Conclusiones del abogado general
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Señor Presidente,
Señores Jueces,
Al comprobar que la funcionaria Lise Clasen había faltado a su trabajo 542 días por causa de enfermedad en el período comprendido entre el 13 de enero de 1982 y el 1 de agosto de 1985, el Parlamento Europeo, mediante carta del Director de Personal y de Asuntos Sociales de 4 de octubre de 1985, comunicó a dicha funcionaria que había decidido iniciar el procedimiento previsto por el artículo 78 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y le pidió que designase al médico que habría de representarla en la Comisión de invalidez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 del Anexo II del Estatuto.
La demandante designó a la Dra. J. Christophersen, médico en Dinamarca, para que la representase en la referida Comisión, mientras que el Parlamento designaba representante al Dr. L. Fettmann, a quien encargó, mediante carta de 28 de noviembre de 1985, que se pusiese en contacto con la Dra. Christophersen para designar al tercer médico y que cuidase del funcionamiento de la Comisión.
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto, el cometido conferido a la Comisión era -como aparece en las cartas citadas- determinar si la demandante estaba afectada por una invalidez permanente total que le impidiese ejercer las funciones correspondientes a un puesto de trabajo de su carrera.
Mediante carta de 6 de diciembre de 1985, el Dr. Fettmann comunicó a la Dra. Christophersen el nombre del Dr. Palgen como tercer médico de la Comisión y la convocó para una reunión el 12 de diciembre de 1985. Sin embargo, la Dra. Christophersen comunicó el 9 de diciembre al Dr. Fettmann que no disponía de información actualizada sobre el estado de salud de la demandante, a quien debía examinar el 19 de diciembre; el 6 de enero, realizado el examen, envió al Parlamento un informe médico que proponía la concesión de una pensión de invalidez. El Dr. Fettmann convocó entonces una nueva reunión para el 17 de febrero de 1986. La reunión acabó celebrándose en ausencia de la Dra. Christophersen, quien había escrito para comunicar que no le resultaría posible desplazarse a Luxemburgo en la fecha propuesta. Los dos médicos presentes elaboraron entonces un informe, firmado por ambos, en el que se concluía que la demandante no estaba afectada por ninguna invalidez permanente, ni temporal.
A partir de las conclusiones de la Comisión de invalidez, la administración del Parlamento requirió a la demandante, mediante carta de 3 de marzo de 1986, para que reanudase inmediatamente su trabajo.
Contra esta decisión, a la que siguieron las consecuencias previstas en el artículo 60 del Estatuto, la demandante presentó una reclamación, que fue desestimada por la Administración, y a continuación interpuso el presente recurso. En él, la demandante solicita que se anule el requerimiento para reanudar el trabajo, puesto que éste se basa, a su juicio, en el informe de una Comisión de invalidez cuya composición y funcionamiento presentan graves defectos; solicita también que, en consecuencia, su caso se someta a una nueva Comisión de invalidez y que se le abonen las retribuciones que considera le son debidas, junto con los intereses de demora y las costas del juicio.
En su escrito de contestación, el Parlamento planteó, en primer lugar, la excepción de inadmisibilidad del recurso, alegando la falta de interés de la demandante en ejercitar la acción.
Analicemos, en primer lugar, esta cuestión.
La admisibilidad del recurso
Según el Parlamento Europeo, el origen del presente recurso no es que la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) haya rechazado una solicitud de pensión de invalidez, sino, simplemente, que la misma Autoridad emprendió un procedimiento para comprobar si las faltas de asistencia de la demandante estaban o no fundadas en razones médicas, con vistas a la eventual aplicación de las medidas previstas en el artículo 60 del Estatuto.
Aunque para tal fin habría bastado un reconocimiento médico, añade el Parlamento, la AFPN inició el procedimiento previsto por el artículo 59 del Estatuto, porque pretendía averiguar también, en aras de una mejor gestión administrativa, si procedía conceder o no una pensión de invalidez. Así las cosas, por más que el procedimiento seguido pudiera ser objetable a la luz de los artículos 7 y siguientes del Anexo II del Estatuto, ello sólo podría afectar a la validez de una eventual decisión sobre la calificación de la invalidez de la demandante, a los efectos del artículo 78 del Estatuto, pero no a la validez de la única decisión que se adoptó en el caso presente, es decir, la de requerir a la demandante para que reanudara su trabajo porque no se consideraba que su situación médica justificase su prolongada ausencia.
Así las cosas, continúa el Parlamento, la demandante no tenía interés en ejercitar su acción, dado que incluso la anulación del procedimiento no podía tener efecto alguno sobre la decisión adoptada.
