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GRAN SALA
ASUNTO TAXQUET c. BÉLGICA
(Demanda no 926/05)
SENTENCIA
ESTRASBURGO
16 noviembre 2010
Esta sentencia es definitiva. Puede sufrir retoques de forma.
En el asunto Taxquet contra Bélgica,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituido en una Gran Sala compuesta por los siguientes Jueces: Jean-Paul Costa, Presidente, Christos Rozakis, Nicolas Bratza, Peer Lorenzen, Françoise Tulkens, Josep Casadevall, Boštjan M. Zupančič, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabet Fura, Sverre Erik Jebens, Isabelle Berro-Lefèvre, Päivi Hirvelä, Luis López Guerra, Mirjana Lazarova Trajkovska, Nona Tsotsoria, Zdravka Kalaydjieva, así como por Michael O’Boyle, Secretario adjunto.
Tras haber deliberado en privado el 21 de octubre de 2009, 26 de mayo y 6 de octubre de 2010,
Dicta la siguiente
SENTENCIA
PROCEDIMIENTO
1. El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 926/2005) dirigida contra el Reino de Bélgica, que un ciudadano belga, el señor Richard Taxquet («el demandante»), presentó ante el Tribunal en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio»), el 14 de diciembre de 2004.
2. El demandante está representado ante el Tribunal por los señores L. Misson et J. Pierre, abogados colegiados en Lieja. El Gobierno belga («el Gobierno») está representado por los señores M. Tysebaert, asesor general del Servicio Público Federal de Justicia, y A. Hoefmans, agentes.
3. El demandante alega, en particular, una vulneración del artículo 6.1 y 6.3 d) del Convenio por la falta de motivación de la Sentencia Cour d’assises (Tribunal del Jurado) y la imposibilidad de interrogar o hacer interrogar a un testigo anónimo.
4. La demanda fue asignada a la Sección Segunda del Tribunal (artículo 52.1 del Reglamento) compuesta por los Jueces Ireneu Cabral Barreto, Françoise Tulkens, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó e Işıl Karakaş, así como por Sally Dollé, Secretaria de Sección. El 13 de enero de 2009, la Sala dictó una sentencia en la que concluía, por unanimidad, que las alegaciones relativas a los artículos 6.1 y 6.3 d) eran admisibles y que había habido violación de tales disposiciones.
5. El 9 de abril de 2009, el Gobierno solicitó la remisión del asunto ante la Gran Sala. El 5 de junio de 2009, el colegio de la Gran Sala acogió esta solicitud al amparo del artículo 43 del Convenio.
6. Se dispuso la composición de la Gran Sala de acuerdo con las disposiciones de los artículos 27.2 y 27.3 del Convenio y 24 del Reglamento del Tribunal.
7. Tanto el demandante como el Gobierno han presentado alegaciones por escrito ante la Gran Sala. Igualmente, se han recibido alegaciones de los gobiernos británico, irlandés y francés, a los que el Presidente había autorizado a intervenir por escrito en el procedimiento (artículos 36.2 del Convenio y 44.2 del Reglamento).
8. Los debates se desarrollaron en público, el 21 de octubre de 2009, en el Palacio de los Derechos Humanos de Estrasburgo (artículo 59.3 del Reglamento).
Comparecieron:
- por el Gobierno: señores A. Hoefmans, agente, y K. Lemmens, asesor,
- por el demandante: señores L. Misson, J. Pierre, abogados y R. Taxquet, demandante.
El Tribunal escuchó las declaraciones y las respuestas a sus preguntas de los señores L. Misson, J. Pierre y K. Lemmens.
HECHOS
I. CIRCUNSTANCIAS DEL CASO.
9. El demandante nació en 1957 y reside en Angleur.
10. El 17 de octubre de 2003, compareció junto a otros siete imputados ante el tribunal del jurado Cour d’assises de Lieja para ser juzgado por los delitos de asesinato de un ministro, A. C., y de asesinato en grado de tentativa de la compañera de este último, señora H. J. Según los propios términos del escrito de acusación, se les imputaba, en Lieja el 18 de julio de 1991, el haber:
«como autores o coautores
ejecutado o cooperado directamente en la ejecución de los crímenes,
o, con cualquier acto, prestado una ayuda para su ejecución sin la cual, los crímenes no se habrían cometido,
o, mediante dádivas, promesas, amenazas, abusos de autoridad o de poder, maquinaciones o artimañas dolosas, incitado a cometer los crímenes,
o, mediante discursos pronunciados en reuniones o en lugares públicos o mediante escritos, impresos, imágenes o emblemas de cualquier tipo que hayan sido exhibidos, distribuidos o vendidos, puestos a la venta o expuestos a la vista del público, incitado directamente a cometer los crímenes,
1. Voluntariamente, con la intención de causar la muerte, cometido homicidio en la persona de [A. C.], con la circunstancia de haber sido cometido con premeditación, delito calificado por la Ley de asesinato;
2. Intentando voluntariamente, con la intención de causar la muerte y con premeditación, cometer homicidio en la persona de [H. J.], habiendo manifestado la voluntad de cometer el crimen por hechos exteriores que dan comienzo a su ejecución, y que ésta se ha visto suspendida o ha dejado de causar sus efectos por circunstancias ajenas a la voluntad de sus autores; delito calificado por la ley de asesinato en grado de tentativa.»
11. Solamente uno de los acusados presentó escrito de defensa. En cuanto al demandante dice que le fue imposible hacerlo, toda vez que no conocía los cargos que se le imputaban.
12. El escrito de acusación de 12 de agosto de 2003 relataba que en el mes de junio de 1996, una persona, calificada por el demandante de testigo anónimo, transmitió ciertas informaciones a la policía. El acta de 3 de septiembre de 1996 hacía constar la voluntad de dicho informante de preservar el anonimato al temer por su seguridad «habida cuenta de la importancia de sus informaciones y del boom mediático que había rodeado el caso C.». Esta persona nunca fue interrogada por el Juez instructor. Facilitó a la policía información obtenida con motivo de las confidencias que le hizo una persona cuya identidad no quería desvelar. En el curso de los debates en la fase oral ante el Tribunal del Jurado Cour d’assises, los policías fueron interrogados, a iniciativa de varios acusados, en relación con la identidad de dicho confidente. Puntualizaron que el confidente no era uno de los procesados y que no había sido testigo él mismo de los hechos imputados. Según la información facilitada, presentada en quince apartados, el asesinato de A. C. habría sido organizado por seis personas, entre ellas el demandante, y por un personaje político destacado. El pasaje que incriminaba al demandante indicaba lo siguiente:
«V. der B. y Taxquet insistieron particularmente en la urgencia de acabar con C. antes de las vacaciones del 91 porque prometía hacer revelaciones importantes a la vuelta».
13. Numerosos incidentes alteraron el proceso, por lo que el Tribunal del Jurado Cour d’assises pronunció trece autos:
1) Auto de 17 octubre 2003 que constataba la incomparecencia de algunos acusados y los declaraba en rebeldía;
2) Auto de 20 octubre 2003 sobre la nulidad alegada de un careo;
3) Sentencia de 27 octubre 2003 sobre el interrogatorio de los testigos sin la presencia de un coinculpado;
4) Auto de 3 noviembre 2003 sobre el interrogatorio a puerta cerrada de un testigo;
5) Auto de 6 noviembre 2003 anulando la declaración en rebeldía de un coencausado;
6) Auto de 13 noviembre 2003 denegando la petición de que la vista se celebrara a puerta cerrada formulada por el Ministerio Público;
7) Auto de 19 noviembre 2003 sobre el interrogatorio a puerta cerrada de algunos testigos;
8) Auto de 18 diciembre 2003 sobre el interrogatorio de algunos testigos a petición de un coencausado;
9) Auto de 18 diciembre 2003 sobre la visualización de las cintas de vídeo de un careo;
10) Auto de 18 diciembre 2003 sobre el interrogatorio de los testigos no comparecientes y del nuevo interrogatorio de algunos testigos a petición de las partes civiles;
11) Auto de 18 diciembre 2003 sobre el interrogatorio o el nuevo interrogatorio del testigo anónimo solicitado por un coencausado;
12) Auto de 18 diciembre 2003 sobre las conclusiones del demandante en relación con el interrogatorio de los testigos no comparecientes y del nuevo interrogatorio de algunos testigos;
13) Auto de 18 diciembre 2003 sobre el interrogatorio o el nuevo interrogatorio del testigo anónimo solicitado por el demandante.
14. En este último auto, sobre la solicitud de interrogatorio o de nuevo interrogatorio por un Juez instructor de la persona que había facilitado información, amparada en el anonimato, consignada por dos suboficiales de gendarmería, el Tribunal del Jurado Cour d’assises dictaminó:
«Considerando que tales informaciones, amparadas en el anonimato, y obtenidas por los miembros del servicio de policía carecen como tales de todo valor probatorio; que, en el caso de autos, constituyen simplemente informaciones susceptibles de dinamizar o reorientar la investigación y de obtener pruebas legales de forma autónoma;
Que interrogados en la vista oral en calidad de testigos [los dos suboficiales de gendarmería] puntualizaron que su confidente no era uno de los procesados y que él mismo no había sido testigo de los hechos que describe; que se limita a relatar la información que dice haber obtenido con motivo de las confidencias que le hizo una persona cuya identidad se niega a desvelar;
Que asimismo han subrayado que, pese a sus indagaciones, ninguna prueba corroboraba algunas informaciones facilitadas por su confidente, concretamente las relativas a otras personalidades políticas evocadas por la defensa de Richard Taxquet como conclusión (...);
(...)
