en vigor el 1 de octubre de 1985, habiendo sido   ratificado por España el 31 de enero de 1984. De acuerdo con su artículo 1, tiene por objeto   MINISTERIO   DE JUSTICIA   asegurar en el territorio de cada Estado Parte, para cada individuo, el respeto a sus derechos y   libertades fundamentales y, en particular, a su derecho a la privacidad, en lo que respecta al   tratamiento automatizado de los datos personales que le conciernen. Dispone, entre otras   cosas, lo siguiente   Artículo 5. Calidad de los datos   “Los datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento automatizado:   a) Se obtendrán y tratarán leal y legítimamente;   b) se registrarán para finalidades determinadas y legítimas, y no se utilizarán de   una forma incompatible con dichas finalidades;   c) serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades para   las cuales se hayan registrado;   d) d serán exactos y si fuera necesario puestos al día;   e) se conservarán bajo una forma que permita la identificación de las personas   concernidas durante un período de tiempo que no exceda del necesario para las   finalidades para las cuales se hayan registrado”.   Artículo 8. Garantías complementarias para la persona concernida   Cualquier persona deberá poder:   a) Conocer la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal,   sus finalidades principales, así como la identidad y la residencia habitual o el   establecimiento principal de la autoridad controladora del fichero;   b) obtener a intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos la confirmación de   la existencia o no en el fichero automatizado de datos de carácter personal que   conciernan a dicha persona, así como la comunicación de dichos datos en forma   inteligible;   c) obtener, llegado el caso, la rectificación de dichos datos o el borrado de los mismos,   cuando se hayan tratado con infracción de las disposiciones del derecho interno que   hagan efectivos los principios básicos enunciados en los artículos 5 y 6 del presente   Convenio;   d) disponer de un recurso si no se ha atendido a una petición de confirmación o, si así   fuere el caso, de comunicación, de ratificación o de borrado, a que se refieren los   párrafos b) y c) del presente artículo”.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   2. La Comisión de Venecia   61. En 2007 la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa sobre asuntos   constitucionales, aprobó un dictamen sobre “la videovigilancia por parte de operadores   privados en las esferas pública y privada y de autoridades públicas en la esfera privada y la   protección de los derechos humanos” en su 71ª sesión plenaria (Venecia, 1º y 2 de junio de   2007, CDL-AD(2007)027). Las partes pertinentes decían lo siguiente:   “18. A los efectos del presente estudio, la esfera privada incluirá también los lugares   de trabajo y el uso de la videovigilancia en los locales de trabajo, lo que plantea   cuestiones jurídicas relativas a los derechos de privacidad de los empleados.   ...”   52. En lo que respecta a los lugares de trabajo, la introducción de la videovigilancia   exige que se respeten los derechos de privacidad de los empleados.   53. En este caso, la videovigilancia permitiría, en general, prevenir o detectar el   fraude o el robo por parte de los empleados en caso de sospecha fundada. Sin   embargo, salvo en circunstancias muy específicas, no se permitiría la grabación en   vídeo en lugares como aseos, duchas, baños, vestuarios o zonas de fumadores y   salones de empleados en los que una persona pueda confiar en tener plena   privacidad.   54. Además, la vigilancia secreta sólo debería permitirse, y sólo temporalmente, si se   demuestra que es necesaria por falta de alternativas adecuadas.   ...   MINISTERIO   DE JUSTICIA   57. En lo que respecta a las tiendas, la vigilancia por cámara puede estar justificada   para proteger los bienes, si se ha demostrado que esa medida es necesaria y   proporcional. También puede justificarse en determinados lugares de la tienda para   prevenir y perseguir los robos bajo amenaza, pero, una vez más, sólo si se demuestra   que es necesaria, y no más larga de lo necesario.   58. La legislación nacional deberá definir claramente el fundamento jurídico de la   vigilancia y la necesidad de la infracción en vista de los intereses protegidos.   ...   IV. Conclusiones y recomendaciones   “ ...   99. Por lo tanto, la Comisión de Venecia reitera las recomendaciones formuladas en   su estudio anterior:   - La videovigilancia [realizada por razones de seguridad o para la prevención y el   control de infracciones penales], respetará los requisitos establecidos en el artículo 8   del CEDH.   - En lo que respecta a la protección de las personas en lo que respecta a la   recopilación y el tratamiento de datos de carácter personal, el reglamento deberá   respetar al menos los requisitos establecidos por la Directiva 95/46/CE, especialmente   sus artículos 6 y 7, que se basan en el Convenio del Consejo de Europa para la   protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de   carácter personal en su artículo 5.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   100. Además, la Comisión recomienda, habida cuenta de las especificidades de la   videovigilancia, que se adopten también de manera sistemática las siguientes   medidas   - Se debe notificar a las personas que están siendo vigiladas, a menos que el sistema   de vigilancia sea obvio. Esto significa que la situación debe ser tal que se pueda   suponer que la persona observada está al corriente de la vigilancia, o que ha dado   inequívocamente su consentimiento”.   3. El Comité de Ministros   62. El 1º de abril de 2015, en la 1224ª reunión de los diputados de los ministros, el Comité de   Ministros del Consejo de Europa aprobó la Recomendación CM/Rec(2015)5 sobre el   tratamiento de los datos personales en el contexto del empleo. En los extractos pertinentes se   dispone lo siguiente:   10. Transparencia del tratamiento   “10.1. La información relativa a los datos personales en poder de los empleadores   debe ponerse a disposición del empleado interesado directamente o por conducto de   sus representantes, o ponerse en su conocimiento por otros medios apropiados.   10.2. Los empleadores deberían proporcionar a los empleados la siguiente   información:   - las categorías de datos personales que se van a tratar y una descripción de los fines   del tratamiento;   - los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales;   MINISTERIO   DE JUSTICIA   - los medios de que disponen los empleados para ejercer los derechos enunciados en   el principio 11 de la presente recomendación, sin perjuicio de otros más favorables   previstos en la legislación nacional o en su ordenamiento jurídico;   - cualquier otra información necesaria para garantizar un tratamiento justo y lícito.   ...”   15. Sistemas y tecnologías de información para la vigilancia de los empleados,   incluida la videovigilancia   “15.1. No debe permitirse la introducción y utilización de sistemas y tecnologías de   información con el propósito directo y principal de vigilar la actividad y el   comportamiento de los empleados. Cuando su introducción y utilización para otros   fines legítimos, como la protección de la producción, la salud y la seguridad o para   garantizar el funcionamiento eficaz de una organización, tenga como consecuencia   indirecta la posibilidad de vigilar la actividad de los empleados, deberá estar sujeta a   las medidas adicionales establecidas en el principio 21, en particular la consulta de los   representantes de los empleados.   15.2. Los sistemas y tecnologías de información que vigilan indirectamente las   actividades y el comportamiento de los empleados deben diseñarse y ubicarse   específicamente de manera que no menoscaben sus derechos fundamentales. No se   permite en ninguna situación el uso de la videovigilancia para vigilar lugares que   forman parte del ámbito más personal de la vida de los empleados”.   21. Salvaguardias adicionales   “Para todas las formas particulares de procesamiento, establecidas en la Parte II de la   presente recomendación, los empleadores deberían garantizar el respeto de las   siguientes medidas en particular:   MINISTERIO   DE JUSTICIA   a. Informar a los empleados antes de la introducción de sistemas y tecnologías de   información que permitan la supervisión de sus actividades. La información   proporcionada debería mantenerse actualizada y debería tener en cuenta el principio   10 de la presente recomendación. La información debería incluir la finalidad de la   operación, el período de conservación o de reserva, así como la existencia o no de los   derechos de acceso y rectificación y la forma en que pueden ejercerse esos derechos;   b. Adoptar las medidas internas adecuadas en relación con el tratamiento de esos   datos y notificarlas por adelantado a los empleados;   c. consultar a los representantes de los empleados de conformidad con la legislación o   la práctica internas, antes de introducir cualquier sistema de vigilancia o en   circunstancias en que dicha vigilancia pueda cambiar. Cuando el procedimiento de   consulta revele la posibilidad de que se infrinja el derecho de los empleados al respeto   de la privacidad y la dignidad humana, deberá obtenerse el acuerdo de los   representantes de los empleados;   d. Consultar, de conformidad con la legislación nacional, a la autoridad nacional de   supervisión del tratamiento de datos personales”.   B. En el marco de la Unión Europea   1. Directiva 95/46/CE   63. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,   relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos   personales y a la libre circulación de estos datos, en sus partes pertinentes, establece:   Artículo 6   MINISTERIO   DE JUSTICIA   “1. Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean:   a) tratados de manera leal y lícita;   b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados   posteriormente de manera incompatible con dichos fines; no se considerará   incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o   científicos, siempre y cuando los Estados miembros establezcan las garantías   oportunas;   c) adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se   recaben y para los que se traten posteriormente;   d) exactos y, cuando sea necesario, actualizados; deberán tomarse todas las medidas   razonables para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los fines para   los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean   suprimidos o rectificados;   e) conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante   un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o   para los que se traten ulteriormente. …”   Artículo 7   “Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo   pueda efectuarse si:   a) el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca, o   MINISTERIO   DE JUSTICIA   b) es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado sea parte o   para la aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición del interesado,   o c) es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el   responsable del tratamiento, o   d) es necesario para proteger el interés vital del interesado, o   e) es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al   ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a   quien se comuniquen los datos, o   f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable   del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre   que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado   ...”   Artículo 10 - Información en caso de obtención de datos recabados del propio   interesado   “Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento o su   representante deberán comunicar a la persona de quien se recaben los datos que le   conciernan, por lo menos la información que se enumera a continuación, salvo si la   persona ya hubiera sido informada de ello:   a) la identidad del responsable del tratamiento y, en su caso, de su representante;   MINISTERIO   DE JUSTICIA   b) los fines del tratamiento de que van a ser objeto los datos;   c) cualquier otra información tal como:   - los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos, …   - la existencia de derechos de acceso y rectificación de los datos que la conciernen,   …”   Artículo 11- Información cuando los datos no han sido recabados del propio   interesado   “1. Cuando los datos no hayan sido recabados del interesado, los Estados miembros   dispondrán que el responsable del tratamiento o su representante deberán, desde el   momento del registro de los datos o, en caso de que se piense comunicar datos a un   tercero, a más tardar, en el momento de la primera comunicación de datos,   comunicar al interesado por lo menos la información que se enumera a continuación,   salvo si el interesado ya hubiera sido informado de ello:   a) la identidad del responsable del tratamiento y, en su caso, de su representante;   b) los fines del tratamiento de que van a ser objeto los datos;   c) cualquier otra información tal como:   - las categorías de los datos de que se trate,   MINISTERIO   DE JUSTICIA   - los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos,   - la existencia de derechos de acceso y rectificación de los datos que la conciernen,   en la medida en que, habida cuenta de las circunstancias específicas en que se hayan   obtenido los datos, dicha información suplementaria resulte necesaria para   garantizar un tratamiento de datos leal respecto del interesado.   …”   Artículo 13 - Excepciones y limitaciones   “1. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de   las obligaciones y los derechos previstos en el apartado 1 del artículo 6, en el artículo   10, en el apartado 1 del artículo 11, y en los artículos 12 y 21 cuando tal limitación   constituya una medida necesaria para la salvaguardia de:   a) la seguridad del Estado;   b) la defensa;   c) la seguridad pública;   d) la prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones penales o   de las infracciones de la deontología en las profesiones reglamentadas;   MINISTERIO   DE JUSTICIA   e) un interés económico y financiero importante de un Estado miembro o de la Unión   Europea, incluidos los asuntos monetarios, presupuestarios y fiscales;   f) una función de control, de inspección o reglamentaria relacionada, aunque sólo sea   ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos a que hacen   referencia las letras c), d) y e);   g) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras personas.”   