SECCIÓN TERCERA
ASUNTO R.M.S. c. ESPAÑA
(Demanda nº 28775/12)
SENTENCIA
ESTRASBURGO
18 de junio de 2013
Esta sentencia adquirirá firmeza en las condiciones definidas en el artículo 44 § 2 del Convenio. Puede sufrir correcciones de estilo.
En el caso R.M.S. c. España,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sección tercera), reunido en sala compuesta por:
Josep Casadevall, presidente,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, jueces,
y Santiago Quesada, secretario de sección,
Tras haber deliberado en Sala del Consejo el día 28 de mayo de 2013,
Dicta la siguiente sentencia, adoptada en esta fecha:
PROCEDIMIENTO
1. En el origen del caso se encuentra una demanda (nº 28775/12) interpuesta ante el TEDH contra el Reino de España el día 5 de noviembre de 2009, por una nacional de este Estado, la Sra. R.M.S. (“la demandante”), en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el Convenio”). El presidente de la sección ha decidido, de oficio, la no divulgación de la identidad de la demandante (artículo 47 § 3 del reglamento).
2. La demandante está representada por Dª. M.J. López Góngora abogada ejerciendo en Granada. El Gobierno español (“el Gobierno”) está representado por su agente D. F. de A. Sanz Gandasegui, Abogado del Estado-Jefe del Área de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
3. La demandante alega la violación de los artículos 8 y 14 del Convenio, quejándose de haber sido privada de todo contacto con su hija, y separada de ella injustamente.
4. El 9 de julio de 2012, la demanda fue comunicada al Gobierno. Tal como lo permite el § 1 del artículo 29 del Convenio, se decidió, además, que la Sala se pronunciaría, al mismo tiempo, sobre la admisibilidad y el fondo.
ANTECEDENTES DE HECHO
I. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO
5. La demandante nació en el año 1979, y reside en La Porrosa (Chiclana de Segura, Jaén).
A. Génesis del caso e ingreso de la niña G. en un Centro de Acogida
6. De padre guineano y de madre española, la demandante vivía, en el momento del nacimiento de su hija G., el 3 de octubre de 2001, en el seno de una núcleo familiar, extenso compuesto por varios miembros de su familia que se ayudaban entre si, a saber su abuela, su tío abuelo (el hermano de su abuela), abogado de profesión, y sus otros dos hijos. Vivieron también, temporalmente, en la vivienda familiar (dos casas unidas) un sacerdote guineano y el padrino de dos de los hijos de la demandante. La vivienda está situada en la finca olivarera propiedad de la abuela de la demandante y cultivada por esta última. A la demandante también la contrata con regularidad la Junta de Andalucía, en calidad de obrera agrícola, actividad que compagina con otros trabajos agrícolas, en particular con las vendimias en Francia.
7. Con el fin de no tener que llevarse a Francia a sus dos hijos, la demandante dio poderes a su tío abuelo para que los cuidara hasta su vuelta. Estos dos niños están expresamente bajo la tutela de la Delegación Provincial de Jaén y en acogimiento en familia extensa con el tío abuelo de su madre. La demandante no se opuso a esta situación, sus hijos viven de hecho con ella y con el resto de la familia extensa en la finca.
8. El 23 de agosto de 2005, la demandante y su pareja, acompañados de su hija menor G., se presentaron ante los servicios sociales del Ayuntamiento de Motril (Granada) para pedir “trabajo, alimentos y una vivienda”. Ese mismo día, a petición de la trabajadora social A.L.N., del Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Granada (en adelante “la Delegación Provincial”) que había llamado a la policía con motivo del estado de excitación de la demandante, la pequeña G., entonces de tres años y diez meses de edad, fue separada de su madre e ingresada en el Centro de Acogida Nuestra Señora del Pilar de Granada. La madre fue conducida a un hospital en razón de su estado nervioso provocado por la separación de su hija.
9. El 25 de agosto de 2005, la Delegación Provincial emprendió un procedimiento administrativo con el fin de considerar a G. en situación legal de desamparo, y la declaró en desamparo provisional. La decisión se refería a la carencia de recursos de la demandante, en estado de indigencia extrema, a la situación de la menor y a su falta de higiene, a sus ropas inadecuadas para el periodo estación estival, a su piel reseca, que presenta cicatrices y arañazos, y a su extrema ansiedad ante la comida, entre otras cosas. La Delegación Provincial asumió entonces la tutela de la menor, dispuso su ingreso en el Centro de Acogida antes citado, e informó a la demandante de la posibilidad de solicitar la asistencia jurídica gratuita, si deseaba oponerse ante el Juez de Primera instancia a esta decisión.
10. El 26 de agosto de 2005, la demandante reclamó a su hija ante los Servicios Sociales de Motril. Se presentó también al día siguiente, así como el día 30 de ese mismo mes. El Servicio de Protección de Menores le informó que las visitas no eran aconsejadas hasta que no iniciara un tratamiento psiquiátrico. La demandante afirma que las trabajadoras sociales le ofrecieron dinero (párrafo 16 citado posteriormente).
11. Un informe del día 20 de agosto de 2005 del Centro de Acogida Nuestra Señora del Pilar hace mención de “un estado general aceptable” de la niña señalando solamente que su piel estaba reseca, con pequeñas cicatrices y lesiones causadas por las rascaduras. Según un informe posterior del 1 de septiembre de 2006, elaborado por el Centro de Acogida San Ramón y San Fernando de Loja (Granada), (ver más adelante), la niña tenía una dermatitis seborreica atópica.
12. El 30 de agosto de 2005, la demandante fue informada de la asunción de la tutela de G. por parte de la Delegación provincial, del ingreso de esta última en el Centro de Acogida Nuestra Señora del Pilar de Granada, así como de la posibilidad de hacer oposición a esta medida ante el Juez de Primera Instancia. También fue informada de que hasta tanto no iniciara un tratamiento psiquiátrico, toda visita a su hija estaba desaconsejada. El equipo de salud mental le señaló el 5 de septiembre de 2005 que no estaba en medida de cuidar a su hija, pero que la posibilidad de visitas vigiladas le estaba garantizada.
13. Según el informe de “observación e ingreso inicial” del Centro San Ramón y San Fernando de Loja de fecha 30 de octubre de 2005, el 14 de septiembre de 2005, G. fue trasladada a este Centro. Le demandante no fue informada y no dio su consentimiento. Según algunos testigos ya habría sido trasladada el 13 septiembre 2005.
14. El 23 de septiembre de 2005, la demandante solicitó a la Delegación Provincial el traslado de la niña al Centro de Acogida de Linares (Jaén), más cercano a su domicilio.
15. El 27 de septiembre de 2005 tuvo lugar el último de los tres encuentros supervisados entre la demandante y su hija desde la entrega en acogimiento de esta ùltima. Estos encuentros se produjeron en el exterior del Centro de Acogida y fueron supervisados por los educadores y por la policía. Según la demandante, los otros dos encuentros se produjeron los días 6 y 20 de septiembre de 2005, respectivamente. La demandante afirma que su hija le habría dicho, en uno de esos encuentros, que había sido conducida a una casa con piscina. Desde ese día, la demandante no volvió a ver a su hija.
16. En su informe del 4 de octubre de 2005, la trabajadora social A.L.N. menciona la actitud incorrecta – irrespetuosa, “violenta” y agresiva – de la demandante, que intentó auto lesionarse y hubo de ser conducida al hospital cuando fue separada de su hija. A.L.N. precisaba que la demandante había sido informada de las medidas susceptibles de ser tomadas para el bienestar de su hija en razón a su estado de indigencia. A.L.N. indicó que el acogimiento provisional de los dos hermanos de G. por parte del tío abuelo de la demandante debía cesar en razón, no circunstanciada, a que el tío abuelo de la demandante no ofrecía las cualidades de idoneidad requeridas. Señaló en su informe que la demandante frecuentaba todos los días los alrededores del Centro de Acogida Nuestra Sra. del Pilar, en el que el Servicio de Protección de menores había establecido para su hija un régimen provisional de tres visitas supervisadas por las educadoras y la policía, en el exterior del Centro de Acogida, “en previsión de una posible actitud violenta” de la demandante. La trabajadora social expuso en su informe que a la demandante se le había entregado una suma de dinero, sin precisar el importe, para viajar a Mallorca y a Madrid, dinero que había pedido inicialmente, pero que habría rechazado después, arrojándolo al suelo. Habría pedido nuevamente después dinero para viajar a Granada, antes de devolverlo, por orgullo, tres horas más tarde. Se desprende del informe que en las tres visitas supervisadas, la demandante alentaba a G. a seguir llorando o gritando para obtener lo que deseaba, acusando constantemente a los profesionales de que su hija no estaba correctamente atendida, hablaba a su hija de manera compulsiva e incongruente, no aceptaba los horarios de visita y gritaba cuando se acercaba la hora de finalizar las visitas, amenazando además con tomar fotos para denunciar la situación en un programa de televisión. Califica como “violentos” el comportamiento de la demandante durante las visitas al Centro de Acogida Nuestra Sra. del Pilar y estima que perturbaban la estabilidad y la evolución de la menor, A.L.N. propuso la suspensión de las visitas y el traslado a otro Centro de Acogida, del cual no convendría comunicar a la demandante la localización.
