CASE OF VOLODINA v. RUSSIA - [Spanish Translation] by the Spanish Ministry of Justice

ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO   DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSTITUCIONAL   DERECHOS HUMANOS   Y ÁREA DE DERECHOS HUMANOS   Traducción realizada por Rebeca Gil Ayora siendo tutora la profesora M. Carmen Quesada   Alcalá, en virtud del Convenio suscrito por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el   Ministerio de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)   El TEDH y el Ministerio de Justicia no se hacen responsables del contenido o calidad de la   presente traducción   SECCIÓN TERCERA   ASUNTO VOLODINA v. RUSIA   (Demanda nº 41261/17)   SENTENCIA   ESTRASBURGO   9 de Julio de 2019   FINAL   04/11/2019   Esta Sentencia será definitiva de acuerdo con lo estipulado en el artículo 44.2   del Convenio. Puede someterse a revisión editorial.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   1 En el asunto Volodina v. Rusia,   El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Tercera), reunido   en Sala compuesto por:   Vincent A. De Gaetano, Presidente,   Georgios A. Serghides,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Dmitry Dedov,   Alena Poláčková,   María Elósegui,   Erik Wennerström, jueces,   y Fatoş Aracı, Secretario de Sección,   Tras deliberar a puerta cerrada el 11 de junio de 2019,   Dicta la siguiente sentencia, adoptada en esa fecha:   PROCEDIMIENTO   1. El asunto se inicia mediante demanda (nº 41261/17) contra la   Federación Rusa interpuesta ante este Tribunal con arreglo al artículo 34 del   Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades   Fundamentales (“el Convenio”) por la ciudadana rusa, Sra. Valeriya   Igorevna Volodina (“la demandante”), el 1 de junio de 2017. En 2018, la   demandante se cambia el nombre (ver párrafo 39 posterior).   2. La demandante estuvo representada por la Sra. Vanessa Kogan,   Directora de la Iniciativa de Justicia de Apriete, una Organización de   Derechos Humanos con base en Utrecht, Países Bajos. El Gobierno Ruso   (“el Gobierno”) estuvo representado por el Sr. M. Galperin, Agente de la   Federación Rusa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.   3. La demandante alegó que las autoridades rusas fallaron en su deber de   prevenir, investigar y enjuiciar los actos de violencia doméstica que ella   sufrió a manos de su ex pareja y que, además, fallaron en establecer un   marco jurídico adecuado para luchar contra la violencia de género   discriminatoria hacia las mujeres.   4. El 8 de enero de 2018 la demanda fue notificada al Gobierno. Se tomó   la decisión de priorizar la demanda conforme a lo dispuesto por el Artículo   41 del Reglamento del Tribunal.   5. Tanto la demandante como el Gobierno presentaron sus observaciones   por escrito. Además, fueron recibidos comentarios de terceros, del Equal   Rights Trust, organización no gubernamental con sede en Londres (Reino   Unido), a la que el Presidente de la Sección había autorizado a intervenir en   el procedimiento escrito (Artículo 36.2 de la Convención y Artículo 44.3).   El Gobierno respondió a las observaciones (Artículo 44.5).   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   2 HECHOS   I. CIRCUMSTANCIAS DEL CASO   6. La demandante nació en 1985 y vive en Ulyanovsk.   A. La relación de la demandante con el Sr. S.   7. Los hechos del asunto, según remitido por las partes, pueden   resumirse de la siguiente manera.   1. Primer encuentro y la vida juntos   8. La demandante comienza una relación con el Sr. S en noviembre de   2014, cuando empezaron a vivir juntos en Ulyanovsk.   9. En mayo de 2015 se separan por primera vez. La demandante se   muda. El Sr. S se convierte en un maltratador y amenaza con matar a la   demandante y a su hijo si ella se niega a volver a vivir con él.   2. Enero de 2016: Secuestro y Agresión   10. El 1 de enero de 2016 la demandante presenta una denuncia en la   comisaría de policía del distrito nº 2 de Ulyanovsk, denunciado que S. había   dañado el parabrisas de su coche y se había llevado sus documentos de   identidad. Al día siguiente, la demandante retira la demanda, alegando que   había encontrado sus papeles.   11. El 5 de enero de 2016 la policía rehúsa iniciar un proceso penal,   afirmando que, como los documentos habían sido encontrados y S. había   reemplazado el parabrisas roto no se había cometido ningún crimen. El 6 de   junio de 2016 el teniente fiscal, encargado del asunto, ordenó diligencias   adicionales, que terminaron con la emisión de otra decisión en la que se   declinaba enjuiciar a S. por considerar que sus acciones no habían   constituido ningún delito.   12. La demandante decide alejarse de S. y se muda a Moscú. No deja su   nueva dirección, pero en una página web de búsqueda de empleo publica su   CV. Un tal D. la llama y, alegando ser un gerente de recursos humanos, la   cita para una entrevista a las afueras de Moscú.   13. El 21 de enero de 2016 D. la recoge en su coche y ambos se van. En   el camino, S. aparece en la parte trasera del coche y D. le entrega las llaves   del coche. S. le quita a la demandante el móvil y sus efectos personales y le   dice que vuelven a Ulyanovsk.   14. Tras su regreso a Ulyanovsk, el 25 de enero de 2016 S. golpea a la   demandante en la cara y el estómago. Fue llevaba al Hospital Central de   Ulyanovsk, dónde los médicos constataron hematomas en el tejido blando             MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   3 de su cabeza. Además determinaron que estaba embarazada de nueve   semanas pero que tenía riesgo de sufrir un aborto involuntario. Por razones   médicas accede a la inducción del aborto. La demandante se pone en   contacto con la policía para presentar una denuncia contra su agresor.   15. El 29 de enero de 2016 la policía rehúsa iniciar un procedimiento   dada la falta de una denuncia por escrito de la demandante contra S. El 2 de   febrero de 2016 el Teniente Fiscal encargado del asunto solicita diligencias   adicionales.   16. El 31 de marzo de 2016 la policía obtiene una declaración por escrito   de la demandante en la que retira los cargos y se niega a someterse a un   reconocimiento médico forense. El 1 de abril de 2016 la policía rehúsa   iniciar un procedimiento en la ausencia de una demanda por parte de la   perjudicada. El Fiscal obvió la conclusión policial, pero el 29 de junio de   2016 la policía tomó la decisión final de no continuar con la investigación   alegando que no se había cometido ningún crimen.   3. Mayo de 2016: Agresión   17. El 18 de mayo de 2016 S. golpea a la demandante en la cara, la tira   al suelo e intenta estrangularla. Ella va a la policía de Ulyanovsk donde   presenta una denuncia por escrito y toman nota de las lesiones causadas por   su agresor, las cuales consistían en hematomas en el lateral izquierdo de su   rostro y abrasiones en sus hombros, codos, espinillas y muslos.   18. La policía de Ulyanovsk llega a la conclusión de que dichos sucesos   ocurrieron en la Región de Samara por lo que la acusación posterior se   envía a sus compañeros de dicha región. El 9 de agosto de 2016 la policía   de Samara recibe los documentos y solicitan a la demandante llevar a cabo   un reconocimiento médico forense al que ella se niega.   19. El 12 de agosto de 2016 la policía de Samara desiste de iniciar un   procedimiento penal. Después de escuchar a la demandante y a S., llegan a   la conclusión que no se había cometido ningún daño procesable: las   amenazas verbales no eran suficientemente específicas para constituir una   ofensa según el Artículo 119 del Código Penal (Amenaza de muerte o Daño   Físico), y según el Artículo 116 (Lesiones) un solo golpe no es procesable,   se requiere que se inflijan dos o más golpes. El Fiscal obvió la conclusión   policial, pero el 28 de septiembre de 2016 la policía vuelve a tomar la   decisión de no continuar con la investigación en los mismo términos que el   anterior.   4. Julio de 2016: Agresión y atentado contra la vida de la demandante   20. En mayo de 2016 la demandante vuelve a Moscú, dónde espera   poder esconderse de S.           MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   4 21. El 30 de julio de 2016, estando a punto de salir de su casa con su   coche, S. abre la puerta de su vehículo y la agrede. Los vecinos que fueron   testigos de la pelea llamaron a la policía. Ese mismo día la demandante   vuelve a presentar una denuncia contra S., alegando que él se comportó   violentamente y la amenazó de muerte.   22. El 1 de agosto de 2016 la demandante recibe un mensaje de texto de   S., diciéndole que le había dañado el sistema de frenado hidráulico de su   coche. La demandante llama a la policía. Un agente se desplaza hasta allí y   evalúa el alcance de los daños, observando un corte en un conducto de   plástico que contenía un grupo de cables y un charco de líquido transparente   al lado de la rueda trasera derecha.   23. El 8 de agosto de 2016 la policía del distrito Mozhayskiy de Moscú   rehúsa iniciar un procedimiento penal. Descubren que la demandante y S.   “se conocían, habían vivido juntos antes y habían mantenido una residencia   común”, que la demandante no había presentado una evaluación   independiente de los daños causados a su coche, que un solo golpe no es   constitutivo de delito según el Artículo 116 del Código Penal y que las   amenazas verbales no habían sido “reales ni específicas” para ser   enjuiciadas con arreglo al Artículo 119.   24. El 16 de septiembre de 2016 la demandante presenta una apelación   al Tribunal de Justicia del Distrito de Kuntsevskiy en Moscú para solicitar   una revisión de la decisión tomada el 8 de agosto de 2016. La demandante   alega en concreto que la policía no había tenido en cuenta el historial de   mensajes de texto, los cuales demostraban que S. había tenido la intención   de causarle la muerte dañando los frenos de su coche.   25. El 20 de septiembre de 2016 el Fiscal anula la decisión tomada el 8   de agosto de 2016 la cual califica de prematura e incompleta. Ordena a la   policía que consideren los mensajes de texto de S.   26. En un fallo de fecha 14 de octubre de 2016, confirmado en apelación   el 1 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia del Distrito Kuntsevskiy   desestima la demanda de la demandante, al concluir que el asunto queda sin   objeto debido a la decisión del Fiscal de ordenar una investigación   adicional.   27. El 28 de octubre y el 24 de diciembre de 2016 la policía reitera la   decisión en la que rehúsa iniciar un procedimiento contra S. considerando   que sus acciones no eran constitutivas de un delito penal.   5. Septiembre de 2016: Dispositivo de seguimiento   28. En septiembre 2016 la demandante encuentra un dispositivo   electrónico en el forro de su bolso, ella cree que se trata de un dispositivo   GPS colocado por S.             MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   5 29. El 5 de octubre de 2016 la demandante informa de sus sospechas al   Comité de Investigación de Kuntsevskiy en Moscú. El 9 de marzo de 2017   el informe es enviado a la Oficina de Medios Técnicos Especiales de la   Policía Federal (Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД   РФ). Según el Gobierno, adjuntó el informe al expediente, sin iniciar   ninguna investigación. Se inicia una investigación interna.   6. Marzo de 2018: Publicación de fotografías   30. A principios de 2018, S. publica fotografías privadas de la   demandante en una red social sin su consentimiento. El 6 de marzo de 2018   la policía inicia una investigación penal amparada en el Artículo 137 del   Código Penal (violación de la privacidad personal). A fecha de la última   declaración de la demandante en julio de 2018, la investigación no había   llegado a ninguna conclusión.   7. Marzo de 2018: Amenazas y Agresión   31. El 12 de marzo de 2018 la demandante presenta una denuncia en la   policía por las llamadas amenazadoras recibidas por S. la noche anterior y   su presencia inesperada en el portal de su casa esa misma mañana. El 21 de   marzo la policía rehúsa iniciar una investigación penal, concluyendo que las   amenazas de muerte de S. no tienen peligro de llevarse a cabo dado que “[la   demandante] permaneció en su apartamento, mientras [S.] se encontraba en   su coche y no llegó a subir al apartamento”.   32. El 21 de marzo de 2018 a la 1.30 a.m. la demandante llama a un taxi   con la intención de ir a visitar a una amiga. Al poco tiempo de entrar en el   taxi, ella se da cuenta de que S. les sigue en su coche. S. se las arregla para   cortarle el paso al taxi, saca a la demandante del taxi y empieza a arrastrarla   hacia su coche. El conductor del taxi no interviene. La demandante,   temiendo por su vida, le rocía gas lacrimógeno en la cara a S. que la empuja   varias veces, coge su bolso y se aleja en su coche con él. La demandante   acude a la estación de policía y donde presenta una denuncia por escrito de   la agresión y el robo de sus efectos personales, los cuales incluían dos   móviles y sus documentos de identidad. El conductor del taxi hace una   declaración ante la policía.   33. Poco después, S. se presenta en la estación de policía con su abogado   y devuelve el bolso a la demandante, pero no los móviles ni la   documentación. S. alega haber pagado él por los móviles y se los había   dejado usar a la demandante a su discreción. El le había solicitado a la   demandante su devolución a lo que ella se había negado, siendo esa la razón   por la que la había estado siguiendo.         MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   6 34. Al día siguiente la demandante encuentra su documentación en el   buzón. Posteriormente, S. entrega los móviles a la policía, que se los   devuelven a la demandante acusando recibo de los mismos.   35. El 20 de abril de 2018 la policía rehúsa iniciar una investigación   sobre el robo de los móviles alegando que habían sido devueltos a la   demandante. El asunto de las amenazas y agresión fue transferida a la   policía local para su investigación posterior.   36. El 26 de abril de 2018 la policía local decide no incoar   procedimiento referido a las amenazas, por no encontrar evidencias de   delito penal. Bajo su punto de vista, ni las amenazas ni las acciones   efectuadas por S. eran suficientemente creíbles como para llegar a la   conclusión de que la amenaza de muerte fuera “real”.   8. Solicitud de Protección del Estado   37. El 22 de marzo de 2018 la demandante solicita a la policía   protección por parte del Estado, confiando en su condición de parte   perjudicada en la investigación penal sobre la publicación de sus fotografías   (ver párrafo 30 anterior). La solicitud fue reenviada a la sede central de la   policía regional, que emitió un dictamen dirigido al investigador encargado   del asunto con el objeto de concluir que la solicitud no tenía fundamento:   “[N]o se ha podido establecer una amenaza real contra su persona o sus propiedades   por parte de [S.] o sus familiares con relación a su participación [de la demandante] en   el presente procedimiento penal. Las amenazas previamente denunciadas por [la   demandante] son el producto de una hostilidad personal [личных неприязненных   отношений] entre ellos y los celos de [S.]. [S.] está actualmente en Moscú, fuera de   la región de Ulyanovsk y, según él, no tiene planes de volver ...”   38. Sin embargo, como no se había tomado una decisión formal sobre su   denuncia, la demandante presenta una demanda ante un tribunal. El 16 de   abril de 2018 el Tribunal de Justicia del distrito Zavolzhskiy, en Ulyanovsk,   dictaminó que la falta de la adopción de una decisión formal había sido   contraria a la ley. Declinó pronunciarse sobre la cuestión de si el Estado   debía o no conceder protección a la demandante, delegando la decisión   sobre este asunto a la policía.   9. Cambio de Nombre   39. El 30 de agosto de 2018 la demandante consiguió el cambio legal de   su nombre. Ella lo había solicitado al temer por su seguridad, de tal manera   que S. no fuera capaz de encontrarla y monitorizar sus movimientos.           MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   7 B. Información sobre la violencia de género en Rusia   40. La demandante presentó la siguiente información estadística e   investigación sobre la violencia de género en Rusia.   41. Datos estadísticos certificados del Ministerio del Interior sobre   “delitos cometidos en el hogar” (преступления в сфере семейно-бытовых   отношений) demuestran que, en 2015, la policía registró un total de 54.285   de delitos domésticos, en los cuales las víctimas fueron 32.602 mujeres y   9.118 menores. Concretamente, en 2015, se registraron 16.039 casos de   agresiones (Artículo 116 del Código Penal), en los cuales las víctimas   fueron 9.947 mujeres y 6.680 menores de edad. Se registraron otros 22.717   casos de amenazas de muerte o de lesiones graves (Artículo 119 del Código   Penal), respecto a los cuales 15.916 víctimas fueron mujeres y 967 menores.   En 2016, el número total de dichos delitos aumentaron a 65.535, siendo   las víctimas 42.164 mujeres y 8.989 menores. Se registraron 25.948 casos   de agresiones, en los cuales las víctimas fueron 19.068 mujeres y 6.876   menores. El número de amenazas de muerte o de lesiones graves   aumentaron a 21.730, incluyendo 15.820 contra mujeres y 890 contra   menores.   En 2017, el número total de delitos relacionados con la familia se redujo   a 38.311. De los cuales, 24.058 delitos fueron cometidos contra mujeres y   2.432 contra menores. Se cometieron 1.780 casos de agresiones con   agravantes (Artículo 116), siendo 1.450 agresiones en mujeres y 250 en   menores. Se llevaron a cabo 486 casos de “Agresiones reiteradas” (Artículo   116.1), de los cuales 344 víctimas fueron mujeres y 119 menores. Se   registraron 20.848 casos de amenazas de muerte o de lesiones graves,   siendo 15.353 en mujeres y 900 en menores.   42. Un estudio conjunto del Servicio Federal de Estadística de Rusia y el   Ministerio de Sanidad, Salud Reproductiva de la Población Rusa en 2011,   mostró que un 38% de las mujeres rusas habían sido objeto de abusos   verbales y un 20% había sufrido violencia física. En este último grupo, el   26% no había comunicado los hechos a nadie. De las que sí lo hicieron, un   73% había confiado en amigos o familiares, un 10% comunicó el incidente   a la policía, un 6% acudió al médico y un 2% fue a ver un abogado.   43. En la República de Karelia en 2014-15 se realizó un estudio   conjunto del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Población de   la Academia Rusa de Ciencias y el Instituto de Economía del Centro   Científico de Carelia, Violencia en las Familias Rusas del Distrito Federal   Noroeste, en el que encuestaron a 1.439 participantes entre 18 a 64 años. La   mayoría de los participantes (51,4%) habían sufrido violencia doméstica o   sabían de alguien que lo había padecido. En más de la mitad de los casos,   las víctimas de la violencia eran mujeres, seguidas por niños (31,5%),   personas de tercera edad (15%) y hombres (2%).         MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   8 44. ANNA el Centro Nacional para la Prevención de la Violencia, una   organización no gubernamental rusa, realizó un “informe paralelo” para el   Comité CEDAW, proporcionando una evaluación general de la situación de   la violencia doméstica basado en un ejercicio de vigilancia realizado en   Rusia en 2010-15. Indicó que se había registrado violencia de una forma u   otra en una de cada cuatro familias, que dos-tercios de los homicidios eran   atribuibles a motivos relacionados con la familia o el hogar, que alrededor   de unas 14.000 mujeres morían cada año a manos de sus maridos o   familiares y que hasta un 40% de todos los delitos de violencia se cometían   dentro de la familia.   45. Un informe de 2017 del Alto Comisionado de Rusia para los   Derechos Humanos señaló la falta de progreso en buscar la solución al   problema de la violencia doméstica (pp. 167-69, traducido del ruso):   “Las reclamaciones al Alto Comisionado indican que el problema [de violencia   doméstica] es un asunto recurrente... Miles de mujeres y niños sufren conflictos   familiares. Desafortunadamente, no se disponen de datos estadísticos oficiales.   A pesar de la reiteración del asunto, no se ha adoptado una legislación específica   asegurando la prevención y persecución de los delitos dentro de la familia y el hogar.   Desde principios de los años 90, se han elaborado más de cuarenta proyectos de ley,   pero ninguno ha sido promulgado ...   Los casos actuales de violencia contra la mujer están muy latentes. Muchas mujeres   prefieren aguantar o buscar formas de resolver el problema sin involucrar a las   autoridades oficiales, porque no esperan encontrar apoyo en ellas. Lamentablemente,   la práctica ha demostrado que las denuncias de las mujeres por amenazas de violencia   han recibido poca atención.   En diciembre de 2017, el público quedó consternado por un incidente en la región   de Moscú, en el que el Sr. G., tratando de demostrar su posición dominante y   actuando por celos, le amputó las manos a su esposa. Previamente al suceso, él la   había amenazado de muerte y le había dicho que la mutilaría. Dieciocho días antes del   incidente, la mujer había denunciado las amenazas a un inspector de policía del   distrito, que intervino únicamente emitiendo una amonestación…   El Alto Comisionado apoya un debate público sobre si Rusia debe unirse a la   Convención de Estambul del Consejo de Europa ...”   II. DERECHO INTERNO APLICABLE   46. Capítulo 16 del Código Penal ruso abarca los delitos contra la   persona, incluidos el asesinato y el homicidio (Artículos 105 al 109) y tres   niveles de agresión que ocasionan daños corporales (Artículos 111 al 115).   “Lesiones corporales graves” (Artículo 111) puede implicar la amputación   de una parte del cuerpo o la interrupción del embarazo; “lesiones corporales   medias” (Artículo 112) conduce a un trastorno de salud a largo plazo o a la   pérdida de la capacidad laboral, y “lesiones corporales menores” (Artículo   115) implican lesiones que conllevan hasta veintiún días de recuperación.         MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   9 Causar lesiones corporales graves o medias está sujeto a enjuiciamiento de   oficio; las “lesiones corporales menores” son susceptibles de enjuiciamiento   particular, lo que significa que la apertura y el desarrollo del procedimiento   penal es responsabilidad de la víctima, quien tiene que recabar evidencias,   identificar al agresor, presentar las declaraciones de los testigos y plantear   los cargos ante el juez. El procedimiento del enjuiciamiento particular   puede darse por terminado en cualquier etapa si la víctima ha aceptado   retirar los cargos hasta que se dicte sentencia.   47. Otras formas de agredir, las cuales pueden causar daños físicos sin   implicar realmente lesiones corporales, son consideradas como “agresión”   (побои) según el Artículo 116. Esta disposición ha sido enmendada   recientemente en varias ocasiones.   48. Hasta el 3 de julio de 2016 cualquier forma de “agresión” constituía   un delito penal punible con una multa, con trabajos sociales, o hasta tres   meses de cárcel. Las agresiones con agravantes podían ser penalizadas con   un periodo más largo de privación de libertad. La iniciación del   enjuiciamiento del delito era responsabilidad particular de la víctima. La ley   no diferenciaba entre los posibles contextos en los cuales se habían   cometido dichos delitos, ya fuera dentro de la familia o entre extraños.   49. El 3 de julio de 2016 la disposición fue enmendada   considerablemente.   En primer lugar, la forma habitual (sin agravantes) de agresión se   despenalizó y se reclasificó como una delito administrativo.   En segundo lugar, se creó una nueva forma de agresión con agravantes,   la cual incluía agresiones hacia “personas cercanas”, es decir entre   cónyuges, padres, hermanos y parejas de hecho y era punible con privación   de libertad. Ese tipo de agresión pasó a estar sujeta a un régimen de   enjuiciamiento semi “público-privado” que se aplica a algunos otros delitos,   como la violación. El procedimiento debía de iniciarse por iniciativa de la   víctima, pero la investigación y el enjuiciamiento posterior debían de estar a   cargo de las autoridades y no podía interrumpirse, ni siquiera con el   consentimiento de la víctima.   En tercer lugar, se introdujo un nuevo Artículo 116.1 en el Código Penal.   Se creó el nuevo delito de “agresión reiterada” definido como agresión   cometida por una persona que ya había sido condenada por los mismos   hechos en un procedimiento administrativo en los últimos doce meses y   cuyos actos no habían sido constitutivos de una agresión con agravantes   según el Artículo 116. El delito solo puede ser enjuiciado particularmente y   es punible con una multa o hasta tres meses de cárcel.   50. El 7 de febrero del 2017 la mención de “personas cercanas” fue   retirada de la definición de agresión con agravante en el texto del Artículo   116 con el propósito de descriminalizar los actos de agresión cometidos   entre cónyuges, padres o parejas. Actualmente, la única forma que       MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   10   permanece de agresión con agravantes incluye agresiones cometidas por   motivos raciales, étnicos, sociales o de desorden (хулиганские).   III. DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL APLICABLE   A. Normas de aplicación universal sobre la violencia contra la mujer   1. La Convención CEDAW y su interpretación   51. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de   discriminación contra la mujer (“la Convención CEDAW”), la cual Rusia   ratifica el 23 de enero de 1981, proporciona un marco internacional en el   que la violencia de género contra la mujer es vista como la manifestación de   la relación histórica desigual de poderes entre el hombre y la mujer. Las   disposiciones aplicables dicen lo siguiente:   Artículo I   “A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la   mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga   por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la   mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre   y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas   política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”   Artículo 2   “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,   convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política   encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se   comprometen a:   ...   (b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones   correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;   (c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de   igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales   competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra   todo acto de discriminación;   (d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer   y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con   esta obligación;   (e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la   mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;   (f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para   modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan   discriminación contra la mujer;   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   11   (g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan   discriminación contra la mujer.”   Artículo 3   “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas   política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de   carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el   objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades   fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.”   Artículo 5   “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:   (a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con   miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de   cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de   cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres...”   52. El Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la   discriminación contra la mujer, (“el Comité CEDAW”) – el órgano de   expertos de la ONU que supervisa el cumplimiento de la Convención   CEDAW– estableció en su Recomendación General núm. 19 (1992) que   “La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe   gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en   pie de igualdad con el hombre.” (§ 1) y que “La aplicación cabal de la   Convención exige que los Estados Partes adopten medidas positivas para   eliminar todos los aspectos de la violencia contra la mujer” (§ 4). Además   explicó que esa violencia “menoscaba o anula el goce por la mujer de sus   derechos humanos y libertades fundamentales en virtud del derecho   internacional o de convenios específicos de derechos humanos” (§ 7) y   formuló recomendaciones específicas a los Estados Partes, incluida la   recomendación de fomentar la “recopilación de estadísticas y la   investigación acerca del alcance, las causas y los efectos de la violencia y de   la eficacia de las medidas para prevenir y responder a la violencia” (§ 24).   53. En su Recomendación General núm. 28 (2010) sobre las   obligaciones básicas de los Estados partes según el Artículo 2 de la   Convención CEDAW, el Comité CEDAW señaló que “los Estados partes   están obligados a proceder con la diligencia debida para prevenir,   investigar, enjuiciar y castigar esos actos de violencia por motivos de   género” (§ 19).   54. En la Recomendación General núm. 33 (2015) del Comité CEDAW,   relativa al acceso de la mujer a la justicia, se pide a los Estados que   “Adopten medidas para garantizar que las mujeres no se vean sometidas a   demoras indebidas en sus solicitudes de protección y que todos los casos de   discriminación basada en el género comprendidos en el derecho penal,     MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   12   incluida la violencia, sean tramitados de manera oportuna e imparcial” (§   51(j)).   55. En 2017, el Comité CEDAW aprobó la Recomendación General   núm. 35 sobre la violencia de género contra la mujer, actualizando la   Recomendación general núm. 19. Se observó que todos los Estados habían   apoyado la interpretación de la discriminación que figuraba en la anterior   recomendación y la opinio juris y la práctica de los Estados dan a entender   que la prohibición de la violencia por razón de género contra la mujer ha   pasado a ser un principio del derecho internacional consuetudinario (§§ 1-   2). Señaló que “la violencia por razón de género contra la mujer [estaba]   arraigada en factores relacionados con el género, como la ideología del   derecho y el privilegio de los hombres respecto de las mujeres, las normas   sociales relativas a la masculinidad y la necesidad de afirmar el control o el   poder masculinos, imponer los papeles asignados a cada género o evitar,   desalentar o castigar lo que se considera un comportamiento inaceptable de   las mujeres. Esos factores también contribuyen a la aceptación social   explícita o implícita de la violencia por razón de género contra la mujer, que   a menudo aún se considera un asunto privado, y a la impunidad   generalizada a ese respecto” (§ 19). El Comité reafirmó que “la violencia   por razón de género contra la mujer [constituía] una discriminación contra   la mujer con arreglo al artículo 1 y, por lo tanto, [afectaba] a todas las   obligaciones contraídas en virtud de [CEDAW]” (§ 21). Enumeró las   obligaciones de diligencia debida que tienen los Estados Partes con respecto   a los actos y omisiones de los agentes no estatales (§ 24(b)):   “El artículo 2 e) de [CEDAW] prevé explícitamente que los Estados partes deben   comprometerse a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación   contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. Esa   obligación, conocida con frecuencia como una obligación de diligencia debida, sienta   las bases de la Convención en su conjunto y, en consecuencia, los Estados partes   serán considerados responsables en caso de que no adopten todas las medidas   apropiadas para prevenir, investigar, enjuiciar, castigar y ofrecer reparación por los   actos u omisiones de agentes no estatales que den lugar a la violencia por razón de   género contra la mujer… En virtud de la obligación de diligencia debida, los Estados   partes deben adoptar y aplicar diversas medidas para hacer frente a la violencia por   razón de género contra la mujer cometida por agentes no estatales, lo que comprende   contar con leyes, instituciones y un sistema para abordar dicha violencia y garantizar   que funcionan de manera eficaz en la práctica y que cuentan con el apoyo de todos los   agentes y órganos del Estado que hacen cumplir las leyes con diligencia. El hecho de   que un Estado parte no adopte todas las medidas adecuadas para prevenir los actos de   violencia por razón de género contra la mujer en los casos en que sus autoridades   tengan conocimiento o deban ser conscientes del riesgo de dicha violencia, o el hecho   de que no investigue, enjuicie y castigue a los autores ni ofrezca reparación a las   víctimas y supervivientes de esos actos, constituye un permiso tácito o una incitación   a cometer actos de violencia por razón de género contra la mujer. Tales fallos u   omisiones constituyen violaciones de los derechos humanos.” (notas a pie de página   omitidas)     MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   13   56. En V.K. v. Bulgaria (Comunicación núm. 20/2008, 15 de octubre de   2008), el Comité CEDAW considera que “la violencia por motivos de   género configure un caso de discriminación según lo estipulado por el   artículo 2, considerado conjuntamente con el artículo 1, de [CEDAW] y con   la Recomendación general núm. 19, no es preciso que exista una amenaza   directa e inmediata contra la vida o la salud de la víctima” (§ 9.8). Al   evaluar si se debe conceder una orden de protección, los tribunales deben   tener en cuenta todas las formas de violencia contra la mujer, sin despreciar   su sufrimiento emocional y psicológico o el historial previo de violencia   doméstica. Además, el nivel de prueba que se requiere por parte de la   víctima para que se le conceda una orden de protección no debería ser el   mismo que se requiere en las causas penales – es decir más allá de “toda   duda razonable” – porque tal nivel de prueba es excesivamente alto y no   está en línea con la Convención de CEDAW (§ 9.9).   2. Relatores Especiales de las Naciones Unidas   57. El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,   inhumanos o degradantes evalúa la aplicabilidad de la prohibición de la   tortura en el derecho internacional a las experiencias propias de las mujeres   en el informe aprobado en el trigésimo primer período de sesiones del   Consejo de Derechos Humanos, celebrado entre el 29 de febrero y 24 de   marzo de 2016 (A/HRC/31/57). Él reiteró que “es fundamental integrar   plenamente la perspectiva de género en cualquier análisis de la cuestión de   la tortura y los malos tratos para que se reconozcan, se aborden y se   subsanen por completo las violaciones arraigadas en normas sociales   discriminatorias sobre el género y la sexualidad” (§ 6) y que “cuyo un   Estado sabe, o debería haber sabido, que una mujer está en peligro, debe   adoptar medidas positivas para garantizar su seguridad, incluso en los casos   en que la mujer sea reticente a iniciar acciones legales” (§ 12). Declaró:   “55. ... Equivale a malos tratos o tortura cuyo los Estados toleran conductas   prohibidas al no proteger a las víctimas y prohibir tales actos, que conocen o deberían   conocer, en el ámbito privado ... Los Estados son internacionalmente responsables de   los actos de tortura cuyo, por su indiferencia, su inacción o por la pasividad de los   jueces y fiscales, no actúan con la debida diligencia para proteger a las víctimas de   esos actos de violencia o cuyo la legitiman, por ejemplo, al tolerar que los maridos   “castiguen” a sus esposas o al no tipificar como delito la violación conyugal, actos   que pueden ser constitutivos de tortura.   56. La indiferencia, o incluso el respaldo, de la sociedad ante el papel subordinado   que ocupa la mujer, además de la existencia de leyes discriminatorias y de omisiones   frecuentes por parte del Estado de su deber de castigar a los responsables y proteger a   las víctimas, crean unas condiciones en las que las mujeres pueden ser objeto de un   sufrimiento físico y mental sistemático, aunque parezca que pueden oponer   resistencia. En este contexto, la tolerancia del Estado a la violencia doméstica puede   adoptar múltiples formas, aunque algunas pueden ser sutilmente encubiertas       MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   14   (A/HRC/7/3). La justificación de la violencia doméstica y la actitud tolerante con   respecto a esta, que se ponen de manifiesto con la ineficacia judicial discriminatoria,   concretamente con la incapacidad mostrada para investigar, enjuiciar y castigar a los   autores de los delitos, pueden crear un clima que propicie la violencia doméstica y   constituya una denegación continuada de la justicia a las víctimas que equivaldría a   una violación permanente de los derechos humanos por parte del Estado.”   58. En su informe sobre la violencia contra la mujer, sus causas y   consecuencias aprobado en el trigésimo quinto período de sesiones del   Consejo de Derechos Humanos celebrado entre el 6 y el 23 de junio de   2017, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la   mujer identificó los elementos clave de un enfoque de las medidas de   protección basado en los derechos humanos:   “112. Los Estados realizarán las enmiendas necesarias en la legislación nacional a   fin de garantizar que las órdenes de protección sean debidamente aplicadas por los   funcionarios públicos y puedan obtenerse fácilmente.   a) Los Estados velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para   dictar órdenes de protección con respecto a todas las formas de violencia contra la   mujer. Las órdenes deben ser fácilmente accesibles y debe velarse por su   cumplimiento para proteger el bienestar y la seguridad de las personas que se   encuentran bajo su protección, incluidos los niños.   b) También debería ser posible dictar órdenes de protección inmediata a petición de   la víctima en caso de peligro inminente de violencia (órdenes de emergencia), que   deberían permanecer vigentes hasta que entre en vigor una orden de protección de   más largo plazo tras una audiencia judicial. Dichas órdenes de emergencia deberían   basarse en la declaración de la víctima, ya que recabar nuevas pruebas puede dar lugar   a retrasos que expongan a la víctima a un riesgo mayor. Por regla general, deberían   ordenar al maltratador abandonar la residencia de la víctima durante un período de   tiempo suficiente y prohibirle entrar en la residencia o ponerse en contacto con la   víctima.   c) Las órdenes de protección deben: i) ser accesibles de forma independiente o   acumulable a otros procedimientos judiciales, como los procedimientos penales o de   divorcio contra el maltratador; ii) no deben depender del inicio de una causa penal; iii)   y deben poder introducirse en los procedimientos judiciales subsiguientes. Puesto que   muchas formas de violencia, en particular de violencia doméstica, son líneas de   conducta que se producen durante un espacio prolongado de tiempo, no se deberían   imponer límites de tiempo estrictos al acceso a las órdenes de protección. El grado de   prueba exigible a la solicitante de una orden de protección no debería ser el mismo   que el exigible en las causas penales.   d) En cuanto al contenido, las órdenes de protección pueden ordenar al maltratador   que abandone la vivienda familiar y que se mantenga alejado a una distancia   específica de la víctima y sus hijos (y otras personas, si procede) y de determinados   lugares, y prohibirle que se ponga en contacto con la víctima. Puesto que las órdenes   de protección no deberían suponer una carga económica o administrativa excesiva   para la víctima, también pueden ordenar al maltratador que le proporcione asistencia   financiera.”     MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   15   3. Consejo de Europa   59. La Recomendación Rec (2002)5 adoptada por el Comité de Ministros   el 30 de abril de 2002 sobre la protección de las mujeres contra la violencia   definió el término “violencia contra la mujer” como “cualquier acto violento   por razón del género que resulta, o podría resultar, en daño físico, sexual o   psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de   realizar tales actos, coacción o la privación arbitraria de libertad”   (Apéndice, § 1). En la esfera del derecho penal, se estableció que los   Estados miembros debían “disponer las medidas y sanciones adecuadas en   la legislación nacional, haciendo posible que se tomen acciones rápidas y   eficaces contra quienes realicen actos violentos y paliar el daño hecho a las   mujeres que son víctimas de la violencia.” (§ 35). En lo que respecta a los   procedimientos judiciales, los Estados miembros deberían en particular   “establecer disposiciones para asegurar que los procedimientos penales   puedan ser emprendidos por el fiscal” (§ 39) y “asegurar que el objetivo de   las medidas que se tomen sea el de proteger eficazmente a las víctimas   frente a posibles amenazas o acciones vengativas” (§ 44). Entre las medidas   adicionales relativas a la violencia dentro de la familia, los Estados   miembros deberían “clasificar todas las formas de violencia dentro de la   familia como delito penal” (§ 55) y “permitir que la judicatura adopte, como   medidas provisionales dirigidas a la protección de las víctimas, la   prohibición del contacto, comunicación o acercamiento del autor a la   víctima, así como que resida o entre en ciertas zonas definidas” (§ 58 (b)).   60. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra   la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (“la Convención de   Estambul”) fue publicado para su aprobación el 11 de mayo de 2011 y entró   en vigor el 1 de agosto de 2014. Rusia es uno de los dos Estados miembros   que no han firmado el Convenio de Estambul. La definición de la “violencia   contra las mujeres” en el Artículo 3 es idéntica la a definición encontrada en   el párrafo 1 de la Recomendación (2002)5. La definición de “Violencia   doméstica” incluye “todos los actos de violencia física, sexual, psicológica   o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o   parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor   del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima”.   B. Material relacionado con la violencia contra las mujeres en Rusia   61. Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva   De Género: La Violencia contra la Mujer, un informe de la Relatora   Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias,   realizado tras su visita a la Federación de Rusia entre el 17 al 24 de       MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   16   diciembre de 2004 (E/CN.4/2006/61/Add.2), tomó nota de la magnitud del   problema de la violencia doméstica:   “26. Aunque las estadísticas sobre la violencia doméstica en particular y la violencia   contra la mujer en general son incongruentes, los datos existentes revelan un   preocupante aumento de la violencia doméstica desde el colapso de la Unión   Soviética. Según informes, el 80 por ciento de los delitos violentos contra la mujer   son casos de violencia doméstica. Entre 1994 y 2000, el número de casos denunciados   aumentó en un 217 por ciento llegando a 169.000 en total. Durante un período de 10   meses en 2004, el Ministerio del Interior registró 101.000 delitos relacionados con la   familia, lo que representa un aumento del 16 por ciento con respecto al año anterior.   En el informe del Estado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la   Mujer (CEDAW) en 1999 se reconoció que 14.000 mujeres eran asesinadas   anualmente por sus maridos u otros miembros de la familia. El informe continúa   diciendo que "la situación se agrava por la falta de estadísticas y, de hecho, por la   actitud de los organismos de orden público ante este problema, ya que consideran que   dicha violencia no es un delito, sino "un asunto privado" entre los cónyuges".   (CEDAW/C/USR/5, para. 6 [en la página 38]).   27. ...la causa principal está enraizada en normas y valores patriarcales. En muchas   reuniones celebradas por el Relator Especial, las autoridades hacen referencia a un   antiguo proverbio ruso, "¡un hombre que golpea es un hombre que ama!". Debido a   los fuertes valores patriarcales, en Rusia se considera que los maridos son   generalmente superiores a sus esposas con el derecho de ejercer control sobre ellas,   legitimando la opinión general de que la violencia doméstica es un asunto privado. A   menudo se culpa a las mujeres por haber provocado la violencia ...   