Artículo 22 - Recursos   “Sin perjuicio del recurso administrativo que pueda interponerse, en particular ante la   autoridad de control mencionada en el artículo 28, y antes de acudir a la autoridad   judicial, los Estados miembros establecerán que toda persona disponga de un recurso   judicial en caso de violación de los derechos que le garanticen las disposiciones de   Derecho nacional aplicables al tratamiento de que se trate.”   Artículo 23 -Responsabilidad   “1. Los Estados miembros dispondrán que toda persona que sufra un perjuicio como   consecuencia de un tratamiento ilícito o de una acción incompatible con las   disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva, tenga   derecho a obtener del responsable del tratamiento la reparación del perjuicio sufrido.   …”   2. El Grupo de Trabajo de Protección de Datos   MINISTERIO   DE JUSTICIA   64. Se creó un Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos en virtud del artículo 29 de la   Directiva 95/46/CE para contribuir a la aplicación uniforme de sus disposiciones. Es un órgano   consultivo independiente de la UE. En septiembre de 2001 emitió el Dictamen 8/2001 sobre el   tratamiento de datos personales en el contexto del empleo, en el que se resumen los   principios fundamentales de la protección de datos: finalidad, transparencia, legitimidad,   proporcionalidad, exactitud, seguridad y concienciación del personal. En lo que respecta a la   supervisión de los empleados, recomendó lo siguiente:   “Toda supervisión, especialmente si se lleva a cabo sobre la base del apartado f) del   artículo 7 de la Directiva 95/46/CE y, en cualquier caso, para cumplir lo dispuesto en   el artículo 6, debe ser una respuesta proporcionada del empleador a los riesgos a los   que se enfrenta, teniendo en cuenta la privacidad legítima y otros intereses de los   trabajadores.   Todos los datos personales que se mantengan o utilicen en el curso de la vigilancia   deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines que justifican la   vigilancia. Toda vigilancia debe llevarse a cabo de la manera menos intrusiva posible.   Debe centrarse en la zona de riesgo, teniendo en cuenta las normas de protección de   datos y, cuando proceda, el principio del secreto de la correspondencia.   La vigilancia, incluida la vigilancia por cámara, debe cumplir los requisitos de   transparencia del artículo 10. Los trabajadores deben ser informados de la existencia   de la vigilancia, de los fines para los que se van a tratar los datos personales y de   otras informaciones necesarias para garantizar un tratamiento equitativo. La   Directiva no trata de forma menos estricta la vigilancia del uso de un sistema de   Internet y correo electrónico por parte de un trabajador si la vigilancia se realiza   mediante una cámara situada en la oficina”.   65. En otro dictamen, emitido el 11 de febrero de 2004, “sobre el tratamiento de datos   personales por medio de la videovigilancia” (dictamen 4/2004), se señaló que la Directiva   95/46/CE se aplicaba a esos medios y que debía respetarse el principio de proporcionalidad   tanto en la decisión de utilizarlos como en el tratamiento de los datos personales así   obtenidos. En cuanto a la videovigilancia en el lugar de trabajo, explicó lo siguiente:   MINISTERIO   DE JUSTICIA   "Además de las consideraciones formuladas en los documentos mencionados, en la   medida en que son realmente aplicables a la videovigilancia, conviene señalar que los   sistemas de videovigilancia destinados a controlar directamente, desde una ubicación   remota, la calidad y la cantidad de las actividades laborales, y que por lo tanto   implican el tratamiento de datos personales en este contexto, no deben permitirse   por regla general.   El caso es diferente en lo que respecta a los sistemas de videovigilancia que se   despliegan, con sujeción a las medidas apropiadas, para cumplir los requisitos de   producción y/o seguridad en el trabajo y que también entrañan la vigilancia a   distancia, aunque sea indirectamente.   La experiencia de la implementación ha demostrado además que la vigilancia no debe   incluir locales que estén reservados para el uso privado de los empleados o que no   estén destinados al desempeño de tareas laborales -como baños, duchas, casilleros y   áreas de recreación-; que las imágenes recogidas exclusivamente para salvaguardar   la propiedad y/o detectar, prevenir y controlar infracciones graves no deben utilizarse   para acusar a un empleado de infracciones disciplinarias menores; y que siempre   debe permitirse a los empleados presentar sus contrademandas utilizando el   contenido de las imágenes recogidas.   Se debe dar información a los empleados y a todas las personas que trabajan en el   local. Esta información debe incluir la identidad del responsable del tratamiento y la   finalidad de la vigilancia y demás información necesaria para garantizar un   tratamiento justo con respecto al interesado, por ejemplo, en qué casos las   grabaciones serían examinadas por la dirección de la empresa, el período de   grabación y cuándo se revelaría la grabación a las autoridades encargadas de hacer   cumplir la ley. El suministro de información, por ejemplo mediante un símbolo, no   puede considerarse suficiente en el contexto del empleo”.   3. El Reglamento General de Protección de Datos   66. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de   2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos   MINISTERIO   DE JUSTICIA   personales y a la libre circulación de esos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE,   es aplicable desde el 25 de mayo de 2018. Incorpora la mayoría de las disposiciones de la   Directiva 95/46/CE y refuerza algunas de las medidas contenidas en ella.   IV. MATERIAL DE DERECHO COMPARADO   67. La siguiente información se obtuvo de la investigación del Tribunal sobre la legislación de   los Estados miembros del Consejo de Europa, y en particular de un estudio que abarca   cuarenta y dos Estados.   68. Los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea cuentan con legislación que   incorpora la Directiva 95/46/CE. Entre ellos, veintiún Estados han adoptado instrumentos que   regulan específicamente la videovigilancia en el lugar de trabajo. La mayoría de los Estados   que cuentan con esas normas prohíben la videovigilancia encubierta. Algunos de ellos   (Alemania y el Reino Unido) lo permiten, sin embargo, en caso de sospecha de un delito o una   falta grave.   69. En cuanto a los Estados que no son miembros de la Unión Europea, siete de ellos tienen   normas específicas sobre la videovigilancia en el lugar de trabajo, tres Estados tienen   reglamentos sobre la videovigilancia en general y cinco Estados sólo tienen legislación general   sobre la reunión y el tratamiento de datos personales. Los Estados que tienen normas   específicas exigen que esa vigilancia tenga un propósito legítimo y que se informe a los   empleados. En un Estado (Suiza) se puede utilizar la videovigilancia encubierta en caso de   sospecha de delito.   70. Casi todos los Estados permiten a toda persona que haya sido objeto de videovigilancia   acudir a los tribunales para pedir indemnización por los daños sufridos y/o una orden de poner   fin a la vigilancia o suprimir los datos obtenidos por ese medio. En algunos países, también se   puede incurrir en responsabilidad penal. En todos los Estados miembros de la Unión Europea y   en diez de los demás Estados, es posible presentar una denuncia ante una autoridad   independiente de protección de datos personales, que tiene facultades para investigar e   imponer sanciones.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   FUNDAMENTOS DE DERECHO   I.   CUESTIONES PRELIMINARES   A. El locus standi (capacidad procesal)   71. El Tribunal observa que la segunda demandante, la Sra. A. Gancedo Giménez, falleció el 25   de octubre de 2018, mientras la causa estaba pendiente ante la Gran Sala. Su esposo y   heredero legal, el Sr. J. López Martínez, expresó su deseo de continuar el procedimiento ante   el Tribunal.   72. El Tribunal señala que, en varios casos en que un demandante falleció durante las   actuaciones, ha tenido en cuenta el deseo expresado por los herederos o parientes cercanos   de continuarlas (véase, entre otras autoridades, Malhous c. la República Checa (dec.) [GC], nº   33071/96, ECHR 2000-XII; Angelov c. Bulgaria, nº 44076/98, § 28, 22 de abril de 2004; y Nicola   c. Turquía, nº 18404/91, § 15, 27 de enero de 2009).   73. En el presente caso, el Tribunal considera que el heredero de la segunda demandante   puede tener un interés suficiente en que se siga examinando la demanda y, por lo tanto,   reconoce su capacidad para actuar en su lugar.   B. El contenido del caso ante la Gran Sala   74. En sus observaciones orales ante la Gran Sala, el Gobierno pidió que el Tribunal sólo   volviera a examinar la denuncia prevista en el artículo 8 del Convenio, respecto de la cual la   Sala había constatado una violación en su sentencia de 9 de enero de 2018 y que fue objeto de   la solicitud de remisión del Gobierno, aceptada por el panel de la Gran Sala. Añadieron que las   demandantes no habían presentado ninguna solicitud de remisión en relación con las   denuncias previstas en el artículo 6, respecto de las cuales la Sala no había constatado ninguna   violación.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   75. Las demandantes no formularon observaciones sobre la solicitud del Gobierno pero, no   obstante, pidieron al Tribunal que revisara la conclusión de la Sala de que no se había   producido ninguna violación.   76. El Tribunal reitera que el contenido y el alcance del "caso" remitido a la Gran Sala están   delimitados por la decisión de la Sala sobre la admisibilidad (véase K. y T. c. Finlandia [GC], nº   25702/94, párrs. 140 y 41, CEDH 2001-VII, e Ilnseher c. Alemania [GC], nº 10211/12 y   27505/14, párr. 100, 4 de diciembre de 2018). Así pues, el "asunto" remitido a la Gran Sala   abarca necesariamente todos los aspectos de la solicitud que la Sala consideró admisibles y no   se limita a la "cuestión grave" de importancia general o que afecta a la interpretación o   aplicación del Convenio o de sus Protocolos, en virtud del artículo 43 del Convenio, respecto   de la cual la solicitud de remisión ha sido aceptada por el grupo especial (véase K. y T. c.   Finlandia, antes citado, §§ 140-41). Por consiguiente, en el presente caso, el examen de la   Gran Sala se referirá a todas las denuncias previstas en los artículos 6 y 8 del Convenio que   hayan sido declaradas admisibles por la Sala.   II. PRESUNTA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO   77. Las demandantes alegaron que la decisión de su empleador de despedirlos se había   basado en grabaciones obtenidas mediante videovigilancia en su lugar de trabajo, en violación   de su derecho al respeto de su vida privada, y que, al negarse a declarar nulo su despido, los   tribunales nacionales habían incumplido su deber de proteger ese derecho. Se basaron en el   artículo 8 del Convenio, que dice lo siguiente:   “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada...   2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho,   sino en tanto en cuanto esta injerencia está prevista por la ley y constituya una   medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional,   la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden, de la salud   o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás”.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   A. La sentencia de la Sala   78. En su sentencia de 9 de enero de 2018, la Sala consideró que el artículo 8 del Convenio era   aplicable en el presente caso. Dado que la medida de videovigilancia controvertida había sido   aplicada por un particular, examinó la denuncia desde el punto de vista de las obligaciones   positivas del Estado y trató de determinar si las autoridades nacionales habían logrado un justo   equilibrio entre el derecho de las demandantes al respeto de su vida privada, por una parte, y   el interés de su empleador en proteger sus derechos en relación con la organización y la   gestión de sus bienes, por otra.   79. La Sala observó que, si bien la videovigilancia se había establecido debido a sospechas   legítimas de robo, había sido de amplio alcance -no estaba limitada en el tiempo, afectaba a   todos los empleados que trabajaban en las cajas y abarcaba todas las horas de trabajo- y había   incumplido la obligación prevista en el derecho interno de informar previamente, a las   personas a las que afectaba la recopilación y el tratamiento de sus datos personales, de la   existencia, la finalidad y la aplicación de las medidas. Teniendo en cuenta esos factores, la Sala   no compartía la opinión de los tribunales nacionales en cuanto a la proporcionalidad de la   medida de videovigilancia adoptada por el empleador. Consideró, en particular, que los   derechos del empleador podrían haberse asegurado informando a las demandantes, incluso de   manera general, de la instalación de un sistema de videovigilancia.   80. En consecuencia, la Sala consideró que los tribunales nacionales no habían logrado un   equilibrio justo entre el derecho de las demandantes al respeto de su vida privada y los demás   intereses en juego y que, por lo tanto, se había producido una violación del artículo 8 del   Convenio.   B. La alegación preliminar del Gobierno   81. El Gobierno sostuvo que las demandantes podrían haber presentado una queja ante la   Agencia Española de Protección de Datos, alegando una infracción de la Ley Orgánica de   Protección de Datos de Carácter Personal por parte del empleador, o podrían haber iniciado   un procedimiento penal para denunciar una violación de su derecho al respeto de su vida   privada. A su juicio, esos recursos podrían haber dado lugar a la imposición de una sanción   MINISTERIO   DE JUSTICIA   administrativa o penal al empleador. Llegaron a la conclusión de que las demandantes no   habían agotado los recursos internos disponibles en el derecho interno.   