No creo que el Parlamento tenga razón en su planteamiento sobre la admisibilidad del recurso.
La decisión que la demandante impugna es el requerimiento para reanudar el trabajo, objeto del acto administrativo del Parlamento Europeo de 3 de marzo de 1986. Si tal acto puede resultar lesivo para la demandante, ella tendrá interés en impugnar su legalidad, si es que la intervención del Tribunal de Justicia puede modificar la decisión adoptada (apartado 1 del artículo 91 del Estatuto). Cuestión distinta es si se aceptan o no los motivos invocados por la demandante para fundamentar su recurso.
Ahora bien, me parece indiscutible que la decisión comunicada mediante la carta de 3 de marzo reviste las características de un acto que puede resultar lesivo y que, como tal, puede ser recurrido. En realidad, a pesar de la fórmula de cortesía que emplea, la carta en cuestión contiene un requerimiento claro y preciso para que la demandante se reincorpore inmediatamente a su trabajo. El requerimiento del Parlamento afectó inmediatamente a la situación jurídica de la demandante, pues, si no lo cumplía, pasaba de una situación de falta de asistencia justificada por enfermedad a una situación de falta de asistencia injustificada, con todas las consecuencias (principalmente económicas y disciplinarias). No parece que deba obligarse a que la demandante espere, antes de interponer su recurso, a que se produzcan tales consecuencias (algunas de las cuales son automáticas, a tenor del artículo 60).
Según consta en la propia carta enviada a la demandante, la decisión de la Administración se basó en las conclusiones de la "Comisión de invalidez". Al impugnar la conformidad a Derecho de la constitución y del funcionamiento de dicha Comisión, la demandante pretendió impugnar la legalidad del acto que se basó en aquellas conclusiones.
En caso de que el Tribunal de Justicia estimase sus argumentos, la demandante se encontraría en una situación jurídica distinta a la que tendría si no hubiese interpuesto el recurso.
Es decir, la demandante tiene interés en ejercitar la acción por los efectos que sobre su situación jurídica pueda tener la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia, en caso de que dicha sentencia estimare el recurso.(1)
Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que desestime la excepción de inadmisibilidad del recurso.
El fundamento del recurso
Analizado el problema de la admisibilidad, queda por examinar la consistencia de los motivos y alegaciones invocados; pasemos, pues, al examen del fondo del asunto.
Pues bien: no creemos que en este punto sea sostenible la posición de la demandante. En efecto, los motivos y alegaciones que invoca no se relacionan con la decisión impugnada de una manera que sirva para producir el resultado perseguido.
En efecto, tales motivos y alegaciones podrían influir tan sólo en una decisión que no fue adoptada: la concesión de una pensión de invalidez o la negativa a concederla, con arreglo al artículo 78 del Estatuto. En cuanto a la decisión efectivamente adoptada e impugnada -que únicamente puede dar lugar a las consecuencias previstas en el artículo 60 del Estatuto- aunque tomada por la AFPN con base en el procedimiento previsto en el artículo 78, puede ser decidida con arreglo a un procedimiento que ofrezca muchas menos garantías. Por eso, solamente en el caso de que los defectos del procedimiento seguido supusieran menores garantías para la demandante que las del procedimiento normalmente utilizado para adoptar la decisión que se discute, podrían los referidos defectos afectar a la validez de esta decisión; piénsese, por ejemplo, en el supuesto de que se impugnase la condición de médicos de las personas que comprobaron si las faltas de asistencia estaban justificadas.
Sin embargo, ése no es el caso del presente recurso.
Para que la decisión sea conforme a Derecho basta con cualquier reconocimiento médico organizado por la institución (apartado 1 del artículo 59 del Estatuto), por ejemplo, con un reconocimiento efectuado por un sólo médico designado por la demandada. En el caso presente, además del médico designado por la demandada, se contó con la colaboración de otro médico y se tuvo en cuenta el informe enviado por el médico designado por la demandante.
Por consiguiente, la decisión impugnada se basó en un procedimiento para comprobar la justificación de la ausencia por enfermedad que tuvo muchas mayores garantías que las legalmente exigidas.
A mi modo de ver, por consiguiente, no tienen importancia los defectos denunciados relativos a la constitución y funcionamiento de la Comisión de invalidez puesto que no pueden dañar la validez de la decisión impugnada. En realidad, según ha declarado el Tribunal de Justicia, "es cuestión de principio que un defecto de procedimiento sólo implica la nulidad total o parcial de una decisión cuando se pruebe que, en su defecto, la decisión impugnada hubiera podido tener un contenido diferente"(2) (traducción provisional).
