SECCIÓN TERCERA
ASUNTO MANZANAS MARTÍN c. ESPAÑA
(Demanda nº 17966/10)
SENTENCIA
3 de abril de 2012
ESTRASBURGO
Esta sentencia adquirirá firmeza en las condiciones previstas en el § 2 del artículo 44 del Convenio. Puede sufrir correciones de estilo.
En el asunto Manzanas Martín c. España,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Tercera), reunido en Sala compuesta por:
Josep Casadevall, Presidente,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Mihai Poalelungi, jueces,
y de Santiago Quesada, Secretario de Sección,
Después de haber deliberado a puerta cerrada el 13 de marzo de 2012,
Dicta la presente sentencia, adoptada en dicha fecha:
PROCEDIMIENTO
1. El presente procedimiento se inició por demanda (nº 17966/10) interpuesta contra el Reino de España, por D. Francisco Manzanas Martín (“el demandante”), de nacionalidad española, con fecha 26 de marzo de 2010, al amparo del artículo 34 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (“el Convenio”).
2. El demandante está representado por D. A. Pérez Subirana, abogado en Barcelona. El Gobierno español (“el Gobierno”) ha estado representado por su agente, F. Irurzun Montoro, abogado del Estado.
3. El demandante se queja de que la denegación de una pensión de jubilación afecta al principio de no discriminación reconocido por el artículo 14 del Convenio en relación con los artículos 9 del Convenio y 1 del Protocolo nº 1, en la medida en que la legislación interna sobre pensiones habría tratado de manera diferenciada y discriminatoria a los pastores evangélicos y a los sacerdotes católicos.
4. El 24 de febrero de 2011, el Presidente de la Sección tercera decidió comunicar la demanda al Gobierno. Tal como permite el artículo 29 § 1 del Convenio, se decidió, además, que la Sala se pronunciaría simultáneamente sobre la admisibilidad y el fondo del asunto.
HECHOS
LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO
5. El demandante nació en 1926 y reside en Barcelona.
6. Entre el 1 de noviembre de 1952 y el 30 de junio de 1991, el demandante ejerció como pastor de la Iglesia evangélica hasta el momento en que alcanzó la edad de la jubilación. Durante estos años, percibió una remuneración pagada por la comisión permanente de la Iglesia evangélica. Ésta no pagó cotizaciones a la Seguridad Social en nombre del demandante, dado que no estaba prevista esta posibilidad por la legislación vigente.
7. El demandante previamente había trabajado como asalariado, entre el 1 de enero de 1944 y el 15 de octubre de 1946. Después de su ordenación pastoral, trabajó también como asalariado entre el 13 de marzo de 1974 y el 9 de septiembre de 1978, sin abandonar su ministerio.
8. El demandante solicitó la concesión de una pensión de jubilación al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Por una decisión del 26 de octubre de 2004, el INSS rechazó la solicitud del demandante, porque no había alcanzado el período mínimo de cotización requerida para para tener derecho a una pensión de jubilación, a saber 15 años (5 475 días). En efecto, la suma de los dos períodos de cotización del demandante entre 1944 y 1946 y entre 1974 y 1978 daba como resultado 2.560 días.
9. Posteriormente, el demandante solicitó la revisión de su expediente por el INSS. Por dos resoluciones del 15 de marzo y el 23 de mayo de 2005, el INSS desestimó las pretensiones del demandante, confirmando su resolución inicial.
10. El demandante inició un procedimiento ante la jurisdicción social contra el INSS, solicitando el reconocimiento de una pensión de jubilación. Alegó haber sido objeto de una discriminación en la medida en que la legislación vigente permitía a los sacerdotes católicos percibir una pensión de jubilación, ya que estaban vinculados al Régimen general de la Seguridad Social.
11. Por una sentencia del 12 de diciembre de 2005, el Juez de los Social nº 33 de Barcelona estimó las pretensiones del demandante y condenó al INSS a pagarle una pensión de jubilación. Analizando la evolución de la legislación aplicable en la materia, el Juez consideró que el legislador había concedido un trato de favor a los sacerdotes católicos frente a los pastores evangélicos, lo que era contrario al carácter aconfesional del Estado establecido por la Constitución de 1978.
12. El Juez señala que, incluso antes de la promulgación de la Constitución, el primer apartado del artículo 1 del Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto de 1977, ya había establecido que los sacerdotes y los Ministros de Culto de todas las Iglesias y confesiones religiosas inscritas en el registro del Ministerio de Interior debían ser asimilados a trabajadores asalariados y afiliados al Régimen general de la Seguridad Social. Sin embargo, el segundo apartado de este mismo artículo preveía solamente la asimilación inmediata de los sacerdotes católicos, que fue efectuada por un Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de 19 de diciembre de 1977, completada posteriormente por dos Reales Decretos 487/1998, de 27 de marzo de 1998, y 2665/1998, de 11 de diciembre de 1998. Estos últimos permitían a los sacerdotes y a los religiosos católicos secularizados solicitar que fueran computados sus años de ministerio para el cálculo del periodo de cotización exigido para tener derecho a una pensión de jubilación, siempre que abonaran el capital correspondiendo a los años de cotización así reconocidos. Por otro lado, la integración de los pastores evangélicos se efectuó veintidós años más tarde que la integración de los sacerdotes católicos, mediante el Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo de 1999, sin incluir la posibilidad de completar el período mínimo de cotización exigido para tener derecho a una pensión de jubilación, en las mismas condiciones que podían hacerlo los sacerdotes católicos. El Juez señaló que en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto, el demandante ya había dejado de ejercer el ministerio pastoral y que, de acuerdo con las disposiciones del Real Decreto, no podían tenerse en cuenta sus años de actividad pastoral para el cálculo del período de cotización. El Juez consideró, sin embargo, que el hecho de privar al demandante del acceso a una pensión de jubilación en las mismas condiciones que las de los sacerdotes católicos afectaba a sus derechos a la igualdad y a la libertad religiosa reconocidos por la Constitución. El Juez hizó referencia a los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Jusicial (LOPJ) (véase apartado 16, más adelante) y señaló que el artículo 9 § 2 de la Constitución preve que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Por lo tanto, para proteger los derechos fundamentales del demandante, el Juez consideró que las disposiciones aplicadas a los sacerdotes católicos y, en particular, los Reales Decretos 487/1998 y 2665/1998 podían aplicarse al demandante por analogía, permitiéndole así completar el período mínimo de cotización con sus años de ministerio pastoral, a condición de pagar el capital correspondiente a los años de cotización así reconocidos. Reconoció una pensión de jubilación al demandante, con efectos del 22 de julio de 2004, sobre la base de 398,44 euros mensuales.