28. ... grupos de mujeres afirman que la violencia doméstica sigue siendo raramente   denunciada, poco registrada y en gran medida ignorada por las autoridades. Además,   el estigma social está relacionado con la violencia sexual y doméstica, presionando a   las víctimas para que guarden silencio y "lo resuelvan" dentro de la familia. Este   estigma conlleva a una débil presión pública para la acción del Estado, lo que puede   explicar por qué el problema es de poca importancia en la agenda del Estado. ...   36. La falta de una ley específica sobre la violencia doméstica en Rusia es un gran   obstáculo para combatir esta violencia. Aunque la Duma Estatal ha evaluado hasta 50   proyectos de ley sobre la violencia doméstica, ninguno ha sido aprobado. El   Ministerio de Asuntos Exteriores atribuye esto a las repercusiones financieras de los   proyectos de ley; sin embargo, los miembros de la Comisión de la Mujer, el Niño y la   Familia de la Duma Estatal indicaron que la violencia contra la mujer no es una   prioridad para el Estado y que la mayoría de los opositores del proyecto de ley   afirman que duplicaría las disposiciones legales existentes. Afirman que los autores de   la violencia doméstica pueden ser enjuiciados en virtud de los artículos 111 a 115 del   Código Penal ruso, que tipifican como delito infligir daños intencionales a otra   persona ... Sin embargo, según los grupos de mujeres, estas disposiciones suelen   interpretarse de una manera demasiado estricta como para aplicarlas a los casos de   violencia doméstica, lo que dificulta el castigo a los agresores.   38. La falta de legislación específica contribuye a la impunidad de los delitos   cometidos en la vida privada. Disuade a las mujeres de buscar un recurso y refuerza la   falta de voluntad de la policía, o incluso su negativa, de abordar seriamente el   problema, ya que no lo consideran un delito. Se informa de que los agentes de policía,   cuando se les llama, pueden negarse a acudir a la escena, incluso en situaciones   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   17   críticas. Cuando acuden, pueden que no registren la denuncia o arresten al agresor,   sino que presionen a la pareja para que concilien sus diferencias. En el proceso, el   caso queda sin registrar y la víctima puede no recibir el tratamiento médico necesario   por sus lesiones.   39. Cuando las mujeres se muestran decididas a presentar una denuncia, los agentes   supuestamente retrasan el proceso de tramitación o lo dificultan. En los informes, la   policía también culpa a las víctimas y las trata de manera discriminatoria y   degradante. Algunas mujeres también han informado de abusos en las comisarías de   policía cuyo han ido a presentar la denuncia. Bajo estas circunstancias, la   investigación de las denuncias parece improbable...   40. ... Si la policía procede a la detención del agresor, normalmente lo mantiene   detenido menos de un día, o algo más en caso de “casos serios” , para luego liberarlo   sin cargos. Cuando regresa a casa, puede cometer incluso actos de violencia peores   por venganza. Sin un sistema de órdenes de restricción o de protección civil, los   funcionarios locales carecen de un mecanismo jurídico para proteger a la víctima de   nuevos actos de violencia una vez que el agresor ha sido puesto en libertad.   41. Debido a la inacción de la policía, muchas víctimas de la violencia doméstica   no presentan denuncias; el 40 por ciento de las mujeres víctimas de la violencia   doméstica nunca buscan ayuda de los organismos policiales. En los casos registrados,   las víctimas suelen retirar su denuncia debido a la falta de confianza en el sistema de   justicia, la dependencia económica o las amenazas del agresor, el temor a perder la   custodia de sus hijos o el estigma social relacionado con la violencia doméstica. Por lo   tanto, muy pocas denuncias llegan a los tribunales o dan lugar a enjuiciamiento ... "   62. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó   el quinto informe periódico de la Federación de Rusia sobre la aplicación   del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales   (E/C.12/RUS/5), aprobado por el Comité de Derechos Económicos,   Sociales y Culturales de Naciones Unidas el 20 de mayo de 2011, observó   con preocupación “la persistencia de la violencia doméstica” y recomendó   aprobar “un instrumento legislativo específico para tipificar como delito la   violencia doméstica” (§ 22).   63. Las   observaciones   finales   sobre   el   quinto   informe   periódico de la Federación de Rusia (CAT/C/RUS/CO/5), aprobadas por el   Comité contra la Tortura de Naciones Unidas el 22 de noviembre de 2012,   incluyeron entre sus principales temas de preocupación la violencia contra   las mujeres:   “14. Al Comité le preocupa que, pese a las numerosas informaciones sobre muchas   formas de actos de violencia cometidos contra la mujer en todo el Estado parte, solo   haya habido un pequeño número de denuncias, instrucciones y enjuiciamientos por   actos de violencia doméstica y de violencia contra la mujer, incluida la violación   conyugal. También le inquietan las afirmaciones en el sentido de que las fuerzas del   orden se niegan a inscribir en los registros las denuncias de violencia doméstica, así   como el hecho de que las mujeres que piden que se proceda a una instrucción penal de   las denuncias de violencia doméstica sean obligadas a participar en procesos de   conciliación. Asimismo, el Comité está preocupado por el hecho de que la legislación       MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   18   del Estado parte no contenga una definición de la violencia doméstica (arts. 1, 2, 11,   13 y 16).”   64. Las observaciones finales sobre el octavo informe periódico de la   Federación de Rusia (CEDAW/C/RUS/CO/8), que el Comité CEDAW   aprobó el 27 de octubre de 2015, observó que la violencia contra las   mujeres continuaba siendo una de las principales áreas de preocupación:   “21. El Comité sigue preocupado por la alta prevalencia de la violencia contra la   mujer, en particular de la violencia doméstica y sexual, en el Estado parte y por la   falta de información estadística, desglosada por edad, nacionalidad y relación entre la   víctima y el agresor, y estudios sobre sus causas y consecuencias. Aunque se hace eco   de la información facilitada por la delegación durante el diálogo según la cual el   proyecto de ley sobre la violencia doméstica se encuentra actualmente en su segunda   lectura parlamentaria, el Comité expresa preocupación porque no se denuncien todos   los casos de violencia contra la mujer, al considerarse un asunto privado, y que los   servicios de protección a las víctimas, como los centros de crisis y albergues, resulten   insuficientes.   22. Recordando su recomendación general núm. 19 (1992) sobre la violencia contra   la mujer, el Comité insta al Estado parte a que:   (a) Apruebe una legislación general para prevenir y combatir la violencia contra la   mujer, incluida la violencia doméstica, introduzca el enjuiciamiento de oficio de los   actos de violencia doméstica y sexual, y garantice que las mujeres y las niñas víctimas   de la violencia tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección y que   los autores sean enjuiciados y castigados adecuadamente...   (d) Recopile datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados   por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y el agresor.”   65. En O.G. v. la Federación de Rusia (Comunicación núm. 91/2015,   6 de noviembre de 2017), el Comité CEDAW consideró que al no investigar   una denuncia presentada por la Sra. O.G. de amenazas de muerte y   amenazas de violencia procedentes de su ex pareja con “prontitud y de   manera adecuada y efectiva la denuncia de la autora por amenazas de   muerte y amenazas de violencia y al no haberse abordado su caso teniendo   en cuenta las cuestiones de género, las autoridades [rusas] permitieron que   su razonamiento se viera influenciado por los estereotipos” (§ 7.6).   El Comité consideró que “ el hecho de que una víctima de violencia   doméstica tenga que recurrir a la acción penal privada, en cuyo caso la   carga de la prueba recae enteramente sobre ella, es una denegación del   acceso a la justicia de la víctima, como se observa la recomendación núm.   33 en el párrafo 15 (g)”. También observa que ciertas modificaciones   recientes del Artículo 116 del Código Penal despenalizan la agresión “al no   haber una definición de “violencia doméstica” en la legislación rusa, están   mal orientadas y derivan en la impunidad de los perpetradores de tales actos   de violencia doméstica.” (§ 7.7).   El Comité consideró que “el hecho de que el Estado parte no haya   modificado su legislación relativa a la violencia doméstica afectó       MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   19   directamente a la posibilidad de que [Sra. O.G.] dispusiera de medios para   exigir justicia y tener acceso a vías de recurso y protección eficaces” (§ 7.8)   y que la Sra. O.G. “fue sometida a temor y angustia cuyo quedó sin   protección del Estado mientras era objeto de persecución constante por su   agresor y fue expuesta de nuevo a un gran trauma cuyo el órgano estatal,   que debería haber sido su protector, la policía en particular, en cambio   rehusó ofrecerle protección y le negó su condición de víctima.” (§ 7.9).   El Comité concluyó que Rusia había violado los derechos que asisten a la   Sra. O.G. en virtud de los artículos 1, 2 b) a g), 3 y 5 a) CEDAW (§ 8);   haciendo un número de recomendaciones a las autoridades rusas,   incluyendo el restablecimiento de la disposición de que la violencia   domestica sea objeto de procesamiento penal (§ 9 (b)(ii)).   66. “I Could Kill You and No One Would Stop Me”. Weak State   Response to Domestic Violence in Russia, un informe publicado por Human   Rights Watch en octubre de 2018, declaraba:   “Según una evaluación de 2008 realizada por el Ministerio del Interior, la   evaluación más reciente disponible, hasta el 40 por ciento de todos los crímenes   violentos graves en Rusia se cometen dentro de la familia, y una de cada cuatro   familias en Rusia sufre violencia. Entre mujeres que respondieron a una encuesta de   opinión de 2016, el 12 por ciento dijeron que sufrieron agresiones por parte de su   actual o anterior marido o pareja (a menudo, un 2 por ciento; varias veces, un 4 por   ciento; una o dos veces, un 6 por ciento) ...   Aunque algunos organismos estatales rusos guardan algunos datos sobre la violencia   dentro de la familia, el gobierno no recoge sistemáticamente información sobre el   maltrato doméstico, y las estadísticas oficiales son escasas, fragmentadas y poco   claras. La falta de una ley sobre la violencia doméstica o una definición jurídica de la   violencia doméstica impide la categorización de los abusos como tales, por lo que   contribuye a la ausencia de estadísticas específicas. ...   Es probable que el número real de víctimas sea mucho mayor de lo que indican los   datos anteriores, debido a varios factores. En primer lugar, las cifras mencionadas   anteriormente abarcan sólo los casos en que se iniciaron procedimientos penales: no   reflejan el número real de denuncias a la policía o los casos en que la policía se negó a   iniciar una investigación penal o dio instrucciones a las mujeres para que presentaran   una denuncia ante un juez de primera instancia para su acusación privada.   En segundo lugar, la violencia doméstica no se denuncia en todo el mundo, ni tan si   quiera en Rusia. Los estudios oficiales sugieren que sólo alrededor del 10 por ciento   de los sobrevivientes de la violencia doméstica en Rusia informan de los incidentes de   violencia a la policía. Según las estimaciones de los expertos, entre el 60 y el 70 por   ciento de las mujeres que sufren violencia familiar no la denuncian ni buscan ayuda.   Además, grupos de expertos, grupos de derechos y proveedores de servicios que   fueron entrevistados para este informe dijeron a Human Rights Watch que la policía   rusa rara vez abre casos penales por denuncias de violencia doméstica y, aun cuyo lo   hace, la mayoría de los casos penales se abandonan antes de que puedan conducir a   una condena ...   Según las estadísticas proporcionadas por el Departamento de Justicia de la Corte   Suprema, el castigo por delitos de agresión se hizo más frecuente tras la     MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   20   despenalización. En 2015 y 2016, 16.198 y 17.807 personas, respectivamente, fueron   condenadas por agresión criminal (sin agravantes). A lo largo de 2017, 113.437   personas fueron condenadas por agresión como delito administrativo. Estos datos no   diferencian entre la agresión dentro de la familia y en otras circunstancias.   También según datos oficiales, en 2017, la mayoría de los agresores, 90.020 de   113.437, fueron multados. Sin embargo, varias mujeres señalaron a Human Rights   Watch que cuyo un tribunal dictaba una multa a sus abusadores, éstos la pagaban con   cargo a la cuenta bancaria compartida con la familia.”   LA LEY   I. PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3 Y 13 DE LA   CONVENCIÓN   67. La demandante denunció que las autoridades nacionales no la habían   protegido del maltrato -que consistían en actos repetidos de violencia   doméstica-, prohibidos por el Artículo 3 de la Convención, y por no haber   hecho responder al agresor de sus actos. También alegó una violación del   Artículo 13 de la Convención, junto con el Artículo 3, debido a las   deficiencias del marco jurídico nacional y a la ausencia de disposiciones   jurídicas que regulen la violencia doméstica, como las órdenes de   alejamiento. Las partes relevantes de las disposiciones de la Convención   dicen lo siguiente:   Artículo 3   “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes ...”   Artículo 13   “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en [el] Convenio hayan   sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia   nacional ...”   A. Declaraciones de las partes   68. El Gobierno hizo hincapié en que la agresión a una persona   independientemente de su sexo era un delito penal en Rusia, tanto si la   acción la llevaba a cabo un miembro de la familia, una pareja o un tercero.   En su declaración, la violencia doméstica no constituía un delito distinto,   sino que entrañaba actos violentos que provocaban daños corporales o   sufrimientos físicos o mentales. El Gobierno enumeró las disposiciones del   Código Penal que preveían sanciones por lesiones corporales, agresiones y   amenazas de muerte, y afirmó que el número de esas disposiciones era   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   21   suficiente para que las partes perjudicadas pudieran solicitar la protección   de la ley. Señaló que los delitos de lesiones corporales menores y de   agresión (Artículo 115(1) y 116 del Código Penal) son delitos privados, lo   que significa que la policía no puede iniciar un procedimiento de oficio en   ausencia de una denuncia de la víctima, incluso si se tienen indicios claros   de un delito. Las diligencias también estaban sujetas a la terminación   obligatoria del procedimiento en caso de que la víctima accediera a resolver   el asunto. El requisito de una denuncia formal presentada por parte de la   víctima complicaba el enjuiciamiento de los delitos relacionados con las   agresiones y los malos tratos a las mujeres. Dichos delitos son cometidos   con frecuencia en el seno de la familia, en ausencia de testigos, y las   mujeres que sufren de parejas violentas no suelen acudir a los tribunales. El   Gobierno afirmó que las autoridades rusas habían adoptado todas las   medidas jurídicas necesarias para establecer la veracidad de las alegaciones   de la demandante, incluso realizando “investigaciones previas a la   investigación”. Las autoridades se habían negado a iniciar un procedimiento   penal porque no se había demostrado la presunta conducta violenta de S. ni   del daño corporal que había causado a la demandante. La demandante no   había demostrado su afirmación de que la investigación había sido ineficaz.   No había presentado denuncias para poner en marcha el procedimiento de   acusación privada, había retirado sus otras denuncias y no había presentado   ningún asunto ante un tribunal. También se había negado a someterse a un   reconocimiento médico y había retirado los cargos contra S. La demandante   podría haber presentado una demanda civil contra S., solicitando una   indemnización por el daño psicológico, pero no se había acogido a ese   recurso. En resumen, el Gobierno consideró que no había habido ninguna   violación de los artículos 3 ó 13 de la Convención.   69. La demandante declaró que era víctima de violencia doméstica grave   y reiterada que constituía un trato inhumano y degradante. Una evaluación   realizada por un psiquiatra independiente, determinó que sufría de un grave   trauma psicológico derivado tanto de la violencia infligida como de sus   sentimientos de impotencia ante ella. Las autoridades rusas no lograron   establecer un marco legislativo para hacer frente a la violencia doméstica e   investigar y enjuiciar los malos tratos a la demandante con arreglo a las   disposiciones de derecho penal vigentes. Durante más de dos años no   iniciaron ni una sola vez una investigación penal, a pesar de la gravedad de   sus alegaciones, la naturaleza repetida de la violencia y la genuina amenaza   a su vida. La demandante proporcionó ejemplos concretos de las   deficiencias contenidas en la respuesta de las autoridades a sus denuncias,   entre ellas el hecho de que no le notificaran las decisiones de procedimiento   adoptadas en respuesta a su denuncia, la programación de reconocimientos   médicos muchos meses después de los hechos y la limitación de sus   investigaciones a la obtención de explicaciones de S. Incluso el delito de   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   22   agresión contra “personas cercanas” había entrado brevemente en el   régimen de la fiscalía (entre julio de 2016 y enero de 2017), las tres   denuncias que la demandante había presentado en ese período no habían   dado lugar a que las autoridades iniciaran una investigación penal. El   régimen jurídico actual, en virtud del cual la agresión es un delito no penal   desde enero de 2017 y sólo se puede enjuiciar privadamente en caso de que   el agresor haya sido declarado culpable del mismo delito en un   procedimiento administrativo en los doce meses anteriores, es inadecuado   para hacer frente a la violencia doméstica. Los casos de acusación privada   eran excesivamente onerosos para una víctima, que debía actuar como su   propio investigador, fiscal y defensor. En estos casos, la reconciliación se   consideraba un objetivo primordial, dejando a la víctima expuesta a la   presión de su agresor. Alrededor del 90% de los casos de acusación privada   se suspendieron, ya sea debido a la conciliación o al incumplimiento de los   requisitos legales. En 2015, hubo 2,37 millones de denuncias de agresión,   pero sólo 26.212 casos dieron lugar a una condena penal. En 2017, de un   total de 164.000 casos de agresión, sólo 7.000 fueron objeto de una   investigación penal. La demandante señaló que tras despenalizarse el delito   de agresión, las autoridades no hicieron responsable a S., ni siquiera en   virtud del derecho administrativo. También subrayó que en la legislación   rusa no existía nada ni remotamente parecido a una orden de protección y   que las autoridades rusas no habían podido ofrecerle ninguna protección   significativa durante los dos años de violencia.   B. Admisibilidad   70. El Tribunal considera que esta parte de la demanda no es   manifiestamente infundada según el Artículo 35 § 3 a) de la Convención o   inadmisible por cualquier otro motivo. Por lo tanto, debe ser declarada   admisible.   C. Méritos   1. Consideraciones generales   71. El Tribunal reitera que la cuestión de la violencia doméstica, que   puede adoptar diversas formas -desde la agresión física hasta el abuso   sexual, económico, emocional o verbal- trasciende las circunstancias de un   caso individual. Se trata de un problema general que afecta, en distinta   medida, a todos los Estados miembros y que no siempre sale a la luz, ya que   normalmente se produce en el ámbito de las relaciones personales o en   círculos cerrados y puede afectar a distintos miembros de la familia, aunque   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   23   una abrumadora mayoría de las víctimas son mujeres (ver Opuz v. Turquía,   núm. 33401/02, § 132, ECHR 2009).   72. La especial vulnerabilidad de las víctimas de la violencia doméstica   y la necesidad de que el Estado participe activamente en su protección, se   han destacado en varios instrumentos internacionales y en la jurisprudencia   de la Corte (ver Opuz, anteriormente citado, §§ 72-86; Bevacqua y S. v.   Bulgaria, núm. 71127/01, §§ 64-65, 12 de junio de 2008; y Hajduová v.   Slovakia, núm. 2660/03, § 46, 30 de noviembre de 2010).   2. Análisis del asunto actual   (a) Si la demandante fue sometida a un tratamiento que contravenía el   Artículo 3   73. Los malos tratos deben alcanzar un nivel mínimo de gravedad para   que entren en el ámbito de aplicación del Artículo 3. La evaluación de si se   ha alcanzado ese mínimo depende de muchos factores, entre ellos la   naturaleza y el contexto del maltrato, su duración y sus efectos físicos y   psicológicos, además del sexo de la víctima y la relación entre ésta y el   responsable del maltrato. Aún cuando no se produzcan lesiones corporales   reales o sufrimientos físicos o psicológicos graves, los tratos que humillen o   degraden a una persona, que muestren falta de respeto o disminuyan su   dignidad humana, o que susciten sentimientos de temor, angustia o   inferioridad capaces de quebrantar la resistencia moral y física de una   persona, pueden calificarse de degradantes y también entran dentro de la   prohibición establecida en el Artículo 3. Cabe mencionar que puede ser   suficiente con que la víctima se sienta humillada según su parecer, aunque   no lo sea a la vista de los demás (ver Bouyid v. Bélgica [GC], núm.   23380/09, §§ 86-87, ECHR 2015).   