Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 8 de abril de 1992. William Dowling contra Irlanda, Attorney General y Minister for Agriculture and Food. Petición de decisión prejudicial: Supreme Court - EUR-Lex Document 61990CC0085

Aviso jurídico importante

|61990C0085

Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 8 de abril de 1992. - WILLIAM DOWLING CONTRA IRLANDA, ATTORNEY GENERAL Y MINISTER FOR AGRICULTURE AND FOOD. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL: SUPREME COURT - IRLANDA. - TASA SUPLEMENTARIA SOBRE LA LECHE. - ASUNTO C-85/90.

Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-05305

Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. En el presente asunto, la Supreme Court de Irlanda solicita al Tribunal de Justicia que interprete una vez más el artículo 3 bis del Reglamento (CEE) nº 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984 (DO L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64), que fue añadido por el Reglamento (CEE) nº 764/89 del Consejo, de 20 de marzo de 1989 (DO L 84, p. 2).

Disposiciones legislativas

2. Recordaré que el artículo 5 quater del Reglamento (CEE) nº 804/68, añadido por el Reglamento (CEE) nº 856/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984 (DO L 90, p. 10; EE 03/30, p. 61), estableció una tasa suplementaria sobre la producción de leche, percibida sobre las cantidades de leche que sobrepasen una determinada cantidad de referencia o "cuota". El artículo 1 del Reglamento nº 857/84 del Consejo fija el importe de la tasa y el artículo 2 determina la cuantía de las cuotas que deben atribuirse a cada productor. El cálculo de las cuotas así establecidas se efectúa por referencia a las cantidades de leche entregadas a lo largo de un determinado año y dicho "año de referencia" puede ser uno de los tres años civiles 1981, 1982 o 1983, a elección del Estado miembro interesado. El artículo 3 del Reglamento nº 857/84 define un cierto número de situaciones particulares que deben igualmente tenerse en cuenta al atribuir las cuotas. En concreto, el apartado 3 del artículo 3 dispone lo siguiente:

"Los productores cuya producción lechera, durante el año de referencia tenido en cuenta en aplicación del artículo 2, se hubiere visto sensiblemente afectada por acontecimientos excepcionales ocurridos antes o en el transcurso de dicho año, obtendrán, si así lo solicitaren, que se les tome en cuenta otro año civil de referencia comprendido dentro del período de 1981 a 1983."

El párrafo segundo del apartado 3 del artículo 3 ofrece ejemplos de dichos acontecimientos excepcionales. En virtud del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 1546/88 de la Comisión, de 3 de junio de 1988 (DO L 139, p. 12), dichos acontecimientos excepcionales incluyen igualmente:

"la incapacidad profesional a largo plazo del productor, si se encargaba él mismo de la explotación".

3. El artículo 3 bis fue añadido al Reglamento nº 857/84 por el Reglamento nº 764/89 a raíz de las sentencias de 28 de abril de 1988, Mulder/Minister van Landbouw en Visserij (120/86, Rec. p. 2321), y von Deetzen/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (170/86, Rec. p. 2355). El objeto del nuevo artículo era permitir la asignación de una cuota a aquellos productores de leche que hubiesen adquirido un compromiso de no comercialización o de reconversión con arreglo al Reglamento (CEE) nº 1078/77 del Consejo, de 17 de mayo de 1977 (DO L 131, p. 1; EE 03/12, p. 143), y que por esa razón no se hubiesen dedicado a la producción de leche durante el año de referencia pertinente. Tal y como lo explica el primer considerando del Reglamento nº 764/89, la lista de las situaciones particulares contempladas en el artículo 3 del Reglamento nº 857/84 no incluye la hipótesis de los productores que, en razón de un compromiso contraído con arreglo al Reglamento nº 1078/77, no entregaron leche durante el año de referencia considerado por el Estado miembro interesado. El considerando concluye que "por lo tanto, es necesario completar mediante un nuevo artículo la lista de las situaciones particulares contempladas en el artículo 3, con el fin de que los productores interesados reciban una cantidad de referencia específica". A raíz de las sentencias de 11 de diciembre de 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539) y Pastaetter (C-217/89, Rec. p. I-4585), el artículo 3 bis fue modificado por el Reglamento (CEE) nº 1639/91 del Consejo, de 13 de junio de 1991 (DO L 150, p. 35).

