Sentencia 10828/84 – 11471/85 – 12661/87
CASOS FUNKE, CRÉMIEUX Y MIAILHE CONTRA FRANCIA
Artículos 6.1 (Derecho a un proceso justo. Derecho del acusado a no declarar contra sí mismo) y 8 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar. Inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia)
Sentencias de 25 de febrero de 1993
Mediante tres fallos dictados en Estrasburgo el 25 de febrero de 1993 y recaídos en los casos Funke, Crémieux y Miailhe contra Francia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió por ocho votos contra uno que las visitas domiciliarias y embargos efectuados por aduanas infringieron el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos . Concluyó, asimismo, por ocho votos contra uno que, debido a la ausencia de proceso equitativo, hubo infracción del artículo 6, párrafo 1, en el caso Funke.
Los fallos fueron leídos en audiencia pública por el Vicepresidente del Tribunal, don Rudolf Bernhardt.
1. HECHOS
1. Caso Funke
El señor Funke, ciudadano alemán, era representante de comercio y vivía en Francia. Falleció en 1987 y su viuda prosiguió el procedimiento.
En el ámbito de una investigación sobre eventuales infracciones a la legislación sobre relaciones financieras con el exterior, los agentes de aduanas, asistidos por un oficial de la policía judicial, registraron el domicilio de los señores Funke el 14 de enero de 1980 y se incautaron de cierto número de documentos y objetos. Instaron, asimismo, al señor Funke a que presentara los extractos de ciertas cuentas bancarias del extranjero. En abril de 1982 la Administración de aduanas obtuvo del Tribunal de instancia de Estrasburgo un mandamiento confirmado en apelación, que ordenaba el embargo de bienes del señor Funke hasta la concurrencia de 100.200 francos franceses para garantizar el pago de las sanciones de aduanas. Por consiguiente, en agosto de 1990 se bloquearon las cuentas bancarias del interesado y se estableció una hipoteca preventiva sobre un inmueble de su propiedad; esas medidas fueron levantadas en julio de 1990 a requerimiento de la señora Funke.
Al no cumplir el señor Funke su obligación de presentar los extractos, la administración de aduanas lo citó ante el Tribunal de policía de Estrasburgo, que el 27 de septiembre de 1982 lo condenó a una multa de 1.200 francos y a la presentación de los documentos bajo sanción de 20 francos por día de retraso. El 14 de mayo de 1983, el Tribunal de apelación de Colmar confirmó la sentencia salvo en un extremo, pero aumentó la sanción a 50 francos por día de retraso. El 21 de noviembre de 1983 el Tribunal de casación rechazó el recurso del señor Funke. Finalmente, en enero de 1985 la Administración de aduanas envió al banco del actor un requerimiento de pago por los importes fijados debido a la falta de presentación de los extractos. El Tribunal de instancia confirmó en marzo de 1985 la validez de ese requerimiento; el Tribunal de apelación de Colmar invalidó sin embargo su sentencia en febrero de 1989; la Administración de aduanas recurrió, pues, en casación, pero en vano. En el momento de su fallecimiento, ocurrido el 22 de julio de 1987, el señor Funke aún no había sido enviado a juicio por infracciones de la legislación en cuestión.
2. Caso Crémieux
En el marco de una investigación sobre eventuales infracciones a la legislación sobre relaciones financieras con el extranjero que involucraba a una sociedad de la que el señor Crémieux, ciudadano francés, era presidente y director general, entre enero de 1977 y febrero de 1980, los agentes de aduanas, asistidos por un funcionario de la policía judicial, realizaron numerosas visitas al domicilio y las residencias del interesado, en el curso de las cuales se incautaron de una gran cantidad de documentos. El actor fue inculpado en diciembre de 1982; la Administración de aduanas se avino, no obstante, a una transacción con él y un auto de sobreseimiento puso fin a las diligencias penales en junio de 1987. Mientras el procedimiento estaba en curso, el señor Crémieux había impugnado en vano la regularidad y constitucionalidad de los registros y las incautaciones, la validez de las actas referentes a los mismos y la compatibilidad de las correspondientes disposiciones del código de aduanas con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Concretamente, el Tribunal de casación rechazó un recurso en enero de 1985.
3. Caso Miailhe
Los días 5 y 6 de enero de 1983 los agentes del servicio de aduanas, asistidos por un funcionario de la policía judicial, realizaron visitas domiciliarias en los locales ocupados por el señor y la señora Miailhe, que eran, asimismo, la sede del Consulado de Filipinas, y procedieron a incautarse de cerca de 15.000 documentos, que con posterioridad restituyeron parcialmente. Esa operación se llevó a cabo en el marco de una investigación sobre la situación residencial de los actores - ciudadanos franceses y uno de los cuales también tenía la nacionalidad filipina- y con el fin de comprobar una eventual infracción a la legislación sobre relaciones financieras con el exterior.
