Sentencia 23196/94
CASO ROLF GUSTAFSON CONTRA SUECIA
Artículo 6.1 (Derecho a un proceso equitativo) Sentencia de 1 de julio de 1997
Mediante sentencia dictada en Estrasburgo el 1 de julio de 1997 en el caso Rolf Gustafson contra Suecia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció por unanimidad que el recurso presentado por el demandante en el que se aspiraba a obtener una indemnización por perjuicio como resultado de una infracción se resolvió por un Tribunal de acuerdo con las exigencias en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos . En consecuencia, no ha habido violación del mencionado artículo.
La sentencia fue leída en audiencia pública por el señor Rolv Ryssdal, Presidente del Tribunal.
1. HECHOS
Desde 1973 el señor Gustafson ha pasado un total de ocho años de prisión, y cumple en la actualidad una pena de un año por falta grave de falsificación. Pretendía haber sido en dos ocasiones, en 1991, víctima de un secuestro y de una extorsión de fondos cometidos por un llamado señor L. que había participado en algunas de las infracciones por las cuales el señor Gustafson había sido encarcelado.
El 25 de marzo de 1993 el señor L. fue declarado culpable de un delito de secuestro y de extorsión de fondos.
El 28 de abril de 1993 el Tribunal de primera instancia de Estocolmo le condenó a seis años de prisión y le ordenó pagar al demandante una indemnización de 144.350 SEK en concepto de daños y perjuicios. Dicha condena fue, no obstante, revocada por el Tribunal de apelación de Svea el 2 de julio de 1993, basándose en que los cargos que pesaban sobre el señor L. no habían sido probados. La condena por daños y perjuicios fue también anulada. El demandante no solicitó la autorización para acudir ante el Tribunal Supremo.
El 15 de abril de 1993 el señor Gustafson presentó ante la Oficina de Indemnización de las víctimas de infracciones una demanda de reparación de conformidad con la Ley de 1978 sobre los perjuicios resultantes de infracciones. Se había reservado el derecho de aumentar las pretensiones complementarias una vez que se hubiese resuelto el procedimiento en la instancia penal. El 12 de agosto de 1993 remitió a estos efectos a la Oficina sendas copias de las decisiones del Tribunal de primera instancia y del Tribunal de apelación y pidió a la Oficina que continuara con el examen de su demanda ante ella. El 26 de agosto esta Oficina lo estimó, estimando que no quedaba probado que el demandante hubiera sufrido un perjuicio resultante de una infracción.
El 11 de noviembre de 1993 el demandante conminó a la Oficina para que examinase una vez más su solicitud, y como apoyo a dicha demanda le presentó un informe médico así como la declaración de un policía, unas pruebas que habían sido ya presentadas ante el Tribunal de primera instancia y ante el Tribunal de apelación. El 1 de junio de 1994 la Oficina rechazó la petición. Su fallo no es susceptible de recurso.
2. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS
Presentada la demanda el 5 de noviembre de 1993, la Comisión la admitió a trámite el 22 de febrero de 1995. En su informe de 18 de octubre de 1995 estableció por unanimidad que no se había vulnerado el artículo 6.1 del Convenio, basándose en que dicho artículo no es aplicable de acuerdo con las circunstancias del caso.
3. RESUMEN DE LA SENTENCIA
I. Aplicabilidad
El Tribunal examinó en primer lugar si, de acuerdo con la jurisprudencia, el artículo 6.1 del Convenio era aplicable a la petición de indemnización presentada por el demandante. Subraya que existía discrepancia respecto del presunto derecho del demandante a la indemnización, ya que la Oficina había estimado que el interesado no había aportado las pruebas suficientes que demostrasen que había sido víctima de una infracción. El Tribunal considera además que cuando un tribunal debe pronunciarse sobre una demanda, ésta debe ser presuntamente real y seria, salvo si existen pruebas claras de lo contrario. Aunque el demandante pueda no haber presentado ante la Oficina nuevas pruebas en apoyo a sus alegaciones por las que había sufrido un perjuicio personal como resultado de una infracción, ello no es por sí solo suficiente para rechazar tal presunción.
A este respecto, el Tribunal subraya que la decisión del tribunal de apelación por la que se absuelve al señor L. no era vinculante para esta cuestión, que era totalmente distinta y que entraba dentro del ámbito de decisión de la Oficina, que debía aplicar sus propios criterios jurídicos.
A la luz de lo establecido en la Ley de 1978, el Tribunal estimó asimismo que todo demandante que cumpliera aquella condición tenía, en virtud de la ley, un derecho a ser indemnizado y que el derecho pretendido por el interesado tendía a concederle una ventaja patrimonial, siendo, por tanto, un derecho de carácter civil bajo la forma de indemnización.
En consecuencia, el Tribunal concluye, por siete votos a favor y dos en contra, que el artículo 6.1 del Convenio debe ser aplicado.
II. Cumplimiento
En segundo lugar, el Tribunal se centra en el fundamento de la demanda presentada, relativa a la ausencia de garantías procesales ante la Oficina. Recordó que, a los fines del artículo 6.1, un Tribunal no debía necesariamente ser una jurisdicción de tipo clásico, integrado en las estructuras judiciales ordinarias. Podía, como la Oficina cuestionada, haber sido creado para conocer de cuestiones relativas a un ámbito particular. Lo que importaba para asegurar el cumplimiento del artículo 6.1 eran las garantías, tanto materiales como procesales, que existiesen.
En cuanto a la denuncia del demandante relativa al proceso de toma de decisiones en la Oficina, el Tribunal destaca que el artículo 14 de la Ley de 1986 sobre la administración que regulaba la Oficina, regulaba de forma explícita la posibilidad de debates orales. Ahora bien, el demandante no solicitó ninguno, aun sabiendo perfectamente que la Oficina los organizaba en contadas ocasiones. De todo ello el Tribunal establece que se podía razonablemente considerar que el interesado renunció a su derecho a una audiencia ante la Oficina al no haberla solicitado cuando depositó su demanda o cuando invitó a la Oficina a reexaminar su decisión. Además no parecían existir razones de oportunidad que exigieran que la Oficina convocara al interesado, puesto que tenía ante ella el expediente completo.
La Oficina podía perfectamente decidir sin organizar debates orales si las pruebas adjuntadas al expediente probaban que el demandante había sido víctima de una infracción. Con el mismo razonamiento, el Tribunal no puede tampoco admitir las argumentaciones del señor Gustafson por las que su demanda ha sido objeto de un examen superficial y estereotipado. Además, los motivos alegados por la Oficina eran, en el presente caso, suficientes para justificar el rechazo de la demanda, confirmado nuevamente en la fase posterior.
Por otro lado, el Tribunal estima que el hecho de que la Oficina cumpliese dentro de las necesidades del caso con las exigencias del artículo 6.1 es suficiente en sí mismo para considerar, en las circunstancias particulares del caso, que no ha existido un desconocimiento del artículo 6.1, aunque las decisiones de la Oficina no sean susceptibles de recurso.
Por tanto, el Tribunal concluye que el demandante ha tenido acceso a un tribunal para hacer valer su derecho de carácter civil a ser indemnizado de acuerdo con la Ley de 1978, y en consecuencia, no ha habido violación del artículo 6.1 del Convenio.
Los jueces Ryssdal y Palm han formulado de forma conjunta una opinión en parte disidente y en parte conforme. Asimismo, se adjuntan dos opiniones conformes, la del juez Walsh y la del juez De Meyer. Todas se encuentran adjuntas a la sentencia.
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