Sentencia 28488/95
CASO McGONNELL CONTRA REINO UNIDO
Artículo 6.1 (Derecho a un proceso equitativo ante un tribunal independiente e imparcial) Sentencia de 8 de febrero de 2000
Por sentencia comunicada por escrito el 8 de febrero de 2000, en el caso McGonnell contra Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara, por unanimidad, que se había producido violación del artículo 6 (derecho a un proceso equitativo ante un tribunal independiente e imparcial) del Convenio Europeo de Derechos Humanos . En aplicación del artículo 41 (satisfacción equitativa) del Convenio, el Tribunal concede al solicitante una determinada suma por costas y gastos.
1. HECHOS
En mayo de 1986, Richard McGonnell, ciudadano británico nacido en 1955, se instaló temporalmente, por dificultades financieras, en una nave de embalaje de flores situada en un terreno que le pertenecía. Sus dificultades empeoraron entre 1987 y 1989 con la destrucción por las heladas y varios huracanes de sus cosechas y de una parte de sus invernaderos. El Sr. McGonnell pidió en varias ocasiones, aunque en vano, la autorización para modificar el uso de la nave. El 6 de junio de 1995, el Royal Court rechazó su apelación, invocando el plan parcial. La audiencia estaba presidida por el «alguacil» que es el funcionario que, en Guernsey, desarrolla igualmente funciones en los campos ejecutivo y legislativo. En el presente caso, fue el alguacil quien presidió en 1990, cuando era alguacil adjunto, el órgano legislativo de la isla (States of Deliberation) cuando fue aprobado el citado plan parcial de urbanización.
2. PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
La demanda fue presentada ante la Comisión Europea de Derechos Humanos el 29 de noviembre de 1995. El 1 de noviembre de 1998, de acuerdo con el artículo 5, párrafo 4, del Protocolo número 11 del Convenio, el caso fue sometido al Tribunal.
El 28 de septiembre de 1998, tuvo lugar una audiencia. La sentencia fue dictada por una sala compuesta por siete jueces, a saber: Jean-Paul Costa (francés), presidente; Pranas Kuris (lituano); Françoise Tulkens (belga); Willi Fuhrmann (austríaco); Karel Jungwiert (checa); Hanne Sophie Greve (noruega), jueces; Sir John Laws (británico), juez ad hoc, así como por Sally Dollé, secre taria judicial de sección.
3. RESUMEN DE LA SENTENCIA
I. Quejas
El demandante se queja de que el alguacil ejerce funciones judiciales, legislativas y ejecutivas tan complejas e interconectadas entre sí que no goza de la independencia y de la imparcialidad que exige el artículo 6.
II. Decisión del Tribunal
1. Artículo 6.1 del Convenio
El Tribunal rechaza los argumentos del Gobierno según el cual, por no haber recusado al alguacil ante las jurisdicciones internas, el solicitante no agotó las vías de recursos internos o, a título subsidiario, habría renunciado a su derecho a presentar en Estrasburgo su queja contra el papel del alguacil.
El Tribunal señala que el caso no se refiere en absoluto a una verdadera parcialidad por parte del alguacil, sino a la cuestión de saber si éste presentaba «la apariencia» exigida de independencia o la imparcialidad «objetiva» necesaria.
Comprobando si así ocurría en el presente caso, el Tribunal subraya que el alguacil había participado personal y directamente en una etapa anterior del asunto; presidió el órgano legislativo cuando este último aprobó el plan parcial pertinente en 1990. Acto seguido presidió el Royal Court que decidió sobre el recurso en materia de urbanización que planteó el solicitante en junio de 1995.
El Tribunal considera que esta acumulación de funciones hace que surjan dudas en cuanto a la imparcialidad del alguacil cuando éste presidió el Royal Court; en consecuencia, concluye que se produjo violación del artículo 6, párrafo 1.
2. Artículo 41 del Convenio
El Tribunal concede al demandante 20.913,90 £ por gastos y costas.
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