CASE OF STANEV v. BULGARIA - [Spanish Translation] by the COE/ECHR

GRAN SALA

ASUNTO STANEV c. BULGARIA

(Demanda no 36760/06)

SENTENCIA

ESTRASBURGO

17 enero 2012

Esta sentencia es definitiva. Puede sufrir retoques de forma.

© Consejo de Europa/Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2013. Esta traducción no vincula al Tribunal. Para más información véase la indicación completa sobre derechos de autor al final de este documento.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2013. This translation does not bind the Court. For further information see the full copyright indication at the end of this document.

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En el asunto Stanev contra Bulgaria

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala) constituido en una Sala compuesta por los siguientes Jueces, Nicolas Bratza, Presidente, Jean-Paul Costa, Françoise Tulkens, Josep Casadevall, Nina Vajić, Dean Spielmann, Lech Garlicki, Khanlar Hajiyev, Egbert Myjer, Isabelle Berro-Lefèvre, Luis López Guerra, Mirjana Lazarova Trajkovska, Kalaydjieva, Ganna Yudkivska, A. de Gaetano, Angelika Nußberger, Julia Laffranque, así como por el señor Vincent Berger, jurisconsulto,

Tras haber deliberado en privado los días 9 de febrero y 7 de diciembre de 2011,

Dicta la siguiente,

SENTENCIA

PROCEDIMIENTO

1. El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 36760/06) dirigida contra la República de Bulgaria, que un ciudadano de este Estado, el Sr. Rousi Kosev Stanev (”el demandante”) presenta ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (”el Convenio”), el 8 de septiembre de 2006.

2. El demandante que obtuvo el beneficio de la justicia gratuita, está representado por la Sra. A. Genova, abogada en Sofía y por las Sras. V. Lee y L. Nelson, juristas del Mental Disability Advocacy Center, organización no gubernamental con sede en Budapest. El Gobierno Bulgaro (”el Gobierno”) está representado por sus agentes, Sras. N. Nikolova y R. Nikolova, del ministerio de Justicia.

3. El demandante alega su internamiento en un hogar para personas con trastornos mentales y la imposibilidad de obtener una autorización para abandonarlo (artículo 5.1, 5.4 y 5.5 del Convenio). Invocando el artículo 3 tomado aisladamente y en relación con el artículo 13, alegó también las condiciones de vida en ese hogar. Asimismo denunció la ausencia de acceso a un tribunal para solicitar el cese de la asistencia (artículo 6 del Convenio). Finalmente alegó que las restricciones derivadas del régimen asistencial, incluido el internamiento en el hogar, suponían una violación de su respeto a su vida privada en el sentido del artículo 8, solo y en relación con el artículo 13 del Convenio.

4. La demanda correspondió a la sección quinta del Tribunal (art. 52.1 del reglamento del Tribunal - “el reglamento”). El 29 de junio de 2010, tras una audiencia que examinó a la vez la admisibilidad y el fondo del asunto (art. 54.3 del reglamento) celebrada el 10 de noviembre de 2009 fue declarada admisible por una sala de la mencionada sección compuesta por Peer Lorenzen, presidente, Renate Jaeger, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska et Zdravka Kalaydjieva, jueces, así como por Claudia Westerdiek, secretaria de sección. El 14 de septiembre de 2010, una sala de la misma sección compuesta por Peer Lorenzen, presidente, Renate Jaeger, Rait Maruste, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska y Zdravka Kalaydjieva, jueces, así como por Claudia Westerdiek, secretaria de sección, se inhibió a favor de la Gran Sala, sin que ninguna de las partes mostrara su oposición (artículos 30 del Convenio y 72 del reglamento).

5. La composición de la Gran Sala se aprobó de conformidad con los artículos 26.4 y 26.5 del Convenio y art. 24 del reglamento.

6. Tanto el demandante como el Gobierno presentaron escritos de alegaciones sobre el fondo del asunto.

7. Igualmente se recibieron alegaciones de la organización no gubernamental Interights, a quien el presidente había autorizado a intervenir en el procedimiento escrito (artículos 36.2 del Convenio y 44.3 del reglamento).

8. El 9 de febrero de 2011 tuvo lugar una audiencia pública en el Palacio de derechos humanos, Estrasburgo (artículo 59.3 del reglamento).

Comparecen:

Por parte del Gobierno

Sras. N. Nikolova, ministerio de Justicia,

R. Nikolova, ministerio de Justicia, co-agentes;

Por parte del demandado

Sra. A. Genova, abogada,

Sras. V. Lee,

L. Nelson, consejeras.

El Tribunal les escuchó en sus declaraciones, estando el demandante igualmente presente.

HECHOS

I. CIRCUNSTANCIAS DEL ASUNTO

9. El demandante nació en 1956 en Roussé, donde vivió hasta diciembre de 2002 y donde residen igualmente su hermanastra y la segunda esposa de su padre, sus únicos parientes próximos. El 20 de diciembre de 1990, el demandante fue declarado no apto para trabajar por una comisión de médicos laborales. En opinión de la comisión, debido a un diagnóstico de esquizofrenia, el interesado tenía una incapacidad del 90% pero no tenía necesidad de asistencia. Percibe una pensión de invalidez por este concepto.

A. La curatela del demandante y su ingreso en un hogar social para personas con trastornos mentales

10. En una fecha no precisada en 2000, a solicitud de los dos miembros de la familia del demandante, el fiscal general de Roussé solicitó al tribunal regional de esta misma ciudad la declaración de incapacidad jurídica total del demandante. Por sentencia del 20 de noviembre de 2000, el tribunal declaró al interesado parcialmente incapaz a causa de una esquizofrenia simple que sufría desde 1975 y que alteraba su capacidad para gestionar sus asuntos e intereses así como para prever las consecuencias de sus actos. Consideró que el estado del demandante no era de tal gravedad como para declarar la incapacitación total. Constató en concreto que durante el periodo trascurrido entre 1975 y 2000, el interesado había ingresado en numerosas ocasiones en un hospital psiquiátrico. El tribunal consideró un informe pericial médico redactado durante el procedimiento y escuchó al demandante. Asimismo, según ciertos testimonios, el interesado había vendido todas sus posesiones, mendigaba, gastaba todo su dinero en alcohol y se volvía agresivo cuando bebía.

11. Esta sentencia fue confirmada por una sentencia dictada el 12 de abril de 2001 por el tribunal de apelación de Veliko Tarnovo al que el demandante había recurrido, y notificada el 7 de junio de 2001 al municipio de Roussé para que éste nombrara un curador.

12. Al rechazar los parientes del demandante asumir las responsabilidades de la curatela, el 23 de mayo de 2002, el municipio designó a R.P., funcionaria municipal como curadora del demandante hasta el 31 de diciembre de 2002.

13. El 29 de mayo de 2002, R.P. solicitó a los servicios sociales de Roussé el ingreso del demandante en un hogar social para enfermos mentales. Adjuntó al formulario de solicitud, una serie de documentos, entre ellos un diagnóstico psiquiátrico. Los servicios sociales llevaron a cabo una investigación social por la que constataron que el interesado sufría esquizofrenia, que vivía solo en un pequeño anexo casi derruido de la casa de su hermanastra y que ésta y la segunda esposa de su padre habían declarado no querer asumir la tutela. Por tanto, se consideró que se cumplían las condiciones para el ingreso en el centro social.

14. El 10 de diciembre de 2001, se firmó un contrato de internamiento en institución social entre R.P. y el hogar para adultos con trastornos mentales situado cerca del pueblo de Pastra (”el hogar de Pastra”) en el municipio de Rila, establecimiento dependiente del ministerio de Trabajo y Política social. El demandante no fue informado de este contrato.

15. Ese mismo día, el demandante fue trasladado en ambulancia al hogar de Pastra, situado a alrededor de 400 km. de Roussé. Ante el Tribunal afirma no haber recibido explicaciones sobre las razones y la duración de su traslado, lo que no es discutido por el Gobierno.

16. El 14 de diciembre de 2002, a petición del director del hogar de Pastra, el demandante fue registrado como domiciliado en el municipio de Rila. El certificado de domiciliación indicaba que se había modificado su dirección a efectos de su “custodia permanente”. Según los últimos documentos incluidos en el sumario en febrero de 2011, el demandante se encontraba todavía en el hogar en cuestión en ese momento.

17. El 9 de septiembre de 2005, la abogada del demandante solicitó al municipio de Rila que nombrara un curador para su cliente. Por una carta del 16 de septiembre de 2005, fue informada que el 2 de febrero de 2005 el municipio había decidido nombrar al director del hogar social de Pastra como su curador.

B. La estancia del demandante en el hogar de Pastra

1. Las disposiciones del contrato de internamiento

18. El contrato firmado entre la curadora R.P y el hogar de Pastra el 10 de diciembre de 2002 (apartado 14) no mencionaba el nombre del demandante. En virtud de las disposiciones, el hogar proporcionaba alimento, vestido, servicios médicos, y calefacción y, evidentemente el alojamiento, mediante el pago de una cantidad determinada por ley. Parece que la pensión del demandante se trasfería en su totalidad al hogar para pagar esa cantidad. El contrato disponía que el 80% de esta cantidad sería asignada al pago de los servicios prestados y el 20% restante se reservaba para gastos personales. Se deduce del sumario que la pensión de invalidez del demandante, actualizada a 2008 ascendía a 130 levs (BGN), alrededor de 65 euros. El contrato no disponía la duración de las prestaciones en cuestión.

2. Descripción de los lugares

19. El hogar de Pastra se encuentra en una parte aislada del macizo de Rila, al sudoeste de Bulgaria. Se accede a él por un camino de tierra desde Pastra, que es la localidad más cercana, situada a 8 km.

20. Construido en la década de 1920, el establecimiento consta de tres edificios y acoge a residentes varones, que se dividen según su estado de salud mental. Según un informe de la agencia de asistencia social de abril de 2009, el hogar albergaba a setenta y tres personas, estando una persona hospitalizada y dos fugados. Entre los residentes, veintitrés tenían la incapacitación total legal, dos estaban parcialmente privados de capacidad y el resto disfrutaba de plena capacidad jurídica. Cada edificio dispone de un patio rodeado por una valla metálica alta. El demandante fue instalado en el bloque 3 reservado para las personas cuyo estado de salud era menos grave, que podían moverse alrededor del hogar y podían ir solos al pueblo cercano con autorización previa.

21. De acuerdo con el demandante, el hogar estaba anticuado y sucio, y raramente calentado en invierno, de tal manera que él y el resto se veían obligados a acostarse con sus abrigos en invierno. El demandante compartía una habitación de 16 m2 con otras cuatro personas y las camas estaban prácticamente una al lado de la otra. Tenía sólo una mesita para guardar su ropa, pero prefería guardarla en su cama por temor a que se la robaran durante la noche y la sustituyeran por ropa vieja. De hecho, los residentes del hogar no tenían vestuario propio porque no se lo devolvían después de dejarlo para lavar.

3. Alimentación y condiciones de higiene y salubridad

22. El demandante afirma que la alimentación en el hogar era insuficiente y de mala calidad. No podía participar ni en la elección ni en la preparación de la comida.

23. El acceso a los baños estaba autorizado una vez por semana y estos eran insalubres y estaban estropeados. Los urinarios instalados en el patio, insalubres y en pésimo estado consistían en dos agujeros cavados en el suelo, cubiertos por ladrillos estropeados. No había más que un WC para ocho personas como mínimo. Los productos de higiene solo estaban disponibles de forma esporádica.

4. Recientes acontecimientos

24. En su presentación ante la Gran Sala, el Gobierno afirmó que se realizaron obras de remodelación a finales de 2009 en la parte del edificio habitada por el demandante, incluyendo instalaciones sanitarias. Más adelante se dotó al hogar de calefacción central. La comida, variada, se componía regularmente de frutas y legumbres, así como carne. Los residentes tenían acceso a la televisión, libros y juegos. El Estado proporcionaba ropa para todos los residentes. El demandante no discutió estas afirmaciones.

5. Los desplazamientos del demandante

25. La dirección de la institución retuvo los documentos de identidad del demandante, que sólo podía salir del hogar con el permiso especial del director. El demandante acudía con asiduidad al pueblo de Pastra. Parece que con motivo de estas visitas ayudaba a sus vecinos principalmente en trabajos domésticos o prestaba sus servicios al restaurante del pueblo.

26. Entre 2002 y 2006, el interesado regresó en tres ocasiones a Roussé con un permiso de salida. La duración autorizada para estos viajes era de unos diez días. El costo del viaje ascendió a 60 BGN alrededor de 30 euros, cantidad pagada al demandante por la administración del hogar.

27. Con motivo de sus dos primeras estancias en Roussé, el demandante volvió a Pastra antes de finalizar la duración de su permiso. Según una declaración del director del hogar hecha ante la fiscalía en una fecha no especificada, la persona en cuestión había regresado de manera adelantada porque no podía gestionar sus recursos financieros y no tenía ninguna vivienda.

28. La tercera salida fue autorizada desde el 15 al 25 de septiembre de 2006. Al no volver el interesado en la fecha prevista, el 13 de octubre de 2006, el director del hogar solicitó por carta a la policía municipal de Roussé su búsqueda y traslado a Sofía, donde los empleados del hogar podrían conducirle hasta Pastra. El 19 de octubre de 2006, la policía de Roussé informó al director que el demandante había sido localizado, pero que la policía no podía asegurar su traslado alegando que no se había emitido ningún aviso de búsqueda. El interesado fue reconducido al hogar el 31 de octubre de 2006, al parecer por los empleados de la institución.

6. Posibilidad de actividades culturales y recreativas

29. El interesado tenía acceso a televisión, algunos libros y a un tablero en una sala común del hogar hasta las 15 horas, siendo posteriormente cerrada con llave. La sala no estaba climatizada en invierno y los residentes permanecían vestidos con sus abrigos, guantes y sombreros. No podía realizarse ninguna otra actividad social, cultural o deportiva.

7. Correspondencia

30. El demandante afirma que el personal del hogar se negaba a proporcionarle sobres para su correspondencia y que, en la medida en que no disponía de su propio dinero, no podría comprar. De hecho, el personal le pedía sus cartas para meterlas en sobres y enviarlas por correo.

8. Tratamiento médico

31. Como se indica en el certificado médico del 15 de junio de 2005 (apartado37), desde su ingreso en el hogar en 2002, el demandante, seguía bajo el control mensual de un psiquiatra, un tratamiento antipsicótico (carbamazepina (600 mg.)).

32. Además, en la audiencia ante la Gran Sala, los representantes del demandante, declararon que su cliente se encontraba en un estado de remisión estable desde el año 2006 y que en los últimos años no había recibido ningún tratamiento psiquiátrico.

C. La evaluación de las capacidades sociales del demandante durante su estancia en Pastra y las conclusiones del informe psiquiátrico redactado a instancias de su abogada

33. Una vez al año, el director y el asistente social del hogar elaboraban informes de evaluación sobre el comportamiento y las habilidades sociales del demandante. Según estos informes, el demandante se encerraba en si mismo, prefería quedarse solo en lugar de participar en las actividades de la comunidad, se negaba a tomar su medicación y no tenía parientes cercanos donde alojarse durante sus permisos de salida. Tenía una mala relación con su hermanastra y realmente no se sabía si tenía una vivienda fuera del hogar. Estos informes concluían que era imposible que el demandante se reintegrara en la sociedad y señalaban como objetivo la adquisición de capacidades y conocimientos necesarios para su reinserción en la sociedad y, a largo plazo su reintegración en su familia. Parece que nunca se le propuso una terapia encaminada a tales objetivos.

34. Se deduce del sumario que el 2005 el curador del demandante solicitó ante la municipalidad la concesión de una prestación social con vistas a facilitar la reinserción social del interesado. Tras dicha solicitud, el 30 de diciembre de 2005, la dirección municipal de la asistencia social procedió a una “evaluación social” del demandante que concluyó que el demandante no era capaz de trabajar, ni siquiera en un entorno protegido, y no tenía necesidad de formación ni de recalificación, y que, en estas condiciones, tenía derecho a una prestación social para gastos de trasporte, subsistencia y medicamentos. El 7 de febrero de 2007, la dirección municipal de asistencia social concedió al demandante una prestación mensual de 16,50 BGN (alrededor de 8 euros). El 3 de febrero de 2009 esta cantidad aumentó a 19,50 BGN (alrededor de 10 euros).

35. Además, por iniciativa de su abogada, el 31 de agosto de 2006, el demandante fue examinado por el dr. V.S., un psiquiatra diferente del que visitaba habitualmente el hogar, al igual que por una psicóloga, la sra. I.A. El informe elaborado en esta ocasión concluyó que el diagnóstico de esquizofrenia formulado el 15 de junio de 2005 (apartado 37) no era exacto, pues el paciente no presentaba todos los síntomas de esta patología. Indicaba que, aunque el interesado había padecido esta enfermedad en el pasado, en el momento de su examen no había mostrado signos de agresividad, más bien una actitud suspicaz y una ligera tendencia a la “agresividad verbal”, que entre 2002 y 2006 no había seguido tratamiento para esta enfermedad, y que su estado de salud se encontraba claramente estabilizado. El informe precisaba que no se observaba ningún riesgo de deterioro de su salud mental e indicaba que, en opinión del director del hogar, el demandante era capaz de reinsertarse en la sociedad.

36. Según el informe, la estancia en el hogar de Pastra era muy destructiva para la salud del demandante y sería deseable que abandonara el hogar, de lo contrario corría el riesgo de presentar un “síndrome de institucionalización” conforme aumentaba su estancia. El informe añadía que sería más adecuado para la salud mental y el desarrollo social del individuo permitirle adaptarse a la vida en sociedad con las menores restricciones posibles, y que el único factor a controlar era su tendencia al abuso de alcohol, que ya se había manifestado antes de 2002. Según los expertos que habían examinado al demandante, el comportamiento de un dependiente del alcohol podría presentar características similares a la de un esquizofrénico; Por lo tanto, en el caso de la persona en cuestión, era conveniente permanecer alerta y no confundir las dos patologías.

D. Los intentos del demandante para obtener el cese de la curatela

37. El 25 de noviembre de 2004, el demandante solicitó a la fiscalía, a instancias de su abogada una solicitud de restablecimiento de su capacidad jurídica. El 2 de marzo de 2005, el fiscal invitó al hogar de Pastra que presentara el informe de un médico y otros certificados médicos relativos a los problemas médicos que sufría el demandante con vistas a una posible acción judicial tendente al restablecimiento de su capacidad jurídica. Tras esta solicitud, el demandante fue trasladado al hospital psiquiátrico entre los días 31 de mayo al 15 de junio de 2005 para una valoración médica. Por un certificado redactado en esta última fecha, los médicos confirmaron que el demandante presentaba síntomas de una esquizofrenia. Dado que su estado de salud no había empeorado desde su ingreso en el hogar en 2002, no se había modificado el régimen al que estaba sometido. El individuo seguía desde 2002 un tratamiento médico de mantenimiento con la supervisión mensual de un psiquiatra. El examen psicológico había demostrado que estaba excitado, tenso y cauteloso. Su capacidad de comunicación era pobre y no era consciente de su enfermedad. Dijo que deseaba abandonar el hogar a toda costa. Los médicos no se pronunciaron ni sobre sus capacidades de reinserción ni sobre la necesidad de mantenerle en el hogar de Pastra.