Considerando que, para la policía, el proceder consistente en consignar en un acta las informaciones facilitadas por un confidente anónimo no constituye en sí ninguna vulneración de los derechos de la defensa de las personas mencionadas por dicho confidente; que se trata únicamente, en esta fase, de que salgan a la luz, para su aprovechamiento y su comprobación, elementos que puedan ser de interés para la investigación y contribuir al esclarecimiento de los hechos; que aislados de cualquier dato objetivo que, en su caso, pudiera confirmarlos, tales elementos no constituyen la prueba de los hechos que se imputan a las personas cuya identidad menciona el confidente;
(...)
Considerando, por último, que no hay posibilidad de nuevo interrogatorio en la medida en que no se infiere del sumario ni de la vista oral que [la persona calificada de testigo anónimo] haya prestado declaración bajo juramentento ante el Juez instructor;
Que en relación, por una parte, con la petición de que sea interrogada, el tribunal ignora su identidad y, por otra, cualesquiera que sean las consideraciones emitidas por las jurisdicciones de instrucción a este respecto, no parece útil para el esclarecimiento de la verdad y retrasaría inútilmente los debates sin que quepa esperar mayor certidumbre en los resultados».
15. El jurado debía responder treinta y dos preguntas planteadas por el presidente de la Cour d’assises. Cuatro de ellas en relación con el demandante, estaban formuladas como sigue:
« Pregunta núm. 25 – hecho principal
TAXQUET Richard, acusado aquí presente, ¿Es culpable de,
Como autor o coautor del delito,
-haber ejecutado el crimen o cooperado directamente en su ejecución,
-o, con cualquier acto, haber prestado una ayuda para su ejecución sin la cual, el delito no se habría cometido,
o, mediante dádivas, promesas, amenazas, abusos de autoridad o de poder, maquinaciones o artimañas dolosas, haber incitado a cometer el crimen,
o, mediante discursos pronunciados en reuniones o en lugares públicos o mediante escritos, impresos, imágenes o emblemas de cualquier tipo que hayan sido exhibidos, distribuidos o vendidos, puestos a la venta o expuestos a la vista del público, haber incitado directamente a cometer el delito,
En Lieja, el 18 de julio de 1991, voluntariamente, con la intención de causar la muerte, haber cometido homicidio en la persona de [A. C.],
Pregunta núm. 26 – circunstancia agravante:
El homicidio voluntario con la intención de causar la muerte reproducido en la pregunta anterior ¿Fue cometido con premeditación?
Pregunta núm. 27 – hecho principal
TAXQUET Richard, acusado aquí presente, ¿Es culpable de,
Como autor o coautor del delito,
-haber ejecutado el crimen o cooperado directamente en su ejecución,
-o, con cualquier acto, haber prestado una ayuda para su ejecución sin la cual, el delito no se habría cometido,
o, mediante dádivas, promesas, amenazas, abusos de autoridad o de poder, maquinaciones o artimañas dolosas, haber incitado a cometer el crimen,
o, mediante discursos pronunciados en reuniones o en lugares públicos o mediante escritos, impresos, imágenes o emblemas de cualquier tipo que hayan sido exhibidos, distribuidos o vendidos, puestos a la venta o expuestos a la vista del público, haber incitado directamente a cometer el delito,
En Lieja, el 18 de julio de 1991, voluntariamente y con la intención de causar la muerte, haber intentado cometer homicidio en la persona de [H. J], habiendo manifestado la resolución de cometer el crimen por hechos exteriores que dan comienzos a su ejecución y que ésta se ha visto suspendida o ha dejado de causar sus efectos por circunstancias ajenas a la voluntad del autor?»
Pregunta núm. 28 – circunstancia agravante:
El homicidio voluntario en grado de tentativa con la intención de causar la muerte, reproducido en la pregunta anterior, ¿Fue cometido con premeditación?
16. El jurado respondió «sí» a estas cuatro preguntas.
17. El 7 de enero de 2004, la Cour d’assises condenó al demandante a una pena de veinte años de prisión.
18. Contra la Sentencia condenatoria del Tribunal del Jurado Cour d’assises de 7 enero 2004 y todas las autos dictados por este tribunal, el demandante interpuso recurso de casación.
19. Por Sentencia de 16 junio 2004, el Tribunal de Casación inadmitió el recurso. En particular dictaminó que:
-La comparecencia tardía de un coencausado no lesiona los derechos de la defensa de los recurrentes, toda vez que pudieron contradecir libremente tanto las declaraciones prestadas por dicho procesado en el sumario y aportadas al juicio oral por las personas que las recibieron, como las declaraciones que este mismo prestó directamente ante el Jurado;
-El Tribunal del Jurado Cour d’assises ordenó acertadamente el interrogatorio a puerta cerrada de los dos testigos por temor a que éstos no pudieran expresarse libremente si la vista era pública, lo que perjudicaría la buena administración de la justicia;
-Al denegar, por cuanto podía demorar los debates inútilmente, la proyección del vídeo del careo entre algunos acusados e imputados tunecinos, la Cour d’assises no vulneró los principios de respeto de los derechos de la defensa y de oralidad de los debates, toda vez que tal denegación se apoyaba en la circunstancia de que los protagonistas del careo habían comparecido en la vista oral, por lo que pudieron ser confrontados directamente a los acusados;
-Al ordenar la continuidad del proceso por cuanto el interrogatorio de ciertos testigos ausentes (y citados legalmente a comparecer) no era necesario para el esclarecimiento de la verdad, y anunciar que la nueva comparecencia de otros testigos «prolongaría inútilmente los debates sin que quepa esperar mayor certidumbre en los resultados», el Tribunal del Jurado Cour d’assises no violó el artículo 6 del Convenio y el principio de oralidad de los debates;
-La presunción de inocencia guarda relación, ante todo, con la actitud del Juez que conoce de una acusación en materia penal, por lo que las palabras de un policía y los reportajes de prensa, aunque fuesen indebidos, malintencionados o de origen delictivo, no hacen que el enjuiciamiento de la causa adolezca de una violación de los artículos 6.1 y 6.2 del Convenio;
-De la inexperiencia que se atribuye a los jurados, de la rapidez de su deliberación, o de la falta de motivación de su veredicto, no podía deducirse la incapacidad del Jurado para resolver con imparcialidad una un asunto muy mediatico del que que se había apoderado la prensa;
-El modo de designación de los jurados, y el hecho de que éstos emitan su veredicto sobre la culpabilidad sin deliberar con el tribunal, no significa que el Tribunal del Jurado Cour d’assises no sea un tribunal independiente e imparcial establecido por la Ley, en el sentido del artículo 6.1 del Convenio, ni que se pueda desvirtuar legalmente la presunción de inocencia del acusado;
-Ni el artículo 6 ni el artículo 13 del Convenio garantizan el derecho a un doble instancia;
-Los artículos 6.1 y 6.3b) del Convenio y 14.3 b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 149 de la Constitución, incluso leído en relación con estas disposiciones convencionales, no imponen al Jurado ninguna obligación de motivar sus respuestas;
-El motivo relativo al artículo 6.3 b) del Convenio (imposibilidad de comunicar libremente con su abogado a consecuencia de su encarcelación la víspera de la apertura del juicio oral) es inadmisible, toda vez que no se deduce del sumario que el demandante hubiera invocado ante el Tribunal del Jurado Cour d’assises la violación del derecho a disponer de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa;
-Los artículos 10 y 11 de la Constitución, 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 14 del Convenio, no exigían ni la motivación de la declaración de culpabilidad ni la doble instancia ni la comparecencia ante jurisdicciones compuestas exclusivamente por jueces permanentes; la soberanía del Jurado popular limitada, por lo demás, por los artículos 351, 352, 364 y 364 bis del Código de Instrucción Criminal, no creaba entre acusados e imputados una desigualdad de trato arbitraria, contraria al artículo 14 del Convenio.
20. En cuanto al motivo según el cual la condena de los recurrentes se asentaría, de forma determinante o posible, en las declaraciones de un confidente anónimo, el Tribunal de Casación puntualizó:
«Considerando que al criticar la consideración según la cual el Tribunal del Jurado Cour d’assises desconocía la identidad de la persona cuyo interrogatorio fue solicitado de forma que no podía ordenarlo, los motivos dirigidos contra fundamentos reiterativos, carecen de interés;
Que, a este respecto, son inadmisibles;
Considerando, por lo demás, que la presencia en el sumario de un acta que contiene información cuya fuente no ha sido identificada no obliga al órgano sentenciador, so pena de nulidad o inadmisiblidad de las actuaciones, a ordenar la identificación y el interrogatorio del confidente según el procedimiento previsto en los artículos 189 bis y 315 bis del Código de Instrucción Criminal; que, en efecto, estas disposiciones dejan al Tribunal sentenciador la facultad de designar un Juez instructor a este efecto se considera útil para el esclarecimiento de la verdad;
Que las sentencias consideran, mediante una apreciación fáctica que no corresponde al Tribunal censurar, que el interrogatorio solicitado demoraría inútilmente los debates sin que quepa esperar mayor certidumbre en los resultados;
Que las sentencias constatan, igualmente, que las informaciones obtenidas al amparo del anonimato no se equiparan con las pruebas obtenidas de forma legal y autónoma contra los acusados;
Que de la respuesta del Tribunal del Jurado Cour d’assises a las conclusiones de los recurrentes no se infiere que el Tribunal sentenciador les negara el derecho a refutar las pruebas practicadas en el acto del juicio oral;
Que, a este respecto, se desestiman los motivos articulados;
Considerando, por lo demás, que el artículo 6.3 d) del Convenio (...) no ha sido violado por el solo hecho de que el Tribunal sentenciador considerara que no debía o no podía ordenar el interrogatorio contradictorio del confidente anónimo cuyas revelaciones han permitido orientar útilmente las investigaciones;
Que, a este respecto, los motivos carecen de fundamento jurídico;»
21. En el programa «Questions à la Une» de la Radio-Televisión Belga Francófona, emitido a comienzos de 2006, uno de los coencausados del demandante, S. N., declaró ser el confidente anónimo. Manifestó haber actuado como «intermediario» en nombre de otro coencausado, D. C., revelando acusaciones. En el programa, el que era Ministro de Justicia en el momento de los hechos confirmó la identidad del testigo anónimo. S. N. indicó que había percibido del Estado belga, en concepto de «comisión de intermediario», la cantidad de 3.000.000 francos belgas (74.368,06 euros). En cuanto a D. C., éste habría percibido 5.000.000 francos belgas (123.946,76 euros).
II. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA INTERNAS APLICABLES
A. La institución del jurado y el Tribunal del Jurado( la Cour d’assises)
22. Tras la Revolución francesa de 1789, el jurado aparece en la Constitución francesa de 1791 y en el Código de Instrucción Criminal de 1808. Bélgica formaba parte en aquel momento del territorio francés. Cuando fue separada de Francia e incorporada a Holanda, se suprimió el jurado, pero los Tribunales del jurado Cour d’assises siguieron existiendo. Cuando Bélgica accedió a la independencia, la institución del jurado fue incorporada a la Constitución de 7 de febrero de 1831, cuyo artículo 98 disponía: «Se establecerá el jurado para todas las materias de naturaleza criminal y para los delitos políticos y de prensa». El constituyente había visto en esta institución la piedra de toque de la autenticidad de toda reivindicación democrática. En su opinión el jurado era ante todo la afirmación política de la libertad conquistada por el pueblo, el símbolo de la soberanía popular. Se estableció mediante Decreto de 19 de julio de 1831: primero en forma de jurado capacitario (atendiendo a la función ejercida) y posteriormente, en 1869, en forma de jurado censitario (en atención a la fortuna). Por una Ley de 21 de diciembre de 1930, una nueva reforma estableció una composición más democrática y representativa de todas las clases sociales: es el jurado popular, compuesto por doce jurados, como sigue existiendo hoy en día.
B. La Constitución
23. La Constitución coordinada de 17 de febrero de 1994 dispone en su artículo 150 que «Se establecerá el jurado para todas las materias de naturaleza criminal y para los delitos políticos y de prensa, a excepción de los delitos de prensa inspirados por el racismo o la xenofobia» (texto resultante de la modificación de 7 de mayo de 1999).
24. Por otra parte, en su artículo 149 enuncia: «Toda sentencia deberá ser motivada. Se pronunciará en audiencia pública».
C. El procedimiento ante el Tribunal del Jurado
1. Las garantías previstas en el Código de Instrucción Criminal (vigente a la sazón)
25. El procedimiento ante el Tribunal del Jurado Cour d’assises en Bélgica prevé ciertas garantías, en particular en relación con los derechos de la defensa de los acusados.
26. El artículo 241 del Código de Instrucción Criminal («CIC») obliga al Fiscal a redactar el escrito de acusación indicando la naturaleza del delito que fundamenta la acusación, así como todas las circunstancias que pudieran agravar o atenuar la pena. De acuerdo con el artículo 313 del CIC, el Ministerio Fiscal da lectura al escrito de acusación, y el acusado o su letrado al escrito de defensa. El artículo 337 indica que las preguntas a formular al jurado deben inferirse del escrito de acusación (que a su vez será conforme al auto de procesamiento – artículo 271 CIC) y respetar ciertas formas, quedando prohibidas, por ejemplo, las preguntas complejas o referidas a cuestiones jurídicas.
27. Al concluir los debates, se plantean las preguntas al jurado en orden a la calificación de las circunstancias fácticas y las particularidades susceptibles de establecer, con precisión, los hechos enjuiciados. El presidente del Tribunal del Jurado Cour d’assises dispone de la facultad de formular preguntas al jurado sobre todas las circunstancias modificativas de los hechos que han fundamentado la imputación, siempre que dichas circunstancias han sido debatidas en la vista oral. La cuestión principal se refiere a los elementos constitutivos de delito, siendo cada hecho específico objeto de una pregunta distinta. Igualmente se podrán formular preguntas distintas sobre elementos tales como las circunstancias agravantes o las causas legales de exención o atenuación de la pena. El Ministerio Fiscal y el acusado pueden responder a las preguntas planteadas y tienen la facultad de pedir al presidente que formule al jurado una o varias preguntas subsidiarias. En el supuesto de que se impugnen las preguntas,el Tribunal del Jurado Cour d’assises deberá pronunciarse mediante sentencia motivada.
28. El artículo 341 prevé que el presidente, tras dar lectura a las preguntas que deberá responder el jurado, las entrega a los jurados junto con el escrito de acusación, los atestados que constatan el crimen y la documentación del juicio oral, ademas de las declaraciones por escrito de los testigos.
29. Según el artículo 342, una vez planteadas y entregadas las preguntas a los jurados, éstos se retiran a la sala que se destina a su deliberación. Su portavoz es aquel cuyo nombre fuese el primero en salir en el sorteo, o el designado por ellos con el consentimiento de este último. Antes de proceder a la deliberación, el portavoz del jurado da lectura a la siguiente instrucción que, además, es expuesta en caracteres destacados en el lugar más visible de la sala: «La Ley no pide cuenta a los jurados de los medios a través de los cuales alcanzan su convicción; les ordena que se interroguen a sí mismos en el silencio y recogimiento, y que busquen en la sinceridad de su conciencia, qué impresión han causado en su razón las pruebas presentadas contra el acusado y los medios de su defensa. La Ley no les dice: «Considerarán cierto cualquier hecho manifestado por tal o cual números de testigos»; tampoco les dice: «No considerarán suficientemente acreditada la prueba que no esté constituida por un acta, un documento, un número de testigos o un número de indicios»; la Ley sólo les hace esta pregunta, que contiene el alcance de la función que tienen conferida: «¿Tiene Ud. la íntima convicción...?».
30. El artículo 343 autoriza a los jurados a abandonar la sala una vez alcanzado el veredicto.
31. Por último, el artículo 352 prevé que si los jueces tienen el convencimiento unánime de que los jurados, en cumplimiento de las formas, han incurrido en un error sobre el fondo, el tribunal acordará la paralización del proceso y convocará juicio oral con un nuevo Jurado, del que no podrá formar parte ninguno de los primeros jurados. Según información facilitada por el Gobierno, esta facultad solo ha sido utilizada en tres ocasiones.
2. La jurisprudencia del Tribunal de Casación
32. La Sentencia de la Sala de 13 enero 2009 tuvo repercusiones jurisprudenciales en Bélgica.
33. Por Sentencia núm. 2505 (P.09.0547.F) de 10 junio 2009, el Tribunal de Casación dictaminó:
«Sobre el motivo formulado de oficio en relación con la violación del artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales:
De acuerdo con la Sentencia de 13 enero 2009 del Tribunal europeo de Derechos Humanos recaída en el asunto R. T. contra el Reino de Bélgica, el derecho a un proceso justo garantizado por el artículo 6.1 del Convenio implica, en relación con la Cour d’assises, que la decisión sobre la acusación exponga las consideraciones que han convencido al Jurado de la culpabilidad o inocencia del acusado, e indique las razones concretas por las que ha respondido afirmativa o negativamente a cada una de las preguntas.
Por la autoridad de la cosa juzgada que se reconoce actualmente a esta sentencia y la primacía, sobre la legislación interna, de la norma de Derecho Internacional que emana de un tratado ratificado por Bélgica, el Tribunal tiene la obligación de excluir la aplicación de los artículos 342 y 348 del Código de Instrucción Criminal en cuanto que consagran la regla, actualmente condenada por el Tribunal europeo, según la cual la declaración del Jurado no debe estár motivada.
Se infiere de la documentación a considerar por el Tribunal y del escrito de acusación, en particular, que el recurrente, acusado como autor o coautor de un delito de homicidio, dio explicaciones en la fase sumarial sobre los hechos que se le imputaban, explicaciones que fueron refutadas por un testigo cuya identidad se ha mantenido en secreto en aplicación de los artículos 86 bis y 86 ter del Código de Instrucción Criminal.
En virtud de las conclusiones formuladas en la vista del Tribunal del Jurado Cour d’assises de fecha 18 de febrero de 2009, el recurrente ha solicitado que se motive el veredicto para que comprenda, en el supuesto de que sea condenado, las razones que han determinado al Jurado a declararlo culpable, y para que el Tribunal del Jurado Cour d’assises pueda examinar su legalidad.
En relación con la acusación de homicidio formulada contra el recurrente, se planteó al Jurado una pregunta principal relativa a su participación en un homicidio doloso, una pregunta complementaria sobre la eximente de provocación, y dos preguntas subsidiarias sobre la calificación mencionada en el artículo 401 del Código Penal. El Jurado respondió afirmativamente a la primera pregunta y negativamente a la segunda, dejando sin respuesta las siguientes.
La sentencia impugnada condena al recurrente a una pena de dieciocho años de prisión por el delito de homicidio, sobre la base del veredicto emitido respondiendo únicamente afirmativa o negativamente a las preguntas planteadas en los términos de la Ley. La sentencia enuncia que no ha lugar a motivar la condena por cuanto la precisión de estas preguntas compensa adecuadamente el carácter lacónico de la sentencia.
Pero la sola afirmación de que el recurrente es culpable de homicidio y que no procede que sea eximido, no revela los motivos concretos por los que ha quedado acreditada la calificación impugnada por el interesado, y no permite al Tribunal comprobar si la condena se asienta de forma determinante en el testimonio anónimo prestado contra el acusado o si se apoya en otras pruebas que lo corroboran de acuerdo con el artículo 341, apartado 3, del Código de Instrucción Criminal.