4. Antes de la modificación del artículo 3 bis, el texto del apartado 1 del artículo 3 bis, en la medida en que resulta pertinente, era el siguiente:

"El productor [...]

- cuyo período de no comercialización o de reconversión, en ejecución del compromiso contraído con arreglo al Reglamento (CEE) nº 1078/77, expire después del 31 de diciembre de 1983, o (en ciertos casos, incluido el de Irlanda) después del 30 de septiembre de 1983 [...],

[...]

recibirá provisionalmente y a petición propia, formulada en un plazo de tres meses a partir del 29 de marzo de 1989, una cantidad de referencia específica [...]"

Sin embargo, en la sentencia de 11 de diciembre de 1990, C-189/89, antes citada, en el apartado 3, se consideraron inválidos los plazos de expiración de los compromisos de no comercialización o de reconversión fijados por dicha disposición. Por consiguiente, el apartado 1 del artículo 3 bis fue modificado por el Reglamento nº 1639/91 para permitir la asignación de una cuota a los solicitantes cuyos compromisos hubiesen vencido en 1983 (o, en su caso, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 1983), a condición de que presentasen una solicitud en un plazo de tres meses a partir del 1 de julio de 1991. En el cuarto considerando del Reglamento nº 1639/91, los nuevos plazos se justificaron de este modo:

"Considerando que el Tribunal de Justicia declaró en las citadas sentencias (en el asunto C-189/89, Spagl, y en el asunto C-217/89, Pastaetter) que el legislador comunitario puede fijar lícitamente una fecha límite para el vencimiento del período de no comercialización o de reconversión, con objeto de excluir del beneficio del artículo 3 bis del Reglamento (CEE) nº 857/84 a los productores que no entregaron leche durante la totalidad o una parte del año de referencia por razones ajenas a un compromiso de no comercialización o de reconversión; que todos los Estados miembros interesados adoptaron 1983 como año de referencia; que, por lo tanto, todo productor que, siendo libre de hacerlo, se abstuvo de reanudar su producción de leche entre el 1 de enero de 1983 y el 1 de abril de 1984 manifestó claramente su voluntad de abandonar definitivamente dicha producción por razones personales, ajenas al compromiso suscrito o a sus consecuencias; que, por consiguiente, es oportuno disponer que sólo puedan beneficiarse del artículo 3 bis los productores cuyo período de no comercialización o de reconversión venció el 31 de diciembre de 1982."

A pesar de que este considerando se refiere a las dos sentencias del Tribunal de Justicia, de hecho, este Tribunal examinó la validez del plazo fijado por el apartado 1 del artículo 3 bis únicamente en el asunto Spagl. En los apartados 15 y 16 de los fundamentos de derecho de su sentencia, el Tribunal de Justicia afirmó que dicha disposición era inválida en cuanto que podía excluir del beneficio del artículo 3 bis a productores que no habían hecho entregas de leche durante la totalidad o una parte del año de referencia tenido en cuenta, en ejecución de un compromiso contraído con arreglo al Reglamento nº 1078/77. Por consiguiente, al modificar el plazo, el legislador consideró que, de conformidad con la sentencia dictada por el Tribunal en el asunto Spagl, podía excluirse a los productores del beneficio del artículo 3 bis cuando el año de referencia para la atribución de una cuota con arreglo al artículo 2 no se hallaba incluido en todo o en parte dentro del período para el cual dichos productores habían adquirido sus compromisos.

Hechos

5. El Sr. Dowling, demandante en el litigio principal, solicitó en 1978 una prima de reconversión con arreglo al Reglamento nº 1078/77. Su solicitud fue satisfecha y por consiguiente se comprometió a no producir leche durante un período de cuatro años que concluía el 22 de noviembre de 1982. Víctima de una crisis cardíaca en 1980, se sometió a una operación a corazón abierto en febrero de 1981. En 1982 y 1983 tampoco se halló en condiciones de efectuar un trabajo físico, pero en 1984 pudo reanudar una actividad física limitada.

