Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
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1. Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales - Reconocimiento de las resoluciones - Alcance - Efectos de la resolución en el Estado de origen - Efectos idénticos en el Estado requerido
(Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 26)
2. Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales - Ejecución - Decisión de concesión de alimentos - Obstáculos para que prosiga la ejecución - Circunstancia ajena al ámbito de aplicación del Convenio - Divorcio pronunciado en el Estado requerido
(Convenio de 27 de septiembre de 1968, arts. 1, párrafo 2, y 31)
3. Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales - Reconocimiento y ejecución - Motivos de denegación - Decisiones inconciliables - Decisión extranjera por la que se concede una pensión alimenticia entre esposos - Sentencia de divorcio pronunciada en el Estado requerido
(Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 27, punto 3)
4. Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales - Ejecución - Recurso contra la resolución por la que se autoriza a la ejecución - No ejercicio - Motivo de denegación expuesto en la fase de ejecución - Inadmisibilidad - Obligaciones del órgano jurisdiccional que conoce del asunto - Límites
(Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 36)
Índice
1. Una resolución extranjera reconocida en virtud del artículo 26 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil debe desplegar, en principio, en el Estado requerido los mismos efectos que en el Estado de origen.
2. Una resolución extranjera respecto a la cual se hayan realizado las formalidades necesarias para que sea ejecutiva en un Estado contratante en aplicación del artículo 31 del Convenio y que sigue siendo ejecutable en el Estado de origen no debe poderse seguir ejecutando en el Estado requerido cuando, de acuerdo con la legislación de este último Estado, la ejecución no puede llevarse a cabo por razones ya ajenas al ámbito de aplicación del Convenio.
El Convenio no se opone a que el juez del Estado requerido saque las consecuencias de una sentencia nacional que declara el divorcio en el ámbito de la ejecución de la resolución extranjera que se pronunció en materia de obligaciones de alimentos entre cónyuges.
3. Una resolución extranjera que condena a un esposo a pagar alimentos a su cónyuge en cumplimiento de sus obligaciones de manutención derivadas del matrimonio es inconciliable, en el sentido del número 3 del artículo 27 del Convenio, con una resolución nacional que declaró el divorcio de los mismos esposos.
4. El artículo 36 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la parte que no entabló el recurso contra el exequátur previsto en dicho precepto no puede ya alegar en la fase de ejecución de la resolución una razón válida que hubiera podido invocar en el marco de dicho recurso y que esta norma deben aplicarla de oficio los órganos jurisdiccionales del Estado requerido. Sin embargo, dicha norma no es de aplicación cuando tiene como consecuencia obligar al Juez nacional a subordinar los efectos de una sentencia nacional excluida del ámbito de aplicación del Convenio a su reconocimiento en el Estado de origen de la resolución extranjera cuya ejecución se discute.
Partes
En el asunto 145/86,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia en aplicación de Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por el Hoge Raad de los Países Bajos, con el fin de obtener en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
entre
Horst Ludwig Martin Hoffmann, con domicilio en Enschede (Países Bajos), por una parte,
y
Adelheid Krieg, con domicilio en Neckar (República Federal de Alemania), por otra parte,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 26, 27, 31 y 36 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, "Convenio"),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres. Mackenzie Stuart, Presidente; G. Bosco y G.C. Rodríguez Iglesias, Presidentes de Sala; T. Koopmans, K. Bahlmann, R. Joliet y T.F. O' Higgins, Jueces,
Abogado General: Sr. M. Darmon
Secretaria: Sra. D. Louterman, administradora
consideradas las observaciones presentadas:
- en nombre del Sr. Hoffmann, recurrente en casación, en la fase escrita por el Sr. E. Korthals Altes, Abogado de La Haya, y en la fase oral por el Sr. H. AE. Uniken Venema, Abogado de La Haya,
- en nombre de la Sra. Krieg, recurrida en casación, en la fase escrita por el Sr. H.J. Bronkhorst, Abogado de La Haya, y en la fase oral por el Sr. B.J. Drijber, Abogado de La Haya,
- en nombre del Gobierno de la República Federal de Alemania por el Sr. Ch. Boehmer, en calidad de Agente,
- en nombre del Gobierno del Reino Unido por la Sra. S.J. Hay, en calidad de Agente,
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas en la fase escrita por el Sr. L. Gyselen, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, apoyado por el Sr. S. Pieri, funcionario italiano en comisión de servicios en la Comisión, y en la fase escrita por el Sr. H. van Lier, miembro de su Servicio Jurídico,
habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 20 de mayo de 1987,
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de julio de 1987,
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 6 de junio de 1986, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de junio siguiente, el Hoge Raad planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971, referente a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, "Convenio"), cinco cuestiones sobre la interpretación de varios artículos de dicho Convenio.