13. Contra esta sentencia, el INSS intrpuso recurso (recurso de súplicación). Por una setencia de 26 de julio de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia de primera instancia. El Tribunal señaló que la inclusión de los pastores evangélicos en el Régimen general de la Seguridad Social fue establecida por la Ley 24/1992, de 10 de octubre de 1992, que aprobaba el Acuerdo de cooperación entre el Estado y la Federación de entidades religiosas evangélicas de España (FEREDE). El derecho de los pastores evangélicos a contribuir y percibir las prestaciones pertinentes había nacido, por tanto, con esta ley y las condiciones concretas de la integración de éstos al Régimen general de la Seguridad Social fueron fijadas por el Real Decreto 369/1999. En este caso concreto, el Tribunal constató que el demandante había alcanzado la edad de jubilación en 1991, antes de la entrada en vigor de la Ley 24/1992, que le habría permitido contribuir a la Seguridad Social para obtener el reconocimiento del derecho a una pensión. Al efecto, consideró que el hecho de que los años anteriores de actividad pastoral del demandante no pudieran tenerse en cuenta no era debído a la inactividad del Estado, sino a la ausencia de legislación por la falta de acuerdo entre el Estado y los distintos cultos evangélicos. Habida cuenta estas consideraciones, el Tribunal estimó que el demandante no cumplía las condiciones legales para que le fuera reconocido el derecho a una pensión de jubilación, lo que constituiría una cuestión de legalidad ordinaria y no una discriminación con relación a la situación de los sacerdotes católicos.
14. El demandante interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por una resolución notificada el 29 de septiembre de 2009, el Alto Tribunal declaró el recurso inadmisible por carecer de especial trascedencia constitucional, tal como prevé el artículo 50 § 1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
EL DERECHO INTERNO PERTINENTE
15. Las disposiciones relevantes de la Constitución de 1978 disponen lo siguiente:
Artículo 14
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Artículo 16
“1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
16. La Ley Orgánica del Poder Judicial dispone, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
Artículo 6
“Los Jueces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa.”
Artículo 7
“1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.
2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido (...)”
17. El Real Decreto 2398/1977, del 27 de agosto de 1977, que regula la Seguridad Social del clero es, en sus disposiciones relevantes, del siguiente tenor:
Artículo 1
“1. Los Clérigos de la Iglesia Católica y demás Ministros de otras Iglesias y Confesiones Religiosas debidamente inscritas en el correspondiente Registro del Ministerio de Justicia quedarán incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen general de la Seguridad Social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
2. Quedan asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen general de la Seguridad Social, los Clérigos diocesanos de la Iglesia Católica, en la forma establecida por el presente Real Decreto”
18. La Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1977 (en vigor desde el 1 de enero de 1978), que regula algunos aspectos relativos a la integración de los sacerdotes diocesanos de la Iglesia Católica en el Régimen general de la Seguridad Social es, en sus disposiciones relevantes, del siguiente tenor:
Artículo 1
“Quedan asimilados a. trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen general de la Seguridad Social, los clérigos diocesanos de la Iglesia Católica, entendiéndose por tales los clérigos que desarrollen su actividad pastoral al servicio de Organismos diocesanos o supradiocesanos por designación del Ordinario competente, y perciban por ello la dotación base para su sustentación.
Primera disposición transitoria
“A efectos del reconocimiento del derecho a las prestaciones de invalidez permanente, jubilación y muerte y supervivencia, los clérigos que el 1 de enero de 1978 estuvieran comprendidos en el artículo 1º de la presente Orden podrán ingresar la fracción de cuota del Régimen General asignada a las contingencias y situaciones antes citadas, correspondiente a periodos anteriores a la entrada en vigor de la presente Orden, que estén cubiertos en la consiguiente Entidad de previsión del Clero, con arreglo a las siguientes condiciones:
1º Si tuvieran cumplida la edad de cincuenta y cinco años el 1 de enero de 1978, podrán hacer el ingreso por los períodos comprendidos entre 1 de enero de 1978 y el día en que el clérigo hubiera cumplido dicha edad, con la fecha tope de 1 de enero de 1967.
(...)”.
19. Según la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de 1980, de libertad religiosa, el Estado podrá establecer acuerdos de cooperación con las Iglesias, teniendo en cuenta su número de creyentes y su arraigo en España.
20. La Ley 24/1992, de 10 de noviembre de 1992, que aprueba el Acuerdo de cooperación entre el Estado y la Federación de entidades religiosas evangélicas de España (FEREDE) regula las siguientes cuestiones: el estatuto de los ministros de la iglesia evangélica; la protección jurídica de los lugares de culto; el reconocimiento a nivel civil de los matrimonios celebrados según el rito evangélico; la asistencia religiosa en los centros o establecimientos públicos; la enseñanza religiosa evangélica en los centros escolares; las ventajas fiscales aplicables a algunos bienes y actividades de las Iglesias miembros del FEREDE. Sus disposiciones relevantes son del siguiente tenor:
§ 1 del artículo 3
“A todos los efectos legales, son ministros de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE las personas físicas que estén dedicadas, con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y acrediten el cumplimiento de estos requisitos, mediante certificación expedida por la Iglesia respectiva, con la conformidad de la Comisión Permanente de la FEREDE.”.