82. Las demandantes afirmaron que la Agencia Española de Protección de Datos no era más   que un órgano administrativo cuya autoridad se limitaba a imponer sanciones pecuniarias en   caso de infracción de la legislación sobre protección de datos. Consideraban que tal sanción, si   se impusiera a su empleador, no les reportaría la reparación del daño que les causó la violación   de su derecho al respeto de su vida privada y su despido basado en dicha violación. Añadieron   que no era obligatorio presentar una denuncia ante el organismo antes de acudir a los   tribunales ordinarios, que eran plenamente competentes para interpretar y aplicar la Ley   Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.   83. El Tribunal observa que el Gobierno sólo planteó la cuestión del no agotamiento de los   recursos internos por primera vez en sus alegatos escritos ante la Gran Sala. No aprecia en este   caso ninguna circunstancia excepcional que pudiera haberlos eximido de su obligación, de   conformidad con el artículo 55, de plantear su objeción preliminar antes de la adopción de la   decisión de la Sala sobre la admisibilidad. Por lo tanto, considera que el Gobierno no puede   plantear esa objeción en esta etapa del procedimiento y que debe ser desestimada (véase   Navalnyy c. Rusia [GC], nº 29580/12 y otros 4, § 61, 15 de noviembre de 2018).   84. No obstante, en la medida en que los argumentos de las partes sobre la objeción de no   agotamiento planteada por el Gobierno guardan relación con el fondo de la demanda de las   demandantes en virtud del artículo 8 del Convenio, el Tribunal los examinará a continuación.   C. Aplicabilidad del artículo 8 del Convenio   1. Las observaciones de las partes   (a) Las demandantes   MINISTERIO   DE JUSTICIA   85. Las demandantes afirmaron que el hecho de haber sido filmadas continuamente en su   lugar de trabajo durante toda su jornada laboral, sin su conocimiento y sin poder evadir la   vigilancia, dio lugar a que se aplicara el artículo 8 del Convenio.   (b) El Gobierno   86. El Gobierno sostuvo que las demandantes habían estado trabajando en un lugar público,   en contacto directo con el público. Consideraron que, a falta de un consenso entre los Estados   miembros sobre si esa situación estaba comprendida en la noción de "vida privada", el   Tribunal no debía ampliar ese concepto en consecuencia. Añadieron que la protección del   artículo 8 no podía extenderse a la conducta delictiva.   2. La valoración del Tribunal.   (a) Principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal   87. El Tribunal reitera que el concepto de “vida privada” es un término amplio que no puede   ser objeto de una definición exhaustiva. Abarca la integridad física y psicológica de una   persona. Por lo tanto, puede abarcar múltiples aspectos de la identidad física y social de la   persona (véase, como ejemplo reciente, Denisov c. Ucrania [GC], nº 76639/11, § 95, 25 de   septiembre de 2018). Se extiende en particular a los aspectos relativos a la identidad personal,   como el nombre o la fotografía de una persona (véase Schüssel c. Austria (dec.), nº. 42409/98,   21 de febrero de 2002, y Von Hannover c. Alemania (nº 2) [GC], nº 40660/08 y 60641/08, § 95,   CEDH 2012).   88. El concepto de vida privada no se limita a un “círculo interior” en el que el individuo puede   vivir su propia vida personal sin interferencias externas, sino que también abarca el derecho a   llevar una “vida social privada”, es decir, la posibilidad de establecer y desarrollar relaciones   con los demás y con el mundo exterior (véase Bărbulescu c. Rumania [GC], nº 61496/08, § 70,   5 de septiembre de 2017). No excluye las actividades profesionales a ese respecto (véase   Fernández Martínez c. España [GC], nº 56030/07, § 110, CEDH 2014 (extractos); Köpke c.   Alemania (dec.), nº 420/07, 5 de octubre de 2010; Bărbulescu, citado anteriormente, § 71;   MINISTERIO   DE JUSTICIA   Antović y Mirković c. Montenegro, nº 70838/13, § 42, 28 de noviembre de 2017; y Denisov,   citado anteriormente, § 100) o las actividades que tengan lugar en un contexto público (véase   Von Hannover (nº 2), citado anteriormente, § 95). Así pues, existe una zona de interacción de   una persona con otras, incluso en un contexto público, que puede entrar en el ámbito de la   "vida privada" (véase P.G. y J.H. c. el Reino Unido, nº 44787/98, § 56, ECHR 2001-IX; Perry c. el   Reino Unido, nº 63737/00, § 36, ECHR 2003-IX (extractos); y Von Hannover (Nº 2), citado   anteriormente, § 95).   89. Hay una serie de elementos pertinentes a la consideración de si la vida privada de una   persona se ve afectada por las medidas aplicadas fuera del hogar o de los locales privados de   una persona. Dado que hay ocasiones en que las personas se involucran a sabiendas o   intencionalmente en actividades que son o pueden ser registradas o comunicadas de manera   pública, las expectativas razonables de una persona en cuanto a su vida privada pueden ser un   factor significativo, aunque no necesariamente concluyente, en esta evaluación (véase P.G. y   J.H. c. el Reino Unido, citado anteriormente, § 57; Bărbulescu, citado anteriormente, § 73; y   Antović y Mirković, citado anteriormente, § 43). En cuanto a la vigilancia de los actos de una   persona mediante dispositivos fotográficos o de vídeo, las instituciones de la Convención han   considerado que la vigilancia de los actos y movimientos de una persona en un lugar público   mediante una cámara que no registró los datos visuales no constituye en sí misma una forma   de injerencia en la vida privada (véase Herbecq y la Asociación “Ligue des Droits de l'Homme”   c. Bélgica, nº 32200/96 y 32201/96, decisión de la Comisión de 14 de enero de 1998,   Decisiones e informes 92-B, pág. 92, y Perry, citado anteriormente, § 41). No obstante, pueden   surgir consideraciones sobre la vida privada una vez que exista un registro sistemático o   permanente de esos datos personales, en particular imágenes de una persona identificada   (véase Peck c. el Reino Unido, nº 44647/98, §§ 58-59, CEDH 2003-I; Perry, citado   anteriormente, §§ 38 y 41; y Vukota-Bojić c. Switzerland, nº 61838/10, §§ 55 y 59, 18 de   octubre de 2016). Como ha señalado el Tribunal a este respecto, la imagen de una persona   constituye uno de los principales atributos de su personalidad, ya que revela las características   únicas de la persona y la distingue de sus pares. El derecho de cada persona a la protección de   su imagen es, pues, uno de los componentes esenciales del desarrollo personal y presupone el   derecho a controlar el uso de esa imagen. Si bien en la mayoría de los casos el derecho a   controlar dicho uso implica la posibilidad de que un individuo se niegue a publicar su imagen,   también abarca el derecho del individuo a oponerse a la grabación, conservación y   reproducción de la imagen por parte de otra persona (véase Reklos y Davourlis c. Grecia, nº   1234/05, § 40, 15 de enero de 2009, y De La Flor Cabrera c. España, 10764/09, § 31, 27 de   mayo de 2014).   MINISTERIO   DE JUSTICIA   90. Para determinar si el artículo 8 es aplicable, el Tribunal también considera pertinente   abordar la cuestión de si la persona en cuestión era el objetivo de la medida de seguimiento   (véase Perry, citado anteriormente, § 40; Köpke, citado anteriormente; y Vukota-Bojić, citado   anteriormente, §§ 56 y 58) o si los datos personales fueron procesados, utilizados o hechos   públicos de una manera o en un grado que sobrepasa lo que los interesados podrían haber   previsto razonablemente (véase Peck, citado anteriormente, §§ 62-63; Perry, citado   anteriormente, §§ 40-41; y Vukota-Bojić, citado anteriormente, § 56).   91. En lo que respecta, más concretamente, a la cuestión de la videovigilancia en el lugar de   trabajo, el Tribunal ha considerado que la videovigilancia realizada por un empleador sin el   conocimiento del empleado, durante unas cincuenta horas en un período de dos semanas, y la   utilización de las grabaciones de esta forma obtenidas en los procedimientos ante los juzgados   de lo social para justificar su despido, interfirió en su derecho al respeto de su vida privada   (véase Köpke, citado anteriormente). También se consideró que la vigilancia por vídeo no   encubierta de los profesores universitarios mientras impartían clases, en la que las grabaciones   se habían conservado durante un mes y podían ser consultadas por el decano de la facultad,   había interferido en el derecho de los demandantes al respeto de su vida privada (véase   Antović y Mirković, citados anteriormente, §§ 44-45).   (b) Aplicación de esos principios al presente caso   92. El Tribunal observa que en el presente caso las demandantes fueron objeto de una medida   de videovigilancia aplicada por su empleador en su lugar de trabajo durante un período de diez   días, dirigiendo las cámaras hacia la zona de cajas del supermercado y sus alrededores. Así   pues, si bien las demandantes no fueron objeto de la videovigilancia, no se discute que los tres   primeros de ellos, que trabajaban detrás de las cajas, podrían haber sido filmados durante   toda su jornada laboral, mientras que las demandantes cuarto y quinto fueron filmados   cuando pasaban por esa zona.   93. En cuanto a si las demandantes tenían una expectativa razonable de que se protegiera y   respetara su vida privada, el Tribunal observa que su lugar de trabajo, un supermercado,   estaba abierto al público y que las actividades que se filmaban allí, a saber, la realización de   pagos por las compras de los clientes, no eran de carácter íntimo o privado. Por lo tanto, sus   MINISTERIO   DE JUSTICIA   expectativas en cuanto a la protección de su vida privada eran necesariamente limitadas. Sin   embargo, incluso en lugares públicos, la creación de una grabación sistemática o permanente   de imágenes de personas identificadas y el posterior procesamiento de las imágenes así   grabadas podían plantear cuestiones que afectaban a la vida privada de las personas afectadas   (véase el párrafo 89 supra y la jurisprudencia citada). El Tribunal observa que en el presente   caso la legislación interna estableció un marco legal formal y explícito que obligaba a la   persona responsable de un sistema de videovigilancia, incluso en un lugar público, a dar   información previa a las personas vigiladas por dicho sistema (véanse los párrafos 47 y 50   supra). Además, las demandantes habían sido informados de la instalación por su empleador   de otras cámaras de circuito cerrado en el supermercado, que eran visibles y estaban   colocadas de manera que podían filmar las entradas y salidas de la tienda. En esas   circunstancias, las demandantes tenían una expectativa razonable de que no serían objeto de   videovigilancia en las demás zonas de la tienda sin ser informados de antemano.   94. En cuanto a la elaboración y utilización de las grabaciones de vídeo, el Tribunal observa   que fueron vistas por varias personas que trabajaban para el empleador de las demandantes   incluso antes de que se informara a las demandantes de su existencia. Además, constituyeron   la base de su despido y se utilizaron como prueba en las actuaciones del Juzgado de lo Social.   95. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Tribunal considera que el artículo 8 es aplicable en   el presente caso.   D. Cumplimiento del artículo 8 del Convenio   1. Las alegaciones de las partes   (a) Las demandantes   96. Las demandantes comenzaron señalando que las únicas cuestiones que debían debatirse   en el presente caso eran si se había infringido su derecho al respeto de su vida privada debido   a la introducción de la medida de videovigilancia sin su conocimiento, así como el de los límites   impuestos por el artículo 8 del Convenio sobre la vigilancia que un empleador tenía derecho a   MINISTERIO   DE JUSTICIA   utilizar contra sus empleados. Consideraron que, contrariamente a lo que había sugerido el   Gobierno, la cuestión de su posible responsabilidad penal ya se había resuelto a nivel nacional   y no podía ser objeto de debate ante el Tribunal.   97. Las demandantes reconocieron que un empleador debía poder instalar sistemas de   vigilancia para proteger sus bienes, pero sostuvieron que este derecho debía limitarse para   preservar el derecho de los empleados al respeto de su vida privada. Explicaron que, en el   presente caso, ellas y todo el personal del supermercado habían sido filmados durante   semanas, a lo largo de la jornada laboral, sin haber sido informados previamente. La vigilancia   se había realizado vulnerando la legislación española, que preveía la obligación para el   empleador, si no de obtener el consentimiento de los empleados, al menos de informarles   previamente de la instalación de las cámaras y de sus derechos en virtud de la legislación sobre   protección de datos. Si se hubieran dado tales indicaciones, se habría preservado tanto su   derecho al respeto de su vida privada como los intereses del empleador. Las demandantes   llegaron así a la conclusión de que, al negarse a considerar culpable esta omisión por parte del   empleador, los tribunales nacionales no les habían concedido una protección suficiente en   virtud del artículo 8 del Convenio.   98. Las demandantes opinaban que el presente caso debía distinguirse del de Köpke c.   Alemania (decisión citada anteriormente) en varios puntos. Sostuvieron que en el caso Köpke   no había habido una legislación específica sobre la videovigilancia en el lugar de trabajo y que   el empleador había cumplido las condiciones establecidas por la jurisprudencia nacional,   mientras que, en el presente caso, su empleador había violado la legislación nacional sin ser   sancionado. Además, la vigilancia había sido más amplia en su caso porque se había   introducido sin límite de tiempo, había continuado durante toda la jornada laboral y había   supuesto la filmación no sólo de las empleadas bajo sospecha sino de todo el personal.   99. Las demandantes pidieron al Tribunal que siguiera el enfoque adoptado en su reciente   sentencia en el caso Bărbulescu c. Rumania (citado anteriormente), un caso relativo a la   vigilancia por un empleador de la utilización de la mensajería y la Internet por un empleado,   que a su juicio establecía los criterios de proporcionalidad que debía cumplir toda injerencia de   un empleador en el derecho a la privacidad de sus empleados. Sostuvieron que la medida   adoptada por su empleador no cumplía claramente esos requisitos, dada la falta de   información previa sobre la introducción de la videovigilancia y los derechos previstos en la   legislación sobre protección de datos. Añadieron que esta medida no era proporcionada, ya   MINISTERIO   DE JUSTICIA   que los intereses del empleador podrían haberse salvaguardado al tiempo que se   proporcionaba a los empleados la información exigida por la ley.   100. Las demandantes concluyeron que, al negarse a reconocer que la videovigilancia   mediante cámaras ocultas había infringido su derecho al respeto de su vida privada y al   considerar, en consecuencia, que sus despidos eran lícitos, los tribunales nacionales los habían   privado de la protección a la que tenían derecho contra la injerencia indebida en su vida   privada por parte de su empleador. Contrariamente a lo que había alegado el Gobierno, esta   denuncia era distinta de las que habían presentado en virtud del artículo 6 del Convenio.   