Con arreglo a la Ley belga que no pide cuenta a los jurados de los medios a través de los cuales alcanzan su convicción, la decisión es contraria al artículo 6 del Convenio en la interpretación según la cual el derecho al proceso justo implica la motivación del veredicto».
34. Posteriormente, se dictaron otras sentencias en el mismo sentido.
3. La reforma legislativa
35. En Bélgica, con anterioridad a la Sentencia Taxquet dictada por la Sala, el Senado estudió una proposición de Ley de 25 de septiembre de 2008 encaminada a permitir al presidente del Tribunal del Jurado Cour d’assises estar presente en la deliberación del Jurado para poder asistirlos. La versión propuesta del artículo 350 del CIC indicaba que el Tribunal del Jurado Cour d’assises debía motivar su decisión sobre la culpabilidad, pero no tenía la obligación de responder a las conclusiones.
36. Una Ley de 21 de diciembre de 2009 sobre la reforma del Tribunal del Jurado Cour d’assises, publicada en el Monitor belga el 11 de enero de 2010, y que entró en vigor el 21 de enero de 2010, prevé en adelante la obligación para este tribunal de formular las razones principales de su veredicto. A partir de esta Ley, los artículos aplicables del CIC disponen:
Artículo 327
Planteadas y entregadas las preguntas a los jurados, éstos se retiran a la sala destinada para su deliberación.
Su portavoz es aquel cuyo nombre fuese el primero en salir en el sorteo, o el designado por ellos con el consentimiento de este último.
Antes de proceder a la deliberación, el portavoz del Jurado da lectura de la siguiente instrucción que, además, es expuesta caracteres destacados en el lugar más visible de la sala: “La Ley prevé que solo se podrá pronunciar una condena si de las pruebas admitidas se infiere que el acusado es culpable, más allá de toda duda razonable, de los hechos que se le imputan”».
Artículo 328
«Los jurados no pueden salir de la sala de deliberaciones hasta que hayan alcanzado su veredicto.
Nadie podrá entrar en la sala bajo ningún concepto sin la autorización escrita del presidente. Éste solamente entrará si es requerido por el portavoz del Jurado para responder, en particular, a cuestiones jurídicas, y acompañado de sus asesores, el acusado y su defensa, la parte civil y su letrado, el Ministerio Fiscal y el secretario. El acta deberá recoger el incidente.
(...)».
Artículo 334
«El tribunal y los jurados se retiran inmediatamente a deliberar.
Sin deber responder a todas las conclusiones formuladas exponen las razones principales de su decisión.
El veredicto es firmado por el presidente, el o la portavoz del jurado y el secretario».
D. Las disposiciones del Código Penal
37 Los artículos aplicables del Código Penal dicen así:
Artículo 51
«Habrá tentativa punible cuando la voluntad de cometer un crimen o un delito se ha puesto de manifiesto por hechos que conforman un inicio de ejecución de ese crimen o delito y que éste se ha visto suspendido o ha dejado de causar sus efectos por circunstancias ajenas a la voluntad del autor».
Artículo 66
«Serán castigados como autores de un crimen o un delito: Quienes lo hayan cometido o hayan cooperado directamente en su ejecución;
Quienes, con cualquier acto, hayan prestado una ayuda para su ejecución sin la cual, los crímenes no se habrían cometido; Quienes, mediante dádivas, promesas, amenazas, abusos de autoridad o de poder, maquinaciones o artimañas dolosas, hayan incitado a cometer este crimen o este delito; Quienes, mediante discursos pronunciados en reuniones o en lugares públicos o mediante escritos, impresos, imágenes o emblemas de cualquier tipo que hayan sido exhibidos, distribuidos o vendidos, puestos a la venta o expuestos a la vista del público, hayan incitado directamente a cometerlo, sin perjuicio de las penas que aplique la Ley a los autores de la provocación a cometer crímenes o delitos, incluso en el supuesto de que tales provocaciones no hayan causado efectos».
Artículo 67
«Serán castigados como cómplices de un crimen o de un delito: Quienes hayan dado instrucciones para cometerlo; Quienes, a sabiendas, hayan procurado armas, instrumentos, o cualquier otros medios que hayan servido para el crimen o el delito. Quienes, salvo en el caso previsto en el artículo 66.3, a sabiendas, con su ayuda o con su asistencia, hayan facilitado su preparación o consumación».
Artículo 393
«Constituye homicidio el hecho de dar voluntariamente muerte a otro. Será castigado con pena de (veinte a treinta años de reclusión criminal)».
Artículo 394
«El homicidio cometido con premeditación es calificado de asesinato. Será castigado con (la pena de cadena perpetua)».
E. La Ley de 1 de abril de 2007 que modifica el Código de Instrucción Criminal de cara a la reapertura del proceso en materia penal
38. La Ley de 1 de abril de 2007 (publicada en el Monitor belga el 9 de mayo de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2007) permite a los condenados solicitar la reapertura del proceso tras una sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos que constate una violación del Convenio.
39. El artículo 442 bis del CIC enuncia:
«Si ha quedado acreditado, por sentencia definitiva del Tribunal europeo de Derechos Humanos, que el Convenio europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales o sus Protocolos adicionales, en adelante “el Convenio europeo”, han sido violados, se podrá solicitar, solamente en lo atinente a la acción pública, la reapertura del proceso que condujo a la condena del demandante en el recurso ante el Tribunal europeo de Derechos Humanos o a la condena de otra persona por el mismo hecho y sobre la base de las mismas pruebas».
40. El artículo 442 ter del mismo código dispone:
«El derecho a solicitar la reapertura del proceso corresponde:
1º Al condenado;
2º Si el condenado hubiere fallecido, si se hubiere pronunciado judicialmente su incapacitación o si se encontrare en situación de ausencia declarada, a su cónyuge, a la persona con la que convive legalmente, a sus descendientes, a sus hermanos y hermanas;
3º Al Fiscal del Tribunal de Casación, de oficio o a instancia del Ministro de Justicia».
41. El artículo 442 quinquies del mismo código dispone:
«Cuando del examen de la solicitud se infiera que la sentencia impugnada es contraria, sobre el fondo, al Convenio europeo, o que la violación constatada es consecuencia de errores o déficits de naturaleza procesal de tal gravedad que existen serias dudas en cuanto al resultado del procedimiento impugnado, el Tribunal de Casación ordenará la reapertura del proceso siempre y cuando la parte condenada o los derechohabientes previstos en el artículo 442 ter, 2º, sigan sufriendo consecuencias negativas muy graves que únicamente puede reparar la reapertura».
42. Tras la Sentencia del Tribunal Da Luz Domingues Ferreira contra Bélgica (núm. 50049/1999) de 24 mayo 2007, el Tribunal de Casación, por Sentencia de 9 abril 2008, ordenó la reapertura del juicio oral y anuló su Sentencia de 6 enero 1999 ( Journal des tribunaux, 2008, pg. 403).
III. DATOS DE DERECHO COMPARADO
43. Las formas de la la justicia no profesional en los Estados miembros del Consejo de Europa son obviamente muy diversas. Existen variantes que se deben a las particularidades culturales e históricas, incluso entre países que optaron por el juicio por un Jurado «tradicional», que se caracteriza por el hecho de que los jueces profesionales no pueden participar en las deliberaciones de los jurados sobre el veredicto.
44. Los Estados miembros pueden clasificarse en tres categorías: los Estados en los que no existe juicio con Jurados ni ninguna otra forma de justicia no profesional en materia penal; los que están dotados, en materia penal, por jurisdicciones municipales compuestas por jueces no profesionales que se reúnen y deliberan junto a magistrados de carrera; y aquellos que han optado por el modelo de jurado «tradicional» en materia penal.
45. Entre los ejemplos examinados, catorce Estados miembros del Consejo de Europa ignoran la institución del Jurado o cualquier otra forma de justicia no profesional en materia penal, o la han suprimido. Se trata de Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Holanda, Rumanía, San Marino y Turquía. En estos Estados, los tribunales penales se componen exclusivamente de jueces profesionales.
46. Los Estados miembros que practican el sistema escabinado son Alemania, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, la ex-República yugoslava de Macedonia, Grecia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, Noruega (en la mayor parte de los casos), Polonia, Portugal, República checa, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Ucrania. El jurado escabinado, que puede coexistir con el jurado tradicional, se caracteriza por el hecho de que los magistrados profesionales, por un lado, y los jurados, por otro, resuelven conjuntamente tanto las cuestiones fácticas como jurídicas, y se pronuncia sobre la culpabilidad y la determinación de la pena.
47. Los diez Estados miembros del Consejo de Europa que optaron por el jurado tradicional son Austria, Bélgica, España, Federación de Rusia, Georgia, Irlanda, Malta, Noruega (solamente en casos importantes en apelación), Reino Unido (Inglaterra, País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte) y, hasta el 1 de enero de 2011, Suiza (cantón de Ginebra).
48. En su forma tradicional, en el juicio con jurado interviene un número de jurados junto a uno o varios magistrados. El número de jurados convocados varía según el país y el objeto del juicio. El colegio de los jueces profesionales se compone de un número de magistrados variable según los países. En Malta, Reino Unido, Irlanda, España, Rusia y Suiza, el tribunal y el jurado están presididos por un único magistrado. En Austria, Bélgica y Noruega, el tribunal se compone de tres magistrados profesionales y el jurado. Los magistrados profesionales no pueden participar en la deliberación de los jurados sobre la culpabilidad. Esta cuestión compete exclusivamente al Jurado.