17. El 5 de octubre de 2005, la Delegación Provincial resolvió: mantener a G. en la situación de desamparo provisional, entrega de la niña en acogimiento al Centro de Acogida San Ramón y San Fernando de Loja y su traslado al mismo (párrafo 13 antes citado); solicitar judicialmente la suspensión provisional de las visitas, suspender provisionalmente, hasta tanto se dictara la decisión judicial, toda comunicación entre la demandante y su hija, en el interés de esta última; y negar a la demandante cualquier información sobre el paradero de G. En la decisión se informa a la demandante de la posibilidad de solicitar asistencia jurídica gratuita en caso de que deseara hacer oposición ante el Juez de Primera Instancia, a la presente decisión.
18. La demandante solicitó nuevamente a la Delegación Provincial, los días 4 de octubre y 22 de noviembre de 2005 el traslado de su hija al Centro de Acogida de Linares, reclamando el derecho de visita.
19. Entre los días 22 de noviembre de 2005 y 31 de enero de 2006 la demandante solicitó, al menos en diecisiete ocasiones, ante la Delegación provincial, el ver a su hija. Se quejaba de la falta de información sobre esta última, particularmente del rechazo del jurista representante de la Delegación Provincial, a explicarle los motivos de la declaración de desamparo. Ninguna visita de la demandante a su hija fue autorizada y no ha recibido ninguna información sobre la niña desde entonces.
B. El procedimiento administrativo de declaración de desamparo y de entrega en acogimiento familiar
20. El 27 octubre de 2005, la Junta de Andalucía solicitó la suspensión de las visitas (ya acordada a título provisional) ante el juez de Primera Instancia nº 3 de Granada.
21. El 2 de noviembre de 2005 el procedimiento administrativo fue suspendido a demanda del Colegio de Abogados de Granada, con el fin de que un abogado de oficio fuera designado para representar a la demandante, lo que se hizo el 20 de enero de 2006. Este último presentó, en nombre de la demandante, las alegaciones el 23 de enero de 2006.
22. Mediante decisión del 1 de febrero de 2006, la Delegación Provincial declaró oficialmente la situación de desamparo de la menor, habida cuenta “del pronóstico de recuperabilidad familiar nulo negativo y, en consecuencia, de un reagrupamiento con su madre” y decidió iniciar un procedimiento de acogimiento familiar pre adoptivo. La decisión subrayaba, sin mencionar sin embargo ningún informe que lo sustentara, la ausencia de las cualidades idóneas requeridas del tío abuelo de la demandante, para el acogimiento de G., y retomaba las mismas consideraciones de los informes precedentes. Se refería igualmente, sin mayores precisiones, a la “salud mental de la madre” y a su “estado maniaco moderado”, y consideraba significativo que la demandante, en sus múltiples comparecencias “no muestra ningún interés por conocer el estado de la menor, ni verbalmente ni por escrito”. La prohibición de las visitas se mantuvo. La demandante fue informada sobre la posibilidad de solicitar la asistencia judicial gratuita en caso de que deseara hacer oposición a la presente decisión.
23. Los días 2, 6 y 15 de febrero de 2006, la demandante solicitó de nuevo, ante la Delegación Provincial, la posibilidad de visitar a su hija y comunicó su oposición a cualquier acogimiento pre-adoptivo, manteniendo que los motivos invocados para alejarla de su hija no se correspondían con la realidad. En la última de estas fechas, dio a conocer la situación al Defensor del Pueblo.
24. Los días 16 de febrero y 2 de marzo de 2006, la demandante, ratificó sus demandas de visita y de información respecto de su hija ante la Delegación provincial.
25. El 10 de enero de 2007, la Comisión de Medidas de Protección de la Delegación Provincial confirmó la declaración de desamparo provisional de G.
26. El 22 de enero de 2007, la trabajadora social A.L.N. envío un correo electrónico a la Cruz Roja, con el ruego de que localizaran a la demandante y comprobaran la situación del cuarto hijo de esta última, un recién nacido. A.L.N. alegaba que los dos hijos mayores de la demandante se encontraban en acogimiento familiar con un tío abuelo de la demandante y que G. había “sido adoptada” por una familia que estaba dispuesta a adoptar igualmente al lactante de la demandante cuya edad estimaba en aproximadamente 9 meses señalando que la demandante “estaba embarazada hacía más de un año”. Precisaba que la demandante tenía “problemas de salud mental, no diagnosticados” y que era probable que “se encontrara en Francia, con el bebé y su pareja actual, de nacionalidad francesa”.
C. El procedimiento judicial de oposición a la declaración de desamparo y de suspensión del régimen de visitas (nº 1278/05)
27. El 31 de enero de 2006, el Juez de Primera instancia nº 3 de Granada decidió acumular el procedimiento de oposición a las medidas de protección de la menor, al procedimiento para la suspensión del régimen de visitas.
28. El 28 de noviembre de 2006, la demandante, representada por una abogada, impugnó la declaración legal de desamparo adoptada por la Delegación Provincial, alegando que residía en Francia con su pareja y que percibía una prestación mensual de 836,87 euros.
29. El 3 de mayo de 2007 se celebró la vista ante el Juez de Primera Instancia nº 3 de Granada respecto de la declaración de desamparo. El Fiscal de Menores solicitó la ratificación de la declaración de desamparo de G.
30. Mediante sentencia del 18 de mayo de 2007, retomando los argumentos de la decisión del 25 de agosto de 2005 de la Delegación Provincial relativa a la situación de desamparo pronunciada dos años antes, el Juez de Primera Instancia nº 3 de Granada desestimó la oposición a la declaración de desamparo y estimó que la menor podría reintregrarse en el domicilio familiar en caso de mejora de la situación de la familia. Mantuvo la tutela y la entrega de la niña en acogimiento residencial. El Juez se expresó como sigue:
“SEGUNDO.- A tenor de los razonamientos expuestos cuando intervino la Administración había razones más que sobradas para la declaración de desamparo de la menor G; así de la simple lectura del expediente administrativo, se desprende de forma categórica que, ya sea por ignorancia, imposibilidad, defecto de aptitudes sociales o cualquier otra razón que se quiera buscar incluida la posible enfermedad mental, y sin que se entienda que se han producido o buscado de propósito tales circunstancias por la progenitora, lo único cierto es que la menor se hallaba en una situación de absoluta desatención material y moral. Su aspecto era muy sucio, vestía indumentaria inadecuada para el período estival, su piel estaba cuarteada, presentaba cicatrices y rasguños, la menor refería vivir en las cañas y las identificaba como su casa, presentaba ansiedad ante la comida y manifestaba apego ante cualquier señal de afecto, que justifica cumplidamente la adopción de la tutela automática y la declaración de desamparo. Situación ésta que se vienen arrastrando, pues dos hermanos mayores de la menor, se encuentran en acogimiento familiar con un tío abuelo de los menores, dada la situación de riesgo en que se encontraban; y sin que exista una prueba objetiva en los autos que justifique estimar la oposición, máxime cuando el riesgo de error sería padecido por la menor en este caso, merecedora de toda clase de protección frente a cualquier otro interés”.
El Juez rechazó establecer el régimen de visitas solicitado por la demandante en razón al “desapego afectivo de la menor con respecto a su madre y a que el comportamiento violento de esta durante las visitas perturbaba la estabilidad y la evolución de la menor”
31. Mediante sentencia del 27 de junio de 2008 dictado como consecuencia de la apelación de la demandante, la Audiencia Provincial de Granada ratificó la sentencia recurrida. Recordó, que el objeto del procedimiento era, por una parte el de ratificar o anular la decisión respecto de la declaración de desamparo de G., adoptada por la Administración. Por otra parte, la entrega de la menor en acogimiento podría ser reconsiderado mediante el pertinente procedimiento administrativo o judicial, que competería entablar a la demandante en caso de cambio en la situación. La sentencia mantuvo la prohibición de las visitas de la demandante a su hija menor y el acogimiento residencial.
D. Los procedimientos judiciales de la entrega de G. en acogimiento familiar pre- adoptivo (nº 74/07) y de oposición al acogimiento familiar pre-adoptivo (nº 2188/07)
32. El 1 de febrero de 2006 se presentó el informe de la Delegación Provincial exponiendo los motivos de la propuesta de acogimiento familiar pre-adoptivo. Ese mismo día, el procedimiento fue suspendido quedando a la espera de la designación de un abogado para la demandante.
33. Una pareja fue elegida el 2 de abril de 2006 como padres de acogida pre- adoptiva de la menor. El 9 de junio de 2006, la Comisión de Medidas de Protección de la Delegación Provincial, inició el procedimiento administrativo para la entrega de G. en acogimiento.