74. Volviendo a las circunstancias del presente asunto, el Tribunal   constata que la violencia física sufrida por la demandante a manos de S. se   registró en documentos médicos, así como en informes policiales. En al   menos tres ocasiones S. la agredió, dándole patadas y golpes en la cara y el   estómago, incluso cuando estaba embarazada (ver párrafos 14, 17 y 21   anteriores). En particular hubo una patada muy fuerte en el estómago que   provocó la interrupción prematura de su embarazo. Esos hechos, tomados   por sí solos, alcanzan el nivel de gravedad requerido en virtud del Artículo 3   de la Convención. Además de las lesiones físicas, el Tribunal ha reconocido   que el daño psicológico es un aspecto importante de la violencia doméstica   (ver Valiulienė v. Lituania, núm. 33234/07, § 69, 26 de marzo de 2013).   75. La demandante presentó múltiples denuncias a la policía por la   conducta amenazante de S., lo que ocasionó que viviera temiendo por su   seguridad. Las evidencias de ese temor pueden hallarse en los repetidos   intentos de la demandante de alejarse de él y buscar refugio en Moscú, lejos       MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   24   de su ciudad natal de Ulyanovsk (ver párrafos 12 y 20 anteriores). S. la   siguió y acosó, llevándola de vuelta a Ulyanovsk contra su voluntad,   colocando un rastreador GPS en su bolso y acosándola frente a su domicilio   (ver párrafos 13, 28 y 31 anteriores). Trató de castigarla por lo que   consideraba un comportamiento inaceptable amenazándola de muerte y   causando daños o quitándole sus bienes y documentos de identidad (ver   párrafos 10, 22 y 32 anteriores). La publicación de sus fotografías privadas   socavó aún más su dignidad, transmitiendo un mensaje de humillación y   falta de respeto (ver párrafo 30 anterior). Los sentimientos de miedo,   ansiedad e impotencia que la demandante debió de sufrir en relación con el   comportamiento controlador y coercitivo por parte de él, constituyeron un   trato considerablemente inhumano en el sentido del artículo 3 de la   Convención (ver Eremia v. República de Moldavia, núm. 3564/11, § 54, 28   de mayo de 2013).   (b) Si las autoridades desempeñaron las obligaciones que les incumben en   virtud del Artículo 3   76. Una vez que se ha demostrado que los hechos han alcanzado el   umbral de gravedad que da lugar a la protección del Artículo 3 del   Convenio, el Tribunal tiene que examinar si las autoridades del Estado   cumplieron con sus obligaciones en virtud del artículo 1 del Convenio, en   relación con el artículo 3, para garantizar que los individuos bajo su   jurisdicción estén protegidos contra todas las formas de malos tratos,   incluso cuando dichos tratos son realizados por particulares.   77. Estas obligaciones, que están interrelacionadas, incluyen:   (a) la obligación de establecer y aplicar en la práctica un marco jurídico   adecuado que ofrezca protección contra los malos tratos por parte de los   particulares;   (b) la obligación de adoptar las medidas razonables que cabría esperar a   fin de evitar un riesgo real e inmediato de malos tratos que las autoridades   conocían o debían conocer, y   (c) la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva cuando se ha   presentado una denuncia cuestionable de malos tratos (ver Bevacqua y S.,   anteriormente citado, § 65; Opuz, anteriormente citado, §§ 144-45 y 162-65;   Eremia, anteriormente citado, §§ 49-52 y 56; Valiulienė, anteriormente   citado, §§ 74-75; Rumor v. Italia, núm. 72964/10, § 63, 27 de mayo de   2014; Talpis v. Italia, núm. 41237/14, §§ 100-06, 2 de marzo de 2017; y   Bălşan v. Rumania, núm. 49645/09, § 57, 23 de mayo de 2017).   (i) La obligación de establecer un marco jurídico   78. En primer lugar el Tribunal examinará si el ordenamiento jurídico   ruso contiene mecanismos legales adecuados para la protección contra la   violencia doméstica y su aplicación en la práctica. Existe un acuerdo   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   25   internacional común sobre la necesidad de adoptar medidas jurídicas y de   otro tipo para proporcionar a las víctimas de la violencia doméstica una   protección y seguridad eficaz (ver las autoridades a las que se hace   referencia en Opuz, anteriormente citado, §§ 72-86 y 145, así como los   párrafos 57 y 58 anteriores). La obligación del Estado en los casos en que se   produzcan actos de violencia doméstica exigirá normalmente que las   autoridades nacionales adopten medidas acordes a la protección del derecho   penal. Dichas medidas incluirían, en concreto, la penalización de los actos   de violencia dentro de la familia mediante el establecimiento de sanciones   efectivas, proporcionadas y disuasorias. Llevar a los responsables de actos   violentos ante la justicia contribuye a garantizar que las autoridades   competentes no hagan caso omiso de tales actos y que ofrezcan una   protección eficaz contra los mismos (ver A. v. Croacia, núm. 55164/08,   § 67, 14 de octubre de 2010; Valiulienė, anteriormente citado, § 71; Eremia,   anteriormente citado, § 57; y Ž.B. v. Croacia, núm. 47666/13, § 50, 11 de   julio de 2017).   79. El Tribunal ha aceptado que diferentes soluciones legislativas en la   esfera del derecho penal podrían cumplir el requisito de un mecanismo   jurídico adecuado para la protección contra la violencia doméstica, siempre   y cuando la protección siga siendo eficaz. Por lo tanto, se ha comprobado   que la ley moldava establece sanciones penales específicas por la comisión   de actos de violencia contra miembros de la propia familia y dispone de   medidas de protección para las víctimas de la violencia, así como sanciones   contra las personas que se nieguen a acatar las decisiones de los tribunales   (ver Eremia, anteriormente citado, § 57, y Mudric v. República de   Moldavia, núm. 74839/10, § 48, 16 de julio de 2013). En lo que respecta a   Croacia, Lituania y Rumania, se ha constatado que al tipificar la violencia   doméstica como forma agravante de otros delitos y al adoptar medidas   específicas para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, las   autoridades han cumplido con su obligación de establecer un marco jurídico   que permita a las víctimas de la violencia doméstica denunciar dichos actos   y buscar protección (ver E.M. v. Rumania, núm. 43994/05, § 62, 30 de   octubre de 2012; Ž.B. v. Croacia, anteriormente citado, §§ 54-55, y   Valiulienė, anteriormente citado, § 78).   80. Rusia no ha promulgado legislación específica para abordar la   violencia que se produce en el contexto familiar. Ni tampoco una ley sobre   la violencia doméstica - a la que el Comité CEDAW se refirió en su informe   de 2015 (ver párrafo 64 anterior) – ni se han adoptado nunca otras leyes   similares. El concepto de “violencia doméstica” o cualquiera de sus   equivalentes no está definido ni mencionado de ninguna forma en la   legislación rusa. La violencia doméstica no es un delito independiente en el   Código Penal ni en el Código de Infracciones Administrativas. Tampoco se   ha tipificado como agravante de ningún otro delito, salvo durante un breve   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   26   período entre julio de 2016 y enero de 2017, en el que el infligir palizas a   “personas cercanas” se trató como elemento agravante de la agresión en   virtud del artículo 116 del Código Penal (ver párrafo 49 anterior). Por lo   demás, el Código Penal ruso no hace ninguna distinción entre la violencia   doméstica y otras formas de violencia contra la persona, y la regula   mediante disposiciones relativas a los daños a la salud de la persona u otros   actos afines, como el asesinato, las amenazas de muerte o la violación.   81. El Tribunal no está de acuerdo con la afirmación del Gobierno de   que las disposiciones penales vigentes son capaces de tipificar   adecuadamente el delito de violencia doméstica. Tras una serie de   enmiendas legislativas, ahora se considera la agresión a los miembros de la   familia un delito penal sólo si se comete por segunda vez en un plazo de   doce meses o si causan “daños corporales menores” (ver párrafos 46 y 50   anteriores). El Tribunal anteriormente determinó que exigir que las lesiones   sean de un cierto grado de gravedad, como condición previa para iniciar una   investigación penal, disminuye la eficacia de las medidas de protección en   cuestión, ya que la violencia doméstica puede tomar muchas formas,   algunas de las cuales no son lesiones físicas – como pueden ser el abuso   psicológico o económico o el comportamiento controlador o coercitivo (ver   T.M. y C.M. v. República de Moldavia, núm. 26608/11, § 47, 28 de enero de   2014). Además, las disposiciones sobre la “agresión reiterada” no hubiesen   proporcionado a la demandante ninguna protección, ya que los ataques de   2016 fueron seguidos por nuevas amenazas y agresiones doce meses más   tarde, en 2018. El Tribunal también reitera que la violencia doméstica puede   ocurrir incluso como resultado de un solo incidente.   82. Además, con arreglo a la ley rusa el enjuiciamiento de los cargos de   “daños menores a la salud” y “agresión reiterada” debe llevarse a cabo por   iniciativa privada de la víctima. El Tribunal ha reconocido que la protección   efectiva del derecho a la integridad física de la Convención no exige el   enjuiciamiento de oficio en todos los casos de agresiones de particulares   (ver Syra Janković v. Croacia, núm. 38478/05, § 50, 5 de marzo de 2009).   Sin embargo, en el contexto de la violencia doméstica, se ha considerado   que no es suficiente la posibilidad de entablar un procedimiento de   acusación particular, ya que es evidente que ese procedimiento requiere   tiempo y no evita la repetición de incidentes similares (ver Bevacqua y S.,   anteriormente citado, § 83; ver también la Recomendación Rec (2002)5 del   Consejo de Europa, citada en el párrafo 59 anterior). La acusación privada   impone una carga excesiva a la víctima de la violencia doméstica,   haciéndola responsable de reunir pruebas capaces de establecer la   culpabilidad del agresor según la norma penal de la evidencia. Como   reconoció el Gobierno, la obtención de pruebas presenta dificultades   inherentes en los casos en que los abusos se producen en un entorno privado   sin la presencia de testigos y a veces sin dejar marcas tangibles. El Tribunal       MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   27   está de acuerdo en que no es una tarea fácil ni siquiera para los agentes de   orden público, pero la tarea es incluso más complicada para una víctima que   debe reunir pruebas por su cuenta mientras continúa viviendo bajo el mismo   techo que su agresor, dependiendo económicamente de él y temiendo sus   represalias. Además, incluso si un juicio da lugar a un veredicto de   culpabilidad, no se puede proporcionar a la víctima la protección necesaria,   como órdenes de protección o de alejamiento, debido a la ausencia de tales   medidas en la legislación rusa.   83. En Opuz (anteriormente citado, §§ 138-39), el Tribunal enumeró   ciertos factores que podrían tenerse en cuenta para decidir si la violencia   doméstica debe ser objeto de enjuiciamiento público y planteó el principio   de que “... cuanto más grave sea el delito o mayor sea el riesgo de que se   cometan nuevos delitos, será más probable que el enjuiciamiento continúe   en aras del interés público, incluso si las víctimas retiran sus denuncias”. En   otros casos, el Tribunal quedó convencido de que el derecho interno ofrecía   un marco adecuado para el enjuiciamiento de los cargos de violencia   doméstica, ya que el fiscal tenía derecho de abrir una investigación penal   por actos que causaban daños corporales menores si el delito era de   importancia pública o la víctima no podía proteger sus intereses (ver   Valiulienė, § 78, y Bălșan, § 63 – ambos anteriormente citados).   84. En cambio, la legislación rusa no hace ninguna excepción a la regla   de que la iniciación y la continuación de los procedimientos relativos a esos   delitos dependen totalmente de la iniciativa y la decisión de la víctima. El   Tribunal reitera que las autoridades fiscales deberían haber podido proseguir   como un asunto de interés público, los procedimientos independientemente   de la retirada de las denuncias por parte de la víctima (ver Opuz,   anteriormente citado, § 145). Las autoridades rusas no han tenido en cuenta   la Recomendación Rec(2002)5 del Consejo de Europa, en la que se pedía a   los Estados miembros que adoptaran disposiciones para garantizar que un   fiscal pudiera incoar un procedimiento penal y que las víctimas recibieran   protección efectiva durante dicho procedimiento contra las amenazas y los   posibles actos de venganza (§§ 39 y 44, citados en el párrafo 59 anterior). El   Comité de la CEDAW ha criticado reiteradamente el hecho de que las   autoridades no hayan previsto el enjuiciamiento público de los cargos por   violencia doméstica. En 2015, en sus observaciones finales sobre el octavo   informe anual de la Federación de Rusia, el Comité expresó su   preocupación por la elevada frecuencia de la violencia contra la mujer -que   se consideraba “un asunto privado”- y recomendó al Estado ruso que   modificara la ley vigente para prever el enjuiciamiento de oficio de los   casos de violencia doméstica (ver párrafo 64 anterior). En opiniones   expresadas en relación con una denuncia por violencia doméstica contra   Rusia, similar a la que se aborda en el presente caso, el Comité estableció   que el hecho de hacer recaer la carga de la prueba en la víctima de la   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   28   violencia doméstica en los casos de enjuiciamiento privado, tenía el efecto   de denegar el acceso a la justicia, en incumplimiento de las obligaciones de   Rusia en virtud de la Convención CEDAW (ver párrafo 65 anterior).   85. En resumen, el Tribunal considera que el marco jurídico ruso -que   no define la violencia doméstica ni como un delito independiente ni como   un agravante de otros delitos y establece un umbral mínimo de gravedad de   las lesiones necesarias para iniciar el enjuiciamiento público- no cumple los   requisitos inherentes a la obligación del Estado de establecer y aplicar   eficazmente un sistema que castigue todas las formas de violencia   doméstica y proporcione suficientes garantías a las víctimas (ver Opuz,   anteriormente citado, § 145).   (ii) La obligación de prevenir el riesgo reconocido de malos tratos   86. El Tribunal reitera que las autoridades estatales tienen la   responsabilidad de adoptar medidas de protección en forma de disuasión   efectiva contra las violaciones graves de la integridad personal de un   individuo por un miembro de su familia o por su pareja (ver M. y Otros v.   Italia y Bulgaria, núm. 40020/03, § 105, 31 de julio de 2012, y Opuz,   anteriormente citado, § 176). La injerencia de las autoridades en la vida   privada y familiar puede ser necesaria para proteger la salud y los derechos   de la víctima o para prevenir actos delictivos en determinadas circunstancias   (ver Opuz, § 144, y Eremia, § 52, ambos anteriormente citados). El riesgo   de una amenaza real e inmediata debe evaluarse teniendo en cuenta el   contexto particular de la violencia doméstica. En tal situación, no se trata   sólo de la obligación de ofrecer una protección general a la sociedad, sino   que sobre todo, deben de tenerse en cuenta la reiteración de los episodios de   violencia dentro de la familia (ver Talpis, anteriormente citado, § 122, con   referencias adicionales). El Tribunal ha constatado en muchos casos que,   incluso cuando las autoridades no permanecieron totalmente pasivas,   siguieron sin cumplir las obligaciones que les atribuye el artículo 3 del   Convenio, ya que las medidas adoptadas no impidieron que el agresor   perpetrara nuevos actos de violencia contra la víctima (ver Bevacqua y S.,   anteriormente citado, § 83; Opuz, anteriormente citado, §§ 166-67; Eremia;   anteriormente citado, §§ 62-66; y B. v. República de Moldavia, núm.   61382/09, § 53, 16 de julio de 2013).   87. La demandante informó por primera vez a las autoridades de la   violencia de su pareja el 1 de enero de 2016. Informó de nuevos actos o   amenazas de violencia mediante llamadas de emergencia a la policía o la   presentación de denuncias penales oficiales el 25 de enero, el 18 de mayo, el   30 de julio y el 1 de agosto de 2016 y el 12 y el 21 de marzo de 2018. En   sus denuncias, informó a las autoridades de las amenazas de violencia   hechas y de la violencia real perpetrada, por S. y proporcionó pruebas       MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   29   médicas que corroboraban sus alegaciones. Por lo tanto, los agentes   públicos eran conocedores, o deberían haber sido conocedores, de la   violencia a la que había sido sometida la demandante y del riesgo real e   inmediato de la reiteración de la violencia. Dadas esas circunstancias, las   autoridades tenían la obligación de adoptar todas las medidas razonables   para su protección (ver Eremia, § 58, y Bălșan, § 62, ambos anteriormente   citados).   88. En mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa, las   víctimas de violencia doméstica pueden solicitar medidas de protección   inmediatas. Esas medidas se conocen como “órdenes de alejamiento”,   “órdenes de protección” u “órdenes de seguridad”, y tienen por objeto   impedir que se repita la violencia doméstica y proteger a la víctima de esa   violencia exigiendo normalmente al agresor que abandone la residencia   compartida y se abstenga de acercarse a la víctima o de ponerse en contacto   con   ella   (ver,   como   ejemplo   de   tales   medidas,   Ley Turca de Protección de la Familia, citada en Opuz, anteriormente   citado, § 70; Ley de Violencia Doméstica de Moldavia, citada en Eremia,   anteriormente citado, § 30; El apartado 7 de la Ley de Protección contra la   Violencia Doméstica de Croacia, citado en A. v. Croacia, anteriormente   citado, § 42; y el Artículo 282 del Código de Procedimiento Penal de Italia,   citado en Talpis, anteriormente citado, § 51). El Comité CEDAW y la   Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer,   han identificado las características clave que deben poseer dichas órdenes   para garantizar la protección efectiva de la víctima (ver párrafos 56 y 58   anteriores).   89. Rusia sigue siendo uno de los pocos Estados miembros cuya   legislación nacional no contempla medidas de protección equiparables para   las víctimas de la violencia doméstica. El Gobierno demandado en sus   observaciones, no identificó ninguna medida que las autoridades pudieran   utilizar para garantizar la protección de la demandante. En lo que respecta a   una solicitud de protección del Estado - a la que la demandante recurrió en   última instancia (ver párrafo 37 anterior) – el Tribunal señala que el plan de   protección del Estado está orientado a proteger a los testigos antes y durante   los juicios penales contra cualquier intento de suprimir o modificar su   testimonio. En los casos de violencia doméstica, se conoce la identidad del   agresor y una orden de alejamiento lo mantiene lejos de la víctima para que   ésta pueda llevar una vida lo más normal posible en dichas circunstancias.   En contraste, las medidas de protección de testigos tratan de frustrar las   agresiones de criminales cómplices aún no identificados. A veces implican   medidas muy complejas y costosas, como un servicio de seguridad a tiempo   completo, la reubicación, el cambio de identidad o incluso la cirugía   plástica. Tales medidas severas suelen ser innecesarias en el contexto de la   violencia doméstica, en el que la disponibilidad de una orden de protección   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   30   y la vigilancia rigurosa del cumplimiento de sus condiciones por parte de la   pareja abusiva garantizarán la seguridad de la víctima y cumplirá la   obligación del Estado de protegerla contra el riesgo de malos tratos (ver A.   v. Croacia, §§ 62-80, y Eremia, §§ 59-65, ambos anteriormente citados).   90. En el caso actual, no se puede afirmar que las autoridades rusas   hayan hecho un verdadero intento de impedir la repetición de los ataques   violentos contra la demandante. Sus múltiples denuncias de agresiones   físicas, secuestros y asaltos en el primer semestre de 2016 no resultaron en   la adopción de ninguna medida contra S. A pesar de la gravedad de los   hechos, las autoridades se limitaron a obtener explicaciones por parte de él y   llegaron a la conclusión de que se trataba de un asunto privado entre él y la   demandante. La primera instancia penal no se abrió hasta el 2018, es decir,   más de dos años después de la primera agresión denunciada. No se refería a   ningún acto violento por parte de S., sino a un delito mucho menor de   intromisión en su vida privada. Aunque la institución del procedimiento   penal permitió a la demandante presentar una solicitud de medidas de   protección del Estado, no recibió ninguna resolución oficial sobre su   solicitud, a la que tenía derecho en virtud de la ley. Un dictamen emitido   por la policía regional declaró la solicitud infundada, calificó la serie de   incidentes de violencia doméstica como un mero problema entre ella y S.   que no merecía la intervención del Estado (ver párrafo 37 anterior). Por   último, una serie de incidentes posteriores de acoso y amenazas de muerte   contra la demandante en marzo de 2018 no supusieron la adopción de   ninguna medida de protección.   91. El Tribunal considera que la respuesta de las autoridades rusas -que   fueron conscientes del riesgo de violencia reiterada por parte de la ex pareja   de la demandante- fue manifiestamente inadecuada, dada la gravedad de los   delitos en cuestión. No tomaron ninguna medida para proteger a la   demandante o para censurar la conducta de S. Mantuvieron una actitud de   pasividad ante el grave riesgo de malos tratos que corría la demandante y   mediante su inacción y falta de medidas disuasorias, permitieron que S.   siguiera amenazando, acosando y agrediendo a la demandante sin   impedimentos y con impunidad (ver Opuz, §§ 169-70, y Eremia, §§ 65-66,   ambos anteriormente citados).   (iii) La obligación de llevar a cabo una investigación efectiva de las denuncias   de malos tratos   92. La obligación de llevar a cabo una investigación de todos los actos   de violencia doméstica es un elemento esencial de las responsabilidades del   Estado en virtud del Artículo 3 de la Convención. Con el objetivo de ser   eficaz, dicha investigación debe ser rápida y exhaustiva. Las autoridades   deben tomar todas las medidas necesarias para obtener pruebas relativas al   incidente, incluidas las pruebas forenses. Para tratar los casos de violencia   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   31   doméstica se requiere una diligencia especial y su la naturaleza específica   debe ser tenida en cuenta en el curso de las procedimientos internos. La   responsabilidad del Estado de investigar no se cumple si la protección que   ofrece el derecho interno sólo existe en teoría; también debe funcionar   eficazmente en la práctica, lo que exige un rápido examen del caso sin   demoras innecesarias (ver Opuz, anteriormente citado, §§ 145-51 y 168;   T.M. y C.M. v. República de Moldavia, § 46; y Talpis, §§ 106 y 129, todos   anteriormente citados).   93. Desde el 1 de enero de 2016, la demandante presentó al menos siete   denuncias de amenazas o violencia grave reiteradas por parte de S. y   presentó pruebas a la policía - incluidos informes médicos y declaraciones   de testigos- que corroboraban sus alegaciones (ver párrafo 87 anterior). Sus   denuncias constituían una alegación justificada de malos tratos, lo que daba   lugar a la obligación de llevar a cabo una investigación que cumpliera los   requisitos del Artículo 3.   94. En respuesta a las denuncias de la demandante, la policía llevó a   cabo una serie de pequeñas “averiguaciones previas a la investigación”, que   concluyeron con la negativa a entablar un procedimiento penal por no   haberse cometido ningún delito enjuiciable. Al parecer, consideraron que   las alegaciones de la demandante eran lo suficientemente graves como para   justificar un examen adicional de sus denuncias. Sin embargo, los agentes   de policía no adoptaron ninguna medida de investigación adicional y   emitieron nuevas declaraciones en las que se negaban a iniciar   procedimientos penales; la redacción de esas declaraciones reproducía en   esencia el texto de las decisiones anteriores (ver párrafos 11, 16, 19, 23, 27,   35 y 36 anteriores). Durante más de dos años de acoso reiterado por parte de   S., las autoridades nunca abrieron una investigación penal sobre el uso o la   amenaza de violencia contra la demandante. La única causa penal que se   hubo incoado desde el 1 de enero de 2016 no hacía referencia a ningún acto   violento, sino al delito de carácter menor de publicar fotografías de la   demandante (ver párrafo 30 anterior).   95. El Tribunal ha constatado en muchos casos previos de Rusia que las   autoridades, cuando se enfrentan a denuncias creíbles de malos tratos,   tienen el deber de abrir una causa penal; una “investigación previa a la   investigación” no pudiendo cumplir por sí sola los requisitos para una   investigación eficaz con arreglo al Artículo 3. Dicha etapa preliminar tiene   un alcance muy restringido y no puede conducir al enjuiciamiento y sanción   del agresor, ya que la apertura e investigación de una causa penal son   requisitos previos para la presentación de cargos que luego pueden ser   examinados por un tribunal. El Tribunal sostuvo que la negación de abrir   una investigación penal sobre alegaciones creíbles de malos tratos graves es   indicativa del incumplimiento por parte del Estado de su obligación   procesal en virtud del Artículo 3 (ver Lyapin v. Rusia, núm. 46956/09, §§   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   32   134-40, 24 de julio de 2014; Olisov y Otros v. Rusia, núm. 10825/09 y   2 otros, §§ 81-82, 2 de mayo de 2017; y Samesov v. Rusia, núm. 57269/14,   §§ 51-54, 20 de noviembre de 2018).   96. Como en esos y muchos otros casos, la renuencia de los agentes de   policía a iniciar y llevar a cabo una investigación penal de manera rápida y   diligente hicieron que se perdiera tiempo y socavó su capacidad para   obtener pruebas sobre la violencia doméstica. Incluso cuando la demandante   presentaba lesiones visibles, como las producidas el 25 de enero y el 18 de   mayo de 2016, no se programaron reconocimientos médicos   inmediatamente después de las agresiones. Con respecto al primer incidente,   el fiscal supervisor tuvo que intervenir antes de que la policía programara   un reconocimiento médico, que se llevó a cabo en marzo de 2016, casi dos   meses después de los hechos. Con respecto al segundo incidente, la policía   de Ulyanovsk remitió el asunto a sus compañeros de otra región, causando   un retraso de casi tres meses. Dado el tiempo transcurrido desde el incidente   relatado en la denuncia de la demandante, un reconocimiento médico   carece de sentido; por lo tanto, no se le puede reprochar que se haya negado   a someterse a dicho reconocimiento.   97. El Tribunal no está convencido de que las autoridades rusas hayan   hecho ningún intento serio de determinar las circunstancias de las   agresiones o hayan adoptado una visión de conjunto de la serie de actos   violentos, lo que es necesario en los casos de violencia doméstica. El   alcance de sus investigaciones se limitó en la mayoría de los casos a   escuchar la versión del agresor. Los agentes de policía emplearon una   variedad de métodos que les permitieron tramitar cada investigación en el   menor tiempo posible. La primera de estas maniobras consistía en   convencer al agresor para reconciliarse con su pareja y reparara el daño   causado. Una vez que reemplazó la ventana rota de su coche y devolvió los   documentos de identidad y los efectos personales a la demandante, la   policía declaró que no se había cometido ningún delito, como si nada   hubiera sucedido (ver párrafos 11 y 35 anteriores). Por otra parte, los   agentes de policía trataron de trivializar los hechos denunciados por la   demandante. Por lo tanto, un atentado contra la vida de la demandante   mediante el corte de la manguera de freno de su coche fue tratado como un   caso de daños menores a la propiedad y la policía cerró el asunto y citó el   error de la demandante de no presentar una evaluación de los daños (ver   párrafos 23 al 27 anterior).   98. Ante los indicios de delitos enjuiciables, como lesiones registradas o   mensajes de texto que contenían amenazas de muerte, la policía elevó el   listón de las pruebas necesarias para iniciar un proceso penal. Alegaron que   se necesitaba la prueba de más de un golpe para establecer el delito de   agresión y que las amenazas de muerte tenían que ser “reales y específicas”   para poder ser enjuiciadas (ver párrafos 19 y 23 anteriores). No citaron   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   33   ninguna autoridad nacional o práctica judicial que apoyara esa   interpretación de las disposiciones de derecho penal. El Tribunal reitera que   la prohibición de los malos tratos en virtud del Artículo 3 abarca todas las   formas de violencia doméstica sin excepción y que todo acto de esa índole   da lugar a la obligación de investigar. Incluso un solo golpe puede despertar   sentimientos de miedo y angustia en la víctima y romper su resistencia   moral y física (ver la jurisprudencia citada en el párrafo 73 anterior). Las   amenazas son una forma de violencia psicológica y una víctima vulnerable   puede sentir miedo, independientemente de la naturaleza objetiva de esa   conducta intimidatoria. El Comité CEDAW ha indicado que, para ser   tratada como tal, la violencia de género no tiene que implicar una “amenaza   directa e inmediata para la vida o la salud de la víctima” (ver párrafo 56   anterior). Esto significa que las autoridades siempre deben intentar   averiguar lo que ocurrió y no deben basarse en conclusiones precipitadas o   mal fundadas para cerrar su investigación.   99. El Gobierno culpa a la demandante por la falta de iniciativa en la   búsqueda de recursos de derecho penal. A su juicio, el hecho de que ella no   presentara o posteriormente retirara las denuncias penales, impidió que las   autoridades continuaran las actuaciones penales contra S. El Tribunal no   puede aceptar este punto de vista. Reitera que las disposiciones de la   legislación rusa que condicionan estrictamente la investigación penal a la   presentación de denuncias por parte de la víctima son incompatibles con la   obligación del Estado de castigar todas las formas de violencia doméstica.   Teniendo en cuenta la situación especialmente vulnerable de las víctimas de   la violencia doméstica, el marco legislativo debe permitir a las autoridades   investigar de oficio los casos de violencia doméstica por razones de interés   público y sancionar a los responsables de tales actos (ver Opuz, §§ 145 y   168; T.M. y C.M. v. República de Moldavia, § 46, y B. v. República de   Moldavia, § 54, todos anteriormente citados). En el presente caso, a pesar   de la gravedad de la agresión sufrida por la demandante embarazada, que   dio lugar a la interrupción de su embarazo, las autoridades no consideraron   los motivos de la retirada de la denuncia y si la gravedad de las agresiones   les habrían obligado a proseguir la investigación penal. No iniciaron de   oficio ninguna investigación sobre el hecho, a pesar de que el secuestro y   las lesiones graves, como la interrupción del embarazo, podrían haber sido   investigados como delitos de enjuiciamiento de oficio (ver párrafo 46   anterior).   100. Por último, el Gobierno sostuvo que la demandante disponía de   otros recursos jurídicos que, de haberlos utilizado, podrían haber cumplido   sus obligaciones procesales en virtud de la Convención, como la   presentación de una demanda civil por daños y perjuicios contra S. El   Tribunal reitera que tal acción podría haber dado lugar al pago de una   indemnización, pero no al enjuiciamiento de los responsables. En   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   34   consecuencia, no sería oportuno que el Estado cumpliera su obligación   procesal en virtud del Artículo 3 con respecto a la investigación de actos   violentos (ver Beganović v. Croacia, núm. 46423/06, § 56, 25 de junio de   2009, y Abdu v. Bulgaria, núm. 26827/08, § 51, 11 de marzo de 2014).   101. Considerando la forma en que las autoridades trataron el caso -en   particular la negativa de iniciar una investigación penal sobre las denuncias   de malos tratos infligidos por S. a la demandante y el hecho de que no   adoptaran medidas efectivas contra él, garantizó su castigo con arreglo a las   disposiciones legales aplicables-, el Tribunal considera que el Estado no   cumplió su deber de investigar los malos tratos sufridos por la demandante.   (iv) Conclusión   102. En conclusión, se ha producido una violación del Artículo 3 de la   Convención. A raíz de esta conclusión, el Tribunal considera que no es   necesario examinar si, en este caso, también ha habido una violación del   Artículo 13 (compara Opuz, anteriormente citado, §§ 203-05).   II. PRESUNTA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA   CONVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 3   103. La demandante denunció la violación del Artículo 14 de la   Convención, tomado en conjunción con el Artículo 3, por la falta de   medidas específicas establecidas por parte de las autoridades rusas para   combatir la discriminación de la mujer por motivos de género. La parte   correspondiente del Artículo 14 dice:   “El goce de los derechos y libertades reconocidos en [el] Convenio ha de ser   asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo...”   A. Declaraciones de las partes   104. El Gobierno afirma que las principales disposiciones de la   Convención CEDAW, incluyendo la cláusula de igualdad, fueron escritas en   la Constitución Rusa. Las autoridades rusas han actuado diligentemente en   relación con las denuncias de la demandante y han hecho averiguaciones   respecto de sus alegaciones. Ella no alegó que ningún funcionario del   Estado intentase disuadirla de llevar a juicio a S. o que testificase en su   contra, tampoco la impidieron buscar otros medios de protección contra su   pareja violenta. La demandante no presentó ningún dato estadístico que   mostrara que las mujeres de Rusia que denunciaban la violencia doméstica   fueran objeto de un trato discriminatorio.     MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   35   105. La demandante -refiriéndose a las estadísticas oficiales, así como a   estudios e investigaciones independientes realizados por defensores de la   violencia de género- afirmó que la violencia doméstica estaba muy   extendida en Rusia y que afectaba especialmente a las mujeres. Su propio   caso ilustraba la falta de recursos para las víctimas de la violencia doméstica   en Rusia, donde los organismos encargados de hacer cumplir la ley   mostraban una actitud patriarcal y discriminatoria hacia el problema de la   violencia doméstica, considerándola una “forma menor” de violencia y un   “asunto privado”. A pesar de que la demandante presentó más de siete   denuncias a las autoridades, éstas no abrieron una investigación ni   impidieron que se produjeran nuevos ataques, lo que demuestra un   sorprendente nivel de complacencia y complicidad con los malos tratos que   había sufrido. Durante más de una década, varios organismos de Naciones   Unidas han expresado su preocupación por el alto nivel de violencia contra   las mujeres en Rusia y han pedido a Rusia que adaptara su legislación a las   normas internacionales. En cambio, los legisladores rusos han reducido las   protecciones existentes para las víctimas de violencia doméstica y en 2017   despenalizaron el delito de agresión dentro de la familia. El apoyo por parte   del más alto nivel político a la despenalización mostró que la discriminación   contra la mujer formaba parte de la política oficial del Estado, que defendía   los “valores tradicionales” y los rígidos roles de género y no condenaba el   uso de la violencia física contra los miembros de la familia.   106. Equal Rights Trust, como tercera parte involucrada, afirmó que era   esencial que los casos de violencia doméstica se examinaran con arreglo al   Artículo 14 en conjunción con el Artículo 3, dado que la discriminación es   un aspecto fundamental de esa violencia que da lugar a las obligaciones del   Estado de prevención, protección, investigación, enjuiciamiento y   reparación. La violencia de género es una forma de discriminación contra la   mujer y la violencia doméstica repercute de manera particular y   desproporcionada sobre ella, por lo que es necesario adoptar un enfoque que   tenga en cuenta el género para comprender el nivel de dolor y sufrimiento   que experimenta la mujer. Refiriéndose a una amplia selección de   instrumentos internacionales de derecho de los derechos humanos, la tercera   parte involucrada, subrayó el alcance y la naturaleza de las obligaciones del   Estado en la esfera de la violencia doméstica.   107. El Gobierno afirmó, que tras las observaciones sobre las   comunicaciones de la tercera parte, no contenían información fiable. La   legislación rusa ya protegía adecuadamente a las víctimas de la violencia   doméstica, por lo que no era necesario aprobar una legislación específica.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   36   B. Admisibilidad   108. El Tribunal considera que esta demanda no está manifiestamente   infundada en el sentido del Artículo 35 § 3 a) de la Convención o es   inadmisible por cualquier otro motivo. Por lo tanto, debe ser declarada   admisible.   C. Méritos   1. Los principios aplicables a la evaluación de las demandas por   discriminación en los casos de violencia doméstica   109. Según la jurisprudencia del Tribunal, para que se plantee una   cuestión en virtud del Artículo 14 debe haber una diferencia en el trato de   las personas en situaciones análogas o considerablemente similares. Esa   diferencia de trato es discriminatoria si no tiene una justificación objetiva y   razonable. El Tribunal también aceptó que una política general que tuviera   efectos perjudiciales desproporcionados en un grupo determinado, se podría   considerar un acto de discriminación, aunque no estuviera dirigido a ese   grupo específicamente y no existiera una intención discriminatoria. La   discriminación contraria a la Convención puede ser también el resultado de   una situación de facto (ver D.H. y Otros v. República Checa [GC], núm.   57325/00, § 175, ECHR 2007-IV, y S.A.S. v. Francia [GC], núm. 43835/11,   § 161, ECHR 2014 (extractos)).   110. Considerando los términos de los instrumentos jurídicos   especializados - principalmente la Convención CEDAW y la labor del   Comité CEDAW - el Tribunal ha reconocido que la violencia contra la   mujer, incluida la violencia doméstica, es una forma de discriminación   contra ella. La falta de protección por parte del Estado a la mujer contra la   violencia doméstica infringe su derecho a la protección de la ley en   condiciones de igualdad, independientemente de si dicha falta es intencional   o no (ver Opuz, anteriormente citado, §§ 185-91). En su recomendación   general núm. 19 (1992) sobre la violencia contra la mujer, el Comité   CEDAW aclaró que la definición de discriminación contra la mujer en el   artículo 1 de la Convención de la CEDAW incluye la violencia de género,   que se entiende como la violencia “dirigida contra la mujer porque es mujer   o que la afecta en forma desproporcionada” (ver párrafo 52 anterior).   Veinticinco años después, en la Recomendación general núm. 35 (2017) del   Comité se afirmó que la prohibición de la violencia de género contra la   mujer como forma de discriminación contra ella ha evolucionado hasta   convertirse en un principio del derecho internacional consuetudinario (ver   párrafo 55 anterior).   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   37   111. En cuanto a la distribución de la carga de la prueba en los casos de   discriminación, el Tribunal ha sostenido que una vez que un demandante ha   demostrado que ha habido una diferencia de trato, entonces le corresponde   al Gobierno demandado demostrar que esa diferencia de trato puede   justificarse (ver D.H. y Otros, anteriormente citado, § 188). En el contexto   de la violencia contra la mujer, si se ha establecido que afecta a las mujeres   de manera desproporcionada, la carga se traslada al Gobierno para que   demuestre qué tipo de medidas correctivas han adoptado las autoridades   nacionales, para corregir la desventaja asociada con el género y garantizar   que las mujeres puedan ejercer y disfrutar plenamente de todos los derechos   humanos y libertades en igualdad de condiciones que los hombres. El   Tribunal ha declarado en repetidas ocasiones la importancia de la igualdad   de género hoy en día como un objetivo de los Estados miembros del   Consejo de Europa y que se podría justificar e incluso exigir una diferencia   de trato destinada a garantizar la igualdad de género en virtud del Artículo   14 del Convenio (ver Konstantin Markin v. Rusia [GC], núm. 30078/06, §   47, ECHR 2012 (extractos), y Ēcis v. Latvia, núm. 12879/09, §§ 84-86,   10 de enero de 2019). La igualdad de género sólo se puede lograr con una   interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que   tengan en cuenta las diferencias de hecho entre mujeres y hombres y la   forma en que afectan a sus vidas. El artículo 14 no prohíbe que un Estado   miembro trate a los grupos de manera diferente con el fin de corregir   “diferencias de hecho” entre ellos; ciertamente, en determinadas   circunstancias, el hecho de no intentar corregir la desigualdad mediante un   trato diferente puede en sí mismo dar lugar a una violación del presente   artículo (ver D.H. y Otros, anteriormente citado, § 175).   112. En cuanto a la cuestión de qué constituye una prueba prima facie   capaz de trasladar la carga de la prueba al Estado demandado, el Tribunal   señala que en los procesos que tiene ante sí, no existen obstáculos de   procedimiento para la admisibilidad de las pruebas ni fórmulas predefinidas   para su valoración. En los casos en que los demandantes alegan una   diferencia en el efecto de una medida general o una situación de facto, el   Tribunal se ha basado en gran medida en las estadísticas elaboradas por las   partes para establecer una diferencia de trato entre dos grupos -hombres y   mujeres- en situaciones similares (ver Zarb Adami v. Malta, núm. 17209/02,   §§ 77-78, ECHR 2006-VIII, y Di Trizio v. Suiza, núm. 7186/09, § 66, 2 de   febrero de 2016).   113. En los casos de violencia doméstica, el Tribunal se ha referido a los   informes de las organizaciones internacionales y locales de derechos   humanos, a los informes anuales del Comité CEDAW y a los datos   estadísticos de las autoridades e instituciones académicas, para establecer la   existencia de un indicio razonable de que la violencia doméstica afecta   principalmente a las mujeres y que la actitud general de las autoridades   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   38   locales -como el trato a las mujeres recibido en las comisarías de policía   cuando denuncian la violencia doméstica y la pasividad judicial a la hora de   ofrecer una protección eficaz a las víctimas- crea un clima favorecedor de la   violencia doméstica (ver Opuz, anteriormente citado, §§ 192-98, y Halime   Kılıç v. Turquía, núm. 63034/11, §§ 117-18, 28 de junio de 2016). El   Tribunal ha llegado a una conclusión similar en otros casos en los cuales las   autoridades domésticas no apreciaron la gravedad y el alcance del problema   de la violencia doméstica. Se constató que sus acciones habían ido más allá   de un simple fracaso o demora en el tratamiento de la violencia contra la   mujer y equivalían a una reiteración de actos que aprobaban dicha violencia   y reflejaban una actitud discriminatoria hacia las víctimas por razón de su   sexo (ver Eremia, § 89; Mudric, § 63; T.M. y C.M. v. República de   Moldavia, § 62; Talpis, § 145; y Bălșan, § 85, todos anteriormente citados).   114. Una vez demostrada la existencia de un sesgo estructural en gran   escala, como en los casos mencionados, la demandante no necesita   demostrar que también fue víctima de un prejuicio individual. No obstante,   si no hay pruebas suficientes que corroboren el carácter discriminatorio de   la legislación y las prácticas o de sus efectos, se exigirá que se demuestre la   parcialidad de cualquier funcionario que se ocupe del caso de la víctima   para establecer una reclamación por discriminación. A falta de esa prueba,   el hecho de que no se hayan cumplido todas las sanciones y medidas   ordenadas o recomendadas no revela por sí mismo una apariencia de   intención discriminatoria por razón de sexo (ver A. v. Croacia, §§ 97-104, y   Rumor, §§ 76-77, ambos anteriormente citados).   