49. En algunos países, se entrega a los jurados una lista por escrito con las preguntas precisas antes de que se retiren a deliberar sobre los hechos de la causa. Siete Estados –Austria, Bélgica, España, Irlanda, Noruega, Rusia y Suiza– siguen esta práctica.
50. En Irlanda, Inglaterra y el País de Gales, concluida la práctica de las pruebas, el Juez resume los hechos para los jurados. Les recuerda las pruebas practicadas ante él y los testimonios oídos. Al hacerlo, puede instruirles sobre el criterio que conviene adoptar respecto a ciertas pruebas o declaraciones. Les instruye igualmente sobre las normas jurídicas aplicables. A este respecto, determina las circunstancias constitutivas del delito que se imputa a los acusados y las fases del razonamiento que procede seguir para alcanzar un veredicto fundamentado en los hechos probados por el Jurado.
51. En Noruega, el juez instruye a los jurados sobre todas las cuestiones jurídicas planteadas y les explica las reglas que deben seguir cuando se retiren para alcanzar el veredicto. Concluido el juicio oral, resume para los jurados las pruebas practicadas o llama su atención sobre las que son relevantes.
52. En Austria, los jurados emiten su veredicto sobre la base de un cuestionario detallado en el que figuran los elementos principales de los hechos imputados y cuyas preguntas están formuladas de forma que requieran una respuesta mediante «sí» o «no».
53. En principio, los jurados deliberan a puerta cerrada, sin la presencia del (de los) magistrados (s) que preside(n) el tribunal. El secreto de la deliberación del jurado es un principio establecido en muchos países.
54. En Bélgica, se puede pedir la presencia de un magistrado de carrera en la sala de deliberación para que ofrezca aclaraciones sobre una cuestión muy precisa sin que éste, no obstante, pueda expresarse o votar sobre la culpabilidad. En Noruega, el jurado puede hacer intervenir al Magistrado-Presidente, pero si el Jurado estima que requiere precisiones complementarias en relación con las preguntas a que debe responder, los principios jurídicos aplicables o el procedimiento a seguir, deberá regresar a la Sala de audiencia para que la consulta se realice en presencia de las partes.
55. En el cantón de Ginebra, el presidente del tribunal participa en la deliberación de los jurados para aportarles su asistencia, pero no puede expresar su opinión sobre la cuestión de la culpabilidad. Un secretario asiste igualmente para tomar nota de las decisiones adoptadas y de los motivos estimados.
56. La no fundamentación de los veredictos emitidos por los jurados tradicionales parece ser la norma general. Se aplica en todos los países, a excepción de España y Suiza (cantón de Ginebra).
57. Los veredictos emitidos en España se dividen en cinco apartados distintos. El primero enumera los hechos considerados probados, el segundo los hechos no considerados probados, el tercero contiene la declaración del jurado sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, el cuarto contiene una motivación sucinta del veredicto en el que se exponen los elementos de convicción en los que se ha basado y las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Un quinto apartado contiene los incidentes acaecidos durante la deliberación, evitando toda identificación que rompa el secreto de la misma.
58. Hasta 1991, las autoridades del cantón de Ginebra estimaban que, para cumplir la exigencia de motivar el veredicto, era suficiente con que los jurados respondieran mediante sí o no a las preguntas precisas que se les planteaban. Sin embargo, por Sentencia de 17 diciembre 1991, el Tribunal Federal consideró insuficientes estas respuestas e impuso a los jurados de dicho cantón la obligación de fundamentar en el futuro sus veredictos. En 1992, los artículos 298 y 308 del Código Procesal Penal genovés fueron modificados para obligar al jurado a motivar su elección cada vez que lo estimara necesario en orden a comprender su veredicto o decisión. El artículo 327 del Código procesal penal impone al jurado indicar « los motivos en cuanto a las principales pruebas admitidas y denegadas y los motivos jurídicos del veredicto del Jurado y de la decisión del Tribunal y del Jurado en relación con la pena y el pronunciamiento de una medida».
59. En los Estados que han optado por el jurado tradicional, los veredictos de los jurados son susceptibles de apelación en Georgia, Irlanda, Malta, España, Reino Unido y Suecia y no susceptibles de apelación en Austria, Bélgica, Noruega, Rusia y Suiza (cantón de Ginebra). En Austria, los condenados pueden recurrir la pena solamente ante un Tribunal de apelación; por otra parte, pueden plantear recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo.
60. En Bélgica, a partir de los hechos de la causa, una Ley de 21 de diciembre de 2009, que entró en vigor el 21 de enero de 2010 (apartado 36 supra), modificó el procedimiento ante el Tribunal del Jurado Cour d’assises previendo, en particular, la obligación de esta jurisdicción de formular las principales razones del veredicto emitido por el jurado para explicar su sentido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. SOBRE EL OBJETO DEL LITIGIO ANTE LA GRAN SALA
61. En sus alegaciones ante la Gran Sala, el demandante reproduce las cuestiones formuladas en su demanda ante el Tribunal. Ahora bien, en su Sentencia de 13 enero 2009, la Sala admitió a trámite las relativas a la falta de motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado Cour d’assises (artículo 6.1) y el hecho de que no se interrogara al testigo anónimo (artículo 6.3 d) y desestimó el resto de la demanda. La Gran Sala sólo conocerá las admitidas a trámite por la Sala, toda vez que «el asunto» remitido a la Gran Sala es la demanda declarada admisible por la Sala (véase, entre otras, Sentencia K. y T. contra Finlandia [GS], núm. 25702/1994, aps. 140-141, TEDH 2001-VII).
II. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 6.1 DEL CONVENIO
62. El demandante sostiene que se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías por cuanto la sentencia condenatoria del Tribunal del Jurado Cour d’assises se asentaba en un veredicto de culpabilidad no fundamentado, contra el que no cabe recurso ante un órgano con plenitud de jurisdicción. Alega la violación del artículo 6.1, cuya parte aplicable dispone:
«1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa (...) por un tribunal (...) que decidirá (...) sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella».
A. La Sentencia de la Sala
63. En su Sentencia de 13 enero 2009, la Sala concluyó con la violación del derecho a un proceso con todas las garantías en el sentido del artículo 6.1 del Convenio. Consideró que la formulación de las preguntas planteadas al Jurado no permitía conocer los motivos por los cuales había respondido afirmativamente a cada una de ellas, mientras que el demandante negaba cualquier implicación personal en los hechos que se le imputaban. Estimó que las respuestas lacónicas a unas preguntas formuladas de forma vaga y general habían podido dar al demandante la impresión de una justicia arbitraria y poco transparente. Sin una síntesis de los principales motivos por los que el Tribunal del Jurado Cour d’assises había alcanzado el convencimiento de la culpabilidad del demandante, éste no podía comprender –y, por tanto, aceptar– la decisión del tribunal. La Sala indicó que, por lo general, el Jurado no se pronunciaba sobre la base del sumario, sino sobre la base de lo oído en el acto del Juicio Oral, por lo que era esencial, para explicar el veredicto no solamente al acusado sino también a la opinión pública, exponer los elementos de convicción que había atendido el Jurado para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado e indicar las concretas razones por las que había respondido afirmativa o negativamente a cada una de las preguntas.
B. Tesis de las partes
1. El demandante
64. El demandante subraya que la sentencia condenatoria se asentaba en un veredicto de culpabilidad que no estaba fundamentado y contra el que no cabía recurso alguno. Siendo el litigio de extrema complejidad, tanto fáctica como jurídica, en su opinión era difícil para doce jurados sin ninguna capacitación jurídica apropiada, evaluar legalmente el fundamento de la acusación formulada contra él. La falta de motivación del veredicto de culpabilidad impide toda posibilidad de control jurídico de las razones admitidas por el Jurado para alcanzar su convicción. El mero hecho de que el artículo 364 bis del CIC prevea que toda sentencia condenatoria debe mencionar las razones conducentes a la pena infligida, no es suficiente en orden a satisfacer la obligación de motivación que impone el artículo 6 del Convenio.
65. Remitiendo a los asuntos Ruiz Torija contra España (de 9 diciembre 1994, serie A núm. 303-A) y Papon contra Francia [(dec.) , núm. 54210/2000, TEDH 2001-XII], el demandante señala que en la jurisprudencia del Tribunal existe la obligación de motivación, aunque presente cierta flexibilidad. Sin embargo, considera que su caso no puede compararse al de Maurice Papon, en el que, a su juicio, podía deducirse una motivación real de las 768 respuestas provenientes del Jurado. Estas respuestas habrían permitido delimitar las razones por las que el Tribunal del Jurado Cour d’assises francés había condenado al interesado y le había impuesto una pena. En el presente caso, por el contrario, las preguntas formuladas en el acto del juicio oral no abordaron el fondo del asunto; muy pocas –de treinta y dos, cuatro se referían al demandante– versaron solamente sobre si era culpable de asesinato o de asesinato en grado de tentativa, y sólo recibieron como respuesta un simple «sí», sin más precisiones.
66. En opinión del demandante, tres argumentos de lógica jurídica abogan a favor de la obligación de motivar las sentencias del Tribunal del Jurado Cour d’assises. Los dos primeros se basan en el artículo 6.1 del Convenio. En primer lugar, la jurisprudencia reconocería que la motivación de las resoluciones judiciales forma parte de las garantías del proceso justo. Sería ilógico que el nivel de exigencia en la materia fuera menor para los procedimientos que culminan con las sanciones penales más graves. Asimismo, el artículo 6.1 consagraría con fuerza el carácter público de la justicia. El tercer argumento se basa en el artículo 6.3 a), que reconoce el derecho de todo acusado a ser informado detalladamente de la naturaleza y la causa de la acusación formulada contra él. El demandante considera que este derecho debería extenderse igualmente a la causa de la condena. La problemática del error judicial también abogaría por la motivación. El hecho de obligar a una jurisdicción a motivar una resolución impone que se exprese un razonamiento coherente y racional, libre de toda consideración emocional y subjetiva. Por último, la motivación permitiría un control por las instancias de apelación y casación que no tendría el mismo alcance si la decisión sobre la culpabilidad no estuviera fundamentada.
