CASE OF VINTER AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM - [Spanish Translation] by the COE/ECHR

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GRAN SALA

CASO VINTER Y OTROS c. EL REINO UNIDO

(Demandas nos 66069/09, 130/10 y 3896/10)

SENTENCIA

ESTRASBURGO

9 de julio de 2013

Esta sentencia es definitiva. Puede sufrir correcciones de estilo.

En el caso Vinter y Otros c. el Reino Unido,

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reunido en Gran Sala compuesta por:

Dean Spielmann, Presidente,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Ineta Ziemele,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Dragoljub Popović,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nona Tsotsoria,
Ann Power-Forde,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Lemmens,
Paul Mahoney,
Johannes Silvis, Jueces,
y Michael O’Boyle, Secretario Adjunto,

Tras haber deliberado en privado el 28 de noviembre de 2012 y el 29 de mayo de 2013,

Dicta la siguiente sentencia, adoptada en esa fecha:

PROCEDIMIENTO

1. En el origen del caso se encuentran tres demandas (nos 66069/09, 130/10 y 3896/10) interpuestas ante el Tribunal contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 11 de diciembre de 2009, el 17 de diciembre de 2009 y el 6 de enero de 2010, respectivamente, por tres ciudadanos británicos, el Sr. Douglas Gary Vinter (“el primer demandante”), el Sr. Jeremy Neville Bamber (“el segundo demandante”) y el Sr. Peter Howard Moore (“el tercer demandante”), en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (“el Convenio”).

2. El primer demandante nació en 1969 y actualmente está detenido en la prisión de Su Majestad de Frankland. Está representado ante el Tribunal por el Sr. S. Creighton, un abogado de Londres del despacho Bhatt Murphy Solicitors, que es asistido por el Sr. P. Weatherby, Consejero de la Reina, y el profesor D. van Zyl Smit.

3. El segundo demandante nació en 1961 y actualmente está detenido en la prisión de Su Majestad de Full Sutton. Está representado ante el Tribunal por el Sr. B. Woods, un abogado de Leeds del despacho Cousins Tyrer Solicitors, asistido por el Sr. R. Horwell, Consejero de la Reina, y el Sr. L. Hindmarsh, abogado.

4. El tercer demandante nació en 1946 y actualmente está detenido en la prisión de Su Majestad de Wakefield. Está representado ante el Tribunal por Chivers Solicitors, despacho de abogados de Bingley, asistido por el Sr. M. McKone, abogado.

5. El Gobierno del Reino Unido (“el Gobierno”) está representado por su Agente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Sra. Dauban.

6. Los demandantes alegan que las penas a cadena perpetua permanente que les fueron impuestas significaron un maltrato contrario al artículo 3 del Convenio.

7. Las demandas fueron asignadas a la Sección Cuarta del Tribunal (artículo 52 § 1 del Reglamento del Tribunal). El 17 de enero de 2012, una Sala de esta Sección compuesta por los Jueces Garlicki, David Thór Björgvinsson, Bratza, Hirvelä, Nicolaou, Bianku, De Gaetano, así como por T.L. Early, Secretario de Sección, decidió por unanimidad acumular las demandas, declarar las quejas de los demandantes relativas al artículo 3 admisibles y el resto inadmisibles. La Sala también determinó, por cuatro votos contra tres, que no se violó el artículo 3 del Convenio respecto a ninguno de los tres demandantes. Se adjuntó a esta sentencia una opinión concurrente del Juez De Gaetano y una opinión conjunta parcialmente discrepante de los Jueces Garlicki, David Thór Björgvinsson y Nicolaou.

8. El 9 de julio de 2012, a solicitud de los demandantes realizada el 12 de abril de 2012, el colegio de la Gran Sala decidió remitir el caso a esta de acuerdo con el artículo 43 del Convenio.

9. La composición de la Gran Sala fue determinada de acuerdo con el artículo 26 §§ 4 y 5 del Convenio y el artículo 24 del Reglamento del Tribunal. András Sajó no pudo continuar en el caso y fue remplazado en las deliberaciones finales por Işıl Karakaş, Juez sustituto (artículo 24 § 3 del Reglamento del Tribunal).

10. Los demandantes y el Gobierno presentaron observaciones escritas adicionales sobre el fondo (artículo 59 § 1 del Reglamento del Tribunal).

11. La vista pública tuvo lugar en Estrasburgo el 28 de noviembre de 2012 en el Edificio de los Derechos Humanos (artículo 59 § 3 del Reglamento del Tribunal).

Comparecieron ante el Tribunal:

(a) por el Gobierno
Sra.L. Dauban,Agente,
Sr.D. Perry, Consejero de la Reina
Sr.L. Mably,Abogados,
Sr.J. Guess,
Sr.A. Foulds,Asesores;

(b) por los demandantes
Sr.R. Horwell, Consejero de la Reina
Sr.P. Weatherby, Consejero de la Reina
Sr.L. Hindmarsh,Abogados,
Sr.S. Creighton,
Sr.B. Woods,
Prof D. Van Zyl Smit,Asesores.

El Tribunal escuchó las intervenciones del Sr. Perry y del Sr. Weatherby, así como sus respuestas a las preguntas que les planteó el propio Tribunal.

HECHOS

I. LAS CIRCUMSTANCIAS DEL CASO

A. Introducción

12. Desde la abolición de la pena de muerte en Inglaterra y Gales, la pena por asesinato consiste en la imposición obligada de la cadena perpetua. Actualmente, cuando esta pena es impuesta, el juez debe establecer un periodo mínimo de pena de prisión a cumplir, que tiene como finalidad satisfacer la función retributiva de la pena, teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido. Los criterios que debe tener en cuenta el juez para realizar esta valoración están establecidos en el anexo 21 de la Ley de Justicia Penal de 2003 (véanse los párrafos 38–39 infra). Una vez que el periodo mínimo de pena de prisión se ha cumplido, el recluso puede solicitar la libertad condicional a la Junta de Libertad Condicional.

Excepcionalmente, sin embargo, el juez puede imponer una “pena a cadena perpetua permanente” (whole life order) en lugar de establecer un periodo mínimo de pena de prisión a cumplir, siempre teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo 21, si considera que la gravedad del delito cometido es excepcionalmente grave.

El efecto de la imposición de una pena a cadena perpetua permanente es que el recluso no puede ser liberado sino es por decisión discrecional del Ministro del Interior. La potestad del Ministro del Interior para liberar a un recluso se establece en el artículo 30(1) de la Ley Penal (sobre Penas) de 1997. El Ministro del Interior solamente puede ejercer esta potestad sobre la base de motivos humanitarios cuando el recluso padece una enfermedad terminal o se encuentra gravemente incapacitado (véase la Ordenanza de Servicios Penitenciarios nº 4700 tal y como se describe en el párrafo 43 infra).

13. Antes de la entrada en vigor de la Ley de 2003, correspondía al juez y al Ministro del Interior determinar, después de las recomendaciones del propio juez y del Presidente del Tribunal, el periodo mínimo de pena de prisión a cumplir antes de que el recluso fuera elegible para obtener la libertad condicional. En ese momento, el periodo mínimo de pena de prisión a cumplir también recibía la denominación de la parte “determinable” (tariff) de la pena.

El Ministro del Interior también podía establecer “una pena a cadena perpetua determinable” (whole life tariff). En este caso, era habitual que el Ministro del Interior revisara la cadena perpetua determinable después del cumplimiento de veinte y cinco años de pena de prisión para decidir si aún estaba justificada mantenerla, especialmente en casos en los que el recluso se hubiese comportado excepcionalmente bien durante el cumplimiento de la pena (véase el caso Hindley en el párrafo 46 infra).

Con la entrada en vigor de la Ley de 2003 (y, en concreto, del artículo 276 y del anexo 22, que establecen una serie de medidas transitorias relativas a las personas que actualmente cumplen penas a cadena perpetua: véanse los párrafos 40 y 41 infra), todos aquellos reclusos cuya parte determinable de la pena hubiese sido decidida por el Ministro del Interior podían solicitar la revisión de esta decisión al Tribunal Superior. Una vez recibida esta solicitud, el Tribunal Superior podía decidir si establecer un periodo mínimo de pena de prisión a cumplir o imponer una pena a cadena perpetua permanente.

14. El presente caso hace referencia a tres demandantes que, una vez condenados por asesinato en distintos procesos penales en Inglaterra y Gales, están actualmente cumpliendo penas obligatorias a cadena perpetua. A los tres demandantes les impusieron una pena a cadena perpetua permanente: en el caso del primer demandante esta pena fue impuesta por el juez sentenciador de acuerdo con las normas sobre la imposición de penas actualmente en vigor; en el caso del segundo y del tercer demandante, que fueron condenados antes de la entrada en vigor de la Ley de 2003, las penas fueron impuestas por el Tribunal Superior. Los tres demandantes alegan que las penas a cadena perpetua permanente, tal y como fueron determinadas en sus casos, son incompatibles inter alia con los artículos 3 y 5 § 4 del Convenio. Los hechos de las demandas, tal y como fueron planteados por las partes, pueden ser resumidos de la siguiente manera.

B. El Sr. Vinter

15. El 20 de mayo de 1996, el primer demandante fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de un compañero de trabajo, estableciéndose un periodo mínimo de pena de prisión a cumplir de diez años. Fue excarcelado bajo libertad condicional el 4 de agosto de 2005.

16. El primer demandante empezó a vivir con una mujer que se convertiría en su segunda víctima de asesinato. La pareja se casó el 27 de junio de 2006. El 31 de diciembre de 2006 el primer demandante se vio envuelto en una pelea en un bar y fue acusado como consecuencia de la misma (por utilizar o amenazar de utilizar violencia ilegítima). Su libertad condicional fue revocada y fue de nuevo encarcelado. En julio de 2007, una vez fue declarado culpable de los hechos de la pelea, fue condenado a 6 meses de pena de prisión. Fue excarcelado otra vez bajo libertad condicional en diciembre de 2007 y volvió a convivir con su esposa y sus cuatro hijos. La pareja empezó a distanciarse y el primer demandante abandonó la casa conyugal.

17. El 5 de febrero de 2008, el primer demandante siguió a su esposa a un bar. Había estado bebiendo y había tomado cocaína. La pareja discutió y la hija de la esposa, que estaba presente, telefoneó a la policía para alertar sobre la discusión. El primer demandante ordenó a la mujer que entrase en el coche. Cuando la hija intentó entrar en el coche para proteger a su madre, el primer demandante lo impidió por la fuerza. El primer demandante se fue en coche con su esposa. Cuando la policía la telefoneó para asegurarse que estaba a salvo, el primer demandante la obligó a que le contara a la policía que así era. El primer demandante también telefoneó a la policía para decirles que su esposa estaba bien y a salvo. Unas horas después se entregó a la policía y confesó que había matado a su esposa. La autopsia reveló que la fallecida tenía la nariz rota, un profundo y extenso moratón en su cuello (que era coherente con los intentos de estrangulación), así como cuatro heridas de arma blanca en la espalda. Fueron encontrados dos cuchillos en la escena del crimen, uno de los cuales tenía una de sus hojas rota.

18. El 21 de abril de 2008, el primer demandante fue declarado culpable de asesinato y pidió a su abogado que no realizara ninguna alegación para mitigar el dolor y no añadir más sufrimiento a la familia de la víctima. El juez consideró que el primer demandante se encontraba dentro de la pequeña categoría de personas que debían estar permanentemente recluidas en prisión. El juez determinó la cadena perpetua obligatoria e impuso la cadena perpetua permanente.

19. El Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación del primer demandante el 25 de junio de 2009. Tuvo en consideración los principios generales para determinar el periodo mínimo de pena de prisión a cumplir en una pena a cadena perpetua obligatoria (establecidos en el anexo 21 de la Ley de 2003: véanse los párrafos 38 y 39 infra). El Tribunal de Apelaciones determinó que, atendiendo a las circunstancias del delito, no había ningún motivo para apartarse del principio general reconocido en el anexo 21 de la Ley de 2003 que establecía que, cuando un asesinato era cometido por una persona que había sido condenada previamente por asesinato, una pena a cadena perpetua permanente era adecuada para satisfacer las funciones de retribución y prevención de la pena.

C. El Sr. Bamber

20. El 7 de agosto de 1985, los padres del segundo demandante, así como su hermana adoptiva y sus dos hijos pequeños, fueron disparados y murieron. El segundo demandante fue posteriormente acusado y el 28 de octubre de 1986, condenado por estos asesinatos. La Fiscalía sostuvo que los asesinatos fueron premeditados, planeados y cometidos por intereses económicos. También se alegó que el segundo demandante había preparado la escena del crimen para hacer creer a la policía que fue su hermana adoptiva la que había matado a la familia y que después se había suicidado.

21. El juez recomendó al Ministro del Interior que el segundo demandante cumpliera veinte y cinco años de pena de prisión “como mínimo” (el subrayado es de él). En la carta del juez dirigida al Ministro del Interior, el Presidente del Tribunal añadió el comentario de que “por mi parte yo nunca lo excarcelaría”. En 1988, el Ministro del Interior le impuso una pena a cadena perpetua determinable. La práctica habitual en ese momento era no informar al condenado de esta decisión. Mediante carta de 15 de diciembre de 1994, el segundo demandante fue informado de que el Ministro del Interior había concluido que las funciones de retribución y prevención de la pena solamente podían ser satisfechas permaneciendo en prisión durante toda su vida.

22. En 2008, después de la entrada en vigor del artículo 276 y del anexo 22 de la Ley de 2003, el segundo demandante solicitó al Tribunal Superior la revisión de la cadena perpetua determinable. Teniendo en cuenta el anexo 21 de la Ley, el Tribunal Superior concluyó que, debido al número de asesinatos de este caso y la presencia de premeditación en su comisión, el delito se encontraba plenamente dentro de la categoría de casos en los que el punto de partida apropiado era la cadena perpetua permanente. Teniendo además en cuenta las alegaciones de los parientes cercanos de las víctimas y las realizadas por el segundo demandante, incluyendo los informes sobre su comportamiento y el progreso conseguido en prisión, el Tribunal Superior determinó que no había motivo para apartarse del criterio del Presidente del Tribunal y del Ministro del Interior. El Tribunal Superior impuso la cadena perpetua permanente.

23. El segundo demandante interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Este lo desestimó el 14 de mayo de 2009. El Tribunal de Apelaciones determinó que, cuando el Ministro del Interior impuso la pena a cadena perpetua determinable en 1988, fue aconsejado por dos recomendaciones judiciales: una procedente del juez a quo que recomendaba la imposición de una pena de prisión mínima de veinte y cinco años y otra del Presidente del Tribunal que recomendaba que el segundo demandante no debería nunca ser excarcelado. El Ministro del Interior podía haber escogido cualquiera de estas dos recomendaciones o ninguna de ellas. El Tribunal de Apelaciones también determinó que la pena a cadena perpetua permanente impuesta por el Tribunal Superior no era solamente correcta, sino que también estaba plenamente justificada desde el punto de vista de la función de retribución de la pena.

24. De acuerdo con su sentencia previa en el caso R c. Bieber (véase el párrafo 47 infra), el Tribunal de Apelaciones determinó que no existía ninguna problemática des del punto de vista del artículo 3 del Convenio puesto que la pena a cadena perpetua permanente no era una cadena perpetua irredimible en el sentido del término que se había utilizado en Kafkaris c. Chipre ([GS], nº 21906/04, TEDH 2008‑...). Finalmente, el Tribunal de Apelaciones determinó que el procedimiento de revisión previsto por la Ley de 2003 era compatible con el artículo 7 del Convenio porque, adecuadamente interpretado, los preceptos legales relevantes debían entenderse en el sentido de que un recluso no podía ser perjudicado por la revisión: el término a cumplir de la condena podía ser reducido, o mantenido, pero no podía ser incrementado o ampliado.

25. El segundo demandante solicitó al Tribunal de Apelaciones que reconociera que su sentencia contenía una cuestión de derecho de general importancia que debía ser considerada por la Cámara de los Lores. Esta solicitud fue desestimada el 23 de junio de 2009.

D. El Sr. Moore

26. El 29 de noviembre de 1996, el tercer demandante fue condenando por cuatro asesinatos después de un proceso penal ante el Tribunal de la Corona de Chester. Las víctimas eran hombres homosexuales y se sostuvo que el tercer demandante, también homosexual, cometió los asesinatos para obtener placer sexual. Cada una de las víctimas fue apuñalada varias veces por un cuchillo de combate que el tercer demandante compró para este propósito. La primera víctima fue atacada en su casa el 23 de septiembre de 1995. Poco después, en el fin de semana del 7 de octubre de 1995, el tercer demandante conoció a su segunda víctima en un bar y la convenció para ir a su casa para mantener relaciones sexuales; en su lugar, la llevó a un bosque, la apuñaló hasta la muerte y dejó allí su cuerpo. La tercera víctima fue apuñalada en la caravana en la que vivía el 30 de noviembre de 1995. Finalmente, poco después de las navidades de 1995, el tercer demandante fue a una playa que era conocida como un lugar de citas entre homosexuales. El tercer demandante conoció a su tercera víctima en la playa y la apuñaló allí.