101. Por otra parte, en lo que respecta a la posibilidad de presentar una queja ante la Agencia   Española de Protección de Datos, las demandantes repitieron los argumentos que habían   esgrimido en respuesta a la objeción del Gobierno de que no se habían agotado los recursos   internos (véase el párrafo 81 supra) y afirmaron que, incluso si esa Agencia hubiera constatado   una infracción administrativa, la imposición de una sanción administrativa al empleador no   habría proporcionado una reparación adecuada por la supuesta violación de su derecho al   respeto de su vida privada. En cuanto a la posibilidad de solicitar una reparación en los   tribunales civiles ordinarios, explicaron que esos tribunales no eran competentes en lo que   respecta a las relaciones en virtud de un contrato de trabajo y que la jurisprudencia citada por   el Gobierno a título de ejemplo, relativa a una situación en que la relación de trabajo se había   roto dos años antes, no podía trasladarse al presente caso (véase el párrafo 49 supra). A su   juicio, la principal consecuencia de la videovigilancia había sido su despido, respecto del cual   sólo eran competentes los tribunales laborales.   (b) El Gobierno   102. El Gobierno observó que, como la violación de la privacidad alegada por las demandantes   era atribuible a una empresa privada y no a las autoridades, la Gran Sala debía seguir el   enfoque adoptado en el caso Von Hannover (Nº 2) c. Alemania (citado anteriormente), en el   que el Tribunal había examinado si los tribunales nacionales habían sopesado los diversos   intereses individuales en juego y habían logrado un justo equilibrio entre ellos. En su opinión,   los tribunales españoles habían realizado ese ejercicio de equilibrio y habían tenido   debidamente en cuenta el derecho de las demandantes al respeto de su vida privada.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   103. El Gobierno sostuvo que, aunque hubiera sido deseable que las demandantes hubieran   sido informados de la instalación de las cámaras de circuito cerrado, las medidas adoptadas   por el empleador no habían sido desproporcionadas. Observaron que las demandantes habían   estado trabajando en una zona abierta al público, que habían sido informados de la instalación   de determinadas cámaras de televisión de circuito cerrado tras las sospechas de robo y que   habían cometido actos delictivos a sabiendas. La presente demanda era similar a la del caso   Köpke y la distinción hecha por la sentencia de la Sala no estaba justificada. Explicaron a este   respecto que la vigilancia había durado sólo diez días, del 15 al 25 de junio, fecha en la que se   había convocado a los empleados bajo sospecha para una entrevista individual, y que se había   dirigido no a todo el personal sino sólo a los que trabajaban en la zona de caja, que estaban en   contacto directo con los clientes. En cambio, el presente caso debe distinguirse de Bărbulescu,   ya que en ese caso la injerencia impugnada se refería al cumplimiento de las instrucciones del   empleador, que el Tribunal consideró que "reducía a cero la vida social privada en el lugar de   trabajo", mientras que la medida de videovigilancia de que se trataba perseguía un objetivo   legítimo, a saber, arrojar luz sobre un delito del que había sido víctima la empresa. Añadieron   que, como las demandantes habían trabajado en una zona en la que estaban en contacto   directo con el público, sus expectativas de privacidad se habían reducido necesariamente en   comparación con una situación que implicaba la confidencialidad de las comunicaciones   intercambiadas a través de una cuenta de mensajería.   104. Además, basándose en sus argumentos en apoyo de su objeción de que no se habían   agotado los recursos internos (véase el párrafo 81 supra), el Gobierno sostuvo que las   demandantes podrían haber presentado una denuncia a la Agencia Española de Protección de   Datos alegando un incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter   Personal. Esta agencia era un órgano independiente, facultado para supervisar la aplicación de   la legislación sobre protección de datos e imponer multas a los infractores, mientras que los   juzgados de lo social a los que las demandantes habían llevado su caso sólo tenían jurisdicción   para pronunciarse sobre la legalidad de los despidos. El incumplimiento de la legislación sobre   protección de datos no suponía automáticamente una violación del derecho al respeto de la   vida privada, y estos dos conceptos no debían confundirse.   105. El Gobierno afirmó que las demandantes también podrían haber interpuesto una acción   ante los tribunales civiles ordinarios para reclamar una indemnización por cualquier daño   causado por la presunta violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter   Personal. En apoyo de su argumento presentaron una sentencia del Tribunal Supremo, que   había concedido una indemnización a un empleado por la transmisión ilícita de datos   personales por parte de su antiguo empleador (véase el párrafo 49 supra).   MINISTERIO   DE JUSTICIA   106. El Gobierno llegó a la conclusión de que el Estado demandado había cumplido sus   obligaciones positivas en virtud del artículo 8 del Convenio y que no debía incurrir en   responsabilidad por las infracciones cometidas por una empresa privada o por el hecho de que   las demandantes no hubieran denunciado dichas infracciones a las autoridades nacionales   competentes.   2. Las alegaciones de los terceros.   107. La Confederación Europea de Sindicatos (CES), interviniendo en calidad de tercera parte,   expresó su preocupación por el hecho de que los Estados tal vez no protegieran   suficientemente la privacidad de los trabajadores en el lugar de trabajo. Destacó que la   protección de la privacidad en general y en las relaciones laborales en particular era un   aspecto relativamente nuevo de la protección internacional de los derechos humanos y que los   riesgos para la privacidad derivados de las nuevas tecnologías estaban aumentando. En su   opinión, esta era la razón por la que la protección internacional, y en particular la europea, de   los derechos humanos se había desarrollado en el sentido de que, independientemente de la   cuestión del tratamiento permitido de los datos personales como tales, los interesados debían   ser informados.   108. La CES subrayó que el derecho a ser informado de la recopilación de datos personales   estaba expresamente reconocido en el derecho interno en virtud del párrafo 1 del artículo 5 de   la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Destacando cómo varios   instrumentos jurídicos europeos (tanto a nivel del Consejo de Europa como de la Unión   Europea) habían abordado la protección de la privacidad, ya sea en la forma general de   protección de los datos personales o más específicamente en el caso de la videovigilancia en el   lugar de trabajo, llegó a la conclusión de que el derecho del interesado a ser informado antes   del tratamiento de sus datos personales debía considerarse un derecho derivado del artículo 8   del Convenio, que constituía una salvaguardia procesal. Además, en las situaciones en que no   se exigía dar información previa a los propios empleados, la notificación y consulta de sus   representantes sería esencial.   3. La evaluación del Tribunal.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   (a) Obligaciones positivas del Estado demandado   109. El Tribunal observa que, en el presente caso, la medida de videovigilancia denunciada por   las demandantes fue impuesta por su empleador, una empresa privada, y por lo tanto no   puede ser analizada como una “injerencia”, por parte de una autoridad estatal, en el ejercicio   de los derechos del Convenio. No obstante, las demandantes consideraron que, al confirmar   sus despidos sobre la base de esa videovigilancia, los tribunales nacionales no habían   protegido eficazmente su derecho al respeto de su vida privada.   110. El Tribunal reitera que, si bien el objeto del artículo 8 es esencialmente el de proteger al   individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, no se limita a obligar al   Estado a abstenerse de tales injerencias: además de este compromiso principalmente   negativo, pueden existir obligaciones positivas inherentes al respeto efectivo de la vida privada   o familiar. Estas obligaciones pueden requerir la adopción de medidas destinadas a garantizar   el respeto de la vida privada incluso en la esfera de las relaciones de los individuos entre sí   (véase Söderman c. Suecia [GC], nº 5786/08, § 78, CEDH 2013, y Von Hannover (No. 2), citado   anteriormente, § 98). Así pues, la responsabilidad del Estado puede quedar comprometida si   los hechos denunciados se derivan de un incumplimiento por su parte de la obligación de   garantizar a los interesados el disfrute de un derecho consagrado en el artículo 8 de la   Convención (véase Bărbulescu, citado anteriormente, § 110, y Schüth c. Alemania, nº 1620/03,   §§ 54 y 57, TEDH 2010).   111. En consecuencia, de acuerdo con el enfoque que ha seguido en casos similares, el   Tribunal considera que la denuncia debe examinarse desde el punto de vista de las   obligaciones positivas del Estado en virtud del artículo 8 de la Convención (véase Bărbulescu,   citado anteriormente, § 110; Köpke, citado anteriormente, y De La Flor Cabrera, citado   anteriormente, § 32). Aunque los límites entre las obligaciones positivas y negativas del Estado   en virtud de la Convención no se prestan a una definición precisa, los principios aplicables son,   no obstante, similares. En ambos contextos hay que tener en cuenta, en particular, el justo   equilibrio que debe alcanzarse entre los intereses privados y públicos en pugna, sujeto en   cualquier caso al margen de apreciación de que goza el Estado (véase Palomo Sánchez y otros   c. España [GC], nº 28955/06 y otros 3, § 62, CEDH 2011, y Bărbulescu, citado anteriormente, §   112). El margen de apreciación va de la mano de la supervisión europea, que abarca tanto la   legislación como las decisiones que la aplican, incluso las dictadas por tribunales   independientes. En el ejercicio de su función de supervisión, el Tribunal no tiene que sustituir a   los tribunales nacionales, sino que debe examinar, a la luz del caso en su conjunto, si sus   MINISTERIO   DE JUSTICIA   decisiones son compatibles con las disposiciones del Convenio invocadas (véase Peck, antes   citado, § 77, y Von Hannover (nº 2), antes citado, § 105).   112. La elección de los medios calculados para garantizar el cumplimiento del artículo 8 de la   Convención en el ámbito de las relaciones de los particulares entre sí es, en principio, una   cuestión que entra dentro del margen de apreciación de los Estados contratantes. Hay   diferentes formas de garantizar el respeto de la vida privada y la naturaleza de la obligación del   Estado dependerá del aspecto particular de la vida privada de que se trate (véase Von   Hannover (Nº 2), citado anteriormente, § 104; Söderman, citado anteriormente, § 79; y   Bărbulescu, citado anteriormente, § 113).   113. El Tribunal ya ha sostenido que, en determinadas circunstancias, el cumplimiento de las   obligaciones positivas impuestas por el artículo 8 exige que el Estado adopte un marco   legislativo para proteger el derecho de que se trata (véase X e Y c. los Países Bajos, 26 de   marzo de 1985, párrs. 23, 24 y 27, serie A, nº 91, y M.C. c. Bulgaria, nº. 39272/98, § 150, CEDH   2003-XII, relativo a los casos de agresión sexual a menores; y Codarcea c. Rumania, nº   31675/04, §§ 102-04, 2 de junio de 2009, en relación con la negligencia médica). En lo que   respecta a los actos más graves, como la violación, esta obligación puede llegar a exigir la   adopción de disposiciones de derecho penal (véase M.C. c. Bulgaria, citado anteriormente, §   150). Con respecto a los actos menos graves entre personas que pueden afectar a los derechos   protegidos en virtud del artículo 8, el Tribunal considera que el artículo 8 deja a la discreción   de los Estados la decisión de aprobar o no una legislación específica y verifica que los recursos   existentes eran capaces de proporcionar una protección suficiente de los derechos en cuestión   (véase, en relación con la protección de la integridad personal de un menor, Söderman, citado   anteriormente, §§ 86-91; y en relación con el derecho a la protección de la imagen, Von   Hannover (no. 2), citado anteriormente, §§ 95-126, y Reklos y Davourlis, citado anteriormente,   §§ 34-43).   114. En lo que respecta, más concretamente, al control de los empleados en el lugar de   trabajo, el Tribunal ha considerado que el artículo 8 deja a la discreción de los Estados la   decisión de promulgar o no una legislación específica sobre la videovigilancia (véase Köpke,   antes citado) o el control de la correspondencia y otras comunicaciones no profesionales de   los empleados (véase Bărbulescu, antes citado, § 119). No obstante, ha señalado que,   independientemente de la discreción de que gozan los Estados para elegir los medios más   adecuados para la protección de los derechos en cuestión, las autoridades nacionales deben   garantizar que la introducción por parte de un empleador de medidas de vigilancia que afecten   MINISTERIO   DE JUSTICIA   al derecho al respeto de la vida privada o la correspondencia de sus empleados sea   proporcionada y vaya acompañada de medidas adecuadas y suficientes contra los abusos   (véase Bărbulescu, citado anteriormente, § 120, y Köpke, citado anteriormente).   115. En la sentencia Bărbulescu, el Tribunal estableció una serie de requisitos que debe   cumplir todo control de la correspondencia y las comunicaciones de los empleados para no   infringir el artículo 8 del Convenio (véase Bărbulescu, citado anteriormente, párr. 121).   