38. El 10 de agosto de 2005, el fiscal regional se negó a iniciar una demanda de restablecimiento de la capacidad jurídica debido a que, según los médicos, el director y la asistente social del hogar de Pastra, el interesado no podía desenvolverse autónomamente y que ese hogar, donde podría recibir tratamiento médico, era la mejor solución de acogida para él. La abogada del demandante contestó a esta negativa, alegando que se debía dar a su cliente la posibilidad de valorar por si mismo si, considerando las condiciones de vida en el hogar, estaba interesado en seguir viviendo allí. Señaló que el mantenimiento forzoso del ingreso, presentado bajo la forma de administración de cuidados en interés del paciente, equivalía en la práctica a una privación de libertad, algo que no era admisible. El ingreso de una persona en una institución no podría hacerse sin el consentimiento de la persona en cuestión. Con arreglo a la legislación vigente, cualquier persona bajo curatela era libre de elegir su casa con el acuerdo del curador. La elección del mencionado domicilio no dependía por tanto de la competencia de la fiscalía. A pesar de esta contestación, la negativa de la fiscalía regional fue confirmada el 11 de octubre de 2005 por el fiscal de apelación y posteriormente, el 29 de noviembre de 2005, por la fiscalía ante el Tribunal Supremo de casación.

39. El 9 de septiembre de 2005, el demandante pidió al alcalde de Rila, a través de su abogado, que presentara una demanda judicial de cesación de curatela. Por una carta de 16 de septiembre de 2005, el alcalde de Rila rechazó esta petición alegando que tal acción no estaba fundada, a tenor del certificado médico de 15 de junio de 2005, las opiniones del director y de la asistente social, y de las conclusiones de la fiscalía. El 28 de septiembre de 2005, la abogada del demandante presentó un recurso contra esa negativa ante el Tribunal del distrito de Dupnitsa en base al artículo 115 del código de la familia (apartado 49). Por carta de fecha 7 de octubre de 2005, el tribunal de distrito indicó que al estar parcialmente privado de su capacidad jurídica, el demandante debía presentar un poder en forma certificando que su abogada le representaba y que era adecuado mencionar si el curador había intervenido en el procedimiento. En una fecha no determinada, la abogada del demandante presentó una copia del poder firmada por el demandante. Solicitó también la presentación del curador en tanto que persona interesada o el nombramiento de un representante ad hoc. El 18 de enero de 2006, el tribunal celebró una audiencia en la que el representante del alcalde de Rila alegó la invalidez del poder, debido a que no había sido refrendado por el curador. El curador, presente en esta audiencia, declaró que él no se oponía al recurso del demandante, pero que el montante de la pensión del demandante no era suficiente para cubrir sus necesidades y que, por tanto, el hogar de Pastra era la mejor solución de acogida para él.

40. El tribunal de distrito de Dupnitsa dictó su sentencia el 10 de marzo de 2006. Sobre la admisibilidad del recurso, consideró que, a pesar de estar autorizado por el demandante, su abogada no podía actuar en su nombre debido a que el curador no había firmado el poder. Sin embargo, declaró que la aprobación al recurso dada por el curador en la audiencia pública validaba todos los actos procesales de la abogada y que por lo tanto el recurso era admisible. En cuanto al fondo del caso, el tribunal rechazó la petición, estimando que el curador no tenía ningún interés legítimo en contestar la negativa del alcalde en la medida en que podía presentar sólo y directamente una solicitud de liberación de curatela. No estando sujeta a apelación, la sentencia devino firme.

41. Finalmente, el demandante afirma que en numerosas ocasiones solicitó verbalmente a su curador que presentara una demanda para el levantamiento de la curatela y permitir que abandonara el hogar. En todo momento se negó a realizarlo.

II. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA INTERNA APLICABLE

A. El estatuto jurídico de una persona bajo curatela y su representación ante los tribunales

42. En virtud del artículo 5 de la Ley de 9 de agosto de 1949 sobre personas físicas y jurídicas y la familia, las personas que no son responsables debido a una enfermedad mental o a una debilidad mental deben ser privadas totalmente de su capacidad jurídica y declarar su incapacidad. Un adulto que presente una patología de este tipo de menor gravedad debe ser declarado parcialmente incapaz. En caso de incapacitación jurídica total, la persona es colocada bajo tutela, mientras que si la incapacitación es parcial, la persona es colocada bajo curatela. De conformidad con los artículos 4 y 5 de esta ley, la persona bajo curatela no puede realizar actos jurídicos si no es con el acuerdo de su curador. Puede, no obstante, realizar actos ordinarios de la vida cotidiana y disponer de los recursos obtenidos por su trabajo. El curador, por lo tanto, no puede realizar un acto jurídico solo relacionado con la persona objeto de una incapacidad parcial. Como resultado, los contratos firmados por él, sin el consentimiento de la persona parcialmente privada de su capacidad jurídica, no son válidos.

43. En virtud del artículo 16, apartado 2, del código de enjuiciamiento civil (”CPC”), una persona bajo tutela está representada ante los tribunales por su tutor. Una persona bajo curatela podrá, por su parte, comparecer ante la justicia, pero con el consentimiento de su curador. Por lo tanto este no cumple la función de representante legal. No puede actuar en nombre de la persona bajo curatela, pero puede mostrar su acuerdo o desacuerdo con los actos realizados por ésta (En concreto, la persona bajo curatela puede contratar a un abogado siempre que el poder está firmado por el curador (ibíd., стр. 173).

B. El procedimiento de asignación bajo curatela

44. El procedimiento de asignación bajo curatela implica dos fases; la declaración de incapacidad parcial y la designación de un curador.

1. La declaración de incapacidad parcial por los tribunales

45. Esta primera fase es un procedimiento judicial, dispuesto en el momento de los hechos en los artículos 275 a 277 del CPC de 1952, que, sin ser modificados, se han convertido en los artículos 336 a 340 del nuevo CPC de 2007. Pueden solicitar una declaración de incapacidad parcial, el cónyuge, familiares cercanos, abogado u otra persona que tenga interés en actuar. El tribunal decidirá después de haber oído al interesado en una audiencia pública - o, en su defecto, después de formarse una opinión personal sobre su estado - así como a los parientes cercanos. Si estas declaraciones no son suficientes, se puede recurrir a otros medios de pruebas, como un informe forense. Según la jurisprudencia interna se debe ordenar tal informe cuando ningún otro elemento del expediente permite al Tribunal concluir que la demanda de privación de la capacidad jurídica es infundada (Решение на ВС № 1538 от 21.VIII.1961 г. по гр. д. № 540861 г; Решение на ВС № 593 от 4.III.1967 г. по гр. д. № 32181966 г.).

2. Designación de curador por parte de la administración

46. La segunda fase es un procedimiento administrativo de designación de un curador que, en el momento de los hechos, estaba descrito en el capítulo X (artículos 109 a 128) del código de familia (”CF”) de 1985; estas disposiciones modificadas únicamente en puntos menores, se convirtieron en los artículos 153 a 174 del nuevo CF de 2009. La fase administrativa se lleva a cabo por un organismo denominado “organismo encargado de la tutela y la curatela”, por ejemplo, el alcalde o cualquier otro funcionario designado por él.

47. El curador se designa preferentemente entre los miembros de la familia de la persona en cuestión capaces de representar mejor los intereses de ésta.

C. Control sobre los actos del curador y su sustitución

48. Los actos del curador están sometidos al control del organismo encargado de la tutela y de la curatela. En efecto, a instancias de este último, debe rendir cuenta de sus actividades. Cuando se constaten irregularidades, el organismo solicitará su remedio u ordenará la suspensión de los actos en cuestión (véase los artículo 126. 2, y 125 del CF de 1985, así como los artículos 170 y 171.2 y 171.3 del CF de 2009). La cuestión de si una persona bajo curatela pueda sola o por medio de un tercero presentar ante el alcalde una demanda de suspensión de la actividad del curador no está claramente definida en la legislación interna.

49. Los actos del alcalde, en su condición de organismo encargado de la tutela y la curatela, así como la negativa a nombrar un curador o a tomar otras medidas previstas por el CF son susceptibles de recurso ante el juez. De hecho pueden ser contestadas por las personas interesadas o por el fiscal ante el tribunal de distrito, que resolverá sobre el fondo por una decisión firme (art. 115 del CF de 1985). Este procedimiento permite a los parientes próximos solicitar el cambio de curador en caso de conflicto de intereses (Решение на ВС № 1249 от 23.XII.1993 г. по гр. д. № 897/93 г). Según la jurisprudencia interna, la persona totalmente privada de su capacidad jurídica no figura entre las “personas interesadas” habilitadas para iniciar el procedimiento en cuestión (Определение № 5771 от 11.06.2003 г. на ВАС по адм. д. № 9248/2002). No existe jurisprudencia interna que demuestre que una persona parcialmente privada de su capacidad jurídica esté autorizada para hacerlo.

50. Además, el órgano encargado de la tutela y de la curatela puede, en cualquier momento, sustituir a un curador que no cumpla con sus obligaciones (artículo 113 del CF de 1985). En virtud del artículo 116 del CF de 1985, una persona no podrá ser designada como curador en caso de conflicto de intereses entre dicha persona y la persona bajo curatela. El artículo 123 del CF de 1985 prevé la designación de un adjunto al curador cuando este se encuentre en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones o en caso de conflicto de intereses. En ambos casos, el organismo encargado de la tutela y de la curatela puede nombrar un representante ad hoc.

D. Procedimiento de restablecimiento de la capacidad jurídica

51. Según el artículo 277 del CPC de 1952, este procedimiento es idéntico al proceso de puesta bajo curatela. Está abierto a las personas habilitadas para solicitar la puesta bajo curatela, así como al órgano encargado de la tutela y de la curatela y al curador. Esta disposición está incluida en el artículo 340 del CPC en 2007. El 13 de febrero de 1980, el pleno de Tribunal supremo dictó una resolución (no. 579) para aclarar ciertas cuestiones relativas al procedimiento de privación de la capacidad jurídica. El apartado 10 de esta decisión se refiere al procedimiento des restablecimiento de la capacidad jurídica y dispone lo siguiente:

”Las normas aplicables al procedimiento de restablecimiento de la capacidad jurídica son las mismas que para el procedimiento de la privación de la capacidad (artículos 277 y 275, apartados 1 y 2, del CPC)”. Se constituyen como parte demandada en este procedimiento las personas que hayan solicitado la medida o los parientes más próximos la medida o parientes cercanos. Nada impide que la parte demandante en el procedimiento de privación de la capacidad solicite el cese de la medida si las circunstancias han cambiado.

La persona bajo curatela puede, sola o con el consentimiento de su curador, solicitar el levantamiento de esta medida. Asimismo podrá solicitar al organismo a cargo de la tutela y de la curatela o al Consejo de tutela el inicio de una acción regida por el artículo 277 del CPC ante el tribunal regional que hubiere declarado su incapacidad. Luego, deben justificar su interés presentando un certificado médico. En el marco de esta acción, tendrá la condición de demandante. Cuando el curador de la persona parcialmente privada de su capacidad jurídica, organismo encargado de la tutela y de la curatela o el consejo de tutela de la persona totalmente privada de capacidad jurídica se niegan a iniciar una acción para el restablecimiento de la capacidad, la persona incapacitada puede solicitar al fiscal que lo haga (Постановление № 579 от 13.II.1980 г.)ПЛЕНУМ НА ВС).”

52. Además, el Gobierno presentó un caso en el que el procedimiento de revisión de la condición jurídica de una persona totalmente privada de su capacidad jurídica se inició a instancias del fiscal y dicha tutela fue levantada (Решение № 1301 от 12.11.2008 г. на ВКС по гр. Д. № 5560/2007 г., V г.о.).

E. La validez de los contratos formalizados por los representantes de las personas incapacitadas

53. En virtud del artículo 26.2 de la Ley de 1950 sobre obligaciones y contratos, los contratos contrarios a la ley o formalizados en ausencia de consentimiento son declarados absolutamente nulos.

54. Conforme al artículo 27 de esta ley, los contratos celebrados por los representantes de las personas privadas de su capacidad jurídica desconociendo las normas aplicables son considerados relativamente nulos. La nulidad absoluta puede invocarse en cualquier circunstancia, mientras que la nulidad relativa no puede ser invocada sino a través de la acción judicial. El derecho a invocar la nulidad relativa prescribe en el plazo de tres años desde el levantamiento de la curatela en ausencia de nombramiento de un curador. En otros casos, este plazo comienza a contar desde la fecha del nombramiento de un curador (artículo 32, párrafo 2, en relación con el artículo 115, apartado 1 e) de la citada ley; Vease también Решение на ВС № 668 от 14.III.1963 г. по гр. Д. № 25063 Г., I. Г О., решение на окръжен съд - стара загора от 2.2.2010 г. т. д. № 3812009 по г. на i състав, решение на районен съд стара загора № 459 от 19.5.2009 г. по гр. д. № 10872008).

F. El domicilio de las personas privadas de su capacidad jurídica

55. En virtud de los artículos 120 y 122, apartado 3, del CF de 1985, las personas privadas de su capacidad jurídica están domiciliadas en la dirección del tutor o curador, a menos que “razones excepcionales” requieran que vivan en otro lugar. En caso de cambio de domicilio sin el consentimiento del tutor o curador, éste último puede solicitar al tribunal de distrito que ordene el retorno de la persona en cuestión a su domicilio oficial. Según el artículo 163, apartados 2 y 3, del CF de 2009, antes de decidir el retorno de la persona bajo tutela o curatela, es necesario que el tribunal le escuche. Si constata la existencia de “circunstancias excepcionales”, deben negarse a ordenar el retorno e informar inmediatamente a la dirección municipal de asistencia social afín de que tome medidas de protección.

56. La orden del tribunal de distrito es susceptible de apelación ante el presidente del tribunal regional, sin posibilidad de aplazar su ejecución.

G. El internamiento de personas privadas de su capacidad jurídica en hogares para adultos con trastornos mentales

57. En virtud de la Ley de 1998 sobre la asistencia social, pueden beneficiarse de la asistencia social las personas que, por razones médicas y sociales, no son capaces de asumir autónomamente sus necesidades básicas, sea trabajando, sea a través de su patrimonio o ayudadas por las personas requeridas por la ley a hacerse cargo (artículo 2 de la ley). La asistencia social consiste en la concesión de diversas prestaciones económicas o en especie, y prestaciones sociales, incluyendo la admisión en instituciones especializadas. Estas prestaciones son otorgadas en base a una evaluación individual de las necesidades de los interesados y de conformidad con sus deseos y elecciones personales (artículo 16, apartado 2).

58. Según el reglamento de aplicación de la Ley de 1998 sobre asistencia social (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), existen tres tipos de instituciones consideradas “organismos especializados” para la provisión de prestaciones sociales: 1) hogares para niños (hogares para niños privados del cuidado paterno, hogares para niños con discapacidades físicas, hogares para niños con retraso mental); 2) hogares para adultos con discapacidades (hogares para adultos con retraso mental hogares para adultos con trastornos mentales, hogares para adultos con discapacidades físicas, hogares para adultos con trastornos sensoriales, hogares para adultos con demencia) y 3) hogares para los ancianos (artículo 36, párrafo 3). Los servicios sociales se proporcionan en instituciones especializadas cuando ya no es posible conseguirlos en la comunidad (artículo 36, párrafo 4, del reglamento). En la legislación interna, el internamiento de una persona privada de su capacidad legal en un hogar social no está calificado como privativo de libertad.

59. Asimismo, conforme al Decreto núm. 4 sobre las condiciones para la obtención de prestaciones sociales, aprobado el 16 de marzo de 1999), los adultos con discapacidad mental son ingresados en hogares sociales especializados cuando no es posible satisfacer los cuidados médicos necesarios en el entorno familiar (artículo 12, punto 4 y artículo 27 del decreto). El artículo 33, apartado 1, punto 3, del decreto exige, tras el ingreso en un hogar social, la presentación de un certificado médico sobre el estado de salud de la persona en cuestión. En virtud de los términos del artículo 37, apartado 1, del decreto, se firmará un contrato para la provisión de prestaciones sociales entre la institución especializada y la persona en cuestión o su representante legal, según un modelo aprobado por el Ministro de trabajo y política social. La persona en cuestión será trasladada a otro hogar o dejará la institución: 1) a petición propia o de su representante legal, presentada por escrito al director de la institución; (2) en caso de un cambio en su estado de salud mental y/o física, que ya no encaje en el perfil del hogar; (3) en el caso de impago de la cuota mensual para las prestaciones sociales durante más de un mes. (4) en el caso de incumplimiento sistemático de las reglas de procedimiento de la institución; (5) en el caso de grave adicción a sustancias estupefacientes.

60. Asimismo, la Ley sobre salud de 2005, que reemplaza a la ley sobre salud pública de 1973 dispone el ingreso en un hospital psiquiátrico con vistas a un tratamiento médico obligatorio.

H. Designación de un representantead hocen caso de conflicto de intereses

61. En virtud del artículo 16.6 del CPC, en caso de conflicto de intereses entre una persona representada y su representante, el tribunal designará un representante ad hoc. Según la jurisprudencia interna, esta disposición se aplica en determinadas situaciones de conflicto de intereses entre un menor y su representante legal. Aparece asimismo que la ausencia de designación de un representante ad hoc constituye una falta sustancial a las reglas que rigen el procedimiento en establecimiento de la paternidad (Решение на ВС № 297 от 15.04.1987 г. по гр. д. № 168/87 г., II г. о.), de litigios entre padres adoptivos y padres biológicos (Решение на ВС № 1381 от 10.05.1982 г. по гр. д. № 954/82 г., II г. о.) o problemas de patrimonio (Решение № 643 от 27.07.2000 г. на ВКС по гр. д. № 27/2000 г., II г. о.; Определение на ОС - Велико Търново от 5.11.2008 г. по в. ч. гр. д. № 963/2008).

I. La responsabilidad delictual del Estado

62. La Ley de 1988 sobre responsabilidad del Estado y municipios por daños (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, título modificado en 2006) dispone, en su artículo 2 apartado 1 que el Estado es responsable de los daños causados a los particulares a causa de una decisión judicial en determinados casos de reclusión cuando ésta se anula por defecto de base legal.