27. La sangre de la primera y la tercera víctima fue encontrada en su chaqueta y en el cuchillo. Propiedades de su primera, segunda y cuarta víctima fueron encontradas en su posesión. El tercer demandante admitió a la policía extensamente muchos aspectos de la comisión de los cuatro delitos. La policía desconocía la existencia de la segunda víctima hasta que la mencionó el tercer demandante. El cuerpo fue recuperado del bosque con su ayuda. Durante el proceso, la defensa del tercer demandante se basó en que los asesinatos habían sido cometidos por otra persona, aunque se admitió que el tercer demandante estuvo presente en todos los asesinatos salvo el de la segunda víctima.

28. Después de declarar culpable al tercer demandante, el juez determinó la pena a cadena perpetua obligatoria y recomendó al Ministro del Interior que, en su opinión, el tercer demandante no debía nunca ser liberado. En revisión, el Presidente del Tribunal expresó su opinión de que debía cumplir un periodo mínimo de 30 años de prisión antes de que pudiera ser planteada su excarcelación. El 27 de septiembre de 2002, el Ministro del Interior decidió imponer la pena a cadena perpetua determinable.

29. En 2008, de conformidad con el artículo 276 y el anexo 22 de la Ley de Justicia Penal de 2003, el tercer demandante solicitó al Tribunal Superior la revisión de la pena a cadena perpetua determinable impuesta por el Ministro del Interior. En su sentencia de 12 de junio de 2008, el Tribunal Superior desestimó la solicitud del demandante que reclamaba la aplicación de una pena mínima de treinta años de prisión que recomendó en su momento el Presidente del Tribunal. El Tribunal Superior determinó que, si bien se debía valorar esta recomendación, el Presidente del Tribunal no tenía que tener en cuenta los criterios establecidos en el anexo 21 como sí que estaba obligado el Tribunal Superior. También desestimó que existiera alguna problemática relativa al artículo 6 del Convenio por el hecho de que la cadena perpetua determinable fuera impuesta por el Ministro del Interior. El Tribunal Superior determinó que el proceso para revisar la pena a cadena perpetua determinable ante él previsto por el artículo 276 y el anexo 22 de la Ley satisfacía la necesidad de prever un control independiente sobre la decisión de dejar en libertad al recluso. El tribunal también señaló que la pena a cadena perpetua determinable era compatible con los artículos 3 y 5 del Convenio. Teniendo en cuenta los principios generales para determinar el periodo mínimo de pena de prisión en el marco de una cadena perpetua obligatoria (establecidos en el anexo 21 de la Ley), no hubo arbitrariedad ni podía considerarse que la pena impuesta era desproporcionada si se tenían en cuenta las circunstancias del caso.

30. El Tribunal Superior determinó, al tratarse de un caso de asesinato de dos o más personas, que incluía una conducta sexual o cruel y un grado significativo de premeditación, que de acuerdo al anexo 21 el punto de partida era la cadena perpetua permanente. No existía atenuante alguno e incluso el Presidente del Tribunal, aunque recomendó un periodo mínimo de treinta años de prisión, compartía el punto de vista del tribunal sentenciador de que el tercer demandante nunca debería ser excarcelado. No existían razones, por tanto, para atenuar el punto de partida que significaba la cadena perpetua permanente. El Tribunal Superior añadió que, incluso si el punto de partida fuera la determinación de un periodo mínimo de treinta años de prisión a cumplir, los agravantes de los asesinatos de este caso eran tales que la pena a cadena perpetua permanente era una pena adecuada.

31. El 26 de febrero de 2009, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación del tercer demandante y determinó que el Tribunal Superior no estaba solamente capacitado, sino que también estaba en lo cierto, de concluir que la pena a cadena perpetua permanente era apropiada.

32. Parece deducirse que el tercer demandante, para obtener el permiso para apelar a la Cámara de los Lores, solicitó al Tribunal de Apelaciones que declarase que su sentencia contenía una cuestión de derecho de general importancia que debía ser considerada por la Cámara de los Lores. El 14 de agosto de 2009, el tercer demandante fue informado por la Secretaría del Tribunal de Apelaciones (Sala de lo Penal) que, al desestimarse su solicitud de permiso para apelar la decisión (en contraposición a obtener el permiso para interponer un recurso de apelación y que posteriormente este fuera desestimado), la solicitud para declarar una cuestión de derecho de general importancia para que sea considerada por la Cámara de los Lores no podía llevarse a cabo.

II. DERECHO Y PRÁCTICA NACIONALES PERTINENTES

A. La Ley de Derechos Humanos de 1998

33. El artículo 3(1) de la Ley de Derechos Humanos de 1998 (“la Ley de Derechos Humanos”) establece lo siguiente:

“Siempre que sea posible, tanto la legislación de primer nivel como la subordinada deben ser interpretadas y cumplirse de tal manera que sean compatibles con los derechos reconocidos en el Convenio.”

El artículo 6(1) de la Ley de Derechos Humanos establece que una autoridad pública no puede actuar en contra de un derecho reconocido en el Convenio.

El artículo 7(1) establece que aquella persona que reclame que una autoridad pública ha actuado de tal manera que ha contravenido el artículo 6(1) puede iniciar un proceso contra esa autoridad.

B. Previsiones legales sobre la pena a cadena perpetua obligatoria

1. La Ley sobre Asesinato (Abolición de la Pena de Muerte) de 1965

34. En Inglaterra y Gales, la pena a cadena perpetua obligatoria por asesinato se establece en el artículo 1(1) de la Ley sobre Asesinato (Abolición de la Pena de Muerte) de 1965.

2. La Ley de Justicia Penal de 2003

(a) Capítulo 7, Sección 12

35. La potestad del Ministro del Interior para determinar un periodo mínimo de pena de prisión a cumplir para los condenados a cadena perpetua obligatoria, tal y como se establecía en el artículo 29 de la Ley Penal (sobre Penas) de 1997, se consideró incompatible con el artículo 6 del Convenio por parte de la Cámara de los Lores en el caso R (Anderson) c. el Ministro del Interior [2003] 1 AC 837. Esto significó la aprobación del Capítulo 7 de la Sección 12 (“Efectos de las penas a cadena perpetua”) de la Ley de Justicia Penal de 2003 (artículos 269 a 277) y de los anexos 21 y 22 de esta Ley.

36. El artículo 269 de la Ley de 2003 exige al juez, cuando imponga una pena a cadena perpetua obligatoria, que determine el periodo mínimo de pena de prisión que el condenado debe cumplir antes de que sea elegible para obtener la libertad condicional. De acuerdo con el artículo 269(3), la duración del periodo mínimo debe determinarse en atención a la gravedad del delito. El artículo 269(4) permite al juez decidir si, de acuerdo con la gravedad del delito, el condenado no es elegible para obtener la libertad condicional (en la práctica, puede imponer una “cadena perpetua permanente”). El artículo 269(4) solamente es aplicable a un acusado mayor de 21 años en el momento de cometer el delito. El artículo 269(5) exige al juez, al considerar la gravedad del delito, que tenga en cuenta los criterios establecidos en el anexo 21 de la Ley.

37. El artículo 276 da efecto al anexo 22 (medidas transitorias): véase el párrafo 40 infra.

(b) Anexo 21

38. El anexo 21 (“Determinación del periodo mínimo de pena de prisión a cumplir en una pena a cadena perpetua obligatoria”) establece tres distintos “puntos de partida”, de mayor a menor gravedad, que se impondrán en atención a las circunstancias agravantes o atenuantes que concurran en el delito cometido: la cadena perpetua permanente, un periodo mínimo de treinta años de prisión y un periodo mínimo de quince años de prisión.

39. De acuerdo con el párrafo 4(1) del anexo, si la gravedad del delito es “excepcional” el punto de partida apropiado es la cadena perpetua permanente. El párrafo 4(2) establece que los siguientes casos normalmente se encontrarán dentro de esta categoría:

“(a) el asesinato de dos o más personas, cuando cada uno de los asesinatos presente alguna de las siguientes características:

(i) un grado sustancial de premeditación y planificación,

(ii) el secuestro de la víctima, o

(iii) conducta sexual o cruel,

(b) el asesinato de un niño cuando se le haya secuestrado o exista una conducta sexual o cruel,

(c) el asesinato cometido por razones políticas, religiosas o ideológicas, o

(d) el asesinato cometido por una persona previamente condenada por asesinato.”

De acuerdo con el párrafo 5(1), si la gravedad del delito no se encuentra dentro de los casos del párrafo 4(1) pero puede calificarse como “particularmente grave”, el punto de partida apropiado es la determinación de un periodo mínimo de treinta años de prisión. El párrafo 5(2) establece que los siguientes casos normalmente se encontrarán en esta categoría:

“(a) el asesinato de un oficial de policía o de un funcionario penitenciario en el ejercicio de sus cargos,

(b) el asesinato que incluya el uso de armas de fuego o explosivos,

(c) el asesinato cometido para lucrarse (así como el asesinato cometido en el curso o preparación de un robo o asalto, hecho por dinero o por la expectativa de conseguir alguna ganancia como resultado de la muerte),

(d) el asesinato con la intención de obstruir o interferir en el desarrollo de la administración de justicia,

(e) el asesinato que presente una conducta sexual o cruel,

(f) el asesinato de dos o más personas,

(g) el asesinato con agravante racial, religioso u orientación sexual,

(h) el asesinato que se encuentre entre los casos previstos en el párrafo 4(2) cometido por una persona que sea menor de 21 años en el momento en el que cometió el delito.”

Los párrafos 6 y 7 establecen que, en todos los otros casos, el punto de partida apropiado es la determinación de quince años como periodo mínimo de pena de prisión a cumplir (doce años para aquellas personas que sean menores de dieciocho años).

Los párrafos 8 y 9 establecen que, una vez determinado el punto de partida, el juez debe tener en cuenta los agravantes y atenuantes para determinar el concreto periodo mínimo de pena de prisión a cumplir (cualquiera que sea el punto de partida), o la imposición de una pena a cadena perpetua permanente.

El párrafo 10 establece que los agravantes incluyen:

“(a) un grado significativo de planificación o premeditación,

(b) el hecho de que la víctima fuera especialmente vulnerable por su edad o discapacidad,

(c) el afligimiento a la victima de daño psíquico o físico antes de su muerte,

(d) el abuso de una posición de confianza,

(e) el uso de coerción o amenazas contra otras personas para facilitar la comisión del delito,

(f) el hecho de que la víctima estuviera prestando un servicio público o ejerciendo una función pública, y

(g) la ocultación, destrucción o desmembramiento del cuerpo.”

El párrafo 11 establece que los atenuantes incluyen:

“(a) la intención de causar serios daños a la víctima en lugar de su muerte,

(b) falta de premeditación,

(c) el hecho de que el acusado padezca una enfermedad mental o una discapacidad psíquica que (aunque no se encuentre dentro del ámbito de aplicación del artículo 2(1) de la Ley de Homicidio de 1957 (c.11)), atenúe su grado de culpabilidad,

(d) el hecho de que el acusado fuera provocado (por ejemplo, por un estrés prolongado en el tiempo) de tal manera que se incitase una reacción de defensa contra tal provocación,

(e) el hecho de que el acusado actuase en legítima defensa,

(f) la creencia del acusado de que el asesinato era un acto de misericordia, y

(g) la edad del acusado”.

(c) Anexo 22

40. El anexo 22 (“Penas a cadena perpetua obligatoria: medidas transitorias”) establece una serie de medidas transitorias para los reclusos que fueron condenados a cadena perpetua antes de la entrada en vigor del artículo 269 de la Ley y cuyos periodos mínimos de pena de prisión a cumplir fueron determinados por el Ministro del Interior. También es aplicable a aquellos reclusos a los que el Ministro del Interior declaró inelegibles para obtener la libertad condicional para siempre (esto es, aquellos reclusos sometidos a una pena a cadena perpetua determinable). El párrafo 3 del anexo permite a ambas categorías de reclusos acudir al Tribunal Superior. En el contexto de la revisión de estos casos, el Tribunal Superior debe, en el caso de un recluso sujeto a un periodo mínimo de pena de prisión a cumplir determinado por el Ministro del Interior, especificar el periodo mínimo de pena de prisión que debe cumplir el recluso antes de que sea elegible para obtener la libertad condicional. De acuerdo con el párrafo 3(1)(b), cuando el Ministro del Interior haya notificado al recluso que se encuentra sujeto a una pena a cadena perpetua determinable, el Tribunal Superior puede ordenar que el recluso no sea elegible para obtener la libertad condicional (“pena a cadena perpetua permanente”).

El periodo mínimo de pena de prisión a cumplir que imponga el Tribunal Superior no podrá ser superior al que haya impuesto el Ministro del Interior (párrafo 3(1)(a)).

Unas normas parecidas son aplicables a penas impuestas después de la entrada en vigor de la Ley respecto a delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor. El párrafo 10 establece que el tribunal no deberá imponer una pena más elevada que aquella que hubiese impuesto el Ministro del Interior de acuerdo con la anterior práctica.

41. Cuando revise todos estos casos de acuerdo con el párrafo 3, el Tribunal Superior tiene que tener en cuenta, inter alia, la gravedad del delito y, en la valoración de esta, debe aplicar los principios generales establecidos en el anexo 21 y tener en cuenta las recomendaciones del juez sentenciador y del Presidente del Tribunal al Ministro del Interior respecto al periodo mínimo de pena de prisión a cumplir antes de que el recluso sea elegible para obtener la libertad condicional (párrafos 4 y 5 del anexo 22). El recluso puede presentar declaraciones, incluyendo aquellas relativas a su comportamiento y progreso en prisión desde que cometió el delito, antes de que el Tribunal Superior resuelva su caso. También pueden presentar declaraciones las víctimas o sus familiares.

C. La potestad discrecional del Ministro del Interior para poner en libertad a un recluso

42. El artículo 30(1) del la Ley Penal (sobre Penas) de 1997 establece que el Ministro del Interior puede en cualquier momento dejar en libertad condicional a una persona condenada a cadena perpetua si se dan las circunstancias excepcionales que traen causa en motivos humanitarios.

43. Los criterios para ejercer esta potestad se prevén en la Ordenanza de Servicios Penitenciarios nº 4700, Capítulo 12. Esta Ordenanza fue aprobada por el propio Ministro del Interior y establece las políticas y los criterios a seguir en cuanto a reclusos que cumplen penas de prisión de duración indeterminada (incluyendo a los que cumplen una pena a cadena perpetua obligatoria), tanto cuando están bajo custodia como después cuando se les otorga la libertad condicional.

El Capítulo 12, en aquello pertinente al presente caso, establece lo siguiente:

“Los criterios para la puesta en libertad por motivos humanitarios y médicos de los reclusos que cumplan penas de duración indeterminada (RPDI) son los siguientes:

• que el recluso padezca una enfermedad terminal y exista una alta probabilidad de que la muerte sea inminente (aunque no se establezcan periodos de tiempo, 3 meses pueden ser considerados un plazo apropiado para solicitar la puesta en libertad a la Junta de Tratamiento Penitenciaria [JTP], o que el RPDI (el recluso que cumple una pena de duración indeterminada) se encuentre postrado en la cama o padezca una discapacidad similar, por ejemplo, esté paralizado o padezca una apoplejía grave;

y

• que el riesgo de reincidir en la comisión de un delito (en especial de naturaleza sexual o violenta) sea mínimo;

y

• que el alargamiento de la pena de prisión reduzca la esperanza de vida del recluso;

y

• que existan fuera de la prisión los cuidados y tratamientos requeridos para la salud del recluso;

y

• que la libertad condicional conllevase algún beneficio significativo para el recluso o su familia.”

[el subrayado pertenece al original]

La Ordenanza también especifica que la puesta en libertad del recluso por motivos humanitarios debe ser aprobada personalmente por el Ministro; no se trata de una decisión que pueda delegar en sus subordinados.

44. De acuerdo con el Gobierno, en fecha de 28 de abril de 2011, había 4.900 reclusos cumpliendo una pena a cadena perpetua obligatoria por asesinato en Inglaterra y Gales.

Cuarenta y un prisioneros están actualmente cumpliendo una pena a cadena perpetua permanente (incluyendo aquellos que se encuentran en centros hospitalarios bajo vigilancia). Desde el 2000, ningún recluso que estuviera cumpliendo una pena a cadena perpetua permanente ha sido dejado en libertad condicional por motivos humanitarios. En respuesta a la libertad de acceso a la información ejercida por el primer demandante, el Ministro de Justicia indicó que, en fecha de 30 de noviembre de 2009, trece reclusos condenados a cadena perpetua que no estaban sujetos a una pena a cadena perpetua permanente fueron excarcelados por motivos humanitarios.

D. La jurisprudencia nacional pertinente sobre la pena a cadena perpetua obligatoria y el Convenio

1. Jurisprudencia sobre las normas existentes antes de la Ley de 2003

45. En R. c. Lichniak y R. c. Pyrah [2003] 1 AC 903, la Cámara de los Lores consideró que en ese momento una pena a cadena perpetua obligatoria no era incompatible con los artículos 3 o 5 del Convenio.

Este tipo de pena cumplía con las funciones retributiva y preventiva de la pena. La función retributiva se reflejaba en la parte “determinable” de la pena a cumplir, impuesta como castigo al grave delito cometido. La función preventiva se reflejaba en la potestad de continuar encarcelando a un condenado por asesinato a no ser que y hasta que la Junta Penitenciaria, un organismo independiente, considerara que era seguro dejarlo en libertad, y también en la posibilidad de encarcelar de nuevo a un condenado por asesinato que había sido previamente dejado en libertad si se considerase necesario para la protección de la sociedad (Lord Bingham de Cornhill en el párrafo 8 de la sentencia).