34. El 14 de febrero de 2007, la Delegación Provincial resolvió la entrega provisional de G. en acogimiento familiar, fundándose en los siguientes motivos:
El 25/08/2005 se procede a dictar Medida de Desamparo Provisional y Acogimiento Residencial de la menor por las causas expuestas en dicha resolución.
Ante la gravedad de los hechos protagonizados por la madre, el hallarse el padre en paradero desconocido, y tras varias comparecencias en este Servicio de la madre en actitud provocadora, desafiante y con un discurso incongruente, se pide informe de Salud Mental para valorar la posibilidad de establecer régimen de visitas. El 05/09/2005 se informa de que no está en condiciones de cuidar a su hija pero sí de visitarla bajo supervisión.
Se desarrollan tres visitas fuera del Centro donde se encuentra la menor, supervisadas por educadores y policía. Las incidencias producidas en el transcurso de sus visitas, el que la madre frecuente los alrededores del Centro así como su actitud, la valoración de la interacción entre la menor y su madre y la evolución general del caso llevan a que el 4/10/2005 se dicte resolución que decide la suspensión cautelar de las visitas y el traslado de la menor a otro Centro.
En los datos que se reciben en el expediente consta que la madre de la menor lo es de otros dos menores en desamparo y tutelados por la Delegación Provincial de Jaén, la inexistencia de la familia extensa (hasta tercer grado) que pueda hacerse cargo de esta menor y la sobrecarga de un tío abuelo de la menor que es guardador temporal de sus hermanos y posteriormente acogedor de los mismos. Con los indicadores que se deducen de la información que consta en el expediente nos encontramos ante un pronóstico negativo de posible recuperación familiar y, por tanto, reintegración con su madre.
La madre manifiesta en este servicio todo tipo de quejas e irregularidades de todos los profesionales que intervienen y han intervenido (Salud, Justicia, Fuerzas de Seguridad, Servicios Sociales municipales, Servicio de Protección, Centros de protección…) pero se niega a firmar los recibí de las notificaciones, a aportar ninguna documentación o a probar o pedir prueba que desvirtúen la información obrante en el expediente. Por otro lado niega completamente toda la información, las carencias y riesgos de la menor y su inestabilidad. No acude a tratamiento en Salud Mental. Es significativo el que en sus múltiples comparecencias nunca ha mostrado interés por conocer el estado de la menor ni verbalmente ni por escrito.
Por tanto, nos encontramos con una menor de la que su padre se encuentra desaparecido, el acogedor de sus hermanos no puede hacerse cargo de ella y de la madre, que al parecer tiene una nueva hija tutelada por las autoridades en Francia y se encuentra de nuevo embarazada; no hay pronóstico de recuperabilidad en plazo razonable con respecto a esta menor. Esto, unido a la necesidad de la menor de gozar de un ambiente familiar adecuado y evitar la prolongación de su institucionalización, hacen necesario continuar el procedimiento y constituir acogimiento familiar permanente pre adoptivo (...)”.
35. Habiendo rechazado la demandante la entrega en acogimiento de G., el 23 de marzo de 2007 el Servicio de Protección de Menores propuso la constitución del acogimiento por vía judicial, con acogimiento familiar provisional entretanto.
36. El 2 de octubre de 2007, la demandante, representada por una letrada, se opuso, por vía judicial, a la decisión de constitución de acogimiento familiar pre- adoptivo, tomada el 23 de marzo de 2007.
37. Tras numerosas vicisitudes procedimentales, el 28 de julio de 2009 se celebró la vista ante el Juez de Primera Instancia nº 16 de Granada. La demandante se opuso a cualquier forma de acogimiento familiar pre-adoptivo de su hija y solicitó, subsidiariamente que el acogimiento familiar permanente se hiciera con su tío abuelo con derecho de visita por su parte. La demandante impugnó igualmente la declaración de desamparo de G. avalada por el Juez de Primera Instancia nº 3.
38. El Fiscal de menores apoyó la demanda de oposición a la entrega en acogimiento pre-adoptivo de G., formulada por la demandante.
39. Mediante sentencia de 4 de septiembre de 2009, el Juez de Primera Instancia nº 16 de Granada ratificó la constitución del acogimiento familiar pre-adoptivo, según la propuesta del Servicio de Menores presentada el 23 de marzo de 2007. No se admitió al tío abuelo de la demandante como testigo ni la propuesta subsidiaria de un acogimiento por su parte, al considerar que no reunía las condiciones idóneas requeridas para acoger a menores. En lo que respecta a la situación de desamparo de G. declarada por el Juez de Primera instancia nº 3 de Granada, y confirmada en apelación, el Juez nº 16 no la examinó y confirmó la fuerza de cosa juzgada de la decisión del Juez nº 3, y la necesidad de iniciar un procedimiento al respecto, en caso de que las circunstancias cambiaran. La sentencia señala no obstante, en lo que respecta al cambio alegado de las circunstancias con relación al momento de la declaración de desamparo de G., que la demandante había indicado “que tenía olivos, que trabajaba la tierra y que se iba a trabajar a Francia durante una parte del año, que es una buena madre y que podría vivir con sus hijos, que está capacitada para ello y que su familia está muy cerca”. El Juez estimó, refiriéndose a “informes técnicos” que no cita, que “estos testimonios, vertidos por miembros de la familia o por vecinos, no acreditaban, por si mismos la recuperación de sus aptitudes educativas”. El Juez señalaba lo siguiente:
“la menor, que cuenta con casi ocho años de edad, lleva muchos años sin contacto materno, siendo incluso suspendidas las visitas por resolución judicial. Todo ello determina que conforme al supremo interés de la medida tuitiva más adecuada es la adoptada de un acogimiento familiar preadoptivo pese a que el Ministerio Fiscal apoyara los argumentos de la demandante y solicitara la estimación de la oposición.”
40. La demandante, representada por su abogada, recurrió la sentencia de 4 de septiembre de 2009.
41. El Fiscal de Menores apoyó el recurso de la demandante.
42. La demandante facilitó el 18 de diciembre de 2009 un informe pericial psicológico haciendo valer su capacidad de cuidar a su hija.
43. Mediante sentencia de 18 de junio de 2010, la Audiencia Provincial de Granada ratificó la sentencia de Primera Instancia. Recordó que el objeto de la oposición al acogimiento no era el de impugnar la declaración de desamparo, sino el de demostrar que las causas que la motivaron habían desaparecido y que un cambio radical se había producido en el comportamiento, las costumbres y el modo de vida de los padres biológicos que justificaran la recuperación del pleno ejercicio de la patria potestad, aportando la prueba irrefutable que la vuelta de la menor al seno familiar le sería claramente beneficioso. La sentencia se refería a la valoración de las pruebas efectuada por el Juez de Primera Instancia nº 16 y señaló, entre otras cosas: que el informe pericial psicológico presentado por la demandante el 18 de diciembre de 2009 no reunía más que informaciones facilitadas por ella misma, tales como su capacidad de cuidar a sus hijos, sin explicar las razones por las cuales otros dos de sus hijos estaban en acogimiento familiar con su tío abuelo, que aunque indicaba que la demandante no padecía ninguna enfermedad ni discapacidad psíquica, este informe constataba su carácter impulsivo e irascible; o que, a pesar de la afirmación de que dominaba tres idiomas, la demandante no buscaba sacar provecho de estas facultades, viviendo en una situación de aislamiento social y profesional que la obligaba a emigrar al extranjero para encontrar trabajo o de acudir allí de manera itinerante. En cualquier caso, la Audiencia Provincial estimó en su sentencia que no había “no había una prueba contundente de que se hayan abortado los riesgos de recaer en la situación de descuido y desatención para con su menor hija que condujo a la declaración de desamparo” y que los testigos citados por la demandante para acreditar su capacidad para tener a sus hijos con ella “no aportaban ningún dato sobre la estabilidad social y laboral suficientes para despejar todo riesgo para para la menor, ni menos aun para sostener el beneficio que para la misma implicaría volver a su familia de origen”.
44. La demandante recurrió en casación. El recurso fue declarado inadmisible por decisión de la Audiencia Provincial de Granada de 27 de julio de 2010.
45. Alegando los artículos 15 (derecho a la integridad física y moral de su hija) y 24 (derecho a la tutela judicial efectiva) de la Constitución así como los artículos 8 y 14 del Convenio, la demandante interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Mediante decisión de 27 de octubre de 2011, notificada el 3 de noviembre de 2011, el Alto Tribunal declaró el recurso inadmisible, por estar desprovisto de la relevancia constitucional especial requerida por el artículo 50 § 1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
46. Mientras tanto, mediante decisiones de 18 de octubre y 1 de diciembre de 2010, respectivamente, el Juez de Primera Instancia nº 16 de Granada, ratificó la condición de familia de acogimiento pre-adoptivo de la familia de acogida de G.