6. De las observaciones escritas del demandante se desprende que, a pesar de la incapacidad que siguió a su crisis cardíaca de 1980, la producción pudo continuar en su explotación con la ayuda del hijo del demandante. Dado el compromiso de reconversión, es evidente que se trataba de la producción de carne de vacuno y no de la producción de leche. Sin embargo, el Sr. Dowling no reanudó la producción de leche, ni siquiera con la ayuda de su hijo, una vez finalizado su período de reconversión. Cuando en 1984 se establecieron la tasa suplementaria sobre la producción de leche y el sistema de cuotas lecheras, el Sr. Dowling no pudo obtener una cuota con arreglo al artículo 2 del Reglamento nº 857/84 porque no había producido leche durante el año de referencia pertinente, a saber, 1983. Dado que tampoco había producido leche en 1981 o 1982, no podía hacer uso de la posibilidad, prevista en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento, de sustituir 1983 por otro año de referencia incluido en el período de 1981 a 1983.

7. Por consiguiente, cuando se incluyó el nuevo artículo 3 bis en el Reglamento nº 857/84 para ofrecer a los productores que se habían acogido a un régimen de no comercialización o de reconversión la posibilidad de obtener una cuota, el demandante solicitó una cuota con arreglo a dicha disposición. Su solicitud fue desestimada en razón a que no cumplía la condición establecida en el primer guión del apartado 1 del artículo 3 bis, antes citado, en el apartado 4, dado que su período de reconversión había vencido antes del 1 de octubre de 1983. El 6 de octubre de 1989 el Sr. Dowling interpuso un recurso ante la High Court con objeto de que se declarase su derecho a una cuota. La High Court desestimó su demanda y el Sr. Dowling recurrió en casación ante la Supreme Court.

8. En vista de lo cual, la Supreme Court planteó la cuestión siguiente con objeto de obtener una decisión prejudicial:

"¿ Tiene un agricultor derecho a una cantidad de referencia específica provisional en virtud del artículo 3 quater (sic) del Reglamento (CEE) nº 857/84, según la redacción dada por el Reglamento (CEE) nº 764/89, si:

- cesó la producción lechera en contrapartida de una prima de reconversión en virtud del Reglamento (CEE) nº 1078/77, durante el período comprendido entre el 23 de noviembre de 1978 y el 22 de noviembre de 1982;

- estuvo incapacitado durante 1983 y, por lo tanto, imposibilitado para reanudar la producción lechera en dicho año, en circunstancias en las que posteriormente las autoridades nacionales admitieron que habría tenido derecho a designar 1981 o 1982 como años de referencia alternativos de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 857/84;

- no tuvo la posibilidad de contar con la producción lechera durante 1981 o 1982, con el objeto de obtener una cantidad de referencia según el Reglamento (CEE) nº 857/84, dado que ambos años aludidos estuvieron comprendidos en el período de reconversión de cuatro años antes mencionado?"

La referencia al artículo 3 quater del Reglamento nº 857/84 al principio del enunciado de la cuestión es evidentemente un error, dado que dicho artículo no existe. Sin embargo, está claro que se ha querido hacer referencia al artículo 3 bis. En lo sucesivo, a la condición fijada en el primer guión del apartado 1 del artículo 3 bis del Reglamento nº 857/84, la llamaré simplemente el "plazo". A pesar de que la cuestión se refiere a los productores que, como el Sr. Dowling, adquirieron un compromiso de reconversión con arreglo al Reglamento nº 1078/77, es indudable que los mismos principios se aplican a los productores que adquirieron un compromiso de no comercialización con arreglo al mismo Reglamento. Sin embargo, conviene subrayar que dado que los compromisos de no comercialización se extendían a lo largo de períodos de cinco años y no a lo largo de los cuatro años exigidos para los compromisos de reconversión, un compromiso de no comercialización adquirido en noviembre de 1978 no hubiese vencido antes de noviembre de 1983.

