SECCIÓN TERCERA
ASUNTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y PINO MANZANO
c. ESPAÑA
(Demanda nº 61654/08)
SENTENCIA
ESTRASBURGO
3 de julio de 2012
Esta sentencia adquirirá firmeza en las condiciones definidas en el artículo 44 § 2 del Convenio. Puede sufrir correcciones de estilo.
En el caso Martínez Martínez y Pino Manzano c. España,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sección tercera), reunida en sala compuesta por :
Josep Casadevall, presidente,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, jueces,
y de Marialena Tsirli, secretaria adjunta de sección,
Tras haber deliberado en Sala del Consejo el 12 de junio de Dicta la siguiente sentencia, adoptada en esta fecha:
PROCEDIMIENTO En el origen del caso está una demanda (no 61654/08) interpuesta ante el Tribunal el 22 de mayo de 2008 en virtud del artículo 34 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (« el Convenio ») contra el Reino de España, por dos ciudadanos españoles, el Sr. José Antonio Martínez Martínez y la Sra. María Pino Manzano (« los demandantes »). Los demandantes están representados por el abogado ejerciendo en Murcia D. J.L. Mazón Costa,. El gobierno español (« el Gobierno») ha estado representado por su agente, Don F. Irurzun Montoro, abogado del Estado. El 30 de marzo de 2010, la demanda fue comunicada al Gobierno. Según contempla el artículo 29 § 1 del Convenio, se decidió, además que la Sala se pronunciaría al mismo tiempo sobre la admisibilidad y el fondo..
HECHOS
I. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO Los demandantes son ciudadanos españoles residentes en Redovan (Alicante). Habitan una casa situada a 200 metros de una cantera. La casa se utiliza también en parte como taller textil. Se encuentra situada en un lugar declarado de interés público perteneciente al municipio de Redovan. Mediante decreto del 19 de junio de 1996, la municipalidad decidió no renovar la adjudicación de la cantera a la Empresa. “A” por incumplimiento de las condiciones impuestas para su explotación. En octubre de 1996, la Empresa “B” solicitó a la municipalidad de Redovan la cesión de la explotación de la cantera, aduciendo que había comprado la fábrica y la maquinaria de la Empresa “A” en julio de 1996. Mediante Decreto del 16 de octubre de 1996, el Ayuntamiento acordó la cesión de la explotación a “B” por un periodo determinado. La cesión fue renovada posteriormente. Por decisión del 27 de marzo de 1998, la municipalidad aceptó el cambio de titularidad de la licencia de apertura solicitada por la Empresa “B”. Los demandantes explican que durante ese tiempo presentaron en vano varias denuncias ante el Ayuntamiento, la Guardia Civil, el servicio territorial de industria y de empleo de Alicante y de la Dirección provincial de Trabajo, de la Seguridad Social y Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo. Denunciaban el ruido ambiental y el polvo que padecían en el interior de su domicilio. En agosto de 1998 visitaron a un psicólogo que describió alteraciones en el sueño de los demandantes causadas, según toda probabilidad, por la contaminación acústica nocturna procedente de la carrera. Estas constataciones se confirmaron en un segundo informe psicológico de junio de 2001.
10. Por otra parte, un informe elaborado en octubre de 1998 por un experto contratado por los demandantes constataba el exceso de los niveles de los ruidos nocturnos legalmente tolerados y aconsejaba la disminución del ruido en el interior del domicilio.
11. En mayo de 1999, en el marco de un procedimiento penal entablado por los demandantes por un delito contra el medio ambiente, el Servicio de protección de la naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil realizó un informe que describía los niveles de ruido y polvo observados dentro del domicilio de los demandantes. Entre las 8 y las 22 horas, el nivel de ruido, con las ventanas cerradas, no excedía el límite delos 40 decibelios legalmente establecido por la ordenanza municipal prevista a tal efecto. Entre las 22 y las 8 horas, por el contrario, el ruido ambiente superaba en cuatro a seis decibelios el límite de los 30 decibelios establecido en la legislación. En lo que se refiere al polvo, durante la inspección ocular realizada en el interior del domicilio, no se observó nada de polvo en suspensión procedente de la cantera, pero la superficie de los espacios dedicados a oficinas si estaban recubiertas por una capa de polvo. El procedimiento penal acabó con un auto de sobreseimiento dictado el 24 de marzo del 2000.