47. Un informe de seguimiento del acogimiento familiar pre-adoptivo de fecha 29 de marzo de 2011, constata la plena integración de la menor G. en el seno de la familia de acogida con la que vivía desde el 16 de febrero de 2007, así como con la familia de acogimiento extensa. El informe señalaba que G. había alcanzado el nivel de evolución físico y motriz correspondiente a su edad y había mejorado sus niveles de madurez y de adaptación así como sus capacidades de concentración y de atención, sin disminuir su rendimiento escolar, y esto en un entorno normalizado y acogedor en el seno de su familia de acogimiento, que proveía todas sus necesidades materiales y afectivas.
E. Los procedimientos de adopción (nº 599/2011) y de oposición a las medidas de protección del menor (nº 156/2010)
48. El 11 de abril de 2011, el Servicio de Protección de Menores de Granada, presentó la proposición de adopción de G. por su familia de acogida, ante el Juez de Primera Instancia nº 16 de Granada.
49. El 14 de abril de 2011, el Juez de primera instancia nº 16 declaró abierto el procedimiento de adopción.
50. El 14 de junio de 2011, el procedimiento fue suspendido a petición de la demandante. Mediante decisión del mismo Juez de 13 de marzo de 2012, la vista del procedimiento nº 156/2010 fue fijada para el 24 de abril de 2012.
51. En un informe de 28 de septiembre de 2012 redactado a la atención del Gobierno tras la comunicación del presente caso, el Servicio de Protección de Menores de Granada, resumía el historial de la separación y del acogimiento de G. en los Centros de Acogida y después en una familia de acogida pre adoptivo, reiterando los argumentos expuestos en el informe original del 4 de octubre de 2005 (párrafo 16 citado anteriormente) y mencionando, entre otras cosas, “la actitud desafiante y provocadora de la demandante en sus numerosas comparecencias ante el Servicio de Protección de Menores, sus quejas persistentes contra los funcionarios de los servicios de salud, de las fuerzas de seguridad, de los servicios sociales, de los Centros de protección (...), negándose a presentar los documentos exigidos por nuestros servicios y sin mostrar interés alguno sobre el estado de la menor”. Se refería también al informe del 25 de marzo de 2011 y estimaba que “los lazos afectivos y familiares creados y que continúan a desarrollarse deben tener una continuidad y una consolidación en su situación legal, de manera que la adopción sería la medida más adecuada para las necesidades e intereses de la menor”.
52. El desarrollo del procedimiento de adopción no ha sido comunicado al TEDH. De las informaciones facilitadas por el Gobierno el 5 de febrero de 2013, se desprende que la niña no había sido aún adoptada en esa fecha.
II. EL DERECHO INTERNO APLICABLE
53. El artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de 1996 de Protección Jurídica del Menor dispone lo siguiente:
“En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por ministerio de la Ley, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de protección del menor y su familia.
Una vez apreciada la situación de riesgo, la entidad pública competente en materia de protección de menores pondrá en marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento de la evolución del menor en la familia”.
54. Las disposiciones del Código Civil, en lo que aquí interesa, se leen así:
Artículo 172
“La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda (...) Siempre que sea posible, se les informará [a los padres, tutores o guardadores] de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada.
Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material”.
La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.
(...)
4. Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea contrario a ese interés, su reinserción en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona.
(...)
7. Durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución administrativa por la que se declare el desamparo, los padres que continúen ostentando la patria potestad pero la tengan suspendida conforme a lo previsto en el número 1 de este artículo, están legitimados para solicitar que cese la suspensión y quede revocada la declaración de desamparo del menor, si por cambio de las circunstancias que la motivaron entienden que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad.
Igualmente están legitimados durante el mismo plazo para oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la protección del menor.
(...)
8. La entidad pública, de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, podrá en todo momento revocar la declaración de desamparo y decidir la vuelta del menor con su familia si no se encuentra integrado de forma estable en otra familia o si entiende que es lo más adecuado en interés del menor. Dicha decisión se notificará al Ministerio Fiscal”.
Artículo 173
“El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.
(...)
3. Si los padres (...) se oponen [al acogimiento del menor en una familia de acogida], el acogimiento sólo podrá ser acordado por el Juez, en interés del menor (...)
No obstante, la entidad pública podrá acordar en interés del menor, un acogimiento familiar provisional, que subsistirá hasta tanto se produzca resolución judicial.
(...)”.
Artículo 173 bis
“El acogimiento familiar, podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su finalidad:
1.º Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se prevea la reinserción de éste en su propia familia bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable.
2.º Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen y así lo informen los servicios de atención al menor. (...) .
3.º Acogimiento familiar pre adoptivo, que se formalizará por la entidad pública cuando ésta eleve la propuesta de adopción del menor, informada por los servicios de atención al menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan prestado ante la entidad pública su consentimiento a la adopción y se encuentre el menor en situación jurídica adecuada para su adopción.
La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogimiento familiar pre adoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, que fuera necesario establecer un período de adaptación del menor a la familia.
Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá exceder del plazo de un año.
Artículo 222
Estarán sujetos a tutela:
(...)
4º Los menores que se hallen en situación de desamparo.”.
55. Las disposiciones del decreto 282/2002 de 12 de noviembre de 2002 de la Junta de Andalucía, sobre el acogimiento familiar y la adopción, en lo que aquí interesa, se leen así:
Artículo 35
Conforme a la legislación civil, el acogimiento familiar pre adoptivo y la adopción se promoverán cuando se prevea la imposibilidad de reinserción del menor en su familia biológica, y se considere necesario, en atención a su situación y circunstancias personales, la plena integración en otra familia, mediante la creación de vínculos de filiación.
Artículo 36
“Conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, para promover la constitución del acogimiento familiar pre adoptivo y la adopción deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:
a) Preferencia del interés del menor al de cualquier otro sujeto, incluso el de padres o familiares, tutores, guardadores y futuros adoptantes.
b) Comprobación, a través de la correspondiente evaluación e intervención con la familia de origen del menor, de la existencia de elementos de juicio suficientes para estimar que no resulta previsible una modificación de las circunstancias familiares que permita la reinserción de éste en la misma. A estos efectos, se entenderá que no es factible la reinserción del menor en su familia biológica cuando, aun existiendo una posibilidad de reintegración, ésta requeriría de un plazo de tiempo que ocasionaría un mayor deterioro psicosocial en el desarrollo evolutivo del menor.
c) Preferencia del acogimiento familiar, solicitado por los parientes del menor, al acogimiento pre adoptivo o la adopción promovidos por personas ajenas a la familia del menor o no vinculadas con la misma.
d) Integración satisfactoria del menor en el seno de la futura familia adoptiva, antes de que se promueva la adopción. Para ello, se exigirá una convivencia previa superior a cuatro meses, en régimen de acogimiento familiar.
(…)
f) Notificación a los padres o tutores de la decisión de promover el acogimiento pre adoptivo o la adopción, a fin de que manifiesten su consentimiento o asentimiento.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO
56. La demandante se queja de haber sido privada de todo contacto con su hija y separada injustamente de ella. Alega que la Administración había decidido entregar a su hija en acogimiento pre adoptivo incluso antes de que las jurisdicciones internas hubieran resuelto sobre la situación de desamparo. Invoca el artículo 8 del Convenio, así redactado:
“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta ingerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”
A. Sobre la admisibilidad
57. El Gobierno alega que no se han agotado las vías de recurso internos. Hace valer que la demandante no ha interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras la sentencia dictada en apelación el 27 de junio de 2008 por la Audiencia provincial de Granada y que ratificaba la declaración de desamparo de la niña (ver párrafo 31 antes citado), en el marco del procedimiento (nº 1278/05).
58. En las observaciones dando respuesta a las del Gobierno, la demandante explica que no interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el marco de este procedimiento porque el Juez de Primera Instancia nº 3 de Granada, indicó en su sentencia de 18 de mayo de 2007 que la niña podría reintegrarse al domicilio familiar en caso de mejora de las circunstancias familiares y que solo estaba en situación de acogida residencial, estando asumida la tutela por la Administración. La demandante no sabía entonces que su hija, así como sus futuros hermanos y hermanas iban a ser entregados “en adopción” (sic) a una pareja cuya identidad, por cierto, desconocía.
59. El TEDH señala que la demandante no interpuso recurso de amparo más que en el marco del procedimiento nº 2188/07 de oposición a la entrega en acogimiento familiar pre-adoptivo, en el cual ella se oponía a cualquier forma de acogimiento familiar pre-adoptivo de su hija y solicitaba, subsidiariamente, que el acogimiento familiar permanente fuera confiado a su tío abuelo, con derecho de visitas por su parte (párrafo 37 citado anteriormente). Ella no interpuso recurso de amparo en el marco del procedimiento de oposición a la declaración de desamparo. El TEDH señala, sin embargo, que cuando este último procedimiento se cerró, el 27 de junio de 2008 (párrafo 31 citado anteriormente), los procedimientos sobre la entrega de G. en acogimiento familiar pre adoptivo y de oposición a este acogimiento estaban todavía pendientes y basados en los mismos documentos e informes que sustentaban la declaración de desamparo.