Interpretación del plazo

9. Dado que el compromiso de reconversión del Sr. Dowling venció en noviembre de 1982, parecería, si nos atenemos a una lectura literal del primer guión del apartado 1 del artículo 3 bis, que el Sr. Dowling no tenía ninguna posibilidad de recibir una cuota con arreglo al artículo 3 bis. A pesar de que, como hemos visto, dicha disposición fue modificada ulteriormente de modo que pudiese asignarse una cuota a los productores cuyos compromisos habían expirado durante el año de referencia 1983, es evidente que la situación del Sr. Dowling no resulta afectada por dicha modificación, dado que su compromiso venció antes de que finalizase 1982. Además, como veremos, parece que de la sentencia del Tribunal en el asunto Spagl, antes citada, en el apartado 3, se desprende que procede interpretar literalmente la disposición de que se trata: véanse los apartados 14 y 15 siguientes. Sin embargo, el Sr. Dowling sostiene que la disposición que fija el plazo no puede interpretarse literalmente, puesto que tal interpretación se traduciría en una discriminación ilícita en perjuicio de los productores que se hallan en su situación. No afirma que el Reglamento nº 857/84 sea inválido por esta razón. Al contrario, según él, "consta que las lagunas de que adolecen los Reglamentos en materia de cuotas lecheras pueden colmarse mediante la aplicación del principio de igualdad y que los términos de un Reglamento CEE pueden ser completados y aplicados por analogía de modo que se evite toda discriminación".

10. No hay duda de que, en la medida de lo posible, la legislación comunitaria debe interpretarse de forma que sea conforme a los principios generales del Derecho comunitario, que incluyen en particular el principio de igualdad de trato (que, en materia agrícola, impone igualmente el apartado 3 del artículo 40 del Tratado) y el principio de protección de la confianza legítima. Asimismo, para interpretar la legislación comunitaria, el Tribunal de Justicia debe presumir que el legislador no ha tenido la intención de hacer caso omiso de tales principios superiores del Derecho comunitario. Sin embargo, existen límites a lo que la interpretación puede permitir. Más allá de tales límites, el Tribunal de Justicia únicamente puede declarar que la legislación es inválida por violación del Derecho comunitario; en efecto, el Tribunal de Justicia carece del poder general de modificar o de completar una legislación que, en caso contrario, sería inválida (véase, por ejemplo, la sentencia de 14 de junio de 1990, Weiser, C-37/89, Rec. p. I-2395 y, en concreto, las observaciones del Abogado General Sr. Darmon en la p. I-2415).

11. En apoyo de la propuesta conforme a la cual el Tribunal de Justicia puede hacer caso omiso de la letra de la legislación comunitaria, el demandante cita la sentencia de 9 de junio de 1977, Blottner/Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, (109/76, Rec. p. 1141), en la que el Tribunal de Justicia tuvo que interpretar la expresión "medidas de aplicación, existentes o futuras" que figura en la letra j) del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98). El apartado 1 del artículo 40 del Reglamento prevé la totalización de los períodos de seguro en el supuesto del trabajador que hubiese estado sucesivamente o alternativamente sujeto a las legislaciones de dos o varios Estados miembros, y la letra j) del artículo 1 define "legislación" a estos efectos como las leyes, los Reglamentos, las disposiciones estatutarias "y cualesquiera otras medidas de aplicación, existentes o futuras". El Tribunal de Justicia ha interpretado esta última expresión considerando que engloba medidas que ya no estaban en vigor en el momento de la adopción de los Reglamentos comunitarios de que se trata. Tal y como el Tribunal de Justicia puso de relieve en el apartado 12 de los fundamentos de derecho de su sentencia:

"La finalidad (de la acumulación de los períodos tomados en consideración para las prestaciones sociales, como lo exige el artículo 51 del Tratado) [...] no se alcanzaría si el trabajador perdiese la calidad de asegurado [...] por el mero hecho de que, en la época en que se adoptaron (los Reglamentos de que se trata), la legislación nacional vigente en la época en la que el trabajador estaba asegurado hubiese sido sustituida por una legislación diferente."

Por consiguiente, toda interpretación más restrictiva de la letra j) del artículo 1, sería contraria al objetivo del apartado 1 del artículo 40. De hecho, tal y como el Abogado General Sr. Warner pusiera de manifiesto en sus conclusiones, en la página 1159, cualquier otra interpretación hubiese conducido a "un flagrante absurdo" y, por las razones por él expuestas, la interpretación no contradecía de hecho el texto de la disposición. Por consiguiente, lo más que demuestra el asunto Blottner es que, cuando sea necesario, el Tribunal de Justicia dará efecto al objetivo manifiesto de una disposición mediante una interpretación extensiva de sus términos.