2. Análisis del presente caso   (a) Aplicabilidad del Artículo 14 en relación con el Artículo 3   115. El Tribunal hace constar que, para que el artículo 14 sea aplicable,   no se requiere la violación de uno de los derechos fundamentales   garantizados por el Convenio. Basta con que los hechos del caso entren “en   el ámbito” de otra disposición fundamental de la Convención o de sus   Protocolos (ver Khamtokhu y Aksenchik v. Rusia [GC], núm. 60367/08 y   961/11, § 53, 24 de enero de 2017). Se ha comprobado que la demandante   fue sometida a un trato inhumano que el Estado no impidió (ver párrafos 75   y 102 anteriores); de tal modo que los hechos del caso caen “dentro del   ámbito” de esa disposición.   116. En cuanto al requisito de que una presunta diferencia de trato pueda   relacionase con lo establecido por el Artículo 14, el Tribunal señala que el   “género” se menciona explícitamente en el Artículo 14 como un motivo de   discriminación ilícito.   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   39   (b) De si las mujeres se ven especialmente afectadas por la violencia doméstica   en Rusia   117. Desde el principio el Tribunal señala que la necesidad de recopilar   información estadística sobre el alcance, las causas y los efectos de la   violencia de género ha formado parte de las recomendaciones específicas   del Comité CEDAW durante más de veinticinco años (ver Recomendación   General No. 19 (1992) en el párrafo 52 anterior). En 2004, la Relatora   Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias   observó que las estadísticas sobre la violencia doméstica eran incoherentes   o inexistentes en Rusia (§ 26 del informe, citado en el párrafo 61 anterior).   En su informe anual de 2015 sobre el cumplimiento por parte de Rusia de   sus obligaciones en virtud de la Convención CEDAW, el Comité CEDAW   expresó su preocupación por “la alta prevalencia de la violencia contra la   mujer, en particular de la violencia doméstica y sexual, … y por la falta de   información estadística, desglosada por edad, nacionalidad” (ver párrafo 64   anterior).   118. La ausencia de estadísticas exhaustivas a nivel nacional en Rusia se   ha vinculado a la falta de una definición de los delitos de violencia   doméstica en la legislación rusa, lo que impide a las autoridades nacionales   clasificar los delitos como tales y reunir datos coherentes sobre el alcance   del fenómeno (ver el informe de Human Rights Watch citado en el párrafo   66 anterior). La falta de no haber recabado información adecuada es   atribuible a las autoridades nacionales, el Tribunal rechaza el argumento del   Gobierno de responsabilizar a la demandante por no haber presentado datos   oficiales que demostrasen que las mujeres víctimas de la violencia   doméstica en Rusia eran discriminadas.   119. A diferencia del Gobierno, que no presentó ningún dato estadístico,   la demandante presentó los datos oficiales recopilados por la policía rusa en   relación con los “delitos cometidos dentro de la familia y el hogar”, que   pueden considerarse como la aproximación más cercana a las estadísticas   relativas a la violencia doméstica debido a la naturaleza de los delitos en   cuestión (ver párrafo 41 anterior). Se ha contabilizado el número total de   delitos registrados, su respectiva tipificación jurídica y el número de   víctimas femeninas y menores de edad. Incluso teniendo en cuenta el hecho   de que un solo incidente delictivo podría haber perjudicado a varias partes,   es evidente que, en el período reciente de 2015-17, las mujeres constituían   entre el 67% y el 74% de todas las víctimas adultas de delitos registrados   “cometidos dentro de la familia o el hogar”. El delito de agresión, que es la   forma más común de enjuiciamiento de la violencia menor, parece haberse   dirigido exclusivamente a mujeres y niños, debido a que el número total de   ambas clases de víctimas fue igual o mayor que el número total de   incidentes registrados. En cuanto al delito de amenaza de muerte o de   lesiones graves, que también es una manifestación frecuente de la violencia   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   40   dentro de la familia, el número de mujeres víctimas aumentó año tras año,   pasando del 73,2% en 2015 al 75,9% en 2016 y al 77% en 2017.   120. En el año 2017 se produjo un fuerte descenso en el número total de   delitos “cometidos dentro de la familia o el hogar”, que la demandante   atribuyó a la despenalización de la agresión contra “personas cercanas” (ver   párrafo 50 anterior). El número total de delitos registrados se redujo en más   del 40%, de 65.535 a 38.311. Al mantenerse prácticamente invariable el   número de amenazas de muerte o lesiones denunciadas, los procesos por   cargos de agresión con agravantes y “agresión reiterada” se desplomaron   por un factor de once, pasando de 25.948 en 2016 a sólo 2.266 en 2017. Las   mujeres constituyeron hasta el 95% de las víctimas adultas en dichos casos.   La extraordinaria disminución del número de delitos registrados no pudo   deberse a la aplicación de ninguna medida eficaz para hacer frente a la   violencia doméstica, ya que no se había aplicado ninguna medida que   tratara de resolver ese problema. El Tribunal está de acuerdo con la   explicación de la demandante de que la despenalización de la agresión dio   lugar a la disminución del número de denuncias de violencia doméstica,   dando lugar a que muchas de las cuales no llegaran a registrarse en las   estadísticas de la policía.   121. Incluso sin tener en cuenta el efecto de la despenalización, el   número de delitos registrados en todo el país ha seguido siendo sumamente   bajo en relación con la población femenina adulta rusa de 65 millones y no   coincide con la frecuencia real de la violencia doméstica, como se ha   establecido en muchos estudios. Un estudio exhaustivo realizado por la   Organización Mundial de la Salud reveló que la violencia doméstica no se   denuncia en todo el mundo y que una de cada cuatro mujeres del continente   europeo ha sufrido violencia física o sexual (ver el informe de 2013 de la   OMS titulado Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la   mujer. Prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia   sexual no conyugal en la salud).   122. La situación en Rusia parece ser aún más grave. En el informe de   2004 de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer se señalaba   la reclamación de los grupos de mujeres rusas de que “la violencia   doméstica sigue siendo raramente denunciada, poco registrada y en gran   medida ignorada por las autoridades” (ver § 28 del informe, citado en el   párrafo 61 anterior). El bajo número de denuncias, investigaciones y   enjuiciamientos por actos de violencia doméstica y violencia contra la mujer   fue motivo de preocupación para el Comité contra la Tortura de las   Naciones Unidas en su informe anual de 2012 sobre Rusia (ver párrafo 63   anterior). Un estudio nacional realizado por el Servicio de Estadística y el   Ministerio de Salud y un estudio regional de la Academia de Ciencias,   determinaron que más de la mitad de las mujeres rusas habían sufrido   abusos verbales o violencia física, pero que sólo el 10% de ellas lo   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   41   denunciaron a la policía (ver párrafos 42 y 43 anteriores). Una ONG rusa   estimó que una de cada cuatro familias se veía afectada por algún tipo de   violencia doméstica (ver párrafo 44 anterior). El Defensor del Pueblo ruso,   sin dar cifras concretas, reconoció que muchas mujeres víctimas no acudían   a la policía o a las autoridades en busca de ayuda, ya que no tenían ninguna   esperanza de encontrarla (ver párrafo 45 anterior). Igualmente, en informe   reciente sobre la violencia doméstica en Rusia, elaborado por Human Rights   Watch, señaló que una gran mayoría de las mujeres que sobrevivieron a la   violencia doméstica no la denunciaron a la policía ni pidieron ayuda a las   autoridades (ver párrafo 66 anterior).   123. Por último, en lo que respecta a la cuestión de si las mujeres   víctimas de la violencia doméstica tienen un acceso a la justicia en   condiciones de igualdad, el Tribunal previamente ha señalado que las   víctimas no han tenido acceso al enjuiciamiento de oficio de esos delitos,   salvo durante un breve período comprendido entre julio de 2016 y enero de   2017 (ver párrafo 49 anterior). La mayoría de los casos de violencia   doméstica se han tipificado como delitos privados en el ordenamiento   jurídico ruso, lo que hacía recaer la responsabilidad del enjuiciamiento en la   víctima (ver párrafo 82 anterior). Las estadísticas oficiales del   Departamento Judicial del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia   indican que esa tipificación tiene el efecto de afectar desfavorablemente y   de manera desproporcionada las perspectivas de éxito de las víctimas que   tratan de acceder a la justicia. El número total de absoluciones en el sistema   de justicia penal ruso en 2013-14 fue inferior al 1% de todos los casos   penales examinados por los tribunales de jurisdicción general.   Aproximadamente el 70% de esas absoluciones se pronunciaron en causas   de acusación particular (3.894 de 5.624 casos en 2013, y 3.778 de 5.167   casos en 2014), aunque esas causas constituían menos del 5% de todas las   causas penales (49.315 de 946.747 casos en 2013, 45.427 de 936.771 casos   en 2014). Además, las causas de acusación privada tenían cuatro veces más   probabilidades de ser suspendidas por diversos motivos de procedimiento en   comparación con las causas de acusación de oficio (78% comparado con el   19% en 2013 y 76% comparado con el 19% en 2014). De esto se desprende   que las víctimas de la violencia doméstica han sido colocadas en una   situación de desventaja de facto.   124. Sobre la base de las pruebas presentadas por la demandante y de la   información de fuentes nacionales e internacionales, el Tribunal considera   que existen indicios razonables de que la violencia doméstica afecta   especialmente a las mujeres en Rusia (ver Opuz, anteriormente citado, §   198). Las mujeres constituyen la gran mayoría de las víctimas de “delitos   cometidos dentro de la familia y el hogar” en las estadísticas oficiales de la   policía, en gran medida la violencia contra la mujer no se denuncia ni se   registra y las mujeres tienen muchas menos posibilidades de lograr el   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   42   enjuiciamiento y la condena de sus agresores debido a la tipificación de   tales delitos en el ámbito nacional.   (c) De si las autoridades rusas han puesto en marcha medidas de política   orientadas al logro de una igualdad de género real   125. En concordancia con la obligación del Estado, en virtud de la   Convención CEDAW sobre la eliminación de todas las formas de   discriminación contra la mujer, el Artículo 19 de la Constitución rusa   establece el principio de la igualdad de derechos y libertades entre el   hombre y la mujer y proclama también que éstos deben tener las mismas   posibilidades de ejercerlos. En el asunto actual, la presunta discriminación   no se deriva de ninguna legislación que sea discriminatoria a primera vista,   sino que es el resultado de una situación de hecho en la que la violencia   afecta de manera desproporcionada a las mujeres (comparar Opuz,   anteriormente citado, § 192). En consecuencia, el Tribunal estudiará si las   autoridades rusas han establecido medidas de política para contrarrestar el   trato discriminatorio de las mujeres y protegerlas de los abusos y la   violencia doméstica.   126. Las autoridades rusas han reconocido la magnitud del problema de   la violencia contra la mujer en sus informes al Comité CEDAW. En 2004,   declararon que “14.000 mujeres eran asesinadas anualmente por sus   maridos u otros miembros de la familia” y que la “la situación se [agravó]   por la falta de estadísticas y, de hecho, por la actitud de los organismos de   orden público ante este problema, ya que consideran que dicha violencia no   es un delito, sino “un asunto privado” entre los cónyuges” (ver § 26 del   informe de la Relatora Especial citado en el párrafo 61 anterior). La   Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer señaló la falta de   legislación sobre la violencia doméstica en Rusia como uno de los   principales obstáculos para combatir esa violencia (ibid., § 36). A su juicio,   la falta de una legislación específica contribuyó a la impunidad de los   delitos cometidos en la esfera privada, pero además disuadió a las mujeres   de solicitar un recurso y reforzó la resistencia de la policía a abordar   seriamente el problema que no se consideraba un delito (ibid., § 38).   127. Los órganos de las Naciones Unidas establecidos en los tratados,   consideraron que la falta de una definición por parte de las autoridades rusas   en su legislación sobre la violencia doméstica era incompatible con sus   compromisos internacionales. En las observaciones finales del Comité   CEDAW sobre el sexto, séptimo y octavo informe anual de la Federación de   Rusia en 2010-15, se le instó que adoptase una legislación integral para   prevenir y hacer frente a la violencia doméstica y que enjuiciase esos delitos   (ver párrafo 64 anterior). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y   Culturales y el Comité contra la Tortura observaron que la ausencia de una   definición de la violencia doméstica en la legislación rusa era una   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   43   problemática desde el punto de vista de la observancia de sus respectivos   tratados (ver párrafos 62 y 63 anteriores). Teniendo en cuenta una denuncia   individual de una mujer rusa víctima de violencia doméstica, el Comité   CEDAW señaló que el hecho de que las autoridades rusas no modificasen   su legislación sobre dicha materia, le había negado la posibilidad de   reclamar justicia e infringía las disposiciones antidiscriminatorias de la   Convención CEDAW (ver párrafo 65 anterior).   128. A pesar de la elevada incidencia de la violencia doméstica,   demostrado en los datos estadísticos mencionados, las autoridades rusas no   han adoptado hasta la fecha ninguna ley que permita abordar el problema y   ofrecer protección a las mujeres que se han visto afectadas de forma   desproporcionada por él. Como el Defensor del Pueblo de Rusia señaló, se   han elaborado más de cuarenta proyectos de ley en los últimos veinte años,   pero ninguno se ha promulgado (ver párrafo 45 anterior). El Tribunal ha   determinado que las disposiciones penales vigentes son insuficientes para   ofrecer protección contra muchas formas de violencia y discriminación   contra la mujer, como el acoso, el acecho, el comportamiento coercitivo, el   abuso psicológico o económico, o la reiteración de incidentes similares   prolongados en el tiempo (ver párrafo Por lo demás, el Código Penal ruso   no hace ninguna distinción entre la violencia doméstica y otras formas de   violencia contra la persona, y la regula mediante disposiciones relativas a   los daños a la salud de la persona u otros actos afines, como el asesinato, las   amenazas de muerte o la violación.   81 anterior). La ausencia de cualquier tipo de legislación que defina la   violencia doméstica y la aborde a nivel institucional distingue el presente   caso de los casos contra otros Estados Miembros en los que dicha   legislación ya había sido adoptada pero no había funcionado correctamente   por diversas razones (ver Opuz, § 200; Eremia, §§ 89-90; y Talpis, § 147,   todos anteriormente citados).   129. En 2016, se modificó el Código Penal para despenalizar los delitos   menores, incluyendo la agresión sin agravantes. Por primera vez en la   historia moderna de Rusia, la legislación introdujo una distinción entre las   palizas infligidas por extraños y las agresiones a “personas cercanas”   cometidas en el ámbito doméstico. El primero fue tipificado como delito   administrativo, mientras que el segundo se clasificó como un elemento de   agresión criminal agravada (ver párrafo 49 anterior). El Tribunal considera   que la evolución positiva de la legislación rusa ofrecía una mayor   posibilidad de protección a las víctimas de violencia doméstica. Al   introducir un nuevo elemento agravante, se tipificó la agresión a “personas   cercanas” como un delito de mayor gravedad, siendo objeto de un   enjuiciamiento semipúblico y privado. Las enmiendas no sólo transmitieron   el mensaje de que no se toleraría dicha conducta, sino que también tuvieron   el efecto práctico de aliviar la carga de las víctimas, que no se encontraban   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   44   abandonadas a su suerte. Como demostró el caso de la demandante, el   cambio no tuvo un efecto inmediato. Ella presentó denuncias a la policía por   los hechos que se produjeron en julio, agosto y septiembre de 2016, entre   los que se encuentran una agresión, un atentado contra su vida y la   colocación de un dispositivo de rastreo. La policía, sin embargo, mantuvo   su actitud previa de pasividad, tratando de trivializar la naturaleza de los   hechos y de cerrar el asunto lo antes posible.   130. El Tribunal no puede especular sobre el impacto que podrían haber   tenido las enmiendas de 2016 si se hubieran seguido con la instrucción de   los jueces y los agentes del orden. En realidad, ese régimen jurídico que   ofrecía alguna forma de protección contra la violencia doméstica fue   efímero. Menos de seis meses después, a principios de 2017, el Parlamento   ruso volvió a enmendar las disposiciones sobre agresión del Código Penal,   eliminando la referencia a las “personas cercanas” como elemento agravante   (ver párrafo 50 anterior). En consecuencia, la violencia doméstica, una vez   más, no se mencionó ni definió oficialmente en ninguna legislación, ya sea   administrativa o penal. Una primera agresión, ya sea por extraños o por   parejas violentas, ha desaparecido de la esfera del derecho penal. Los casos   de agresión reiterada sólo son punibles penalmente cuando se ha impuesto   una sanción administrativa al agresor en un período de doce meses antes de   la agresión reiterada. Las enmiendas de 2017 también dificultaron el castigo   de los incidentes de violencia doméstica porque las víctimas deben iniciar   dos series de procedimientos en un breve plazo, primero asegurando la   condena del delincuente en el tribunal de delitos administrativos y luego   montando un caso de acusación privada por un cargo de “agresión   reiterada”.   131. El Comité CEDAW ha tenido recientemente la oportunidad de   examinar el marco legislativo ruso tal como se dispuso después de las   enmiendas de 2017. Observando la ausencia de una definición de “violencia   doméstica” en la legislación rusa, expresó la opinión de que las enmiendas   que despenalizan la agresión a personas cercanas “van en la dirección   equivocada” y “conducen a la impunidad de los agresores” de la violencia   doméstica (ver párrafo 65 anterior). El Tribunal está de acuerdo con esta   evaluación. Ha constatado anteriormente que la legislación rusa actual es   inadecuada para hacer frente al problema de la violencia doméstica y para   ofrecer una protección suficiente a sus víctimas (ver párrafo 85 anterior).   Tampoco protege a las mujeres de la violencia y la discriminación   generalizadas.   132. En opinión del Tribunal, la continua falta de adopción de   legislación para combatir la violencia doméstica y la ausencia de cualquier   tipo de órdenes de alejamiento o de protección, demuestran claramente que   la actuación de las autoridades en el presente caso no fue un simple error o   demora en el tratamiento de la violencia contra la demandante, sino que se   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   45   debió a su renuencia a reconocer la gravedad y el alcance del problema de la   violencia doméstica en Rusia y su efecto discriminatorio en las mujeres. Al   tolerar durante muchos años un clima que favorecía la violencia doméstica,   las autoridades rusas no crearon las condiciones de igualdad entre los   géneros que permitiera a las mujeres vivir libres del temor a los malos tratos   o a las agresiones a su integridad física y beneficiarse de la protección de la   ley en condiciones de igualdad.   133. Se ha violado el Artículo 14 de la Convención, tomado en conjunto   con el Artículo 3.   III. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONVENCIÓN   134. El Artículo 41 de la Convención establece:   “Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y   si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta   reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte   perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.”   135. La demandante reclamó 40.000 euros en concepto de daños no   pecuniarios y 5.875,69 euros en concepto de costas y gastos legales. Esta   última cantidad incluía el trabajo de los abogados de Stichting Justice   Initiative que entrevistaron a la demandante y a los peritos, reunieron   documentos y pruebas y redactaron escritos para el Tribunal. La   investigación local se facturó a 50 euros por hora y el trabajo legal a 150   euros por hora.   136. El Gobierno declaró que el Artículo 41 debía aplicarse de   conformidad con la jurisprudencia establecida.   137. El Tribunal concedió a la demandante 20.000 euros en concepto de   daños no pecuniarios y la cantidad reclamada en concepto de costas y gastos   judiciales, más cualquier impuesto que pueda ser imputable a la   demandante. Esta última cantidad se ingresará en la cuenta bancaria de los   representantes de la demandante, Stichting Justice Initiative, en los Países   Bajos.   138. El Tribunal considera apropiado que el tipo de interés de demora se   base en el tipo marginal de préstamo del Banco Central Europeo, al que hay   que añadir tres puntos porcentuales.   