La Cámara de los Lores, por tanto, determinó en primer lugar que las alegaciones de los demandantes no eran suficientemente graves para considerar que se violaba el artículo 3 del Convenio y, en segundo lugar, que la imposición de la cadena perpetua no fue arbitraria o se basó en otros motivos que pudieran considerarse una violación del artículo 5 § 1 del Convenio. Lord Bingham añadió lo siguiente:

“Si la Cámara hubiese concluido que la imposición de una pena a cadena perpetua obligatoria por un asesinato implicaba la pérdida de su libertad para el resto de su vida y significaba que permanecería en prisión hasta que el Ministro del Interior determinase (si lo hacía alguna vez) que sería más acorde al interés general su puesta en libertad que continuar en prisión, yo no hubiese tenido ninguna duda de que esta condena hubiese sido contraria a los artículos 3 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ... al ser arbitraria y desproporcionada.”

46. En R. c. el Ministro del Interior, ex parte Hindley [2001] 1 AC 410, HL y R. c. Anderson [2003] 1 AC 837, HL, la Cámara de los Lores determinó que, de acuerdo con el sistema de penas a cadena perpetua existente en ese momento, no había “ninguna razón, como regla general, para que un delito o unos delitos, si son suficientemente graves, fueran merecedores de la pena a cadena perpetua con el propósito de cumplir exclusivamente con la función retributiva de la pena” (Lord Steyn en pág. 416H). Lord Steyn también señaló lo siguiente: “no es lógicamente incoherente con el concepto de la pena a cadena perpetua afirmar que existen casos en los que los delitos son tan graves que incluso si el recluso es encarcelado hasta su muerte no se colmarían las funciones de retribución y prevención de la pena” (pág. 417H). La Cámara de los Lores también determinó que el Ministro del Interior no había ejercido incorrectamente su potestad para revisar los casos de reclusos condenados a una pena a cadena perpetua determinable una vez estos habían cumplido veinte y cinco años de pena de prisión, así como tampoco había obrado incorrectamente en la revisión que llevó a cabo del periodo mínimo de pena de prisión a cumplir en el marco de condenas a cadena perpetua en determinados casos. La sentencia determinó que la declaración del Ministro del Interior de 10 de noviembre de 1997 indicó que este estaba abierto a la posibilidad de que, en circunstancias excepcionales, incluyendo por ejemplo, los logros excepcionales alcanzados por el recluso mientras estuvo en prisión, una revisión y reducción de la pena a cadena perpetua podían ser adecuadas. El Ministro del Interior indicó que tendría en cuenta esta posibilidad cuando revisara los casos de personas condenadas a una pena a cadena perpetua determinable una vez hubiesen cumplido veinte y cinco años de prisión y que, en estos casos, tendría en cuenta aspectos más allá de las funciones de retribución y prevención de la pena (pág. 417A-C).

2. Jurisprudencia sobre las normas previstas en la Ley de 2003 y su compatibilidad con el artículo 3 del Convenio

(a) R c. Bieber

47. En R c. Bieber [2009] 1 WLR 223, el Tribunal de Apelaciones analizó la compatibilidad de las normas previstas en la Ley de 2003 con el artículo 3 del Convenio a la luz del caso Kafkaris c. Chipre [GS], nº 21906/04, TEDH 2008‑...

Teniendo en cuenta que en Kafkaris el Tribunal determinó que la imposición de una pena a cadena perpetua irredimible podía plantear una violación del artículo 3, el Tribunal de Apelaciones expresó lo siguiente:

“39. Nos parece a nosotros que el Tribunal [en Kafkaris] consideró que una pena a cadena perpetua irredimible era contraria al artículo 3 cuando significase que un delincuente es encarcelado más allá del plazo justificado por las finalidades legítimas de la pena. Esta conclusión parece que se desprende implícitamente del hecho de que no existe ninguna problemática con el artículo 3 en el caso de que, en derecho y en la práctica, sea posible, aunque lo sea remotamente, que el delincuente sea liberado. El requisito esencial parece que consiste en prever la posibilidad de revisar el caso para determinar si el mantenimiento en prisión continúa estando justificado.

40.  Las finalidades legítimas de la pena son la retribución, la prevención, la rehabilitación y la protección de la sociedad. Cuando se impone una pena a cadena perpetua obligatoria, existe la posibilidad de que todas las finalidades de la pena se cumplan a lo largo de toda la vida del recluso. Este puede haber cumplido un plazo de tiempo suficiente en prisión para satisfacer las finalidades retributivas y de prevención y que la rehabilitación lo haya transformado de tal manera que ya no sea un peligro para la sociedad. Si a pesar de darse esta situación el recluso se mantiene en prisión por el resto de su vida, es como mínimo discutible que este trato sea inhumano y degradante. Así, nosotros concluimos que, cuando se impone una pena a cadena perpetua obligatoria e irredimible sin tener en cuenta las circunstancias concretas del delito, se violaría el artículo 3.

41.  La decisión en Kafkaris plantea una cuestión más compleja: ¿existe un periodo máximo de pena de prisión que pueda estar justificado por las finalidades de retribución y de prevención de la pena y que, una vez cumplido, el recluso deba ser dejado en libertad en el caso de que la rehabilitación lo haya transformado de tal manera que ya no sea un peligro des del punto de vista penal? Si se responde afirmativamente a esta pregunta, entonces una pena a cadena perpetua irredimible que se extienda más allá de este periodo máximo debería ser considerada también inhumana y degradante y violaría el artículo 3. La opinión concurrente del Juez Bratza y la opinión de los cinco jueces discrepantes con la opinión de la mayoría sugieren que esta es la posición adecuada a tomar. Los textos europeos a los que nosotros nos hemos referido sugieren que algunos Estados Miembros consideran que existe un periodo máximo de pena de prisión que estaría justificado por la finalidad retributiva de la pena y que, después de su cumplimiento, razones de humanidad requieren que el recluso tenga la oportunidad de demostrar que es apto para volver a la sociedad.

42.  El Reino Unido no se encuentra entre estos Estados Miembros. El anexo 21 de la Ley de 2003 se basa en la premisa de que determinados delitos son tan graves que justifican el encarcelamiento del condenado durante toda su vida, independientemente de lo larga que pueda ser esta. Las diferencias existentes entre los Estados Miembros fueron reconocidas por la opinión mayoritaria en Kafkaris en el párrafo 104. El Tribunal en este caso examinó una pena a cadena perpetua obligatoria y el punto de vista del Tribunal debe ser considerado en este contexto. Nosotros no consideramos que deba concluirse de la decisión mayoritaria de la Gran Sala que una pena a cadena perpetua irredimible, impuesta por un juez en un delito grave para cumplir con las finalidades de retribución y de prevención de la pena, se encuentre potencialmente en conflicto con el artículo 3.”

48. El Tribunal de Apelaciones a continuación examinó si la imposición de una cadena perpetua irredimible en sí misma constituía una violación del artículo 3 o si el potencial conflicto solamente se produciría una vez el recluso hubiese continuado encarcelado más allá del periodo de tiempo justificado por las finalidades de retribución y de prevención de la pena. El tribunal concluyó que el conflicto solamente se produciría si se diera la segunda de las circunstancias descritas.

49. Sobre estos fundamentos, el Tribunal de Apelaciones concluyó lo siguiente:

“45. Aunque de acuerdo con el derecho inglés la pena por asesinato consiste en la cadena perpetua obligatoria, no es normalmente una pena irredimible. El juez especifica el periodo mínimo de pena de prisión a cumplir antes de que el recluso pueda ser elegible para obtener la libertad condicional a efectos de satisfacer las finalidades de retribución y de prevención de la pena. Cuando el juez impone una cadena perpetua permanente, este considera que el delito es tan grave que, para cumplir las finalidades de retribución y de prevención de la pena, el recluso debe permanecer en prisión el resto de su vida. Por las razones que hemos aportado, no consideramos que el tribunal de Estrasburgo haya determinado que una pena a cadena perpetua irredimible, intencionadamente impuesta por un juez en estas circunstancias, signifique una pena que viole el artículo 3. Tampoco lo consideramos así nosotros.

46. Es posible que la posición del tribunal de Estrasburgo cambie. Parece que existe una corriente en Europa en contra de la imposición de penas de prisión muy elevadas que no pueden ser reducidas. En consecuencia, podría ser necesario considerar si las penas a cadena perpetua permanente que se imponen en esta jurisdicción son, de hecho, irredimibles.

...

48. De acuerdo con las normas actualmente en vigor, en concreto el artículo 30 de la Ley Penal (sobre Penas) de 1997, el Ministro del Interior tiene una potestad limitada para dejar en libertad a un recluso.

...

Actualmente, la práctica del Ministro del Interior consiste en ejercer su potestad en pocas ocasiones, concretamente en aquellas circunstancias que, por ejemplo, un recluso padece una enfermedad terminal, está postrado en la cama o sufre una discapacidad similar. Sin embargo, si se sostiene la posición de que el encarcelamiento permanente de un recluso es considerado un trato inhumano o degradante, nosotros no encontramos ninguna razón para que, teniendo en especial consideración el cumplimiento del Convenio, el Ministro del Interior no ejerza su potestad legal para dejar en libertad al recluso.

49. Por estas razones, al aplicar la posición del tribunal de Estrasburgo en Kafkaris, nosotros no consideramos que la cadena perpetua permanente deba ser considerada como una pena de hecho irredimible. No se puede plantear que este tipo de pena conlleve una violación del artículo 3, ni en el momento en el que se impone, ni tampoco en el momento en el que el recluso alega que, teniendo en cuenta todas las circunstancias de su caso, incluyendo el tiempo que ha cumplido de condena y el progreso que ha hecho en prisión, el mantenimiento de su encarcelamiento debería ser considerado un trato inhumano y degradante.

50. Por estas razones desestimamos la alegación en contra de la pena impuesta al acusado fundada en el artículo 3.”

(b) R. c. Oakes y otros

50. En R c. Oakes y otros [2012] EWCA Crim 2435, el Tribunal de Apelaciones valoró de nuevo la compatibilidad de la pena a cadena perpetua permanente con el artículo 3 del Convenio. El tribunal determinó lo siguiente:

“Todo país civilizado acepta el principio reconocido en el artículo 3.

...

Simultáneamente, sin embargo, todo país civilizado también acepta el principio de que debe imponerse una pena justa a las personas que han cometido un delito. Las cuestiones relativas a la justicia y proporcionalidad de la pena son objeto de un debate racional y de un desacuerdo civilizado. La valoración sobre qué es lo que debe considerarse una pena justa o un trato inhumano y degradante en un caso concreto puede legítimamente conllevar diferentes respuestas en países diferentes, y de hecho diferentes respuestas en distintos momentos en un mismo país. Todo ello es en parte consecuencia de la historia de cada país. La pregunta de si la pena a cadena perpetua permanente constituye una violación del artículo 3 del Convenio, o incluso del principio del common law largamente sostenido en el tiempo que exige que una pena debe ser proporcionada a las circunstancias del delito y a la persona que lo ha cometido, ha sido largamente debatida.”

El tribunal recordó que tanto Lord Juez Laws en Wellington (véase el párrafo 54 infra) como la minoría de la Cámara en el presente caso han expresado una importante inquietud acerca del mantenimiento de la pena a cadena perpetua permanente. Sin embargo, el tribunal también señaló que la posición contraria también se expresó, inter alia, en Hindley y Wellington (véanse los párrafos 46 supra y 57 infra). Se tenían, por tanto, que reconocer y respetar adecuadamente los puntos de vista legítimos pero divergentes en esta cuestión.

51. El Tribunal de Apelaciones, teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal en Babar Ahmad y Otros c. el Reino Unido (nos 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 y 67354/09, de 10 de abril de 2012), en Harkins y Edwards c. el Reino Unido (nos 9146/07 y 32650/07, de 17 de enero de 2012), y en el presente caso, expresó lo siguiente (en el párrafo 22 de su sentencia):

“Del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, nos parece claro que este ha determinado que, sobre la base de que el tribunal haya tenido en cuenta los oportunos atenuantes aplicables al acusado, la pena a cadena perpetua permanente impuesta por un juez como una pena adecuada desde el punto de vista de las finalidades de retribución y prevención de la pena a la comisión de un delito de la máxima gravedad, no constituiría un trato inhumano o degradante. En resumen, un Estado es libre de aprobar una disposición legal que permita la imposición de un periodo mínimo de pena de prisión en el contexto de una pena a cadena perpetua y, en un caso concreto, que sea el juez quien la imponga.”

52. Finalmente, teniendo en cuenta que la pena a cadena perpetua permanente es una pena a imponer en último recurso, que ninguna norma legal exige al juez imponer esta pena si los intereses de la justica no lo aconsejan y que los criterios establecidos en el anexo 21 tienen que ser interpretados de manera flexible, el tribunal concluyó de la siguiente manera:

“El resultado es que la pena a cadena perpetua permanente, una pena prevista en la legislación de primer nivel, se reserva para aquellos pocos casos excepcionales de delitos graves en los que, después de valorar todos los agravantes y atenuantes aplicables, el juez considera que las finalidades de retribución y de prevención requieren su imposición. Si esta conclusión se encuentra justificada, la pena a cadena perpetua permanente es adecuada: pero solamente en este caso. No se trata de una pena a imponer obligatoriamente por el juez, no es aplicable de manera automática ni se trata de una pena de mínimos.

En estas circunstancias, las normas previstas en el anexo 21 de la Ley de 2003, y en concreto el párrafo 4, que permiten al tribunal imponer una pena a cadena perpetua permanente en un caso de gravedad excepcional no son incompatibles y no violan el artículo 3 del Convenio.”

3. R (Wellington) c. el Ministro del Interior [2008] UKHL 72

53. Los Estados Unidos solicitaron al Reino Unido la extradición de Ralston Wellington para procesarlo en Misuri por dos asesinatos en primer grado. En sus alegaciones contra la extradición, el Sr. Wellington argumentó que su entrega violaría el artículo 3 del Convenio porque existía un riesgo real de sufrir un trato inhumano y degradante si se le imponía una pena a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional.

54. En su opinión expresada en la sentencia del Tribunal Superior ([2007 EWHC 1109 (Admin)), Lord Juez Laws señaló que existían “poderosos argumentos de filosofía penal” que sugerían que el riesgo de sufrir una pena a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional por sí mismo violaría el artículo 3 del Convenio. Lord Juez Laws señaló lo siguiente:

“La abolición de la pena de muerte ha sido elogiada, y justificada, de muchas maneras; pero se ha fundado como mínimo sobre la base de que la vida de una persona, por muy despreciable que esta sea, tiene un valor inalienable. La destrucción de la vida puede ser aceptada en algunas circunstancias especiales, como por ejemplo la legítima defensa o una guerra justa; pero como pena retributiva no puede aceptarse. Por tanto, la encarcelación de una persona sin ninguna esperanza de ser liberada es equiparable en muchos sentidos a la pena de muerte. El recluso nunca puede redimirse del delito cometido. Aunque puede utilizar su encarcelamiento como una oportunidad para cambiar su vida, su castigo solamente termina con su muerte. Del mismo modo que la pena de muerte, la pena a cadena perpetua permanente es como la lex talionis. Sin embargo, su hipotética o real simetría con el delito por el que fue condenado el recluso (la única virtud de la lex talionis) es una pobre garantía de la proporcionalidad de la pena y hace que la cadena perpetua permanente sea arbitraria: puede que la pena dure días o décadas en función de lo que dure la vida del recluso. Puede por tanto considerarse que es desproporcionada –el principal elemento que determina la violación del artículo 3- a no ser que, por supuesto, impere la lógica de la pena de muerte: el delito es tan grave que nunca podrá ser redimido. Pero en este caso el supuesto valor inalienable de la vida del recluso se ve reducido, simplemente, a garantizar su supervivencia: a mantenerlo respirando y confinado, por supuesto, en condiciones decentes. Esto es minusvalorar el valor de la vida; o directamente no valorarla.”

Sin embargo, y no “sin dudas”, Lord Juez Laws consideró que las autoridades pertinentes, incluyendo al Tribunal, han sugerido que una pena a cadena perpetua irredimible no siempre significaría una violación del artículo 3.

55. En la apelación del Sr. Wellington ante la Cámara de los Lores, los cinco Lores Jueces determinaron, teniendo en cuenta los poderes de clemencia y conmutación de la pena que poseía el Gobernador de Misuri, que su pena podría ser reducida de la misma manera que la pena en cuestión en el caso Kafkaris, citado anteriormente.

56. También señalaron que en Kafkaris, citado anteriormente, el Tribunal solamente determinó que la imposición de una pena a cadena perpetua irredimible podía plantear una violación del artículo 3. Los cinco Lores Jueces señalaron que la imposición de una pena a cadena perpetua no constituía per se un trato inhumano o degradante en violación del artículo 3, a no ser que fuera manifiesta o claramente desproporcionada. Lord Brown en concreto concluyó, incluso, que el Tribunal no encontraría una pena irredimible contraria al artículo 3 hasta el momento en el que el mantenimiento de la pena de prisión no fuera justificable –ya sea por razones de retribución, prevención o protección de la sociedad.