12. En un informe del 4 de febrero del 2000, el Ayuntamiento señaló que en 1994 se les denegó realizar a los demandantes, unas obras de acondicionamiento en el interior de su vivienda, porque ésta se situaba sobre un terreno calificado como suelo urbanizable programado industrial. El informe también constató que los demandantes habían efectuado los trabajos a pesar de esta denegación.
13. Posteriormente, los demandantes presentaron una reclamación previa de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento. Mediante decisión del 10 de septiembre de 2001, el Ayuntamiento rechazó sus pretensiones.
14. En desacuerdo con esta decisión, los demandantes interpusieron un recurso contencioso administrativo contra el municipio y contra la Empresa “B” ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Solicitaron la anulación de la decisión del 10 de septiembre de 2001, la ejecución del decreto municipal del 19 de junio de 1996 y, subsidiariamente, la paralización de la maquinaria y de los equipamientos que no figuraban en la licencia inicial de apertura. Por otra parte, solicitaron el pago de una indemnización por los daños causados por la contaminación acústica y el polvo procedentes de la cantera.
15. En fecha no determinada del año 2005, la cantera cesó definitivamente en su actividad.
16. Mediante sentencia del 7 de abril de 2006, el Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso. Recordó la jurisprudencia del Tribunal Supremo conforme a la cual, el compromiso de la responsabilidad patrimonial de la Administración suponía la existencia de un vínculo de causalidad directo e inmediato entre el acto de la administración y el daño real causado. En este caso concreto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, consideró que no había vínculo de causalidad. Consideró que el Ayuntamiento de Redovan había actuado correctamente en lo referente a la explotación de la cantera, expidiendo las autorizaciones y exigiendo todos los permisos necesarios. Además señaló que la actividad de la Empresa codemandada no era ni clandestina ni estaba tolerada ilícitamente por el municipio. Al contrario, la Empresa detentaba los permisos y las autorizaciones requeridas y estaba sometida a control.
17. En lo que se refiere al Decreto del municipio del 19 de junio de 1996, el Tribunal Superior de Justicia consideró que la orden de cancelar la adjudicación y de cerrar las instalaciones no convertía en ilegal la actividad de la Empresa “B”, en la medida en la que dicho Decreto concernía a la Empresa “A” y se dictó en razón al incumplimiento por esta última de las condiciones establecidas.
18. Además, el Tribunal Superior de Justicia señaló que la casa de los demandantes fue construida sin autorización en una zona calificada de suelo urbanizable programado industrial. En consecuencia, el Tribunal consideró que los demandantes se habían colocado por propia voluntad en la situación de tener que soportar las probables inmisiones sonoras y de polvo procedentes de la cantera.
19. En cualquier caso, el Tribunal apuntó que las molestias denunciadas no tenían la amplitud alegada por los demandantes. A este respecto, consideró que el informe del peritaje presentado por los demandantes en apoyo de sus pretensiones no podía ser tomado en cuenta, ya que sus comprobaciones contradecían las del informe elaborado por el SEPRONA en el marco del procedimiento penal entablado por los demandantes por los mismos hechos. El Tribunal señaló que el atestado de la Guardia Civil permitía solamente reconocer la existencia de una superación mínima del nivel de ruido durante la noche y que la inmisión de polvo en el domicilio de los demandantes no era superior a los niveles normales.
20. Los demandantes solicitaron la nulidad de actuaciones alegando que el Tribunal no se había pronunciado sobre su petición en cuanto a la paralización de la maquinaria y de las instalaciones que no figuraban en la licencia de apertura inicial. Mediante Providencia del 2 de junio de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, rechazó su demanda. Consideró que el juicio había dado respuesta a todas sus pretensiones descartando la posibilidad de declarar la responsabilidad patrimonial del municipio.