12. El demandante se refiere asimismo, a la sentencia de 25 de noviembre de 1986, Klensch/Secrétaire d' État (asuntos acumulados 201/85 y 202/85, Rec. p. 3477). En dicho asunto, el Tribunal de Justicia afirmó que, en determinadas circunstancias, la totalidad o parte de una cuota debe añadirse a la reserva nacional en lugar de quedar atribuida al comprador al que le fue asignada con arreglo a la fórmula B, que figura en el artículo 2 del Reglamento nº 857/84, no obstante el hecho de que el Reglamento no contemplaba expresamente semejante adaptación en tales circunstancias (véanse los apartados 19 a 22 de los fundamentos de derecho de la sentencia). Sin embargo, dado que, al mismo tiempo, nada había en el Reglamento que justificase la exclusión de dicha adaptación, no me parece que la postura del Tribunal de Justicia en el asunto Klensch resulte útil al demandante. Por último, el demandante cita la sentencia de 12 de diciembre de 1985, Krohn/BALM, (165/84, Rec. p. 3997), en la que el Tribunal de Justicia reconoció que, en determinadas circunstancias excepcionales, un Reglamento comunitario que contemple una omisión que sea incompatible con un principio general de Derecho comunitario, puede aplicarse a situaciones distintas de las que el Reglamento pretendió regular (véase el apartado 14 de los fundamentos de derecho de la sentencia). Sin embargo, el Tribunal de Justicia no afirmó que podía procederse a dicha aplicación extensiva del Reglamento cuando el texto expreso o la finalidad manifiesta del mismo se opusieran a ello.

13. Los límites de lo que el Tribunal de Justicia puede realizar por la vía de la interpretación de disposiciones comunitarias resultan de hecho bien ilustrados por las vicisitudes de la legislación objeto de debate en el presente asunto, que el Tribunal de Justicia ha declarado inválida en dos ocasiones. El Reglamento nº 857/84 fue declarado inválido por primera vez en las sentencias de 28 de abril de 1988, 120/86 y 170/86, antes citadas, en el apartado 3. En tales asuntos, el Tribunal de Justicia declaró que una exclusión total permanente de la producción de leche que afectase a los productores que habían contraído un compromiso en virtud del Reglamento nº 1078/77 vulneraba la confianza legítima de dichos productores (véase el apartado 26 de los fundamentos de derecho de la sentencia en el asunto Mulder, y el apartado 15 de los fundamentos de derecho de la sentencia en el asunto von Deetzen). El Tribunal de Justicia no consideró posible interpretar las disposiciones de que se trata de manera que se permitiese a dichos productores recibir una cuota. Tal y como el Tribunal de Justicia afirmó en el apartado 15 de los fundamentos de derecho de su sentencia en el asunto Mulder:

"El análisis de la sistemática y del objetivo de las disposiciones de los artículos 3 y 4 del Reglamento nº 857/84 del Consejo pone de manifiesto que las mismas enumeran de forma limitativa las situaciones en las cuales las cantidades de referencia específicas o suplementarias pueden ser concedidas por los Estados. Dado que estas disposiciones no contemplan la situación de un productor que no haya entregado leche durante el año de referencia a causa de un compromiso de no comercialización, adoptado en virtud del Reglamento nº 1078/77, dicho productor sólo puede obtener una cantidad de referencia en la medida en que esté en uno o varios de los supuestos específicamente contemplados a este efecto."