60. El TEDH recuerda que la norma del agotamiento de las vías de recursos internos enunciados en el artículo 35 del Convenio impone a todo demandante la obligatoriedad de utilizar previamente los recursos normalmente disponibles y suficientes dentro del orden jurídico interno con el fin de permitirle reparar las violaciones alegadas, antes de que dichas alegaciones se sometan a los órganos del Convenio (ver, entre otros, Selmouni c. Francia [GC], no 25803/94, § 74, TEDH 1999-V).
61. En el presente caso, la disconformidad de la demandante con la declaración de desamparo, y el mantenimiento de ésta, se ha expuesto en dos procedimientos con una parcial simultaneidad: por una parte, el procedimiento de oposición a la declaración de desamparo (párrafos 27 y siguientes, citados anteriormente); y, por otra parte, el procedimiento de oposición a la entrega de G. en acogimiento familiar pre adoptivo (párrafos 32 y siguientes, citados anteriormente). El TEDH observa que en el marco del primer procedimiento, el Juez de Primera Instancia nº 3 de Granada había, aun dando su aval a la declaración de desamparo de G., señalado que la situación de separación podría ser reconsiderada en caso de mejora de las circunstancias familiares a través de la acción judicial conveniente (párrafo 30 citado anteriormente). La demandante expuso, más adelante, la existencia de un tal cambio de las circunstancias e impugnó de nuevo la declaración de desamparo ante el Juez de Primera Instancia nº 16 de Granada, el cual se había pronunciado expresamente sobre las causas de la declaración de desamparo y de su mantenimiento (párrafo 39 citado anteriormente). El TEDH estima que, en vista de estos hechos, se podría haber razonablemente considerado que la demandante había utilizado las vías de recurso de las que disponía para hacer valer sus derechos respecto de una cuestión no resuelta definitivamente, sin que se le pueda reprochar no haber interpuesto recurso de amparo, cuando la cuestión de fondo, a saber, la separación de su hija, estaba todavía pendiente ante las jurisdicciones ordinarias.
62. Por consiguiente, la excepción del Gobierno no puede ser considerada.
63. Respecto del resto de los procedimientos, el TEDH constata que esta parte de la demanda no está manifiestamente mal fundada en el sentido del artículo 35 § 3 a) del Convenio. Señala, además, que no entra en conflicto con ningún otro motivo de inadmisión. Procede por tanto declarar su admisibilidad.
B. Sobre el fondo
1. Argumentos de las partes
a) La demandante
64. La demandante impugna los motivos dados por la Administración para separarla de su hija: alega que siempre ha trabajado y que, con su pareja, tienen bastantes ingresos para satisfacer las necesidades de su hija.
En lo que respecta al estado de salud de su hija, la demandante expone que al menos desde septiembre de 2006, la Administración era conocedora de que G. tenía una dermatitis atópica y seborreica, (párrafo 11 citado anteriormente), y que ella misma y sus otros dos hijos tenían también la piel muy reseca, a pesar de un tratamiento con distintas cremas. Según ella, la Administración ha admitido complacientemente este argumento para conceder la entrega de G. a una familia de acogida. La demandante proporciona igualmente el certificado de vacunas de G. demostrando que estaba al día con su vacunación.
En lo que respecta a sus dos hijos, la demandante se refiere a los elementos expuestos en el párrafo 7 citado anteriormente, negando haberles abandonado.
En lo referente a su conducta en las visitas al Centro de Acogida de Granada, descrita en la decisión del 5 de octubre de 2005, la demandante señala que aunque esta descripción fuera cierta, lo cual niega, no tendría aquí ningún interés, ya que la niña se encontraba de todas formas en el Centro de Acogida de Loja (a 58 km de Granada) desde el 13 de septiembre de 2005. Finalmente afirma que la enfermedad mental, no diagnosticada, que se le atribuye, no existe, y a este respecto, refiere el informe del 18 de diciembre de 2009 que había incorporado al procedimiento interno (párrafo 40 citado anteriormente). Por todo lo que precede, la demandante estima que había un apriorismo por parte de ciertos profesionales de la Administración para separarla de su hija y de llevarse incluso a su hijo que estaba por nacer, lo que hace comprensible su desesperanza, su impotencia y su angustia. Admitiendo que unos problemas hubieran sido observados en la manera en la que educaba a su hija, la demandante estima que la Administración hubiera debido, más bien, prestarle asistencia para superarlos.
65. La demandante estima que la Administración le ha privado injustamente de todo contacto con su hija, tratando de romper los lazos existentes entre ellas. Se queja, por otra parte, de que las jurisdicciones internas han rechazado examinar las irregularidades cometidas en el procedimiento administrativo y expone que el Fiscal de Menores ha apoyado sus recursos.
b) El Gobierno
66. El Gobierno concede que el derecho de los padres a no ser separados de sus hijos, salvo si existieran razones que justificaran dicha separación, en el interés del menor, forma parte del derecho al respeto de la vida privada y familiar. Cita a este respecto los párrafos 95 y 96 de la sentencia K.A.B. c. España (nº 59819/08, 10 de abril de 2012). Recuerda a continuación que el TEDH no tiene como tarea la de sustituirse a las Autoridades internas, sino la de examinar desde la perspectiva del Convenio, las decisiones que esas Autoridades han dictado en el ejercicio de su poder discrecional, y se refiere a la jurisprudencia reproducida en el párrafo 71 que se cita posteriormente.
67. El Gobierno señala que después de tomar conocimiento de la situación de la menor, la Administración ha pedido a las Autoridades judiciales que se declarara la situación de desamparo. Refiriéndose a la sentencia de 18 de mayo de 2007, dictada por el Juez de Primera Instancia, que, en lo que aquí interesa, se han reproducido en el párrafo 30 citado anteriormente, estima que la Administración no ha tomado esta decisión de manera arbitraria o sin fundamento. El Gobierno recuerda que del expediente administrativo, se desprendía que la madre no reunía las condiciones que le permitieran cuidar de G. La entrega en acogimiento en el seno de la familia extensa, que había sido primero contemplada, fue después descartada porque el tío abuelo de la demandante estaba ya sobrecargado. En ausencia de cualquier otra opción, la Administración ha tomado la decisión de entregar a la menor a una familia de acogida, decisión que ha sido validada por la Autoridad judicial. La madre ha estado representada por un abogado a lo largo de todo el procedimiento judicial y sus testimonios han sido tomados en cuenta. Los hechos han sido examinados por las jurisdicciones internas sin la menor arbitrariedad y todas las decisiones han sido debidamente motivadas. Para el Gobierno, la situación de desamparo de la menor era real y justificaba la intervención de la Administración, como lo reconocieron posteriormente las jurisdicciones internas. Esta situación se mantenía invariada cuando se analizó la oposición de la demandante a la entrega en acogimiento de su hija.
2. Valoración del TEDH
68. El TEDH recuerda que, para un progenitor y su hijo, el estar juntos representa un elemento fundamental de la vida familiar (Buscemi c. Italia, nº 29569/95, § 53, TEDH 1999-VI y Saleck Bardi c. España, nº 66167/09, § 50, 24 de mayo de 2011, § 49).
a) Principios generales sobre las obligaciones positivas que incumben al Estado demandado en virtud del artículo 8 del Convenio
69. Como el TEDH ha indicado en varias ocasiones, el artículo 8 tiene, esencialmente por objeto, precaver al individuo de las injerencias arbitrarias de las Autoridades públicas ; no se contenta toda vez de ordenar al Estado que se abstenga de tales injerencias. En efecto, si las decisiones tomadas por la Autoridad responsable que llevan a la entrega en acogimiento de la niña a un Centro de Acogida, se consideraran como injerencias en el derecho de un padre al respeto de su vida familiar (W. c. Reino Unido, 8 de julio de 1987, § 59, serie A nº 121), las obligaciones positivas inherentes a un respeto efectivo de la vida privada o familiar pueden implicar la adopción de medidas que tengan como objetivo el respeto de la vida familiar incluso en las relaciones de los individuos entre sí (X e Y c. Países-Bajos, 26 de marzo de 1985, § 23, serie A nº 91, y Mincheva c. Bulgaria, nº 21558/03, § 81, 2 de septiembre de 2010). Tanto en un caso como en otro hay que procurar acomodar un justo equilibrio entre los intereses concurrentes del individuo y de la sociedad en su conjunto; asimismo, en ambos supuestos, el Estado goza de un cierto margen de apreciación (Saleck Bardi, antes citado, § 50 y K.A.B. c. España, antes citado § 95).
70. El TEDH reafirma el principio bien establecido en su jurisprudencia según el cual el objetivo del Convenio consiste en proteger derechos concretos y efectivos (ver, mutatis mutandis, Artico c. Italia, sentencia de 13 de mayo de 1980, § 33, serie A nº 37). Recuerda que no tiene como tarea sustituir a las Autoridades internas, sino analizar, desde la perspectiva del Convenio, las decisiones que han dictado estas Autoridades en el ejercicio de su poder discrecional.