POR LOS MOTIVOS QUE ANTECEDEN, ESTE TRIBUNAL   1. Declara, por unanimidad, la admisibilidad del asunto;   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   46   2. Considera, por unanimidad, que se ha vulnerado el Artículo 3 del   Convenio;   3. Considera, por unanimidad, que no es necesario examinar la queja   interpuesta con arreglo al Artículo 13 del Convenio;   4. Considera, por unanimidad, que se ha vulnerado el Artículo 14 del   Convenio, tomado en conjunción con el Artículo 3;   5. Considera, por cinco votos a dos,   (a) Que el Estado demandado debe abonar a la demandante, en un plazo   de tres meses desde la fecha en que la sentencia sea firme según lo   dispuesto en el artículo 44 § 2 del Convenio, los siguientes importes:   (i) 20.000 euros (veinte mil euros) con respecto a los daños no   pecuniarios, más los impuestos aplicables, que se convertirá en la   divisa del Estado demandado al tipo de cambio aplicable en la fecha   de la liquidación;   (ii) 5.875,69 euros (cinco mil ochocientos setenta y cinco euros con   69 céntimos) con respecto a los costos y gastos, más los impuestos   aplicables, que se abonará en la cuenta bancaria de los   representantes de la demandante;   (b) Que desde el vencimiento de los citados tres meses hasta su   liquidación, se abonará un interés simple sobre los importes anteriores   igual al tipo de interés de la facilidad marginal de crédito del Banco   Central Europeo durante el periodo de mora, incrementado en un tres   por ciento;   6. Inadmite, por cinco votos a dos, el resto de la demanda en lo que   respecta a la satisfacción equitativa.   Hecho en inglés, y notificado por escrito el 9 de julio de 2019, en   cumplimiento del artículo 77 §§ 2 y 3 del Reglamento.   Fatoş Aracı   Secretario Adjunto   Vincent A. De Gaetano   Presidente   De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 § 2 del Convenio y el   artículo 74 § 2 del Reglamento, se adjuntan a esta sentencia los votos   particulares de:   MINISTERIO   DE JUSTICIA   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA   47   (a) el voto particular del juez Pinto de Albuquerque, junto con el juez   Dedov;   (b) voto concurrente del juez Dedov;   (c) voto particular del juez Serghides.   V.D.G.   F.A.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   1 VOTO PARTICULAR DEL JUEZ PINTO   DE ALBUQUERQUE, JUNTO CON EL JUEZ DEDOV   1. En Volodina surgió la oportunidad de abordar el problema   preocupante de la violencia doméstica de una manera sin precedentes. La   demandante no sólo se enfrentó a momentos de graves abusos físicos, sino   que también, según se alega, soportó -y sigue soportando- un intenso   sufrimiento psicológico. Las estadísticas indican que este caso es un solo   ejemplo claro de un problema mucho más global.1 La mayoría aportó cuatro   contribuciones particulares al reconocer la necesidad de abordar las   violaciones sufridas por la demandante, las cuales son dignas de elogio. Sin   embargo, en mi opinión, la mayoría perdió la oportunidad de impulsar aún   más la postura del Tribunal sobre la violencia doméstica como una   violación de los derechos humanos. Por esta razón estoy de acuerdo con el   dictamen, pero me siento obligado a discrepar en cierta medida con el   razonamiento.   A. Los aspectos positivos del fallo de la mayoría   1. Una interpretación de la Convención sensible al género   2. En primer lugar, mi felicitación con respecto a la incorporación de   una “interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención   sensibles al género”2 que desplaza significativamente la carga de la prueba   de la víctima al Estado demandado.3 Un enfoque sensible al género   1 Ver párrafos 40-45 del presente fallo.   2 Ver párrafo 111 del presente fallo. Esto refleja mi opinión coincidente en Valiulienė v.   Lituania, núm. 33234/07, 26 de junio de 2013, en la que sostuve que es necesario que se   interprete y aplique una sensibilidad al género, reconociendo las características de género   que definen las percepciones, relaciones e interacciones entre hombres y mujeres en las   sociedades, a fin de determinar las desventajas reales que sufren las mujeres. Por   consiguiente, una interpretación y aplicación que tenga en cuenta las cuestiones de género   puede reconocer y poner de relieve el contexto en el que viven las mujeres en una sociedad   determinada, reconocer el efecto desproporcionado de la violencia en las mujeres e   identificar las circunstancias potencialmente debilitantes que fomentan los incidentes de   violencia doméstica.   3 La carga se desplaza desde que la comprensión general de la violencia doméstica y las   estadísticas pertinentes han indicado que la persistente posición vulnerable de la mujer   cuando sufre violencia de género en un entorno doméstico se ve exacerbada por la   inactividad de un Estado. La aquiescencia silenciosa de un Estado y su incapacidad o falta   de voluntad para actuar perpetúa el sufrimiento de las mujeres y mantiene su posición   social desigual. Por consiguiente, un Estado se enfrenta a la obligación no sólo de respetar,   sino también de proteger, mediante medidas legislativas y operativas eficaces que incluyan   la rápida actuación de los agentes del Estado para intervenir en los incidentes de violencia   doméstica.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   2 reconoce las “desigualdades de hecho entre mujeres y hombres”4 y se   esfuerza por lograr una igualdad de género efectiva y sustancial   respondiendo a las vulnerabilidades particulares de las víctimas de la   violencia doméstica.5 Habiendo reconocido esto, la obligación de un Estado   de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica debe ser en primer   lugar reconocida en el marco específico en el que se produce la violencia   doméstica. Varios informes han indicado la frecuencia del abuso doméstico   en Rusia.6 En lugar de contrarrestar estas realidades contextuales -que   colocan a las mujeres y a otros grupos de personas vulnerables en un mayor   riesgo de sufrir violencia doméstica-, la [in]acción del Estado ruso fomenta   y perpetúa la difícil situación de las mujeres y las niñas.   2. Obligación de luchar contra la violencia de género en virtud del   derecho internacional consuetudinario   3. El segundo punto destacable es que la mayoría subraya el   reconocimiento por parte del Comité CEDAW de la transición de la   violencia de género como una forma de discriminación contra la mujer a un   principio de derecho internacional consuetudinario.7 El carácter   particularmente humillante de la violencia doméstica, que tiene por objeto   menoscabar la dignidad de la mujer mediante la “violencia física, sexual,   psicológica o económica”8, es capaz de suscitar la prohibición de la tortura   y los tratos inhumanos o degradantes en virtud del Artículo 39. El   4 Ver párrafo 111 del presente fallo.   5 La mayoría también ha señalado que el Consejo de Europa se ha centrado en la labor   encaminada a lograr la igualdad de género, que se beneficiará de una perspectiva sensible a   las cuestiones de género que tenga en cuenta el contexto en que se encuentran los   miembros de la sociedad. Además este esfuerzo se reflejó en la Convención del Consejo de   Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (“la   Convención de Estambul”), que ha destacado el mayor riesgo de violencia género que   corren las mujeres y las niñas y, en virtud del Artículo 6, propuso la implementación de   políticas que tengan en cuenta el género al aplicar la Convención de Estambul. Es natural   que este tipo de interpretación sensible al género se utilice igualmente en el contexto del   Convenio Europeo de Derechos Humanos (“el Convenio”) que, como en el presente caso,   considera la violencia doméstica como una potencial violación del Artículo 3. La   concepción de grupos de personas particularmente vulnerables con respecto a la violencia   doméstica se planteó anteriormente en Hajduova v. Eslovaquia, núm. 2660/03, 30 de   noviembre de 2010, en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“el Tribunal”)   determinó que el Estado demandado no había cumplido suficientemente su obligación de   proteger al demandante.   6 Ver párrafos 62, 64, 84, 117 y 128 del presente fallo.   7 Ver párrafo 110 del presente fallo. Esto fue igualmente destacado en mi opinión disidente   en Valiulienė v. Lituania, citado anteriormente, en el que menciono el amplio y duradero   consenso sobre la obligación del Estado, provocada por la aparición de la violencia contra   la mujer (ver Valiulienė v. Lituania, anteriormente citado, en la página 28).   8 Ver la Convención de Estambul, Artículo 3(b).   9 Ver párrafo 74 del presente fallo.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   3 reconocimiento de que la violencia doméstica y la inacción del Estado para   corregir y combatir la aparición de esos hechos, están incluidos en una   categoría restrictiva del derecho internacional consuetudinario, implica que   la legislación nacional y la práctica administrativa deben, en consecuencia,   estar conformes con ese derecho internacional consuetudinario.   3. La importancia adecuada concedida a las normas de la ley blanda   4. En tercer lugar, deseo recalcar que la mayoría le dio la importancia   adecuada a las normas de la ley blanda. Aunque el Tribunal no está   dispuesto a basarse únicamente en ellos para determinar la existencia de una   violación de la Convención, está dispuesto a tener en cuenta los   instrumentos de ley blanda que parecen ser suficientemente indicativos de   un consenso en vías de cristalización entre los Estados miembros. Un   principio cardinal de interpretación establece que la Convención se   interpreta a la luz de las condiciones actuales, con arreglo a los cuales un   nuevo consenso influirá en las conclusiones del Tribunal. El creciente   consenso se refleja a menudo en el desarrollo del derecho no vinculante.10   Es encomiable que, junto con la Convención de Estambul, que no es   11   vinculante para Rusia , la mayoría en Volodina se refirió a la labor del   Comité CEDAW, a la del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la   tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a la de la   Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer,   con el fin de interpretar la Convención según las normas internacionales   relevantes de derecho internacional de los derechos humanos y, además,   para comprender plenamente el grado en que las mujeres están amenazadas   por los actos de violencia doméstica en Rusia.12   10   En el caso principal de Demir y Baykara v. Turquía [GC], núm. 34503/97, §§ 146-154,   12 de agosto de 2008, el Tribunal se refirió a varias normas de la ley blanda que habían   realzado la importancia del derecho a la negociación colectiva. Anteriormente, en el caso   fundamental Marckx v. Bélgica (Plenaria), núm. 6833/74, §§ 41 y 58, 13 de junio de 1979,   el Tribunal se basó en el consenso creciente (“medida clara y común en esta área entre las   sociedades modernas”) respecto a la necesidad de tratar en igualdad de condiciones a los   niños nacidos fuera y dentro del matrimonio así como la necesidad de proporcionar   protección social a las madres solteras y a sus hijos, una conclusión que se basó en   instrumentos internacionales no vinculantes para el Estado demandado.   11   A pesar de que no ser vinculante para Rusia, el Tribunal no se abstiene de citar el   Convenio de Estambul (ver párrafo 60 del presente fallo). Se puede observar un consenso   creciente en el número de Estados Miembros del Consejo de Europa que han ratificado esta   Convención - hasta la fecha, 34 Estados miembros. La Unión Europea ha expresado   además su compromiso de combatir la violencia de género resaltando que es una de sus   prioridades en su Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-   2019.   12 Ver párrafo 88 del presente fallo.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   4 4. Las Estadísticas hablan por sí mismas   5. Por último, la mayoría prestó gran atención a la importancia del   entorno.13 El uso de las estadísticas han beneficiado estas consideraciones al   ayudar a identificar el problema estructural subyacente de la violencia   doméstica en Rusia. En consecuencia, se espera un nivel más riguroso de   diligencia debida por parte del Estado, ya que el análisis del entorno predice   inevitablemente la probabilidad de que se produzcan casos de violencia   doméstica en la sociedad rusa.14 A pesar de la ausencia de estadísticas   nacionales sobre la violencia doméstica en Rusia, la mayoría consideró que   los datos recopilados sobre “los delitos cometidos dentro de la familia y el   hogar”15, extraídos de los registros oficiales de la policía y de las   conclusiones de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer,   pusieron de relieve la grave falta de denuncia y de registro de los incidentes   de violencia doméstica y el desconocimiento de este hecho.16 La ausencia de   estadísticas nacionales sobre la cuestión específica de la violencia doméstica   es en sí misma, reveladora en lo que se refiere a la falta de conciencia   general sobre esta problemática acuciante. Asimismo, respalda las   preocupaciones de los relatores de Naciones Unidas en relación con la falta   de información y denuncia, ya que las mujeres se enfrentan a una atmósfera   general de flagrante negativa a reconocer su sufrimiento. Por consiguiente,   las estadísticas son útiles de dos maneras: en primer lugar, las estadísticas   existentes proporcionan un contexto útil que ayuda a aplicar un   sensibilizado enfoque a la cuestión de género; y en segundo lugar, la   ausencia de estadísticas específicas muestra además la falta de preocupación   que el Estado demandado ha prestado a la problemática de la violencia   doméstica.   B. Deficiencias en el juicio de la mayoría   1. La violencia doméstica es una tortura   6. A pesar de los aspectos positivos mencionados anteriormente, es   crucial señalar tres áreas en las que mi opinión difiere de la mayoría. Es   incuestionable que el dolor psicológico y físico soportado por la   demandante entra dentro de la definición del Artículo 3. Sin embargo, el   Artículo 3 se distingue por los umbrales de gravedad y la intención y el   13 Ver párrafos 112, 113 y 117-124 del presente fallo.   14 Para una discusión más elaborada sobre el rigor de la prueba de diligencia debida, ver mi   voto particular en Valiulienė v. Lituania, en el que tomo como referencia el caso Hajduova,   que requiere un mayor grado de vigilancia para las víctimas especialmente vulnerables de   la violencia doméstica. Ver Valiulienė v. Lituania, anteriormente citado, en la página 30.   15 Ver párrafo 119 del presente fallo.   16 Ver párrafo 122 del presente fallo.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   5 propósito de los actos del agresor y del Estado cómplice, o la inacción, con   respecto a estos últimos. En el caso Irlya v. el Reino Unido, el Tribunal   distinguió entre la tortura y los tratos inhumanos o degradantes al establecer   que la tortura consiste en “tratos inhumanos deliberados que causan   sufrimientos muy graves y crueles.”17   7. En mi opinión, la prueba de la demandante, tal como se describe en   esta sentencia, cumple todos los criterios para ser identificada como tortura.   La mayoría hace referencia a sentimientos de miedo, ansiedad e impotencia,   así como a un comportamiento controlador y coercitivo, que motivan la   aplicación del Artículo 3.18 Este resumen es una muestra de lo que la   demandante sufrió. Fue sometida a múltiples y persistentes casos de   extrema violencia doméstica, incluido un golpe en el estómago, el cual dio   lugar a que el médico tuviera que inducir el aborto de su bebé. Además,   sufrió abusos psicológicos por la publicación de fotografías privadas, por el   hallazgo de lo que se creía que era un rastreador GPS dentro de su bolso,   por las amenazas de muerte -que S. intentó llevar a cabo dañando su coche-   y por el secuestro en su ciudad de residencia.   8. Según el Comentario General 2 del Comité contra la Tortura de las   Naciones Unidas, la omisión, el consentimiento o la aquiescencia   sistemáticos por parte del Estado de un daño infligido a título privado   plantea problemas en el marco de la Convención contra la Tortura, una   Convención que goza de la condición de jus cogens y es altamente   reconocida como defensora de los principios del derecho internacional   consuetudinario.19 La mayoría no sólo mencionó las preocupaciones del   Comité CEDAW en relación con la violencia contra la mujer, en particular   en el ámbito doméstico, sino que también incluyó las observaciones finales   del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas para la Federación   Rusa en 2012, en las que se expresaba explícitamente la preocupación por la   violencia contra la mujer, debido a la falta de denuncias ante las autoridades   rusas “a pesar de las numerosas alegaciones de las distintas formas de   violencia contra la mujer”, así como “los informes de que los agentes del   orden no están dispuestos a registrar las denuncias de violencia doméstica   ...” y la “ausencia en la legislación del Estado de una definición de la   violencia doméstica ...”.20 Según el Comité CAT, dichas preocupaciones se   enmarcan en los Artículos 1, 2, 11, 13 y 16 de la Convención contra la   Tortura, en cuyos dos primeros artículos se establece explícitamente la   definición de tortura y la obligación de los Estados Partes de adoptar   17 Irlanda v. Reino Unido (Plenaria), núm. 5310/71, § 167, 13 de diciembre de 1977.   18 Ver párrafo 75 del presente fallo.   19   El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT), Comentario General Núm. 2:   Implementación del Artículo 2 por los Estados partes, 24 de enero de 2008, CAT/C/GC/2,   en el 1.   20   Ver párrafo 63 del presente fallo, referenciando CAT/C/RUS/CO/5, adoptado por el   Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas el 22 de noviembre de 2012.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   6 medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces   para impedir los actos de tortura. El mensaje está claro. Cuando se infligen   deliberadamente formas graves de dolor y sufrimiento a una persona, esto   debe ser identificado como tortura. Además, es una cuestión de coherencia   que una “interpretación y aplicación con sensibilidad de género” de la   Convención reconozca la gravedad y el efecto de los patrones reiterados de   violencia doméstica en las mujeres y otros grupos de personas vulnerables.   El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o   penas crueles, inhumanos o degradantes ha advertido del mismo modo   acerca de la tendencia a restar importancia a los delitos de violencia contra   la mujer basados en el género.21 El Relator Especial subrayó además que el   uso de una “visión sensible a las cuestiones de género”22 debe contrarrestar   cualquier intento de restarle importancia al sufrimiento de las mujeres   atribuyendo el título de "malos tratos" en lugar de “tortura”. Es imperativo   que el Tribunal no cometa el error de menoscabar su propio enfoque   sensible a las cuestiones de género al no reconocer la tortura cuando se   enfrente a una situación que claramente lo requiera.   9. En el caso actual, la demandante se enfrenta a la acción vengativa de   S., que deliberadamente busca castigarla por abandonarlo. Por temor a sus   acciones de represalia, deja su ciudad natal para reubicarse en la capital.   Actualmente vive bajo una nueva identidad, lo que demuestra la gravedad   de las amenazas a las que se enfrentaba. No puede simplemente reanudar su   vida anterior. A la vista de las circunstancias crueles e inhumanas   acumuladas, parece haber una incongruencia entre los informes sobre la   violencia de género en Rusia, las circunstancias reales de este caso -que dan   forma tangible a las pruebas estadísticas- y el hecho de que el Tribunal es   reacio a adoptar una postura firme para identificar el título apropiado de lo   que la víctima sufrió. La distinción entre la tortura y el trato inhumano es   crucial en el contexto de la violencia doméstica. Si el Estado se enfrenta a   una condena por permitir que sus mujeres sean sometidas a tortura, la   obligación de proteger es aún más estricta. Además, se impondrá al Estado   una norma más estricta en lo que respecta a la concesión de daños y   perjuicios y de reparaciones apropiadas a la víctima. Precisamente ésta es la   razón por la que tampoco pude aceptar el importe de la indemnización   concedida a la demandante en este caso.   10. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, que muestran   una acumulación de factores agravantes de machismo perjudicial que   conducen a la grave violación de la dignidad y la integridad física y   psicológica de la demandante, así como la conducta intencionada del   agresor, me pregunto qué más se necesita para llegar a la declaración de   21 Informe de la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos   o degradantes, trigésimo primer período de sesión del Consejo de Derechos Humanos   A/HRC/31/57 (2016), en el 9.   22 Ibid, en el 8.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   7 tortura en virtud del Artículo 3.23 Una vez que se identifica la tortura, no es   necesario compararla con casos aún peores de tortura, que indudablemente   existen. En este caso, se cumplieron claramente los elementos de la tortura.   Toda subestimación del sufrimiento es contraria a la intención del Tribunal   de condenar todas las formas de violencia doméstica y de exigir un Estado   proactivo que cumpla su obligación de actuar de manera que contrarreste las   desigualdades de género existentes.   2. La prueba Osman no funciona en los casos de violencia doméstica   11. El Estado tiene el deber de prevenir y proteger, cuyo alcance es   difícil de determinar antes de que se den las circunstancias de un caso real.   