63. El artículo 1, apartado 1 de la misma ley dispone que el Estado y los municipios son responsables de los perjuicios causados a las personas físicas y jurídicas por actos, acciones u omisiones ilegales por parte de sus órganos u agentes en el ejercicio de sus funciones administrativas.

64. En un determinado numero de decisiones, los diferentes tribunales internos consideraron que esta disposición era de aplicación a los daños y perjuicios causados a los reclusos por las deficientes condiciones de la vida carcelaria o por los cuidados médicos inadecuados administrados en prisión y, cuando procedía admitieron parcial o totalmente las demandas de indemnización de los interesados (реш. от 26.01.2004 г. по гр. д. № 959/2003, ВКС, IV г. о. et реш. № 330 от 7.08.2007 г. по гр. д. № 92/2006, ВКС, IV г. о.).

65. No existe ninguna decisión judicial que considere esta jurisprudencia aplicable a los casos alegados de malas condiciones de vida en los hogares sociales.

66. Además, se deduce de la jurisprudencia de los tribunales internos que el artículo 1.1 de la ley en cuestión permite a toda persona cuya salud se ha deteriorado a causa de que los organismos dependientes de ministerio de Sanidad no le hayan proporcionado sus medicamentos de forma regular, invocar la responsabilidad del Estado y ser indemnizado (реш. № 211 от 27.05.2008 г. по гр. д. № 6087/2007, ВКС, V г. о.).

67. Finalmente, el Estado y sus autoridades están sujetos a las leyes del derecho común sobre responsabilidad delictual para otros perjuicios, por ejemplo, los ocasionados por la muerte de una persona bajo tutela durante su huida de un hogar social para adultos, por no haber cumplido con su obligación de vigilarle constantemente (реш. № 693 от 26.06.2009 г. по гр. д. № 8/2009, ВКС, III г. о.).

J. La detención por parte de la policía en virtud de la Ley 2006 sobre el ministerio de Interior

68. En aplicación de la mencionada ley, los órganos de policía están totalmente habilitados para detener a cualquier persona que, a causa de trastornos mentales graves y debido a su comportamiento, atente contra el orden público o exponga su vida a un peligro evidente (artículo 63.1 y 63.3). La persona en cuestión podrá reclamar la legalidad de la detención ante un tribunal que resolverá de forma inmediata (artículo 63.4).

69. Asimismo, los órganos de policía son los encargados, entre otras cosas, de la búsqueda de personas desaparecidas (artículo 139.3).

K. Las informaciones presentadas por el demandante respecto a la búsqueda de personas escapadas de un hogar social para adultos con trastornos mentales

70. El Comité búlgaro de Helsinki realizó un estudio entre las comisarías de policía en relación con la búsqueda de personas fugadas de hogares de este tipo. Parece que la práctica no es uniforme. Algunos oficiales de policía declararon que, cuando los empleados de un establecimiento les solicitan encontrar a una persona huida, la buscan y la conducen a la comisaría y luego informan al hogar. Otros funcionarios de la policía explicaron que buscan a la persona en cuestión, pero al no tener derecho a detenerlo, avisan a los empleados de la institución y ellos mismos se hacen cargo.

L. Las estadísticas presentadas por el demandante en relación a los procedimientos judiciales relativos a la privación de la capacidad jurídica

71. El comité búlgaro de Helsinki ha recopilado de ocho tribunales regionales, para el período comprendido entre enero de 2002 y septiembre de 2009, las estadísticas sobre los resultados de los procedimientos sobre restablecimiento de la capacidad jurídica. Durante este período, 677 personas fueron privadas de su capacidad jurídica, 36 procedimientos de este tipo se iniciaron, de los cuales 10 con resultado de levantamiento de la medida, 8 privaciones totales de capacidad fueron convertidas en privación parcial, 4 demandas fueron rechazadas, 7 procedimientos fueron cerrados por los tribunales y el resto continúan pendientes.

III. TEXTOS INTERNACIONALES APLICABLES

A. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobado por la Asamblea general de naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 (A/RES/61/106)

72. Esta Convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Fue firmado por Bulgaria el 27 de septiembre de 2007, pero todavía no ha sido ratificado. Dispone lo siguiente en sus partes aplicables:

Artículo 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley

«1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.»

Artículo 14

Libertad y seguridad de la persona

«1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás:

a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;

b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables.»

B. La Recomendación R(99)4 del Comité de ministros a los Estados miembros sobre los principios referentes a la protección jurídica de los mayores incapacitados (aprobada el 23 de febrero de 1999)

73. Esta Recomendación, en su parte aplicable, dispone:

Principio 2. Flexibilidad en lo respuesta jurídica

«1 Las medidas de protección y los otros mecanismos jurídicos destinados a garantizar la protección de los intereses personales y económicos de los mayores incapacitados deberían ser suficientemente amplios y flexibles para que permitan aportar una respuesta jurídica apropiada a los diferentes grados de incapacidad y a la variedad de las situaciones.

(...)

4. Entre el abanico de medidas de protección propuestas deberían figurar en los casos apropiados, disposiciones no restrictivas de la capacidad jurídica de los interesados.»

Principio 3. Máxima preservación de la capacidad

«1. El marco legislativo debería, en la medida de lo posible, reconocer que pueden existir diferentes grados de incapacidad y que la incapacidad puede variar con el tiempo. Por consiguiente, una medida de protección no debería conducir automáticamente a una restricción total de la capacidad jurídica. No obstante, una limitación de esta última debería ser posible cuando se muestra necesaria con toda evidencia para la protección de la persona en cuestión.

2. En particular una medida de protección no debería privar automáticamente a la persona en cuestión del derecho a votar a probar a dar o no su autorización a alguna intervención que afecte a su salud, o a tomar cualquier otra decisión de carácter personal, y esto siempre y en la medida que su capacidad lo permita. (...).»

Principio 6. Proporcionalidad

«1. Cuando una medida de protección es necesaria, debe ser proporcional al grado de capacidad de la persona interesada y adaptada a las circunstancias particulares y a las necesidades de esta última.

2. La medida de protección debería limitar la capacidad jurídica, los derechos y las libertades de la persona interesada solamente dentro de los límites necesarios para conseguir el objetivo de la intervención a favor de ella. (...).»

Principio 13. Derecho a ser oído personalmente

La persona afectada debería tener derecho a ser oído personalmente en el marco de cualquier proceso que pueda tener incidencia en su capacidad jurídica..»

Principio 14. Duración, revisión y recurso

«1. Las medidas de protección deberían, en la medida de lo posible e indicado, ser de una duración limitada. Convendría contemplar revisiones periódicas.

(...)

3. Convendría prever vías de recurso apropiadas.»

C. Los informes relativos a la visitas efectuadas por el Comité europeo para la prevención de la tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes (”CPT”) en Bulgaria

1. Informe Del CPT sobre su visita del 16 al 22 de diciembre de 2003, publicado el 24 de junio de 2004

74. Este informe expone la situación de personas ingresadas por las autoridades públicas en hogares para personas con trastornos mentales/alienación mental, instituciones que dependen del ministerio de Trabajo y Política social. La parte II.4 del mencionado informe se refiere al hogar de Pastra.

75. El CPT constató que la capacidad oficial del hogar era de 105 personas: estaban inscritos 92 residentes de sexo masculino, de los cuales 86 se encontraban presentes en el momento de la visita. Dos residentes habían huido, y el resto disponía de una autorización de salida con sus familias. Alrededor del 90% de los residentes sufrían esquizofrenia y el resto algún tipo de retraso mental. Habiendo pasado la mayoría de ellos muchos años en el establecimiento, las salidas eran bastante escasas.

76. En virtud de las observaciones del CPT, los locales del hogar se encontraban en un estado deplorable, siendo las condiciones higiénicas pésimas y la calefacción prácticamente inexistente.

77. Más en concreto, los edificios no disponían de agua corriente. Los residentes se lavaban con agua fría en el patio y a menudo estaban sucios y mal afeitados. La sala de baños, a la que acudían una vez por semana era rudimentaria y estaba destartalada.

78. Los urinarios situados también en el patio, consistían en un refugio ruinoso donde se habían cavado agujeros en el suelo. Estas instalaciones estaban en un estado deplorable y su acceso era peligroso. Además, los productos básicos de higiene raramente estaban disponibles.

79. El informe da cuenta de insuficiencias relativas a la alimentación. La alimentación cotidiana consistía en tres comidas diarias, de las que 750gr. de pan. Nunca se servía leche o huevos y raramente frutas o verduras frescas. No existía ninguna disposición para regímenes especiales.

80. El único tratamiento dispensado en el hogar consistía en administrar los medicamentos. Los residentes considerados pacientes psiquiátricos crónicos con necesidad de tratamiento de mantenimiento, eran registrados como pacientes ambulatorios con un psiquiatra en Dupnitsa. El psiquiatra acudía al hogar una vez cada dos o tres meses, también a petición. Los residentes también podían ser llevados a su consulta - que estaba abierta durante la semana en la ciudad de Rila - si se apreciaba un cambio en su estado mental. Todos los residentes eran sometidos a un examen psiquiátrico dos veces al año, lo que daba oportunidad de hacer balance de los resultados de su tratamiento farmacológico y, en su caso, modificarlos. Casi todos los residentes tomaban medicación psiquiátrica, que estaba escrita en una tarjeta especial y era administrada por enfermeras.

81. Aparte de la administración de medicamentos, no se organizaba ninguna otra actividad terapéutica, lo que llevaba a una vida pasiva y monótona.

82. El CPT concluyó que estas condiciones estaban en el origen de una situación que podría considerarse como trato inhumano y degradante. Solicitó a las autoridades búlgaras reemplazar urgentemente el hogar de Pastra. En su respuesta del 13 de febrero de 2004, reconocieron que el hogar no se adaptaba a las normas europeas en materia de atención. Indicaron que iba a ser cerrado y que los residentes serían trasladados a otras instituciones.

83. Por otro lado, la CPT indicó en la parte II.7 de su informe que en la mayoría de los casos el ingreso de personas con discapacidad mental en instituciones especializadas se traducía en una privación de la libertad de facto. El procedimiento de internamiento debía rodearse de las garantías adecuadas, incluyendo la elaboración de un informe médico, en particular psiquiátrico, objetivo. También era esencial que estas personas tuvieran el derecho de ejercitar las acciones, que permitieran a los tribunales resolver de forma inmediata sobre su situación. La CPT recomendaba que este derecho se garantizara en Bulgaria (apartado52 del informe).

2. El informe del CPT sobre su visita del 10 al 21 de septiembre de 2006, publicado el 28 de febrero de 2008

84. En este informe, la CPT recomendó nuevamente disponer de acciones legales que permitieran impugnar la legalidad de la colocación en un hogar social (apartados176 y 177 del informe).

85. Recomendó igualmente que se hicieran esfuerzos para garantizar que la estancia de los residentes en hogares para personas con discapacidad y/o retraso mental se hiciera de conformidad con la letra y el espíritu de la ley. Los contratos para la prestación de los servicios sociales deberían especificar los derechos legales de los residentes, en particular la posibilidad de presentar quejas ante un organismo externo. Además, los residentes incapaces de comprender los contratos deberían recibir una ayuda adecuada (apartado 178 del informe).

86. Finalmente, el Comité recomendó que las autoridades búlgaras tomaran las medidas necesarias para evitar conflictos de intereses surgidos con motivo de la designación como tutor o curador de un empleado de de un hogar social de la misma institución (apartado179 del informe).

87. Asimismo, el CPT visitó el nuevo hogar de Pastra durante su visita periódica a Bulgaria, en octubre de 2010.

IV. LEGISLACIÓN COMPARADA

A. El acceso a un tribunal para solicitar el restablecimiento de la capacidad jurídica

88. Según un estudio comparativo de la legislación en veinte Estados miembros del Consejo de Europa, parece ser que, en una gran mayoría de los casos (Alemania, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Mónaco, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Suiza y Turquía), las leyes conceden a todas las personas privadas de su capacidad jurídica el derecho a acudir directamente a los tribunales para solicitar el cese de la medida.

89. En Ucrania, una persona privada parcialmente de su capacidad puede presentar ella misma una solicitud del cese de esta medida; es diferente para una persona declarada totalmente incapaz, que no obstante, puede impugnar cualquier acto de su tutor ante un tribunal.

90. La acción legal de cese de la privación de capacidad legal no puede ser directamente gestionada por el interesado ni en Letonia (donde la solicitud puede ser presentada por el fiscal o por el Consejo de tutela) ni en Irlanda.

B. El ingreso en una institución especializada de una persona privada de su capacidad jurídica

91. Un estudio comparativo de la legislación de veinte Estados partes al Convenio demuestra que no existe en Europa ninguna aproximación conjunta relativa al régimen de internamiento en una institución especializada de las personas privadas de su capacidad jurídica, en concreto en lo relativo a quien debe ser la autoridad competente para adoptar la decisión de ingreso y las garantías que dispone la persona en cuestión. Podemos sin embargo constatar que, en algunos países (Alemania, Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Polonia, Portugal y Turquía), la decisión de internar a una persona en contra de su voluntad en un hogar especializado durante un largo periodo es tomada directamente o aprobada por el juez.

92. Otras legislaturas (Bélgica, Dinamarca, Hungría, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Mónaco y el Reino Unido) autorizan que el curador, parientes cercanos o la Administración decidan sobre el ingreso en una institución especializada sin necesidad de la aprobación del juez. Además, parece que, en todos los países anteriores, la medida de internamiento está rodeada de requisitos sustantivos, especialmente en relación con el estado de salud de la persona, la existencia de un peligro o riesgo y/o la elaboración de certificados médicos. Además, la obligación de escuchar o consultar a la persona en cuestión a propósito de su internamiento, la existencia de un plazo legal o judicial para su terminación o la revisión de esta medida, así como la posibilidad de asistencia legal se encuentran entre las garantías establecidas en varias legislaturas nacionales.

93. En algunos países (Alemania, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Polonia, Eslovaquia, Suiza y Turquía), la oportunidad de recurrir la decisión inicial de ingreso ante un órgano judicial se ofrece a la persona en cuestión, sin ser necesaria la autorización de su tutor o curador.

94. Por último, varios Estados (Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Letonia, Polonia, Suiza y Turquía) ofrecen directamente a la persona, el derecho de presentar periódicamente una revisión judicial para impugnar la legalidad del mantenimiento de la medida de internamiento.

95. Debe señalarse también que numerosas legislaciones relativas a la capacidad jurídica o al internamiento de una persona en una institución especializada han sido recientemente modificadas (Alemania: 1992; Austria: 2007; Dinamarca: 2007; Estonia: 2005; Finlandia: 1999; Francia: 2007; Grecia: 1992; Hungría: 2004; Letonia: 2006; Polonia: 2007; Reino Unido: 2005; Ucrania: 2000) o están siendo modificadas (Irlanda). Estas reformas legislativas tienen como objetivo reforzar la protección jurídica de las personas privadas de su capacidad, proporcionándoles ya sea un derecho de acceso directo a un tribunal para revisar su status, ya sean salvaguardas adicionales cuando ingresen en establecimientos especializados en contra de su voluntad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5.1 DEL CONVENIO

96. El demandante estima que su ingreso en el hogar de Pastra es contrario al artículo 5.1 del Convenio.

Esta disposición establece:

”1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley:

a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.

b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley.

c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido.

d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación, o de su detención, conforme a Derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.

e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.

f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.”

A. Consideraciones preliminares

97. La Gran Sala señala que ante ella el Gobierno mantiene la excepción de no agotamiento de los recursos internos que planteó ante la Sala respecto a la queja basada en el artículo 5.1.

98. Esta excepción se basa en los siguientes elementos. En primer lugar, el demandante habría podido presentarse en persona ante el juez en virtud del artículo 277 del CPC para solicitar el restablecimiento de su capacidad jurídica y el levantamiento de la curatela le habría permitido abandonar libremente el hogar. En segundo lugar, los miembros de su familia inmediata no aprovecharon la oportunidad que les ofrecían los artículos 113 y 115 de la CF de solicitar el cambio de curador ante el órgano encargado de la tutela y curatela. Según el Gobierno, en caso de negativa, habrían podido presentar un recurso ante un tribunal que hubiera resuelto sobre el fondo y nombrado de forma provisional un nuevo curador que también habría podido rescindir el contrato de ingreso. El Gobierno también argumenta que los miembros de la familia cercana del demandante también habrían podido impugnar el contrato celebrado entre la curadora R. P. y el hogar de Pastra. Finalmente, indica que el mismo demandante habría podría pedir al órgano encargado de la tutela y curatela la designación de un representante ad hoc argumentando que existía un conflicto de intereses con su curador con el fin de solicitar su salida del hogar y su domiciliación en otra dirección (artículo 123, párrafo 1, del CF).

99. La Gran Sala señala que, en su decisión sobre admisibilidad de 29 de junio de 2010, la Sala señaló que esta excepción planteaba cuestiones estrechamente vinculadas a las planteadas por el demandante en base al artículo 5.4 y en consecuencia decidió acumularla al examen del fondo de esta disposición.

100. Además, considerando que la cuestión de si en el presente caso existía “privación de la libertad” en el sentido del artículo 5.1 estaba estrechamente vinculado a la fundamentación basada en esta disposición, la Sala igualmente acumuló este punto al examen sobre el fondo. La Gran Sala no ve razón para separarse de las conclusiones de la sala en este sentido.

B. Sobre la cuestión de si el demandante estuvo privado de libertad en el sentido del artículo 5.1

1. Argumentos de las partes

a) El demandante

101. El demandante mantiene que, a pesar de que la legislación nacional califica de “voluntario” el ingreso en una institución social para personas con trastornos mentales, su traslado al hogar de Pastra constituye una privación de libertad. Considera que al igual que en la sentencia Storck contra Alemania (núm. 61603/00, TEDH 2005-V), los elementos objetivo y subjetivo que caracterizan una reclusión están presentes en este asunto.

102. En relación con la naturaleza de la medida, el demandante considera que vivir en un lugar alejado y situado en una zona montañosa equivale a estar físicamente aislado de la sociedad. No podría haber vivido por su cuenta ya que, sin papeles de identidad y sin dinero, corría el riesgo de ser detenido por la policía en algún control rutinario, muy corriente en Bulgaria.

103. Las salidas del hogar estaban sujetas a un régimen de autorización. La distancia de alrededor de 420 km. que separaba el hogar de su ciudad natal y la imposibilidad de disponer de su pensión de invalidez hicieron imposible que fuera a Roussé más de tres veces. Asimismo el demandante afirma que la dirección le negó numerosas solicitudes de viajes. Añade que, en virtud de una práctica carente de base legal, los residentes que no respetaban los plazos de las autorizaciones de salida eran considerados como huidos y buscados por la policía. Afirma en este sentido que fue detenido una vez por la policía en Roussé y que, a pesar de que no le reenvió al hogar, el solo hecho que el director demandara su localización y su traslado constituyó una restricción determinante de su derecho a la libertad individual. Afirma que fue detenido y retenido por la policía a la espera de que acudieran los empleados del hogar, sin ser informado de las razones de su privación de libertades. Habiendo sido trasladado bajo presión, poco importa que dicho traslado se realizara por empleados del hogar.