No obstante, en caso de que, contra lo antedicho, se entendiese que aunque la AFPN no estuviera obligada a utilizar el procedimiento previsto en el artículo 78, estaba obligada, una vez iniciado, a cumplir las normas que lo regulan, resultaría necesario examinar los diversos motivos invocados por la demandante.
Lo cual haremos, con carácter meramente subsidiario.
Sobre la infracción del tercer guión del párrafo 1 del artículo 7 del Anexo II del Estatuto
Según la demandante, el tercer médico de la Comisión de invalidez no fue designado con el acuerdo del médico designado por la demandante, contrariamente a lo que exige la disposición citada.
En este punto, las versiones de las partes son contradictorias. El Parlamento afirma (en el anexo C del escrito de contestación) que la secretaria de su servicio médico se puso en contacto con el médico de la demandante, informándole del procedimiento de designación del tercer médico, para lo cual era necesario su acuerdo. Por el contrario, la demandante afirma que su médico no fue nunca informado sobre el procedimiento de designación del tercer médico, por lo que no había dado su conformidad a la elección del Dr. Palgen (anexo 17 de la réplica). Según la demandante, el tenor de la carta de 6 de diciembre de 1985 indujo a la Dra. Christophersen a pensar que la designación del tercer médico era un hecho consumado sobre el que ella no podía tener influencia alguna.
No me parece convincente la argumentación de la demandante.
Por un lado, es el propio médico de la demandante (anexo 17) quien reconoce haber sido informado por ésta acerca del procedimiento de constitución de la Comisión de invalidez, especialmente de la exigencia del común acuerdo de los médicos de las partes para la designación del tercer médico. Pero a pesar de eso, el médico de la demandante no opuso ninguna objeción en la correspondencia que, con posterioridad a la carta de 6 de diciembre de 1985, mantuvo con el médico designado por la demandada.
La propia demandante estaba plenamente al tanto del procedimiento a seguir, no sólo porque le resultaba posible conocer adecuadamente el Estatuto, sino también porque se le facilitaron las precisiones necesarias en la carta de 4 de octubre de 1985 del Parlamento Europeo. Ahora bien, después de que la Dra. Christophersen hubo recibido la carta de 6 de diciembre, mantuvo un contacto personal con la demandante con ocasión de la consulta realizada durante las vacaciones de Navidad; por consiguiente, tuvo entonces la oportunidad de informarse mejor sobre el procedimiento que había de seguirse en caso de que no estuviese de acuerdo con la designación del tercer médico.
En estas condiciones, y con independencia de la credibilidad que se reconozca a las afirmaciones del Parlamento sobre la información transmitida al médico de la demandante, es preciso considerar que éste, al no haberse opuesto al médico que había designado el Dr. Fettmann, aceptó su designación.
Por consiguiente, la demandante no ha probado en modo alguno sus alegaciones, como le correspondía hacerlo, por lo que debe desestimarse este motivo del recurso.
Sobre la infracción del párrafo 3 del artículo 7 del Anexo II del Estatuto
Según la demandante, el procedimiento utilizado por el Dr. Fettmann, al privarles tanto a ella como a su médico de la posibilidad de recusar al tercer médico, supuso la imposibilidad de solicitar que el Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas designase al tercer médico, de conformidad con lo que prevé el párrafo 3 del artículo 7 del Anexo II del Estatuto.
Este motivo del recurso se encuentra íntimamente relacionado con el anterior y las mismas consideraciones que me llevaron a considerarlo improcedente mueven también, a mi parecer, a desestimar el nuevo motivo.
Es preciso añadir que no resulta aceptable la afirmación de la demandante de que únicamente supo el nombramiento del Dr. Palgen en el momento de la reunión de la Comisión de invalidez de 17 de febrero de 1986, máxime si se tiene en cuenta que en diciembre de 1985 la demandante fue sometida a examen médico por la Dra. Christophersen, la cual, en ese momento, conocía ya perfectamente la identidad del tercer médico designado por el Dr. Fettmann.
Sobre la inasistencia de la Dra. Christophersen a la reunión de la Comisión de invalidez
Según la demandante, la Dra. Christophersen había pensado que su presencia en la reunión del 17 de febrero no resultaba necesaria, puesto que en la misma no se iba a tomar ninguna decisión.
Sin embargo, de la carta del Dr. Fettmann a la Dra. Christophersen de 30 de enero de 1986 (anexo 9 de la demanda) resulta concluyentemente que en la reunión prevista para el 17 de febrero se elaboraría un informe médico, e incluso se comunicaba a la destinataria de la carta que, en caso de que no estuviese de acuerdo con las conclusiones de los otros médicos, debería abstenerse de firmar el informe. Por lo tanto, resulta por lo menos sorprendente la afirmación de la demandante de que su médico ignoraba que en dicha reunión se iba a tomar alguna decisión.