57. Además, Lord Hoffmann, Lord Scott, Baronesa Hale y Lord Brown, se opusieron al punto de vista de Lord Juez Laws de que la cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional era equiparable a la lex talionis. Lord Hoffmann, Baronesa Hale y Lord Brown no aceptaron su premisa de que la abolición de la pena de muerte se fundamentó en la idea de que la vida de una persona tuviera un valor inalienable; se basó en otras razones, mucho más pragmáticas como por ejemplo su irreversibilidad y la falta de efectos disuasorios. Lord Scott desestimó el punto de vista de que una cadena perpetua irredimible debía considerarse un trato inhumano y degradante porque no permitía la posibilidad de redención del prisionero; cuando se aceptaba que la cadena perpetua permanente podía ser una pena justa, el condenado conseguía redimirse cumpliendo la pena a la que había sido condenado.

58. La demanda del Sr. Wellington interpuesta ante el Tribunal no prosperó el 5 de octubre de 2010 porque el demandante expresó su intención de renunciar a ella: Wellington c. el Reino Unido (dec.), nº 60682/08, de 5 de octubre de 2010.

III.  DERECHO EUROPEO, INTERNACIONAL Y COMPARADO PERTINENTES SOBRE LA PENA A CADENA PERPETUA Y PENAS “MANIFIESTAMENTE DESPROPORCIONADAS”

59. Los documentos pertinentes del Consejo de Europa, la Unión Europea y otros documentos de derecho internacional sobre la imposición y revisión de penas a cadena perpetua, incluyendo las obligaciones de los Estados Parte del Consejo de Europa cuando tengan que extraditar a una persona a un Estado que prevea este tipo de penas, son mencionados en Kafkaris, anteriormente citada, en §§ 68-76. Otros documentos adicionales presentados ante el Tribunal en el presente caso (así como los documentos citados en Kafkaris que las partes hacen referencia) son resumidos a continuación.

A. Documentos del Consejo de Europa

1.  Resolución 76(2)

60. A partir de 1976, el Comité de Ministros ha aprobado un conjunto de resoluciones y recomendaciones sobre penas de prisión de larga duración y a cadena perpetua. La primera de ellas es la Resolución 76(2) del Comité de Ministros, de 17 de febrero de 1976, que realizó un conjunto de recomendaciones a los Estados Parte. Estas recomendaciones incluían las siguientes:

“1. llevar a cabo una política criminal que incluya la imposición de penas de prisión de larga duración solamente si es necesaria para la protección de la sociedad;

2. adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para proporcionar un trato adecuado durante el cumplimiento de penas de prisión [de larga duración];

...

9. asegurarse de que se examinan los casos de los reclusos lo más rápidamente posible para determinar si se puede otorgar la libertad condicional;

10. otorgar la libertad condicional, teniendo en cuenta los requisitos legalmente establecidos relativos al cumplimiento de la pena, lo más rápidamente posible cuando su otorgamiento sea considerado adecuado; criterios de prevención general no pueden justificar, por sí solos, la denegación de la libertad condicional:

11. aplicar los mismos principios previstos para las penas de prisión de larga duración a las penas a cadena perpetua;

12. asegurar que la revisión de la pena a cadena perpetua, tal y como se refiere en el [párrafo] 9, tenga lugar, si no antes, entre los ocho y los catorce años de cumplimiento de la pena y que se lleve a cabo de manera periódica;”

2. Recomendación 2003(23)

61. La Recomendación 2003(23) (sobre la ejecución de las penas a cadena perpetua y de larga duración por parte de las instituciones penitenciarias) fue adoptada por el Comité de Ministros el 9 de octubre de 2003. El preámbulo de la Recomendación establece lo siguiente:

“la ejecución de penas de prisión requiere mantener un equilibrio entre, por un lado, asegurar la seguridad, el orden y la disciplina en el seno de las instituciones penitenciaras y, por el otro, proveer a los reclusos de una condiciones de vida dignas, una vida activa y la preparación adecuada para el momento de su puesta en libertad ...”

El párrafo 2 de la Recomendación establece que los objetivos a alcanzar en la ejecución de una pena a cadena perpetua deben ser los siguientes:

“– asegurar que las instituciones penitenciarias son lugares seguros para estos reclusos y para todos aquellos que trabajan con ellos o los visitan;

– contrarrestar los daños que provocan las penas a cadena perpetua y las penas de prisión de larga duración;

– incrementar y mejorar las posibilidades de estos reclusos de reinsertarse en la sociedad y llevar una vida respetuosa con la ley después de su puesta en libertad.”

Los principios generales sobre el tratamiento de estos reclusos incluidos en la Recomendación son los siguientes: (i) el principio de individualización (deben tenerse en cuenta las características personales de las personas condenadas a cadena perpetua o a penas de prisión de larga duración para determinar planes individuales para la ejecución de su pena) y; (ii) el principio de progresión (el plan individual de la ejecución de la pena debe estar orientado a asegurar el adecuado progreso del recluso dentro del régimen penitenciario) (véanse los párrafos 3 y 8 de la Recomendación). El Informe que acompañó a la Recomendación, preparado bajo los auspicios del Comité Europeo de Problemas Penales, añade que la progresión tiene como finalidad última conseguir una transición adecuada de la vida en prisión a una vida en sociedad (véase el párrafo 44 del Informe).

El párrafo 10 (sobre la planificación de la ejecución de la pena) establece que los planes individuales deben prever un enfoque sistemático, inter alia, de los siguientes elementos: un avance progresivo a través del régimen penitenciario desde unas condiciones de partida más restrictivas a unas que lo sean menos, de manera ideal, la última fase debería llevarse a cabo en régimen abierto, preferiblemente en comunidad; condiciones y medidas de supervisión que tengan como objetivo garantizar una vida respetuosa con las leyes y una adecuada adaptación a la vida en sociedad después de obtener la libertad condicional.

El párrafo 16 establece que, puesto que ni la peligrosidad ni las necesidades de la política criminal son por naturaleza permanentes en el tiempo, el riesgo y las necesidades de cada momento deben ser evaluados periódicamente.

Finalmente, los párrafos 33 y 34 (sobre la reintegración en sociedad) establecen lo siguiente:

“33. Con el objetivo de que las personas condenadas a cadena perpetua o a prisión de larga duración puedan superar adecuadamente la transición de una vida larga en prisión a vivir en sociedad, su libertad debe ser preparada con suficiente antelación y debe tener en cuenta lo siguiente:

– la necesidad de establecer planes con anterioridad a su puesta en libertad, así como planificar su vida con posterioridad a su puesta en libertad, que tengan en cuenta los riesgos y las necesidades que puedan acontecer;

– la debida consideración de la posibilidad de conseguir la puesta en libertad y la continuación después de su puesta en libertad de los programas, medidas o tratamientos que los reclusos llevaban a cabo durante su encarcelamiento;

– la necesidad de colaborar estrechamente entre las instituciones penitenciarias, las autoridades encargadas de la supervisión de la vida en libertad del prisionero, los servicios sociales y médicos.

34. La concesión y la implementación de la libertad condicional para las personas condenadas a cadena perpetua y a penas de prisión de larga duración deben basarse en los principios establecidos en la Recomendación Rec(2003)(22) sobre la libertad condicional.”

En relación con el párrafo 34, el Informe que acompaña la Recomendación establece lo siguiente (en el párrafo 131):

“La Recomendación Rec(2003)23 contiene el principio de que debe existir la posibilidad de conceder la libertad condicional a todos los reclusos excepto a aquellos que cumplen condenas muy cortas. Este principio es aplicable, teniendo en cuenta los términos de la Recomendación, incluso a las personas condenadas a cadena perpetua. Obsérvese, sin embargo, que lo que se recomienda es la posibilidad de conceder la libertad condicional a las personas condenadas a cadena perpetua, no que siempre se les deba conceder.”

3. Recomendación 2003(22)

62. La Recomendación 2003(22) (sobre la libertad condicional) fue adoptada por el Comité de Ministros el 24 de septiembre de 2003. Se encuentra resumida ampliamente en Kafkaris (citada anteriormente, véase el párrafo 72 de la sentencia). En resumen, la Recomendación establece un conjunto de recomendaciones sobre la preparación para la libertad condicional, su concesión, las condiciones que pueden ser impuestas y las garantías procesales. Los principios generales se establecen en los párrafos 3 y 4(a) y son los siguientes:

“3. La libertad condicional debe tener como finalidad ayudar a los reclusos a realizar la transición entre su vida en prisión y una vida en sociedad respetuosa con la ley, todo ello mediante la imposición de condiciones y una adecuada supervisión que promuevan esta finalidad y contribuyan a la seguridad pública y a la reducción de los delitos en la sociedad.

4.a. Para reducir los efectos perniciosos del encarcelamiento y promover la reinserción de los reclusos bajo condiciones que garanticen la seguridad de la sociedad, la ley debe permitir la posibilidad de obtener la libertad condicional a todo recluso, incluyendo a aquellos condenados a cadena perpetua.”

El Informe Explicativo que acompaña a la Resolución establece lo siguiente en cuanto al párrafo 4:

“Las personas condenadas a cadena perpetua no deben ser excluidas de la posibilidad de obtener la libertad condicional. En primer lugar, nadie puede sostener razonablemente que todas las personas condenadas a cadena perpetua siempre serán peligrosas para la sociedad. En segundo lugar, el encarcelamiento de personas que no tienen ninguna esperanza de ser puestas en libertad conlleva problemas graves para la ejecución de la condena en cuanto a incentivos a cooperar, buen comportamiento, elaboración de planes individuales de desarrollo personal o de ejecución de la pena, o en cuestiones de seguridad. Los países cuya legislación prevé una pena real a cadena perpetua deben establecer la posibilidad de revisar estas penas de manera periódica después de un cierto número de años de su cumplimiento, con el objetivo de determinar si la persona condenada a cadena perpetua puede cumplir el resto de su condena en sociedad y bajo qué condiciones y medidas de supervisión lo puede hacer.”

4. Documento de trabajo sobre las penas reales/auténticas a cadena perpetua del CPT

63. El Documento de Trabajo sobre las “penas reales/auténticas a cadena perpetua” (CPT (2007) 55, de 27 de junio de 2007), elaborado por el Sr. Jørgen Worsaae Rasmussen, miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (“CPT”), tuvo en cuenta varios documentos del Consejo de Europa en materia de penas a cadena perpetua, incluyendo las Recomendaciones (2003) 22 y 23, y los describió en los siguientes términos: (a) el principio de disponibilidad de la libertad condicional es aplicable a todos los reclusos, “incluso a las personas condenadas a cadena perpetua”; y (b) que todos los Estados Parte del Consejo de Europa prevén la libertad por motivos humanitarios pero que “esta forma especial de puesta en libertad” es diferente a la libertad condicional.

Este Documento de Trabajo determinó que la decisión discrecional de dejar en libertad a un recluso, al igual que la imposición de una pena de prisión, era una cuestión a determinar por los tribunales y no por el poder ejecutivo, una posición que conllevó cambios en los procesos sobre revisión de la condena a cadena perpetua en Dinamarca, Finlandia y Suecia. El Documento de Trabajo también citó con aprobación el informe del CPT de 2007 sobre su visita a Hungría, que determinó lo siguiente:

“[E]n cuanto a los “reclusos condenados a cadena perpetua”, el CPT tiene serias dudas de que estas personas, una vez condenadas, sean consideradas para siempre una amenaza permanente para la sociedad y que no tengan ninguna esperanza de obtener la libertad condicional”.

La conclusión del Documento de Trabajo incluyó las recomendaciones siguientes: ningún tipo de recluso puede ser catalogado como un recluso que permanecerá durante toda su vida en prisión; ninguna denegación de una puesta en libertad puede ser definitiva; y que incluso los delincuentes reincidentes deben tener esperanza de ser puestos en libertad.

5. Informe del CPT sobre Suiza

64. El informe del CPT sobre su visita a Suiza del 10 al 20 de octubre de 2011 (25 de octubre de 2012 CPT/Inf (2012) 26) realizó las siguientes observaciones sobre la pena a cadena perpetua prevista por el ordenamiento jurídico suizo para los delincuentes sexuales o violentos que son considerados extremadamente peligrosos e incurables:

“El CPT tiene serias dudas sobre el concepto de la pena de prisión “para toda la vida”, de acuerdo con el mismo estas personas, una vez han sido declaradas extremadamente peligrosas e incurables, son consideradas para siempre como un peligro permanente para la sociedad y, por tanto, se les priva formalmente de cualquier esperanza de una ejecución más leve de la pena o incluso de la libertad condicional. La única manera de que estas personas puedan ser puestas en libertad es gracias a avances en la ciencia, la persona en cambio no tiene ninguna influencia sobre su posible puesta en libertad, por ejemplo, mostrando un buen comportamiento a lo largo del cumplimiento de la pena.

En este sentido, el CPT se refiere a la Recomendación (2006)2 del Comité de Ministros de 11 de enero de 2006, sobre las Reglas Penitenciarias Europeas, así como al párrafo 4(a) de la Recomendación (2003)22 del Comité de Ministros de 24 de septiembre de 2003, sobre la libertad condicional, que indican claramente que la ley debe permitir la posibilidad a todos los reclusos, incluyendo a los condenados a cadena perpetua, de obtener la libertad condicional. El Informe Explicativo a la Recomendación (2003)22 enfatiza que las personas condenadas a cadena perpetua no pueden ser privadas de toda esperanza de obtener la libertad.

El CPT considera, por tanto, que es inhumano encarcelar a una persona para toda la vida sin que tenga ninguna esperanza real de obtener la libertad. El Comité insta firmemente a las autoridades suizas a rexaminar el concepto de prisión “para toda la vida” teniendo en cuenta todo lo expuesto”. [la negrita pertenece al original]

B.  Derecho penal internacional

65. El artículo 77 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional permite la imposición de la pena a cadena perpetua cuando esté justificada por la extrema gravedad del delito y las circunstancias personales de la persona condenada. El artículo 110(3) establece que cuando una persona ha cumplido veinte y cinco años de pena de prisión, el Tribunal debe revisar la pena y determinar si debe ser reducida. Esta revisión no puede realizarse antes del transcurso de los veinte y cinco años. Los artículos 110(4) y (5) establecen lo siguiente:

“4. Al proceder a la revisión de acuerdo con el párrafo 3, el Tribunal podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el condenado ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con el Tribunal en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el condenado ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes del Tribunal en otros casos, en particular ayudando a este en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

5. El Tribunal, si en su revisión inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

El procedimiento y los criterios para la revisión de la condena se establecen en los artículos 223 y 224 de las Reglas de Procedimiento y Prueba.

El artículo 223 establece lo siguiente:

“Criterios para el examen de la reducción de la pena

Al examinar una reducción de la pena de conformidad con los párrafos 3 y 5 del artículo 110, los tres magistrados de la Sala de Apelaciones tendrán en cuenta los criterios enumerados en el párrafo 4 a) y b) del artículo 110, además de los siguientes:

(a) La conducta del condenado durante su detención, que revele una auténtica disociación de su crimen;

(b) Las posibilidades de reinsertar en la sociedad y reasentar exitosamente al condenado;

(c) Si la liberación anticipada del condenado crearía una gran inestabilidad social;

(d) Cualquier medida de importancia que haya tomado el condenado en beneficio de las víctimas, así como los efectos de una liberación anticipada sobre las víctimas y sus familias;

(e) Las circunstancias individuales del condenado, incluido el deterioro de su estado de salud física o mental o su edad avanzada.”

El artículo 224(3) establece que, a efectos de la aplicación del artículo 110(5) del Estatuto, tres magistrados de la Sala de Apelaciones examinarán la posible reducción de la pena cada tres años, a no ser que establezca un periodo de tiempo más corto de acuerdo con el artículo 110(3) del Estatuto. El artículo 224(3) de las Reglas de Procedimiento y Prueba también establece que, en caso de un cambio significativo de las circunstancias, los tres magistrados pueden permitir que el condenado solicite una revisión de su condena durante el transcurso de los tres años o durante el periodo de tiempo más corto que previamente hayan establecido los tres magistrados.

66. El artículo 27 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (“el TPIY”) establece que las penas de prisión podrán ser cumplidas en un Estado designado por el Tribunal Internacional. El cumplimiento de la pena debe ser acorde con el derecho aplicable del Estado en cuestión, sujeto a supervisión del Tribunal Internacional. El artículo 28 (sobre el indulto y la conmutación de las penas) establece lo siguiente:

“Si conforme a la legislación aplicable del Estado en el que la persona condenada está cumpliendo la pena de prisión, esta tiene derecho a solicitar un indulto o la conmutación de la pena, el Estado interesado lo notificará al Tribunal Internacional. El Presidente del Tribunal Internacional, previa consulta con los magistrados, decidirá la cuestión de conformidad con los intereses de la justicia y los principios generales del derecho.”

Unas disposiciones similares a los artículos 27 y 28 del Estatuto del TPIY se encuentran en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (artículos 26 y 27), en el Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (artículo 22 y 23), y en el Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano (artículos 29 y 30).

C. Derecho de la Unión Europea

67. El artículo 5(2) de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, establece lo siguiente:

“cuando la infracción en la que se basa la orden de detención europea esté castigada con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad a perpetuidad, la ejecución de la orden de detención europea podrá estar sujeta a la condición de que el Estado miembro emisor tenga dispuesto en su ordenamiento jurídico una revisión de la pena impuesta, previa petición o cuando hayan transcurrido al menos 20 años, o para la aplicación de medidas de clemencia a las cuales la persona se acoja con arreglo al Derecho o práctica del Estado miembro emisor con vistas a la no ejecución de dicha pena o medida.”