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. H.L.M. Hofmann (en lo sucesivo, "marido") y la Sra. A. Krieg (en lo sucesivo, "esposa") sobre la ejecución en los Países Bajos de una sentencia del Amtsgericht Heidelberg, por la que se condena al marido a pagar una pensión mensual de alimentos a la mujer.
3 Según los autos, las partes del litigio principal tienen la nacionalidad alemana y se casaron en 1950; el marido abandonó en 1978 el domicilio conyugal en la República Federal de Alemania y se instaló en los Países Bajos. A instancia de la esposa, se condenó el 21 de agosto de 1979 al marido, en virtud de una decisión del Amtsgericht de Heidelberg, a pagarle una pensión de alimentos entre esposos separados.
4 A instancia del marido, el Arrondissementsrechtbank de Maastricht declaró el divorcio -sin que la esposa compareciera- mediante sentencia de 1 de mayo de 1980, aplicando, de acuerdo con las normas neerlandesas sobre conflicto de leyes, el Derecho alemán. El 19 de agosto de 1980 comenzó a surtir efectos el divorcio en los Países Bajos, mediante su inscripción en el Registro Civil de La Haya. Dicha sentencia de divorcio, que no pertenece al ámbito de aplicación del Convenio, no había sido reconocida en la República Federal de Alemania en el momento en que el órgano jurisdiccional nacional estima determinante a efectos del litigio.
5 A instancia de la esposa, el Presidente del Arrondissementsrechtbank de Almelo, mediante resolución de 29 de julio de 1981, concedió el exequátur de la decisión del Amtsgericht Heidelberg, de conformidad con el artículo 31 del Convenio. Dicha autorización de ejecución le fue notificada en abril de 1982 al marido, que no interpuso recurso contra ella.
6 El 28 de febrero de 1983, la esposa promovió un embargo de bienes en poder del empresario del marido. Este último interpuso un procedimiento de medidas provisionales ante el Presidente del Arrondissementsrechtbank de Almelo, con la finalidad de que se pronunciase el levantamiento -al menos provisional- del embargo. Su pretensión fue estimada en primera instancia; en segunda instancia, sin embargo, el Gerechtshof de Arnhem la desestimó. Esta sentencia fue recurrida en casación ante el Hoge Raad.
7 Al estimar que la solución del litigio dependía de la interpretación de varios artículos del Convenio, el Hoge Raad planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales sigientes:
1) "La obligación de reconocer la resolución dictada en un Estado contratante (artículo 26), ¿obliga a los demás Estados contratantes a reconocer a dicha resolución el mismo efecto que tiene con arreglo al Derecho del Estado en que se ha dictado y ello implica, por consiguiente, que puede ejecutarse siempre que pueda serlo en dicho Estado?"
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: "Puestas en relación las disposiciones de los artículos 26 y 31 del Convenio de Bruselas, ¿deben interpretarse en el sentido de que la obligación de reconocer una resolución dictada en un Estado contratante implica que la misma resolución, al seguir pudiendo ejecutarse con arreglo al Derecho del Estado en que se ha dictado, puede ejecutarse asimismo en los mismos casos en el otro Estado contratante?"