También determinó en ese fallo que, para garantizar el cumplimiento efectivo de esos   requisitos, los empleados afectados debían tener acceso a un recurso ante un órgano judicial   independiente con jurisdicción para determinar, al menos en cuanto al fondo, si se cumplían   las condiciones pertinentes (ibíd., párr. 122).   116. El Tribunal opina que los principios establecidos en la sentencia Bărbulescu, varios de los   cuales proceden de la decisión en el caso Köpke, que se refería a hechos similares a los del   presente caso, se pueden trasladar, mutatis mutandis, a las circunstancias en que un   empleador puede aplicar medidas de videovigilancia en el lugar de trabajo. Estos criterios   deben aplicarse teniendo en cuenta la especificidad de las relaciones laborales y el desarrollo   de las nuevas tecnologías, que pueden permitir la adopción de medidas cada vez más   intrusivas en la vida privada de los empleados. En ese contexto, a fin de garantizar la   proporcionalidad de las medidas de videovigilancia en el lugar de trabajo, los tribunales   nacionales deben tener en cuenta los siguientes factores cuando sopesen los distintos   intereses en conflicto:   i) Si se ha notificado al empleado la posibilidad de que el empleador adopte medidas de   videovigilancia y la aplicación de esas medidas. Si bien en la práctica los empleados pueden ser   notificados de diversas maneras, según las circunstancias fácticas particulares de cada caso, la   notificación debe ser normalmente clara sobre la naturaleza de la vigilancia y debe darse antes   de su aplicación.   ii) El alcance de la vigilancia por el empleador y el grado de intrusión en la vida privada del   empleado. A este respecto, debe tenerse en cuenta el nivel de privacidad en la zona objeto de   la vigilancia, así como las limitaciones de tiempo y espacio y el número de personas que tienen   acceso a los resultados.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   iii) Si el empleador ha dado razones legítimas para justificar la vigilancia y el alcance de la   misma. Cuanto más intrusiva sea la vigilancia, más peso tendrá la justificación que se requiera.   iv) Si habría sido posible establecer un sistema de vigilancia basado en métodos y medidas   menos intrusivos. A este respecto, debería evaluarse, a la luz de las circunstancias particulares   de cada caso, si el objetivo perseguido por el empleador podría haberse logrado mediante una   menor injerencia en la vida privada del empleado.   v) Las consecuencias de la vigilancia para el empleado sometido a ella. Se deberá tener en   cuenta, en particular, la utilización por el empleador de los resultados de la vigilancia y si esos   resultados se han utilizado para lograr el objetivo declarado de la medida.   vi) Si se han proporcionado al empleado las medidas apropiadas, especialmente cuando las   operaciones de vigilancia del empleador sean de carácter intrusivo. Esas medidas pueden   consistir, entre otras cosas, en el suministro de información a los empleados interesados o a   los representantes del personal en cuanto a la instalación y el alcance de la vigilancia, la   declaración de esa medida a un órgano independiente o la posibilidad de presentar una   denuncia.   117. Así pues, el Tribunal comprobará en el presente caso si el derecho interno, y en particular   su aplicación por los tribunales laborales que examinaron los casos de las demandantes, ofrece   una protección suficiente, al ponderar los intereses en pugna, de su derecho al respeto de su   vida privada.   (b) Aplicación al presente caso de los principios antes mencionados   118. En el presente caso, las obligaciones positivas impuestas al Estado por el artículo 8 del   Convenio exigían que las autoridades nacionales establecieran un justo equilibrio entre dos   intereses contrapuestos, a saber, por una parte, el derecho de las demandantes al respeto de   su vida privada y, por otra, la posibilidad de que su empleador garantizara la protección de sus   bienes y el buen funcionamiento de su empresa, en particular mediante el ejercicio de su   autoridad disciplinaria.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   119. El Tribunal observa en primer lugar que, en el momento de los hechos, la legislación   española había establecido un marco jurídico destinado a proteger la vida privada de los   empleados en situaciones como la del presente caso. Así, la Ley Orgánica de Protección de   Datos de Carácter Personal y la Instrucción 1/2006, específicamente sobre videovigilancia,   preveían un cierto número de medidas y condiciones que debía cumplir cualquier medida de   videovigilancia y el consiguiente tratamiento de datos personales. El incumplimiento de esas   medidas podía dar lugar a sanciones administrativas y comprometer la responsabilidad civil de   la persona responsable del tratamiento de los datos (véanse los párrafos 46 y 48 supra).   Además, el párrafo 3 del artículo 20 del Reglamento de Empleo limitaba el recurso del   empleador a la vigilancia, en lo que respecta al cumplimiento por los empleados de sus   obligaciones laborales, exigiendo que las medidas adoptadas a ese respecto fueran   compatibles con su dignidad humana. Además, las normas de procedimiento aplicables exigían   a los tribunales nacionales que excluyeran toda prueba obtenida en violación de un derecho   fundamental. Por último, la jurisprudencia de los tribunales ordinarios y del Tribunal   Constitucional exige que las medidas que interfieran en la vida privada de los trabajadores   tengan un objetivo legítimo ("prueba de idoneidad"), sean necesarias para el cumplimiento del   objetivo perseguido ("prueba de necesidad") y sean proporcionadas a las circunstancias de   cada caso ("prueba de proporcionalidad estricta") (véanse los párrafos 54 y ss. supra).   120. En estas circunstancias, el Tribunal observa que el marco normativo que estaba en vigor   en el derecho interno no es objeto del presente caso. En efecto, las demandantes no han   puesto en duda la pertinencia de ese marco (véase el párrafo 97 supra), pero sostuvieron que   fue precisamente la negativa de los tribunales laborales a extraer las conclusiones adecuadas   del incumplimiento por el empleador de su obligación de derecho interno de proporcionar   información lo que había violado el Convenio.   121. En consecuencia, el Tribunal examinará la manera en que los tribunales nacionales a los   que apelaron las demandantes examinaron su denuncia de que se había violado su derecho al   respeto de su vida privada en el lugar de trabajo y si, como argumentó el Gobierno, otros   recursos de derecho interno podrían haberles proporcionado una protección adecuada.   122. El Tribunal comenzaría por señalar que los tribunales laborales identificaron los diversos   intereses en juego, refiriéndose expresamente al derecho de las demandantes al respeto de su   vida privada y al equilibrio que debe lograrse entre ese derecho y el interés del empleador en   garantizar el buen funcionamiento de la empresa mediante el ejercicio de sus facultades de   MINISTERIO   DE JUSTICIA   gestión. De este modo, el Tribunal comprobará cómo han tenido en cuenta esos tribunales los   factores antes mencionados al ponderar esos intereses.   123. En primer lugar, los tribunales nacionales consideraron, de conformidad con las   exigencias de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que la instalación de la   videovigilancia estaba justificada por razones legítimas, a saber, la sospecha, alegada por el   gerente del supermercado debido a las importantes pérdidas registradas durante varios   meses, de que se habían cometido robos. También tuvieron en cuenta el interés legítimo del   empleador en adoptar medidas para descubrir y castigar a los responsables de las pérdidas,   con el fin de garantizar la protección de sus bienes y el buen funcionamiento de la empresa.   124. Los tribunales nacionales examinaron a continuación el alcance de la vigilancia y el grado   de intrusión en la vida privada de las demandantes, y determinaron que la medida era limitada   en cuanto a las zonas y el personal que se vigilaban -ya que las cámaras sólo cubrían la zona de   caja, que probablemente era donde se producían las pérdidas- y que su duración no había   superado lo necesario para confirmar las sospechas de robo. En opinión del Tribunal, esta   evaluación no podía considerarse irrazonable. Señala que la vigilancia no abarcaba toda la   tienda, sino que se centraba en las zonas alrededor de las cajas, donde probablemente se   habían cometido los robos. Las tres demandantes que trabajaban como cajeras fueron   efectivamente monitoreados por cámaras de circuito cerrado durante su día de trabajo. Como   consecuencia de su trabajo en la empresa, no podían eludir estas grabaciones, que estaban   dirigidas a todo el personal que trabajaba en la zona de caja, y que se realizaban de forma   permanente y sin ninguna limitación (en cambio, Köpke, citado anteriormente, en relación con   una solicitante que era a la vez dependienta y cajera de la tienda en cuestión, la medida de   videovigilancia no cubría por tanto la totalidad de su lugar de trabajo). En cierta medida, se   encontraban así en zonas limitadas (véase, mutatis mutandis, Allan c. el Reino Unido, nº   48539/99, § 35, ECHR 2002-IX, y Perry, citado anteriormente, §§ 39-43). En cuanto a las   demandantes cuarta y quinta, las cámaras de circuito cerrado de televisión las filmaron cada   vez que pasaron por la zona de caja.   125. Al mismo tiempo, cabe señalar que las tareas de las demandantes se realizaban en un   lugar que estaba abierto al público e implicaba un contacto permanente con los clientes. A   este respecto, el Tribunal considera que es necesario distinguir, en el análisis de la   proporcionalidad de una medida de videovigilancia, los distintos lugares en los que se llevó a   cabo la vigilancia, a la luz de la protección de la privacidad que un empleado podría   razonablemente esperar. Esa expectativa es muy elevada en los lugares de carácter privado,   MINISTERIO   DE JUSTICIA   como los aseos o los vestuarios, en los que se justifica una mayor protección, o incluso la   prohibición total de la videovigilancia (véanse, a este respecto, los instrumentos   internacionales pertinentes citados en los párrafos 61 y 65 supra). Sigue siendo elevada en las   zonas de trabajo cerradas, como las oficinas. Es manifiestamente inferior en los lugares visibles   o accesibles a los compañeros o, como en el presente caso, al público en general.   126. En cuanto al alcance de la medida en el tiempo, el Tribunal observa que si bien, como   alegaron las demandantes, el empleador no había fijado de antemano la duración de la   videovigilancia, en realidad ésta duraba diez días y cesaba en cuanto se identificaba a los   empleados responsables. Por consiguiente, la duración de la vigilancia no parece excesiva en sí   misma (compárese con Köpke, citado anteriormente, donde una duración de catorce días no   se consideró desproporcionada). Por último, sólo el gerente del supermercado, el   representante legal de la empresa y el representante sindical vieron las grabaciones obtenidas   mediante la videovigilancia impugnada antes de que los propios demandantes fueran   informados. Teniendo en cuenta estos factores, el Tribunal considera que la intrusión en la   vida privada de las demandantes no alcanzó un alto grado de gravedad.   127. En cuanto a las consecuencias de la vigilancia impugnada para las demandantes, el   Tribunal considera que fueron importantes porque los empleados afectados fueron   despedidos sobre la base de las grabaciones obtenidas por ese medio. No obstante, observa,   como también señalaron los tribunales nacionales, que la videovigilancia y las grabaciones no   fueron utilizadas por el empleador para ningún otro fin que el de localizar a los responsables   de las pérdidas registradas de bienes y adoptar medidas disciplinarias contra ellos (compárese   con Peck, citado anteriormente, §§ 62-63, en el que las imágenes grabadas por una cámara de   circuito cerrado de televisión de lugares públicos que mostraban el intento de suicidio del   demandante se habían distribuido a los medios de comunicación).   128. Los tribunales nacionales consideraron además que, en las circunstancias del caso, no   había ningún otro medio de cumplir el objetivo legítimo perseguido y que, por consiguiente, la   medida debía considerarse "necesaria" en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal   Constitucional (véase el párrafo 33 supra). Aunque hubiera sido deseable que los tribunales   nacionales examinaran más a fondo la posibilidad de que el empleador hubiera recurrido a   otras medidas que supusieran una menor intrusión en la vida privada de los empleados, el   Tribunal no puede dejar de señalar que la magnitud de las pérdidas identificadas por el   empleador hacía pensar que los robos habían sido cometidos por varias personas y que la   facilitación de información a cualquier empleado podría muy bien haber desvirtuado el   MINISTERIO   DE JUSTICIA   objetivo de la videovigilancia, que era, como señalaron esos tribunales, descubrir a los   responsables de los robos, pero también obtener pruebas para utilizarlas en los   procedimientos disciplinarios contra ellos.   129. El Tribunal observa además que el derecho interno prescribió cierto número de medidas   con el fin de impedir toda injerencia indebida en los derechos de las personas cuyos datos   personales fueron objeto de recogida o tratamiento. La Ley Orgánica de Protección de Datos   de Carácter Personal en particular confería a esas personas el derecho a ser informadas de   antemano de esas medidas, como se dispone en el artículo 5 de la Ley, junto con el derecho de   acceso, rectificación y supresión respecto de los datos recogidos. La exigencia de   proporcionalidad en la recogida y utilización de las imágenes obtenidas mediante   videovigilancia se estableció expresamente en la Instrucción 1/2006 y, según la jurisprudencia   del Tribunal Constitucional, los tribunales nacionales debían examinar la idoneidad, necesidad   y proporcionalidad de esas medidas a la luz de los derechos fundamentales garantizados por la   Constitución (véanse los párrafos 47, 50 y 54 supra).   