21. Invocando los artículos 18 (derecho a la inviolabilidad del domicilio) y 24 (derecho a la tutela judicial efectiva) de la Constitución, los demandantes formularon un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Se quejaban en primer lugar de las inmisiones de ruido y polvo causadas por la explotación de la cantera situada cerca de su domicilio alegando, a este respecto las sentencias Moreno Gómez c. España (nº 4143/02, TEDH 2004-X) y López Ostra c. España (9 de diciembre de 1994, serie A nº 303-C).
22. Por otra parte, los demandantes deploraron la ausencia de respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con respecto a su petición de pedir la paralización de la maquinaria y el cierre de las instalaciones que no figuraban en la licencia de apertura inicial.
23. Mediante resolución notificada el 30 de noviembre de 2007, el Tribunal constitucional declaró el recurso de amparo inadmisible, al carecer de contenido constitucional.
II. EL DERECHO INTERNO APLICABLE
A. La Constitución
Artículo 10 § 2
“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”
Artículo 15
“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, (...)”
Artículo 18
“1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. (...)”
Artículo 45 § 1
“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
(...)”
Artículo 53 § 2
“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo 2º ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (...)”
B. Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada mediante real decreto nº 1346/1976 del 9 de abril 1976 (texto en vigor en el momento de la aprobación del plan de urbanismo del municipio de Redovan de 1985, aplicable al caso)
Artículo 60
“Uno. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del Plan General o Parcial que resultaron disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación.
Dos- No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.
Artículo 79
Uno. Constituirán el suelo urbanizable los terrenos a los que el Plan General Municipal declare aptos, en principio, para ser urbanizados.
Dos. Dentro del suelo urbanizable, el Plan establecerá todas o alguna de las siguientes categorías:
a) Suelo programado, constituido por aquel que deba ser urbanizado según el programa del propio Plan.
(...)”.
C. Ley nº 6/1994 del 15 de noviembre 1994 reglamentando el urbanismo en la Comunidad Autónoma de Valencia
Artículo 8
“La clasificación urbanística del suelo la constituye y confiere el Plan y sólo éste podrá establecerla, mantenerla o modificarla (...)con arreglo a lo dispuesto.
D. Ordenanza municipal sobre la prevención de la contaminación acústica
Artículo 17
“Se prohíbe entre las 22 y las 8 horas la realización de obras, reparaciones, instalaciones u otras actividades, cuando transmitan al interior de las viviendas o locales habitados niveles de ruido superiores a 30dB (A)”.
EN DERECHO
I. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO
24. Invocando los artículos 2 y 8 del Convenio, los demandantes se quejan de los trastornos causados por los ruidos procedentes de la cantera sobre su salud psíquica. Denuncian, a este respecto, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no tuviera en cuenta un informe psicológico que demostraba el daño infligido a su integridad mental. Se quejan de no haber recibido indemnización alguna por el ruido y el polvo procedentes de la carrera, que padecen dentro de su domicilio.
25. Dueño de la calificación jurídica de los hechos de la causa (GATT c. Malta, nº 28221/08, § 19, TEDH 2010; Jusic c. Suiza, nº 4691/06, § 99, 2 de diciembre de 2010), el Tribunal considera más conveniente el examinar las quejas de los demandantes, únicamente desde la perspectiva del artículo 8 del Convenio que dice así:
“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho salvo cuando esta injerencia sea prevista esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, al bienestar económico del país, a la defensa del orden y a la prevención de las infracciones penales, a la protección de la salud o la moral, o a la protección de los derechos y libertades de otros.”
A. Sobre la admisibilidad
26. El Gobierno señala, con carácter preliminar, que cuando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se dictó, esto es el 7 de abril de 2006, la cantera en litigio, ya había dejado de funcionar definitivamente. Por lo tanto, las autoridades españolas ya habían paliado cualquier eventual violación del Convenio y los demandantes no podrían ya, al día de hoy, ser considerados como víctimas según lo dispuesto en el Convenio.
27. Los demandantes replican que el cierre de la cantera no les priva de su condición de víctimas, en la medida en que no recibieron ninguna indemnización por los mas de siete años que han estado padeciendo estas molestias.