2. El Gobierno
67. El Gobierno subraya, de entrada, que los ordenamientos jurídicos europeos se caracterizan por su gran diversidad: algunos no han conocido o ya no conocen la justicia popular, otros la conocen pero su funcionamiento, y especialmente el papel que se otorga al jurado, difieren de un Estado a otro. Por otra parte, el Tribunal no es la tercera o cuarta instancia de jurisdicción. No le corresponde pronunciarse in abstracto ni uniformizar los distintos sistemas jurídicos, sino verificar si los procedimientos en vigor respetan las exigencias del artículo 6 del Convenio.
68. En Bélgica, la legitimidad de los tribunales de jurados Cour d’assises estaría garantizada por la institución del Jurado. Los jurados representarían al pueblo del que proceden y, en consecuencia, estarían revestidos de legitimidad constitucional. La composición del Jurado sería la primera garantía contra una justicia arbitraria.
69. La falta de motivación explícita no significaría que el veredicto de culpabilidad no sea la culminación de un razonamiento que las personas en cuestión puedan seguir y reconstruir. Asimismo, el Tribunal nunca ha considerado que existiera un problema in abstracto respecto al artículo 6 del Convenio con relación a la falta de motivación de las resoluciones de los tribunales del jurado Cour d’assises. Ciertamente, en el asunto Göktepe contra Bélgica (núm. 50372/1999, 2 junio 2005), estimó que había que plantear preguntas individualizadas sobre las circunstancias agravantes, pero nunca cuestionó el funcionamiento de este tribunal, ni la falta de motivación de las sentencias de los jurados en derecho belga.
70. El procedimiento, tal y como se desarrolla ante los tribunales del jurado Cour d’assises en Bélgica, garantiza que cada acusado obtenga una sentencia motivada sobre la legalidad y regularidad de las pruebas, que pueda conocer suficientemente los elementos de convicción que han sido determinantes y, en su caso, los elementos de defensa que el Jurado ha considerado en la formación de su veredicto. En el presente caso, las preguntas formuladas concluido el juicio por el presidente del Tribunal del Jurado Cour d’assises de Lieja sobre la culpabilidad del demandante, fueron suficientemente precisas para servir adecuadamente de fundamento a la sentencia. Los elementos constitutivos de los delitos y los hechos imputados se indicaron claramente, al igual que las circunstancias agravantes. El demandante dispuso del escrito de acusación y tuvo la facultad de asistir a largas sesiones en las que se discutieron las pruebas. Por tanto, alega en vano no conocer las razones de su condena. El solo hecho de que el Jurado se pronuncie sobre la base de su íntima convicción no vulnera el Convenio.
3. Terceros intervinientes
a) El Gobierno británico
71. En opinión del Gobierno británico, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal, y en particular de la sentencia recaída en el asunto Saric contra Dinamarca (núm. 31913/1996, 2 febrero 1999), que un proceso penal por jurados no puede considerarse contrario al Convenio. No existe obligación absoluta para un tribunal de motivar todas las resoluciones judiciales, y el enfoque del Tribunal es suficientemente flexible para tener en cuenta las particularidades del sistema de enjuiciamiento por jurados.
72. Sin duda, nunca debería comprometerse el derecho del acusado a un proceso justo, pero esta exigencia podría vulnerarse de distintas maneras en los sistemas jurídicos penales de los Estados contratantes. Se debería reconocer a éstos un margen de apreciación en cuanto a la manera de organizar sus procedimientos judiciales para que garanticen el derecho a un juicio justo. Las preguntas planteadas a los jurados y las respuestas a estas preguntas deberían valorarse no aisladamente, sino en el marco del conjunto del procedimiento, tomando en consideración las garantías procesales y las posibilidades de recurso.
73. Se trata sobre todo de si, a la vista del conjunto del procedimiento, se puede considerar que el condenado ha sido informado de los cargos que se le imputan, de la sustancia del delito supuestamente cometido por él y del fundamento de su condena.
74. El Gobierno británico subraya que en el sistema británico de juicio por jurados, concluida la práctica de las pruebas, el Juez resume los hechos para los jurados y les recuerda las pruebas practicadas ante él y los testimonios oídos. Al hacerlo, podrá instruirles sobre el criterio que conviene adoptar, e incluso la prudencia, respecto a ciertas piezas de convicción. Les instruye igualmente sobre las normas jurídicas aplicables. A este respecto, determina las circunstancias constitutivas del delito que se imputa a los acusados y la cadena de razonamiento que procede seguir para alcanzar un veredicto fundamentado en los hechos probados por el Jurado. La acusación y la defensa pueden hacer observaciones sobre la conclusión a la que, en su opinión, debería llegar el Jurado.
75. El Jurado delibera a puerta cerrada. Si requiere explicaciones complementarias o aclaraciones sobre cualquier cuestión, puede dirigirse al juez por escrito indicando la o las preguntas que querría plantearle. El juez muestra el escrito a los representantes de la acusación y la defensa sin la presencia del Jurado, invitándolos a hacerle partícipe de sus comentarios sobre la respuesta a proporcionar, siendo libre el Juez de ofrecer o no al Jurado, en audiencia pública, la información complementaria solicitada.
b) El Gobierno irlandés
76. En opinión del Gobierno irlandés, el sistema del juicio por jurados, considerado piedra angular del sistema de justicia penal del país, ha sido aprobado en Irlanda no solamente por los acusados, sino también por los defensores de los derechos humanos. Nadie se ha quejado nunca de que el sistema carezca de transparencia, o de que pueda vulnerar u obstaculizar los derechos del acusado. Este sistema inspira confianza al pueblo irlandés, el cual, especialmente por razones históricas, estaría muy vinculado al mismo.
77. El Gobierno irlandés subraya que en su legislación son las instrucciones que el Juez imparte al Jurado las que constituyen el fundamento del veredicto emitido por éste. El Juez instruye a los jurados sobre todas las cuestiones jurídicas planteadas y les explica las reglas a seguir, cuando se retiran a deliberar para alcanzar un veredicto. Concluido el juicio oral, dirige a los jurados un resumen de las pruebas o llama su atención sobre aquellas que tienen importancia. Instruye al Jurado sobre el hecho de que debe existir prueba bastante de la culpabilidad del acusado, sobre el carácter circunstancial o directo de una prueba y sobre el alcance de las que han sido practicadas. El abogado del acusado puede solicitar al Juez que precise las instrucciones dadas al Jurado si, de una forma u otra, las considera inadecuadas, insuficientes o confusas. Si el Jurado requiere explicaciones complementarias o precisiones sobre cualquier extremo, puede recurrir al Juez, el cual adoptará las medidas necesarias.
78. El Gobierno irlandés se pregunta cómo un sistema de enjuiciamiento que ha funcionado durante siglos, y mucho antes del Convenio, puede ahora considerarse contrario al artículo 6.1. Estima que la Sala no tuvo suficientemente en cuenta en su sentencia el conjunto del proceso penal con jurados ni la existencia de garantías en Bélgica y en otros Estados. A su juicio, debería haber examinado si la modificación de otras normas procesales o de la práctica de la prueba contribuye a facilitar la comprensión de la decisión. En la sentencia Gregory contra Reino Unido ( 25 febrero 1997, Repertorio de sentencias y resoluciones 1997-I), el Tribunal reconoció que el secreto de las deliberaciones del jurado constituía una característica crucial y legítima del derecho procesal inglés y que servía para reforzar la función de árbitro último de los hechos conferida al Jurado y garantizar unas deliberaciones abiertas y francas entre los jurados sobre la base de las pruebas practicadas ante ellos.
79. El Gobierno irlandés subraya que el secreto de las deliberaciones del jurado guarda estrecha relación con la falta de motivación de los veredictos. Imponer que se indiquen los motivos en las decisiones de los jurados modificaría la naturaleza y la propia esencia del sistema del juicio por jurado tal y como existe en Irlanda.
c) El Gobierno francés
80. En opinión del Gobierno francés, el derecho positivo no conoce ni ha conocido nunca, desde la institución de las jurisdicciones penales con jurados populares, la fundamentación de los veredictos. Las especificidades de este procedimiento residen en tres principios esenciales: la oralidad, la continuidad de los debates y la íntima convicción. Estas características que derivan directamente de la participación de ciudadanos en el acto de enjuiciar, se han opuesto siempre, en derecho francés, a la motivación de las sentencias de los tribunales del jurado Cour d’assises. El principio de la no fundamentación se plantea, sin ambigüedad, en el artículo 353 del Código procesal penal, en el que se relacionaría con el de la íntima convicción, que explicita esta disposición: no son normas o reglas jurídicas las que deben dictar la decisión de los jurados, sino el examen en «conciencia» y en su «razón» de los elementos del debate contradictorio al que han asistido. Para el Tribunal de Casación francés, la única «fundamentación» legalmente admisible de una sentencia del Tribunal del Jurado Cour d’assises estaría constituida por las respuestas a las preguntas planteadas y por las palabras «sí» o «no». Ha habido propuestas de flexibilización del principio de no motivación, pero el legislador francés nunca les ha dado continuidad.