71. El TEDH tiene en cuenta el hecho de que la desintegración de una familia constituye una medida muy grave que debe reposar en consideraciones inspiradas en el interés del niño y tener bastante peso y solidez (Scozzari y Giunta c. Italia [GC], nº 39221/98 y 41963/98, § 148, TEDH 2000-VIII). Ha afirmado en numerosas ocasiones que el artículo 8 implica el derecho de un progenitor, a medidas propias para reunirse con su hijo y la obligación de las Autoridades a tomarlas (ver, por ejemplo, Eriksson c. Suecia, 22 de junio de 1989, § 71, serie A nº 156, Olsson c. Suecia (nº 2), 27 de noviembre de 1992, § 90, serie A nº 250). La decisión de hacerse cargo de un niño, debe ser considerada, en principio, como una medida provisional, que se suspenderá en cuanto las circunstancias lo aconsejen, y todo acto de ejecución debe concordar con un objetivo último: reunir de nuevo al padre por lazos de sangre y al hijo (K. y T. c. Finlandia [GC], nº 25702/94, § 178, TEDH 2001-VII). La obligación positiva de toma de medidas con el fin de facilitar el reagrupamiento de la familia, tan pronto sea realmente posible, se le impone a las Autoridades competentes desde el principio de que se hace cargo, y cada vez con más fuerza, pero siempre se debe contrapesar con el deber de considerar el interés superior del niño. Por otra parte, las obligaciones positivas no se limitan a velar por que el niño pueda reunirse con su padre, o tener contacto con él sino que engloban asimismo al conjunto de las medidas preparatorias que permitan llegar a ese resultado (ver, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grecia, nº 60457/00, § 45, 5 de febrero de 2004, Amanalachioai c. Rumanía, nº 4023/04, § 95, 26 de mayo de 2009 y 112).
Compete al TEDH valorar si las Autoridades españolas han actuado con desconocimiento de sus obligaciones positivas derivadas del artículo 8 del Convenio (Hokkanen c. Finlandia, 23 de septiembre de 1994, § 55, serie A nº 299-A ; Mikulić c. Croacia, nº 53176/99, § 59, TEDH 2002-I ; P., C. y S. c. Reino Unido, nº 56547/00, § 122, TEDH 2002-VI ; Evans c. Reino Unido [GC], nº 6339/05, § 76, TEDH 2007-IV, K.A.B. c. España, anteriormente citado, § 98).
72. Compete a cada uno de los Estados contratantes dotarse de un arsenal jurídico adecuado y suficiente para asegurar el respeto de esas obligaciones positivas que le incumben en virtud del artículo 8 del Convenio, y al TEDH indagar si, en la aplicación e interpretación de las disposiciones legales aplicables, las Autoridades internas han respetado las garantías del artículo 8 del Convenio tomando, especialmente en cuenta, el interés superior del niño (ver, mutatis mutandis, Neulinger y Shuruk c. Suiza [GC], nº 41615/07, § 141, TEDH 2010, K.A.B. c. España, anteriormente citado, § 115).
b) Aplicación en el presente caso de los principios antes mencionados
73. El TEDH señala que el 23 de agosto de 2005, la pequeña G., hija de la demandante, contando con 3 años y diez meses de edad, en ese momento, fue separada de esta última, que se había presentado en las dependencias de los Servicios Sociales de Motril con su pareja y su hija para solicitar una ayuda en razón de su situación de precariedad. Dos días más tarde, el 25 de agosto de 2005, la Delegación Provincial estimó, a título provisional, que la menor estaba en situación de desamparo. El 30 de agosto de 2005, la demandante fue informada de que la Delegación Provincial se hacía cargo de la tutela de su hija, y del ingreso de esta última en el Centro de Acogida Nuestra Señora del Pilar de Granada. El TEDH observa que la menor fue trasladada a un Centro de Acogida de Loja (párrafo 13 citado anteriormente) sin que la demandante fuera informada de ello, y sin que se tramitaran sus demandas solicitando que su hija fuera trasladada a un Centro de Acogida más cercano a su domicilio. Señala que la demandante vio a su hija por última vez el 27 de septiembre de 2005.
74. En un caso como el presente, el Juez se encuentra en presencia de intereses a menudo de difícil conciliación, a saber, los de la niña y los de su madre. En la búsqueda del equilibrio entre estos distintos intereses, el interés superior de la niña debe ser considerado primordialmente (Moretti y Benedetti, anteriormente citado, § 67).
75. En el presente caso, el TEDH observa que las Autoridades administrativas han motivado sus decisiones concluyendo la existencia de una situación de desamparo de la niña refiriéndose a la carencia de recursos de la demandante, en situación de indigencia extrema (párrafo 9 citado anteriormente). En base a estas consideraciones, el 25 de agosto de 2005, la Delegación Provincial inició un procedimiento administrativo, a cuyo término se declaró, a título provisional, la situación legal de desamparo de G. puesta bajo la tutela de la Administración e ingresada en un Centro de Acogida. Según las informaciones de las que dispone el TEDH, tanto la entrega de la niña al Centro de Acogida, como, posteriormente la suspensión total y permanente del régimen de visitas de la demandante a su hija, así como el traslado de esta última a otro Centro de Acogida, se decidieron en base al informe de la trabajadora social A.L.N. del 4 de octubre de 2005 (párrafo 16 citado anteriormente). El informe refiere la actitud inadecuada e irrespetuosa de la demandante, que había sido conducida al hospital cuando se le informó de que se debían llevar a su hija debido a su estado de absoluta indigencia. A.L.N. indicaba en su informe que la demandante frecuentaba todos los días los alrededores del Centro de Acogida donde se encontraba su hija. En cuanto al régimen provisional de visitas supervisadas, que había sido puesto en marcha, la trabajadora social propuso la suspensión del mismo, lo cual se hizo. La demandante no fue informada de esta medida ni del Centro de Acogida al que fue trasladada su hija. A.L.N. añadió que la madre habría recibido una suma de dinero.
76. El TEDH observa que la decisión del 1 de febrero de 2006 (párrafo 22 citado anteriormente) adoptada por la Delegación Provincial, ratificando la situación de desamparo de la niña, estaba literalmente fundada en los mismos argumentos ya desarrollados en su anterior decisión del 25 de agosto de 2005 y en el mismo informe de la trabajadora social A.L.N. del 4 de octubre 2005. A este respecto, la decisión afirmaba que la madre no había “mostrado ningún interés por conocer el estado de la menor, ni verbalmente ni por escrito”. El TEDH, constata sin embargo que la demandante había acudido al menos en 17 ocasiones al Centro de Acogida de Granada, a pesar de que la Institución se encontraba relativamente alejado de su domicilio, y recuerda que no había sido siquiera informada de que su hija no se encontraba ya en él desde el 13 o 14 de septiembre de 2005 (párrafo 13 citado anteriormente).
77. El procedimiento administrativo tendente a la entrega de la menor en acogimiento familiar comenzó el 9 de junio de 2006, los padres de acogida fueron elegidos el 2 de abril de 2006. El TEDH observa sin embargo que la demandante indicó que su hija le había contado que la habían llevado a una casa que tenía piscina, lo que daría a entender que los padres de acogida, habrían tomado contacto con la menor con bastante antelación a la fecha mencionada, a saber unos días después de la separación de su madre y, en cualquier caso, antes del 27 de septiembre de 2005, fecha en la que la demandante y su hija se vieron por última vez. La demandante también afirma que las trabajadoras sociales le ofrecieron dinero, lo que también estaba indicado en el informe de A.L.N. del 4 de octubre de 2005 (párrafo 16 citado anteriormente). El TEDH encuentra extraño que el informe de A.L.N. se refiriera a este dinero, lo que confirma las afirmaciones de la demandante, y no precisa el concepto por el que se le ofreció este dinero.
78. En la medida en que la demandante se queja de que las jurisdicciones internas no han examinado las irregularidades cometidas en el procedimiento administrativo, el TEDH observa que la cuestión de saber si el proceso decisorio ha protegido suficientemente los intereses de un progenitor depende de las circunstancias que atañen a cada caso. Señala al respecto que en el transcurso del procedimiento ante los Jueces de Primera Instancia y la Audiencia Provincial, la demandante ha tenido la posibilidad de presentar los argumentos a favor de su causa en el marco de los procedimientos judiciales en los que estaba representada por un abogado desde al menos el 1 de febrero de 2006 (párrafo 32 citado anteriormente; ver también párrafo 21 citado anteriormente en lo que respecta al procedimiento administrativo). El TEDH no percibe, en consecuencia, ninguna infracción imputable a las jurisdicciones internas al respecto.
79. El TEDH recuerda que, en los asuntos que atañen a la vida familiar, la ruptura del contacto con un niño muy joven puede conducir a una alteración creciente de su relación con su progenitor (ver, entre otros, Pini y otros c. Rumanía, nº 78028/01 y 78030/01, § 175, TEDH 2004-V (extractos) y K.A.B. c. España, anteriormente citado, § 103). Es lo que ocurre en el presente asunto.