3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: "¿Puede invocarse, en un caso como el presente, la incompatibilidad de la condena pronunciada por el Juez alemán a pagar alimentos con la sentencia neerlandesa de divorcio dictada posteriormente, o puede invocarse el orden público (apartados 1 y 3 del artículo 27)?"
4) "(El sistema establecido por) el Convenio de Bruselas, ¿obliga a admitir la regla de acuerdo con la cual, si la parte contra la que se pide la ejecución de una resolución dictada en otro Estado contratante no se ampara, en su recurso contra el exequátur, en una razón válida que se oponga a la ejecución de dicha decisión que le había sido comunicada antes del vencimiento del plazo establecido en el párrafo 1 del artículo 36 del Convenio de Bruselas, no será admisible que invoque dicha razón válida en un recurso posterior en virtud del cual se oponga a (que se lleve a cabo) la ejecución?"
5) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta pregunta: "(El sistema establecido por) el Convenio de Bruselas, ¿obliga a admitir que el Juez del Estado en que se concede el exequátur está obligado a aplicar de oficio, en un recurso posterior contra la ejecución, la norma a que se hace referencia en la (cuarta) pregunta, incluso en el supuesto de que su Derecho nacional no prevea tal aplicación?"
8 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, así como del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia, éste se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
9 La primera cuestión del órgano jurisdiccional nacional se refiere fundamentalmente a si una resolución extranjera reconocida en los términos del artículo 26 del Convenio debe desplegar en principio en el Estado requerido los mismos efectos que tiene en el Estado de origen.
10 Procede señalar a este respecto que el Convenio "tiende a facilitar, en la medida de lo posible, la libre circulación de sentencias" y que "es con este espíritu como debe interpretarse". El reconocimiento debe pues "surtir el efecto de que se atribuyan a las resoluciones la autoridad y los efectos de que disfrutan en el Estado en que se dictaron" (Informe sobre el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO 1979, C 59, pp. 42 y 43).
11 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión del órgano jurisdiccional nacional que una resolución extranjera reconocida en virtud del artículo 26 del Convenio debe desplegar en principio en el Estado requerido los mismos efectos que en el Estado de origen.
12 Habida cuenta de las circunstancias del litigio principal que aparecen en los autos, la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional se refiere fundamentalmente a si una resolución extranjera respecto a la cual se hayan realizado las formalidades necesarias para que sea ejecutiva en un Estado contratante en los términos del artículo 31 del Convenio debe poderse seguir ejecutando en todos los casos en que podría ejecutarse en el Estado de origen, incluso cuando, según la legislación del Estado de la ejecución, ésta no pueda realizarse por razones que sean ajenas al ámbito de aplicación del Convenio.
13 En el presente caso, la resolución cuya ejecución se discute condena a un esposo a pagar alimentos a su cónyuge en cumplimiento de sus obligaciones de manutención derivadas del matrimonio. Semejante resolución presupone necesariamente la existencia del vínculo matrimonial.
14 Procede, por consiguiente, examinar si la disolución de dicho vínculo matrimonial mediante una sentencia de divorcio pronunciada por un órgano jurisdiccional del Estado requerido puede impedir la ejecución de la resolución extranjera, incluso en el caso de que esta última siga siendo ejecutiva en el Estado de origen, por no haberse reconocido la sentencia de divorcio.
15 Debe señalarse a este respecto que el Convenio, en el punto 1 del párrafo 2 de su artículo 1, excluye de su ámbito de aplicación concretamente el estado de las personas físicas y que no contiene ninguna norma que obligue al Juez del Estado requerido a subordinar los efectos de una sentencia nacional que declara el divorcio al reconocimiento de dicha sentencia en el Estado de origen de la resolución extranjera sobre los alimentos.
16 La anterior afirmación se confirma por lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 27 del Convenio, que excluye en principio el reconocimiento de las resoluciones extranjeras que no tienen en cuenta una regla de Derecho internacional privado del Estado requerido, referente entre otras cosas al estado de las personas físicas. En efecto, dicha disposición muestra claramente que, por lo que respecta al estado de las personas físicas, el Convenio no pretende establecer excepciones a las normas aplicables en virtud del Derecho nacional del Juez que interviene en el asunto.
