Sentencia 32605/96
CASO RUTTEN CONTRA LOS PAÍSES BAJOS
Artículo 5.1 y 5.4 (Derecho a la libertad y a la seguridad) Sentencia de 24 de julio de 2001
Por sentencia comunicada hoy por escrito en el caso Rutten contra los Países Bajos, el Tribunal declaró:
por seis votos contra uno, que no existió violación del artículo 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos ;
por unanimidad, que existió violación del artículo 5.4 del Convenio;
por unanimidad, que la comprobación de la violación constituye en sí una satisfacción equitativa suficiente por el perjuicio moral eventualmente sufrido por el demandante.
A tenor del artículo 41 (satisfacción equitativa) del Convenio, el Tribunal concede al demandante por costas y gastos 7.000 florines, menos 1.354,23 euros.
1. HECHOS
El caso se refiere a una petición presentada por un ciudadano holandés, Sr. Ronald Rutten, nacido en 1970 y con domicilio en Doetinchem (Países Bajos).
El 13 de agosto de 1992, el Tribunal de apelación de Arnhem encontró al demandante culpable de tentativa de homicidio y le condenó a una pena de prisión de ocho meses. Como medida de seguridad, el Tribunal ordenó igualmente su internamiento combinado con un tratamiento psiquiátrico obligatorio, medida que entró en vigor el 4 de septiembre de 1992 y debía finalizar el 4 de septiembre de 1994. El 9 de septiembre de 1994, el Tribunal del distrito de Arnhem prorrogó la medida un año, hasta el 4 de septiembre de 1995.
El 19 de julio de 1995, el fiscal solicitó al Tribunal del distrito de Arnhem prorrogar la medida de seguridad un año. Por decisión del 6 de octubre de 1995, esta jurisdicción prorrogó la medida durante un año.
El demandante recurrió al Tribunal de apelación de Arnhem el 11 de octubre de 1995. Por sentencia del 29 de enero de 1996, éste observó que la decisión del 6 de octubre de 1995 había sido tomada diecisiete días después del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal . Declaró que el Tribunal del distrito habría podido y debido fijar la audiencia antes del vencimiento del plazo fijado pero que el incumplimiento de este plazo no suponía ni la inadmisibilidad de la petición del fiscal, ni la incompetencia del Tribunal del distrito para decidir sobre esta decisión, ni el fin de la medida de seguridad.
El Tribunal de apelación decidió anular la decisión del 6 de octubre de 1995. Después de haber tomado nota del informe de la institución psiquiátrica donde estaba internado el demandante y el de un experto respecto al estado de salud del interesado, el Tribunal decidió prolongar el internamiento de éste por un plazo de un año.
2. PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
La petición se presentó ante la Comisión Europea de Derechos Humanos el 28 mayo de 1996. El 1 de noviembre de 1998 se transmitió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal (primera sección) la declaró admisible el 28 de marzo de 2000.
La sentencia se dictó por una sala compuesta de siete jueces, a saber: Elisabeth Palm (sueca), presidenta, Wilhelmina Thomassen (holandesa), Gaukur Jörundsson (islandés), Riza Türmen (turco), Corneliu Bîrsan (rumano), Josep Casadevall (andorrano), Rait Maruste (estonio), jueces, así como de Michael O’Boyle, secretario de sección.
3. RESUMEN DE LA SENTENCIA
I. Quejas
El demandante alega la violación de sus derechos garantizados por el artículo 5.1 y 5.4 (derecho a la libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos . Pretende que la decisión de prorrogar la medida de seguridad no se tomó rápidamente en el marco de un procedimiento previsto por la ley ya que ninguna decisión de justicia autorizó su detención durante el período comprendido entre el 4 de septiembre y el 6 de octubre de 1995.
II. Decisión del Tribunal
Artículo 5 del Convenio
El Tribunal considera que el vencimiento de la medida de seguridad no supuso la ilegalidad de la detención del demandante. En efecto, la situación que se presenta en el presente caso estaba prevista por el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal que enuncia que la medida permanece en vigor hasta que se tome una decisión definitiva sobre la petición de prórroga. Además, el Tribunal toma nota de que la detención del demandante entre el vencimiento de la medida y la decisión del Tribunal del distrito de Arnhem respecto a la petición de prórroga no podría pasar por una privación arbitraria de libertad. En consecuencia, no hubo violación del artículo 5.1 del Convenio. No obstante, señalando que la petición de prórroga de la medida fue examinada por el Tribunal del distrito de Arnhem más de dos meses y diecisiete días después de la fecha de su presentación, que esta jurisdicción dictó su decisión más de un mes después del vencimiento de la medida, y que ha sido preciso esperar después más de tres meses para que el Tribunal de apelación de Arnhem se pronunciase sobre la apelación del demandante, el Tribunal considera que no se ha pronunciado en breve plazo sobre la legalidad de la detención del interesado, a tenor del artículo 5.4 del Convenio. En consecuencia, existió violación de esta disposición.
El Sr. Juez Maruste expresó un voto parcialmente discordante, cuyo texto se encuentra adjunto a la sentencia.
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