Artículo 5
“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, los ministros de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE que reúnan los requisitos expresados en el artículo 3, del presente Acuerdo, quedarán incluidos en el Régimen general de la Seguridad Social. Serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Las Iglesias respectivas asumirán los derechos y obligaciones establecidos para los empresarios en el Régimen general de la Seguridad Social. »
21. El Real Decreto 487/1998, de 17 de marzo de 1998, referente al reconocimiento, a efectos de las cotizaciones a la Seguridad Social, de períodos de actividad religiosa de los sacerdotes o de religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secularizados dispone, en lo que aquí es relevante, lo siguiente:
Artículo 1
“Lo establecido en el presente Real Decreto será de aplicación a quienes ostentaron la condición de sacerdotes o religiosos y religiosas de la Iglesia Católica y que, en la fecha de 1 de enero de 1997, se hubiesen secularizado o cesado en la profesión religiosa, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
(...)”
Artículo 2
“1. A las personas a que se refiere el artículo anterior, y previa solicitud de los interesados, se les reconocerá como cotizados a la Seguridad Social, para poder acceder al derecho a la pensión de jubilación, el número de años de ejercicio sacerdotal o de profesión de religión que resulten necesarios para que, sumados a los años de cotización efectiva, que, en su caso, se pudieran acreditar, se alcance un cómputo global de quince años de cotización.
(...)”.
22. El Real Decreto 2665/1998, de 11 de diciembre de 1998, que completa el Real Decreto 487/1998, dispone lo siguiente:
Artículo 1
“Lo establecido en el presente Real Decreto será de aplicación a quienes ostentaron la condición de sacerdotes o religiosos y religiosas de la Iglesia Católica y que, en la fecha de 1 de enero de 1997, se hubiesen secularizado o hubiesen cesado en la profesión religiosa.”
Artículo 2
“1. A quienes reúnan los requisitos señalados en el artículo precedente, y previa su solicitud, se les reconocerán como cotizados a la Seguridad Social los períodos de ejercicio sacerdotal o de profesión religiosa acreditados con anterioridad a:En el caso de sacerdotes secularizados: 1 de enero de 1978.En el caso de personas que abandonaron la profesión religiosa: 1 de mayo de 1982.”
Artículo 4
“1. En los supuestos de reconocimiento inicial de la pensión de jubilación, los interesados deberán abonar el capital coste de la parte de pensión que se derive de los años de ejercicio sacerdotal o religioso, que hayan sido reconocidos como cotizados a la Seguridad Social.
A tal fin, la parte de pensión a capitalizar será el resultado de aplicar a la correspondiente base reguladora los porcentajes siguientes:
(...)
3. El abono del capital coste a que se refieren los apartados anteriores podrá ser diferido por un período máximo de veinte años y fraccionado en pagos mensuales, deducibles de cada mensualidad de pensión. (...)”.
23. El Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo de 1999, que regula la integración en el régimen de la Seguridad Social de los ministros de culto de las Iglesias que pertenecen a FEREDE dispone lo siguiente:
Artículo 5
“A efectos de lo previsto en el presente Real Decreto, las respectivas Iglesias o Federaciones de Iglesias asumirán los derechos y obligaciones establecidas para los empresarios en el Régimen general de la Seguridad Social.”.
EN DERECHO
SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DEL CONVENIO EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1 DEL PROTOCOLO Nº 1
24. El demandante expone que la denegación de la concesión de una pensión de jubilación afecta al principio de no discriminación reconocido por el artículo 14 del Convenio en relación con el artículo 1 del Protocolo nº 1. Considera que la legislación interna trató de manera diferenciada y discriminatoria a los pastores evangélicos con relación a los sacerdotes católicos, en la medida en que estos últimos fueron incluidos antes en el Régimen general de la Seguridad Social. Alega que, tras la inclusión de los pastores evangélicos en el Régimen general de la Seguridad Social, estos últimos no tuvieron la posibilidad de completar el período de cotización mínimo requerido para para tener derecho a la pensión de jubilación con los años anteriores de actividad pastoral, mientras que esta posibilidad había sido reconocída a los sacerdotes católicos.
Artículo 14 del Convenio
“El goce de los derechos y libertades, reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.”
Artículo 1 del Protocolo nº 1
“Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional (...)”
sobre admisibilidad
25. El Tribunal constata que esta queja no está manifiestamente mal fundada en el sentido del artículo 35 § 3 del Convenio. El Tribunal aprecia, por otra parte, que no concurre ningún otro motivo de inadmisibilidad. Procede, por tanto, declararla admisible.
sobre el fondo
1. Argumentos de las partes
a) El demandante
26. El demandante considera que se trató a los pastores evangélicos de una manera discriminatoria en la medida en que fueron integrados en el Régimen general de la Seguridad Social veintidós años después del Real Decreto 2398/1977, relativo a los sacerdotes de la Iglesia Católica
27. Además de esta dilación, el demandante recuerda que las diferencias de tratamiento entre los sacerdotes católicos y los pastores evangélicos persisten todavía y subraya que no ha podido completar el período mínimo de cotización de quince años requerido para tener derecho a una pensión de jubilación con sus años de actividad pastoral, mediante elpago del capital-coste que correspondiente a las anualidades no cotizadas, mientras que esta posibilidad se reconoce al clero católico.
b) El Gobierno
28. El Gobierno señala que las negociaciones destinadas a alcanzar los acuerdos con las distintas confesiones religiosas mencionadas en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de 1980, se iniciaron en 1982. No obstante, debido al poco arraigo de las Iglesias evangélicas consideradas separadamente, fue necesario un determinado tiempo. La FEREDE se creó así con el fin de representar a las Iglesias protestantes y adventistas de España y el proceso de negociación no se pudo, por tanto, reanudar hasta 1987. Mediante la Ley 24/1992, de 10 de noviembre de 1992 (véase párrafo 20 anterior), se adoptó el acuerdo de cooperación entre el Estado y la FEREDE.