81. La existencia, en el Consejo de Europa, de uno o varios países que han optado por la motivación de los veredictos emitidos por jurados no constituye un argumento que justifique un cambio de la jurisprudencia del Tribunal y que fundamente una violación del Convenio en el presente caso. La extrema diversidad de los sistemas jurídicos cuando se trata de recurrir a jueces no profesionales para participar en el enjuiciamiento de ciertos delitos excluye la valoración general de una cuestión como la motivación de las resoluciones. El solo hecho de que se apruebe una reforma en un país no significa que, en dicho país, obtenga la unanimidad. Además, la solución adoptada por un sistema no es necesariamente trasladable a otro.
82. El Tribunal no debería extender su competencia a la armonización del derecho interno de los Estados partes, so pena de desorganizar los sistemas jurídicos, atentar contra la autoridad de sus sentencias y el normal juego democrático en los Estados miembros. Existiría un gran riesgo de que los cambios de la jurisprudencia desacreditaran no solamente las sentencias del Tribunal, sino también la propia noción de los derechos humanos. Corresponde al Tribunal comprobar que la evolución de las legislaciones nacionales se adapta al Convenio, pero sólo con infinita prudencia y gran sentido de la medida podrá el Tribunal sustituir el juego democrático para modificar unos sistemas jurídicos inscritos en la historia y la cultura de los Estados, sobre todo tras haber ratificado la conformidad de estos sistemas con el Convenio. El cambio de la jurisprudencia operado por la Sección Segunda del Tribunal perturbó el funcionamiento normal no solamente de los tribunales belgas, sino también de los tribunales franceses. No puede excluirse el riesgo de que se llegue a la necesidad de suspender los procedimientos ante los tribunales del jurado Cour d’assises que se estan tramitando en la actualidad, con las importantes consecuencias organizativas, y sobre todo humanas, que ello implica.
C. Valoración del Tribunal
1. Principios generales
83. El Tribunal señala que varios Estados miembros del Consejo de Europa conocen la institución del jurado popular, que procede de la voluntad legítima de vincular a los ciudadanos con la acción de la justicia, en particular respecto a los delitos más graves. Según los Estados, y en función de la historia, las tradiciones y la cultura jurídica de cada uno de ellos, el jurado se presenta bajo formas variadas que difieren entre ellas en cuanto al número, la capacitación y el modo de designación de los jurados, así como por la existencia o no de vías de recurso contra las resoluciones por ello dictadas (apartados 43-60 supra). Se trata ésta de una ilustración entre otras de la variedad de los sistemas jurídicos existentes en Europa, que no corresponde al Tribunal uniformizar. En efecto, la elección para un Estado de uno u otro sistema penal escapa, en principio, al control europeo que el Tribunal ejerce, siempre y cuando el sistema admitido no vulnere los principios del Convenio (Sentencia Achour contra Francia [GS], núm. 67335/2001, ap. 51, TEDH 2006-IV). Asimismo, en las demandas individuales, no es tarea del Tribunal controlar en abstracto la legislación en litigio. Por el contrario, ha de limitarse en lo posible a examinar los problemas que plantea el asunto que se le somete (véase, entre otras, Sentencia N. C. contra Italia, [GS] núm. 24952/94, ap. 56, TEDH 2002-X).
84. No se trata aquí de volver a cuestionar la institución del jurado popular. En efecto, los Estados contratantes gozan de gran libertad en la elección de los medios que permitan a su sistema judicial cumplir los imperativos del artículo 6. La tarea del Tribunal consiste en determinar si, en un litigio concreto, los resultados de la vía seguida son compatibles con el Convenio, teniendo en cuenta igualmente las circunstancias específicas de la causa, su índole y su complejidad. En síntesis, debe examinar si el procedimiento, en conjunto, tuvo un carácter equitativo (Sentencias Edwards contra Reino Unido de 16 diciembre 1992, ap. 34, serie A núm. 247-B; Stanford contra Reino Unido de 23 febrero 1994, ap. 24, serie A núm. 282-A).
85. El Tribunal recuerda haber conocido de recursos en relación con el procedimiento ante los tribunales del jurado Cour d’assises. Así, en el asunto R. contra Bélgica (núm. 15957/1090, Decisión de la Comisión de 30 marzo 1992, Decisiones e informes (DI) 72), la Comisión Europea de Derechos Humanos constató que si bien el veredicto de culpabilidad del jurado no estaba motivado, al menos el presidente del Tribunal del Jurado Cour d’assises había formulado previamente preguntas al jurado sobre las circunstancias fácticas de la causa, que el acusado podía impugnar. La Comisión vio en estas preguntas precisas, de las que algunas podían plantearse a petición de la defensa o el Ministerio Fiscal, el fundamento que servía de base a la decisión impugnada y la compensación adecuada del carácter lacónico de las respuestas del Jurado. Adoptó un enfoque similar en los asuntos Zarouali contra Bélgica (núm. 20664/1992, Decisión de la Comisión de 29 junio 1994, DR 78) y Planka contra Austria (núm. 25852/1994, Decisión de la Comisión de 15 mayo 1996).
86. En el mencionado asunto Papon contra Francia (Decisión), el Tribunal señaló que el Ministerio Fiscal y el acusado habían tenido la posibilidad de impugnar las preguntas planteadas y solicitar al presidente que formulara al jurado una o varias preguntas más. Tras constatar que el jurado había respondido a las 768 preguntas formuladas por el presidente del Tribunal del Jurado Cour d’assises, estimó que éstas constituían el argumento que podía servir de base a la decisión y que su precisión compensaba adecuadamente la no motivación de las respuestas del Jurado. El Tribunal desestimó, por carecer manifiestamente de fundamento, la queja relativa a la falta de motivación de la sentencia de la Cour d’assises.
87. En el asunto José Manuel Bellerín Lagares contra España [(dec.), núm. 31548/2002, 4 noviembre 2003, el Tribunal constató que la sentencia recurrida –a la que se unía el acta de la deliberación del jurado– contenía el enunciado de los hechos declarados probados que habían llevado al jurado a condenar al demandante y el análisis jurídico de tales hechos y, en relación con la determinación de la pena, la referencia a las circunstancias modificativas de la responsabilidad del demandante aplicables al caso concreto. Estimó, por tanto, que la sentencia en cuestión estaba suficientemente fundamentada a los efectos del artículo 6.1 del Convenio.
88. En el citado asunto Göktepe contra Bélgica (ap. 28), el Tribunal concluyó que había violación del artículo 6 por cuanto el Tribunal del Jurado Cour d’assises había rehusado plantear preguntas individualizadas sobre la existencia de circunstancias agravantes, privando así al Jurado de la posibilidad de determinar individualmente la responsabilidad penal del demandante. En opinión del Tribunal, el hecho de que un tribunal no considere los argumentos referentes a una cuestión esencial y portadora de consecuencias tan graves, ha de reputarse incompatible con el núcleo de la noción de proceso justo, habida cuenta del hecho de que los jurados no podían motivar su convicción ( ibid., ap. 29).
89. En el referido asunto Saric contra Dinamarca, el Tribunal dictaminó que la falta de motivación de una sentencia resultante de la determinación por un Jurado popular de la culpabilidad del demandante, no era en sí contraria al Convenio.
90. De la mencionada jurisprudencia se infiere que el Convenio no exige que los jurados motiven su decisión y que el artículo 6 no se opone a que un acusado sea juzgado por un Jurado popular ni siquiera en el supuesto de que su veredicto no esté fundamentado. Sin embargo, para que se cumplan las exigencias de un proceso justo, el público y, en primer lugar, el acusado, debe poder comprender el veredicto que se ha emitido. Ésta es una garantía fundamental frente a la arbitrariedad. Ahora bien, como ya ha subrayado el Tribunal, la preeminencia del derecho y la lucha contra la arbitrariedad son principios que sustentan el Convenio (entre otras, véase, mutatis mutandis, Sentencia Roche contra Reino Unido [GS], núm. 32555/1996, ap. 116, TEDH 2005-X). En el ámbito de la justicia, estos principios sirven para asentar la confianza de la opinión pública en una justicia objetiva y transparente, uno de los fundamentos de toda sociedad democrática (véase Suominen contra Finlandia, núm. 37801/1997, ap. 37, 1 julio 2003 y Tatichvili contra Rusia, núm. 1509/2002, ap. 58, TEDH 2007-III).
91. En los procedimientos que se desarrollan ante magistrados profesionales, la comprensión por un acusado de su condena está asegurada principalmente por las resoluciones judiciales. En estos asuntos, los tribunales internos deben exponer con suficiente claridad los motivos en los que se fundamentan (Sentencia Hadjianastassiou contra Grecia, núm. 12945/1987, 16 diciembre 1992, ap. 33, serie A núm. 252). La motivación tiene igualmente como finalidad demostrar a las partes que han sido oídas y contribuir así a una mejor aceptación de la decisión. Además, obliga al juez a fundamentar su razonamiento en argumentos objetivos y preserva los derechos de la defensa. Sin embargo, el alcance del deber de motivación puede variar según la índole de la decisión y debe considerarse a la luz de las circunstancias de la causa (Sentencia Ruiz Torija contra España, previamente citada, ap. 29). Aunque los tribunales no tienen la obligación de aportar una respuesta detallada a cada argumento (véase Sentencia Van de Hurk, 19 abril 1994, § 61, série A no 288), debe inferirse de la decisión que las cuestiones fundamentales de la causa han sido tratadas (Sentencia Boldea contra Rumanía, núm. 19997/2002, ap. 30, TEDH 2007-II).