14. Por consiguiente, el Consejo estaba obligado a modificar el Reglamento nº 857/84 para completar la lista de las situaciones particulares en las que podían adjudicarse cuotas. Como hemos visto, esto se hizo añadiendo un nuevo artículo 3 bis al Reglamento. Sin embargo, en las sentencias de 11 de diciembre de 1990, C-189/89 y C-217/89, citadas anteriormente en el apartado 3, el mismo artículo 3 bis fue declarado inválido en dos aspectos. La norma contenida en el apartado 2 del artículo 3 bis, conforme a la cual la cantidad asignada provisionalmente en virtud del apartado 1 del artículo 3 bis estaba limitada al 60 % de la leche entregada anteriormente, fue declarada inválida porque dicho porcentaje de reducción, aplicable únicamente a los productores que reanudasen la producción tras haber ejecutado un compromiso adquirido en virtud del Reglamento nº 1078/77, era excesivamente elevado con relación al que se aplicaba a los demás productores (véase el apartado 23 de los fundamentos de derecho de la sentencia en el asunto Spagl y el apartado 14 de los fundamentos de derecho de la sentencia en el asunto Pastaetter). Además, como ya hemos visto, en el asunto Spagl, el plazo fijado por el primer guión del apartado 1 del artículo 3 bis fue igualmente declarado inválido en la medida en que excluía del beneficio del artículo 3 bis a aquellos productores que no habían entregado leche durante la totalidad o una parte del año de referencia a causa de un compromiso contraído con arreglo al Reglamento nº 1078/77.

15. Si el Tribunal de Justicia hubiese podido suprimir o adaptar el plazo fijado por el apartado 1 del artículo 3 bis, o la reducción del 40 % impuesta por el apartado 2 del artículo 3 bis, es evidente que hubiese sido inútil declarar inválidas dichas disposiciones. Sin embargo, a pesar de que ambas disposiciones, interpretadas literalmente, vulneraban la confianza legítima de los productores que habían ejecutado un compromiso adquirido con arreglo al Reglamento nº 1078/77 y a pesar de que el artículo 3 bis se añadió al Reglamento nº 857/84 precisamente para respetar la confianza legítima de tales productores, el Tribunal de Justicia consideró que no se hallaba en condiciones de interpretar dichas disposiciones de modo que resultasen conformes con el Derecho comunitario. Se me antoja que el Tribunal de Justicia no podía hacerlo porque la intención del legislador, aunque imperfecta, era absolutamente clara y por consiguiente, no era posible separarse del sentido literal de las disposiciones en las que dicha intención se expresaba. Dado que la intención del legislador era incompatible con un principio general del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia únicamente podía declarar inválidas las disposiciones que daban cuerpo a dicha intención.

16. Del mismo modo, el Reglamento nº 857/84 fue, en un principio, declarado inválido, antes de la inclusión del artículo 3 bis, porque era imposible interpretar los artículos 3 y 4 del Reglamento de manera que contemplasen el caso de los productores que no habían entregado leche durante el año de referencia pertinente a causa de un compromiso adquirido con arreglo al Reglamento nº 1078/77. Tal y como el Tribunal de Justicia puso de relieve en el apartado 15 de los fundamentos de derecho de su sentencia en el asunto Mulder, antes citado, en el apartado 13, el análisis de los artículos 3 y 4 del Reglamento nº 857/84 pone de manifiesto que la lista de las situaciones particulares enumeradas en dichos artículos es intencionadamente exhaustiva. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no podía colmar una laguna del Reglamento previendo el caso de una situación particular suplementaria: lo único que podía hacer era declarar que Reglamento era inválido en cuanto que no contemplaba dicho caso.

17. En mi opinión, no cabe duda de que el legislador, al adoptar la versión inicial del apartado 1 del artículo 3 bis, quiso que el plazo excluyese a todos aquellos productores cuyos compromisos de reconversión venciesen antes de la fecha límite fijada. Idéntica intención resulta igualmente clara en la disposición modificada resultante del Reglamento nº 1639/91 y, en concreto, en el cuarto considerando de dicho Reglamento, antes citado, en el apartado 4. Tampoco cabe duda, en mi opinión, de que la lista de situaciones particulares previstas en el Reglamento nº 857/84 mantiene su carácter exhaustivo tras la inclusión del artículo 3 bis y la modificación ulterior de dicho artículo. El artículo 3 bis contempla de este modo una nueva situación particular en la que puede obtenerse una cuota, pero su finalidad no es modificar el alcance del apartado 3 del artículo 3, permitiendo hacer uso de otro año de referencia alternativo a efectos de la aplicación de dicha disposición.