29. El Gobierno expone que el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto de 1977 (véase párrafo 17 anterior), procedía a la integración, en el sistema general de Seguridad Social, de los ministros de distintas de Religiones, con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La integración de la clero católico tuvo lugar de manera inmediata debido a que desde el Concordato de 27 de agosto de 1953, existían relaciones entre España y el Vaticano. La integración de otras confesiones se hizo a medida que se adoptaron los acuerdos con el Estado. Así, por una Orden Ministerial de 2 de marzo de 1987 tuvo lugar la integración de los ministros de culto de la Unión de las Iglesias cristianas adventistas del séptimo día en España.
30. El Gobierno hace referencia al párrafo 53 de la sentencia Stec y otros c. el Reino Unido ([GC], nº 65731/01, CEDDH 2006-VI) y no niega que si un Estado decide crear un régimen de prestaciones o pensiones, debe hacerlo de una manera compatible con el artículo 14 del Convenio. Señala, sin embargo, que la integración de los ministros de culto al sistema de Seguridad Social en momentos diferentes responde a razones objetivas y no discriminatorias y recuerda, citando la sentencia Stec (antes citada, § 49), que el Estado dispone de un amplio margen de apreciación en la materia. El Gobierno subraya, por otra parte, que la integración en el Régimen de la Seguridad Social de los ministros de distintos de Cultos sólo es posible si existe un acuerdo previo con el Estado, frente al que la respectiva confesión asume algunas obligaciones; véase el anterior párrafo 23.
31. Por lo que se refiere a la aplicación de los Reales Decretos de 1998, citados por el demandante, el Gobierno señala que se refieren a quienes, antes de la integración en el sistema de la Seguridad Social, abandonaron la actividad religiosa como sacerdotes católicos por razones personales o de secularización, y no debido a su jubilación.
Sobre la aplicación del artículo 14 del Convenio en relación con el artículo 1 del Protocolo nº 1
32. El Tribunal recuerda que el artículo 14 del Convenio no tiene existencia independiente puesto que únicamente es aplicable en relación con el ejercicio de los derechos y libertades garantizados por las otras cláusulas normativas del Convenio y sus Protocolos (véase, entre otras muchas, Burden c. el Reino Unido [GC], n 13378/05, § 58, CEDDH 2008-...). La aplicación del artículo 14 no presupone necesariamente la violación de uno de los derechos sustantivos garantizados por el Convenio. Es necesario, pero suficiente, que los hechos del asunto estén incluidos « bajo el mandato » de al menos uno de los artículos del Convenio (véase, entre otras muchas, Thlimmenos c. Grecia [GC], n 34369/97, § 40, CEDDH 2000-IV, Koua Poirrez c. Francia, n 40892/98, § 36, CEDDH 2003-X y Andrejeva c. Letonia [GC], n 55707/00, § 74, CEDDH 2009-...). La prohibición de discriminación que consagra el artículo 14 va, por tanto, más allá del disfrute de los derechos y libertades que el Convenio y sus Protocolos imponen a cada Estado garantizar. Se aplica también a los derechos que, estando incluidos dentro del ámbito de aplicación general de cualquier artículo del Convenio, cada Estado haya decidido voluntariamente reconocer (Stec y otros c. el Reino Unido (DEC) [GC], Nos. 65731/01 y 65900/01, § 40 CEDDH 2005-X).
33. Conviene por lo tanto determinar si el interés del demandante en percibir del Estado una pensión de jubilación está incluida “bajo el mandato” o “en el ámbito de aplicación” del artículo 1 del Protocolo nº 1.
34. El Tribunal ha afirmado que todos los principios que se aplican con carácter general en los asuntos referidos al artículo 1 del Protocolo nº 1 son relevantes en el ámbito de las prestaciones sociales (Andrejeva c. Letonia, antes citada, § 77). Así, esta disposición no garantiza, por sí sola, ningún derecho a convertirse en proprietario de un bien (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35 b), CEDH 2004-IX) ni, por sí misma, ningún derecho a una pensión de un importe determinado (véase, por ejemplo, Domalewski c. Polonia (Dec), n 34610/97, CEDDH 1999-V, y Janković c. Croacia (Dec), n 43440/98, CEDDH 2000-X). Además, el artículo 1 del Protocolo nº 1 no impone ninguna restricción a la libertad de los Estados parte para decidir implantar o no un régimen de protección social o elegir el tipo o el nivel de las posibles prestaciones que se concedan de conformidad con tal régimen. Por el contrario, cuando un Estado contratante establece una legislación que prevé el pago de una prestación social –que la concesión de esta prestación dependa o no del pago previo de cotizaciones–, esta legislación debe entenderse que crea un interés patrimonial que está incluido en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Protocolo nº 1 a favor de las personas que cumplen sus condiciones (Stec y otros, decisión antes citada, § 54; SerifeYiđitc c. Turquía [GC], nº 3976/05, § 56, 2 de noviembre de 2010).
35. Como el Tribunal ha señalado en la decisión Stec y otros (antes citada), “en aquellos casos como los del presente asunto, en los que los demandantes formulan una queja referida al artículo 14 en relación con el artículo 1 del Protocolo nº 1, por haber sido privados, total o parcialmente y por un motivo discriminatorio contemplado en el artículo 14, de una determinada prestación social, lo relevante es determinar si, no dándose la condición controvertida, los interesados habrían tenido un derecho a percibir la prestación en cuestión, susceptible de ser reconocido ante los tribunales internos (...). Si bien [el artículo 1 de] Protocolo nº 1 no comporta un derecho a percibir prestaciones sociales, cualquiera que sea su clase, cuando un Estado decide crear un régimen de prestaciones debe hacerlo de una manera compatible con el artículo 14” (ibídem, § 55 y Muñoz Díaz c. España, n 49151/07, § 45, CEDDH 2009-...).
