Conclusiones del abogado general
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Señor Presidente,
Señores Jueces,
1. Mediante recurso de 28 de noviembre de 1985, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que declarara que el Reino de Bélgica no ejecutó la sentencia dictada el 20 de octubre de 1981 en el asunto 137/80, instado por la Comisión contra Bélgica (Rec. 1981, p. 2393). En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró:
"El Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al negarse a adoptar las medidas necesarias para la transferencia del equivalente actuarial o del rescate de los derechos a pensión de jubilación causados en el régimen de pensiones belga al régimen de pensiones comunitario, prevista en el apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas" (traducción provisional).
2. Como es sabido, el presente procedimiento había llegado ya a la fase oral y el Abogado General había presentado sus conclusiones el 20 de octubre de 1987. A raíz de una petición formulada por el Gobierno belga, a la que se adhirió la Comisión, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió suspender el procedimiento. A consecuencia de las posteriores suspensiones solicitadas por ambas partes y de la renovación parcial del Tribunal, éste ordenó la reapertura de la fase oral del presente procedimiento.
3. Hasta hoy, el Reino de Bélgica no ha introducido aún en su ordenamiento jurídico las medidas concretas que permitan ejercer el derecho a la transferencia de los derechos a pensión. Hago constar que, mediante su inacción, Bélgica se autoconcedió un plazo de nueve años (hasta la fecha), que se añade a los doce años de ilegalidad anteriores. De este modo, se lesionaron los derechos de un número indeterminado, pero seguramente importante, de funcionarios (basta con pensar en el número de demandantes en el asunto 137/88, Schneemann, que solicitaron a este Tribunal que declarara el incumplimiento por parte de la Comisión de su deber de asistencia respecto a ellos, habida cuenta del incumplimiento de Bélgica en la subjecta materia).
4. Persistiendo en su cumplimiento, veinte años después de haberse introducido en el Estatuto el apartado 2 del artículo 11 y cerca de nueve años después de la sentencia de este Tribunal en la que se declaraba que el Reino de Bélgica había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, el Gobierno belga ha hecho prevalecer unilateralmente la consecución de sus propios intereses financieros tal como fueron claramente definidos en el marco del primer procedimiento, (1) en detrimento de la obligación de observar la legalidad comunitaria y haciendo caso omiso del artículo 5 del Tratado. A este respecto, comparto plenamente la opinión del Abogado General Sr. Capotorti según la cual: "Se trata, por tanto, de una normativa que, además de producir efectos favorables en los particulares, sirve en primer lugar para satisfacer el interés propio de las Comunidades" (conclusiones presentadas en el citado asunto, p. 2412).
5. Sugiero, por tanto, confirmando las conclusiones presentadas el 20 de octubre de 1987 por mi predecesor, el Abogado General Sr. Mancini, que se estime el recurso interpuesto por la Comisión y que se declare que, al no obtemperar lo ordenado por la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 1981 en el asunto 137/80, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 171 del Tratado CEE. Procede, evidentemente, condenar en costas a la parte demandada.
(*) Lengua original: italiano.
(1)
Véase, en particular, la parte "Antecedentes de hecho" de la sentencia de 20 de octubre de 1981:
"A continuación, el Gobierno belga afirma que esa solución llevaría a una discriminación que implica un privilegio.
((...))
De este modo, el funcionario belga que renuncia a su puesto y entra al servicio de la CEE le cuesta al Estado belga casi tres veces más caro que si ese mismo agente entrase al servicio de otro empleador, aunque éste fuese una organización internacional como la OTAN, la OCDE o Eurocontrol. Además, dicha discriminación se manifiesta en el importe de las ventajas que se concederán posteriormente a los interesados sobre la base de dichos pagos, dado que, en el caso del funcionario que renuncia a su puesto y entra al servicio de las Comunidades, las cantidades pagadas se transformarán en anualidades que proporcionarán al funcionario europeo una pensión calculada sobre la base de la retribución final obtenida en la CEE, mientras que, en el caso del funcionario que renuncia a su puesto para entrar en otro organismo, las sumas pagadas al régimen de Seguridad Social proporcionarán a dicho agente una pensión que estará en relación con las retribuciones según las cuales se hayan fijado las cotizaciones de Seguridad Social, que son evidentemente más bajas, ya que se trata de retribuciones que corresponden al principio de la carrera."
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