18. De ello se sigue que las pretensiones del Sr. Dowling únicamente podrán ser satisfechas en el presente asunto si el Reglamento nº 857/84 se declara inválido en cuanto que no contempla el caso del productor que se halle en su situación. A pesar de que la cuestión de la validez no haya sido planteada por el Juez a quo ni suscitada en ninguna de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, se trata de una cuestión que el Tribunal de Justicia puede, en mi opinión, plantear de oficio, dado, en particular, que el demandante sostuvo que el Reglamento, interpretado literalmente, vulnera principios generales del Derecho comunitario. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia escuchó una serie de alegaciones sobre problemas que inciden directamente sobre la validez del Reglamento. No obstante, tal y como veremos más adelante, ninguna de dichas alegaciones basta de hecho para establecer la invalidez de este último.

Validez del plazo

19. Según el demandante, el plazo, interpretado literalmente, es, en efecto, contrario a los principios generales del Derecho comunitario en un doble aspecto. En primer lugar, el demandante sostiene que aquellos productores que se hallen en su situación entran dentro del campo de aplicación de las sentencias en los asuntos Mulder y von Deetzen, antes citados, en el apartado 3 y que, por consiguiente, confiaba legítimamente en poder reanudar la producción de leche, confianza que debería ser protegida por el Tribunal de Justicia. El demandante alega, en segundo lugar, que privarle de una cuota sería contrario al principio de no discriminación. Examinaré por orden dichas alegaciones.

20. Recordaremos que, en las sentencias de 28 de abril de 1988, 120/86 y 170/86, antes citadas, el Tribunal de Justicia afirmó que un productor que haya interrumpido libremente la producción durante cierto tiempo no puede legítimamente esperar reanudar la producción en las mismas condiciones que estaban vigentes con anterioridad; sin embargo, cuando dicho productor haya sido incitado, por un acto de la Comunidad, a comprometerse a suspender la comercialización durante un período limitado, puede legítimamente esperar no estar sujeto, al término de su compromiso, a restricciones que le afecten de forma específica en razón precisamente del hecho de haber hecho uso de las posibilidades ofrecidas por dicho régimen. Por consiguiente, la cuestión que procede examinar es la de saber si, al vencer el compromiso en noviembre de 1982, podía considerarse que el Sr. Dowling se hallaba sometido a restricciones impuestas por el Derecho comunitario que eran precisamente consecuencia de su participación en un régimen de reconversión.

21. En mi opinión, la respuesta a dicha cuestión es clara. En la fecha en que expiró el compromiso del Sr. Dowling, éste no era objeto de ninguna restricción impuesta por el Derecho comunitario que le impidiese producir leche. La tasa suplementaria sobre la producción de leche, y con ella el sistema de cuotas, no se introdujo hasta el 1 de abril de 1984. A lo largo de 1983, el Sr. Dowling tuvo la posibilidad de reanudar la producción de leche y, dado que 1983 era el año de referencia aplicable a efectos del artículo 2 del Reglamento nº 857/84, de obtener una cuota de conformidad con dicha disposición. Como hemos visto, el Sr. Dowling no pudo, de hecho, reanudar la producción de leche en 1983 a causa de su incapacidad laboral y, por consiguiente, no pudo obtener una cuota. El hecho de que no hubiese podido reanudar en el momento apropiado la producción de leche no puede, por tanto, achacarse a la ejecución de su compromiso de reconversión; al contrario, cabe más bien atribuírselo a su incapacidad.

22. Es cierto que el Sr. Dowling no pudo hacer uso de la posibilidad prevista en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento de cambiar el año de referencia 1983 por 1981 o 1982, dado que no había producido leche durante esos dos años, y también lo es que el hecho de que no hubiese producido en esos años puede achacarse a su compromiso de reconversión. Sin embargo, debe hacerse hincapié en que la posibilidad de sustituir 1983 por otro año de referencia, con arreglo al apartado 3 del artículo 3, surgió únicamente porque el Sr. Dowling se hallaba incapacitado en el año de referencia 1983. Esta incapacidad, y no el compromiso de reconversión del Sr. Dowling, fue la que primero hizo surgir la posibilidad de substituir 1983 por un año de referencia diferente y la necesidad de hacerlo. En mi opinión, no existe por tanto un vínculo suficientemente directo entre la ejecución por el demandante de su compromiso de reconversión y el hecho de que no hubiese obtenido una cuota. De la sentencia de 11 de diciembre de 1990, C-189/89, antes citada, en el apartado 3, se desprende claramente que el legislador comunitario tiene derecho a excluir del beneficio del artículo 3 bis a aquellos productores que no entregaron leche durante el año de referencia de que se trata por razones ajenas al hecho que tales productores hubiesen ejecutado un compromiso contraído con arreglo al Reglamento nº 1078/77 (véase el apartado 13 de los fundamentos de derecho de la sentencia y véase igualmente la sentencia de 10 de enero de 1992, Kuehn/Landwirtschaftskammer Weser-Ems, C-177/90, Rec. p. I-35, apartado 15).