36. En este caso concreto, el demandante se queja de haber sido privado de una pensión de jubilación por un motivo discriminatorio que, en su opinión, está dentro del ámbito del artículo 14 ; a saber, su confesión religiosa.
37. El Tribunal observa que en aplicación de la legislación nacional en la materia, únicamente se ha reconocido a los sacerdotes católicos han visto reconocida la posibilidad de completar el período de cotización mínimo de quince años requerido para tener derecho a una pensión de jubilación, mediante el pago del capital-coste correspondiente a las anualidades que les falten.
38. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal considera que los intereses patrimoniales del demandante están incluidos dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 del Protocolo nº 1 y del derecho al respeto de los bienes propios, lo que es suficiente para considerar aplicable el artículo 14 del Convenio.
Sobre la observancia del artículo 14 del Convenio en relación con el artículo 1 del Protocolo nº 1
a) La jurisprudencia del Tribunal
39. Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal, la discriminación consiste en tratar de diferente manera a las personas que están en una situación comparable, salvo que exista una justificación objetiva y razonable. La “falta de justificación objetiva y razonable” significa que la distinción controvertida no persigue un “objetivo legítimo” o que no hay “una relación de proporcionalidad razonable entre los medios empleados y el objetivo perseguido” (Alujer Fernández y Caballero García c. España (Dec), nº 53072/99, CEDDH 2001-VI, D.H. y otros c. la República Checa [GC], nº 57325/00, §§ 175 y 196, CEDDH 2007-IV, y la jurisprudencia allí citada).
40. Los Estados contratantes gozan de un cierto margen de apreciación para determinar si, y en qué medida, las diferencias entre unas situaciones y otras similares justifican distinciones de tratamiento (véanse, en particular, las sentencias Gaygusuz c. Austria, 16 de septiembre de 1996, § 42, Repertorio de jurisprudencia y decisiones 1996-IV, y Thlimmenos, antes citadas, § 40). La amplitud de este margen varía según las circunstancias, los ámbitos y el contexto. Así, por ejemplo, el artículo 14 no prohíbe a un Estado miembro tratar unos grupos de manera diferenciada para corregir “desigualdades efectivas” entre ellos; de hecho, en algunas circunstancias, es la ausencia de un tratamiento diferenciado para corregir la desigualdad la que puede, en ausencia de una justificación objetiva y razonable, dar lugar a una violación de la disposición en cuestión (Thlimmenos, § 44, Stec y otros c. el Reino Unido [GC], antes citada, § 51, y D.H. y otros, antes citada, § 175).
41. Del mismo modo, se reconoce un amplio margen de apreciación al Estado para tomar medidas de carácter general en materia económica o social. Gracias al conocimiento directo de su sociedad y sus necesidades, las autoridades nacionales se encuentran, en principio, en mejor posición que el juez internacional para determinar cuál es el interés público en materia económica o en materia social. El Tribunal respeta, en principio, la manera en que el Estado define las exigencias del interés público, salvo si su decisión se revela “manifiestamente carente de un fundamento razonable” (véase, por ejemplo, Nacional y Provincial Edificio Society, Leeds Permanente Edificio Society y Yorkshire Edificio Society c. el Reino Unido, 23 de octubre de 1997, § 80, Repertorio de jurisprudencia y decisiones 1997-VII, y Stec y otros, antes citadas, §§ 51-52).
42. En suma, en la medida en que el demandante se queja de las desigualdades de un régimen de Seguridad Social, el Tribunal subraya que el artículo 1 del Protocolo nº 1 no comporta un derecho a adquirir unos bienes. No limita de ningún modo la libertad que tienen los Estados contratantes de decidir si procede o no establecer cualquier régimen de Seguridad Social o decidir el tipo o el nivel de las prestaciones de deben ser reconocidas de conformidad con dicho régimen.
43. En todo caso, por lo que se refiere a la carga de la prueba desde la perspectiva del artículo 14 del Convenio, el Tribunal ya ha señalado que, cuando un demandante alega la existencia de una diferencia de trato, incumbe al Gobierno demostrar que esta diferencia de trato está justificada (D.H. y otros, § 177).
b) Aplicación de la jurisprudencia al presente asunto
44. El demandante se queja de la denegación del reconocimiento de una pensión de jubilación, como consecuencia de que, pese a la integración de los pastores protestantes en el Régimen general de la Seguridad Social, no pudo acreditar el periodo de cotización mínima exigido para beneficiarse de tal pensión, mediante el cómputo de sus años de ministerio religioso, mientras que dicha posibilidad ha sido reconocida a los sacerdotes católicos. Considera que eso constituye una discriminación por razón de religión, contraria al artículo 14 del Convenio en relación con el artículo 1 del Protocolo nº 1.
45. El Tribunal constata que, antes incluso de la promulgación de la Constitución de 1978, el Real Decreto 2398/1977 (véase apartado 17 anterior) ya había previsto que los sacerdotes y los ministros de culto de todas las Iglesias y confesiones religiosas inscritas en el registro del Ministerio de Interior fuera asmilados a trabajadores asalariados e integrados en el Régimen general de la Seguridad Social. La integración de los sacerdotes católicos se efectuó de manera inmediata. La integración de los pastores evangélicos se efectuó veintidós años más tarde en 1999, tras la celebración en 1992 del Acuerdo de cooperación entre el Estado y la FEREDE.