28. El Tribunal recuerda que, conforme con su propia jurisprudencia, el cierre de la causa que origina las molestias no es suficiente para privar de la condición de víctima a los demandantes y que se trataría, a lo sumo, de un elemento a tomar en cuenta para un eventual cálculo del perjuicio sufrido (véase López Ostra, antes citado, § 42).
29. El Tribunal constata por otra parte que estas quejas no están manifiestamente mal fundadas según lo dispuesto en el artículo 35 § 3 a) del Convenio y que no chocan con ningún otro motivo de inadmisibilidad. Conviene pues declararlas admisibles.
B. Sobre el fondo
1. Tesis de las partes
a) El Gobierno
30. El Gobierno destaca que el edificio donde residen los demandantes se utiliza también como taller industrial y señala a este respecto que la presencia de polvo del que da cuenta el SEPRONA en su informe, se refiere a las oficinas de la parte del edificio utilizada como uso industrial y no al alojamiento de los demandantes.
31. Por lo que se refiere a las alegaciones relativas al artículo 8 propiamente dicho, el Gobierno considera que las molestias en litigio no alcanzan el límite mínimo de gravedad exigido por la jurisprudencia del Tribunal. Además, constata divergencias esenciales entre este caso y varias sentencias dictadas por el Tribunal concerniendo a España, en particular López Ostra y Moreno Gómez (antes citados), dónde las autoridades internas reconocían la existencia de una irrupción que superaba los límites legales y que revestía una determinada gravedad. Al contrario, en el caso presente, el informe técnico indicaba claramente que los niveles de ruido no excedían del máximo autorizado durante el día y que se situaban solamente entre 4 y 6 decibelios por encima del límite permitido durante la noche. En cuanto a la acumulación de polvo, ésta era insignificante y, en cualquier caso, sólo concernía a la parte del edificio dedicada a las oficinas y no a la vivienda de los demandantes.
32. El Gobierno observa igualmente que las alegaciones de los demandantes fueron objeto de un procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales internos, quienes a la vista del informe técnico dictaron un auto de sobreseimiento el 24 de marzo del 2000.
33. El Gobierno menciona una diferencia adicional con los asuntos López Ostra y Moreno Gómez antes citados, con referencia al hecho de que los demandantes, en este caso, edificaron deliberadamente su vivienda sobre un terreno de uso industrial y no residencial, colocándose ellos mismos de esta manera, en una situación de riesgo cuyas consecuencias deben asumir.
34. En cuanto a las molestias causadas por la cantera, el Gobierno llama la atención sobre el hecho de que, a diferencia de los casos anteriormente mencionados, este asunto encausa una actividad completamente legal, ejercida desde octubre de 1979, al amparo de la autorización administrativa correspondiente.
35. Por fin, el Gobierno enuncia que en cualquier caso, los demandantes no han demostrado en qué medida los ruidos y contaminaciones alegadas han causado los trastornos a su salud, o a la de su familia.
36. Tratándose de implicaciones sobre la calificación del terreno en cuestión como “suelo urbanizable programado industrial”, el Gobierno explica que el plan general de urbanismo del municipio de Redovan de 1985, aplicable en este caso, estaba basado en la ley del suelo, cuyos artículos 60 y 79 especifican las características de esta clase de suelo, a saber, que el terreno no podía urbanizarse más que a efectos de una actividad industrial. Estas disposiciones fueron modificadas posteriormente por la ley n 6/1994 del 15 de noviembre 1994, reguladora del urbanismo en la Comunidad Autónoma de Valencia, aun conservando su esencia. El Gobierno indica que los demandantes han infringido esta imposición, en la medida en que el edificio en cuestión tenía una doble utilización, industrial y como vivienda.
b) Los demandantes
37. Los demandantes hacen caso omiso, para sus pretensiones en este caso, del hecho de que el edificio se haya construido sobre un suelo de uso programado industrial. Consideran que esto no les priva de protección ante la contaminación acústica y el polvo y se remiten al artículo 17 de la ordenanza municipal sobre la prevención de la contaminación acústica.
38. Tratándose del fondo del artículo 8, los demandantes recuerdan el contenido del informe del SEPRONA de mayo de 1999 que describía una superación de entre 4 y 6 decibelios de los niveles acústicos tolerados durante la noche y mencionan el informe psicológico que había constatado los efectos nocivos del ruido durante el descanso nocturno.