Es cierto que, en la misma carta, se indicaba que el médico de la demandante no necesitaría estar presente personalmente en la reunión.
Tal indicación plantea la cuestión, más delicada, de si la Comisión de invalidez puede adoptar válidamente decisiones sin que se celebre una reunión en la que estén presentes todos sus miembros, y, por tanto, si sus trabajos pueden desarrollarse por escrito.
Ahora bien, no vemos razón alguna para que la Comisión de invalidez no cumpla las tareas que le han sido encomendadas por el mero hecho de que uno de sus miembros, a quien se le ha dado la posibilidad de estar presente, no quiera hacerlo. El principio mismo de la continuidad del servicio público se opondría a dicho solución, pues, de lo contrario, resultaría fácil prolongar indefinidamente los trabajos de la Comisión, impidiéndola desempeñar la misión que estatutariamente se le había confiado. A eso hay que añadir que si, como ha declarado el Tribunal de Justicia, ningún miembro de una Comisión de invalidez puede, mediante su abstención o negativa a firmar el informe, hacer que resulte imposible la aplicación de las disposiciones estatutarias, ya que en caso de desacuerdo la Comisión deberá decidir por mayoría,(3) por la misma razón ningún miembro podrá impedir la aplicación de las referidas disposiciones mediante su negativa a estar presente en la reunión en la que se elabore el referido informe.
Lo anterior presupone, sin embargo, que se haya dado al médico de la demandante una verdadera oportunidad de estar presente. Al residir el mismo en el extranjero, la solución natural habría sido proponerle otras alternativas, dándole la posibilidad de elegir la que mejor le conviniese.
Es dudoso que eso haya ocurrido en el caso presente. A la Dra. Christophersen se le propuso una primera fecha -la del 12 de diciembre de 1985-, que ella rechazó, razonablemente, porque necesitaba examinar antes a la demandante.
A continuación, y sin que se facilitase ninguna alternativa, el referido médico fue convocado a la reunión de 17 de febrero de 1987. Es decir: no sólo no se le dio la posibilidad de proponer una fecha que le conviniese para la reunión, lo que sería normal dado que se encontraba en el extranjero, sino que, además, se la incitó a fin de cuentas a abstenerse de comparecer, al informarla de que no necesitaría estar presente personalmente en la reunión.
Ahora bien, a mi juicio, semejante información es errónea y puede inducir a error, puesto que el funcionamiento de un órgano colegiado, como es el caso de la Comisión de invalidez, presupone en principio la reunión de sus miembros. En realidad, aunque los datos médicos son datos objetivos, lo cierto es que el diagnóstico y, más aún, las conclusiones pueden ser diferentes si son objeto de discusión entre los miembros que componen la Comisión. En el caso de autos, el diagnóstico de los tres médicos fue el mismo, difiriendo tan sólo las conclusiones a las que llegaron. Nada garantiza, sin embargo, que así sería también si las referidas conclusiones hubieran resultado de la discusión conjunta de las opiniones de los tres médicos.
Como no se hizo todo lo que sería exigible normalmente para que la reunión de la Comisión se llevase a cabo y como el comportamiento de los servicios de la demandada y de sus representantes pudo inducir a error al médico de la demandante en cuanto a la necesidad de su presencia, no creo que pueda reconocerse validez a las conclusiones de un informe médico adoptado en estas circunstancias.
No creo que contra esta interpretación sea válido el argumento que la demandada deduce de que el artículo 8 del Anexo II del Estatuto ponga a cargo del funcionario interesado el coste suplementario de honorarios resultante de la elección de un médico que resida fuera del lugar de destino de aquél, salvo los gastos de transporte. En efecto, la finalidad disuasoria de esta disposición no se refiere a la presencia del médico en la reunión de la Comisión, sino a la elección de un médico que resida fuera del lugar de destino del funcionario, que deberá desplazarse necesariamente para asistir a las reuniones, con el consiguiente incremento de los gastos. Tampoco parece que haya que atribuir especial significación a los argumentos textuales que el Parlamento deduce de la diferente redacción de los varios artículos que integran el Anexo II del Estatuto.
Sobre si fue contraria a Derecho la reunión por falta de quórum
Según la demandante, con arreglo a los principios del Derecho administrativo danés, en una comisión de tres miembros, para alcanzar el quórum se exige la presencia de todos ellos.
Al fin y al cabo, el problema se reconduce al planteado por el motivo anterior y ha de recibir la misma solución.