46. En 1991, cuando el demandante alcanzó la edad de la jubilación, la legislación vigente no reconoció ningún derecho a pensión de jubilación a los pastores evangélicos; en efecto, por una parte, el demandante no estaba, en tanto que pastor evangélico, incluido en el Régimen general de la Seguridad Social y, por otra parte, como el INSS precisó en su resolución de 26 de octubre de 2004, no había acreditado el período mínimo de cotización exigido para tener derecho a una pensión de jubilación, a saber 15 años; los años durante los cuales había trabajado como asalariado no eran suficientes para alcanzar dicho período (véanse párrafos 7 y 8 anteriores).
47. Habida cuenta de lo que precede, la cuestión que se plantea en el presente caso es la de saber si el hecho de que al demandante le fuera denegado el derecho a percibir una pensión de jubilación revela un trato discriminatorio en relación con la forma en que la legislación regula situaciones que el demandante considera similares.
48. El demandante basa su pretensión, por una parte, en el retraso injustificado de veintidós años para proceder a la integración de los pastores evangélicos en comparación con la fecha de integración de los sacerdotes católicos y, por otra parte, en que los pastores evangélicos no pueden completar el período mínimo de cotización exigido para tener derecho a una pensión de jubilación mediante el cómputo de sus servicios religiosos, en las mismas condiciones que pueden hacerlo los sacerdotes católicos.
49. El Tribunal constata que, efectivamente, el legislador español tardó mucho en integrar a los pastores evangélicos en el Régimen general de la Seguridad Social, y reconocer así su derecho a percibir las mismas prestaciones que los sacerdotes católicos. Por otra parte, suponiendo incluso que el derecho a percibir una pensión de jubilación existiera para los pastores evangélicos en el momento en que el demandante alcanzó la edad de jubilación, aquél se habría visto, no obstante, en la imposibilidad de completar las anualidades que le faltaban para alcanzar el período mínimo de cotización exigido para tener derecho a una pensión de jubilación, mediante el cómputo de sus años de actividad pastoral pagando el capital-coste correspondíente a los años de cotización que le faltaban.
50. El Tribunal constata que, en la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2005, el Juez de lo Social nº 33 de Barcelona interpretó la legislación aplicable en favor del demandante. El Juez, en efecto, constata que los sacerdotes y los ministros de culto de todas las Iglesias y confesiones religiosas inscritas debían están incluidos en el Régimen general de la Seguridad Social, y que esta integración estaba prevista incluso antes de la promulgación de la Constitución. Sin embargo, esta integración sólo se efectuó de manera inmediata para los sacerdotes católicos y fue completada, en 1998, por dos Reales Decretos que permitían a los sacerdotes y a los religiosos católicos secularizados, o que dejaban de ejercer la profesión religiosa, computar los años de ministerio durante los que no habían cotizado a la Seguridad Social con el fin de acreditar el período mínimo de cotización exigido para tener derecho a una pensión de jubilación, siempre que tuvieran 65 o más años, y a condición de pagar el capital-coste correspondiente a los años de cotización así reconocidos. El Juez constató en su sentencia que, a diferencia de lo previsto para los sacerdotes católicos, cuando ventidós años más tarde se efectúa la integración de los pastores evangélicos, no se contempla, sin embargo, esta posibilidad de completar los años de cotización hasta alcanzar el período mínimo exigido para tener derecho a una pensión de jubilación.
51. El Juez de lo Social consideró que el hecho de privar al demandante del acceso a la pensión de jubilación en las mismas condiciones que el ofrecido a los sacerdotes católicos afectaba a sus derechos a la igualdad y a la libertad religiosa reconocidos por la Constitución. Consideró que la legislación aplicable al caso concedía un trato más favorable a los sacerdotes católicos que a los pastores evangélicos, lo que era contrario al carácter aconfesional del Estado establecido por la Constitución de 1978, e hizo referencia al artículo 6 de la LOPJ, conforme al cual los jueces no aplicarán los Reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa. Para salvaguardar los derechos fundamentales del demandante, el Juez consideró que las disposiciones aplicadas a los sacerdotes católicos y, en particular, los Reales Decretos de 1998, podían aplicarse por analogía al demandante, permitiéndole así completar el período mínimo de cotización con sus años de ministerio pastoral, a condición de que pagara el capital-coste correspondiente a los años de cotización así reconocidos.
52. Esta sentencia fue, sin embargo, revocada por sentencia del 26 de julio de 2007 dictada en suplicación. En efecto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideró (párrafo 13 anterior) que el demandante había alcanzado la edad de la jubilación en 1991, antes de la entrada en vigor de la Ley 24/1992, que le habría permitido cotizar a la Seguridad Social para que le fuera reconocido el derecho a una pensión. Consideró que la falta de cómputo de los años previos de actividad pastoral del demandante no era debída a la inactividad del Estado, sino a la ausencia de legislación como consecuencia de la falta de acuerdo entre el Estado y los distintos cultos evangélicos. Para el Tribunal Superior de Justicia, el demandante no cumplía las condiciones legales para que le fuera reconocido el derecho a una pensión de jubilación, sin que ello pueda ser considerado como una discriminación en relación con la situación de los sacerdotes católicos.
53. Por lo que se refiere al retraso en la integración de los pastores evangélicos en el Régimen general de la Seguridad Social, el Tribunal constata que, como alega el Gobierno en sus observaciones, las negociaciones con el fin de llegar a los acuerdos con las Iglesias evangélicas previstos en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de 1980, se supeditaron a la creación de la FEREDE; y que el Acuerdo de cooperación entre el Estado y la FEREDE no se adoptó hasta 1992 (párrafo 20 anterior). Posteriormente, el Real Decreto 369/1999 fijó las condiciones para la integración de los pastores evangélicos en el Régimen general de la Seguridad Social. El Tribunal considera que, como alega el Gobierno, la integración de los ministros de culto al Régimen general de la Seguridad Social en momentos diferentes responde a razones objetivas y no discriminatorias y recuerda que el Estado dispone de un amplio margen de apreciación para introducir de manera progresiva la plena igualdad de las personas en el sistema de pensiones, habida cuenta de las implicaciones económicas y sociales, de la evolución de los sistemas de Seguridad Social, que debe tener en cuenta las particularidades de cada colectivo (sentencia Stec y otros [GC], antes citada § 49).