Osman v. el Reino Unido24 ha sido el criterio por el cual se ha medido la   obligación del Estado de proteger. En la prueba se examina si las   autoridades conocían, o deberían haber conocido en su momento, la   existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de una o varias   personas identificadas por los actos delictivos de un tercero y por   consiguiente si no adoptaron las medidas en el ámbito de sus competencias   que, a su juicio, podían esperarse de ellas. Osman se preocupó por la falta   de protección de los derechos a la vida de Ali y Ahmet Osman, pero desde   entonces la prueba ha cambiado y se aplica a otras áreas de la obligación de   un Estado, incluidos los casos de violencia doméstica.25   12. No obstante, la prueba Osman no logra su propósito si se toma al pie   de la letra. Un “riesgo real e inmediato” en el contexto de la violencia   doméstica implica que el riesgo, es decir, el agresor, ya está en las   inmediaciones de la víctima y a punto de dar el primer golpe. Si la prueba se   aplicara de esa manera, surgirían dos cuestiones. En primer lugar, cualquier   acción de protección ofrecida por el Estado sería demasiado tardía y, en   segundo lugar, el Estado tendría una excusa legítima para no actuar a   tiempo, ya que es inverosímil suponer que la víctima pueda estar   constantemente acompañada por un agente del Estado que pueda acudir en   su ayuda. Por lo tanto, la “inmediatez” de la prueba Osman no sirve en el   contexto de la violencia doméstica. Prefiero proponer, como lo he hecho   anteriormente en Valiulienė v. Lituania, que la medida por la que el Estado   debe rendir cuentas es si un Estado conoce o debería conocer que un   segmento de su población, como son las mujeres, es objeto de violencia   reiterada y no logra impedir que los miembros de ese grupo de personas   sufran daños cuando se enfrentan a un riesgo presente (pero aún no   23 Para una interesante discusión sobre la violencia doméstica y su conexión con la tortura,   leed Isabel Marcus, “Reformulando la violencia doméstica como Tortura o Terrorismo”,   Serie de documento Núm. 67, Facultad de Derecho, Niš, 2014.   24 Ver Osman v. Reino Unido, núm. 23452/94, § 116, 28 de octubre de 1998.   25   Ver por ejemplo, Opuz v. Turquía, núm. 33401/02, § 130, 9 de junio de 2009, y   Hajduova v. Eslovaquia, núm. 2660/03, § 50, 30 de noviembre de 2010.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   8 inminente).26 En consecuencia, el criterio de diligencia debida con respecto   al cual se evalúa la acción o inacción del Estado abarca un período de   tiempo más amplio, el cual comienza en el momento en que existe un riesgo   de violencia doméstica, pero no es aún inminente. Resulta desconcertante   observar que la mayoría ha aceptado el enfoque de CEDAW según el cual,   la violencia de género no tiene por qué suponer una amenaza “inmediata” en   el párrafo 77 de la presente sentencia, y sin embargo, aplica la prueba   original de Osman en los párrafos 56 y 98. El hecho de que no se adopte un   enfoque coherente crea el riesgo de que no se proteja a las víctimas de la   violencia doméstica, ya que la obligación de las autoridades de actuar se   produciría demasiado tarde.   3. Necesidad de mandatos claros del Artículo 46   13. Mi último punto de crítica con respecto al planteamiento de la   mayoría hace referencia a la oportunidad perdida de imponer los   mandamientos del Artículo 46 en la sentencia, como lo ha hecho el Tribunal   27   en tantas ocasiones . Hay que ampliar varios puntos a este aspecto. En   primer lugar, la violencia doméstica debe señalarse explícitamente como un   delito penal en el derecho interno.28 En 2017, el Alto Comisionado de Rusia   para los Derechos Humanos señaló la persistente ausencia de legislación   específica sobre los delitos dentro de la familia y los hogares.29 La Relatora   Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias   reiteró en 2004 una preocupación similar por la ausencia de una legislación   explícita que prohibiese la violencia doméstica30. En O.G. v. Federación de   Rusia31, el Comité CEDAW concluyó que Rusia debía reinstaurar la   disposición que establecía que la violencia doméstica fuese objeto de   enjuiciamiento penal y determinó que el hecho de no hacerlo creaba una   situación en la que la víctima no podía reclamar justicia, ni tener acceso a   recursos y protección eficaces.32 La ausencia de la violencia doméstica   como delito penal fue señalada como un rasgo distintivo que diferencia a   Rusia de otros Estados miembros del Consejo de Europa, como Turquía,   Italia y Moldavia, países los cuales cuentan con legislación sobre la   26 Ver Valiulienė v. Lituania, anteriormente citada, en la página 30.   27   Ver mi voto particular en Moreira Ferreira v. Portugal (núm. 2) [GC], núm. 19867/12,   11 de julio de 2017.   28 Ver párrafos 80, 81 y 131 del presente fallo.   29 Ver párrafo 45 del presente fallo.   30 Ver párrafo 61 del presente fallo.   31 Comunicación Núm. 91/2015 del Comité CEDAW, 6 de noviembre de 2017.   32   Ibidem, § 7.8, § 9 (b). Ver también del Comité CEDAW, observaciones finales sobre el   octavo informe periódico de la Federación de Rusia, Doc Naciones Unidas.   CEDAW/C/RUS/CO/8, § 22, y del Comité Contra la Tortura, observaciones finales sobre el   quinto informe periódico de la Federación de Rusia, Doc. Naciones Unidas   CAT/C/RUS/CO/5, § 14.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   9 violencia doméstica, pero no siempre es eficaz para proteger a las mujeres.33   La tipificación de la violencia doméstica como un delito penal en Rusia,   será de gran valor para hacer frente a la difícil situación de las mujeres, que   hoy en día no se tiene en cuenta en las disposiciones del derecho penal.34 En   otras palabras, la definición de la violencia doméstica como un delito penal   que consiste en la comisión de un daño o acoso físico, sexual o psicológico,   o la amenaza o el intento del mismo, en la vida privada o pública, por una   pareja íntima, un ex-pareja, un miembro del hogar o un ex-miembro del   hogar, no duplica otras disposiciones legales existentes y tiene un valor   jurídico propio.   14. En segundo lugar, la ley debe equiparar el castigo de la violencia   doméstica con el de las formas más serias de agresión con agravantes.   Existe una gran cantidad de información sobre las formas y repercusiones   de la violencia doméstica, dando lugar a una serie de consecuencias   negativas para las víctimas.35 Es de suma importancia reconocer la gravedad   de la comisión de un delito de violencia doméstica, promulgando leyes   estrictas que castiguen adecuadamente a los autores del delito. La   tipificación de la violencia doméstica como delito menor o administrativo   no hace justicia a los graves daños sufridos por las mujeres víctimas de   violencia doméstica.   15. En tercer lugar, la ley debe reflejar el “interés público” en el   enjuiciamiento de la violencia doméstica, incluso en los casos en que las   mujeres decidan no presentar una denuncia o retirarla posteriormente.36 La   dicotomía de la división pública/privada de la violencia doméstica debe   abordarse y resolverse mediante la redacción de leyes penales específicas,   para reflejar el hecho de que la violencia doméstica no es sólo un “asunto   privado” entre los miembros de un hogar. La persistente falta de denuncias   de incidentes de violencia doméstica en Rusia es un síntoma de la   percepción errónea de que la violencia doméstica es un asunto privado.37   CEDAW ha subrayado desde hace tiempo que los Estados serían   responsables de actos privados si no actuaran con la debida diligencia para   impedir las violaciones de los derechos o para investigar y castigar los actos   de violencia, además de ser responsables de indemnizar a las víctimas.38 El   33 Ver párrafo 128 del presente fallo, citando Opuz v. Turquía, § 200, anteriormente citado;   Eremia v. República de Moldovia, núm. 3564/11, §§ 89-90, 28 de mayo de 2013; y Talpis   v. Italia, núm. 41237/14, § 147, 2 de marzo de 2017.   34 Ver también la Convención de Estambul, Artículos 4 y 62, que reiteran la importancia de   una legislación eficaz para la prevención, la lucha y el enjuiciamiento de todas las formas   de violencia contra la mujer.   35   Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas (OMS), Informe sobre la   situación mundial de la prevención de la violencia 2014, en la página 8.   36 Ver párrafo 99 del presente fallo.   37 Ver párrafos 120- del presente fallo.   38   Recomendación General Núm. 19 del Comité CEDAW: Violencia contra las mujeres,   1992, párrafo 9.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   10   derecho penal debe reforzar el papel de las autoridades públicas en la   prevención, investigación y sanción de la comisión de cualquier incidente   de violencia doméstica.39   16. En cuarto lugar, la ley debe proporcionar un mecanismo de respuesta   urgente en relación con la investigación y el enjuiciamiento de los   incidentes de violencia doméstica.40 Teniendo en cuenta el grave peligro en   que pueden encontrarse muchas mujeres, no basta con disponer de   mecanismos lentos de investigación y enjuiciamiento. Esto ya fue destacado   por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en su Resolución   41   1984/14 sobre la violencia en la familia   y la Resolución 40/36 de la   Asamblea General de Naciones Unidas, que instó a los Estados Miembros a   prevenir la violencia doméstica mediante la adopción de medidas urgentes,   que incluyen la asistencia apropiada a las víctimas.42 En Opuz v. Turquía, el   requisito de prontitud y expedición razonable ya se había identificado como   parte de una investigación efectiva.43 En P.M. v. Bulgaria, el Tribunal   criticó el hecho de que las medidas de investigación urgentes, como el envío   de un equipo de expertos en el caso de violación y el interrogatorio de la   víctima, habían tardado demasiado en considerarse medidas de   investigación eficaces.44 Del mismo modo, CEDAW ha condenado las   medidas de respuesta inadecuadas las cuales ponen a las mujeres en un   mayor riesgo de sufrir violencia doméstica.45 Una forma de tomar medidas   inmediatas es la posibilidad de emitir órdenes de restricción urgentes. El   Consejo de Europa ha identificado las órdenes de restricción urgentes como   un medio adecuado para proteger a las mujeres “en situaciones de peligro   inmediato”, incluso si no se ha cometido todavía ningún delito.46 Esto nos   lleva al quinto requisito que debe incorporarse a la legislación penal de   Rusia, es decir, la posibilidad de la detención preventiva.   39   Ver también la Convención de Estambul, Artículo 55, y la Recomendación General   Núm. 28 del Comité CEDAW acerca de las obligaciones fundamentales de los Estados   partes con arreglo al Artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas   de discriminación contra la mujer, 16 de diciembre de 2010, párrafo 34.   40 Ver párrafos 91 y 96 del presente fallo.   41 Resolución 1984/14 de UNESC, sobre la violencia en la familia.   42 Ver la Resolución sobre la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones   Unidas, 29 de noviembre de 1985.   43 Opuz v. Turquía, anteriormente citado, §150.   44 P.M. v. Bulgaria, núm. 49669/07, §§ 65-6, 24 de enero de 2012.   45   A.T. v. Hungría, Comunicación Núm. 2/2003, recomendaciones II(c) y II (f) (2005) de   Comité CEDAW.   46   Ver Artículo 52 de la Convención de Estambul, además del informe del Consejo de   Europa Órdenes urgentes de restricción en situaciones de violencia doméstica: Artículo 52   del Convenio de Estambul – Una serie de documentos de la Convención del Consejo de   Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia   doméstica, en el 28 (2017).   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   11   17. En quinto lugar, la ley debe establecer una sanción que permita la   detención preventiva del autor, si es necesario.47 Esto es particularmente   crucial, dado que la mayoría considera que el marco legislativo actual no   protege suficientemente contra las múltiples formas de violencia y   discriminación contra la mujer, como el acoso, el asedio, el comportamiento   coercitivo y el abuso psicológico o económico.48 En consecuencia, la   legislación debe establecer los casos en que los tribunales nacionales pueden   considerar la detención preventiva, que deben incluir, entre otros, los casos   en que exista el riesgo de una escalada de violencia física u otras formas de   abuso, intenciones homicidas, amenazas o atentados, acoso, obsesión,   intento de la víctima de poner fin a la relación, etc.   18. Por último, la ley debe establecer un marco adecuado para la   formación de los jueces, los fiscales y los agentes del orden, a fin de que   apliquen adecuadamente las medidas legislativas sobre la violencia   doméstica. Es necesario un cambio de mentalidad para erradicar la   problemática inacción de las autoridades judiciales y fiscales y los agentes   de policía con respecto a los incidentes de violencia doméstica. Esto puede   lograrse mediante una formación de sensibilización que presente la   violencia doméstica como una violación de los derechos humanos que   implique la responsabilidad de proteger, investigar y enjuiciar a los autores.   Esta capacitación de las autoridades públicas debe ir acompañada de la   sensibilización de la población sobre los cambios legislativos nacionales y   las consecuencias para los posibles autores y víctimas. Como un elemento   importante de la prevención se hace hincapié en la necesidad de   capacitación de los trabajadores sociales, los maestros y los profesionales de   la salud para reconocer y abordar la violencia doméstica.49   19. Destacando la presión vinculante por la cual Rusia está obligada a   rectificar su conducta, se crea un impulso que puede ser utilizado por los   parlamentarios del Estado demandado, así como por el Comité de Ministros,   para exigir el cumplimiento de la sentencia final. Un caso no está   “terminado” una vez resuelto por el Tribunal de Estrasburgo. Más bien, el   fallo del Tribunal debería actuar como catalizador, poniendo en marcha una   serie de cambios que compensen la situación de violación de los derechos   humanos de la demandante y, si son de carácter sistemático, como en el   presente caso, un cambio de políticas que permita un replanteamiento por   parte del Gobierno demandado de la observación de los derechos humanos.   47   Ver párrafos 82 y 132 del presente fallo. Cuando existan pruebas claras y convincentes   de que el acusado supone un peligro para la víctima, la legislación sobre el procedimiento   penal debería disponer de la detención preventiva antes del juicio.   48 Ver párrafo 128 del presente fallo.   49   Ver la Comisión para la Igualdad de Género del Consejo de Europa, Estudio analítico   sobre los resultados de la cuarta ronda de seguimiento de la aplicación de la   Recomendación Rec(2002) 5 sobre la protección de las mujeres contra la violencia en los   Estados miembros del Consejo de Europa, at 49 (2014).   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   12   Para efectuar este cambio, es necesario un esfuerzo considerable. Los   escenarios en los que se producen las desigualdades de género estructurales   son sumamente difíciles de desentrañar y alterar. Por lo tanto, es de   particular importancia destacar todos los aspectos relevantes de la   Convención que pueden ser útiles para iniciar el cambio, incluyendo los   mandamientos judiciales del Artículo 46.   20. En resumen, las siguientes reformas concretas de derecho material y   procesal deberían emanar de la ejecución de esta sentencia:   (1) La ley debe definir la violencia doméstica como un delito penal.   (2) La ley debe equiparar el castigo del delito de violencia doméstica al   de las formas más serias de agresión con agravantes.   (3) La ley debe contemplar el delito de violencia doméstica en el ámbito   del enjuiciamiento público y reflejar el “interés público” en su   enjuiciamiento, incluso en los casos en que la víctima no presente una   denuncia o la retire posteriormente.   (4) La ley debe establecer el carácter urgente del procedimiento penal   para la investigación de la violencia doméstica y proporcionar un   mecanismo de respuesta urgente en relación con la investigación y el   enjuiciamiento de los incidentes de dicha violencia.   (5) La ley debe establecer la detención preventiva del autor cuando se   considere necesario.   (6) La ley determinará la necesidad de una formación adecuada de las   autoridades judiciales, fiscales y de la policía, a fin de garantizar la   aplicación efectiva de las medidas legislativas innovadoras descritas   anteriormente y el reconocimiento de la igualdad entre los géneros.   Conclusión   21. Con las reservas mencionadas, estoy de acuerdo con la opinión de la   mayoría. Aplaudo los pasos cruciales que se han dado para reconocer la   violencia doméstica como una violación de los derechos humanos, capaz de   poner en marcha el Artículo 3 de la Convención. Me complace   especialmente que se haya resaltado la importancia de una interpretación y   aplicación que tenga en cuenta el género. Ha llegado el momento de aplicar   de manera consecuente este enfoque sensible al género, que busca erradicar   la desigualdad de género y con ello la incidencia totalmente degradante de   la violencia doméstica.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   13   VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ DEDOV   Coincido con la opinión particular del Juez Pinto de Albuquerque en lo   que respecta a su análisis de las obligaciones del Estado que se derivan del   artículo 3 de la Convención. Sin embargo, he votado con la mayoría en el   tema de la satisfacción equitativa.   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   14   VOTO PARTICULAR DEL JUEZ SERGHIDES   1. Suscribo plenamente la opinión del Juez Pinto de Albuquerque. Sin   embargo, quisiera destacar la importancia del principio de eficacia, en el   contexto del Artículo 3 de la Convención.   A. La diferencia entre “tortura”, “trato inhumano” y “trato   degradante” en el Artículo 3 de la Convención   2. El derecho a no ser torturado o a ser sometido a tratos inhumanos o   degradantes, según el Artículo 3 de la Convención, distingue entre la   intensidad de las violaciones sufridas por la víctima. Esta es la única   disposición de la Convención que establece una clasificación según la   intensidad de la violación. Del texto y del objeto y propósito del Artículo 3   se desprende claramente que su redacción, tal como está planteada, sólo   podía ser deliberada.   B. La particularidad del Artículo 3 a la luz del principio de eficacia   3. En mi humilde opinión, socavaría el nivel de protección del derecho   previsto en el Artículo 3 y de la víctima, así como su dignidad humana, si el   Tribunal calificara erróneamente una violación como “trato inhumano” en   lugar de “tortura”. Esta clasificación errónea, al no corresponderse con la   intensidad real de la violación, iría en contra del texto, del objeto y del   propósito del Artículo 3. La distinción que se hace en el Artículo 3 entre las   tres clases de violaciones en función de su intensidad se basa en el principio   de eficacia, que exige, a este respecto, que para dar plena protección   efectiva al derecho previsto en el Artículo 3, el Tribunal debe evaluar   correctamente la intensidad de la violación y la correspondiente obligación   del Estado demandado en relación con dicha violación, teniendo en cuenta   el significado, el umbral y las diferencias entre las tres clases distintas de   violación.   4. El respaldo al punto de vista propuesto, que es un requisito del   principio de eficacia que las violaciones comprendidas en el Artículo 3 se   evalúen correctamente según su intensidad, puede desprenderse de lo que   dijo el Tribunal en Selmouni v. Francia [GC], 25803/94, § 101, ECHR   1999-V:   “El Tribunal ha examinado previamente casos en los que concluyó que había habido   un tratamiento que solo podía describirse como tortura ... Sin embargo, teniendo en   cuenta que la Convención es un ‘instrumento vivo que debe interpretarse a la luz de   las condiciones actuales’ … el Tribunal considera que ciertos actos que fueron   clasificados en el pasado como ‘trato inhumano y degradante’ en lugar de ‘tortura’   podrían clasificarse de manera diferente en el futuro. Considera que el estándar cada   vez más alto que se requiere en el área de la protección de los derechos humanos y   las libertades fundamentales requiere correspondiente e inevitablemente una mayor   SENTENCIA VOLODINA v. RUSIA – VOTO PARTICULAR   15   firmeza al evaluar las violaciones de los valores fundamentales de las sociedades   democráticas” (énfasis añadido).   La afirmación anterior es relevante e importante para el tema en cuestión   en dos aspectos: no sólo vincula la valoración de lo que es “tortura” con la   protección de los derechos humanos, por tanto, el principio de eficacia   (aunque en una formulación indirecta), sino que también hace que esta   última, a través de la doctrina del instrumento vivo, sea capaz de exigir, en   la actualidad, una mayor firmeza en la valoración de la “tortura”. Esto es tan   necesario, como se menciona en la declaración, debido a que “se requiere un   nivel cada vez más alto en la protección de los derechos humanos y las   libertades fundamentales”. Esta redacción, así como la admisión del   Tribunal en ese caso “que ciertos actos que fueron clasificados en el pasado   como ‘trato inhumano y degradante’ en lugar de ‘tortura’ podrían   clasificarse de manera diferente en el futuro”, y su conclusión en ese caso al   declarar una violación equivalente a la tortura (ver el párrafo 105 de esa   sentencia), muestran que el Tribunal efectuó una interpretación avanzada y   progresiva del Artículo 3, como exige el Preámbulo del Convenio, a saber,   “el mantenimiento y la ulterior realización de los derechos humanos y las   libertades fundamentales”.   C. La conclusión del Tribunal a la luz del principio de eficacia   5. Lamentablemente, la conclusión del Tribunal en el sentido de que el   Estado demandado no cumplió con su deber de investigar los “malos tratos”   que había sufrido la demandante (ver el párrafo 101 de la sentencia), en   lugar de concluir que el Estado de hecho no investigó una “tortura”, se basa   en una evaluación errónea de los hechos y en una clasificación errónea del   tipo de violación sufrida por la demandante (ver el dictamen separado del   juez Pinto de Albuquerque). Por lo tanto, el Tribunal no proporcionó a la   demandante la protección efectiva requerida por el Artículo 3.   6. Esa apreciación errónea tuvo como resultado la reducción del importe   de la indemnización a pagar con respecto a los daños no pecuniarios. Como   el Juez Pinto de Albuquerque, propondría hacer una mayor indemnización   en el presente caso. De acuerdo con el principio de eficacia y la   jurisprudencia establecida del Tribunal, la interpretación y aplicación de las   disposiciones de la Convención debe ser práctica y eficaz en lugar de teórica   e irreal.  

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