80. A la vista de estas consideraciones, y recordando toda vez que no le compete sustituir la valoración de las Autoridades nacionales competentes por la suya, en lo que respecta a las medidas que deberían haber sido tomadas, ya que esas autoridades están, en principio, mejor situadas para proceder a una tal valoración, el TEDH constata la existencia de unas faltas graves de diligencia en el procedimiento llevado a cabo por las Autoridades responsables de la tutela, de la entrega de la niña y de su adopción eventual (K.A.B. c. España, antes citado, § 104).
81. A este respecto y tratándose de la obligación del Estado de determinar medidas positivas, el TEDH no ha cesado de decir que el artículo 8 implica el derecho de un progenitor a unas medidas propias para reunirle con su hijo, y la obligación para las Autoridades nacionales de tomarlas (ver, por ejemplo, Eriksson, anteriormente citado, § 71, serie A nº 156, y Margareta y Roger Andersson c. Suecia, 25 de febrero de 1992, § 91, serie A nº 226-A). En este tipo de asuntos, el carácter adecuado de una medida se juzga con respecto a la rapidez de su puesta en práctica (Maumousseau y Washington c. Francia, nº 39388/05, § 83, 6 de diciembre de 2007, Mincheva, anteriormente citado, § 86).
82. La cuestión decisiva en el presente caso consiste por lo tanto en saber si las Autoridades nacionales han tomado todas las medidas necesarias y adecuadas que se les podían razonablemente exigir, para que la niña pudiera llevar una vida familiar normal en el seno de su propia familia antes de entregarla a una familia de acogimiento y posteriormente de adopción.
83. En las circunstancias del presente caso, se puede ciertamente comprender que la trabajadora social A.L.N., dada la situación de G., haya podido decidir tomar la niña a su cargo y entregarla a un Centro de Acogida. Se trata de una medida extremadamente grave y no sin consecuencias tanto para la niña como para su madre. Al mismo tiempo, la urgencia de la situación y el interés superior del niño pueden obligar a una decisión tal. Ahora bien, esta decisión hubiera debido de acompañarse, en el más breve plazo, de las medidas más convenientes que permitieran evaluar en profundidad la situación de la niña y las relaciones con sus padres, todo ello en el respeto del marco legal en vigor. La niña ha sido separada de su madre contra la voluntad de ésta y trasladada inmediatamente a un Centro de Acogida por decisión de la trabajadora social A.L.N. Esta situación era particularmente grave, habida cuenta de la edad de la niña que no tenía aún cuatro años. Al TEDH no le convencen en absoluto las razones que la Administración y las jurisdicciones internas han estimado suficientes para justificar “cumplidamente la adopción de la tutela automática y de la declaración de desamparo”, en particular la pretendida gravedad del estado de la menor, su “desapego afectivo” respecto de su madre o incluso la indicación según la cual “el comportamiento violento de esta durante las visitas perturbaba la estabilidad y la evolución de la menor” (párrafo 3 citado anteriormente). El TEDH observa que en ningún momento del procedimiento administrativo ha sido tomada en cuenta la corta edad de la niña en el momento de la separación, o la relación afectiva existente previamente entre ella y su madre, ni el plazo transcurrido desde su separación, así como las consecuencias en que derivarían para ellas.
84. A diferencia de otros asuntos que el TEDH ha tenido la oportunidad de examinar, la hija de la demandante, en el presente caso, no había sido expuesta a una situación de violencia o de maltrato físico o psíquico (ver, de contrario, Dewinne c. Bélgica (decisión.), nº 56024/00, 10 de marzo de 2005 ; Zakharova c. Francia (decisión), nº 57306/00, 13 de diciembre de 2005), ni a abusos sexuales (ver, de contrario, Covezzi y Morselli c. Italia, nº 52763/99, § 104, 9 de mayo de 2003). Los Tribunales no han constatado déficits afectivos (ver, de contrario, Kutzner c. Alemania, nº 46544/99, § 68, CEDH 2002-I), estados de salud inquietantes de la niña o de desequilibrio psíquico de los padres (ver, de contrario, Bertrand c. Francia (decisión), nº 57376/00, de 19 de febrero de 2002; Couillard Maugery c. Francia, nº 64796/01, § 261, 1 de julio de 2004). Si bien es cierto que en algunos casos declarados inadmisibles por el TEDH, la situación de acogimiento podía haber sido motivada por las condiciones de vida insatisfactorias o por privaciones materiales, esto no había constituido nunca, sin embargo, el único motivo que sirviera de base a la decisión de los tribunales nacionales, y en los que otros elementos tales como el estado psíquico de los progenitores o su incapacidad afectiva, educativa y pedagógica, se añadían (Rampogna y Murgia c. Italia (decisión), nº 40753/98, 11 de mayo de 1999 ; M.G. y M.T.A. c. Italia (decisión), nº 17421/02, 28 de junio de 2005 ; Wallová y Walla c. Republica checa, nº 23848/04, §§ 72–74, 26 de octubre de 2006).
85. En el presente asunto, las capacidades educativas y afectivas de la demandante con respecto a su hija menor G. no han sido formalmente puestas en tela de juicio, aunque sus dos hijos mayores fueran entregados en acogimiento en familia extensa con el tío abuelo de su madre (párrafo 7 citado anteriormente). La asunción de la tutela de la niña fue tomada en razón a la situación de indigencia de la madre de G. en el momento de la toma de esta decisión sin que se haya tenido en cuenta su posterior evolución, En opinión del TEDH no se trataba más que de una carencia material padecida por la demandante que las Autoridades nacionales hubieran podido compensar con ayuda de otros medios que no fueran los de la separación total de la familia, medida última que no se puede aplicar más que en los casos más graves.
86. El TEDH estima que las Autoridades administrativas españoles hubieran debido contemplar otras medidas menos radicales que la de tomar a su cargo a la niña. El TEDH considera que el papel de las Autoridades de protección social es precisamente el de ayudar a las personas en dificultades que no tengan los conocimientos necesarios del sistema, de guiarlas en sus trámites, y de aconsejarlas, entre otras cosas, sobre los distintos tipos de prestaciones sociales disponibles, sobre las posibilidades de obtener una vivienda social o sobre medios para remontar sus dificultades, tal como la demandante había buscado hacerlo, inicialmente, (párrafo 8 citado anteriormente). Observa por otra parte que tanto el Juez de Primera Instancia nº 3 de Granada, en su sentencia del 18 de mayo de 2007, como la Audiencia Provincial de Granada, en su sentencia del 27 de junio de 2008, rechazaron tomar en cuenta el cambio de la situación financiera que la demandante pretendía hacer valer para oponerse a la declaración de desamparo de su hija (párrafo 28 citado anteriormente) y se limitaron a confirmar la declaración de desamparo adoptada por la Administración.
87. El TEDH señala por otra parte que el atestado inicial de la situación de desamparo de G. ha sido mecánicamente reproducido a lo largo de los procedimientos posteriores, en las cuales la voluntad de la Administración de entregar la niña a otros, ha sido claramente mostrada. El TEDH encuentra por lo menos sorprendente que la trabajadora social que desencadenó el procedimiento pidiera a la Cruz Roja que localizara a la demandante, afirmando que la familia que había « adoptado » a G. estaba igualmente “dispuesta a adoptar al lactante” cuya edad estimaba en alrededor de 9 meses, señalando que la interesada “se quedó embarazada hacía más de un año” (párrafo 26 citado anteriormente). Observa que la decisión del 14 de febrero de 2007 por la que la Delegación Provincial entrega a G en acogimiento pre-adoptivo (párrafo 34 citado anteriormente), tuvo en cuenta la situación de acogimiento familiar de dos hijos mayores de la demandante con su tío abuelo, así como la “posible” tutela de las Autoridades francesas del recién nacido de la demandante señalada por la trabajadora social. El TEDH estima que las Autoridades administrativas no han hecho más que reproducir sucesivamente las decisiones sin proceder de manera alguna a nuevas comprobaciones, ni a valorar, en base a elementos tangibles, la evolución de las circunstancias.
88. En lo que se refiere a la entrega de la niña, el TEDH señala que la demandante no ha cesado de oponerse a ello, apoyada al respecto por el Fiscal de Menores (párrafos 38 y 41 citados anteriormente), y que su propuesta alternativa, tendente a que el acogimiento familiar fuera confiado a su tío abuelo, fue rechazada mediante la sentencia de 4 de septiembre de 2009 del Juez de Primera Instancia de Granada (párrafo 39 citado anteriormente). El TEDH señala que el Juez descartó esta propuesta subsidiaria por considerar que su tío abuelo no reunía las condiciones de idoneidad para acoger a menores, sin motivar, de ninguna manera, esta afirmación, limitándose a decir que ésta constituiría una “sobrecarga” habida cuenta de que ya se la había confiado la guarda de los otros dos hijos de la demandante (párrafo 34 citado anteriormente). No habiendo sido autorizado a tomar parte en el procedimiento, el tío abuelo de la demandante no ha podido, por lo tanto, expresarse al respecto.