Como la Comisión debe reunirse, en principio, con la presencia de todos sus miembros, la falta de uno de ellos, cuando sea atribuible al comportamiento de la Administración, aunque sólo sea en parte, impide que la Comisión pueda deliberar válidamente.
Sobre la infracción del párrafo 2 del artículo 7 del Anexo II del Estatuto
Según sostiene la demandante, en la carta del Director de Personal de 4 de octubre de 1985 se le fijó un plazo de un mes para que designara a su médico, plazo éste que no figura en el artículo 7 del Anexo II del Estatuto, por lo que la constitución de la Comisión de invalidez estuvo viciada desde el principio.
Sin embargo, ninguna razón asiste a la demandante. En primer lugar, el plazo fijado es un plazo razonable que permitía a la demandante designar a su médico sin ninguna dificultad. Además, la demandante se abstuvo de reclamar contra la fijación de dicho plazo, concretamente en la carta de 21 de abril de 1986 (anexo 13 de la demanda), por lo que debe considerarse que lo aceptó tácitamente. Por consiguiente, de existir algún vicio de forma, habría quedado subsanado.
Por lo demás, se trataba de un plazo meramente indicativo que el Parlamento tuvo a bien fijar ante el silencio del Estatuto, en aras de la eficaz administración y con objeto de que no se prolongasen los trabajos de la Comisión.
A mi modo de ver, por consiguiente, de lo anterior no se deriva vicio alguno, por lo que debe desestimarse este motivo del recurso.
Sobre la infracción del artículo 78 del Estatuto
A juicio de la demandante, el artículo 78 exige que la Comisión de invalidez compruebe si el funcionario está afectado por una invalidez permanente total que le impida ejercer las funciones correspondientes a un puesto de trabajo de su carrera. Sin embargo, la conclusión a la que llegaron los dos médicos de la Comisión (Dr. Fettmann y Dr. Palgen) de que la demandante no estaba afectada por invalidez alguna, ni permanente ni temporal, no se alcanzó teniendo en cuenta las funciones ejercidas por la demandante.
Sin embargo, es evidente que la apreciación de la invalidez teniendo en cuenta las funciones ejercidas por el funcionario sólo resulta necesaria cuando dicha invalidez sea parcial. Unicamente en ese caso resultará necesario apreciar si dicha invalidez hace o no imposible el ejercicio de algunas funciones en particular.
Ahora bien, en el caso de autos se llegó a la conclusión de que la demandante no estaba afectada por invalidez alguna, ni total ni parcial. Sería redundante, pues, exigir que se precise que, en tal caso, la demandante es apta para desempeñar las funciones correspondientes a un puesto de trabajo de su carrera, es decir, de la carrera C 3/C 2.
Por consiguiente, procede desestimar también este motivo del recurso.
Conclusión
Del análisis que he hecho de los diferentes motivos en los que la demandante basa su recurso, únicamente el que se refiere a la inasistencia de su médico a la reunión de la Comisión de invalidez podría fundamentar, a mi juicio, la anulación de la decisión impugnada, siempre que en este caso, para la válida adopción de la misma, resultase necesaria la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la referida Comisión.
Sin embargo, soy de la opinión de que los eventuales defectos en la constitución y funcionamiento de la Comisión no pueden influir en la decisión efectivamente adoptada que es objeto del litigio.
En virtud de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso y que resuelva sobre la distribución de las costas con arreglo a lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento de Procedimiento en relación con el artículo 70.
(*) Traducido del portugués.
(1) Véase sentencia de 2 de julio de 1969, asunto 20/68, Pasetti/Comisión, Rec. 1969, pp. 235, 243.
(2) Sentencia de 23 de abril de 1986, asunto 150/84, Bernardi/Parlamento Europeo, Rec. 1986, p. 1375, apartado 28; véase asimismo sentencia de 29 de octubre de 1980, asuntos acumulados 209 a 215 y 218/78, Van Landewyck/Comisión, Rec. 1980, p. 3125, 3239, apartado 47.
(3) Véanse sentencia de 12 de marzo de 1975, asunto 31/71, Gigante/Comisión, Rec. 1975, p. 337; sentencia de 9 de julio de 1975, asuntos acumulados 42 y 62/74, Vellozzi/Comisión, Rec. 1975, p. 871; sentencia de 16 de diciembre de 1976, asunto 124/75, Perinciolo/Consejo, Rec. 1976, p. 1953; sentencia 21 de mayo de 1981, asunto 156/80, Morbelli/Comisión, Rec. 1981, p. 1357; sentencia de 23 de abril de 1986, Bernardi/Parlamento, citada.
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