23. Se me antoja por consiguiente que no fueron las disposiciones comunitarias controvertidas, sino más bien la incapacidad que sufría en 1983, la que frustró la esperanza legítima del Sr. Dowling de reanudar la producción de leche al vencimiento de su período de reconversión. Por otro lado, no hay duda de que, en el marco de las disposiciones aplicables, el Sr. Dowling recibe un trato diferente en comparación con un productor que gozase de la posibilidad de producir durante uno de los años de referencia alternativos autorizados por el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento nº 857/84. Cabe por tanto preguntarse si tal diferencia de trato equivale a una discriminación ilícita entre productores de la Comunidad, contraria al apartado 3 del artículo 40 del Tratado.

24. En la sentencia de 17 de mayo de 1988, Erpelding/Secretaire d' État à l' Agriculture et à la Viticulture (84/87, Rec. p. 2647), el Tribunal de Justicia observó que la norma que impedía a los productores cuya producción de leche había disminuido sensiblemente durante todo el período de 1981 a 1983 obtener una cuota basada en una producción representativa, afectaba más intensamente a esta categoría de productores que a quienes podían ampararse en dicha producción durante un año de referencia. Sin embargo, el Tribunal de Justicia consideró que dicha regla se justificaba objetivamente por la necesidad de limitar el número de años que podían tenerse en cuenta como años de referencia, en interés a la vez de la seguridad jurídica y de la eficacia del sistema de cuotas (véase el apartado 30 de los fundamentos de derecho de la sentencia y véase, igualmente, la sentencia de 27 de junio de 1989, Leukhardt/Hauptzollamt Reutlingen, 113/88, Rec. p. 1991). Opino que idénticas consideraciones se aplican al caso que nos ocupa. En efecto, para que el Sr. Dowling pudiese obtener una cuota, sería necesario que se le autorizase a sustituir el año de referencia 1983 por un año que no estuviese incluido dentro del período de tres años de 1981 a 1983. En efecto, al invocar el beneficio del artículo 3 bis del Reglamento nº 857/84, el Sr. Dowling invoca el derecho a tomar como base de atribución de una cuota los doce meses anteriores a la presentación de su solicitud de la prima de reconversión (véase el apartado 2 del artículo 3 bis del Reglamento). Se me antoja que las razones para permitirle hacer referencia a un año no incluido en el período de tres años no son más poderosas que las de cualquier otro productor que, por diferentes motivos, no hubiese podido producir una cantidad suficiente de leche durante esos tres años. En mi opinión, procede por tanto desestimar igualmente la alegación basada en el principio de no discriminación. Por consiguiente, ninguno de los argumentos presentados permite llegar a la conclusión de que el Reglamento nº 857/84 es inválido en la medida en que no permite a un productor, que se halle en la situación del Sr. Dowling, beneficiarse de una cuota específica.

Conclusión

25. En consecuencia, considero que la cuestión planteada por la Supreme Court de Irlanda requiere la siguiente respuesta:

"Cuando el período de reconversión de un productor en el marco de un compromiso contraído en virtud del Reglamento (CEE) nº 1078/77 ha expirado antes del 1 de enero de 1983, el productor no tiene derecho a una cantidad de referencia específica provisional con arreglo al artículo 3 bis del Reglamento (CEE) nº 857/84, según la redacción dada por el Reglamento (CEE) nº 764/89 y por el Reglamento (CEE) nº 1639/91, no obstante el hecho de haber sufrido una incapacidad laboral en 1983 la cual, si dicho productor no hubiera cumplido su compromiso de reconversión, habría podido permitirle obtener, de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 857/84, que se tuviese en cuenta otro año civil de referencia dentro del período de 1981 a 1983."

(*) Lengua original: inglés.

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