130. En cuanto a si, por último, se había informado a las demandantes de la instalación de la   videovigilancia, el Tribunal observa que no se discute que se habían instalado dos tipos de   cámaras en el supermercado en el que trabajaban: por una parte, cámaras visibles dirigidas   hacia las entradas y salidas de la tienda, de las que el empleador había informado al personal;   y, por otra, cámaras ocultas dirigidas hacia las zonas de caja, de las que no se había informado   ni a las demandantes ni a los demás miembros del personal. En las observaciones de las partes   se afirmaba que se habían colocado uno o más carteles de información en el supermercado   para informar al público la presencia de cámaras de circuito cerrado de televisión, pero no se   ha determinado el contenido exacto de la información de esos tableros.   131. El Tribunal observa que, si bien tanto la legislación española como las normas   internacionales y europeas pertinentes no parecen exigir el consentimiento previo de las   personas sometidas a videovigilancia o, más en general, de las personas a las que se recaban   sus datos personales, esas normas establecen que, en principio, es necesario informar a las   personas interesadas, de manera clara y previa a su aplicación, de la existencia y las   condiciones de esa recogida de datos, aunque sólo sea de manera general (véanse los párrafos   47, 60 y 63 supra). Considera que el requisito de transparencia y el consiguiente derecho a la   información son de carácter fundamental, en particular en el contexto de las relaciones   laborales, en las que el empleador tiene importantes facultades con respecto a los empleados   y debe evitarse todo abuso de esas facultades (véanse los párrafos 61 y 62 y 64 y 65 supra). No   MINISTERIO   DE JUSTICIA   obstante, cabe señalar que el suministro de información a la persona objeto de la vigilancia y   su alcance constituyen sólo uno de los criterios que deben tenerse en cuenta para evaluar la   proporcionalidad de una medida de este tipo en un caso determinado. Sin embargo, si no se   dispone de esa información, las medidas derivadas de los demás criterios serán aún más   importantes.   132. En el presente caso, el Tribunal observa que los tribunales de trabajo que examinaron las   reclamaciones de las demandantes llevaron a cabo un ejercicio de equilibrio detallado entre,   por una parte, su derecho al respeto de su vida privada y, por otra, el interés del empleador en   garantizar la protección de sus bienes y el buen funcionamiento de la empresa. Observa que   los criterios de proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional   y seguidos en el presente caso se aproximan a los que ha desarrollado en su propia   jurisprudencia. Así pues, los tribunales nacionales verificaron si la videovigilancia estaba   justificada por una finalidad legítima y si las medidas adoptadas a tal efecto eran adecuadas y   proporcionadas, observando en particular que la finalidad legítima perseguida por el   empleador no podía alcanzarse con medidas menos intrusivas para los derechos de las   demandantes.   133. Es cierto que los tribunales laborales no tuvieron en cuenta el hecho de que el   empleador, como alegaban las demandantes, no les había facilitado la información previa   requerida por el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, al   considerar que la cuestión era irrelevante y no podía poner en tela de juicio la   proporcionalidad, en sentido constitucional, de la medida, siempre que se cumplieran los   demás criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. Dada la importancia del derecho a   la información en esos casos, el Tribunal considera que sólo un requisito primordial relativo a   la protección de intereses públicos o privados importantes podría justificar la falta de   información previa.   134. Sin embargo, en las circunstancias específicas del presente caso, teniendo en cuenta en   particular el grado de intrusión en la privacidad de las demandantes (véanse los párrafos 125 y   26 supra) y las razones legítimas que justifican la instalación de la videovigilancia, el Tribunal   considera que los tribunales de trabajo pudieron, sin sobrepasar el margen de apreciación   concedido a las autoridades nacionales, considerar que la injerencia en la privacidad de las   demandantes era proporcionada (véase, para una situación similar, Köpke, citado supra). Así   pues, si bien no puede aceptar la proposición de que, en términos generales, la más mínima   sospecha de apropiación indebida o de cualquier otro acto ilícito por parte de los empleados   MINISTERIO   DE JUSTICIA   podría justificar la instalación de una videovigilancia encubierta por parte del empleador, la   existencia de una sospecha razonable de que se ha cometido una falta grave y la magnitud de   las pérdidas identificadas en el presente caso pueden parecer una justificación de peso. Esto es   tanto más cierto en una situación en la que el buen funcionamiento de una empresa se ve   amenazado no sólo por la sospecha de mala conducta de un solo empleado, sino más bien por   la sospecha de una acción concertada de varios empleados, ya que esto crea una atmósfera   general de desconfianza en el lugar de trabajo.   135. Además, como sostuvo el Gobierno, las demandantes tenían otros recursos a su   disposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter   Personal, con el fin concreto de obtener sanciones por las infracciones de esa legislación. Así   pues, las demandantes podrían haber denunciado ante el Organismo de Protección de Datos el   incumplimiento por parte del empleador de su obligación de proporcionar información previa,   como se exige en el artículo 5 de esa Ley. El organismo estaba facultado para investigar la   presunta infracción de la ley e imponer sanciones financieras a la persona responsable.   También podría haber remitido el asunto a los tribunales ordinarios a fin de obtener   reparación por la presunta violación de sus derechos en virtud de la Ley Orgánica de   Protección de Datos de Carácter Personal. El Tribunal observa a este respecto que, si bien la   jurisprudencia citada por el Gobierno (véase el párrafo 49 supra) se refiere efectivamente a   una situación que no es idéntica a la del presente caso, el derecho a obtener reparación por los   daños causados por una violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter   Personal estaba expresamente previsto en el artículo 19 de dicha ley y no hay razón para   poner en duda la eficacia de ese recurso en este momento.   136. Así pues, el derecho interno había puesto a disposición de las demandantes otros   recursos para garantizar la protección específica de los datos personales, pero éstos optaron   por no utilizarlos. El Tribunal reitera a este respecto que la protección efectiva del derecho al   respeto de la vida privada en el marco de la videovigilancia en el lugar de trabajo puede   garantizarse por diversos medios, que pueden corresponder al derecho laboral pero también   al derecho civil, administrativo o penal (véase, mutatis mutandis, Bărbulescu, citado   anteriormente, § 116).   137. En estas circunstancias, teniendo en cuenta las importantes medidas que ofrece el marco   jurídico español, incluidos los recursos que las demandantes no utilizaron, y el peso de las   consideraciones que justifican la videovigilancia, tal como las han tenido en cuenta los   tribunales nacionales, el Tribunal concluye que las autoridades nacionales no incumplieron sus   MINISTERIO   DE JUSTICIA   obligaciones positivas en virtud del artículo 8 del Convenio como para sobrepasar su margen   de apreciación. Por consiguiente, no ha habido ninguna violación de esa disposición.   III. PRESUNTA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DEL CONVENIO   138. En virtud del artículo 6 del Convenio, las demandantes se quejaron de que las   grabaciones obtenidas en violación de su derecho al respeto de su vida privada habían sido   admitidas y utilizadas como prueba por los tribunales laborales.   139. Las demandantes tercera, cuarta y quinta alegaron además que el reconocimiento de la   validez de los acuerdos de conciliación que habían firmado, supuestamente a raíz de una   manipulación engañosa por parte del empleador, también había vulnerado su derecho a un   juicio justo.   140. Las partes pertinentes del artículo 6 disponen lo siguiente:   “1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa[mente] por un Tribunal…”   A. Sentencia de la Sala.   141. En su sentencia de 9 de enero de 2018, la Sala reiteró que, a fin de evaluar el   cumplimiento del artículo 6 del Convenio, debía determinar si el procedimiento en su   conjunto, incluida la forma en que se habían practicado las pruebas, había sido justo. Al   comprobar que las demandantes habían podido impugnar tanto la autenticidad como la   admisión como prueba de las grabaciones obtenidas mediante videovigilancia y que éstas no   eran las únicas pruebas en las que los tribunales habían basado sus decisiones, la Sala concluyó   que no se había producido ninguna violación del artículo 6 en este punto.   142. En cuanto a los acuerdos de conciliación, la Sala consideró que los tres demandantes en   cuestión habían tenido amplias posibilidades de impugnar su validez ante los tribunales   MINISTERIO   DE JUSTICIA   nacionales, que habían considerado, sin ninguna apariencia de arbitrariedad, que ninguna   coacción por parte del empleador había viciado el consentimiento de las demandantes. Así   pues, consideró que tampoco se había producido ninguna violación del artículo 6 en este   punto.   B. Las alegaciones de las partes   1. Las demandantes   143. Las demandantes afirmaron que los tribunales nacionales habían basado sus decisiones   principalmente en grabaciones obtenidas por su empleador de manera ilícita y en violación de   su derecho a la privacidad. En consecuencia, a su juicio, la mera admisión de esas grabaciones   como prueba suponía una violación del artículo 6 del Convenio. Las demandantes afirmaron   además que tanto la obtención de esas pruebas como su utilización en el procedimiento   constituían un abuso por parte del empleador de su posición dominante y una violación de la   igualdad de armas. A este respecto, señalaron que no habían tenido conocimiento de la   existencia de la videovigilancia y que no habían tenido acceso a las grabaciones hasta que se   hubieran presentado como prueba en el contexto de los procedimientos judiciales en los que   eran partes. En cuanto a las demás pruebas, en particular el testimonio de los testigos, en el   que se habían basado los tribunales nacionales, habían sido "viciadas" por la visualización   previa de las grabaciones por parte de los interesados.   144. Las demandantes tercera, cuarta y quinta argumentaron además que, cuando firmaron   los acuerdos de conciliación, fueron engañados en cuanto a la importancia de la concesión   hecha por su empleador. Afirmaron que la ley obligaba a toda persona a denunciar un delito al   tener conocimiento del mismo y que, por lo tanto, el empleador no podía renunciar   válidamente al derecho de presentar una denuncia penal. En esas circunstancias, los tribunales   deberían haber declarado nulos los acuerdos de conciliación y haberlos excluido del   expediente. En apoyo de su argumentación, presentaron una sentencia del Tribunal Superior   de Justicia de Cataluña, de 19 de octubre de 2010, en el caso de una de sus compañeras, la Sra.   D.   2. El Gobierno   MINISTERIO   DE JUSTICIA   145. El Gobierno estuvo de acuerdo con las conclusiones de la sentencia de la Sala, que invitó   a la Gran Sala a confirmar. En cuanto al uso de las grabaciones realizadas mediante   videovigilancia, afirmaron que las grabaciones se habían utilizado meramente para   complementar otras pruebas del expediente y que las demandantes habían tenido la   oportunidad de impugnar su uso y autenticidad en los tribunales nacionales.   146. En cuanto a los acuerdos de conciliación, el Gobierno sostuvo que, como habían   determinado los tribunales nacionales, se habían firmado sin ninguna presión por parte del   empleador. Afirmaron que eran las demandantes quienes habían incumplido esos acuerdos al   plantear el asunto ante el Juzgado de lo Social a pesar del compromiso asumido y que, aun así,   sus apelaciones habían sido debidamente examinadas por los tribunales. Sostuvieron que, si   bien esos tribunales habían tenido en cuenta el reconocimiento de los hechos por parte de las   demandantes, tal como se reflejaba en los acuerdos, también habían dispuesto de otras   pruebas. Por último, en lo que respecta al caso de la Sra. D., citado por las demandantes,   explican que, si bien es cierto que el Tribunal Superior anuló una sentencia inicial porque,   según esa sentencia, el acuerdo de conciliación en cuestión había privado a la empleada de su   derecho a entablar una acción judicial, los tribunales que examinaron el caso después de su   remisión consideraron finalmente que el acuerdo era, no obstante, válido y podía servir para   probar el reconocimiento de los hechos por la persona interesada.   C. Las observaciones de los terceros intervinientes.   147. La Confederación Europea de Sindicatos opinó que una sentencia basada principalmente   en grabaciones de videovigilancia encubierta infringía el artículo 6 del Convenio.   148. En cuanto a los acuerdos de conciliación firmados por las demandantes tercera, cuarta y   quinta, la CES señaló que esos acuerdos se utilizaban a menudo cuando los trabajadores se   enfrentaban a una presunta conducta indebida, lo que creaba una situación en la que los   empleados se sentían bajo una presión específica, no estaban debidamente asesorados y no   estaban en condiciones de exigir el reconocimiento de sus derechos procesales y sustantivos.   La CES llegó a la conclusión de que la especificidad de las relaciones laborales requería un   enfoque cauteloso del reconocimiento de esos acuerdos.   D. La valoración del Tribunal   MINISTERIO   DE JUSTICIA   1. Principios generales   149. El Tribunal reitera que su único deber, de conformidad con el artículo 19 del Convenio, es   velar por la observancia de los compromisos contraídos por los Estados Partes en el Convenio.   En particular, no es competente para tramitar una demanda en la que se alegue que los   tribunales nacionales han cometido errores de hecho o de derecho, excepto cuando considere   que dichos errores pueden haber supuesto una posible violación de alguno de los derechos y   libertades establecidos en el Convenio. Si bien el artículo 6 garantiza el derecho a un juicio   justo, no establece ninguna norma sobre la admisibilidad de las pruebas como tales, que es   fundamentalmente una cuestión que debe regularse en la legislación nacional (véase Schenk c.   