39. Por fin, sin dar más precisiones, los demandantes se muestran escépticos sobre el hecho de que el polvo se hubiera limitado a las oficinas y son de la opinión de que la parte del edificio dedicada al alojamiento se impregnó también de polvo.
2. Valoración del Tribunal
a) Principios generales
40. El artículo 8 del Convenio protege el derecho de toda persona al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físico determinado, donde se desarrolla la vida privada y familiar. El individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, no solamente concebido como el derecho a un simple espacio físico, sino también como al del disfrute, en paz, de dicho espacio. Las vulneraciones del derecho al respeto del domicilio no contemplan solamente las materiales o corporales, tales como la entrada en el domicilio de una persona no autorizada, sino también las inmateriales o incorpóreas, tales como los ruidos, las emisiones, los olores y otras interferencias. Si las vulneraciones son graves, pueden privar a una persona de su derecho al respeto del domicilio porque le impiden gozar de su domicilio (Moreno Gómez, antes citado, § 53).
41. En el caso López Ostra (antes citado, § 51), que trataba del ruido y los olores emitidos por una planta depuradora, el Tribunal consideró que “unas graves agresiones al medio ambiente [podían] afectar al bienestar de una persona y privarla del disfrute de su domicilio y perjudicar su vida privada y familiar aunque sin poner, por ello, la salud del interesado en grave peligro”. En el caso Guerra y otros c. Italia, el Tribunal concluyó que “la incidencia directa de las emisiones de sustancias nocivas sobre el derecho de las demandantes al respeto de su vida privada y familiar [permitía] concluir la aplicabilidad del artículo 8” (19 de febrero de 1998, § 60, Recopilación de jurisprudencia y decisiones 1998-I). En el caso Powell y Rayner c. el Reino Unido, en el cual los demandantes se quejaban de sufrir contaminación acústica generada por los vuelos de aeronaves durante el día, el Tribunal consideró que el artículo 8 entraba en juego ya que “el ruido de los aviones del aeropuerto de Heathrow había mermado la calidad de la vida privada y el encanto del hogar de los demandantes” (21 de febrero 1990, § 40, serie A nº 172).
42. No obstante, el elemento crucial que permite determinar si en las circunstancias de un caso, las agresiones al medio ambiente han implicado violación de alguno de los derechos amparados por el apartado 1 del artículo 8, es la existencia de un efecto dañino para la esfera privada o familiar de una persona, y no simplemente la degradación general del medio ambiente. Ni el artículo 8, ni ninguna otra disposición del Convenio, garantiza específicamente una protección general del medio ambiente como tal; otros instrumentos internacionales y legislaciones internas se adaptan mejor cuando se trata de manejar este aspecto particular (Kyrtatos c. Grecia, nº 41666/98, § 52, TEDH 2003-VI (extractos). Por otra parte, el artículo 8 puede encontrar su aplicación tanto si la contaminación es causada directamente por el Estado como si la responsabilidad de éste último deriva de la falta de una reglamentación adecuada de la actividad del sector privado. Si el artículo 8 tiene esencialmente por objeto el prevenir a toda persona contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, no puede contentarse en constreñir al Estado de abstenerse de tales injerencias: a este compromiso más bien negativo pueden añadirse obligaciones positivas inherentes a un respeto efectivo de la vida privada o familiar (Airey c. Irlanda, 9 de octubre de 1979, § 32, serie A nº 32). Que se aborde el caso desde el punto de vista de una obligación positiva a cargo del Estado, que consistiría en adoptar medidas razonables y adecuadas para proteger los derechos que los demandantes puedan hallar en el apartado 1 del artículo 8, o desde el de una injerencia de una autoridad pública que se deba justificar bajo el enfoque del apartado 2, los principios aplicables son bastante próximos (Oluić c. Croacia, nº 61260/08, § 46, 20 de mayo de 2010).