D.  La cadena perpetua en los Estados Parte del Convenio

68. Sobre la base de los materiales de derecho comparado presentados ante el Tribunal, pueden observarse las siguientes prácticas en los Estados Parte del Convenio.

En primer lugar, actualmente la pena a cadena perpetua no existe en nueve países: Andorra, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Noruega, Portugal, San Marino, Serbia y España. La pena de prisión máxima en estos países oscila entre los veinte y un años en Noruega y los cuarenta y cinco años en Bosnia y Herzegovina. En Croacia, en caso de acumulación de delitos, se puede imponer una pena de prisión de cincuenta años.

En segundo lugar, en la mayoría de los países en los que es posible imponer una pena a cadena perpetua, existe un mecanismo para revisar la condena después de que el condenado haya cumplido un mínimo de pena de prisión fijado por la ley. Este mecanismo, arraigado en la ley y en la práctica que regulan la imposición y ejecución de las penas, está previsto por la ley en treinta y dos países: Albania (25 años), Armenia (20), Austria (15), Azerbaiyán (25), Bélgica (15 con la extensión de 19 a 23 años en caso de reincidencia), Bulgaria (20), Chipre (12), República Checa (20), Dinamarca (12), Estonia (30), Finlandia (12), Francia (normalmente 18 años pero se extiende a 30 años en caso de ciertos supuestos de asesinato), Georgia (25), Alemania (15), Grecia (20), Hungría (20 a no ser que el tribunal determine otro periodo), Irlanda (se prevé una revisión inicial por la Junta Penitenciara después de cumplir 7 años de prisión, excepto en ciertos supuestos de asesinato), Italia (26), Letonia (25), Liechtenstein (15), Luxemburgo (15), Moldavia (30), Mónaco (15), Polonia (25), Rumanía (20), Rusia (25), Eslovaquia (25), Eslovenia (25), Suecia (10), Suiza (15 años reducible a 10), la antigua República Yugoslava de Macedonia (15), y Turquía (24 años, 30 en caso de pena a cadena perpetua agravada y 36 en caso de múltiples condenas a cadena perpetua agravada).

En cuanto al Reino Unido, el Tribunal observa que en Escocia, cuando se impone una pena a cadena perpetua, el juez debe determinar un periodo mínimo de cumplimiento de la pena, a pesar de la posibilidad de que este periodo exceda el tiempo de vida natural del prisionero: véase la Ley sobre los Derechos del Convenio (Cumplimiento) (Escocia) de 2001.

En tercer lugar, cinco países no prevén la libertad condicional para las personas condenadas a cadena perpetua: Islandia, Lituania, Malta, los Países Bajos y Ucrania. Estos países, sin embargo, permiten que las personas condenadas a cadena perpetua puedan conmutar sus condenas mediante un indulto ministerial, presidencial o real. En Islandia, aunque aún es posible imponer una pena a cadena perpetua, esta nunca se ha impuesto en la práctica.

En cuarto lugar, además de Inglaterra y Gales, seis países prevén en sus ordenamientos la libertad condicional pero a su vez contienen disposiciones especiales para ciertos delitos o penas respecto a los cuales no se puede obtener la libertad condicional. Estos países son los siguientes: Bulgaria, Hungría, Francia, Eslovaquia, Suiza (en relación con los delincuentes sexuales o violentos que son considerados peligrosos e incurables: véase el informe del CPT en el párrafo 64 supra) y Turquía.

E. Alemania

69. El artículo 1 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania establece que la dignidad humana es inviolable y que es deber de toda autoridad pública respetarla y protegerla. El artículo 2(2) establece lo siguiente:

“Toda persona tiene el derecho a la vida y a la integridad física. La libertad de la persona es inviolable. Estos derechos sólo podrán ser limitados en virtud de una ley.”

La compatibilidad de la imposición de una pena a cadena perpetua obligatoria por un asesinato “absolutamente cruel” con este precepto fue considerada por el Tribunal Constitucional Federal en el caso sobre la Cadena Perpetua (lebenslange Freiheitsstrafe), de 21 de junio de 1977, 45 BVerfGE 187.[1]

El tribunal determinó que el Estado no podía convertir al delincuente en un mero objeto de la prevención del delito en detrimento de su derecho constitucional al reconocimiento social. El respeto a la dignidad humana y al estado de derecho significaban que la humanidad de la ejecución de una pena a cadena perpetua era solamente posible cuando se le hubiese permitido al condenado “una concreta, realista y asequible oportunidad” de recuperar su libertad en algún momento de su vida; el Estado afectaría al verdadero núcleo de la dignidad humana si despojase al recluso de toda esperanza de recobrar de nuevo su libertad.

El tribunal también enfatizó que la rehabilitación era una finalidad constitucionalmente requerida en una sociedad que situaba la dignidad humana como elemento central. Se le debía dar al delincuente la posibilidad, después de haberse redimido por el delito cometido, de reintegrarse en la sociedad. El Estado estaba obligado – siempre dentro de lo posible – a tomar todas las medidas necesarias para alcanzar este objetivo. Las instituciones penitenciarias tenían el deber de esforzarse en la tarea de resocializar a los prisioneros, de preservar su habilidad para salir adelante con sus vidas y contrarrestar los efectos negativos del encarcelamiento y los cambios destructivos en la personalidad que lo acompañan.

El tribunal reconoció, sin embargo, que cuando un delincuente continuaba siendo una amenaza para la sociedad, la finalidad de la rehabilitación nunca podría ser alcanzada; en este caso, eran las circunstancias personales del delincuente las que provocaban el fracaso de la rehabilitación y no la pena a cadena perpetua en sí misma.

El tribunal determinó que, como consecuencia de estas conclusiones, la pena a cadena perpetua por asesinato no era una pena sin sentido o desproporcionada. El hecho de que, de acuerdo con el Código Penal, los condenados a cadena perpetua generalmente tenían la oportunidad de ser puestos en libertad después de cumplir un determinado periodo mínimo de pena de prisión, significaba que las disposiciones en cuestión del Código podían ser interpretadas y aplicadas de tal manera que fueran compatibles con la Ley Fundamental.

70. En el caso posterior Prisionero de Guerra, 72 BVerfGE 105 (1986), en el que el peticionario tenía la edad de ochenta y seis años y había cumplido veinte años de su condena a cadena perpetua por enviar a cincuenta personas a las cámaras de gas, el tribunal consideró que la gravedad del delito cometido podía ser un elemento importante en la determinación de mantener la cadena perpetua. Sin embargo, una ponderación judicial de todos los factores no podía dar un peso excesivo a la gravedad del delito en detrimento de la personalidad, estado mental y edad de la persona. En este caso, cualquier revisión ulterior de la pena a cadena perpetua del peticionario debía dar un peso mayor en la ponderación a la personalidad, edad y estado mental de la persona. Esto era así porque los efectos negativos de la condena se intensificaban después de un periodo inusualmente largo de cumplimiento de la pena de prisión.

La Ley Fundamental no impide, como regla general, que una pena a cadena perpetua se cumpla en su integridad, especialmente cuando la gravedad del delito cometido requiera la imposición de una pena mayor que la pena de prisión mínima prevista para un asesinato. Sin embargo, incluso en estos casos, no sería compatible con la Ley Fundamental si la puesta en libertad solamente fuera considerada en casos de enfermedad mental o física o por la proximidad de la muerte. Si esto fuera así, la puesta en libertad no sería compatible con la dignidad humana, o con la necesidad de que todo recluso tenga la concreta y realista posibilidad de recobrar su libertad, independientemente de la naturaleza del delito cometido.

71. En su decisión de 16 de enero de 2010, BVerfG, 2 BvR 2299/09, el Tribunal Constitucional Federal examinó un caso de extradición en el que el delincuente se enfrentaba a “una pena a cadena perpetua agravada hasta su muerte” (erschwerte lebenslängliche Freiheitsstrafe bis zum Tod) en Turquía. El Gobierno alemán había solicitado garantías de que el delincuente tendría la posibilidad de pedir su puesta en libertad y había recibido la respuesta de que el Presidente de Turquía tenía el poder de reducir las penas impuestas por motivos de enfermedad crónica, discapacidad o edad avanzada. El tribunal desestimó la petición de extradición y determinó que este poder de poner en libertad ofrecía solamente una vaga esperanza de recobrar la libertad y que, por tanto, era insuficiente. A pesar de la necesidad de respetar los ordenamientos jurídicos de otros países, si una persona no tenía una posibilidad real de recobrar la libertad, una pena de este tipo sería cruel y degradante (grausam und erniedrigend) y violaría la dignidad humana reconocida en el artículo 1 de la Ley Fundamental.

F. Italia

72. El artículo 27(3) de la Constitución italiana establece que las penas no pueden ser inhumanas y que deben tener la finalidad de rehabilitar a la persona condenada.

El Tribunal Constitucional italiano ha dictado cuatro sentencias principales en relación con el artículo 27(3) de la Constitución.

En la primera de ellas, la sentencia del tribunal de 27 de junio de 1974 (204/1974), un recluso había solicitado la libertad condicional al Ministro de Justicia. El Ministro de Justicia consultó al juez responsable de la ejecución de la pena y este, a su vez, remitió el caso al Tribunal Constitucional para que examinase la constitucionalidad de la legislación que regulaba la obtención de la libertad condicional y que constituía la base sobre la cual el Ministro tenía que tomar su decisión. El Tribunal Constitucional determinó, con base en el artículo 27(3) de la Constitución, que la rehabilitación era la finalidad de toda pena y el derecho de todo recluso. Debía existir, por tanto, la posibilidad de revisión de la condena ante un juez y no ante el poder ejecutivo para determinar si la rehabilitación se había conseguido durante el periodo de condena hasta ese momento cumplido. El tribunal también determinó que, bajo las adecuadas condiciones, la libertad condicional era esencial para conseguir la finalidad de la rehabilitación de la pena. El tribunal llegó a la misma conclusión en la sentencia 192/1976, de 14 de julio de 1976, relativa al cumplimiento de la pena a cadena perpetua en instituciones penitenciarias militares. En concreto, esta sentencia se refirió al cumplimiento de una pena a cadena perpetua de dos oficiales militares alemanes que cometieron sus delitos durante la Segunda Guerra Mundial.

La segunda sentencia del tribunal, de 7 de noviembre de 1974 (264/1974), fue el resultado de una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Penal de Verona que cuestionaba si una pena a cadena perpetua permitía la rehabilitación del recluso y, por tanto, su compatibilidad con el artículo 27(3). El tribunal se refirió a su sentencia previa de 27 de junio de 1974 y determinó que existía la posibilidad de solicitar la libertad condicional (incluso para los condenados a cadena perpetua) y que las decisiones sobre la concesión de la libertad condicional tenían que ser tomadas por el poder judicial en lugar del ejecutivo. Estos factores significaban que la rehabilitación del recluso era posible y, por tanto, la práctica de la ejecución de las penas a cadena perpetua era compatible con el artículo 27(3).

La tercera sentencia (de 21 de septiembre de 1983, nº 274/1983) hacía referencia a una disposición legal italiana que, en ese momento, permitía la reducción de la pena de prisión en veinte días cada seis meses de cumplimiento pero que no era aplicable a los condenados a cadena perpetua. Al declarar esta disposición inconstitucional, el tribunal resaltó que el artículo 27(3) era aplicable a todo tipo de pena y que la disposición que permitía la reducción de las penas (que tenía la finalidad declarada de facilitar la rehabilitación) no podía, como regla general, ser inaplicable a las penas a cadena perpetua. El efecto de la sentencia fue que, en relación con las penas a cadena perpetua, las disposiciones que preveían la reducción de las penas eran aplicables al periodo determinado de cumplimiento de la pena antes de que el recluso fuera elegible para obtener la libertad condicional.

La cuarta sentencia (2-4 de junio de 1997, nº 161/1997) hacía referencia al artículo 177 del Código Penal que establecía que si una persona condenada a cadena perpetua incumplía cualquiera de las condiciones establecidas en su régimen de libertad condicional (y, por tanto, era devuelto a la prisión), esta perdía todo derecho de solicitar de nuevo la libertad condicional. El Tribunal Constitucional se refirió a sus sentencias previas en materia de rehabilitación y sobre la importancia de la libertad condicional para su consecución y determinó que el artículo 177 no permitía la rehabilitación del recluso. El tribunal determinó que la posibilidad de obtener la libertad condicional era el único elemento que permitía concluir la compatibilidad de una pena a cadena perpetua con el artículo 27(3) de la Constitución; si no existiera esta posibilidad, la pena sería incompatible con la mencionada disposición. Por estas razones, el artículo 177 era inconstitucional. Todavía quedaba en manos del legislador decidir las condiciones en las que podía ser otorgada la libertad condicional, siempre que estas condiciones fueran compatibles con la Constitución.

G. Jurisprudencia de otras jurisdicciones sobre penas manifiestamente desproporcionadas y la pena a cadena perpetua

1. “Desproporcionalidad manifiesta”

73. La prohibición de la imposición de penas manifiestamente desproporcionadas puede encontrarse en la ley y en la jurisprudencia de los siguientes países:

- Canadá (artículo 12 de la Carta de Derechos Humanos y Libertades, interpretada en R c. Smith (Edward Dewey) [1987] 1 SCR 1045; R c. Luxton [1990] 2 SCR 711; y R c. Latimer [2001] 1 SCR 3);

- Hong Kong (Lau Cheong c. la Región Administrativa Especial de Hong Kong [2002] HKCFA 18);

- Islas Mauricio (artículo 7 de la Constitución; el Estado c. Philibert [2007] SCJ 274);

- Namibia (el Estado c. Tcoeib [1997] 1 LRC 90 (véase el párrafo 74 infra); el Estado c. Vries 1997 4 LRC 1; y el Estado c. Likuwa [2000] 1 LRC 600);

- Nueva Zelanda (artículo 9 de la Carta de Derechos Humanos de Nueva Zelanda de 1990);

- Sudáfrica (Dodo c. el Estado (CCT 1/01) [2001] ZACC 16; Niemand c. el Estado (CCT 28/00) [2001] ZACC 11); y

- Los Estados Unidos de América (la Octava Enmienda a la Constitución, interpretada en, inter alia, Graham c. Florida 130 S. Ct. 2011, 2021 (2010)).

2. Penas a cadena perpetua

74. En el Estado c. Tcoeib [1997] 1 LRC 90, el Tribunal Supremo de Namibia examinó la compatibilidad de la imposición de una pena discrecional a cadena perpetua con el artículo 8 de la Constitución del país (cuyo apartado (c) es idéntico al artículo 3 del Convenio). El juez Mahomed, Presidente del Tribunal, en representación de la posición unánime del tribunal, determinó que el sistema de puesta en libertad previsto por la ley era adecuado pero expresó que si la puesta en libertad dependía del “ejercicio caprichoso” de una potestad discrecional de las autoridades penitenciarias o del poder ejecutivo, la posibilidad de ser excarcelado sería “demasiado ambigua e impredecible” y el recluso perdería su dignidad reconocida en el artículo 8.

El Presidente del Tribunal también señaló lo siguiente:

“[L]a orden de encarcelar a un ciudadano para el resto de su vida ... no puede estar justificada si de manera efectiva significa una pena que cierra todas las puertas de la prisión de manera irreversible para el recluso sin que este tenga ninguna posibilidad legal de escapar de esta condición durante el resto de su vida y sin que se pueda tener en cuenta ninguna circunstancia sobrevenida. Estas circunstancias pueden incluir la reevaluación sociológica y psicológica de la personalidad del condenado que disipe el miedo de que su puesta en libertad pueda suponer un peligro para la seguridad de otros o las pruebas que demuestren que el condenado ha alcanzado una edad avanzada o que ha enfermado o muestra arrepentimiento sobre su pasado. Estas circunstancias pueden conllevar que el mantenimiento de la encarcelación del condenado constituya una crueldad que no puede ser defendida en aras del interés público.”

El Presidente del Tribunal añadió que la cultura de “sostener mutuamente la desesperación” era incompatible con la Constitución de Namibia, que requería a la sociedad que cambiase y rehabilitase a los reclusos durante el cumplimiento de su condena.

75. En de Boucherville c. el Estado de las Islas Mauricio [2008] UKPC 70, el apelante había sido condenado a la pena de muerte. Debido a la abolición de la pena de muerte en las Islas Mauricio, su pena fue conmutada por una pena a cadena perpetua obligatoria. El Comité Judicial del Consejo Privado tuvo en cuenta la sentencia en el caso Kafkaris, citada anteriormente, y determinó que las garantías previstas en Chipre para evitar que Kafkaris perdiera toda expectativa de ser puesto en libertad no se preveían en las Islas Mauricio. El Tribunal Supremo de las Islas Mauricio había interpretado la pena a cadena perpetua obligatoria impuesta en este caso como una pena que condenaba a de Bouchervill a cumplir una pena para el resto de su vida y que respecto a la cual no eran aplicables las disposiciones legales sobre libertad condicional y reducción de las penas. En opinión del Consejo Privado, esto significaba que la pena era manifiestamente desproporcionada y arbitraria y, por tanto, contraria al artículo 10 de la Constitución de las Islas Mauricio (disposición que garantiza el estado de derecho, incluyendo el derecho a un proceso equitativo).