Suiza, 12 de julio de 1988, § 45, Serie A Nº 140, y García Ruiz c. España [GC], nº 30544/96, §   28, ECHR 1999-I). Normalmente, cuestiones como la importancia que los tribunales nacionales   conceden a determinadas pruebas o a las conclusiones o evaluaciones que se someten a su   consideración no son de la incumbencia del Tribunal. El Tribunal no debe actuar como un   tribunal de cuarta instancia y, por lo tanto, no cuestionará, en virtud del artículo 6, párrafo 1,   la sentencia de los tribunales nacionales, a menos que sus conclusiones puedan considerarse   arbitrarias o manifiestamente irrazonables (véase Bochan c. Ucrania (Nº 2) [GC], nº 22251/08,   § 61, CEDH 2015).   150. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal determinar, como cuestión de principio, si   determinados tipos de pruebas - por ejemplo, las pruebas obtenidas ilegalmente en virtud del   derecho interno - pueden ser admisibles. La pregunta que debe responderse es si el   procedimiento en su conjunto, incluida la forma en que se obtuvieron las pruebas, fue justo.   Esto implica un examen de la ilegalidad en cuestión y, cuando se trate de la violación de otro   derecho del Convenio, la naturaleza de la violación constatada (véase P.G. y J.H. c. el Reino   Unido, citado anteriormente, § 76, y Gäfgen c. Alemania [GC], nº 22978/05, § 163, CEDH   2010).   151. En lo que respecta a la naturaleza de la ilegalidad o de la violación del Convenio, si bien la   utilización de pruebas obtenidas como resultado de una medida que se haya considerado   contraria al artículo 3 siempre plantea graves problemas en cuanto a la equidad del proceso   (véase Gäfgen, citado anteriormente, § 165), la cuestión de si la utilización como prueba de la   información obtenida en violación del artículo 8 o del derecho interno hizo que un juicio en su   conjunto fuera injusto, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 6, tiene que determinarse   teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluido el respeto de los derechos de   MINISTERIO   DE JUSTICIA   defensa del solicitante y la calidad e importancia de las pruebas en cuestión. En particular,   debe examinarse si se dio al solicitante la oportunidad de impugnar la autenticidad de las   pruebas y de oponerse a su utilización. Además, debe tenerse en cuenta la calidad de las   pruebas, así como la cuestión de si las circunstancias en que se obtuvieron ponen en duda su   fiabilidad o exactitud (véase Schenk, antes citado, §§ 46-48; P.G. y J.H. c. el Reino Unido, antes   citado, §§ 77-79; y Gäfgen, antes citado, § 164). Si bien no se plantea necesariamente un   problema de equidad cuando las pruebas obtenidas no están respaldadas por otro material,   cabe señalar que cuando las pruebas son muy sólidas y no existe el riesgo de que no sean   fiables, la necesidad de pruebas de apoyo es consecuentemente más débil (véase Gäfgen,   citado anteriormente, § 164).   152. El Tribunal observa que los principios establecidos anteriormente sobre la admisibilidad   de las pruebas se desarrollaron en un contexto de derecho penal, aunque ya ha tenido ocasión   de aplicarlos en un caso relativo a la equidad de los procedimientos civiles (véase Vukota-Bojić,   citado anteriormente, §§ 92-100). Observa que, si bien las garantías de un "juicio justo" no son   necesariamente las mismas en los procedimientos de derecho penal que en los de derecho   civil, ya que los Estados tienen un mayor margen de maniobra para tratar las causas civiles,   puede no obstante inspirarse, al examinar la equidad de los procedimientos de derecho civil,   en los principios desarrollados en el ámbito penal del artículo 6 (véase Carmel Saliba c. Malta,   nº 24221/13, § 67, 29 de noviembre de 2016). En el presente caso, el Tribunal considera que   los principios en cuestión son aplicables a su examen de la equidad de los procedimientos   civiles en cuestión.   2. Aplicación al presente caso   153. El Tribunal examinará la denuncia de violación del artículo 6, presentada por las cinco   demandantes sobre la base de la admisión como prueba de grabaciones de videovigilancia, y   luego la denuncia de violación de esa disposición presentada por las demandantes tercera,   cuarta y quinta respecto de la aceptación de los acuerdos de conciliación firmados por ellos.   (a) Consideración de las imágenes de la videovigilancia como parte de las pruebas   154. El Tribunal señala que no ha constatado una violación del artículo 8 del Convenio debido   a la videovigilancia a la que se sometió a las demandantes (véase el párrafo 137 supra). Sin   MINISTERIO   DE JUSTICIA   embargo, observa que las demandantes argumentaron que la videovigilancia se había   instalado en contravención de la obligación legal, en virtud del derecho interno, de   proporcionar información previa y que los tribunales de trabajo no abordaron esa cuestión, al   considerarla no pertinente (véase el párrafo 34 supra). Por consiguiente, el Tribunal examinará   si la utilización como prueba de las imágenes obtenidas por medio de la videovigilancia de que   se trata menoscabó la equidad del procedimiento en su conjunto.   155. El Tribunal comienza señalando que, en el contexto del procedimiento ante el Juzgado de   lo Social, las demandantes tuvieron acceso a las grabaciones obtenidas mediante la   videovigilancia impugnada y pudieron impugnar su autenticidad y oponerse a su utilización   como prueba. Los tribunales nacionales examinaron el argumento de las demandantes de que   las grabaciones debían excluirse del expediente del caso porque se habían obtenido   infringiendo un derecho fundamental y en sus decisiones dieron amplios razonamientos sobre   este punto. Así pues, consideraron que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal   Constitucional, la videovigilancia no se había realizado en violación del derecho de las   demandantes al respeto de su vida privada. Además, consideraron que las imágenes obtenidas   de la videovigilancia no eran los únicos elementos de prueba del expediente.   156. En lo que respecta a la calidad de las pruebas, el Tribunal observa que las demandantes   no impugnaron en ningún momento la autenticidad o la exactitud de las imágenes grabadas   mediante la videovigilancia, y que su principal queja se basaba en la falta de información   previa sobre la instalación de las cámaras. Los tribunales nacionales, por su parte,   consideraron que las grabaciones presentaban suficientes garantías de autenticidad. Dadas las   circunstancias en que se obtuvieron las grabaciones, el Tribunal no ve ninguna razón para   cuestionar su autenticidad o fiabilidad. Por lo tanto, considera que constituían pruebas sólidas   que no tenían por qué ser corroboradas por otros materiales.   157. No obstante, el Tribunal observa que las grabaciones en cuestión no fueron las únicas   pruebas en las que los tribunales nacionales basaron sus conclusiones. De sus decisiones se   desprende que también tuvieron en cuenta las declaraciones de las demandantes, el   testimonio del gerente del supermercado, del representante legal de la empresa y del   representante del personal -a quienes las demandantes habían admitido la conducta indebida-   y el informe pericial en el que se comparaban las imágenes grabadas por la videovigilancia y   los recibos de caja. El Tribunal observa que los recibos de caja, que constituyen una prueba   objetiva que no puede ser "viciada" por el visionado de las grabaciones, mostraban que un   número importante de compras se habían cancelado sin pago. En cuanto a las demandantes   MINISTERIO   DE JUSTICIA   tercera, cuarta y quinta, los tribunales también se basaron en el reconocimiento de los hechos   en los acuerdos de liquidación que habían firmado. Tras examinar el conjunto de estas   pruebas, consideraron que los hechos estaban ampliamente establecidos.   158. A la luz de lo anterior, el Tribunal considera que la utilización como prueba de las   imágenes obtenidas por videovigilancia no menoscabó la equidad del procedimiento en el   presente caso.   (b) Examen de los acuerdos de conciliación firmados por las demandantes tercera, cuarta y   quinta   159. El Tribunal comenzaría observando que los tribunales nacionales aceptaron los acuerdos   de transacción firmados por estos tres demandantes, al considerar que su consentimiento no   había sido viciado. Sin embargo, a diferencia del Juzgado de lo Social, que había considerado   que, al firmar esos acuerdos, habían renunciado a su derecho a entablar acciones judiciales, el   Tribunal Superior, al resolver en apelación, consideró que esos acuerdos no constituían una   renuncia de las demandantes a su derecho de acceso a un tribunal y examinó el caso en   cuanto al fondo. Consideró que los acuerdos daban efecto a la aceptación inequívoca por las   demandantes de la decisión del empleador de rescindir sus contratos de trabajo por los   motivos expuestos en la carta de despido. En esas circunstancias, el Tribunal considera que la   denuncia, tal como fue presentada por las demandantes, se refiere a la evaluación por los   tribunales nacionales de la validez y la importancia de las pruebas.   160. A este respecto, observa que los tres demandantes pudieron impugnar la validez de los   acuerdos de conciliación y oponerse a su admisión como prueba. Los tribunales nacionales   analizaron todos los argumentos presentados por las demandantes y consideraron que las   circunstancias del presente caso no indicaban ninguna intimidación o engaño por parte del   empleador. Examinaron las circunstancias en las que se habían firmado los acuerdos y   comprobaron que la presencia del representante sindical en el momento de la firma, el   reconocimiento previo de los actos por parte de las demandantes durante una reunión con   dicho representante y el hecho de que otros empleados despedidos no hubieran firmado el   acuerdo propuesto por el empleador, descartaban cualquier indicio de coacción. Sus   conclusiones a este respecto no parecen ni arbitrarias ni manifiestamente irrazonables. Por   último, como ya se ha señalado, los tribunales nacionales basaron sus decisiones en diversos   elementos de prueba (véase el párrafo 157 supra).   MINISTERIO   DE JUSTICIA   161. Habida cuenta de estas observaciones, no hay motivo para que el Tribunal ponga en tela   de juicio las conclusiones de los tribunales nacionales en cuanto a la validez y el peso de los   acuerdos de transacción firmados por las demandantes tercera, cuarta y quinta. Por   consiguiente, el Tribunal constata que tampoco se ha violado el artículo 6 sobre este punto.   POR ESTAS RAZONES, EL TRIBUNAL   1. Declara, por unanimidad, que el heredero legal de la segunda demandante está en   condiciones de continuar el presente procedimiento en su lugar;   2. Desestima, por unanimidad, la objeción preliminar del Gobierno;   3. Sostiene, por catorce votos a favor y tres en contra, que no ha habido violación del artículo   8 del Convenio;   4. Declara, por unanimidad, que no se ha violado el artículo 6 del Convenio por la utilización   como prueba de las grabaciones obtenidas mediante videovigilancia;   5. Declara, por unanimidad, que no se ha violado el artículo 6 del Convenio debido a la   aceptación de los acuerdos de conciliación firmados por las demandantes tercera, cuarta y   quinta.   Redactada en inglés y francés, y emitida en una audiencia pública en el Edificio de   Derechos Humanos de Estrasburgo, el 17 de octubre de 2019   Søren Prebensen   Linos-Alexandre Sicilianos   Presidente   Secretario Adjunto   De conformidad con el artículo 45.2 del Convenio y el artículo 74.2 del Reglamento de la   Sala, se adjuntan a la presente sentencia los siguientes votos particulares: De Gaetano,   Yudkivska and Grozev unidos a esta sentencia.   L.A.S.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   S.C.P.   ANEXO   Listado de demandantes   Demanda no. 1874/13   Demanda no. 8567/13   Isabel LÓPEZ RIBALDA, nacida 1963, residente   en Sant Celoni   María Ángeles GANCEDO GIMÉNEZ, nacida en   1967, fallecida en 2018   Maria Del Carmen RAMOS BUSQUETS, nacida   en 1969, residente en Sant Celoni   Pilar SABORIDO APRESA, nacida en 1974,   residente en Sant Celoni.   Carmen Isabel POZO BARROSO, nacida en   1974, residente en Sant Pere de Vilamajor   VOTO PARTICULAR CONJUNTO DE LOS JUECES   DE GAETANO, YUDKIVSKA AND GROZEV   1. Disentimos respetuosamente de la opinión de nuestros colegas según la cual el artículo 8   del Convenio no fue violado en el presente caso. Compartiríamos la posición de nuestros   colegas de la Sala que consideraron que, a la luz de la legislación interna vigente, los tribunales   nacionales no habían logrado un equilibrio justo entre el derecho de las demandantes al   MINISTERIO   DE JUSTICIA   respeto de su vida privada en virtud del artículo 8 del Convenio y el interés de su empleador en   la protección de sus derechos de propiedad.   2. Este caso demuestra la creciente influencia y control que la tecnología tiene en nuestro   mundo, y más particularmente, la recogida y uso de nuestros datos personales en nuestras   actividades cotidianas. Como instrumento vivo, el Convenio, y por lo tanto el Tribunal, no sólo   tiene que reconocer la influencia de las tecnologías modernas, sino que también tiene que   desarrollar medidas legales más adecuadas para asegurar el respeto de la vida privada de los   individuos.   3. El uso generalizado de los datos personales en los tiempos modernos era ya, hace ocho   años, una esfera en la que el Tribunal expresó la necesidad de “mayor vigilancia”, cuando oyó   el caso bastante similar de Köpke c. Alemania ((dec.), nº 420/07, 5 de octubre de 2010). Desde   entonces, se han desarrollado considerablemente las tecnologías de vigilancia y los datos   recogidos con ellas. Estas nuevas tecnologías permiten que los datos almacenados puedan ser   vistos por cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, con poco control y   sin apenas rastro, lo que pone en tela de juicio la conclusión mayoritaria en el presente caso   de que “sólo el gerente del supermercado, el representante legal de la empresa y el   representante sindical vieron las grabaciones obtenidas mediante la videovigilancia   impugnada” (párrafo 126).   