Sentencia 35731/97
CASO VENEMA CONTRA LOS PAÍSES BAJOS
Artículo 8 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar) Sentencia de 17 de diciembre de 2002
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha comunicado, en el día de hoy, por escrito, su sentencia en el caso Venema contra los Países Bajos. El Tribunal declara por unanimidad:
que se ha infringido el artículo 8 (Derecho al respeto de la vida familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos ;
que no se plantea ninguna cuestión evidente en el ámbito del artículo 6 (derecho a un proceso equitativo) del citado texto.
En aplicación del artículo 41 (satisfacción equitativa) del Convenio, el Tribunal concede a los demandantes 15.000 euros (EUR) por daños morales y 22.475 EUR por gastos y costas.
1. HECHOS
Dirk Venema, Wubbechien Venema-Huiting y Kimberly Venema, de nacionalidad holandesa, residen en Alphen ann de Rijn (Países Bajos). El señor Venema y la señora Venema-Huiting, nacidos en 1964 y 1967 respectivamente, son los padres de Kimberly, nacida el 14 de febrero de 1994.
En julio y después en agosto de 1994, Kimberly fue hospitalizada a causa de problemas de paradas respiratorias y de taquicardia. Tras confirmar que la niña no presentaba ningún problema físico, los médicos comenzaron a comentar que estaba en perfecto estado de salud y que la señora Venema quizá padecía el síndrome de Münchhausen por poder. Se mantuvo a la familia Venema bajo vigilancia médica, pero los médicos no hicieron partícipes de sus sospechas al señor y a la señora Venema.
El 14 de diciembre de 1994 fue hospitalizada, de nuevo, como consecuencia de un incidente ocurrido dos días antes. El 20 de diciembre de 1994 se convocó una reunión entre los médicos y un representante del Consejo para la protección de la infancia con el fin de examinar el caso de Kimberlky. Esta reunión tuvo lugar sin la participación del señor y la señora Venema, que no habían sido informados de la misma. El 3 de enero de 1995, los médicos enviaron un informe al Consejo para la protección de la infancia. En él decían creer que la vida de Kimberly estaba en peligro y que eran necesarias medidas de carácter urgente. Expresaban la opinión de que no era posible discutir la cuestión con el señor y la señora Venema, teniendo en cuenta el riesgo de verles reaccionar de manera imprevisible.
El 4 de enero de 1995, un juez de menores decretó una orden de tutela provisional, sin haber oído al señor y a la señora Venema. Por otra parte, ordenó que Kimberly fuese separada de su familia. El señor y la señora Venema no fueron informados de la decisión hasta el 6 de enero de 1995, cuando llegaron al hospital para recoger a su hija y se les prohibió verla. El mismo día, y sin haber oído al señor y la señora Venema, el juez de menores decretó una nueva orden que preveía el traslado de Kimberly a un centro de acogida, cuyo nombre y dirección no se facilitó a los padres. Esta orden se ejecutó el mismo día.
El 10 de enero de 1995, el juez de menores oyó al señor y la señora Venema y decidió que la tutela provisional debía permanecer en vigor, pero que era necesario recabar sin dilación nuevas opiniones de un especialista en psiquiatría y de un psiquiatra infantil. Se estableció un régimen de visitas, en virtud del cual se autorizó al señor y la señora Venema a ver a Kimberly una vez cada quince días.
El psiquiatra consultado envió un informe en el que concluía que no había nada que indicase que el señor y la señora Venema representaban peligro alguno para Kimberly, aunque no pudo «excluir por completo» que la señora Venema padeciera el síndrome de Münchhausen por poder.
El señor y la señora Venema recurrieron en apelación la decisión, presentando en apoyo de su recurso varias opiniones médicas, de las cuales tres procedían de psiquiatras que recomendaban el regreso de Kimberly al seno de su familia, ya que no parecía que la niña corriese riesgo alguno con sus padres. El 15 de marzo de 1995, el Tribunal rechazó el recurso.
El 22 de mayo de 1995, tras una audiencia a puerta cerrada, el juez de menores revocó la orden de traslado y la orden de tutela provisional, que se negó a sustituir por una orden de tutela definitiva. Kimberly fue devuelta al señor y a la señora Venema.
El caso suscitó preguntas en el Parlamento y una queja al Secretario de Estado para la Justicia (Staatssecretaris van Justitie), que ordenó una investigación oficial. Ésta desembocó en un informe que concluía, en concreto, que si el Consejo para la protección de la infancia hubiera intentado sin duda alguna y de buena fe proteger los intereses de Kimberly, habría logrado «dar pruebas de una mayor creatividad en la búsqueda de una solución respetuosa con los intereses de los padres».
2. PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
La demanda se presentó ante la Comisión Europea de Derechos Humanos el 24 de julio de 1996, posteriormente, se trasladó al Tribunal el 1 de noviembre de 1998. El 29 de enero de 2002 se declaró admisible.