104. El demandante señala luego que la medida de ingreso de que es objeto persiste desde hace más de ocho años y que sus esperanzas de abandonar algún día el hogar son vanas debido a que la decisión debe ser aprobada por el curador.

105. En cuanto a las consecuencias de la ejecución de la medida de ingreso, el demandante pone de relieve la severidad del régimen. Sus ocupaciones, sus cuidados y sus movimientos habrían sido objeto de un control completo y eficaz por parte de los empleados del hogar. Fue sometido a una estricta rutina diaria que le obligaba a levantarse, acostarse y comer en horas concretas. No tenía ninguna libertad en cuanto a la elección de su vestuario, preparación de sus comidas, participación en eventos culturales o las relaciones con otras personas incluyendo las relaciones íntimas, dado que el hogar estaba reservado exclusivamente a hombres. Solo se podía ver la televisión por la mañana. De esta forma, su estancia en el hogar habría causado un empeoramiento de su bienestar y habría dado lugar a su síndrome de institucionalización, definido por la incapacidad para reintegrarse en la sociedad y llevar una vida normal.

106. Con respecto al elemento subjetivo, el demandante considera que su caso se distingue del examinado en el asunto H.M. contra Suiza (núm. 39187/98, TEDH 2002 II), donde la demandante consintió en su ingreso en una institución de bienestar social. Él nunca habría dado su consentimiento en el presente caso. Su curadora en ese momento, la señora R. P. (apartado 12 supra), no le había consultado sobre el ingreso, y del resto, él mismo no sabía nada; además, no habría sido informado de la existencia del contrato de 10 de diciembre de 2002 (apartado 14 supra), que él jamás habría firmado. Estas circunstancias reflejan una práctica generalizada en Bulgaria según la cual, una vez privado, aunque sea parcialmente, de su capacidad jurídica, se considera que una persona es incapaz de expresar su voluntad. Por otra parte, se deduce de los informes médicos que la solicitud del demandante de dejar el hogar fue considerada no como una voluntad expresada libremente, sino como un síntoma de su enfermedad mental.

107. Finalmente, en H.M. contra Suiza, ya citado, las autoridades basaron su decisión de ingreso en un minucioso examen que demostraban que las condiciones de vida en la casa de la mujer se había deteriorado gravemente debido a su falta de cooperación con un organismo de asistencia social. Por otro lado, al demandante nunca se le ofreció ni nunca rechazó una ayuda social alternativa en su domicilio.

b) El Gobierno

108. En su escrito de alegaciones ante la Sala, el Gobierno admitió que las circunstancias del presente caso se correspondían con una “privación de libertad” en el sentido del artículo 5.1 del Convenio. Sin embargo, en la audiencia y en las actuaciones ante la Gran Sala argumentó que el artículo 5 no era de aplicación. A este respecto, observa que el demandante no fue ingresado de oficio en un hospital psiquiátrico por los poderes públicos en virtud la ley de la salud pública, sino que fue alojado en un hogar de la asistencia social a petición de su curadora, en base a un contrato de derecho civil y de conformidad con las reglas de la asistencia social. Por lo tanto, las personas necesitadas de asistencia, incluidas aquellas con trastornos mentales, podrían solicitar, directamente o a través de sus representantes, diversas prestaciones sociales y médicas en aplicación de la ley de asistencia social de 1998 (apartados 57-60). Los hogares para adultos con trastornos mentales, proporcionarían una amplia gama de beneficios de este tipo y el ingreso en estas instituciones no podría considerarse como una privación de libertad.

109. Con respecto a las circunstancias concretas del presente caso, el Gobierno afirma que el demandante nunca expresó explícita y conscientemente estar en desacuerdo con el ingreso en el hogar y que por lo tanto no se puede concluir que esta medida fuera involuntaria. Además, el interesado era libre de abandonar el hogar en cualquier momento.

110. Además, se habría animado al demandante a trabajar al máximo de sus capacidades en el restaurante del pueblo y obtuvo autorización de salida en tres ocasiones. Sus dos retornos de Roussé antes de finalizado el plazo (apartado 27) se explican por la falta de alojamiento. El Gobierno señala asimismo que el demandante nunca fue devuelto al hogar por la policía. Reconoce que en septiembre de 2006 el director se encontró obligado a solicitar a la policía la búsqueda del demandante debido a que no había vuelto (apartado28). Sin embargo se deduce del caso Dodov contra Bulgaria (núm. 59548/00, 17 de enero de 2008) que el Estado tiene la obligación positiva de cuidar de las personas ingresadas en viviendas sociales. Según el Gobierno, la solicitud del director era parte de esta obligación de protección.

111. El Gobierno a continuación señala que el demandante no gozaba de su capacidad jurídica y no disponía de un entorno familiar de apoyo, ni de alojamiento ni de recursos suficientes para llevar una vida independiente. Refiriéndose en este sentido a las sentencias H.M. contra Suiza, ya citada y Nielsen contra Dinamarca (28 de noviembre de 1988, serie A núm. 144), considera que el ingreso del demandante no es sino una medida de protección en su propio interés y representa una respuesta adecuada a una situación de emergencia médica y social que no puede ser considerada involuntaria.

c) Terceras partes intervinientes

112. Interights formula las siguientes alegaciones generales. Afirma haber llevado a cabo un estudio sobre prácticas de ingreso en los hogares sociales para personas con trastornos mentales en los países de Europa central y del Este. Según las conclusiones de este estudio, en la mayoría de los casos, el internamiento en cuestión sería equivalente a una situación de privación de libertad de facto.

113. Los hogares sociales a menudo se encontraban en zonas rurales o montañosas de difícil acceso. En caso de proximidad a localidades urbanas, estas viviendas estaban rodeadas por grandes vallas y cerradas con llave. Por regla general, las personas allí ingresadas únicamente podían salir con la autorización expresa del director de la institución y por un tiempo limitado. En caso de ausencia no autorizada, la policía tendría el poder para buscar y devolver a las personas en cuestión. El mismo estricto régimen de vida se aplicaría a todas las personas por igual, sin distinción de status legal - capaces, incapaces o parcialmente incapaces, algo que Interights juzga determinante. De hecho, no se tendría en cuenta el carácter voluntario o involuntario del ingreso.

114. Con respecto al análisis del aspecto subjetivo del ingreso, Interights considera que el consentimiento de los interesados es digno de un examen más en profundidad. De hecho, debería revisarse seriamente el deseo real de estas personas, a pesar de su posible incapacidad declarada jurídicamente. Según Interights, es una realidad en los países de Europa Central y del Este que frente a la posibilidad de vivir sin refugio en la precariedad más absoluta o en condiciones relativamente seguras ofrecidas por un hogar, las personas con discapacidad pueden optar por la segunda solución, simplemente a falta de que el Estado les ofrezca otros servicios alternativos dependiente de los servicios sociales. No podría decirse que estas personas consienten libremente a la medida de ingreso.

2. Valoración del Tribunal

a) Principios generales

115. El Tribunal recuerda que entre la privación de libertad y las restricciones a la libertad de movimiento establecidas el artículo 2 del Protocolo núm. 4, sólo existe una diferencia de grado o intensidad, no de naturaleza o esencia. La clasificación en una u otra de estas categorías resulta a veces complicada, porque en algunos casos marginales se trata de una pura cuestión de valoración, pero el Tribunal no puede eludir una elección de la que depende la aplicación o no del artículo 5 (Guzzardi contra Italia, 6 de noviembre de 1980, apartados 92 93, serie A núm. 39. Para averiguar si una persona ha sido privada de su libertad, es necesario partir de su situación concreta y considerar un conjunto de criterios específicos para su caso concreto como el género, la duración, los efectos y la forma de aplicación de la medida en cuestión (Storck, ya citado, apartado 71 y Guzzardi, ya citado, apartado 92).

116. En el contexto de la privación de libertad en relación con la salud mental, el Tribunal ha determinado que una persona puede ser considerada como “retenida” incluso durante el período en que se encontraba en un servicio hospitalario abierto con la posibilidad de pasear cotidianamente sin vigilancia por las partes no vigiladas del hospital y de salir sin vigilancia (Ashingdane contra Reino Unido, 28 de mayo de 1985, apartado 42, serie A núm. 93).

117. Además, en el tema del ingreso de las personas con trastornos mentales, el concepto de privación de libertad no supone solamente un aspecto objetivo, es decir el ingreso de una persona en un espacio confinado por un período de tiempo considerable. Se considerará que una persona ha sido privada de su libertad sólo si - y esto es un aspecto subjetivo - no ha consentido válidamente a su internamiento (Storck, ya mencionado, apartado 74).

118. El Tribunal declaró la existencia de una privación de libertad, particularmente en las circunstancias siguientes: a) cuando el demandante declarado totalmente incapaz e ingresado a petición de su representante legal en un hospital psiquiátrico, había intentado abandonarlo sin éxito (Shtukaturov contra Rusia, núm. 44009/05, apartado 108, 27 de marzo de 2008); (b) cuando la demandante inicialmente había consentido en su estancia en la clínica, pero intentó escapar posteriormente (Storck, ya citado, apartado 76); (c) en un caso donde el demandante era un adulto incapaz de dar consentimiento al ingreso en una institución psiquiátrica que sin embargo nunca había tratado de abandonar (H.L. contra Reino Unido, núm. 45508/99, apartados 89-94, TEDH 2004 IX).

119. El Tribunal declara también que el derecho a la libertad ocupa un lugar demasiado importante en una sociedad democrática para que una persona pierda el beneficio de la protección del Convenio por el solo hecho de que haya accedido a ser recluida (De Wilde, Ooms y Versyp contra Bélgica, 18 de junio de 1971, apartados 64-65, serie A, núm.12), en concreto cuando no hay nadie que se oponga a la incapacidad de esta persona para consentir u oponerse a la medida propuesta (H.L. contra Reino Unido, ya citado, apartado 90).

120. Por otra parte, el Tribunal ha tenido la ocasión de decir que la primera frase del artículo 5.1 debe entenderse como una imposición al Estado de una obligación positiva de proteger la libertad de las personas dependientes de su jurisdicción. Si no fuese el caso, se produciría una laguna bastante grande en la protección contra la detención arbitraria, que no sería coherente con la importancia de la libertad individual en una sociedad democrática. El Estado, por tanto, está obligado a tomar medidas de protección efectivas para las personas vulnerables, incluyendo medidas razonables destinadas a impedir una privación de libertad de la que las autoridades tenían o debían haber tenido conocimiento (Storck, ya citado, apartado 102). Por lo tanto, considerando las circunstancias particulares de estos casos, el Tribunal declaró que la responsabilidad de las autoridades nacionales estaba comprometida al tratarse de una reclusión solicitada por el tutor del demandante y ejecutado en un hospital psiquiátrico (Shtukaturov, ya citado), y por una reclusión en una clínica privada (Storck, ya citado).

b) Aplicación de estos principios en el presente caso

121. El Tribunal señala en primer lugar, que en el presente caso no es necesario decidir, de una manera general, si cualquier ingreso de una persona privada de su capacidad jurídica constituye una “privación de libertad” en el sentido del artículo 5.1. En determinados casos, tales ingresos tienen lugar a iniciativa de las familias que están a cargo de la tutela o curatela, y se basan en la firma de un contrato civil firmado con una institución social adecuada. En consecuencia, en estos casos, las restricciones a la libertad son el resultado de acciones particulares y el papel de las autoridades se limita a la supervisión. El Tribunal no debe, en el presente caso, resolver sobre las obligaciones que podían corresponder a las autoridades respecto al Convenio en tales circunstancias.

122. Constata que las circunstancias de este caso son particulares. Ningún familiar se hizo cargo de la curatela y las funciones del curador fueron confiadas a un funcionario del Estado (Sra. R.P.). Esta, negoció y firmó un contrato con el hogar de Pastra sin contactar con el demandante, al que de hecho no volvió a ver jamás. La medida de ingreso se llevó a cabo por los servicios sociales, con quienes tampoco tuvo contacto el demandante, en un establecimiento gestionado por el Estado (apartados 12-15). El demandante no fue consultado en ningún momento sobre las decisiones tomadas por su curadora, cuando él podía expresar una opinión válida y, según la Ley de 1949 sobre personas físicas y jurídicas y la familia (apartado 42 supra), su consentimiento era necesario. En estas condiciones, no fue trasladado al hogar de Pastra en base a su solicitud o en base a un contrato voluntario de derecho privado de ingreso en una institución con el fin de recibir ayudas sociales y protección. El Tribunal considera que las restricciones de las que se queja el demandante son el resultado de una serie de actos realizados con posterioridad a la solicitud de ingreso y a lo largo de la ejecución de la medida por parte de autoridades e instituciones públicas actuando por la intermediación de sus agentes, y no de actos o iniciativas de personas privadas. Aunque en el presente caso nada indica que la curadora haya actuado de mala fe, estos datos permiten distinguir este caso del caso Nielsen (ya citado), en el que la madre del demandante, actuando de buena fe, había confiado a su hijo menor a una institución mental, lo que había llevado al tribunal a declarar que la medida correspondía al ejercicio de la patria potestad exclusiva sobre un niño incapaz de expresar una opinión válida.

123. Ahora es necesario considerar si el ingreso es atribuible a las autoridades nacionales. Queda por examinar si las restricciones derivadas de esta medida constituyen una “privación de libertad” en el sentido del artículo 5.

124. Con respecto al aspecto objetivo, el Tribunal señala que el demandante estaba alojado en un edificio del hogar del que podía salir, pero recuerda que no es decisivo que el edificio esté cerrado con llave (Ashingdane, ya citado, apartado 42). Es cierto que el interesado podía acudir al pueblo más cercano. No es menos cierto que dichas salidas necesitaban la autorización expresa (apartado 25 supra). Es más, el tiempo fuera del hogar y los lugares donde podía acudir eran limitados y siempre controlados.

125. El Tribunal señala asimismo que entre 2002 y 2009, el demandante fue autorizado en tres ocasiones a ir a Roussé para una estancia de corta duración (10 días) (apartados 26-28). El Tribunal no puede especular sobre si el demandante hubiera podido hacerlo más a menudo si lo hubiera solicitad. Sin embargo, observa que la decisión de conceder dicha autorización dependía únicamente de la administración del hogar, quien retenía los documentos de identificación del demandante y gestionada sus recursos financieros, incluidos, los gastos de transporte (apartados 25-26). Por otra parte, el Tribunal observa que la ubicación del hogar en una zona montañosa y alejada de Roussé (unos 400 km) hacía difícil y costoso cualquier viaje, teniendo en cuenta los ingresos del demandante y su capacidad para organizar sus movimientos.

126. El Tribunal estima que este régimen de autorización y el hecho que la administración retuviera los papeles de identidad del demandante constituían restricciones importantes a la libertad individual del interesado.

127. Asimismo, nadie negó que cuando el demandante no volvió al hogar después de su autorización de salida en 2006, la administración del hogar solicitara a la policía de Roussé su búsqueda y retorno (apartado 28 supra). El Tribunal puede admitir que esta medida se deriva de la responsabilidad que asume la administración de un hogar para personas con problema mentales, considerando las personas que se alojan. Señala asimismo que la policía no garantizó el traslado del demandante y que éste no demostró haber estado detenido mientras esperaba la llegada de los empleados del hogar. Cierto es que, dado que había vencido el período de salida autorizado, los representantes del hogar devolvieron al demandante independientemente de sus deseos.

128. Por lo tanto, incluso aunque el demandante podía realizar ciertos desplazamientos, las consideraciones anteriores llevan al Tribunal a considerar que, al contrario de lo que afirma el Gobierno, el interesado se encontraba bajo un control constante y no era libre de abandonar el hogar en el momento que lo deseara sin una autorización. Refiriéndose al asunto Dodov ya citado, el Gobierno sostiene que las restricciones en cuestión eran necesarias, dada la obligación positiva de las autoridades de proteger la vida y la salud del demandante. El Tribunal señala que en el asunto en cuestión, la madre del demandante sufría la enfermedad de Alzheimer y en consecuencia, su memoria y otras habilidades mentales se iban poco a poco deteriorando, y el personal del centro había recibido instrucciones de no dejarla sola. En el presente caso, sin embargo, el Gobierno no ha demostrado que el estado de salud del demandante le colocara en una situación de peligro inminente o como para ordenar la adopción de restricciones especiales para proteger su vida y su integridad física.

129. Respecto a la duración de la medida, el Tribunal señala que ésta no fue fijada y por tanto, era indeterminada, puesto que el demandante fue inscrito en el censo municipal con domicilio permanente en el hogar. Permanece todavía (después de más de ocho años). Este periodo de tiempo es suficientemente largo para que sufra plenamente los efectos negativos de las restricciones a las que está sometido.

130. Con respecto al aspecto subjetivo de la medida, conviene señalar que, contrariamente a las exigencias de la legislación interna (apartado 42 supra) nunca se solicitó la opinión del interesado respecto a su ingreso y jamás dio su consentimiento explícito a esta medida. No obstante fue conducido en ambulancia a Pastra e ingresado en el hogar sin ser informado de los motivos y de la duración de esta medida tomada por su curadora, nombrada de oficio. El Tribunal señala a este respecto que existen situaciones en las que la voluntad de unas personas cuyas capacidades mentales están alteradas puede ser remplazada en forma válida por la de un tercero que actúe en el marco de una medida de protección, y que a veces es difícil conocer la verdadera voluntado preferencias de dicha persona. No obstante, el Tribunal ya ha declarado que el hecho de que una persona se vea privada de su capacidad jurídica no significa necesariamente que sea incapaz de comprender su situación (Chtoukatourov, ya citado, apartado 108). En este caso, la legislación interna concedía un cierto peso a la voluntad del interesado y parece que éste comprendía bien su situación. El Tribunal señala que, como muy tarde a partir de 2004 el demandante expresó de manera explícita su voluntad de dejar el hogar de Pastra ante los psiquiatras y en las acciones que presentó ante las autoridades al objeto del restablecimiento de su capacidad jurídica y del cese de la curatela (apartados 37-41).