54. Sin embargo, la denegación del reconocimiento al demandante del derecho a percibir una pensión de jubilación y a completar a tal efecto los años de cotización que le faltan constituye, por el contrario, -tal como apreció el Juez de lo Social en su sentencia de 12 de diciembre de 2005, (párrafo 12 anterior)- una diferencia de trato con relación al otorgado por la ley a la situación en la que se encuentran los sacerdotes y antiguos sacerdotes católicos, que parece similiar con la única diferencia de la confesión religiosa a la cual pertenecen. En efecto, la legislación española de Derecho del trabajo ha previsto, por distintas vías, que los sacerdotes católicos que habían desarrollado una actividad pastoral antes de su integración al Régimen de la Seguridad Social puedan, contrariamente a lo que ocurre en el caso de los pastores evangélicos, computar sus años de ministerio religioso a efectos del cálculo de su pensión de jubilación. Así, conforme a la disposición transitoria primera de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1977 (párrafo 18 anterior), relativa a la integración de los sacerdotes católicos al régimen de la Seguridad Social, permitía a quiénes fueran en dicho momento sacerdotes católicos y hubieran alcanzado la edad de cincuenta y cinco años computar hasta diez años antes de su integración a la Seguridad Social (hasta el 1 de enero de 1967), con el objetivo de completar los años que les faltaran para alcanzar el período mínimo de cotización exigido para tener derecho a una pensión de jubilación (previo pago de los importes pertinentes). Por lo que se refiere a los sacerdotes católicos secularizados o que habían dejado de ejercer la profesión religiosa, pueden también computar, a efectos de la pensión de jubilación, los años anteriores a su integración al régimen de la Seguridad Social, tal como resulta de la posibilidad otorgada por los Reales Decretos 487/1998 y 2665/1998, pudiendo así completar las anualidades que les falten con el fin de acreditar el período mínimo de cotización.
55. Ninguna de estas posibilidades ofrecidas a los sacerdotes católicos para que sean computados, a efectos de pensión de jubilación, los años anteriores a su integración al régimen de la Seguridad Social se concede a los pastores evangélicos en la legislación española. El Tribunal considera, por lo tanto, probado, habida cuenta de las circunstancias del caso, que esta diferencia normativa desfavorable constituye una diferencia de trato al demandante, basada en la confesión religiosa, no justificada en relación al trato reservado a los sacerdotes católicos, en la medida en que el demandante no dispone de ningún medio para que se tengan en cuenta, a efectos de el cálculo de su pensión de jubilación, sus años de actividad pastoral como pastor evangélico antes de su integración en el régimen de la Seguridad Social. El Tribunal aprecia, por tanto, una desproporción en el hecho de que el Estado español, que había reconocido en 1977 (párrafo 17 anterior) la integración de los Ministros de Iglesias y confesiones religiosas distintas a la católica en el Régimen general de la Seguridad Social, no esté dispuesto a reconocer, pese a la integración de los pastores evangélicos efectuada veintidós años más tarde, los efectos de tal integración en cuanto a la pensión de jubilación en las mismas condiciones que los previstos para los sacerdotes católicos, en particular, por lo que se refiere a la posibilidad de completar las anualidades que falten para alcanzar el período mínimo de cotizacón mediante el pago por el demandante del capital-coste que corresponda a los años de cotización reconocidos. Si bien las razones del retraso en la integración de los pastores evangélicos al Régimen general de la Seguridad Social están incluidas en el margen de apreciación del Estado (apartado 53 arriba), el Gobierno no justifica, sin embargo, las razones por las cuales, una vez efectuada dicha integración, se mantuvo una diferencia de tratamiento entre situaciones similares, basada solamente en razones de confesión religiosa.
56. Por lo que se refiere a la afirmación del Gobierno según la cual los Reales Decretos de 1998 contemplan el caso del cese de la actividad religiosa de los sacerdotes católicos por razones personales o de secularización, y no el supuesto de jubilación, por edad, como ocurre en el presente asunto, el Tribunal considera, habida cuenta de lo que precede, que tal diferencia no es relevante en la medida en que la diferencia de trato, a efectos de la pensión de jubilación, entre los sacerdotes católicos y los pastores evangélicos, desfavorable a estos últimos, no se limita a los decretos citados por el Gobierno. En cualquier caso, ni el Juez de lo Social de Barcelona cuando estimó la demanda, ni el Tribunal Superior de Justicia, cuando rechazó la pensión, hicieron referencia a este hecho para justificar el diferente tratamiento otorgado a los sacerdotes católicos y a los pastores evangélicos, en situaciones similares de falta de años de cotización que causan derecho a la pensión de jubilación. En efecto, estas resoluciones no excluyeron, en ningún caso, al demandante de las condiciones establecidas in abstracto por la discutida legislación que establecía la posibilidad de completar las anualidades de cotización efectiva a la Seguridad Social.
57. En consecuencia, el Tribunal concluye que en el presente caso existe una violación del artículo 14 del Convenio en relación con el artículo 1 del Protocolo n 1.
II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 9 DEL CONVENIO
58. El demandante denuncia una violación del derecho a la libertad religiosa. Invoca el artículo 9 del Convenio.
59. El Tribunal destaca que esta queja está vinculada a la anteriormente examinada y debe, por tanto, también ser declarada admisible.
60. Habida cuenta de la declaración de la violación relativa al artículo 14 del Convenio en relación con el artículo 1 del Protocolo n 1 (párrafo 57 anterior), el Tribunal considera que no hay por qué examinar si hay, en este caso concreto, violación de esta disposición, (véase, entre otros muchos, Yazgül Yưlmaz c. Turquia, nº 36369/06, § 69, 1 de febrero 2011).
