Sentencia
CASO MAUER CONTRA AUSTRIA
Artículo 6.1 (Derecho a la tutela judicial efectiva) Sentencia de 18 de febrero de 1997
Mediante sentencia dictada en Estrasburgo el 18 de febrero de 1997, en el caso Mauer contra Austria, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció, por unanimidad, que hubo violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que no cabe pronunciarse acerca de las alegaciones de violación formuladas por el demandante en el ámbito del artículo 6.3, apartados c ) y d) del Convenio. El Tribunal no concede indemnización al demandante pero sí le otorga una suma determinada en concepto de gastos y costas.
La sentencia fue leída en audiencia pública por el señor Rudolf Bernhardt, Vicepresidente del Tribunal.
1. HECHOS
El demandante, Wolfgang Mauer, había nacido en 1953 y reside en Viena. Dirige una compañía de taxis.
En su primera demanda (núm. 16566/1990), denunciaba no haber tenido un juicio justo y público ante un tribunal y no haber podido asumir su propia defensa. A este respecto, denunciaba una violación del artículo 6.1 y 6.3. c) del Convenio.
El 20 de mayo de 1988, la jefatura de policía federal de Viena condenó al demandante, a través de decisión provisional, al pago de una multa de 800 chelines austríacos (ATS) o, en su defecto, a una pena de arresto de 48 horas, ya que el demandante se había negado a revelar la identidad del conductor de su coche en un momento dado, como era obligatorio.
El demandante intentó presentar una reclamación por escrito ante el puesto de policía, o, en su defecto, someterse oralmente a sus objeciones, pero la policía rechazó examinar su reclamación. El demandante mencionó este rechazo cuando la policía federal quiso proceder a la ejecución de la orden provisional. Entonces, la policía federal inició un procedimiento administrativo penal ordinario. El 21 de abril de 1989, tras escuchar sus alegaciones, el demandante fue nuevamente condenado al pago de una multa de 800 ATS o bien a 48 horas de arresto por falta de pago.
Al resolver un nuevo recurso, el delegado provincial de Viena declaró, el 12 de junio de 1989, que la condena era nula y sin valor ya que el demandante no había elevado ninguna objeción a la sentencia provisional inicialmente dictada, y que, en consecuencia, era válida. El Tribunal administrativo confirmó dicha decisión el 18 de octubre de 1989, haciendo observar que el demandante podía haber presentado su alegación por escrito una vez que la policía hubie1306 se rechazado su reclamación o hubiese escuchado su declaración.
En su segundo recurso (núm. 16898/1990), el señor Mauer se refería a los artículos 6.1 y 6.3. d). Se amparaba en que no había sido escuchado de forma equitativa y no había obtenido la personación de los testigos que había propuesto.
Tras la presentación de un informe por parte de la policía el 6 de agosto de 1987 en el que se apreciaba que uno de los neumáticos de uno de los taxis del demandante estaba demasiado gastado, la jefatura de policía federal de Viena condenó a éste, el 20 de septiembre de 1988, a una multa de 500 ATS o bien a 30 horas de arresto por falta de pago.
El 21 de abril de 1989, el delegado provincial de Viena rechazó la apelación del demandante. El Tribunal administrativo confirmó esa decisión el 13 de diciembre de 1989.
2. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS
El 18 de enero de 1990, el señor Mauer presentó ante la Comisión la demanda (núm. 16566/1990), y luego el 14 de mayo de 1990 hizo lo mismo con la segunda demanda (núm. 16898/1990). La Comisión las admitió a trámite el 18 de febrero de 1994.
Tras haber intentado en vano alcanzar un acuerdo amistoso, la Comisión adoptó sendos informes (art. 31) el 27 de junio de 1995, por los que establece los siguientes puntos:
a) En el primer asunto (recurso núm. 16566/1990), ha habido violación del derecho de acceso a un tribunal según lo dispuesto en el artículo 6.1, pero la falta de debates ante el Tribunal administrativo no plantea ninguna cuestión distinta desde el punto de vista de esa disposición.
b) En el segundo asunto (recurso núm. 16898/1990), ha habido violación del derecho de acceso a un tribunal según lo dispuesto en el artículo 6.1, pero ni la falta de debates ante el Tribunal administrativo, ni la apreciación de los medios de prueba plantean ninguna cuestión distinta desde el punto de vista de esa disposición.
3. RESUMEN DE LA SENTENCIA
I. Sobre el objeto del litigio
En su informe, el demandante se refiere a una tercera instancia que ha sido objeto de una demanda a la Comisión. Según el demandante, ésta habría adjuntado esa demanda a una de las dos mencionadas más arriba.
De acuerdo con su jurisprudencia, el Tribunal señala, no obstante, que ese tercer proceso mencionado al no entrar en ninguna de las decisiones de la Comisión acerca de la admisión a trámite en este caso concreto, el Tribunal no tiene competencia para conocer de los problemas del demandante en cuanto conciernan a ese proceso ya mencionado.
II. Artículo 6.1 y 6.3. c) y d) del Convenio
El Gobierno reconoce que las cuestiones de fondo planteadas por los asuntos en cuestión según lo dispuesto por el artículo 6 son las mismas que las planteadas en los casos de Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro y Pfarrmeier contra Austria (Sentencias de 23 de octubre de 1995, serie A, núm. 328, A-C, y 329, A-C) y, por las motivaciones expuestas en dichas Sentencias, suponen una decisión en el mismo sentido.
El Tribunal, al adoptar el mismo razonamiento que en esos asuntos, considera que ha existido una violación del derecho «de acceso a un Tribunal» en el caso del demandante y que no hay lugar a pronunciarse acerca de las alegaciones de violación del artículo 6.3. c) y d).
III. Artículo 50 del Convenio
Al no poder especular acerca del resultado en el caso de que los procesos se hubiesen resuelto si la violación del Convenio hubiese sido establecida, el Tribunal rechaza ordenar la devolución del importe de las multas y de los gastos solicitada por el demandante. La existencia o la amplitud de otro prejuicio presuntamente causado por esa violación no han podido ser demostrados.
No obstante, el Tribunal concede al demandante la cantidad de 100.000 chelines austríacos, además del impuesto sobre el valor añadido correspondiente, por los gastos y costas devengados en Estrasburgo.
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