131. Estos elementos permiten distinguir el presente caso de H.M. contra Suiza, ya citado, donde el Tribunal concluyó la ausencia de una privación de libertad, pues la medida de ingreso sólo buscaba la protección de los intereses de la demandante quien, una vez en el centro, había decidido quedarse. A este respecto, el Gobierno no ha demostrado que el demandante, a su llegada a Pastra o en una ocasión posterior, hubiera aceptado permanecer en el hogar. En estas circunstancias, el Tribunal no cree que el interesado haya consentido en su ingreso, o lo haya aceptado, de manera tácita más tarde o a lo largo de su estancia

132. Considerando las particulares circunstancias del presente caso, y en concreto la implicación de las autoridades en la imposición y puesta en práctica del ingreso del demandante, el régimen de salidas del hogar, la duración de la medida y la falta de consentimiento del interesado, el Tribunal concluye que la situación examinada se analiza en una privación de libertad en el sentido del artículo 5 del Convenio. En consecuencia es de aplicación esta disposición.

C. Sobre la compatibilidad del ingreso del demandante en el hogar de Pastra con el artículo 5.1

1. Argumentos de las partes

a) El demandante

133. El demandante afirma que, al no haber consentido su ingreso ni firmado el contrato entre su curadora y el hogar de Pastra, dicho contrato era contrario a la ley sobre personas físicas y jurídicas y la familia. Añade que no fue informado de la firma del contrato en el momento de su ingreso y que continuó ignorándolo durante un tiempo considerable. De hecho, no tuvo la posibilidad de impugnar este acto de su curadora. A pesar de que ésta, en virtud del artículo 126 del código de la familia tenía la obligación de presentar un informe sobre sus actividades ante el órgano a cargo de la tutela y de la curatela (el alcalde), éste último no tenía potestad para sancionarla. De cualquier forma, no se presentó ningún informe en relación con el demandante y sus curadores nunca fueron requeridos o recriminados por ello.

134. El demandante argumenta a continuación que su ingreso en un hogar para personas con trastornos mentales no responde a ninguno de los criterios que justifican una privación de libertad en el sentido del artículo 5. Esta medida no estaría justificada ni por la necesidad de protección de la seguridad pública, ni por la imposibilidad del individuo de establecerse fuera de la institución. El demandante presenta como prueba el hecho de que el director del hogar le consideró capaz de integrarse en la sociedad y que se realizaron esfuerzos para acercarle a su familia, pero sin éxito. Así, las autoridades basaron su decisión de ingreso en la sencilla razón de que la familia del demandante no estaba dispuesta a cuidar de él y que necesitaba una ayuda social. No se consideró la posibilidad de otras medidas menos restrictivas a su libertad individual que pudieran proporcionarle la ayuda necesaria. Tales medidas podrían haberse considerado dado que la legislación búlgara prevé una amplia gama de beneficios sociales, por ejemplo asistencia personal, centros de rehabilitación, alojamiento y pensiones específicas. Por lo tanto, las autoridades no alcanzaron un justo equilibrio entre las necesidades sociales de la persona en cuestión y su derecho a la libertad. Sería arbitrario y contrario a la finalidad del artículo 5, basar un internamiento en consideraciones puramente sociales.

135. En la hipótesis de que el Tribunal considerara que su ingreso entra dentro del campo de aplicación del artículo 5.1e) que prevé la privación de libertad de una persona enajenada, el demandante mantiene que las autoridades nacionales no cumplieron con las exigencias de esta disposición. De hecho, en ausencia de un informe psiquiátrico reciente, es evidente, en su opinión que el mencionado internamiento no tenía como objetivo un tratamiento médico y que se basaba únicamente en documentos médicos elaborados con vistas a su incapacitación jurídica. Estos habrían sido elaborados alrededor de un año y medio antes de su ingreso y no tenía como objetivo el internamiento en un establecimiento para personas con trastornos mentales. Invocando la sentencia Varbanov contra Bulgaria (núm. 31365/96, apartado 47, TEDH 2000-X), el demandante alega que fue internado en el hogar de Pastra sin evaluar su estado en dicho momento.

b) El Gobierno

136. El Gobierno considera que el internamiento del demandante se adapta a la legislación interna pues la curadora firmó un contrato cuyos términos disponían que el interesado recibiera asistencia social. Asimismo, ella habría actuado dentro de sus funciones y habría cumplido con su obligación de proteger a la persona bajo curatela

137. Dado que el único objetivo de su internamiento consistía en proporcionar al demandante asistencia de carácter social en virtud de la ley sobre asistencia social y no se trataba de efectuar un tratamiento médico obligatorio, el Gobierno considera que esta medida no está amparada por el artículo 5.1e) del Convenio. A este respecto, las autoridades habrían considerado la situación económica y familiar del demandante, es decir, la ausencia de recursos y de familiares próximos que pudieran ayudarle diariamente.

138. El Gobierno precisa al mismo tiempo que el interesado puede, en cualquier caso, ser considerado como “enajenado” en el sentido del artículo 5.1 e). De hecho el informe pericial médico presentado, en el marco del procedimiento de incapacitación jurídica de 2000 demostraría claramente que el demandante padecía trastornos mentales y que, por tanto las autoridades estaban legitimadas para ingresarle en una institución para personas que sufrían este tipo de patologías. Finalmente basándose en la sentencia Ashingdane (ya citada, apartado 44), el Gobierno alega que existe un vínculo adecuado entre el motivo indicado para su ingreso, el estado de salud del interesado, y la institución donde fue ingresado. Asimismo estima que la medida en cuestión no es contraria al artículo 5.1e).

c) Terceras partes intervinientes

139. Basándose en el estudio mencionado en los apartados 112-114, Interights afirma que, en los países de Europa central y del Este, el internamiento en hogares sociales para personas con trastornos mentales se considera únicamente en su vertiente de protección social y en el marco del derecho contractual. La legislación interna no considera estos internamientos como una forma de privación de libertad, por tanto no serían de aplicación las garantías procesales previstas en materia de internamiento psiquiátrico involuntario.

140. Interights cree que estas situaciones deben aproximarse a las examinadas en H.L. contra Reino Unido, ya citada. Ésta habría cuestionado el régimen según el cual la doctrina de la necesidad definida por la common law antes del 2007 en el Reino Unido permitía la reclusión “informal” de individuos incapaces y dóciles con trastornos mentales. Pero el Tribunal habría encontrado llamativa la ausencia de una regulación que estableciera el procedimiento a seguir para la admisión y el internamiento de estas personas. En su opinión, es significativo el contraste entre esta ausencia de reglas y la amplia gama de garantías que acompañaba a los ingresos psiquiátricos formales con respecto a la legislación sobre salud mental. En ausencia de un procedimiento de admisión formal, indicando quien podía proponerla, por qué razones y en base a qué y a falta de determinar la duración del internamiento, tratamiento o cuidados, los profesionales de la salud del hospital habrían ejercido un control total sobre la libertad y el tratamiento de una persona incapaz y vulnerable basándose únicamente en sus propios exámenes clínicos llevados a cabo cuando y como consideraran oportuno. Sin cuestionar la buena fe de estos profesionales, ni dudar que actuaban en el mejor interés del demandante, el Tribunal habría recordado que el propósito mismo de las garantías procesales era proteger a los individuos contra los errores de juicio y la mala praxis profesional (H.L. contra Reino Unido, ya citada, apartados 120-121).

141. Interights solicita al Tribunal mantenerse en esta línea de jurisprudencia y constatar que en el presente caso el carácter informal del ingreso e internamiento en el hogar social es incompatible con las garantías del artículo 5 contra la arbitrariedad. Los tribunales no se involucraron en ningún momento del procedimiento y ningún otro organismo independiente habría sido responsable de supervisar a las instituciones en cuestión. La ausencia de regulación junto con el carácter vulnerable de las personas que padecen trastornos mentales facilitaría abusos en temas de derechos humanos, en un contexto donde la supervisión estaría extremadamente limitada.

142. El tercero interviniente expone a continuación, que en la mayoría de los casos de este tipo, el internamiento es una medida automática pues existen pocas oportunidades de asistencia social alternativa. Considera a este respecto que se debe imponer a las autoridades una obligación efectiva de poner en marcha medidas adecuadas y menos restrictivas de la libertad individual, que sin embargo sean capaces de garantizar atención médica y asistencia social a personas con trastornos mentales. Se trataría de aplicar el principio según el cual los derechos garantizados por el Convenio no son teóricos o ilusorios, sino concretos y efectivos.

2. Valoración del Tribunal

a) Principios generales

143. El Tribunal recuerda que el artículo 5.1 requiere en primer lugar que el internamiento impugnado sea “conforme a derecho”, incluyendo la observación de vías legales. Sobre el tema, el Convenio se remite en lo esencial a la legislación nacional y consagra la obligación de cumplir tanto con las normas de procedimiento y como de fondo, y además requiere la conformidad de cualquier privación de libertad a los efectos del artículo 5: proteger al individuo contra la arbitrariedad (Herczegfalvy contra Austria, 24 de septiembre de 1992, apartado 63, serie A núm. 244). Por otra parte, la privación de libertad es una medida tan grave que sólo se justifica cuando otras medidas menos lesivas hayan sido consideradas insuficientes para salvaguardar el interés personal o público que exige el internamiento. Por tanto, no es suficiente que la privación de libertad sea adapte a la legislación nacional, también debe ser necesaria en las circunstancias del caso (Witold Litwa contra Polonia, núm. 26629/95, apartado 78, TEDH 2000 III).

144. Por otra parte, los párrafos a) a f) del artículo 5.1 contienen una lista exhaustiva de motivos que autorizan la privación de libertad; dicha medida no será legal si no cumple uno de estos requisitos (ibid., apartado 49, Saadi contra Reino Unido GS, núm. 13229/03, apartado 43, 29 de enero de 2008 y Jendrowiak contra Alemania, núm. 30060/04, apartado 31, 14 de abril de 2011).

145. Con respecto a la privación de libertad de las personas con trastornos mentales, un individuo únicamente puede considerarse “enajenado” y sufrir una privación de libertad si al menos se cumplen las tres condiciones siguientes: en primer lugar, su enajenación debe haberse probado de manera concluyente; en segundo lugar, el trastorno debe ser de una naturaleza o magnitud tal que legitime el internamiento; en tercer lugar, el internamiento no puede prolongarse válidamente sin la persistencia de tal desorden (Winterwerp contra Holanda, 24 de octubre de 1979, apartado 39, serie A núm.. 33, Shtoukaturov, ya citado, apartado 114 y Varbanov, ya citado, apartado 45).

146. En cuanto a la segunda condición mencionada, el internamiento de una persona que padece trastornos mentales puede imponerse no sólo cuando es necesario, para curar o para que su estado mejore, mediante terapia, medicamentos o cualquier otro tratamiento clínico, sino también cuando se hace necesaria su vigilancia para evitar, por ejemplo que se haga daño o se lo haga a los demás (Hutchison Reid contra Reino Unido núm. 50272/99, apartado 52, TEDH 2003 IV).

147. El Tribunal recuerda, asimismo, que es necesario un cierto vínculo entre, por una parte, la razón invocada para la privación de libertad autorizada y, por otro el lugar y el régimen de internamiento. En principio, el “internamiento” de una persona como enferma mental sólo será “conforme a derecho” en el sentido del artículo 5.1 e) cuando este tiene lugar en un hospital, una clínica u otro establecimiento creado a tal fin (Ashingdane, ya citado, apartado 44, y Pankiewicz contra Polonia, núm. 34151/04, apartados 42-45, 12 de febrero de 2008). Con excepción de lo precedente, el tratamiento o régimen adecuados no dependen en principio del artículo 5.1e) (Ashingdane, ya citado, apartado 44, y Hutchison Reid, ya citado, apartado 49).

b) Aplicación de estos principios al presente caso

148. Para examinar si el internamiento del demandante en el hogar de Pastra era conforme a derecho a efectos del artículo 5.1, el Tribunal debe examinar si esta medida se ajustaba a la legislación interna, y si estaba entre una de las excepciones a la libertad individual previstas en los apartados a) a f) de esta disposición y finalmente, si estaba justificada en base a una de esas excepciones.

149. A la luz de la documentación interna aplicable (apartados 57-59 supra) el Tribunal señala que la legislación búlgara entiende el internamiento en una institución social como una medida de protección tomada a solicitud de la persona en cuestión y no como una medida de presión impuesta por una de las razones enunciadas en los apartados a) a f) del artículo 5.1. Además, en las circunstancias concretas del presente caso, esta medida ha supuesto importantes restricciones a la libertad individual dando como resultado una privación de libertad con menoscabo de la voluntad y los deseos del demandante (apartados 121-132).

150. Respecto al respeto a las vías legales, el Tribunal observa en primer lugar que la legislación interna dispone que un curador no dispone del poder de actuar en nombre de la persona bajo curatela. De hecho, en caso de incapacitación jurídica parcial los contratos únicamente son válidos cuando se han firmado conjuntamente por el curador y la persona bajo curatela (apartado 42). En consecuencia, el Tribunal concluye que la decisión de la curadora R.P. de ingresar al demandante en un hogar social para personas con trastornos mentales sin haber obtenido el acuerdo previo del demandante no tiene validez en la legislación búlgara. Esta conclusión por si sola, permite al Tribunal constatar que la privación de libertad del demandante fue contraria al artículo 5.

151. En cualquier caso, el Tribunal considera que esta medida no se ajustaba a derecho a efectos del artículo 5.1 del Convenio pues no estaba justificada por ninguna de las razones enunciadas en los apartados a) a f) de esta disposición.

152. El demandante admite que las autoridades actuaron principalmente en el contexto de los mecanismos de asistencia social (apartado 134). Sin embargo, considera que las restricciones impuestas son constitutivas de una privación de libertad no prevista en ninguna de las excepciones a la regla de la libertad individual que figuran en los párrafos a) a f) del artículo 5.1. El Gobierno sostiene que el internamiento tenía como único objetivo la protección del interés del demandante a recibir atención social (apartados 136-137). No obstante afirmó que si el Tribunal decidía aplicar el artículo 5.1, esta medida debía considerarse conforme con el párrafo e) de la disposición en cuestión, teniendo en cuenta los problemas mentales que sufría el interesado (apartado 138).

153. El Tribunal señala que el demandante tenía derecho a asistencia social en la medida en que no disponía de alojamiento y era incapaz de trabajar debido a su enfermedad. Opina que en determinadas circunstancias el bienestar de una persona que sufre de un trastorno mental puede constituir un factor adicional a tener en cuenta, además de los factores médicos, durante la valoración de la necesidad de internar a esta persona en una institución. Sin embargo, la necesidad objetiva de alojamiento y asistencia social no debe conducir automáticamente a la imposición de medidas privativas de libertad. En opinión del Tribunal, cualquier medida de protección debe reflejar en la medida de lo posible los deseos de las personas capaces de expresar su voluntad. El no buscar la opinión de la persona interesada puede dar lugar a situaciones de abuso y obstaculizar el ejercicio de los derechos de las personas vulnerables; Por lo tanto, cualquier medida adoptada sin consultar previamente con la persona en cuestión exige, en principio una revisión rigurosa.

154. El Tribunal está dispuesto a aceptar que el internamiento del demandante era una consecuencia directa de su estado de salud mental, de la declaración de incapacidad parcial y de la aplicación de la curatela. De hecho, unos seis días después de su nombramiento como curadora, la Sra. R. P., sin conocer al interesado y sin reunirse con él, decidió en base a su expediente solicitar a los servicios sociales el ingreso del demandante en un hogar destinado a acoger a personas con trastornos mentales. Los servicios sociales, por su parte asimismo hicieron referencia a la salud mental del demandante al considerar que debía aceptarse tal solicitud. Parece evidente para el Tribunal que aunque el demandante no había sido privado de su capacidad jurídica debido a su patología mental, tampoco debiera haberlo sido de su libertad. Por tanto, conviene examinar el presente asunto en virtud del apartado e) del artículo 5.1.

155. Queda por saber si el internamiento del demandante reúne las condiciones exigidas por la jurisprudencia del Tribunal relativas al internamiento de las personas con trastornos mentales (véase los principios enunciados en el apartado 145). En este sentido, el Tribunal recuerda que hay que reconocer a las autoridades nacionales una cierta libertad de opinión cuando se pronuncian sobre el internamiento de un individuo como “enajenado” porque les corresponde en primer lugar valorar las pruebas presentadas ante ellas en un determinado caso; su propia tarea consiste en revisar sus resoluciones en términos del Convenio (Winterwerp, ya citado, apartado 40 y Luberti contra Italia, 23 de febrero de 1984, apartado 27, serie A núm. 75).

156. En este caso, es cierto que el informe médico llevado a cabo durante el procedimiento de incapacitación jurídica aludía a trastornos sufridos por el demandante. Sin embargo, este informe tuvo lugar antes del mes de noviembre de 2000, cuando el demandante fue ingresado en el hogar de Pastra el 10 de diciembre de 2002 (apartados10 y 14). Por tanto, habían trascurrido más de dos años desde el informe psiquiátrico forense en el que se basaron las autoridades para decidir el internamiento, sin que la curadora hubiera procedido a la verificación de una posible evolución del estado de salud del demandante y sin reunirse con él o consultarle. A diferencia del Gobierno (apartado 138), el Tribunal considera que este período de tiempo es excesivo y que no se podía concluir que un dictamen médico del año 2000 reflejara de forma concluyente el estado de salud mental del demandante en el momento del internamiento. Asimismo, cabe señalar que las autoridades nacionales no tenían la obligación legal de ordenar una evaluación psiquiátrica en el momento del ingreso. En este sentido, el Gobierno afirma que las disposiciones aplicables son las de la Ley sobre asistencia social y no las de la Ley sobre la salud (apartados 57-60 y 137). Para el Tribunal no hay duda que la ausencia de una valoración médica reciente sería suficiente para concluir que el internamiento del demandante no se ajustaba a derecho en el sentido del artículo 5.1e).

157. Por otro lado, el Tribunal observa que los demás requisitos del apartado e) del artículo 5.1 tampoco se han cumplido en el presente caso. De hecho, en cuanto a la necesidad de justificar el ingreso debido a la gravedad de los problemas, señala que el informe médico forense de 2000 no tenía como objetivo examinar si el estado de salud del demandante requería el ingreso en un hogar para personas con trastornos mentales, sino tan sólo la cuestión de su protección jurídica. Es cierto que el artículo 5.1e) autoriza el ingreso de una persona con trastornos mentales sin que se plantee la necesidad de un tratamiento médico (Hutchison Reid, apartado 52); No obstante, tal medida debe estar debidamente justificada por la gravedad del estado de salud del interesado a fin de garantizar su propia seguridad o la protección de los demás. Sin embargo, en este caso no estaba probado que el demandante fuera peligroso para sí mismo o para otros, debido a su patología psiquiátrica; en este sentido no sería suficiente la mera afirmación de algunos testigos de que se volvía agresivo cuando bebía (apartado10 ). Las autoridades tampoco informan de actos de violencia por parte del demandante durante su estancia en el hogar de Pastra.