III. SOBRE la APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO
61. Según el artículo 41 del Convenio,
“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos, y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa. ”
Daño
1.Reparación solicitada
62. El demandante reclama 64 797,44 € en concepto de daños materiaes sufridos. Esta suma se divide del siguiente modo: por una parte, 30 360,44€ correspondientes al importe de las pensiones mensuales no percibidas desde la fecha en que solicitó la pensión de jubilación ante los órganos jurisdiccionales nacionales, el 22 de julio de 2004, y la interposición de la demanda ante el Tribunal, el 31 de marzo de 2010, calculada en razón de la suma de 398,44€ mensuales, fijada en la sentencia de 12 de diciembre de 2005 por el Juez de lo Social y, por otra parte, 34.436,86€ correspondientes al capital-coste requerido para garantizar a una persona de la edad y el sexo del demandante una pensión mensual actualizada al 31 de marzo de 2010 en función de su esperanza de vida (se adjunta cálculo actuarial).
63. El demandante reclama también 3.000€ en concepto de daños morales.
64. Por lo que se refiere al perjuicio material solicitado, el Gobierno alega que la restitutio in integrum sería posible y que la satisfacción equitativa sólo tiene un carácter subsidiario. Ningún obstáculo podría oponerse al pago del importe de la pensión debida. Considera, por el contrario, que el importe que corresponde al coste del capital requerido pro futura no puede ser compensado, por cuanto que no es, por el momento, un perjuicio real y efectivo. El Gobierno considera que, en cualquier caso, como reconoció la sentencia dictada por el Juez de lo Social de Barcelona dictada en el asunto, dichos importes sólo serían exigible a condición de pagar el capital correspondiente a los años de cotización reconocidos.
65. Por lo que se refiere al daño moral, el Gobierno considera que no está justificada su existencia, ni la suma reclamada por el demandante por este concepto.
Conclusión del Tribunal
a) Daño material
66. Habida cuenta de las circunstancias del caso, el Tribunal no se considera suficientemente ilustrado sobre los criterios que deben aplicarse para evaluar el perjuicio material sufrido por el demandante, en la medida en que no tiene ninguna información sobre los importes que el demandante debería pagar para cumplir el período mínimo de cotización exigido para el reconocimiento de la pensión en cuestión. Considera que, por lo que respecta a la indemnización del daño material no se encuentra en situación de resolver, por lo que se reserva su pronunciamiento, considerando la posibilidad de un acuerdo entre el Estado demandado y el demandante.
b) Daño moral
67. El Tribunal considera que el demandante sufrió, debido a la violación constatada, un daño moral que no puede ser reparado por el mero reconocimiento de la violación. Resolviendo en equidad, tal como prevé el artículo 41 del Convenio, el Tribunal concede al demandante la suma de 3.000€, por daños morales.
B. Gastos y costas
68. El demandante solicita, aportando justificantes de la minuta de honorarios y factura, 3 976,48€ por los gastos y costas sufridos ante los órganos jurisdiccionales internos y 4.000€ correspondientes al procedimiento ante el Tribunal. Aporta los justificantes de estas cantidades.
69. El Gobierno considera excesiva la suma reclamada por el demandante.
70. Según la jurisprudencia del Tribunal, un demandante únicamente puede obtener el reembolso de sus gastos y costas en la medida en que se acredite su realidad, su necesidad y el carácter razonable de su cuantía. En el presente caso, y habida cuenta de los documentos en su posesión y de los criterios previamente mencionados, el Tribunal considera razonable la suma de 6.000 € por el concepto de gastos y costas efectuados en el marco del procedimiento nacional y ante el Tribunal, y la reconoce al demandante.
C. Intereses moratorios
71. El Tribunal juzga apropiado calcular los intereses de demora sobre la tasa del interés de la facilidad del préstamo marginal del Banco Central Europeo incrementado en tres puntos porcentuales.
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD,
1. Declara la demanda admisible;
2. Dice que hay violación del artículo 14 del Convenio en relación con el artículo 1 del Protocolo nº 1;
3. Dice que no es necesario examinar la queja derivada del artículo 9 del Convenio;
4. Dice que la cuestión de la aplicación del artículo 41 del Convenio no se encuentra en situación de ser resuelta por lo que se refiere a la solicitud del demandante por daño materiales y, en consecuencia,
a) reserva su resolución por completo;
b) invita al Gobierno y al demandante a presentar por escrito sus observaciones sobre la cuestión en el plazo de tres meses a partir del día en que la sentencia adquiera firmeza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 § 2 del Convenio y, en particular, a darle conocimiento de todo acuerdo que puedan alcanzar;
c) reserva el procedimiento posterior y delega en el Presidente de la Sala la competencia para determinarlo de si es preciso;
5. Dice
a) que el Estado demandado debe pagar al demandante, en los tres meses a partir del día en que la sentencia adquiera firmeza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 § 2 del Convenio, las siguientes cantidades :
i) 3.000 EUR (tres mil de euros), en concepto de daño moral;
ii) 6.000 EUR (seis mil de euros), por gastos y costas, más todo importe que pudiera devengarse en concepto de impuesto por el demandante,;
b) que a partir de la expiración del dicho plazo y hasta el pago, estas cantidades deberán incrementarse con el interés simple calculado coforme a un tipo igual al de la facilidad de préstamo marginal del Banco Central Europeo aplicable durante este período, aumentado en tres puntos de porcentaje;
Rechaza la solicitud de satisfacción equitativa en cuanto al resto
.
Hecho en francés, luego comunicado por escrito el 3 de abril de 2012, en aplicación del artículo 77 §§ 2 y 3 del Reglamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Secretario Presidente
Full & Egal Universal Law Academy