El apelante también alegó que la naturaleza obligatoria de la pena era contraria al artículo 7 de la Constitución (prohibición de tortura, de penas inhumanas o degradantes o de cualquier trato de esta naturaleza). A la luz de sus conclusiones sobre el artículo 10, el Consejo Privado consideró innecesario decidir sobre esta cuestión o examinar la importancia de la posibilidad de ser puesto en libertad de acuerdo con el artículo 75 (la prerrogativa presidencial del indulto). Pese a ello, el Consejo Privado determinó que las garantías previstas en Chipre (el Fiscal General podía recomendar la puesta en libertad y el Presidente poseía las facultades de conmutar las penas y de decidir la puesta en libertad) no estaban previstas en las Islas Mauricio. El Consejo Privado también concluyó que no existía tanta diferencia entre la pena de muerte y una pena a cadena perpetua y, en este sentido, citó con aprobación la dicta de Lord Bingham en Lichniak y de Lord Juez Laws en Wellington (véanse los párrafos 45 y 54 supra).

IV. DOCUMENTOS INTERNACIONALES PERTINENTES SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LOS RECLUSOS

76. Los documentos pertinentes del Consejo de Europa y otros de carácter internacional sobre las finalidades de una pena de prisión, especialmente en relación con la importancia de la finalidad de la rehabilitación de la pena, fueron considerados en Dickson c. el Reino Unido ([GS], nº 44362/04, §§ 28‑36, TEDH 2007‑V). En aquello relevante para el presente caso, estos documentos se resumen a continuación.

A. Documentos del Consejo de Europa

77. Además de aquellas partes de las Recomendaciones (2003)22 y (2003)23 que se refieren a la rehabilitación y a la preparación de los reclusos para afrontar con éxito su puesta en libertad, el documento más importante del Consejo de Europa en esta materia viene constituido por las Reglas Penitenciarias Europeas de 2006.

Uno de los principios básicos de las Reglas se prevé en el artículo 6, que establece lo siguiente:

“Toda detención se llevará a cabo de manera que facilite la reinserción en la sociedad libre de las personas privadas de libertad.”

El artículo 102.1 de las Reglas establece que el régimen de los reclusos debe ser diseñado de tal manera que se les permita llevar una vida responsable y apartada de la delincuencia. El Comentario sobre las Reglas de 2006 (preparado por el Comité Europeo de Problemas Penales) establece que el artículo 102 se encuentra en sintonía con aquello que prevén los principales documentos internacionales, entre ellos el artículo 10(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (véase el párrafo 80 infra).

El artículo 103 regula la ejecución de la pena de las personas condenadas. En aquello relevante, establece lo siguiente:

“103.2 Tan pronto como sea posible después de su ingreso [en prisión], se redactará un informe sobre el condenado que incluya su situación personal, el plan individual de ejecución de pena propuesto para él y la estrategia a seguir para preparar su puesta en libertad.

...

103.4 Los mencionados planes incluirán en la medida de lo posible:

a. trabajo;

b. formación;

c. otras actividades; y

d. preparación para la puesta en libertad.

...

103.8 Se prestará una atención especial a la confección de regímenes y planes individuales apropiados para los condenados a cadena perpetua y a penas de prisión de larga duración.”

El artículo 107 (sobre la puesta en libertad de los reclusos) establece inter alia: que, en el caso de reclusos condenados a penas de prisión de larga duración, deben tomarse medidas para asegurar su retorno gradual a la vida libre en sociedad (artículo 107.2); y las autoridades penitenciaras deben trabajar estrechamente con los servicios y las autoridades que supervisan y ayudan a los reclusos puestos en libertad para asegurar la reinserción en la sociedad de todos ellos (artículo 107.4).

B. Reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos

78. Las Reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (1957) incluyen los siguientes principios respecto al trato de las personas condenadas:

“58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.

59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer.

60. 1) El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto estas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona.

(2) Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz.

61. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los reclusos ...

...

Tratamiento

65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.

66. (1) Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena y las perspectivas después de su liberación.”

79. Las referencias a la rehabilitación también se encuentran en los artículos 24 y 62 (diagnóstico y tratamiento de las enfermedades físicas o psíquicas que puedan dificultar la rehabilitación), el artículo 63 (régimen penitenciario abierto), el artículo 64 (ayuda después de la puesta en libertad), el artículo 67 (clasificación e individualización), el artículo 75(2) (trabajo) y el artículo 80 (relaciones con personas externas a la prisión).

C. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

80. El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en aquello relevante para este caso, establece lo siguiente:

“1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

...

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los condenados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.”

81. En su Observación General nº 21 (1992) sobre el artículo 10, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó inter alia que ningún sistema penitenciario podía estar basado únicamente en la función retributiva de la pena; debe esencialmente perseguir el cambio y la rehabilitación social del recluso (véase el párrafo 10 de la Observación General).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 3 DEL CONVENIO

82. Ante la Gran Sala, los demandantes alegan que sus penas a cadena perpetua permanente son contrarias al artículo 3 del Convenio, que establece lo siguiente:

“Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.”

A. Las conclusiones de la Sala

83. Todas las partes aceptaron en sus alegaciones ante la Sala que cualquier pena manifiestamente desproporcionada debía ser considerada un maltrato contrario al artículo 3. La Sala estuvo de acuerdo en esta cuestión (observó que se trataba de un test ampliamente aceptado y aplicado para determinar si una pena debía ser considerada un trato inhumano o degradante) pero señaló que solamente en “pocos y raros casos” este test podía satisfacerse (véanse los párrafos 88 y 89 de la sentencia de la Sala).

84. La Sala determinó que, teniendo en cuenta el principio general de que una pena no debe ser manifiestamente desproporcionada, era necesario distinguir entre tres tipos de penas a cadena perpetua (véase el párrafo 90 de la sentencia de la Sala):

(i) una pena a cadena perpetua en la que el recluso puede solicitar la libertad condicional después de haber cumplido un periodo mínimo de su condena;

(ii) una pena a cadena perpetua discrecional sin la posibilidad de solicitar la libertad condicional (esto es, una pena prevista por la ley, pero que requiere una decisión discrecional del juez para su imposición); y

(iii) una pena a cadena perpetua obligatoria sin la posibilidad de solicitar la libertad condicional (esto es, una pena prevista por la ley y que no deja margen de apreciación al juez para decidir su imposición).

85. La Sala consideró que el primer tipo de pena a cadena perpetua era claramente redimible y por tanto no planteaba ningún problema en relación con el artículo 3 (véase el párrafo 91 de la sentencia de la Sala).

86. En cuanto al segundo tipo de pena a cadena perpetua, la Sala determinó lo siguiente:

“[N]ormalmente, este tipo de penas se prevén para los delitos más graves, como por ejemplo asesinato u homicidio. En todo ordenamiento jurídico, este tipo de delitos, en el caso de que no se castiguen con la pena a cadena perpetua, normalmente son castigados con una pena de prisión sustancial, posiblemente consistente en varias décadas. En consecuencia, cualquier acusado que es condenado por la comisión de este tipo de delitos tiene la expectativa de cumplir un largo periodo de tiempo en prisión antes de que de manera realista tenga ninguna expectativa de poder ser puesto en libertad, independientemente de que haya sido condenado a una pena a cadena perpetua o a una pena de prisión determinada en el tiempo. Por todo ello, si un juez en uso de su facultad discrecional y teniendo en cuenta todas las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren en el caso, decide imponer una pena a cadena perpetua, no se plantea ninguna cuestión en relación con el artículo 3 en el momento en el que la pena se impone.”

87. Por estas razones, la Sala determinó que solamente se plantearía una cuestión sobre la compatibilidad con el artículo 3 cuando se pudiera demostrar que: (i) el mantenimiento en prisión del demandante no estaba ya justificado sobre la base de ningún motivo legítimo de política criminal; y (ii) la pena era irredimible de facto y de jure (véase el párrafo 92 de la sentencia de la Sala).

88. En cuanto al tercer tipo de pena a cadena perpetua, la cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de solicitar la libertad condicional, la Sala determinó que, aunque sería necesario realizar un control más estricto para determinar si podría considerarse una pena manifiestamente desproporcionada, este tipo de pena no era per se incompatible con el Convenio y que se plantearía una cuestión relativa al artículo 3 en los mismos términos en los que estuviera en juego una pena a cadena perpetua discrecional sin la posibilidad de solicitar la libertad condicional.

89. Al aplicar estos criterios, la Sala determinó que las penas de los demandantes eran, en la práctica, penas a cadena perpetua discrecional sin la posibilidad de solicitar la libertad condicional.

90. La Sala señaló que la política del Ministro del Interior de otorgar la libertad por motivos humanitarios era mucho más restrictiva que la política de indultos considerada en Kafkaris, citada anteriormente. En primer lugar, esta política podía significar que un recluso, a no ser que padeciera una enfermedad terminal o estuviera físicamente incapacitado, se mantuviera en prisión incluso si el mantenimiento de su encarcelación ya no estaba justificado por motivos legítimos de política criminal. En segundo lugar, la Sala determinó que, de acuerdo con el anterior sistema en vigor en Inglaterra y en Gales, la revisión de la necesidad de mantener una pena a cadena perpetua permanente tenía lugar después de que el recluso hubiera cumplido veinte y cinco años de su condena. No se dio ninguna explicación de porqué no se incluyó un mecanismo de revisión en la Ley de 2003, norma actualmente en vigor. También fue relevante el hecho de que el Estatuto del Tribunal Penal Internacional estableciera el mismo periodo de revisión para las penas a cadena perpetua impuestas por el tribunal. En tercer lugar, la Sala tuvo dudas sobre si considerar la puesta en libertad por motivos humanitarios como una verdadera liberación porque lo único que significaba era que el recluso falleciera en casa o en un establecimiento médico para enfermos terminales en lugar de hacerlo en prisión.

91. Sin embargo, en aplicación de los criterios que estableció en el párrafo 92 de su sentencia, la Sala determinó que no se planteaba ninguna cuestión con el artículo 3 en el presente caso porque los demandantes no habían demostrado que el mantenimiento de su encarcelación no estuviera justificado sobre la base de algún motivo legítimo de política criminal. El primer demandante solamente había cumplido tres años de su condena (párrafo 95). Aunque el segundo y el tercer demandante habían cumplido respectivamente veinte y seis y dieciséis años de prisión, fueron en la práctica condenados de nuevo en 2008 cuando solicitaron al Tribunal Superior que revisase sus penas a cadena perpetua determinable. El Tribunal Superior no consideró que el mantenimiento de la encarcelación de estos demandantes no estuviera justificado por motivos legítimos de política criminal; al contrario, en cada caso, el Tribunal Superior determinó que las funciones de retribución y prevención de la pena solamente podían ser satisfechas con la pena a cadena perpetua permanente (ibid.).

B. Los argumentos de las partes

1. El Gobierno

92. El Gobierno alega que la Sala ha distinguido correctamente entre los tres tipos de pena a cadena perpetua. Ni la previsión de una pena a cadena perpetua sin la posibilidad de solicitar la libertad condicional ni el cumplimiento efectivo de este tipo de pena, no son contrarios al artículo 3. No existe un consenso entre los Estados Parte sobre la pena a cadena perpetua, como se demuestra, por ejemplo, en el uso del lenguaje no obligatorio del artículo 5(2) de la Decisión Marco del Consejo relativa a la orden de detención europea (véase el párrafo 67 supra). La política criminal de Inglaterra y Gales está bien establecida desde hace tiempo. Asimismo, esta refleja el punto de vista, tanto de los tribunales nacionales como del Parlamento, que existen delitos tan graves que es necesaria la pena a cadena perpetua a efectos de satisfacer la función retributiva de la pena.

93. La Sala también ha decidido correctamente al determinar que, en relación con la pena a cadena perpetua discrecional sin la posibilidad de obtener la libertad condicional (que en Inglaterra y Gales es la pena a cadena perpetua permanente), no se plantea ninguna cuestión de acuerdo con el artículo 3 en el momento de la imposición de la pena. De hecho, en opinión del Gobierno, la cuestión nunca se plantearía. Esto es así porque el Convenio no exige un mecanismo de revisión de las penas a cadena perpetua. Un mecanismo de revisión solamente serviría para ofrecer una vaga expectativa de obtener la libertad. La naturaleza vaga de la expectativa se desprende del hecho de que una pena a cadena perpetua permanente se impone para castigar al delincuente por la comisión de delitos excepcionalmente graves, y la gravedad de estos se mantiene para siempre. El artículo 3 no exige un proceso que otorgue esta vaga expectativa. En cambio, el artículo 3 requiere que los derechos del recluso conforme al Convenio puedan ser ejercidos cuando llegue el momento, si es que llega, en el que el mantenimiento de su encarcelación es contrario al artículo 3. En el caso de los demandantes este momento no ha llegado y es posible que nunca llegue.

94. Sobre la base de la sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso Bieber y la potestad del Ministro del Interior de poner en libertad a los reclusos prevista en el artículo 30 de la Ley de 1997 (véanse los párrafos 47 y 42 supra), el Gobierno alega que la pena a cadena perpetua permanente no es una pena a cadena perpetua irredimible. La potestad del Ministro del Interior es amplia y no reglada. Cuando la ejerce, el Ministro del Interior debe actuar de acuerdo con el Convenio. En consecuencia, los demandantes deberían haber sostenido que su mantenimiento en prisión no estaba ya justificado en un motivo de política criminal y, si hubiesen demostrado que este era el caso, el artículo 30 hubiese permitido su puesta en libertad. Cualquier decisión del Ministro del Interior en sentido contrario hubiese estado sujeta a revisión judicial.

95. En cuanto a la observación de la Sala de que no existe en la legislación actualmente en vigor –la Ley de 2003- la posibilidad de revisar una pena a cadena perpetua permanente después del cumplimiento de veinte y cinco años de condena, el Gobierno alega que una de las finalidades de la Ley es judicializar las decisiones relativas a los periodos adecuados de cumplimiento de la pena de prisión a efectos de las finalidades de retribución y prevención de la pena. El anexo 21 de la Ley de 2003 establece un conjunto de criterios detallados y no reglados para determinar los periodos mínimos de cumplimiento de penas de prisión en casos de imposición de penas a cadena perpetua. El Gobierno también señala que, en los casos de los tres demandantes, sus penas a cadena perpetua permanente fueron impuestas por jueces independientes que tuvieron en cuenta la gravedad de los delitos cometidos y todos los agravantes y atenuantes que concurrían en sus casos. Estas decisiones fueron sujetas a revisión por parte del Tribunal de Apelaciones.

96. Por todas las razones expuestas, y por aquellas planteadas por la Sala en su sentencia, el Gobierno alega que no ha habido violación del artículo 3 en relación con los tres demandantes.

2. Los demandantes

97. Los demandantes alegan una violación del artículo 3 en sus casos. Contrariamente a lo sostenido por el Gobierno, sus penas eran irredimibles: ninguna persona condenada a una pena a cadena perpetua permanente podía nunca ser liberada de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de 1997 o con base en cualquier otro precepto.

98. Los demandantes están de acuerdo con la Sala en distinguir entre tres tipos distintos de penas a cadena perpetua. Sin embargo, la Sala se equivocó al determinar que no se planteaba ninguna cuestión en relación con el artículo 3 hasta que llegase el momento en el que el mantenimiento de la pena de prisión ya no estuviera justificado en algún motivo legítimo de política criminal. Esta posición es incorrecta porque no tiene en cuenta dos factores: (i) la cuestión sustancial de la compatibilidad con el artículo 3 de una pena a cadena perpetua que desde el mismo momento de su imposición constituye un maltrato; (ii) la obligación de prever un mecanismo procesal de revisión de la pena a cadena perpetua para evitar la violación del artículo 3.

99. En cuanto al primer factor, los demandantes están de acuerdo en que un recluso condenado a cadena perpetua puede pasar toda su vida en prisión porque constituye un riesgo para la sociedad y que, por tanto, no se plantearía ninguna cuestión de acuerdo con el artículo 3 si este fuera el caso. Sin embargo, una pena a cadena perpetua permanente que solamente fue impuesta por razones puramente retributivas directamente socavó la dignidad humana, destruyó el espíritu humano e ignoró la posibilidad de conceder la libertad condicional en el caso de que hubiera razones para otorgarla en un futuro. Los motivos para mantener la pena de prisión incluyen, tal y como determinó la Sala, la retribución, la prevención, la protección de la sociedad y la rehabilitación. Pero la ponderación de estos factores puede cambiar a lo largo del tiempo y una pena a cadena perpetua permanente irrevisable significa que un recluso se mantiene en prisión hasta su muerte independientemente de los cambios que pueda sufrir la ponderación de estos factores a lo largo del cumplimiento de su pena.

Además, desde la abolición de la pena de muerte, la pena a cadena perpetua permanente es la única pena que permanentemente excluye a un recluso de la vida en sociedad y es contraria al principio de reintegración en la misma que es predominante en la política criminal europea. Ningún documento del Consejo de Europa apoya la pena a cadena perpetua permanente y algunos organismos, como el CPT, consideran la pena a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional como una pena inhumana (véase el Documento de Trabajo y el Informe sobre la visita a Suiza en los párrafos 63 y 64 supra). Todo ello se encuentra en sintonía con el consenso europeo contra la imposición de este tipo de penas, los puntos de vista de los Tribunales Constitucionales alemán e italiano, así como la posición de Tribunales Supremos y Constitucionales de todo el mundo (véase el análisis de derecho comparado pertinente en los párrafos 68–75 supra). También es revelador que, en Escocia, las penas a cadena perpetua permanente no están permitidas y que la Ley del Parlamento escocés que requiere a los jueces que en todos los casos determinen el periodo mínimo de pena de prisión a cumplir fue aprobada para hacer compatible el derecho escocés con las obligaciones del Convenio (véase el párrafo 68 supra).