158. El Tribunal observa también fallos en la verificación de la persistencia de los problemas que justificaban el internamiento. De hecho, a pesar de que el demandante tenía un seguimiento por parte de un psiquiatra (apartado 31), este seguimiento no tenía como objeto evaluar, en períodos regulares, si continuaba siendo necesario el mantenimiento en el hogar de Pastra a efectos del artículo 5.1e). De hecho, tal evaluación no estaba prevista por la legislación pertinente.

159. Considerando lo anterior, el Tribunal constata que el internamiento del demandante no fue ordenado “según las vías legales” y que su privación de libertad no estaba justificada por el apartado e) del artículo 5.1. El Gobierno no ha invocado ninguna de las otras razones enumeradas en los apartados a) a f) del artículo 5.1 que, en el presente caso, habrían podido autorizar la privación de la libertad en cuestión.

160. Por tanto, ha habido violación de esta disposición.

II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 5.4 DEL CONVENIO

161. El demandante se queja de que la legalidad de su internamiento en el hogar de Pastra no pudo ser examinada por un tribunal.

Invoca el apartado 4 del artículo 5 del Convenio, que dispone:

”Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.”

A. Argumentos de las partes

1. El demandante

162. El demandante mantiene que la legislación interna no prevé recursos específicos para su situación, en concreto un control judicial periódico de la legalidad del internamiento en un hogar para personas con trastornos mentales. Añade que, dado que estaba considerado incapaz para actuar solo en el ámbito jurídico, la legislación interna no le ofrecía la posibilidad de acudir a un tribunal para solicitar la autorización de abandonar el hogar de Pastra. Afirma que tampoco podía solicitar la rescisión del contrato de internamiento, considerando el conflicto de intereses existente con su curador, que ejercía al mismo tiempo las funciones de director de la institución.

163. El interesado precisa asimismo que no estaba autorizado para solicitar el inicio del procedimiento previsto por el artículo 277 del CPC (apartado 51) y que, además, esta demanda no tendría como objeto el control de la legalidad de su privación de libertad, sino únicamente la revisión de las condiciones que justificaban la curatela.

164. Afirma asimismo que el procedimiento previsto por los artículos 113 y 115 del CF (apartados 49-50) concedía, en teoría a los familiares más próximos, el derecho a solicitar al alcalde el cambio de curador u obligar a la rescisión del contrato de internamiento en el hogar. Sin embargo, para el demandante se trataba de un recurso indirecto y no accesible pues su hermanastra y la segunda mujer de su padre no estaban dispuestas a presentarlo.

2. El Gobierno

165. El Gobierno mantiene que en la medida en que el internamiento en cuestión tenía como finalidad proporcionar asistencia social, el demandante habría podido solicitar la rescisión del contrato en cualquier momento, sin necesidad de implicar a los tribunales. En su opinión, dado que el demandante alega un conflicto de intereses con su curador, podría haber hecho uso del artículo 123.1 del CF (apartado 50) y solicitar al organismo a cargo de la tutela y curatela, el nombramiento de un representante ad hoc, quien posteriormente habría podido dar su consentimiento para un cambio de domicilio.

166. Además, el Gobierno señala que los familiares cercanos del demandante no se sirvieron de la posibilidad ofrecida a algunos de ellos por los artículos 113 y 115 del CF de solicitar ante el organismo a cargo de la tutela y la curatela el cambio de curador o de impugnar los actos de éste. Afirma que en caso de rechazo, los interesados habrían podido presentar un recurso ante un tribunal que se hubiera pronunciado sobre el fondo y nombrado provisionalmente a un nuevo curador, quien, a su vez, podría haber rescindido el contrato de internamiento. De esta forma, en opinión del Gobierno, habrían podido recurrir el contrato firmado entre la Sra. R. P. y el hogar de Pastra.

167. Finalmente, el Gobierno estima que la demanda de restablecimiento de la capacidad jurídica (prevista en el artículo 277 del CPC - apartado 51) constituía un recurso en el sentido del artículo 5.4 porque, si se hubiera comprobado que el estado de salud del demandante había mejorado suficientemente y se hubiera levantado la curatela, el interesado hubiera podido dejar el hogar con total libertad.

B. Valoración del Tribunal

1. Principios generales

168. El Tribunal recuerda que el artículo 5.4 reconoce a las personas internadas el derecho a presentar un recurso a fin de controlar el respeto a las exigencias de procedimiento en fondo y en forma necesarias para la legalidad de la privación de libertad en el sentido del Convenio. El concepto de “legalidad” debe tener el mismo sentido en el apartado 4 del artículo 5 que en el apartado 1, de tal forma que una persona internada tiene el derecho de hacer revisar la “legalidad” de su internamiento en virtud no solo de la legislación interna, sino también del Convenio, de los principios generales que consagra y de la finalidad de las restricciones que autoriza el artículo 5.1. El artículo 5.4 no garantiza el derecho a un control jurídico de un alcance tal que habilite al tribunal competente a imponer sobre el conjunto de los aspectos en causa, incluidas consideraciones de pura oportunidad, su propia valoración por encima de la autoridad de la que emana la resolución. Se desea un control lo suficientemente amplio que se extienda a cada una de las condiciones indispensables para la legalidad del internamiento de un individuo respecto al apartado 1 (E. contra Noruega, 29 de agosto de 1990, apartado 50, série A núm. 181-A). La “ jurisdicción “ a cargo de este control no solo debe poseer atribuciones simplemente consultivas, sino que debe tener la competencia de “resolver” sobre la “legalidad” del internamiento y ordenar la puesta en libertad en caso de internamiento ilegal (Irlanda contra Reino Unido, 18 de enero de 1978, apartado 200, serie A núm. 25; Weeks contra Reino Unido, 2 de marzo de 1987, apartado 61, serie A núm. 114; Chahal contra Reino Unido, 15 de noviembre de 1996, apartado 130, Repertorio de sentencias y decisiones 1996-V; A. y otros contra Reino Unido [GS], núm. 3455/05, apartado 202, 19 de febrero de 2009).

169. Las formas de control jurídico que cumplen con las exigencias del artículo 5.4 pueden variar de un ámbito a otro y dependen del tipo de privación de libertad en cuestión. No corresponde al Tribunal preguntarse cual podría ser el sistema más adecuado en el ámbito examinado (Chtoukatourov, ya citado, apartado 123).

170. Cierto que el artículo 5.4 garantiza un recurso que debe ser accesible al interesado y permitirle controlar el cumplimiento de las condiciones que deben reunirse para que, en virtud del artículo 5.1 e), el internamiento de una persona por enajenación mental se ajuste a derecho (Ashingdane, apartado 52). El requisito del Convenio según el cual un acto de privación de libertad debe estar sujeto a revisión judicial independiente reviste una importancia fundamental dado el objetivo subyacente del artículo 5 del Convenio, a saber: la protección contra la arbitrariedad. Aquí está en juego tanto la protección de la libertad física de las personas, como la seguridad de la persona (Varbanov, apartado 58). En el caso de internamiento debido a enfermedad mental, deben imponerse garantías procesales especiales para proteger a aquellos que, por causa de sus trastornos mentales, no son plenamente capaces de actuar por cuenta propia (véanse, entre otros, Winterwerp, ya citado, apartado 60).

171. Entre los principios relativos a los “enajenados” que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal en torno al artículo 5.4 figuran los siguientes:

a) en caso de internamiento por una duración ilimitada o prolongada, el interesado tiene, en principio el derecho, al menos en ausencia de un control judicial periódico y automático de presentar “a intervalos razonables” un recurso ante los tribunales para impugnar la “legalidad” en el sentido del Convenio- de su internamiento;

b) el artículo 5.4 exige que el procedimiento aplicado revista un carácter judicial y ofrezca al individuo en cuestión garantías apropiadas a la naturaleza de la privación de la libertad cuestionada; para determinar si un procedimiento ofrece las garantías suficientes, habrá que considerar las circunstancias particulares en las que se desarrolla;

c) Las instancias judiciales en virtud del artículo 5.4 deben ir siempre acompañadas de garantías idénticas a las que el artículo 6.1 establece para los litigios civiles o penales. Es necesario que el interesado tenga acceso a un tribunal y la oportunidad de ser oído o, en su caso, ser representado de alguna forma (Megyeri contra Alemania, 12 de mayo de 1992, apartado 22, serie A núm. 237A).

2. Aplicación de estos principios en el presente caso

172. El Tribunal observa que el Gobierno no ha indicado ningún recurso interno que proporcione al demandante la oportunidad de recurrir directamente la legalidad de su internamiento en el hogar de Pastra y el mantenimiento de esta medida. Asimismo observa que los tribunales búlgaros, en ningún momento y bajo ninguna forma estuvieron implicados en el internamiento del demandante y que la legislación nacional no prevé una revisión periódica y automática de la situación de las personas ingresadas en un hogar para personas con trastornos mentales. Por otra parte, dado que el internamiento del demandante no es reconocido como una privación de libertad en la legislación búlgara (apartado 58), ésta no prevé ningún recurso para impugnar la legalidad de esta medida en tanto privación de libertad. Asimismo, el Tribunal observa que, según la jurisprudencia de los tribunales nacionales, la nulidad del contrato de internamiento por falta de consentimiento solo podría haberse invocado a iniciativa del curador (apartado 54).

173. En la medida en que el Gobierno se refiere al procedimiento de restablecimiento de la capacidad jurídica prevista por el artículo 277 del CPC (apartado 167), el Tribunal señala que esta diligencia no hubiera tenido por objeto examinar la legalidad del internamiento del demandante per se, sino únicamente reconsiderar la condición jurídica de éste (apartados 233-246). El Gobierno se basa también en los mecanismos de control de los actos del curador (apartados 165-166). El Tribunal considera que conviene verificar si estos recursos hubieran podido dar lugar a una revisión judicial de la legalidad del internamiento, tal como exige el artículo 5.4.

174. A este respecto señala que el CF de 1985 permitía a los familiares cercanos del interesado impugnar los actos del organismo a cargo de la tutela y de la curatela, quien, a su vez debía controlar los actos del curador, incluido el contrato de internamiento, y proceder a su sustitución en caso de incumplimiento de sus obligaciones (apartado 48-50). No obstante, el Tribunal señala que se trataba de recursos no accesibles al demandante. Además, ninguna de las personas teóricamente habilitadas para ejercerlos demostró la mínima de intención de actuar en favor de los intereses del Sr. Stanev, y este último no podía actuar por iniciativa propia sin su autorización.

175. No se sabe con claridad si el demandante podía presentarse ante el alcalde para pedirle que exigiera explicaciones al curador o suspender la ejecución del contrato de internamiento debido a su nulidad. En cualquier caso, parece que a consecuencia de su incapacitación parcial, la ley no le autorizaba a impugnar de manera autónoma los actos del alcalde ante los tribunales (apartado 49), circunstancia que el Gobierno no contesta.

176. La misma conclusión se aplica con respecto a la posibilidad de que el demandante solicitara al alcalde la sustitución temporal de su curador por un representante ad hoc alegando la existencia de un conflicto de intereses y solicitar posteriormente la rescisión del contrato de internamiento. En este sentido, este Tribunal señala que el alcalde tiene la potestad discrecional para evaluar la existencia de un conflicto de intereses (apartado 50). Finalmente, no parece que el demandante hubiera podido impugnar de manera autónoma una posible negativa del alcalde ante un tribunal que hubiera resuelto sobre el fondo.

177. Por lo tanto, el Tribunal concluye que los recursos invocados por el Gobierno, ya fueran inaccesibles al demandante o no, eran de carácter judicial. Asimismo, ninguno de estos medios permite examinar directamente la legalidad del internamiento del demandante en el hogar de Pastra a efectos de la legislación interna y del Convenio.

178. Vistos estos elementos, el Tribunal rechaza la excepción de no agotamiento de las vías de recursos internos planteada por el Gobierno (apartados 97-99) y declara que ha existido violación del artículo 5.4 del Convenio.

III. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5.5 DEL CONVENIO

179. El demandante considera que no tuvo derecho a una indemnización por las violaciones denunciadas de sus derechos garantizados por el artículo 5.1 y 5.4 del Convenio.

A este respecto invoca el artículo 5.5 que dispone:

«Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación»

A. Argumentos de las partes

180. El demandante considera que los casos en los que una reclusión irregular puede dar lugar a una indemnización son enumerados por la Ley de 1988, sobre la responsabilidad del Estado (apartados 62-67) y que su situación no pertenece a ninguna de ellas. También denuncia la ausencia de medios legales para obtener una indemnización por la violación del artículo 5.4.

181. El Gobierno sostiene que el procedimiento de indemnización previsto por la Ley de 1988 hubiera podido iniciarse si se hubiera considerado el ingreso en el hogar carente de base legal. Al ser considerada esta medida conforme a la legislación interna y a los intereses del demandante, éste no podría iniciar el procedimiento en cuestión.

B. Valoración del Tribunal

182. El Tribunal recuerda que se cumple el artículo 5.5 desde el momento en que se puede solicitar la reparación por una privación de libertad en condiciones contrarias a los apartados 1, 2, 3 ó 4 (Wassink contra Holanda, 27 de septiembre de 1990, apartado 38, serie A núm. 185 - A y Houtman y Meeus contra Bélgica, núm. 22945/07, apartado 43, 17 de marzo de 2009). Por lo tanto, el derecho a obtener reparación establecido en el párrafo 5 implica que haya quedado probada la violación de uno de estos otros párrafos por una autoridad nacional o por las instituciones del Convenio. En este sentido, el disfrute efectivo del derecho a la reparación, garantizado por esta última disposición debe estar garantizado con un grado suficiente de certeza (Ciulla contra Italia, 22 de febrero de 1989, apartado 44, serie A núm. 148, Sakık y otros contra Turquía, 26 de noviembre de 1997, apartado 60, Repertorio 1997-VII y N.C. contra Italia GS, núm. 24952/94, apartado 49 TEDH 2002-X)).

183. Volviendo al presente caso, el Tribunal señala que, vista su constatación de violación de los apartados 1 y 4 del artículo 5, se aplica el apartado 5 de esta disposición. Por lo tanto, debe examinar si el interesado ha dispuesto a nivel interno de un derecho exigible a una indemnización por su perjuicio antes de la presente sentencia, o si dispondrá de ese derecho después de que esta se dicte.

184. Recuerda en este sentido que para declarar la violación del artículo 5.5, debe establecerse que la constatación de la violación de cualquiera de los otros apartados del artículo 5, no podía, antes de la sentencia en cuestión del Tribunal, ni tras dicha sentencia, dar lugar a una demanda de indemnización ante los tribunales internos (Brogan y otros contra el Reino Unido, 29 de noviembre de 1988, apartados 66-67, serie A núm. 145-B).

185. A la luz de esta jurisprudencia, el Tribunal considera que hay que verificar en primer lugar si la violación constatada en el presente caso del artículo 5.1 y 5.4 hubiera dado lugar, antes del pronunciamiento de la presente sentencia, a un derecho a indemnización ante los tribunales internos.

186. Con respecto a la violación del artículo 5.1, el Tribunal señala que el artículo 2.1 de la Ley de 1988 sobre responsabilidad del Estado prevé una indemnización por daños y perjuicios debidos a una resolución judicial en ciertos casos de reclusión cuando se ha visto anulada por ausencia de base legal (apartado 62). Sin embargo este no es el caso. Se deduce del sumario que las autoridades judiciales búlgaras en ningún momento consideraron esta medida ilegal o contraria al artículo 5 del Convenio. La tesis del Gobierno consiste en decir que el internamiento del demandante se ajustaba a la legislación interna. El Tribunal concluye, por tanto, que el demandante no podía reclamar compensación alguna en virtud del artículo anteriormente mencionado, debido a la ausencia de reconocimiento por parte de las autoridades nacionales de la irregularidad del internamiento.

187. En cuanto a la posibilidad de solicitar una indemnización por daños causado por actos ilegales de las autoridades en virtud del artículo 1 de la misma ley (apartado 63), el Tribunal observa que el Gobierno no ha dictado ninguna resolución interna indicando que esta disposición sea de aplicación a los internamientos en hogares sociales para personas con trastornos mentales en base a contratos de derecho civil.

188. Asimismo, al no existir en la legislación búlgara ningún recurso judicial que permita impugnar la legalidad del internamiento, el demandante no podía invocar la responsabilidad del Estado para obtener una reparación por la violación del artículo 5.4.

189. A continuación se plantea la cuestión de si el pronunciamiento de la presente sentencia dictaminando la violación del artículo 5.1 y 5.4 permitirá al demandante solicitar una indemnización al amparo de la legislación búlgara. El Tribunal señala que no parece que en la legislación búlgara exista tal recurso. De hecho, el Gobierno no ha presentado argumentos en prueba de lo contrario.

190. Por lo tanto, no ha demostrado que el demandante pudiera disponer, antes de la sentencia del Tribunal, de un derecho a reparación, o que pueda disponer de tal derecho tras el pronunciamiento de la sentencia, por la violación del artículo 5.1 y 5.4.

191. En consecuencia, ha habido violación del artículo 5.5.

IV. SOBRE LAS VIOLACIONES DEL ARTÍCULO 3 DEL CONVENIO SOLO Y EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 13

192. El demandante se queja de malas condiciones de vida en el hogar de Pastra, así como de la ausencia en la legislación búlgara de un recurso efectivo respecto a esta alegación. Invoca el artículo 3 solo y en relación con el artículo 13 del Convenio. Estas disposiciones disponen lo siguiente:

Artículo 3

”Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.”

Artículo 13

”Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

A. Sobre la excepción preliminar de no agotamiento de las vías de recurso internas

193. En su escrito ante la Gran Sala, el Gobierno plantea, por primera vez, una excepción de no agotamiento de los recursos internos en virtud del artículo 3 del Convenio. Mantiene que el demandante habría podido obtener indemnización por las condiciones de vida padecidas en el hogar al presentar un recurso en virtud de la Ley de 1988 sobre la responsabilidad del Estado.

194. El Tribunal recuerda que a tenor del artículo 55 de su reglamento, si la Parte contratante demandada pretende plantear una excepción de inadmisibilidad, debe hacerlo, en tanto la naturaleza de la excepción y las circunstancias lo permitan, en las alegaciones escritas u orales sobre la admisibilidad de la demanda presentada por ella ((N.C. contra Italia, ya citada, apartado 44). Cuando es extemporánea en el sentido de este artículo, la excepción de no agotamiento de las vías de recurso internas se enfrenta a la prescripción y debe, por tanto, ser rechazada (Velikova contra Bulgaria, núm. 41488/98, apartado 57, TEDH 2000-VI, y Tanribilir contra Turquia, núm. 21422/93, apartado 59, 16 de noviembre de 2000).

195. En el presente caso, el Gobierno no ha invocado circunstancias justificando que la excepción en cuestión hubiera sido presentada en la etapa del examen de la admisibilidad del asunto por parte de la sala.