89. El TEDH recuerda su jurisprudencia citada en el párrafo 81 citado anteriormente, según la cual, el artículo 8 implica el derecho de un progenitor a medidas propias a reunirle con su hijo y la obligación de las Autoridades nacionales de tomarlas. Observa, que a pesar del apoyo del Fiscal de Menores a los argumentos de la demandante en contra de la adopción de un acogimiento familiar pre-adoptivo, esta opción ha sido considerada solamente en razón de la ausencia de contactos entre la menor y su madre desde hacía varios años, cuando los encuentros entre ellas habían sido precisamente suspendidos mediante decisiones administrativas y judiciales. El TEDH señala que para aducir, en su sentencia del 18 de junio de 2010, que el informe pericial psicológico presentado por la demandante no bastaba para demostrar su capacidad para cuidar a sus hijos, o para estimar que no había prueba convincente de que el riesgo de recaer en una situación de falta de cuidados, inicialmente constatada, hacia la niña, hubiera desaparecido, el Tribunal de apelación no juzgó necesario recabar otros informes o peritajes relativos al estado psíquico de la demandante, o a sus capacidades educativas. El TEDH estima que normalmente hay que considerar la asunción de la tutela de un niño como una medida provisional que ha de suspenderse en cuanto la situación se preste a ello y que todo acto de ejecución debe concordar con un fin último: reunir nuevamente al progenitor biológico con su hijo (Johansen c. Noruega, 7 de agosto de 1996, § 78, Recopilación 1996-III). Señala sin embargo que a la demandante se le ha obligado a probar que era una buena madre para su hija y que, cuando ha presentado los elementos de los que disponía para intentar demostrarlo, las jurisdicciones competentes han estimado, sin ningún argumento que lo sustentara, que estos elementos no eran suficientes para contrarrestar la opinión de la Administración, confirmada entretanto judicialmente.
90. El TEDH estima que la toma en consideración de la vulnerabilidad de la demandante en el momento en que su hija fue entregada en acogimiento institucional hubiera podido jugar un papel importante para entender la situación en la que se encontraban la niña y su madre. Asimismo, la evolución posterior de la situación financiera de la demandante no parece haber captado la atención del Juez. Éste se ha limitado a constatar en su sentencia del 4 de septiembre de 2009 “informes técnicos”, sin más precisiones en cuanto a su contenido, y a considerar que la “recuperación de las competencias educativas” no había sido probada, cuando ni siquiera había sido considerado ningún maltrato de la madre hacia su hija.
91. Señala además que el informe de seguimiento de 29 de marzo de 2011 del Servicio de Protección de Menores, ha demostrado que después de casi seis años que se la separara de la demandante, la niña estaba bien integrada en su familia de acogimiento, que proveía todas sus necesidades materiales y afectivas y con la que vive desde el 16 de febrero de 2007. El TEDH observa a este respecto que el paso del tiempo ha tenido como efecto hacer muy difícilmente reversible una situación que se hubiera podido enmendar con otros medios que no fueran la separación y la declaración de la niña en situación de desamparo.
92. Es así como el tiempo transcurrido, consecuencia de la inercia de la Administración, y la propia inercia de las jurisdicciones internas, que no han estimado irrazonables los motivos dados por la Administración para privar a una madre de su hija fundándose, únicamente, en motivos económicos – la salud mental de la madre, inicialmente esgrimida, no fue objeto de ninguna peritación -, han contribuido, de manera decisiva, a la imposibilidad de cualquier reagrupamiento familiar entre la demandante y su hija. La demandante y su hija se vieron por última vez el 27 de septiembre de 2005, y, desde entonces, la demandante no ha cesado de reclamarla, tanto ante los órganos competentes de la Administración, como ante las jurisdicciones internas.
93. Habida cuenta de estas consideraciones y no obstante el margen de apreciación del Estado demandado en la materia, el TEDH concluye que las Autoridades españolas no han desplegado los esfuerzos adecuados y suficientes para hacer respetar el derecho de la demandante a vivir con su hija, ignorando así su derecho al respeto de su vida privada y familiar, garantizado por el artículo 8.
94. En consecuencia, ha habido violación del artículo 8.
II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 14 EN COMBINACIÓN CON EL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO
95. La demandante denuncia una discriminación en razón a su raza, a su origen guineano, a su color, a su apariencia externa, a su cultura y a su modo de vida, por el hecho de que su estructura familiar extensa no ha sido entendida por las jurisdicciones españolas. Invoca el artículo 14 del Convenio.
96. El Gobierno impugna esta tesis.
97. El TEDH señala que este agravio está vinculado al examinado anteriormente y debe, por lo tanto ser, también admitido.
98. Habida cuenta de la argumentación de la demandante en este caso y de los motivos por los que la violación del artículo 8 ha sido constatada (párrafo 94 citado anteriormente), el TEDH estima que no se plantea ninguna cuestión distinta desde la perspectiva del artículo 14, en combinación con el artículo 8 del Convenio. Por consiguiente, no procede examinar este agravio con mayor profundidad (B.S. c. España, nº 47159/08, § 76, 24 de julio de 2012).
III. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO
99. Según los términos del artículo 41 del Convenio,
“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”.
A. Daños
100. El TEDH recuerda su bien establecida jurisprudencia según la cual, una sentencia constatando una violación, conlleva para el Estado demandado la obligación jurídica, con respecto al Convenio, de poner término a la violación y de eliminar las consecuencias de manera a restablecer, en la medida de lo posible, la situación anterior a aquella. Los Estados contratantes, partes en un asunto son libres, en principio, de elegir los medios que utilizaran para acatar una sentencia constatando una violación.
101. En el presente asunto, el TEDH recuerda que ha concluido que las Autoridades españolas no han desplegado los esfuerzos adecuados y suficientes para hacer respetar el derecho de la demandante a vivir con su hija, violando su derecho al respeto de su vida privada y familiar, garantizado por el artículo 8. Por consiguiente, las Autoridades nacionales competentes deben tomar las medidas apropiadas en el interés superior de la niña.
102. La demandante reclama 176.000 euros en concepto de perjuicio que habría sufrido, de los cuales 88.000 euros por la violación del artículo 8 y 88.000 euros por la violación del artículo 14.
103. El Gobierno estima estas cantidades excesivas.
104. Resolviendo en equidad, el TEDH considera que procede otorgar a la demandante la cantidad de 30.000 EUROS en concepto de perjuicio moral.
B. Gastos y costas
105. La demandante solicita igualmente 5.754,57 euros por los gastos y costas devengados ante las jurisdicciones internas y 4.235 Euros por los involucrados ante el TEDH. Presenta una factura por importe de 188,57 euros por gastos y costas correspondientes al Procurador ante el Tribunal Constitucional.
106. El Gobierno estima que los gastos expuestos no están suficientemente respaldados y solicita el rechazo de la demanda.
107. Según la jurisprudencia del Tribunal, un demandante solo puede obtener el reembolso de sus gastos y costas en la medida en que se encuentren fehacientemente justificados, sean necesarios y, del carácter razonable de su importe. Además, el artículo 60 § 2 del Reglamento, prevé que toda pretensión presentada à título del artículo 41 del Convenio, debe ser cifrada, desglosada por capítulo y acompañada de los justificantes necesarios, ya que, en su defecto, el TEDH puede rechazar la demanda en todo o en parte (Buscarini y otros c. San Marino [GC], nº 24645/94, § 48, TEDH 1999-I y Gómez de Liaño y Botella c. España, º 21369/04, § 86, 22 de julio de 2008). En el presente caso, la demandante no ha sometido más que los gastos correspondientes al Procurador ante el Tribunal Constitucional. El TEDH estima el importe de 188 Euros razonable, y se lo concede a la demandante.
C. Intereses por mora
108. El Tribunal juzga conveniente imponer el mismo tipo de interés por mora que el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo más tres puntos en porcentaje.
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD,
1. Declara la demanda admisible;
2. Falla que ha habido violación del artículo 8 del Convenio;
3. Falla que ninguna cuestión distinta se plantea desde la perspectiva del artículo 14 en combinación con el artículo 8 del Convenio;
4. Falla por unanimidad,
a) que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los tres meses siguientes al día en que la sentencia haya adquirido carácter de firmeza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 § 2 del Convenio, los siguientes importes:
i) 30.000 euros (treinta mil euros), más cualquier importe que se pueda devengar en concepto de tributos, por daño moral;
ii) 188 euros (ciento ochenta y ocho euros), más cualquier importe que se pueda devengar en concepto de tributos por la demandante, en concepto de gastos y costas;
b) que a partir de la expiración de dicho plazo, y hasta el momento del pago, estos importes serán incrementados del interés simple de un tipo igual al de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo aplicable durante este período, más tres puntos de porcentaje;
5. Rechaza la demanda de satisfacción equitativa por lo demás
Hecho en francés, y posteriormente comunicado por escrito el 18 de junio de 2013, en aplicación del artículo 77 §§ 2 y 3 del Reglamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall Secretario Presidente
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