100. En cuanto al segundo factor, la obligación de prever un mecanismo procesal de revisión de la pena a cadena perpetua permanente, los demandantes alegan que el Gobierno no ha aportado ninguna razón que explique la no previsión de un mecanismo de revisión después del transcurso de veinte y cinco años de cumplimiento de la pena en la Ley de 2003. El Gobierno no la ha aportado en sus alegaciones ante este Tribunal, o cuando se propuso una enmienda a la ley para reintroducir este mecanismo de revisión y que fue rechazada por la Cámara de los Lores en marzo de 2012. Se pueden encontrar más apoyos a la previsión de este tipo de mecanismo de revisión a los veinte y cinco años del cumplimiento de la pena en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional: 121 Estados parte de este Estatuto han reconocido expresamente que, incluso en casos extremadamente graves como el genocidio, la existencia de este mecanismo de revisión es necesaria.

101. Finalmente, en apoyo de sus alegaciones que sostienen que sus penas significaron un maltrato, el primer y el segundo demandante se basan en dos informes de psicólogos clínicos que documentan el estado de depresión y desesperación en el que se encuentran, así como el deterioro de su personalidad acontecido a lo largo del cumplimiento de sus penas.

C. La valoración de la Gran Sala

1. “Desproporcionalidad manifiesta”

102. La Sala determinó que una pena manifiestamente desproporcionada sería contraria al artículo 3 del Convenio. Las partes aceptaron esta proposición en sus alegaciones ante la Sala y han mantenido su posición ante la Gran Sala. La Gran Sala también está de acuerdo y respalda la determinación de la Sala. También está de acuerdo con la Sala que solamente en casos excepcionales y raros este test será satisfecho (véanse los párrafos 83 supra y los párrafos 88 y 89 de la sentencia de la Sala).

2. Penas a cadena perpetua

103. Pese a lo expuesto anteriormente, debido a que los demandantes no han alegado que sus penas a cadena perpetua permanente constituyan penas manifiestamente desproporcionadas, es necesario examinar, tal y como lo hizo la Sala, si este tipo de penas violan el artículo 3 del Convenio sobre la base de otros motivos. Los principios generales en los que se basa este examen se describen a continuación.

104. Está bien establecido en la jurisprudencia del Tribunal que la elección de un sistema penal concreto, incluyéndose los mecanismos de revisión de las penas y las condiciones de la puesta en libertad, se encuentra, como regla general, fuera del ámbito de supervisión a nivel europeo que realiza el Tribunal, siempre que el sistema no contravenga los principios establecidos en el Convenio (véase Kafkaris, citada anteriormente, § 99).

105. Además, tal y como observó el Tribunal de Apelaciones en R c. Oakes (véase el párrafo 50 supra), las cuestiones relativas a una pena justa y proporcionada son objeto de un debate racional y de una discrepancia civilizada. En consecuencia, los Estados Parte gozan de un margen de apreciación para decidir la adecuada duración de las penas de prisión a imponer en determinados delitos. Tal y como ha determinado el Tribunal, no le corresponde a él decidir cuáles son las adecuadas condiciones de la pena a imponer a un delito determinado, o la adecuada duración de la pena de prisión o de cualquier otra pena que la persona tenga que cumplir una vez haya sido condenado por un tribunal competente (véanse T. c. el Reino Unido [GS], nº 24724/94, § 117, de 16 de diciembre de 1999; V. c. el Reino Unido [GS], nº 24888/94, § 118, TEDH 1999‑IX; y Sawoniuk c. el Reino Unido (dec.), nº 63716/00, TEDH 2001‑VI).

106. Por las mismas razones, los Estados Parte son libres para imponer la pena a cadena perpetua a delincuentes adultos en caso de delitos especialmente graves como por ejemplo el asesinato: la imposición de una pena de este tipo a un delincuente adulto no está en sí misma prohibida o es incompatible con el artículo 3 o con cualquier otro artículo del Convenio (véase Kafkaris, citada anteriormente, § 97). Esto es particularmente así cuando este tipo de pena no es obligatoria sino que es impuesta por un juez independiente después de que este haya valorado todos los atenuantes y agravantes presentes en el caso concreto.

107. Pese a ello, el Tribunal también determinó en Kafkaris que la imposición de una pena a cadena perpetua irredimible a un adulto podría plantear alguna cuestión en cuanto a su compatibilidad con el artículo 3 (ibid.). Existen dos factores específicos y relacionados entre sí que el Tribunal considera necesario enfatizar y reafirmar.

108. En primer lugar, una pena a cadena perpetua no se convierte en irredimible por el mero hecho de que en la práctica pueda ser cumplida en su totalidad. No se plantea ninguna cuestión de acuerdo con el artículo 3 en el caso de que una pena a cadena perpetua sea de jure y de facto redimible (véase Kafkaris, citada anteriormente, § 98).

En este sentido, el Tribunal enfatizaría que no se plantearía ninguna cuestión desde el punto de vista del artículo 3 si, por ejemplo, un recluso condenado a cadena perpetua tuviera el derecho, de acuerdo con el derecho nacional, a que se considerase su puesta en libertad pero esta fuera desestimada sobre la base de que continúa siendo un peligro para la sociedad. Esto es así porque, en primer lugar, los Estados tienen la obligación, de conformidad con el Convenio, de tomar medidas para proteger a sus ciudadanos ante los delitos violentos y, en segundo lugar, porque el Convenio no prohíbe a los Estados que impongan a un condenado por un delito grave una pena de prisión de duración indeterminada y lo mantengan en prisión mientras sea necesario para la protección de la sociedad (véanse, mutatis mutandis, T. c. el Reino Unido, § 97, y V. c. el Reino Unido, § 98, ambas citadas anteriormente). Asimismo, evitar que un delincuente vuelva a reincidir es una de las “finalidades esenciales” de una pena de prisión (véanse Mastromatteo c. Italia [GS], nº 37703/97, § 72, TEDH 2002‑VIII; Maiorano y Otros c. Italia, nº 28634/06, § 108, de 15 de diciembre de 2009; y, mutatis mutandis, Choreftakis y Choreftaki c. Grecia, nº 46846/08, § 45, de 17 de enero de 2012). Estas cuestiones son especialmente relevantes en casos de personas condenadas por asesinato u otros delitos graves contra las personas. El mero hecho de que estos reclusos hayan cumplido ya un periodo largo de pena de prisión no debilita la obligación positiva del Estado de proteger a la sociedad; los Estados deben cumplir con esta obligación manteniendo en prisión a estos reclusos mientras continúen representando un peligro para la sociedad (véase, por ejemplo, Maiorano y Otros, citada anteriormente).

109. En segundo lugar, al determinar si una pena a cadena perpetua en un caso concreto debe considerarse irredimible, el Tribunal ha analizado si un recluso condenado a cadena perpetua tiene alguna expectativa de ser puesto en libertad. Cuando el derecho nacional ofrece la posibilidad de revisar una pena a cadena perpetua que permita su conmutación, perdón, terminación o la obtención de la libertad condicional, se cumpliría con el artículo 3 (véase Kafkaris, citada anteriormente, § 98).

110. Existen muchas razones por las que, para que una pena a cadena perpetua sea compatible con el artículo 3, deben existir tanto la expectativa de ser puesto en libertad como la posibilidad de la revisión de la pena.

111. Es un axioma que un recluso solamente puede permanecer encarcelado si existe un motivo de política criminal que lo justifique. Tal y como reconoció el Tribunal de Apelaciones en Bieber y la Sala en su sentencia en el presente caso, estos motivos incluyen la retribución, la prevención, la protección de la sociedad y la rehabilitación. Muchos de estos motivos estarán presentes en el momento en el que se impone una pena a cadena perpetua. Sin embargo, la ponderación de estos motivos no es necesariamente estática y puede cambiar en el transcurso del cumplimiento de la pena. Aquello que en el momento inicial podía constituir la justificación principal para justificar la pena de prisión puede que no lo sea después del cumplimiento de un periodo largo de la condena. Estos motivos y cambios solamente pueden ser adecuadamente evaluados a través de una revisión del mantenimiento de la pena de prisión en el momento adecuado durante el transcurso del cumplimiento de la condena.

112. Además, si un recluso es encarcelado sin ninguna expectativa de ser puesto en libertad y sin la posibilidad de que su pena a cadena perpetua sea revisada, existe el riesgo de que nunca pueda redimirse de su delito: independientemente de la conducta del recluso en prisión, de su excepcional progreso en cuanto a su rehabilitación, su pena permanecerá fija y será irrevisable. En todo caso, la pena se acentúa con el paso del tiempo: cuanto más viva el recluso, más larga será la pena. En consecuencia, incluso cuando una pena a cadena perpetua es considerada una pena adecuada en el momento de su imposición, con el transcurso del tiempo puede convertirse – parafraseando a Lord Juez Laws en Wellington – en una pobre garantía de una pena justa y proporcionada (véase el párrafo Error! Reference source not found.54 supra).

113. En este contexto, tal y como el Tribunal Constitucional Federal alemán reconoció en el caso sobre la Cadena Perpetua (véase el párrafo 69 supra), sería contrario a la disposición de la Ley Fundamental que prevé la dignidad humana que el Estado prive a una persona por la fuerza de su libertad sin que le dé la oportunidad, en algún momento, de recuperarla. Esta conclusión llevó al Tribunal Constitucional Federal alemán a afirmar que las autoridades penitenciarias tenían el deber de esforzarse en lograr la rehabilitación del recluso y que la rehabilitación de la pena era una exigencia constitucional necesaria en cualquier sociedad que tuviera la dignidad humana como elemento central. Asimismo, el Tribunal Constitucional Federal alemán aclaró en el caso posterior Prisionero de Guerra que estas consideraciones eran aplicables a todos los reclusos condenados a cadena perpetua, independientemente de la naturaleza de sus delitos, y que la puesta en libertad de solamente aquellos que estuvieran enfermos o próximos a su muerte no era suficiente (véase el párrafo 70 supra).

Consideraciones similares son aplicables en el sistema previsto por el Convenio, cuya verdadera naturaleza es, tal y como ha determinado en muchas ocasiones el Tribunal, el respeto de la dignidad humana (véase, inter alia, Pretty c. el Reino Unido, nº 2346/02, § 65, TEDH 2002‑III; y V.C. c. Eslovaquia, nº 18968/07, § 105, TEDH 2011 (extractos)).

114. Asimismo, en estos momentos tanto el derecho europeo como el internacional claramente apoyan que los reclusos, incluyéndose aquellos que están cumpliendo penas a cadena perpetua, tengan la posibilidad de rehabilitarse y la expectativa de ser liberados si la rehabilitación se consigue.

115. El Tribunal ha tenido ocasión previamente de señalar que, si bien la retribución es una de las posibles finalidades de una pena de prisión, la tendencia de la política criminal europea en estos momentos es centrarse en la finalidad rehabilitadora de la pena de prisión, en especial en relación con la terminación de una pena de prisión de larga duración (véanse, por ejemplo, Dickson c. el Reino Unido [GS], nº 44362/04, § 75, TEDH 2007‑V; y Boulois c. Luxemburgo [GS], nº 37575/04, § 83, TEDH 2012, con más referencias sobre esta cuestión). En los documentos jurídicos del Consejo de Europa, esta tendencia se expresa con mayor claridad en el artículo 6 de las Reglas Penitenciarias Europeas, donde se establece que toda pena de prisión debe tener como finalidad facilitar la reintegración en la sociedad de la persona privada de libertad, y en el artículo 102.1, que establece que el régimen penitenciario de las personas condenadas debe ser diseñado de tal manera que se les inculque una vida responsable y apartada de la delincuencia (véase el párrafo 77 supra).

116. Los documentos pertinentes del Consejo de Europa descritos en los párrafos 60–64 y 76 supra también demuestran, en primer lugar, que la finalidad de la pena de rehabilitar a los reclusos es plenamente aplicable a los condenados a cadena perpetua; y en segundo lugar, que, en el caso de rehabilitarse, los condenados a cadena perpetua deben gozar de la posibilidad de obtener la libertad condicional.

El artículo 103 de las Reglas Penitenciarias Europas establece que, en el marco de la ejecución de la pena de un recluso, deben diseñarse planes individuales de ejecución que deben incluir, inter alia, su preparación para la libertad condicional. Estos planes se prevén expresamente para los condenados a cadena perpetua de acuerdo con el artículo 103.8 (véase el párrafo 77 supra).

La Resolución 76(2) del Comité de Ministros recomienda que en todos los casos – incluyendo los condenados a cadena perpetua – se examine lo más temprano posible si se puede conceder la libertad condicional a un recluso. Esta resolución también recomienda que la revisión de las penas a cadena perpetua debe tener lugar una vez hayan transcurrido entre ocho y catorce años del cumplimiento de la condena y debe repetirse de manera periódica (véase el párrafo 60 supra).

La Recomendación 2003(23) (sobre la ejecución de las penas a cadena perpetua y de larga duración por parte de las instituciones penitenciarias) señala que debe prepararse a los condenados a cadena perpetua para su liberación y, para alcanzar esta finalidad, deben poder progresar a través del régimen penitenciario. La Recomendación también determina expresamente que los condenados a cadena perpetua deben poder gozar de la posibilidad de obtener la libertad condicional (véase, en concreto, los párrafos 2, 8 y 34 de la Recomendación y el párrafo 131 del Informe que acompaña la Recomendación, todos ellos descritos en el párrafo 61 supra).

La Recomendación 2003(22) (sobre la libertad condicional) también establece con claridad que la libertad condicional debe preverse para todos los reclusos y que no puede privarse de la expectativa de obtenerla a los condenados a cadena perpetua (véanse los párrafos 4(a) de la Recomendación y el párrafo 131 del Informe Explicativo, ambos descritos en el párrafo 62 supra).

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes ha expresado puntos de vista similares, más recientemente en su Informe sobre la visita a Suiza (véase el párrafo 64 supra).

117. Este compromiso con la rehabilitación de los condenados a cadena perpetua, así como la posibilidad de que puedan obtener la libertad, puede observarse en la práctica de los Estados Parte. Este compromiso se encuentra en las sentencias de los Tribunales Constitucionales alemán e italiano sobre la rehabilitación y las penas a cadena perpetua (descritas en los párrafos 69–71 y 72 supra) y en los otros documentos de derecho comparado presentados ante el Tribunal. Todos ellos muestran que una gran mayoría de Estados Partes o bien no prevén la pena a cadena perpetua o, en el caso de que la prevean, establecen un mecanismo, previsto en la legislación penal, que garantiza la revisión de las penas a cadena perpetua después del transcurso de un periodo de tiempo de su cumplimiento, normalmente después de haber cumplido veinte y cinco años de pena de prisión (véase el párrafo 68 supra).

118. El mismo compromiso con la rehabilitación de los condenados a cadena perpetua y la posibilidad de su liberación puede encontrarse en el derecho internacional.

Las Reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos obligan a las autoridades penitenciaras a utilizar todos los recursos disponibles para asegurar la reintegración de los delincuentes en la sociedad (véanse los artículos 58–61, 65 y 66, citados en el párrafo 78 supra). Además, se encuentran referencias expresas a la rehabilitación a lo largo de todos los artículos de la Reglas (véase el párrafo 79 supra).

Asimismo, el artículo 10 § 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece específicamente que la principal finalidad del sistema penitenciario debe ser el cambio y la rehabilitación social de los reclusos. Esta finalidad se enfatiza en la Observación General del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el artículo 10, que establece que ningún sistema penitenciario puede basarse exclusivamente en una finalidad retributiva (véanse los párrafos 80 y 81 supra).

Finalmente, el Tribunal destaca las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, del cual forman parte 121 Estados, incluyendo la gran mayoría de los Estados Parte del Consejo de Europa. El artículo 110(3) del Estatuto establece la revisión de las penas a cadena perpetua después de veinte y cinco años de cumplimiento de la condena, así como revisiones periódicas a partir de ese momento. La importancia del artículo 110(3) se acentúa por el hecho de que el artículo 110(4) y (5) del Estatuto y los artículos 223 y 224 de las Reglas de Procedimiento y Prueba prevén garantías procesales y sustantivas que son aplicables al procedimiento de revisión. Los criterios para la reducción de las penas incluyen, inter alia, si la conducta del recluso muestra una verdadera disociación de los delitos cometidos o su expectativa de rehabilitación social (véanse los artículos de las Reglas 223(a) and (b), descritos en el párrafo 65 supra).

3. Conclusiones generales respecto a las penas a cadena perpetua

119. Por todas las razones expuestas, el Tribunal considera que, en cuanto a una pena a cadena perpetua, el artículo 3 exige la posibilidad de reducir la pena, entendida esta posibilidad en el sentido de que es necesario establecer un mecanismo de revisión que permita a las autoridades nacionales evaluar si los cambios experimentados en la persona condenada a cadena perpetua son tan importantes y que se han hecho tales progresos hacia la rehabilitación en el transcurso del cumplimiento de la condena, que el mantenimiento de la pena de prisión no está ya justificado en ningún motivo legítimo de política criminal.