196. En estas condiciones, el Tribunal constata que la excepción ha prescrito, por tanto debe de ser rechazada.

B. Fundamentación de la queja a tenor del artículo 3 del Convenio

1. Argumentos de las partes

197. El demandante mantiene que las malas condiciones de vida en el hogar de Pastra, en particular la alimentación insuficiente, las condiciones de higiene deplorables, la ausencia de calefacción, los tratamientos médicos forzosos, el hacinamiento en los cuartos y la ausencia de actividades terapéuticas y culturales, se consideran tratos contrarios al artículo 3.

198. Hace falta remarcar que el Gobierno ya había reconocido en 2004 que las mencionadas condiciones de vida no se ajustaban a las leyes europeas en este campo y se había comprometido a proceder a su mejora (apartado 82). En cualquier caso, estas condiciones continuaron sin cambios, al menos hasta fin de 2009.

199. En sus alegaciones ante la Sala, el Gobierno reconoció las deficiencias en las condiciones de vida del hogar. Explicó que la insuficiencia de medios financieros respecto a este tipo de establecimientos, constituía el principal obstáculo para el mantenimiento de las mínimas condiciones de vida requeridas. Indicó que tras la inspección realizada por la agencia para la asistencia social, las autoridades habían previsto cerrar el hogar de Pastra y tomar medidas al objeto de mejorar las condiciones de vida de sus residentes. En opinión del Gobierno, las condiciones de vida eran las mismas para todos los residentes en el hogar y, en ausencia de intención de infligir malos tratos, el demandante no fue objeto de trato degradante.

200. Ante la Gran Sala, el Gobierno precisó que los trabajos de rehabilitación se habían realizado a finales del año 2009 en la parte del hogar donde residía el demandante (apartado 24).

2. Valoración del Tribunal

a) Principios generales

201. El artículo 3 consagra uno de los valores esenciales de las sociedades democráticas. Prohíbe en términos absolutos la tortura y el tratamiento o penas inhumanas o degradantes cualquiera que sean las circunstancias y los actos de la víctima (véase, entre otros, Kudła contra Polonia [GS], núm. 30210/96, apartado 90, TEDH 2000-XI, y Poltoratski contra Ucrania, núm. 38812/97, apartado 130, TEDH 2003-V).

202. Para entrar en el ámbito del artículo 3, un tratamiento debe alcanzar un mínimo de gravedad. La valoración de este mínimo es relativa en esencia; depende del conjunto de datos de la causa y de su naturaleza y del contexto del maltrato, de sus modalidades de aplicación, su duración, sus efectos físicos o mentales, así como, en ocasiones, el sexo, edad y estado de salud de la víctima (Kudła, ya citado, apartado 91 y Dankevich, ya citado, apartado 131).

203. El Tribunal ha declarado un “trato inhumano” cuando se había estado aplicando con premeditación durante horas y había causado ya sea lesiones corporales, ya sea grave sufrimiento físico o mental (Labita contra Italia GS, núm. 26772/95, apartado 120, TEDH 2000-IV). Ha considerado, además, que el maltrato era “degradante” cuando se trataba de inspirar a sus víctimas sentimientos de miedo, angustia e inferioridad al objeto de humillarlos y menospreciarlos y posiblemente minar su resistencia física o moral, o para llevarlos a actuar contra su voluntad o su conciencia (Jalloh contra Alemania GS, núm. 54810/00, apartado 68, TEDH 2006-IX). En este sentido, la cuestión de si el objetivo de un maltrato en particular era humillar y menospreciar a la víctima es un factor a tener en cuenta, aunque la ausencia de tal propósito no puede excluir la conclusión de una violación del artículo 3 (Peers contra Grecia, núm. 28524/95, apartados 67, 68 y 74, TEDH 2001-III y Kalashnikov contra Rusia, núm. 47095/99, apartado95, TEDH 2002-VI).

204. El sufrimiento y humillación infligidos en cualquier caso deben ir más allá de lo que supone un maltrato o pena legítimos. Las medidas privativas de libertad van acompañadas normalmente de un sufrimiento y humillación similar. No obstante no se podría considerar que una privación de libertad plantee en si misma un problema en virtud del artículo 3 del Convenio. No obstante, esta disposición impone al Estado garantizar que todo recluso esté arrestado en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana, que las modalidades de aplicación de la medida no sometan al interesado a una angustia o prueba de una intensidad tal que exceda el nivel de sufrimiento inherente a la reclusión, y que, dadas las exigencias prácticas de tal medida, la salud del interesado esté asegurada de manera adecuada, en particular a través de la dispensación de los cuidados médicos requeridos (Kudła, ya citada, apartados 92-94).

205. Cuando se trata de valorar las condiciones de una privación de libertad en virtud del artículo 3 del Convenio, es procedente considerar sus efectos acumulativos y la duración de la medida (Kalachnikov, ya citada, apartados 95 y 102, Kehayov contra Bulgaria, núm. 41035/98, apartado 64, 18 de enero de 2005, y Iovtchev contra Bulgaria, núm. 41211/98, apartado 127, 2 de febrero de 2006). A este respecto, un factor importante a tener en consideración, además de las condiciones materiales de internamiento, es el régimen de internamiento. Para valorar si un régimen restrictivo puede plantear un problema en virtud del artículo 3 en un asunto dado, procede considerar las condiciones particulares del caso, la severidad del régimen, su duración, el objetivo perseguido y sus efectos sobre la persona en cuestión (Kehayov, ya citado, apartado 65).

b) Aplicación de estos principios al presente caso

206. En el presente caso, el Tribunal ya ha dictaminado que el internamiento del demandante en el hogar de Pastra, del que son responsables las autoridades nacionales, equivale a una privación de libertad en el sentido del artículo 5 del Convenio (apartado132). Se deduce que el artículo 3 es aplicable a la situación de la persona en cuestión. En efecto, esta disposición prohíbe el tratamiento inhumano y degradante de las personas que están en manos de las autoridades. El Tribunal desea subrayar que la prohibición de maltrato establecida en el artículo 3 se aplica de la misma manera a cualquier forma de privación de libertad y sobre todo sin diferencias basadas en el propósito de la medida denunciada; No importa que se trate de una reclusión ordenada dentro de un proceso penal o una reclusión ordenada al objeto de proteger la vida o la salud de la persona en cuestión.

207. El Tribunal señala en primer lugar que el Gobierno indicó que desde finales de 2009 el edificio habitado por el demandante había sido reformado, que habría dado lugar a una mejora de las condiciones de vida (apartado 200). Estas afirmaciones no se discuten. Por lo tanto, el Tribunal considera que la queja del demandante debe entenderse como referida al periodo comprendido entre 2002 y 2009. El Gobierno no se opone a que durante este período las condiciones de vida fueran las descritas por el demandante y admite que, por razones económicas, presentaban algunas deficiencias (apartados 198-199 supra).

208. El Tribunal observa que, aunque compartía una habitación de una superficie de 16 m2 con otros cuatro residentes, el demandante disponía de gran libertad de movimientos tanto dentro como fuera de la instalación, circunstancia que limitaría los efectos negativos de un espacio restringido a la noche (Valašinas contra Lituania, núm. 44558/98, apartado 103, TEDH 2001 VIII).

209. No obstante, otros aspectos de las condiciones materiales de vida son muy preocupantes. En concreto, parece que la comida no era suficiente y de calidad deficiente. El edificio no estaba suficientemente caliente y, en invierno, el demandante tenía que acostarse con su abrigo. Solo podía ducharse una vez por semana en un cuarto de baño insalubre y destartalado. Los aseos estaban en un estado deplorable, y por otra parte, era peligroso acceder a ellos según las constataciones de la CPT (apartados 21, 22, 23, 78 y 79 supra). Finalmente, el hogar cambiaba la ropa de los internos después de lavarla (apartado 21), lo que provocaba un sentimiento de inferioridad entre ellos.

210. El Tribunal no puede permanecer insensible ante el hecho de que el demandante estuvo expuesto al conjunto de condiciones en cuestión durante un largo periodo de siete años. Tampoco puede ignorar las conclusiones del CPT que, tras haber visitado los lugares, determinó que en la época en cuestión, las condiciones de vida en el hogar podían ser descritas como constitutivas de un trato inhumano y degradante. Incluso teniendo conocimiento de estas circunstancias, durante los años 2002-2009, el Gobierno no cumplió con sus compromisos de proceder al cierre del establecimiento (apartado 82). El Tribunal considera que la ausencia de recursos financieros invocada por el Gobierno no constituye un argumento aplicable para justificar el mantenimiento del demandante en las condiciones de vida narradas (Poltoratski, ya citado, apartado 148).

211. No obstante tiende a precisar que nada permite pensar que las autoridades nacionales tuvieran la intención de infligir un trato degradante. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, (apartado 203) la ausencia de tal objetivo no excluye de manera definitiva la constatación de la violación del artículo 3.

212. En conclusión, señalando las mejoras que, parece, se han realizado en el hogar de Pastra a partir de 2009, el Tribunal estima que, consideradas en su conjunto, las condiciones de vida a las que estuvo expuesto el demandante durante al menos siete años, constituyen un trato degradante.

213. Por lo tanto, ha habido violación del artículo 3 del Convenio.

C. Fundamentación de la queja a tenor del artículo 13 en relación con el artículo 3

1. Argumentos de las partes

214. El demandante estima que ningún recurso interno, incluida la vía de indemnización prevista por la Ley de 1988 sobre la responsabilidad del Estado, le era accesible sin la autorización de su curador. Señala en este sentido, que estuvo sin curador durante más de dos años, durante el período comprendido entre la finalización de la funciones de la Sra. R. P. (31 de diciembre de 2002- apartado 12) y el nombramiento de un nuevo curador, acaecido el 2 de febrero de 2005 (apartado 17). Además, este último ejercía también las funciones de director del centro. Por tanto, el demandante se encontraría en una situación de conflicto de intereses con él en cuanto a un posible litigio sobre las condiciones de vida en el hogar y no hubiera podido esperar que su curador apoyara sus acusaciones.

215. En opinión del Gobierno, la demanda de restablecimiento de su capacidad jurídica (apartados 51-52) constituía un recurso que habría permitido al demandante revisar su situación y si se hubiese puesto fin a la curatela, abandonar el hogar y no sufrir más las condiciones de vida que denuncia.

216. El Gobierno añade que el demandante podía presentar, en virtud del artículo 1 de la Ley de 1988 sobre la responsabilidad del Estado (apartados 62-67) un recurso acusando directamente las malas condiciones de vida en el hogar de Pastra.

2. Valoración del Tribunal

217. El Tribunal recuerda su jurisprudencia constante según la cual el artículo 13 garantiza la existencia de recursos internos que permiten el examen del contenido de una “queja defendible” basada en el Convenio y conceden una compensación adecuada. Los Estados contratantes gozan de un cierto margen de discrecionalidad en cuanto a la forma de cumplir las obligaciones que les impone esta disposición. El ámbito de la obligación comprendida en el artículo 13 varía dependiendo de la naturaleza de la queja del demandante según el Convenio. Sin embargo, el recurso exigido por el artículo 13 debe ser «efectivo» tanto en la práctica como en la teoría (McGlinchey y otros contra Reino Unido, núm. 50390/99, apartado 62, TEDH 2003-V).

218. Cuando, como en el presente caso, el Tribunal ha constatado una violación del artículo 3, en principio debe ser posible una indemnización en concepto de daño moral y ser parte del régimen de reparación aplicado (ibídem, apartado 63, y Iovtchev, ya citado, apartado 143).

219. En el presente caso, el Tribunal señala que es cierto que el artículo 1.1, de la Ley de 1988, sobre responsabilidad del Estado ha sido interpretado por los tribunales como aplicable a los perjuicios sufridos por los reclusos en el ámbito carcelario debido a malas condiciones de reclusión (apartados 63-64). Sin embargo, según el Gobierno, el internamiento del demandante en el hogar de Pastra no se considera una reclusión en la legislación interna (apartados108-111). Por lo tanto, la persona en cuestión no habría podido obtener indemnización por las malas condiciones de vida en este hogar. De hecho, no existe ninguna resolución judicial según la cual esta disposición sería de aplicación a reclamaciones relativas a malas condiciones en hogares sociales (apartado 65), y el Gobierno no ha proporcionado argumentos demostrando lo contrario. Considerando estos elementos, el Tribunal es de la opinión de que tales recursos no eran efectivos en el sentido del artículo 13.

220. En la medida en que el Gobierno invoca el procedimiento de restablecimiento de la capacidad jurídica (apartado 215), el Tribunal observa que, suponiendo que el demandante hubiera podido, gracias a ese recurso, recuperar su capacidad jurídica y abandonar el hogar, no se le hubiera concedido indemnización alguna por el trato sufrido durante su estancia. Por lo tanto, tal recurso no garantizaba una compensación adecuada.

221. Por tanto, ha existido violación del artículo 13 del Convenio en relación con el artículo 3.

V. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 6.1 DEL CONVENIO

222. El demandante alega que la legislación búlgara no le ofrecía la posibilidad de presentar una demanda judicial de recuperación de su capacidad jurídica. Invoca el artículo 6.1 del Convenio, que, en su parte aplicable, dispone:

”Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, (...) por un tribunal (...) que decidirá (...) sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil (...).”

A. Consideraciones preliminares

223. La Gran Sala constata que el Gobierno mantiene ante ella la excepción de no agotamiento de las vías de recursos internos planteada ante la Sala. Esta excepción se basa en el artículo 277 del CPC que, en opinión del Gobierno, proporcionaba al demandante la posibilidad de presentar personalmente una demanda judicial de reintegración de la capacidad jurídica.

224. La Gran Sala señala que, en su decisión sobre admisibilidad de 29 de junio de 2010, la Sala observó que el demandante contestó la accesibilidad del recurso que, en opinión del Gobierno, habría permitido la revisión de su estatuto jurídico, y que esta acusación se encontraba en el corazón de su denuncia basada en el artículo 6.1. La Sala por tanto, acumuló la excepción planteada por el Gobierno al examen sobre el fondo de la queja en cuestión. La Gran Sala no ve ningún motivo para separarse de la conclusión de la sala.

B. Fundamentación

1. Argumentos de las partes

225. El demandante mantiene que no podía presentar personalmente, en virtud del artículo 277 del CPC, una demanda de restablecimiento de la capacidad jurídica, y que esta constatación se encuentra confirmada en la sentencia núm. 5/79 del Tribunal supremo (apartado 51). Presenta como prueba que el tribunal de distrito de Dupnitsa rechazó examinar su recurso contra el rechazo del alcalde a presentar una demanda similar, debido a que el curador no había firmado el poder (apartados 39-40).

226. Asimismo, a pesar de que la demanda de restablecimiento de la capacidad no le era accesible, el interesado trató de presentar una por intermediación de la fiscalía, del alcalde y de su curador (el director del hogar). No obstante, no se presentó ninguna demanda ante los tribunales. Todos los intentos terminaron en fracaso. De esta forma, el demandante no consiguió que su causa fuera oída por un tribunal.

227. El Gobierno cree que el artículo 277 del CPC ofrecía en todo momento al demandante un acceso directo a un tribunal para el examen de la cuestión de su estatuto jurídico. Afirma que, contrariamente a lo que alega el interesado, la decisión núm. 5/79 del Tribunal supremo interpreta el artículo 277 del CPC de tal forma que permite concluir que una persona incapacitada parcialmente tiene un acceso directo a los tribunales para presentar una solicitud de levantamiento de la curatela. La única condición para ello sería la presentación de pruebas que atestiguaran la mejoría del estado de salud de la persona en cuestión. Sin embargo, como demuestra el informe médico elaborado a petición de la fiscalía (apartado 37 arriba), que concluía que persistía la enfermedad del demandante y que no era capaz de cuidar sus intereses, era evidente que el demandante no disponía ningún elemento de este tipo. Por lo tanto, el Gobierno considera que el demandante no intentó presentarse ante el tribunal solo porque no estaba en disposición de justificar su demanda.

228. Además, el Gobierno señala que los tribunales examinan rutinariamente las demandas de restablecimiento de la capacidad jurídica, por ejemplo a instancias de un tutor (apartado 52).

2. Valoración del Tribunal

a) Principios generales

229. El Tribunal recuerda que el artículo 6.1 garantiza a toda persona el derecho a que su causa sea oída por un tribunal que decidirá sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil (Golder contra Reino Unido, 21 de febrero de 1975, apartado 36, serie A núm. 18). Este “derecho a un tribunal “, del que el derecho de acceso no es más que un aspecto, está garantizado a toda persona que considere de manera defendible que la injerencia en el ejercicio de sus derechos civiles es arbitraria y pretende no haber tenido la oportunidad de plantear esta reclamación ante un tribunal basándose en las garantías del artículo 6.1 (véase en particular Roche contra Reino Unido [GS], núm. 32555/96, apartado 117, TEDH 2005-X, y Salontaji-Drobnjak contra Serbia, núm. 36500/05, apartado 132, 13 de octubre de 2009).

230. El derecho de acceso a los tribunales, sin ser absoluto, puede dar lugar a limitaciones admitidas implícitamente pues por su propia naturaleza llama a una regulación por parte del Estado, regulación que puede variar en el tiempo y el espacio en función de las necesidades y recursos de la comunidad y de los individuos” (Ashingdane, ya citado, apartado 57). Al elaborar tal reglamentación, los Estados contratantes gozan de un cierto margen de apreciación. Si bien corresponde al Tribunal resolver en última instancia sobre el respeto a los requisitos del Convenio, no le corresponde sustituir la apreciación de las autoridades nacionales por la que el considere como mejor política en la materia. No obstante, las limitaciones aplicadas no pueden restringir el acceso abierto a un individuo de tal forma o en un punto tal que su derecho se encuentre vulnerado en su misma esencia. Además, sólo se concilian con el artículo 6.1 si persiguen un objetivo legítimo y si existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el objetivo perseguido (ibidem, véase también, entre otros muchos, Cordova contra Italia (núm. 1), núm. 40877/98, apartado 54, TEDH 2003-I; véase igualmente el recuerdo de los principios aplicables en Fayed contra Reino Unido, 21 de septiembre de 1994, apartado 65, serie A núm. 294-B).

231. Además, el objetivo del Convenio es proteger los derechos no sólo teóricos o ilusorios, sino concretos y efectivos. Se aplica en particular a las garantías previstas en el artículo 6, visto el lugar destacado que ocupa el derecho a un juicio justo con todas las garantías previstas en esta disposición, en una sociedad democrática (Príncipe Hans Adam II de Liechtenstein contra Alemania GS, núm. 42527/98, apartado 45, TEDH 2001-VIII).