La sentencia ha sido dictada por una Sala compuesta por los siete magistrados siguientes: Jean-Paul Costa (francés), presidente; Loukis Loucaides (chipriota), Corneliu Bîrsan (rumano), Karel Jungwiert (checo), Volodymyr Butkevych (ucraniano), Wilhelmina Thomassen (holandesa), Antonella Mularoni (sanmarinesa), magistrados; así como por Sally Dollé, secretaria de sección.
3. RESUMEN DE LA SENTENCIA
I. Quejas
Los demandantes alegan, en concreto, que se han infringido los artículos 6 y 8 del Convenio. Critican el hecho de que las decisiones de la justicia que provocaron la separación de Kimberly de su familia se tomaran sin que hubiera ningún motivo médico y que no se revocaran tan pronto como se puso de manifiesto que no estaban justificadas, y acusan a las autoridades de no haberles asociado al proceso decisorio que dio lugar a la separación de su familia.
II. Decisión del Tribunal
1. Artículo 8 del Convenio
El Tribunal admite que, aunque se deben tomar medidas de urgencia para proteger a un niño, no siempre es posible, teniendo en cuenta precisamente la urgencia, asociar al proceso decisorio a las personas que tienen la tutela del niño. Esta concertación incluso puede no ser deseable si se considera que las personas en cuestión representan una amenaza inmediata para el niño.
En este caso, no obstante, era pertinente que se convenciera al Tribunal de que las autoridades nacionales hubieran podido considerar, con motivo, que existían circunstancias que justificaban que la niña fuese retirada de forma brusca de la custodia de sus padres, sin que se hubiese avisado a éstos o se les hubiera consultado previamente. En concreto, lo adecuado era que antes de la aplicación de la medida enjuiciada se hubiera efectuado una cuidadosa evaluación del impacto que podía tener sobre los padres y sobre la niña la citada medida prevista y el resto de soluciones posibles.
El Tribunal advierte que no se le ha explicado de manera satisfactoria por qué los médicos que se encargaron de conocer el caso o el Consejo para la protección de la infancia no pudieron reunirse para discutir sus preocupaciones con los demandantes y brindarles la posibilidad de aclarar las sospechas que pesaban sobre ellos, si es preciso remitiéndose a los peritajes por ellos obtenidos. El Tribunal no se considera convencido de que los demandantes hubieran reaccionado de forma imprevisible si se hubiese abordado con ellos el problema. Considera que esta justificación, si no está desprovista de toda pertinencia, no puede por sí sola considerarse suficiente para excluir a los padres de Kimberly de un procedimiento que revestía una enorme importancia personal para ellos, menos aún cuando Kimberly se encontraba totalmente segura (en el hospital) los días que precedieron al decreto de la orden provisional.
Los demandantes no han podido ejercer en ningún momento la menor influencia sobre el resultado del procedimiento, impedidos como estaban de impugnar, por ejemplo, la fiabilidad de las informaciones recabadas en el caso o de adjuntar al sumario informaciones procedentes de sus propias fuentes. Hasta el 10 de enero de 1995, cuando tuvo lugar la vista ante el juez de menores, los padres de Kimberly no pudieron exponer sus puntos de vista. Esta vista se celebró seis días después de que el juez de menores, basándose en los temores no comprobados del Consejo para la protección de la infancia, hubiera decretado la orden de tutela provisional y la orden que decretaba la salida de Kimberly de su familia y cuatro días después de que hubiera decretado una orden que preveía el traslado de la niña a un hogar de acogida. Antes de la vista ya se habían adoptado medidas que, teniendo en cuenta su impacto inmediato y la edad de la niña, eran difíciles de reparar.
Para el Tribunal es necesario, siendo esto una exigencia esencial, que los padres hubiesen tenido la posibilidad de hacer valer su propio punto de vista antes de que se decretara la orden provisional. La imposibilidad en que se les colocó para participar en el proceso decisorio que desembocó en el decreto de la orden provisional les privó de la protección de sus intereses, tal como exige el artículo 8 del Convenio, incluido su derecho a impugnar la necesidad de la medida solicitada por el Consejo para la protección de la infancia. Es preciso advertir que esta medida es la base de la lamentable separación -que duró cinco meses y dieciocho días- de los demandantes y su hija. Tras confirmar que, sin justificación bastante, las autoridades competentes enfrentaron a los demandantes a los hechos consumados, el Tribunal considera que se ha infringido el artículo 8 del Convenio.
2. Artículo 6.1 del Convenio
Considerando que, en tanto que se han declarado admisibles, las quejas presentadas por los demandantes sobre la base del artículo 6 coinciden en gran medida con las enunciadas desde el punto de vista del artículo 8, el Tribunal estima que no se plantea ninguna cuestión diferente con respecto al artículo 6.1 del Convenio.
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