92. Ante los tribunales del jurado Cour d’assises con participación de un jurado popular, es necesario adaptarse a las particularidades del procedimiento en el que, la mayoría de las veces, los jurados no tienen la obligación –o no pueden– motivar su convicción (apartados 85 a 89 supra). En este supuesto, igualmente, el artículo 6 exige determinar si el acusado ha gozado de unas garantías suficientes que descarten cualquier riesgo de arbitrariedad y le permitan comprender las razones de su condena (apartado 90 supra). Estas garantías procesales pueden consistir, por ejemplo, en instrucciones o aclaraciones del presidente del Tribunal del Jurado Cour d’assises a los jurados en relación con los problemas jurídicos planteados o las pruebas practicadas (apartados 43 y siguientes supra), y en preguntas precisas, inequívocas, planteadas al Jurado por dicho magistrado, de manera que se conforme un argumento que pueda servir de fundamento para el veredicto o que compense adecuadamente la falta de motivación de las respuestas del Jurado (véase Papon contra Francia , anteriormente mencionada). Por último, debe tenerse en cuenta, cuando exista, la posibilidad para el acusado de ejercitar las vías de recurso.
2. Aplicación de estos principios al presente caso
93. En el presente caso, cabe señalar que en sus alegaciones ante el Tribunal, el demandante denuncia la falta de motivación del veredicto de culpabilidad y la imposibilidad de apelar contra la sentencia dictada por la Cour d’assises. Como ya se ha recordado (apartado 89 supra), la falta de motivación del veredicto de un Jurado popular no vulnera en sí el derecho del acusado a un juicio justo. Teniendo en cuenta el hecho de que el cumplimiento de las exigencias del proceso justo se aprecia sobre la base del conjunto del procedimiento y dentro del contexto específico del sistema jurídico en cuestión, la tarea del Tribunal, frente a un veredicto no fundamentado, consiste en examinar si, a la luz de todas las circunstancias de la causa, el procedimiento seguido ofreció suficientes garantías contra la arbitrariedad y permitió al acusado comprender su condena. Al hacerlo, debe tener en cuenta que es frente a las penas más severas que las sociedades democráticas deben garantizar al más alto nivel el derecho a un proceso justo (Sentencia Salduz contra Turquía, [GS] núm. 36391/2002, ap. 54, TEDH 2008–...).
94. En el presente caso, se acusaba al demandante del asesinato de un ministro y del asesinato en grado de tentativa de su compañera de. Ahora bien, ni el escrito de acusación ni las preguntas planteadas al jurado contenían información suficiente en cuanto a su implicación en la perpetración de los delitos que se le imputaban.
95. En relación, en primer lugar, con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el Código de Instrucción Criminal dispone que indique la naturaleza del delito que constituye el fundamento de la acusación y todas las circunstancias que puedan agravar o atenuar la pena, y que ha ser leído al inicio del acto del juicio oral (apartado 26 supra). Ciertamente, el acusado puede contradecir el escrito de acusación mediante el escrito de defensa, pero en la práctica su alcance es limitado toda vez que se da lectura al mismo al inicio del juicio oral, previamente a los debates que deben fundamentar la íntima convicción del Jurado. La utilidad de tal escrito en la comprensión por el acusado condenado de los motivos que han llevado a los jurados a emitir un veredicto de culpabilidad es pues limitada. En el caso de que se trata, el análisis del escrito de acusación de 12 de agosto de 2003 demuestra que contenía la cronología detallada de las investigaciones tanto policiales como judiciales y las declaraciones numerosas y contradictoras de los coencausados. Aunque nombraba cada uno de los cargos que se imputaban al demandante, no demostraba cuáles eran las pruebas que, para la acusación, constituían pruebas de cargo contra el interesado.
96. En relación con las preguntas planteadas por el presidente del Tribunal del Jurado Cour d’assises al jurado para permitir a éste alcanzar un veredicto, éstas fueron treinta y dos. Solamente cuatro de ellas aludían al demandante, que comparecía junto a otros siete coencausados, y a las que el jurado respondió afirmativamente (apartado 15 supra). Lacónicas e idénticas para todos los acusados, estas preguntas no se refieren a ninguna circunstancia concreta y particular que hubiera permitido al demandante comprender el veredicto de condena. En esto, el caso se distingue del asunto Papon , en el que el Tribunal del Jurado Cour d’assises aludió a las respuestas del jurado a cada una de las 768 preguntas planteadas por el presidente de dicho tribunal, así como a la descripción de los hechos probados y a los artículos del Código Penal aplicados (apartado 86 supra).
97. De ello resulta que, incluso en relación con el escrito de acusación, las preguntas planteadas en el presente caso no permitían al demandante saber qué elementos de convicción y circunstancias de hecho, entre todos los debatidos en el juicio oral, habían conducido en definitiva a los jurados a responder afirmativamente a las cuatro preguntas que le afectaban. El demandante no podía así diferenciar con seguridad la implicación de cada uno de los coencausados en la perpetración del delito; comprender qué rol preciso había desempeñado él con respecto a sus coencausados para el jurado; comprender por qué se había apreciado la calificación de asesinato en lugar de la de homicidio; determinar cuáles habían sido los elementos que habían permitido al jurado concluir que dos de los encausados habían tenido una participación limitada en los hechos que se imputaban, que implicaba una pena menos severa; y entender por qué concurría en su caso la agravante de premeditación en relación con el asesinato en grado de tentativa de la compañera de A.C. Este déficit era aún más problemático dada la complejidad del asunto, tanto en el ámbito jurídico como en el fáctico, y que el proceso duró más de dos meses, del 17 de octubre de 2003 al 7 de enero de 2004, durante los cuales se interrogó a numerosos testigos y peritos.
98. A este respecto, cabe recordar que la presentación al jurado de unas preguntas precisas constituía una exigencia indispensable que debía permitir al demandante comprender un eventual veredicto de culpabilidad. Asimismo, puesto que en el asunto había más de un acusado, las preguntas debían individualizarse en la medida de lo posible.
99. Por último, cabe señalar la ausencia, en el sistema belga, de toda posibilidad de apelación contra las sentencias del Tribunal del Jurado Cour d’assises. En lo referente al recurso de casación, éste se limita a las cuestiones jurídicas y, en consecuencia, no esclarece adecuadamente al acusado sobre las razones de su condena. En cuanto al artículo 352 del CIC según el cual, en el supuesto de que los jurados hayan incurrido en un error sobre el fondo, el tribunal acordará la paralización del proceso y convocará juicio oral con un nuevo Jurado, tal y como reconoce el Gobierno (apartado 31 supra), rara vez se ha utilizado.
100. En conclusión, el demandante no dispuso de las garantías suficientes que le permitieran comprender el veredicto de condena emitido contra él. El procedimiento no revistió un carácter equitativo y, en consecuencia, ha habido violación del artículo 6.1 del Convenio.
III. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 6.3 d) DEL CONVENIO
101. El demandante alega no haber podido, en ningún momento del procedimiento, interrogar o hacer interrogar al testigo anónimo. Alega la violación del artículo 6.3 d) del Convenio:
«Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la convocación e interrogación de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra».
102. El Tribunal señala que esto guarda estrecha relación con los hechos que le han llevado a concluir con la violación del artículo 6.1. En efecto, a falta de fundamentación del veredicto, resulta imposible saber si la condena del demandante se asentó o no en las informaciones facilitadas por el testigo anónimo. En estas condiciones, el Tribunal considera que no ha lugar a resolver separadamente la queja relativa a la violación del artículo 6.1 y 6.3 d) del Convenio.
IV. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO
103. A tenor de lo dispuesto en el artículo 41 del Convenio:
«Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa».
A. Perjuicio
104. Al igual que ante la Sala, el demandante solicita 100.000 euros (EUR) en concepto de daño moral.
105. El Gobierno considera «totalmente razonable» la suma de 4.000 EUR concedida por la Sala a este respecto en su Sentencia de 13 enero 2009.
106. La Gran Sala, resolviendo en equidad, concede al demandante 4.000 EUR en concepto de daño moral.
107. El Tribunal señala, por otra parte, que la Ley de 1 de abril de 2007 modificó el Código de Instrucción Criminal de forma que se permite a un demandante solicitar la reapertura del juicio tras una sentencia del Tribunal que constate una violación del Convenio (apartados 38 y siguientes; véase, mutatis mutandis, Sentencia Öcalan contra Turquía [GS], núm. 46221/1999, TEDH 2005-IV).
B. Gastos y costas
108. En relación con los gastos y las costas, el Tribunal señala que la Sala decidió conceder al demandante 8.173,22 EUR, cantidad a la que no se ha opuesto el Gobierno. En lo referente al procedimiento ante la Gran Sala, el demandante ha percibido del Consejo de Europa 1.755,20 EUR en concepto de asistencia jurídica gratuita. Por tanto, el Tribunal confirma la suma de 8.173,22 EUR fijada por la Sala.
C. Intereses de demora
109. El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de demora en el tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos.
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD
1º Declara que ha habido violación del artículo 6.1 del Convenio;
2º Declara que no ha lugar a resolver separadamente la queja relativa a la violación del artículo 6.1 y 6.3 d) del Convenio por no haberse escuchado el testimonio del testigo anónimo;
3º Declara
a) Que el Estado demandado deberá abonar al demandante, dentro del plazo de tres meses, las sumas siguientes:
i. 4.000 EUR (cuatro mil euros) en concepto de daño moral, más las cargas fiscales correspondientes;
ii. 8.173,22 EUR (ocho mil ciento setenta y tres euros con veintidós céntimos) en concepto de gastos y costas, más las cargas fiscales correspondientes;
b) Que estas sumas se verán incrementadas por un interés simple anual equivalente al tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos a partir de la expiración del antedicho plazo y hasta el pago;
4º Rechaza el resto de la solicitud de indemnización.
Redactada en francés y en inglés, leída en audiencia pública en el Palacio de los Derechos Humanos de Estrasburgo, el 16 de noviembre de 2010. Firmado: Jean-Paul Costa, Presidente – Michael O’Boyle, Secretario adjunto.
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