232. Finalmente, el Tribunal señala que en la mayoría de los casos que implican a “enajenados” presentados ante él, el procedimiento interno se centró en el internamiento de los interesados y por lo tanto se examinó al amparo del artículo 5 del Convenio. Sin embargo, siempre ha dicho que las garantías “procesales” del artículo 5.1 y 5.4 del Convenio eran esencialmente similares a las del artículo 6.1 (véase, por ejemplo, Winterwerp, ya citado, apartado 60;) Sanchez-Reisse contra Suiza, 21 de octubre de 1986, apartados 51 y 55, serie A num. 107; Kampanis contra Grecia, 13 de julio de 1995, apartado 47, serie A num. 318-B; y Ilijkov contra Bulgaria, num. 33977/96, apartado 103, 26 de julio de 2001). En Shtukaturov ya citado, para determinar si el procedimiento de declaración de incapacidad jurídica había sido justo o no, el Tribunal se basó, mutatis mutandis, en su jurisprudencia sobre el artículo 5.1e) y 5.4 del Convenio (Shtukaturov, ya citado, apartado 66).).

b) Aplicación de estos principios al presente caso

233. El Tribunal observa en primer lugar que en este caso ninguna de las partes contesta la aplicabilidad del artículo 6 al procedimiento para el restablecimiento de la capacidad jurídica. El demandante, que está parcialmente privado de su capacidad legal, se queja de la ausencia en la legislación búlgara de acceso directo a un tribunal para presentar una demanda de restablecimiento de su capacidad. El Tribunal ha tenido la oportunidad de declarar que los procedimientos para la restitución de la capacidad jurídica son directamente determinantes para los “derechos y obligaciones de carácter civil” (Matter contra Eslovaquia, núm. 31534/96, apartado 51, 5 de julio de 1999). El artículo 6.1 del Convenio, por tanto, es aplicable en este caso.

234. Queda por determinar si el demandante vio limitado su acceso a la justicia y, en caso afirmativo, si esta limitación perseguía un objetivo legítimo y era proporcionado.

235. El Tribunal señala que las partes no se ponen de acuerdo sobre la cuestión de saber si una persona privada de su capacidad jurídica tiene la condición de interponer ante los tribunales búlgaros una demanda de restablecimiento de su capacidad; el Gobierno afirma que si, mientras que el demandante mantiene lo contrario.

236. El Tribunal apoya el argumento del demandante según el cual, para presentar su demanda ante los tribunales búlgaros, una persona bajo curatela está obligada a solicitar el apoyo de las personas nombradas en el artículo 277 del CPC de 1952 (convertido en artículo 340 del CPC de 2007). De hecho, en la lista de personas habilitadas en la legislación búlgara para comparecer ante los tribunales no aparece en términos explícitos la persona bajo curatela. (apartados 45 y 51).

237. Con respecto a la decisión del Tribunal supremo de 1980 (apartado51 ), el Tribunal señala que, aunque el apartado 10,cuarta frase, leída en forma aislada, da la impresión de que el individuo bajo curatela tiene acceso directo a un tribunal, el Tribunal Supremo precisa más adelante que cuando el curador de la persona privada parcialmente de su capacidad jurídica y el órgano a cargo de la curatela se niegan a presentar una demanda para el restablecimiento de la capacidad, la persona en cuestión puede solicitar al fiscal que lo haga. En opinión del Tribunal, la necesidad de buscar la intervención del fiscal no concuerda con un acceso directo a la justicia de las personas bajo curatela en la medida en que la decisión de intervenir queda a la discreción del fiscal. Se deduce que no puede concluirse que el Tribunal Supremo, en su decisión de 1980, haya afirmado claramente la existencia de tal acceso en legislación búlgara.

238. El Tribunal señala además que el Gobierno no ha presentado ninguna decisión judicial demostrando que las personas bajo curatela tengan acceso autónomo a un tribunal para solicitar el levantamiento de la medida; por el contrario, mostró al menos una solicitud de restablecimiento de capacidad presentada con éxito por un tutor (apartado 52)

239. Asimismo, el Tribunal considera establecido que el demandante no podía sin la intermediación de su curador o de una de las personas enunciadas en el artículo 277 del CPC, solicitar el restablecimiento de su capacidad jurídica.

240. El Tribunal señala asimismo que en cuestión de acceso al tribunal, la legislación interna no distingue entre las personas declaradas incapaces y y aquellas que, como el demandante tienen declarada una incapacidad parcial. Es más, la legislación interna no prevé ninguna posibilidad de control periódico automático de las razones que justifiquen el mantenimiento de la curatela. Finalmente, en el caso del demandante, esta medida no estuvo limitada en el tiempo.

241. Es cierto que el derecho de acceso a un tribunal no es absoluto y que requiere, por su naturaleza, dar a los Estados un cierto margen de apreciación en la regulación de la cuestión examinada (Ashingdane, apartado 57). Además, el Tribunal reconoce que las limitaciones de los derechos procesales de una persona, incluso declarada parcialmente incapaz, pueden estar justificados por su propia protección y la protección de los intereses de los demás, así como por el buen funcionamiento de la justicia. Sin embargo, el ejercicio de estos derechos tiene una importancia que varía en función del objeto de la demanda que la persona en cuestión desearía llevar ante los tribunales. En particular, el derecho a solicitar a un tribunal la revisión de la declaración de incapacidad es uno de los más importantes para el individuo afectado pues, una vez comenzado, tal procedimiento es esencial para el ejercicio de todos los derechos y libertades afectadas por la declaración de incapacidad, incluidas las limitaciones que pueden hacerse a la libertad (véase también Shtukaturov, supra, apartado 71). Por lo tanto, el Tribunal considera que este derecho constituye uno de los derechos procesales fundamentales para la protección de las personas declaradas parcialmente incapaces. Se deduce que dichas personas deben beneficiarse en principio en este aspecto de un acceso directo a la justicia.

242. Sin embargo, el Estado sigue siendo libre para determinar las disposiciones procesales para el ejercicio de este acceso directo. Al mismo tiempo, el Tribunal considera que no sería incompatible con el artículo 6 que la ley nacional estableciera en este área ciertas restricciones en el acceso a la justicia con el único propósito de evitar el atasco en los tribunales por las excesivas demandas y claramente infundadas. Sin embargo, le parece obvio que para resolver este problema pueden ser aplicadas medidas menos restrictivas que la automática privación del acceso directo, por ejemplo restricciones en la frecuencia de las demandas o la aplicación de un sistema de revisión previa de su admisibilidad sobre expediente.

243. El Tribunal señala además que dieciocho de las veinte legislaciones nacionales prevén el acceso directo a los tribunales para cualquier persona parcialmente incapaz que solicite la revisión de su condición. En diecisiete Estados, ese acceso está abierto incluso a las personas declaradas totalmente incapaces (apartados 88-90). Esto indica que existe actualmente a nivel europeo una tendencia a otorgar a las personas privadas de su capacidad legal un acceso directo a un tribunal para el levantamiento de esta medida.

244. Por otra parte, el Tribunal debe observar la creciente importancia que otorgan en la actualidad los instrumentos internacionales de protección de las personas con trastornos mentales a la concesión de una óptima autonomía legal para estas personas. En este sentido se refiere a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, así como la recomendación num. R (99) 4 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los principios relativos a la protección jurídica de los incapaces, que aboga por la aplicación de las garantías procesales con el fin de proteger de la mejor forma a las personas privadas de la capacidad legal, para proporcionar la revisión periódica de su status y de las vías de recurso adecuadas (apartados 72 y 73).

245. Visto lo precedente, en particular la orientación que se desprende de las legislaciones nacionales y de los textos internacionales aplicables, el Tribunal considera que el artículo 6.1 del Convenio debe ser interpretado como la garantía en principio a cualquier persona declarada parcialmente incapaz, como es el caso del demandante, de un acceso directo a un tribunal para pedir la recuperación de su capacidad jurídica.

246. En el presente caso, el Tribunal constata que tal acceso directo no está garantizado en un grado suficiente por la legislación búlgara aplicable. Esta constatación es suficiente para concluir que ha habido, en la acusación del demandante, violación del artículo 6.1 del Convenio.

247. La conclusión anterior dispensa al Tribunal de examinar si las vías de recurso indirectas invocadas por el Gobierno ofrecían al demandante garantías suficientes para garantizar que su causa sea presentada ante el tribunal.

248. Por tanto, el Tribunal rechaza la excepción de no agotamiento de las vías de recursos internos invocada por el Gobierno (apartado 223) y concluye la violación del artículo6.1 del Convenio.

VI. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL CONVENIO, SOLA O EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 13

249. El demandante alega que el régimen restrictivo de la curatela, incluido su internamiento en el hogar de Pastra y las condiciones de vida reinantes, constituyeron una injerencia injustificada en su derecho al respeto a su vida privada y su domicilio. Mantiene que la legislación búlgara no le ofrece ningún recurso adecuado y accesible en este aspecto. Se basa en el artículo 8 del Convenio, solo y en relación con el artículo 13.

El artículo 8 dispone:

”1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”

250. El demandante precisa en concreto que el régimen de curatela no se adaptó a su caso, sino que se trataba de restricciones automáticas impuestas a toda persona cuya incapacidad había sido declarada por un juez. Añade que el hecho de ser obligado a vivir en el hogar de Pastra equivalía, para él a la prohibición de participar en la vida en sociedad y en la ruptura de los vínculos con otras personas de su elección. Las autoridades no habrían buscado otras soluciones terapéuticas en la comunidad ni tomado medidas menos restrictivas para su libertad individual, a pesar de que sufría el “síndrome” de la institucionalización, es decir la desaparición de las habilidades sociales y particulares del individuo.

251. El Gobierno se opone a estas alegaciones.

252. Vistas sus conclusiones en base a los artículos 3,5,6 y 13 del Convenio, el Tribunal estima que no se plantea una cuestión diferente en virtud del artículo 8, solo o en relación con el artículo 13. Por lo tanto, no es necesario examinar esta queja.

VII. SOBRE LOS ARTÍCULOS 46 Y 41 DEL CONVENIO

A. Aplicación del artículo 46 del Convenio

253. Las partes aplicables del artículo 46 del Convenio disponen

”1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes.

2. La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que velará por su ejecución. (...)”

254. El Tribunal recuerda que en virtud del artículo 46 del Convenio las Partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes, siendo el Comité de Ministros, responsable de velar por su ejecución. Se deduce que el Estado demandado, reconocido responsable de una violación del Convenio o de sus Protocolos, es llamado no sólo a pagar a los interesados las sumas acordadas a título de indemnización, sino también a elegir, bajo el control del Comité de Ministros, la medidas generales y/o, si procede, individuales a adoptar en su ordenamiento jurídico interno con el fin de poner fin a la violación encontrada por el Tribunal y borrar las consecuencias tanto como sea posible (Menteş y otros contra Turquía (artículo 50), 24 de julio de 1998, apartado. 24, Repertorio 1998-IV. Scozzari y Giunta contra Italia GS, nums 39221/98 y 41963/98, apartado 249, TEDH 2000-VIII y Maestri contra Italia GS, num. 39748/98, apartado 47, TEDH 2004-I). El Tribunal también recuerda que corresponde al Estado encausado, bajo el control del Comité de Ministros, elegir los medios a utilizar en su ordenamiento jurídico interno para cumplir con su obligación de conformidad con el artículo 46 del Convenio (Scozzari y Giunta, ya citado; Brumărescu contra Rumania (justa satisfacción) GS, num. 28342/95, apartado 20, 2001 I y Ocalan contra Turquía GS, num. 46221/99, apartado 210, TEDH 2005 IV).

255. Asimismo, para ayudar al Estado demandado a cumplir con sus obligaciones en base al artículo 46, el Tribunal puede tratar de indicar el tipo de medidas individuales y/o generales que podrían aplicarse para poner fin a la situación denunciada (Broniowski contra Polonia [GS], núm. 31443/96, apartado 194, TEDH 2004-V, y Scoppola contra Italia (núm. 2) [GS], núm. 10249/03, apartado 148, TEDH 2009-...).

256. En el presente caso, el Tribunal considera necesario, en virtud de la constatación de la violación del artículo 5, indicar las medidas individuales de ejecución de la presente sentencia. Recuerda haber llegado a la conclusión de la violación de dicha disposición debido al incumplimiento de la condición que exigía que toda privación de libertad debía ser ordenada según las “vías legales” y de la ausencia de justificación de ésta respecto al apartado e) o de otros apartados del artículo 5.1. Igualmente señaló deficiencias en el establecimiento y verificación de la persistencia de problemas justificando el internamiento (apartados 148-160).

257. El Tribunal considera que, para borrar las consecuencias de la violación de los derechos del demandante, las autoridades deben comprobar si éste desea permanecer en el hogar. De hecho, ningún elemento de esta sentencia debe verse como un obstáculo al mantenimiento del demandante en el hogar de Pastra o en otro hogar para personas con trastornos mentales si se establece que está de acuerdo con tal ingreso. Por otra parte, en caso en que el demandante se oponga, corresponde a las autoridades reconsiderar su situación, sin demora, a la luz de las conclusiones de la presente sentencia.

258. El Tribunal recuerda que también encontró una violación del artículo 6.1 debido a la ausencia, para una persona parcialmente privada de su capacidad jurídica, de un acceso directo a un tribunal para pedir el restablecimiento de dicha capacidad (apartados 233-248). Considerando esta conclusión, el Tribunal recomienda al Estado demandado considerar las medidas generales necesarias para permitir dicho acceso de manera eficiente.

B. Aplicación del artículo 41 del convenio

259. El artículo 41 del Convenio dispone,

”Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”.

1. Daño

260. El demandante no formula reclamación en concepto de perjuicio material. Por el contrario reclama 64.000 euros en concepto de daño moral.

261. Afirma haber sufrido malas condiciones de vida en el hogar y reclama un total de 14.000 euros por estos motivos. Con respecto a su internamiento en el hogar de Pastra, afirma haber experimentado sentimientos de ansiedad, desarraigo y frustración desde el comienzo de la aplicación de la medida en diciembre de 2002. Además, este internamiento forzoso habría tenido un impacto significativo en su vida ya que fue privado de su entorno social y sometido a un régimen de vida muy restrictivo, que aumentaría sus dificultades de reinserción en la sociedad. Sostiene que aunque no exista jurisprudencia comparable con respecto a internamientos ilegales en un hogar para personas con trastornos mentales, se debe tener en cuenta las indemnizaciones concedidas por el Tribunal en los casos de internamiento ilegal en un hospital psiquiátrico. Se refiere, por ejemplo, a las sentencias Gajcsi contra Hungría (núm. 34503/03, apartados 28-30, 3 de octubre de 2006) y Kayadjieva contra Bulgaria (num. 56272/00, apartado 57, 28 de septiembre de 2006), señalando de que su privación de libertad tuvo una duración considerablemente más larga que aquellos en el origen de los casos anteriormente mencionados. Considera que una cantidad de 30.000 euros sería justa por este concepto. Finalmente, añade que la ausencia de acceso a los tribunales para solicitar una revisión de su situación legal ha limitado el ejercicio de una serie de libertades en el ámbito de su vida privada, que le ha causado un daño moral añadido, que puede ser compensado por la cantidad de 20.000 euros.

262. El Gobierno considera excesivas las reclamaciones del demandante e infundadas. En su opinión, si el Tribunal debe acordar una cantidad en concepto de daño moral, ésta no debería sobrepasar las cantidades concedidas en las sentencias dictadas en materia de internamiento psiquiátrico contra Bulgaria. El Gobierno remite a las sentencias Kayadjieva (ya citada, apartado 57), Varbanov (ya citada, apartado 67), y Kepenerov contra Bulgaria (núm. 39269/98, apartado 42, 31 de julio de 2003).

263. El Tribunal recuerda haber concluido la violación de diversas disposiciones del Convenio en el presente caso, es decir, los artículos 3, 5 (apartados 1, 4 y 5), 6 y 13. Considera que el demandante debe haber experimentado un sufrimiento por el hecho de su internamiento, que comenzó en diciembre de 2002 y continúa en la actualidad, y por la imposibilidad de obtener una revisión judicial de la medida, así como por la ausencia de acceso a los tribunales para solicitar el levantamiento de la curatela. Este sufrimiento, sin ninguna duda, ocasionó un sentimiento de impotencia y de angustia al interesado. El Tribunal considera asimismo que el demandante ha sufrido un daño moral debido a las condiciones de vida degradantes impuestas a él durante más de siete años.

264. Resolviendo en equidad, como dispone el artículo 41 del Convenio, el Tribunal considera que procede conceder al demandante la cantidad total de 15.000 euros en concepto de daño moral.

2. Costas y gastos

265. El demandante no presenta reclamación en concepto de costas y gastos.

3. Intereses de demora

266. El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de demora en el tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos.

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL

1. Rechaza, por unanimidad, las excepciones de no agotamiento de las vías de recursos internos planteadas por el Gobierno;

2. Declara, por unanimidad, que ha habido violación del artículo 5.1 del Convenio;

3. Declara, por unanimidad, que ha habido violación del artículo 5.4 del Convenio;

4. Declara, por unanimidad, que ha habido violación del artículo 5.5 del Convenio;

5. Declara, por unanimidad, que ha habido violación del artículo 3 del Convenio, solo y en relación con el artículo 13;

6. Declara, por unanimidad, que ha habido violación del artículo 6.1 del Convenio;

7. Declara, por trece votos a cuatro que no es necesario examinar si ha existido violación del artículo 8 del Convenio, solo o en relación con el artículo 13;

8. Declara, por unanimidad,

a) Que el Estado demandado deberá abonar al demandante, dentro del plazo de tres meses, 15.000 euros, a convertir en levas búlgaras al cambio aplicable en el momento del pago, más los impuestos correspondientes en concepto de daño moral:

b) Que estas sumas se verán incrementadas por un interés simple anual equivalente al tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos a partir de la expiración del antedicho plazo y hasta el pago;

9. Rechaza el resto de la solicitud de indemnización.

Hecha en francés e inglés, y pronunciada en audiencia pública en el Palacio de derechos humanos de Estrasburgo, el 17 de enero de 2012. Firmado: Vincent Berger, jurisconsulto; Nicolas Bratza, presidente.

“Los votos particulares no han sido traducidos, pero constan en Inglés y/o Francés en la versión(es) de la sentencia en el idioma original que pueden consultarse en la base de datos de jurisprudencia del Tribunal HUDOC.”

© Consejo de Europa/Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2013.

Los idiomas oficiales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son el Inglés y el Francés. Esta traducción no vincula al Tribunal, ni el Tribunal asume ninguna responsabilidad sobre la calidad de la misma. Puede descargarse desde la base de datos de jurisprudencia HUDOC del Tribunal Europeo de Derechos Humanos () o de cualquier otra base de datos con la que el Tribunal de Justicia la haya compartido. Puede reproducirse para fines no comerciales, a condición de que el título completo del caso sea citado junto con la indicación de derechos de autor anterior. Si se pretende utilizar cualquier parte de esta traducción con fines comerciales, por favor póngase en contacto con publishing@.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2013.

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© Conseil del’Europe/Cour européenne des droits de l’homme, 2013.

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