Los actores citaron al director general de aduanas e impuestos indirectos ante el Juzgado de paz de París con el fin de obtener una declaración de nulidad de las incautaciones. El 20 de diciembre de 1983 el Tribunal se declaró incompetente, dado que las jurisdicciones ordinarias no pueden conocer de esos litigios en caso de lesión a la libertad individual y de coacciones. Los actores sometieron entonces el asunto al Tribunal de instancia de París, que el 16 de mayo de 1984 se declaró a su vez incompetente. El Tribunal de apelación de París confirmó esa resolución el 23 de octubre de 1983 tras ser recurrida por los actores; destacó que no podía comprobarse ninguna valoración manifiesta y deliberada de una libertad individual. El 17 de junio de 1986, el Tribunal de casación rechazó el recurso de los interesados.
Un Juez de instrucción de Burdeos inculpó a estos últimos el 20 de junio de 1985; por medio de unos autos del 3 de julio de 1991, decretó el sobreseimiento en favor de doña Victoria Miailhe y envió a los esposos Miailhe a juicio ante el Tribunal correccional, que el 2 de diciembre de 1992 declaró extintas la acción pública y las acciones tendentes a la aplicación de sanciones aduaneras.
2. PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
Los recursos fueron sometidos a la Comisión el 13 de febrero de 1984 (Funke), el 11 de marzo de 1985 (Crémieux) y el 11 de diciembre de 1986 (Miailhe) y ésta los admitió los días 6 de octubre de 1988, 19 de enero de 1989 y el 3 de octubre de 1990, respectivamente. Después de intentar en vano obtener un acuerdo amistoso, el 8 de octubre de 1991, aprobó tres informes en los que se establecían los hechos y se formulaba la opinión de que no hubo infracción.
a) en el caso Funke: del artículo 6, párrafo 1, ya sea en lo que respecta al principio de la equidad del procedimiento (siete votos contra cinco), bien con motivo de la duración del procedimiento (ocho votos contra uno), del artículo 6, párrafo 2 (nueve votos contra tres) y del artículo 8 (seis votos contra seis, con el voto dirimente del Presidente);
b) en el caso Crémieux: de los artículos 8 (once votos contra siete), 6, párrafo 3 (unanimidad), y 10 (unanimidad);
c) en el caso Miailhe: de los artículos 8 (once votos contra siete) y 13 (unanimidad).
La Comisión trasladó los casos al Tribunal el 13 de diciembre de 1991.
3. RESUMEN DE LAS SENTENCIAS
I. Artículo 6.1 y 6.2 (caso Funke)
A. Carácter equitativo del procedimiento y presunción de inocencia
1. Excepción preliminar del Gobierno
Según el Gobierno, el señor Funke no ostentaba la condición de víctima debido a que no se había emprendido contra él ninguna diligencia penal por infracción del reglamento sobre relaciones financieras con el extranjero.
El Tribunal rechaza la excepción (unanimidad), dado que las quejas del actor en el ámbito del artículo 6 se refieren a otro procedimiento, relativo a la presentación de documentos.
2. Procedencia de la denuncia
a) Artículo 6.1
El Tribunal señala que la Administración de aduanas provocó la condena del señor Funke para obtener determinados documentos, cuya existencia suponía sin plena certidumbre. Al no poder o querer procurárselos por otros medios, intentó forzar al actor a que él mismo proporcionara la prueba de unas infracciones que habría cometido. Las peculiaridades del Derecho aduanero no bastan para justificar esa lesión al derecho de todo «acusado», en el sentido autónomo que el artículo 6 atribuye al término, a callar y no contribuir a su propia incriminación. Al no haber gozado el interesado de un proceso equitativo, hubo infracción del artículo 6, párrafo 1 (ocho votos contra uno).
b) Artículo 6.2
La anterior conclusión dispensa al Tribunal de investigar si la condena penal del señor Funke también desconoció el principio de la presunción de inocencia (ocho votos contra uno).
B. Duración del procedimiento
El Tribunal tampoco estima necesario estudiar la denuncia, según la cual la instancia relativa a la adopción y el levantamiento de las medidas provisionales duró más del «plazo razonable», cuyo respeto exige el artículo 6, párrafo 1 (ocho votos contra uno).
II. Artículo 8
A. Excepciones preliminares (casos Crémieux y Miailhe)
Según el Gobierno, el señor Crémieux no agotó las vías de recurso internas, dado que no denunció las coacciones ante las jurisdicciones judiciales y no solicitó una reparación, y los Miailhe habían presentado de forma prematura su recurso en Estrasburgo, pues al principio de su procedimiento ante el Tribunal de Burdeos pudieron denunciar la irregularidad de las medidas de la Administración de aduanas que sirvieron de fundamento para las diligencias penales.