43. En ambos casos, hay que tener en cuenta el justo equilibrio a manejar entre los intereses enfrentados del individuo y de la sociedad en su conjunto. Además incluso para las obligaciones positivas resultantes del apartado 1, los objetivos enumerados en el apartado 2 pueden desempeñar un determinado papel en la búsqueda del equilibrio deseado (Hatton y otros c. el Reino Unido [GC], n 36022/97, § 98, TEDH 2003-VIII).
b) Aplicación en este caso
44. El Tribunal destaca que el presente asunto no atañe a una injerencia de las autoridades públicas en el ejercicio del derecho al respeto de la vida privada o del domicilio, sino que trata de la supuesta inactividad de las autoridades cuando se trata de poner término a las agresiones llevadas a cabo por terceros, al derecho alegado por los demandantes (Moreno Gómez, antes citado, § 57).
45. El Tribunal ya tuvo la ocasión de pronunciarse sobre la obligación del Estado de proteger a un demandante de los niveles excesivos de ruido. En algunos casos el Tribunal concluyó la falta de perturbaciones incompatibles con el artículo 8 del Convenio (véase, por ejemplo, Hatton y otros, antes citado, con respecto al ruido causado por los vuelos nocturnos del aeropuerto de Heathrow; Ruano Morcuende c. España (dec.), nº 75287/01, 6 de septiembre de 2005, tratando de los niveles de ruido en el domicilio de la demandante causados por un transformador eléctrico; Galev c. Bulgaria (dec.), nº 18324/04, 29 de septiembre de 2009, con respecto al ruido causado por una clínica dental). En estos casos, el Tribunal concluyó que el nivel de contaminación acústica no había superado los límites aceptables, que los demandantes no habían conseguido demostrar que habían sufrido un perjuicio y que ninguna comprobación en serio de la contaminación acústica se había efectuado.
46. Este caso se asemeja a estos tres últimos asuntos. En cuanto al grado de los ruidos, el Tribunal admite que los demandantes estaban directamente afectados por el ruido procedente de la cantera en la medida en que ésta funcionaba diecinueve horas al día. Sin embargo, el Tribunal debe aún determinar si esta contaminación acústica superó el límite superior de gravedad como para constituir una violación del artículo 8. La comprobación de este límite superior es relativa, y depende de las circunstancias del caso, tales como la intensidad y la duración de los ruidos y de sus efectos físicos o psicológicos (Fadeïeva c. Rusia, n 55723/00, §§ 68-69, TEDH 2005-IV, Fägerskiöld c. Suecia (dec.), nº 37664/04 y Mileva y otros c. Bulgaria, nº. 43449/02 y 21475/04, § 90, 25 de noviembre de 2010). El Tribunal señala a este respecto que el SEPRONA comprobó el nivel acústico dentro del domicilio de los demandantes, así como el nivel de polvo (ver apartado 11). Éste constató que el nivel acústico registrado durante el día no superaba el límite permitido de 40 decibelios, de acuerdo con la Ordenanza sobre prevención de la contaminación acústica. En cuanto a los valores nocturnos, el informe describía una superación de entre 4 y 6 decibelios en relación con el límite permitido de 30 decibelios. En cuanto al nivel de polvo, el informe del SEPRONA destacaba que una capa se había posado en las oficinas de los talleres textiles de los demandantes, pero que los niveles de polvo en suspensión eran imperceptibles en las partes destinadas a la vivienda. El Tribunal considera que no hay ninguna razón para dudar de la fiabilidad de las medidas realizadas por este organismo oficial y apunta, además, que estos valores no han sido impugnados validamente por los demandantes.
47. El Tribunal debe ahora examinar si las circunstancias indicadas anteriormente constituyen una violación de los derechos alegados por los demandantes. A este respecto, constata en primer lugar que los demandantes ubicaron su domicilio en un edificio del cual, una parte de las dependencias se utiliza para su actividad profesional, a saber como taller textil. Este edificio se construyó sobre un terreno inicialmente calificado como rústico y luego como suelo de uso programado industrial. En cualquiera de los dos casos, la calificación prohibía la construcción de una vivienda o morada. A este respecto, recuerda que los Estados disfrutan de un amplio margen de apreciación para implementar un sistema de planificación de usos del suelo con el objetivo de controlar la ordenación del territorio. El Tribunal ya tuvo la ocasión de señalar que los planes de ordenación urbana y rural implican el ejercicio de un poder discrecional para llevar a la práctica las políticas adoptadas en interés de la Comunidad (véase, mutatis mutandis, Buckley c. el Reino Unido, 25 de septiembre de 1996, §§ 74-77, Recopilación 1996-IV). En efecto, en la medida en que el ejercicio de un poder discrecional afectando a una multitud de factores locales es inherente a la elección y a la aplicación de políticas de ordenación del territorio, las autoridades nacionales gozan, en principio, de un importante margen de apreciación (Buckley, antes citado, § 75 in fine). Como contrapartida, los ciudadanos están obligados a cumplir con los deberes derivados de esta organización.