120. Sin embargo, el Tribunal señalaría que, teniendo en cuenta el margen de apreciación que tienen los Estados Parte en materia de política criminal y derecho penal (véanse los párrafos 104 y 105 supra), no corresponde al Tribunal determinar la forma (revisión en manos del poder ejecutivo o del poder judicial) que debe adoptar este mecanismo de revisión. Por la misma razón, no le corresponde al Tribunal determinar cuándo debe realizarse esta revisión. Dicho esto, el Tribunal también destacaría los documentos de derecho comparado y derecho internacional presentados ante él que apoyan con claridad la existencia de un mecanismo de revisión que tenga lugar no más tarde del transcurso de los veinte y cinco años desde la imposición de la pena a cadena perpetua, con la previsión de revisiones periódicas con posterioridad a esa fecha (véanse los párrafos 117 y 118 supra).

121. Se desprende de esta conclusión que, cuando el derecho nacional no prevea la posibilidad de un mecanismo de revisión de estas características, una pena a cadena perpetua no será compatible con los estándares previstos en el artículo 3 del Convenio.

122. Aunque el mecanismo de revisión exigido debe tener lugar necesariamente después de la imposición de la pena, un condenado a cadena perpetua no puede ser obligado a esperar y a cumplir un número de años indeterminado de su condena antes de que pueda alegar que las condiciones de su pena ya no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 3. Esta situación sería contraria a la seguridad jurídica y a los principios generales relativos a la condición de víctima en el sentido del término del artículo 34 del Convenio. Además, en casos en los que la pena, en el momento de su imposición, es irredimible de acuerdo con el derecho nacional, sería irrazonable esperar que el recluso trabajara para obtener su rehabilitación sin que este supiera si, en una fecha futura e indeterminada, se introduciría un mecanismo de revisión que le permitiría, sobre la base de su rehabilitación, obtener la libertad. Una persona condenada a cadena perpetua tiene el derecho a conocer, desde el primer momento en el que la pena se impone, lo que tiene que hacer y bajo qué condiciones para poder obtener la libertad, incluyéndose el momento en el que la revisión de su condena tendrá lugar o puede esperarse que se produzca. En consecuencia, cuando el derecho nacional no prevea ningún mecanismo de revisión de una pena a cadena perpetua, la incompatibilidad de este tipo de pena con el artículo 3 se produciría en el mismo momento en el que se impone la pena a cadena perpetua y no con posterioridad en algún momento del transcurso de la condena.

4. El presente caso

123. Todavía queda por determinar si, a la luz de las observaciones anteriores, las penas a cadena perpetua permanentes impuestas a los presentes demandantes son compatibles con el artículo 3 del Convenio.

124. El Tribunal empezaría señalando que, al igual que determinó la Sala en su sentencia (véase el párrafo 94 de la misma), no le convencen las razones alegadas por el Gobierno para justificar la no inclusión de un mecanismo de revisión después del transcurso de veinte y cinco años del cumplimiento de una pena a cadena perpetua en la Ley de 2003, norma actualmente en vigor en Inglaterra y Gales (véase el párrafo 95 supra). El Tribunal señala que este tipo de revisión, a pesar de recaer en el poder ejecutivo, existía en la legislación anterior (véase el párrafo 46 supra).

El Gobierno ha alegado que la revisión de la pena a los veinte y cinco años no se incluyó en la Ley de 2003 porque una de las finalidades de la Ley era judicializar las decisiones relativas a los periodos mínimos de pena de prisión a cumplir a efectos de satisfacer las finalidades de retribución y prevención de la pena (véase el párrafo 95 supra). Sin embargo, la exigencia de jueces independientes para determinar si una pena a cadena perpetua permanente puede ser impuesta es una cuestión distinta de la necesidad de prever la revisión de una pena a cadena perpetua permanente en un momento posterior para asegurar que continúa estando justificada sobre la base de algún motivo legítimo de política criminal. Además, teniendo en cuenta que la declarada finalidad de la reforma legislativa era apartar al poder ejecutivo de cualquier decisión a tomar en cuanto a las penas a cadena perpetua, hubiese sido más coherente establecer que, a partir de ese momento, el mecanismo de revisión de la pena a los veinte y cinco años, en lugar de eliminarse, se llevase a cabo en el marco de un proceso judicial y no recayese en el poder ejecutivo bajo supervisión judicial como había sucedido hasta ese momento.

125. Además, existe una falta de claridad en el derecho vigente en cuanto a la expectativa de obtener la libertad de las personas condenadas a cadena perpetua. Es cierto que el artículo 30 de la Ley de 1997 establece que el Ministro del Interior tiene la potestad de poner en libertad a cualquier recluso, incluyendo a los que están condenados a una pena a cadena perpetua permanente (véase el párrafo 42 supra). También es cierto que, al ejercer esta potestad – de acuerdo con aquello previsto por la ley – el Ministro del Interior está legalmente obligado a actuar de conformidad con el Convenio (véase el artículo 6(1) de la Ley de Derechos Humanos, descrito en el párrafo 33 supra). Tal y como el Gobierno sugirió en sus alegaciones ante el Tribunal, sería posible interpretar el artículo 30 en el sentido de que este no solamente otorga al Ministro del Interior una potestad para poner en libertad a los reclusos, sino que impone el deber de ejercer esta potestad y poner en libertad a un recluso si se demuestra que el mantenimiento de su condena es incompatible con el artículo 3, por ejemplo, cuando esta ya no esté justificada por ningún motivo legítimo de política criminal.

Esta fue la interpretación del artículo 30, en efecto, que el Tribunal de Apelaciones adoptó en Bieber y reafirmó en Oakes (véase, en concreto, el párrafo 49 supra, donde se reproducen los párrafos 48 y 49 de la sentencia en el caso Bieber y la observación del Tribunal de Apelaciones que señalaba que, aunque la potestad prevista en el artículo 30 se había ejercido en pocas ocasiones, no existía ninguna razón para que no pudiera utilizarse por parte del Ministro del Interior para asegurar el cumplimiento del artículo 3 del Convenio).

Esta interpretación del artículo 30 otorgaría ciertas expectativas de obtener la libertad a las personas condenadas a cadena perpetua y sería, en principio, coherente con la sentencia del Tribunal en Kafkaris, citada anteriormente. Si se hubiese podido demostrar que, en el caso de los demandantes, existió un grado de certeza suficiente en cuanto a las previsiones del derecho nacional sobre esta cuestión, no se hubiera podido sostener que sus penas eran irredimibles y por tanto no se hubiera producido una violación del artículo 3.

126. Sin embargo, el Tribunal debe ceñirse al derecho y a las decisiones judiciales tal y como se aplican en la práctica a los reclusos condenados a cadena perpetua. La realidad es que, a pesar de la sentencia del Tribunal de Apelaciones en Bieber, el Ministro del Interior no ha cambiado su política explícitamente declarada y restrictiva sobre la que ejerce su potestad que le otorga el artículo 30. A pesar de la interpretación del artículo 30 por parte del Tribunal de Apelaciones, la Ordenanza de Servicios Penitenciarios todavía está en vigor y establece que la puesta en libertad será únicamente ordenada en circunstancias tasadas, no meramente ejemplificativas, a saber, si el recluso padece una enfermedad terminal, está físicamente discapacitado y si se cumple además algún otro criterio (a saber, que el riesgo de reincidencia es mínimo, mantener la pena de prisión reduciría la esperanza de vida del recluso, existen cuidados adecuados para el tratamiento del recluso fuera de la prisión, y su puesta en libertad significaría un beneficio significativo para el recluso o su familia).

127. Estas son unas condiciones muy restrictivas. Incluso si se asume que pueden ser satisfechas por un recluso condenado a una pena a cadena perpetua permanente, el Tribunal considera que la Sala estaba en lo cierto al dudar si una puesta en libertad por motivos humanitarios como por ejemplo padecer una enfermedad terminal o estar físicamente incapacitado podría realmente equipararse a una verdadera puesta en libertad, sí esta solamente significa que el recluso muere en casa o en un establecimiento médico para enfermos terminales en lugar de la prisión. Asimismo, en opinión del Tribunal, la puesta en libertad por motivos humanitarios no puede equipararse a la “expectativa de ser liberado” establecida en Kakfaris, citada anteriormente. En este sentido, los términos de la Ordenanza en sí mismos serían incoherentes con Kafkaris y no cumplirían con los estándares del artículo 3.

128. Además, la Ordenanza de Servicios Penitenciarios se dirige tanto a los reclusos como a las autoridades penitenciarias. Esta no incluye, sin embargo, las clarificaciones derivadas del razonamiento del Tribunal de Apelaciones en Bieber y que ha defendido el Gobierno en sus alegaciones ante el Tribunal, en relación con los efectos de la Ley de Derechos Humanos y el artículo 3 del Convenio sobre el ejercicio de la potestad prevista en el artículo 30 de la Ley de 1997 por parte del Ministro del Interior. En concreto, la Ordenanza no prevé la posibilidad – que sería factible de acuerdo con la Ley de Derechos Humanos – de obtener la libertad para las personas condenadas a cadena perpetua sobre la base de algún motivo legítimo de política criminal durante el transcurso del cumplimiento de su pena. En este sentido, sobre la base de las alegaciones del Gobierno y del derecho nacional aplicable actualmente, la Ordenanza de Servicios Penitenciarios solamente ofrece a las personas condenadas a cadena perpetua – aquellas directamente afectadas por la misma – una visión parcial de las condiciones excepcionales en las que el Ministro del Interior puede ejercer su potestad prevista en el artículo 30.

129. Como resultado de lo expuesto con anterioridad, dada la actual falta de claridad del derecho nacional aplicable a las personas condenadas a cadena perpetua, el Tribunal no puede aceptar la alegación del Gobierno que sostiene que el artículo 30 de la Ley de 1997 debe interpretarse de tal manera que otorga a los demandantes un remedio adecuado si en algún momento intentaran demostrar que su mantenimiento en prisión no está ya justificado en algún motivo legítimo de política criminal y es, por tanto, contrario al artículo 3 del Convenio. Actualmente resulta incierto si, al considerar una solicitud de puesta en libertad de una persona condenada a cadena perpetua de acuerdo con el artículo 30, el Ministro del Interior aplicaría su existente y restrictiva política, tal y como se prevé en la Ordenanza de Servicios Penitenciarios, o iría más allá de las circunstancias aparentemente tasadas previstas en la Ordenanza y aplicaría el test del artículo 3 anunciado en Bieber. Obviamente, la desestimación de la solicitud de puesta en libertad por parte del Ministro puede ser revisable judicialmente y puede suceder que, en el contexto de su revisión judicial, el derecho se clarifique, por ejemplo mediante la derogación y la sustitución de la Ordenanza de Servicios Penitenciarios o su anulación por parte de los tribunales. Sin embargo, estas posibilidades no son suficientes para remediar la falta de claridad que existe en la actualidad en relación con el derecho nacional que regula la posibilidad excepcional de poner en libertad a una persona condenada a cadena perpetua.

130. A la luz, por tanto, de esta contradicción entre la interpretación extensiva del artículo 30 (tal y como lo interpreta el Tribunal de Apelaciones para hacerlo compatible con el Convenio, una interpretación del derecho del Reino Unido que viene exigida por la Ley de Derechos Humanos) y las condiciones tasadas que establece la Ordenanza de Servicios Penitenciarios, así como de la ausencia de un mecanismo de revisión de la pena a cadena perpetua permanente, el Tribunal considera que, en el momento actual, las penas a cadena perpetua de los demandantes no pueden ser consideradas como redimibles de acuerdo con el artículo 3 del Convenio. En consecuencia, el Tribunal determina que los requisitos previstos en el artículo 3 no se cumplen respecto a ninguno de los tres demandantes.

131. El Tribunal señalaría que en el presente proceso los demandantes no han argumentado que, en sus casos concretos, no existan motivos legítimos de política criminal para mantener su pena de prisión. Los demandantes también han aceptado que, incluso en el caso de que se hubieran satisfecho las finalidades retributivas y preventivas de sus penas, aún sería posible justificar el mantenimiento de su pena de prisión sobre la base de su peligrosidad. La determinación de una violación del Convenio en sus casos no debe por tanto ser entendida como una expectativa de una puesta en libertad inminente.

II. SOBRE LA VIOLACIÓN ALEGADA DEL ARTÍCULO 5 § 4 DEL CONVENIO

132. En sus alegaciones ante la Gran Sala, los demandantes han sostenido que la falta de un mecanismo de revisión de sus condenas en el derecho nacional constituye una violación del artículo 5 § 4 del Convenio, que establece lo siguiente:

“4. Toda persona privada de su libertad mediante arresto o detención tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si dicha detención fuera ilegal.”

Pese a ello, esta alegación fue declarada inadmisible por la Sala y esta decisión delimita el ámbito jurisdiccional de la Gran Sala (véase, inter alia, Gillberg c. Suecia [GS], nº 41723/06, § 53, de 3 de abril de 2012, y Kafkaris, citada anteriormente, § 124, con más referencias en la misma). En consecuencia, esta alegación se encuentra fuera del ámbito de cuestiones a tratar en este caso ante la Gran Sala.

III. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO

133. El artículo 41 del Convenio establece lo siguiente:

“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.”

134. Solamente el primer demandante ha reclamado el pago de una satisfacción equitativa.

A. Daños

135. Sobre la base del informe pericial que establece la angustia que ha sufrido a lo largo del cumplimiento de su pena, el primer demandante reclama 1.500 libras esterlinas (GBP) (aproximadamente 1.844 EUR) en calidad de daño moral.

136. La Gran Sala considera que la declaración de violación del artículo 3 constituye en sí misma una satisfacción equitativa y en consecuencia no determina el pago de ninguna satisfacción en este concepto.

B. Costas y gastos

137. El primer demandante reclama la cantidad de 76.646 GBP, incluyendo el IVA (aproximadamente 88.957 EUR) por el trabajo de 120 horas de su abogado y de 133 horas de su asesor.

138. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, el demandante tiene el derecho al rembolso de las costas y los gastos incurridos, siempre que hayan sido reales, necesarios y su cuantía sea razonable. En el presente caso, teniendo en cuenta los documentos que obran en su poder y los criterios descritos anteriormente, el Tribunal considera razonable conceder al primer demandante la cantidad de 40.000 EUR en concepto de costas y gastos incurridos ante el Tribunal.

C. Intereses de demora

139. El Tribunal considera apropiado calcular los intereses de demora sobre la tasa del interés de la facilidad del préstamo marginal del Banco Central Europeo incrementado en tres puntos porcentuales.

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL

1. Decide, por dieciséis votos contra uno, que ha habido una violación del artículo 3 respecto a cada uno de los demandantes;

2. Decide, por unanimidad, que la queja relativa al artículo 5 § 4 del Convenio se encuentra fuera del ámbito de cuestiones a tratar en este caso;

3. Decide, por dieciséis votos contra uno, que la declaración de violación constituye en sí misma una satisfacción equitativa por los daños morales alegados por el primer demandante;

4. Decide, por dieciséis votos contra uno,

(a) que el Estado demandado debe abonar al primer demandante en el plazo de tres meses, en concepto de costas y gastos, la cantidad de 40.000 EUR (cuarenta mil euros), más cualquier importe que se pueda devengar en concepto de tributos, a convertir en liras esterlinas teniendo en cuenta el tipo de cambio aplicable en el momento del pago;

(b) que a partir de la expiración del mencionado plazo y hasta el momento del pago, esta cantidad será incrementada por un interés simple calculado conforme al tipo de interés de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo incrementado en tres puntos porcentuales;

5. Desestima, por unanimidad, la demanda de satisfacción equitativa del primer demandante en cuanto al resto.

Redactada en inglés y francés, y notificada el 9 de julio de 2013 en audiencia pública en el Edificio de los Derechos Humanos, Estrasburgo, de acuerdo con el artículo 77 §§ 2 y 3 del Reglamento del Tribunal.

              Michael O’BoyleDean Spielmann
              Secretario AdjuntoPresidente

De acuerdo con el artículo 45 § 2 del Convenio y el artículo 74 § 2 del Reglamento del Tribunal, se adjuntan a esta sentencia las siguientes opiniones separadas:

(a) Opinión concurrente de la Jueza Ziemele;

(b) Opinión concurrente de la Jueza Power-Forde;

(c) Opinión concurrente del Juez Mahoney;

(d) Opinión parcialmente discrepante del Juez Villiger.

D.S.
M.O’B.

“Las opiniones separadas no han sido traducidas, pero aparecen en inglés y francés en las versiones en los idiomas oficiales de la sentencia que pueden ser consultadas en la base de datos HUDOC sobre la jurisprudencia del Tribunal.”

© Consejo de Europa/Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2013.

Los idiomas oficiales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son el Inglés y el Francés. Esta traducción no vincula al Tribunal, ni el Tribunal asume ninguna responsabilidad sobre la calidad de la misma. Puede descargarse desde la base de datos de jurisprudencia HUDOC del Tribunal Europeo de Derechos Humanos () o de cualquier otra base de datos con la que el Tribunal de Justicia la haya compartido. Puede reproducirse para fines no comerciales, a condición de que el título completo del caso sea citado junto con la indicación de derechos de autor anterior. Si se pretende utilizar cualquier parte de esta traducción con fines comerciales, por favor póngase en contacto con publishing@.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2013.

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[1] Se puede consultar la traducción al inglés y con comentarios de algunos fragmentos de esta sentencia en D.P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany (2º ed.), Duke University Press, Durham y Londres, 1997 en págs. 306-313.

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