El Tribunal rechaza las excepciones de inadmisibilidad (unanimidad), dado que los interesados emprendieron y llevaron a término, no sin invocar el artículo 8 del Convenio, un procedimiento de nulidad de las actas de comprobación e incautación levantadas por los agentes de aduanas.
B. Procedencia de la denuncia (casos Funke, Crémieux y Miailhe)
El Tribunal observa una intromisión en la vida privada y la correspondencia de todos los actores, al igual que en el domicilio de los señores Funke y Crémieux. Por consiguiente, investiga si las injerencias objeto de litigio cumplieron las condiciones del párrafo 2 del artículo 8.
1. «Previstas por la ley»
En opinión de los actores, las citadas injerencias carecían de fundamento jurídico; la redacción vigente en aquel momento del artículo 64 del Código de Aduanas desconocía la Constitución de 1958, dado que no subordinaba las visitas domiciliarias y las incautaciones a una autorización judicial.
El Tribunal no estima necesario resolver la cuestión, ya que en todo caso las injerencias se muestran incompatibles con el artículo 8 en otros aspectos.
2. Fin legítimo
No obstante la tesis contraria de los actores, el Tribunal estima que las injerencias en cuestión buscaban en todo caso el «bienestar económico del país».
3. Necesarias en una sociedad democrática
En el terreno de la lucha contra la evasión de capitales y la evasión de impuestos los Estados se encuentran con serias dificultades que derivan de la amplitud y complejidad de las redes bancarias y los circuitos financieros, así como de las múltiples posibilidades de realizar inversiones de carácter internacional, facilitadas por la relativa permeabilidad de las fronteras. El Tribunal reconoce, pues, que pueden considerar necesario recurrir a ciertas medidas, tales como visitas domiciliarias e incautaciones, para dejar establecida la prueba de los delitos de cambio y perseguir en su caso a los autores. Aunque es necesario que su legislación y práctica en esta materia ofrezca garantías adecuadas y suficientes frente a los abusos.
Ahora bien, ése no fue el caso en los asuntos que nos ocupan. En la época de los hechos -el Tribunal no tiene que pronunciarse sobre las reformas legislativas de 1986 y 1989, cuyo fin era proporcionar una mejor protección a los individuos- la Administración de aduanas disponía de poderes muy amplios; concretamente, gozaba de competencia para apreciar por sí sola la oportunidad, el número, la duración y la amplitud de las operaciones de control. Sobre todo en ausencia de una orden judicial, las restricciones y condiciones previstas por la ley parecían demasiado laxas y llenas de lagunas para que las injerencias en los derechos de los actores fueran rigurosamente proporcionadas al fin legítimo que se pretendía.
Asimismo, la Administración nunca demandó al señor Funke por infracción de la reglamentación sobre relaciones financieras con el extranjero, y las incautaciones que padecieron el señor y la señora Miailhe presentan un carácter masivo e indiferenciado.
En suma, hubo infracción del artículo 8.
III. Artículos 6.3, y 10 (caso Crémieux)
Dado que el perjuicio que se aduce para los derechos de la defensa y a la libertad de expresión se refiere a los mismos hechos que el Tribunal ha estimado contrarios al artículo 8, el mismo no exige un examen separado (unanimidad).
IV. Artículo 13 (caso Miailhe)
Los actores han renunciado ante el Tribunal a la queja derivada de la ausencia de recurso efectivo ante una instancia nacional, de tal suerte que no se impone examinar la cuestión de oficio (unanimidad).
V. Artículo 50
A. Perjuicios (caso Funke y Crémieux)
El Tribunal considera que los actores debieron experimentar perjuicios morales. Asigna 50.000 francos al señor Funke y estima que el fallo proporciona una compensación suficiente al señor Crémieux (unanimidad).
B. Gastos y costas (caso Funke y Crémieux)
En concepto de costas y gastos ante las jurisdicciones francesas y luego ante los órganos del Convenio, el Tribunal concede 70.000 francos al señor Funke y 50.000 al señor Crémieux (unanimidad).
C. Cuestión reservada (caso Miailhe)
En opinión del Tribunal, la cuestión de la aplicación del artículo 50 no está en condiciones de ser solucionada en el asunto Miailhe, aunque hayan finalizado las diligencias penales contra ambos cónyuges. Ha, pues, lugar a hacer reserva de la misma (unanimidad).
Dos jueces han expresado opiniones separadas que se adjuntan a los autos.
Full & Egal Universal Law Academy