48. En la medida en que en este caso, el domicilio de los demandantes se encuentra, desde el principio, en una zona no prevista para residencia, no nos queda sino reconocer, que se han colocado, voluntariamente, en una situación de irregularidad. Les corresponde por lo tanto asumir las consecuencias de esta situación. Eso es tanto más verdadero de resultas de los elementos del expediente de 1994, que la ampliación y la transformación de la vivienda solicitadas por los demandantes, habían sido objeto de varias resoluciones de denegación por parte de la Administración y que, a pesar de esto, habían efectuado de todas formas, los trabajos en cuestión, vulnerando la legislación urbanística en vigor. En consecuencia, los demandantes no deberían quejarse de una contaminación acústica procedente de una cantera de piedra instalada legalmente sobre un terreno legalmente destinado a actividades industriales, y entendiendo que una zona de uso industrial, no puede gozar de la misma protección medioambiental que las zonas residenciales. Contrariamente a lo que acaeció en el caso Martínez Martínez c. España (nº 21532/08, § 52, 18 de octubre de 2011), el Gobierno sostiene sus aseveraciones en este caso, mostrando los distintos documentos oficiales expedidos por el municipio que ponen de manifiesto, que los demandantes habían establecido su domicilio en un terreno no destinado a uso residencial.
49. En resumen, el Tribunal constata que a pesar de la irregularidad del emplazamiento de su domicilio, los Tribunales internos examinaron con esmero y al detalle, las pretensiones de los demandantes e incoaron incluso un procedimiento penal por un posible delito contra el medio ambiente. Tras haber examinado los resultados del informe técnico, concluyeron que no era posible constatar la existencia de un delito y dictaron auto de sobreseimiento mediante una decisión, que el Tribunal no puede considerar ni arbitraria ni carente de fundamento.
50. Habida cuenta por un lado, de la instalación irregular de los demandantes en una zona no habilitada para residencia, y por otro del nivel de los ruidos detectados, el Tribunal concluyó que no puede considerarse que el proceder de las Autoridades, haya provocado una vulneración del derecho de los demandantes al respeto de su domicilio, así como de su vida privada y familiar (véase de contrario, Martínez Martínez antes citado § 54).
51. En consecuencia, no hay violación de esta disposición.
II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 6 § 1 DEL CONVENIO
52. Los demandantes denuncian igualmente, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no haya examinado todas las peticiones formuladas en su recurso contencioso administrativo, en particular su petición cuya finalidad era obtener la paralización de la maquinaria y el cierre de las instalaciones que no figuraban en la licencia de apertura inicial. Invocan el artículo 6 § 1 del Convenio.
53. El Tribunal considera que esta queja está vinculada a la queja que dimana del artículo 8. Habida cuenta de lo constatado en relación con el artículo 8 del Convenio (apartados 52 y 53 citados), el Tribunal considera que no ha lugar de examinar separadamente si ha habido en este caso concreto, violación de esta disposición (véase Martínez Martínez, antes citado, § 57).
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD,
1. Declara la demanda admisible;
2. Falla que no ha habido violación del artículo 8 del Convenio;
3. Falla que no ha lugar de examinar la queja dimanada del artículo 6 § 1 del Convenio.
Hecho en francés, y comunicado posteriormente por escrito el 3 de julio de 2012, en aplicación del artículo 77 §§ 2 y 3 del Reglamento.
Marialena Tsirli Josep Casadevall
Secretaria adjunta Presidente
Full & Egal Universal Law Academy