4. En otras palabras, las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente la facilidad con que se   puede llevar a cabo y transmitir la videovigilancia, multiplicando así de manera significativa la   posible violación de los derechos de privacidad en virtud del artículo 8 del Convenio.   Precisamente por esta razón es necesario que, a nivel nacional, el marco legislativo sea claro y   previsible en relación con los casos relativos a la vigilancia electrónica. Esto resulta crucial en   casos como el presente, en el que un empleador utiliza la videovigilancia encubierta en el lugar   de trabajo. Así pues, nuestro desacuerdo de principio con la mayoría se deriva de su   aprobación de una respuesta jurídica a la cuestión particular que sólo se desarrolló después de   los hechos y en relación con un caso concreto. Si bien ese enfoque, en el que se da a los   tribunales nacionales un margen de maniobra para elaborar una respuesta jurídica a un   conflicto que ha dado lugar a un caso específico en relación con derechos del Convenio que   compiten entre sí, podría ser apropiado en algunos casos, consideramos que no es adecuado   para los casos relativos a la vigilancia electrónica. Ello se debe precisamente a la facilidad   tecnológica con que puede llevarse a cabo y difundirse la vigilancia electrónica y a los efectos   negativos potencialmente vastos y significativos que podría tener sobre los derechos de   MINISTERIO   DE JUSTICIA   privacidad de las personas. Por consiguiente, un marco jurídico claro y previsible, con medidas   apropiadas y eficaces, adquiere una importancia primordial. En el caso que nos ocupa, el   marco jurídico existente sólo preveía una garantía específica, a saber, la necesidad de que los   empleados fueran advertidos previamente de la instalación y el uso de la vigilancia, y no   permitía ninguna excepción a esa garantía. Este punto, en nuestra opinión, es decisivo para un   análisis jurídico eficaz y la conclusión en el presente caso.   5. Además, el marco jurídico reviste especial importancia en el contexto de las relaciones   laborales, en las que el empleador tiene importantes facultades respecto de los empleados y   debe evitarse todo abuso de esas facultades. La información sobre la aplicación de las medidas   de vigilancia es esencial para que las personas interesadas puedan hacer valer la totalidad de   los derechos que se les garantizan, como los derechos de acceso, de rectificación o de   supresión respecto de los datos personales recogidos.   6. El error de los tribunales nacionales de no lograr un equilibrio justo entre los derechos en   conflicto de las partes se hace más evidente al analizar la legislación nacional. En el caso S. and   Marper v. United Kingdom ([GC], nos. 30562/04 y 30566/04, ECHR 2008), el Tribunal concluyó   que se necesitaban "normas detalladas que rigieran el alcance y la aplicación de las medidas"   para ofrecer garantías suficientes contra el riesgo de abuso y arbitrariedad. Así pues, en   opinión del Tribunal, "la protección de los datos personales es de importancia fundamental   para que una persona pueda disfrutar de su derecho al respeto de la vida privada y familiar,   garantizado por el artículo 8". Aunque la legislación que rige los datos personales ha creado   una norma social en la que se reconoce que los individuos pueden controlar la difusión de su   imagen, este derecho no se concedió a las demandantes en este caso. Esto estaba en   contradicción directa con la legislación nacional española en virtud del artículo 5 de la Ley de   Protección de Datos. Para que el marco normativo vigente pueda ser aplicado, es necesario   avisar previamente a las personas cuya imagen va a ser recogida y utilizada. Lamentablemente,   no se dio esa oportunidad a todos los empleados, ya que no se les informó de antemano de la   videovigilancia encubierta.   7. La mayoría está de acuerdo en que la legislación española exige que "es necesario informar   a las personas afectadas, de forma clara y previa a la aplicación, de la existencia y las   condiciones de dicha recogida de datos", limitando así la invasión de la privacidad y dando a   los empleados la oportunidad de regular su conducta. Es evidente que este requisito no se   cumplió en el presente caso. Sin embargo, la mayoría sostuvo que éste era "sólo uno de los   criterios que debían tenerse en cuenta para evaluar la proporcionalidad de una medida"   MINISTERIO   DE JUSTICIA   (párrafo 131). Es cierto que la clara estructura del Tribunal para evaluar cualquier injerencia   (requisito de legalidad que precede a la evaluación de la proporcionalidad) no se aplica en el   presente caso, ya que estamos hablando de obligaciones positivas y no de interferencia; no   obstante, nos parece problemático que los tribunales nacionales no hayan examinado si las   demandantes habían sido informados de la instalación de la videovigilancia encubierta. El   Juzgado de lo Social, al juzgar la proporcionalidad de la medida, no abordó expresamente el   argumento de las demandantes de que no habían sido informados de la vigilancia   específicamente y antes de su aplicación, como exige el derecho interno. En cambio, se remitió   simplemente a la sentencia nº 186/2000 del Tribunal Constitucional, que había considerado   que la cuestión de la información facilitada por el empleador a los empleados y al Comité de   Empresa era una cuestión de legalidad ordinaria y no era pertinente desde el punto de vista   del derecho constitucional al respeto de la vida privada. Así pues, los tribunales nacionales no   aplicaron el marco jurídico que garantiza la protección de los datos ni tuvieron en cuenta el   caso de las demandantes de manera detallada e individual.   8. También consideramos insatisfactoria la evaluación realizada por los tribunales nacionales   al determinar si la videovigilancia encubierta había sido necesaria. El Tribunal confirmó que era   una medida necesaria para el objetivo legítimo perseguido, descubrir quién había cometido   robos en el supermercado. Sin embargo, el Tribunal no consideró si una medida menos   restrictiva podría haber sido utilizada por el empleador para perseguir el mismo objetivo. Este   fracaso adquiere especial importancia a la luz de la conclusión de la mayoría de que la cuestión   de si habría sido posible "establecer un sistema de vigilancia basado en métodos y medidas   menos intrusivos" es un factor importante que debe evaluarse para asegurar la   proporcionalidad de las medidas de videovigilancia encubiertas en el lugar de trabajo (párrafo   116).   9. Los tribunales nacionales tuvieron que considerar qué medidas alternativas podría haber   utilizado el empleador para perseguir su objetivo legítimo, medidas que, al mismo tiempo,   habrían tenido un impacto menos invasivo en el derecho de los empleados a que se respetara   su vida privada. El empleador tenía dos objetivos legítimos: en primer lugar, quería impedir   nuevos robos, para lo cual habría bastado con una advertencia sobre el sistema de   videovigilancia instalado. En segundo lugar, quería averiguar quién era el responsable de las   pérdidas que había sufrido en los últimos meses; en este caso, la notificación previa de la   videovigilancia visible y encubierta no habría sido útil. No obstante, como el robo cometido era   un delito, el empleador podría y debería haber acudido a la policía antes de adoptar esas   medidas por iniciativa propia. La necesidad de dilucidar un delito no justifica la investigación   privada, ni siquiera en forma de videovigilancia encubierta, que constituye una medida   MINISTERIO   DE JUSTICIA   excesivamente intrusiva y un abuso de poder. Al no condenar ese comportamiento cometido   por particulares, el Tribunal alienta a los particulares tomarse la justicia por su mano. En   cambio, corresponde a las autoridades competentes adoptar las medidas adecuadas, ya que   están mejor equipadas, tanto en lo que respecta a sus facultades para aplicar determinadas   medidas como a su responsabilidad y obligaciones de seguir las orientaciones sobre lo que es   necesario en una situación como la actual.   10. La mayoría señala que "no puede aceptar la propuesta de que ... la más mínima sospecha   de apropiación indebida o cualquier otra conducta indebida por parte de los empleados pueda   justificar la instalación de una videovigilancia encubierta por parte del empleador", pero no   obstante considera que "la existencia de una sospecha razonable de que se ha cometido una   falta grave ... puede parecer una justificación de peso" para tal medida (párrafo 134). En   nuestra opinión, a falta de un requisito de medidas procesales claras, la existencia de "una   sospecha razonable de que se ha cometido una falta grave" no es suficiente, ya que puede dar   lugar a investigaciones privadas y podría utilizarse como justificación en un número   inaceptablemente elevado de casos. Si bien, en principio, el requisito de la "sospecha   razonable" es una salvaguardia importante, no es suficiente para proteger los derechos de   privacidad cuando se enfrenta a una vigilancia electrónica de carácter encubierto. En   circunstancias como las del presente caso, en que un empleador utiliza la vigilancia encubierta   por vídeo sin advertir previamente a sus empleados, es necesario establecer medidas   procesales adicionales; similares a las que se exigen en virtud del Convenio en el uso de la   vigilancia secreta en los procedimientos penales. Los requisitos procesales que permitan una   verificación fiable, por un tercero, de la existencia de una "sospecha razonable de falta grave",   y las garantías contra la justificación de que la vigilancia se realice "a posteriori", deberían ser   un requisito en virtud del artículo 8 del Convenio. Sólo con la aplicación de estas garantías   procesales podríamos aceptar fácilmente el juicio de la mayoría.   11. Además, a diferencia de la Sala, la Gran Sala no diferenció el presente caso del de Köpke   (citado anteriormente). En esa decisión sólo se había sospechado que dos empleados habían   cometido un robo en la empresa, mientras que en el presente caso todos los empleados   habían sido objeto de la videovigilancia encubierta instalada detrás de las cajas registradoras   del supermercado. Esta vigilancia ilimitada es mucho más significativa y, por lo tanto, debería   haber recibido un peso adicional en la valoración por parte de los tribunales nacionales y de   este Tribunal; sobre todo porque la vigilancia duró toda la jornada laboral y las cámaras   estaban colocadas de tal manera que las demandantes, en su trabajo de cajeras, no podían   evitar ser filmadas. Una recopilación tan amplia de datos personales respecto de todas las   MINISTERIO   DE JUSTICIA   demandantes debería haberse reconocido adecuadamente al determinar la proporcionalidad   de la medida utilizada por el empleador.   12. Como este caso se refiere a empleadores privados, en nuestra opinión el Tribunal tuvo que   confirmar, ampliar y transponer los principios de Bărbulescu, como se establece en el párrafo   121, con respecto a los casos, como el presente, de videovigilancia encubierta . Aunque ese   caso no se refería específicamente a la vigilancia encubierta por vídeo, estableció un   importante principio relativo al alcance del control que puede ejercer un empleador sobre sus   empleados, así como una multitud de factores que los tribunales nacionales deben tener en   cuenta para lograr un equilibrio justo entre los intereses contrapuestos de las partes.   13. Otro factor que se vio menoscabado en la evaluación de la mayoría fue "las consecuencias   de la vigilancia para el empleado sometido a ella". En el caso Vukota-Bojić c. Suiza (Nº   61838/10, 18 de octubre de 2016), en el que el Tribunal determinó que se había violado el   artículo 8 del Convenio, se había identificado a la demandante mediante el uso de una   vigilancia encubierta por vídeo, lo que finalmente había dado lugar a una reevaluación de sus   prestaciones de seguro. En el presente caso, la mayoría determinó que, si bien se había   despedido a las demandantes tras la utilización de la videovigilancia encubierta, “las   grabaciones no fueron utilizadas por el empleador para ningún otro fin que el de localizar a los   responsables de las pérdidas de mercancías grabadas y adoptar medidas disciplinarias contra   ellos” (párrafo 127). En nuestra opinión, aunque no se utilizaron para ningún otro fin, no se   debería haber subestimado la consecuencia de la recogida y utilización de estos datos   personales, especialmente dada la amplia gama de posibilidades que ofrecen las posibles   tecnologías modernas.   14. En otras jurisdicciones se han elaborado criterios similares, de importancia para evaluar la   proporcionalidad en relación con la videovigilancia encubierta. Por ejemplo, en el caso R c.   Oakes ([1986] 1 S.C.R. 103), el Tribunal Supremo del Canadá consideró los siguientes factores:   si la medida es necesaria para satisfacer una necesidad específica; si es eficaz para satisfacer   esa necesidad; y si la pérdida es proporcional al beneficio. Este es un enfoque apropiado para   determinar si ha habido un equilibrio justo entre los derechos concurrentes del Convenio.   También cabe destacar la conclusión del mismo tribunal en Ross c. Rosedale Transport Ltd.   ([2003] C.L.A.D. nº. 237) de que “la vigilancia es una medida extraordinaria a la que sólo se   puede recurrir cuando existe, de antemano, una causa razonable y probable que la justifique”.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   15. En resumen, consideramos que tanto los tribunales nacionales como este Tribunal no   lograron establecer un equilibrio justo entre los derechos del empleador y los derechos de los   empleados. Al no constatar ninguna violación del artículo 8 del Convenio, el Tribunal ha   decidido permitir el uso ilimitado de la videovigilancia encubierta en el lugar de trabajo sin   ofrecer suficientes garantías jurídicas a las personas cuyos datos personales serán recogidos y   utilizados para fines desconocidos para ellas. Con la creciente influencia de la tecnología en   nuestra sociedad, no podemos permitirnos que los individuos se tomen la justicia por su mano   y permitan que el derecho a la vida privada previsto en el artículo 8 del Convenio siga estando   insuficientemente protegido ante estos nuevos desafíos.  

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