17 De ello se sigue que el Convenio no se opone a que el juez del Estado requerido saque las consecuencias de una sentencia nacional que declara el divorcio en el marco de la ejecución de la resolución extranjera sobre los alimentos.
18 Procede responder, por tanto, al órgano jurisdiccional nacional que una resolución extranjera, respecto a la cual se hayan realizado las formalidades necesarias para que sea ejecutiva en un Estado contratante en aplicación del artículo 31 del Convenio y que sigue siendo ejecutable en el Estado de origen, no debe poderse seguir ejecutando en el Estado requerido cuando, de acuerdo con la legislación de este último Estado, la ejecución no puede producirse por razones ajenas al ámbito de aplicación del Convenio.
19 La tercera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional se refiere básicamente a si una resolución extranjera por la que se condena a un esposo a pagar alimentos a su cónyuge en cumplimiento de sus obligaciones de manutención derivadas del matrimonio es inconciliable, en los términos del apartado 3 del artículo 27 del Convenio, con una resolución nacional que ha declarado el divorcio de los esposos de que se trate, o incluso si tal resolución extranjera es contraria al orden público del Estado requerido en el sentido del apartado 1 del referido artículo.
20 Las disposiciones cuya interpretación se pide enumeran los motivos de no reconocimiento de las resoluciones extranjeras. En virtud del párrafo 2 del artículo 34, son esos mismos motivos los que justifican la denegación del exequátur.
21 Por lo que respecta a la segunda parte de la tercera cuestión, procede señalar que, dentro del sistema del Convenio, el recurso a la cláusula de orden público, que "únicamente debe actuar en casos excepcionales" (Informe sobre el Convenio, citado anteriormente, p. 44), queda excluido en todo caso cuando, como ocurre en el presente, el problema planteado es el de la compatibilidad de una resolución extranjera con una resolución nacional, problema que debe zanjarse con arreglo a la disposición específica recogida en el apartado 3 del artículo 27, que se refiere al caso de que la resolución extranjera sea inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado requerido.
22 Para determinar si son inconciliables en el sentido de dicha disposición, ha de examinarse si las resoluciones de que se trata implican consecuencias jurídicas que se excluyan recíprocamente.
23 Según los autos, en el presente caso se realizaron las formalidades necesarias para que la resolución extranjera fuese ejecutiva cuando la resolución nacional por la que se declaró el divorcio ya se había dictado y adquirido fuerza de cosa juzgada; el litigio principal se refiere al período posterior al divorcio.
24 Ante tales circunstancias, las referidas resoluciones generan consecuencias jurídicas que se excluyen entre sí. En efecto, la resolución extranjera, que presupone necesariamente la existencia del vínculo matrimonial, debería ejecutarse, una vez que el mismo vínculo ha quedado disuelto por una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado requerido.
25 Procede, por consiguiente, responder a la tercera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que una resolución extranjera que condena a un esposo a pagar alimentos a su cónyuge en cumplimiento de sus obligaciones de manutención derivadas del matrimonio es inconciliable, en los términos del apartado 3 del artículo 27 del Convenio, con una resolución nacional que declaró el divorcio entre los mismos esposos.
26 Las cuestiones cuarta y quinta planteadas por el órgano jurisdiccional nacional pretenden saber si el artículo 36 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la parte que no interpuso recurso contra el exequátur previsto por dicha disposición no puede ya alegar en la fase de la ejecución de la resolución una razón válida a la que hubiera podido acogerse mediante dicho recurso contra el exequátur y si los órganos jurisdiccionales del Estado requerido deben aplicar de oficio dicha norma.
27 Para responder a tales cuestiones, procede señalar en primer lugar que, para limitar las exigencias a las que pueden someterse en otro Estado contratante las resoluciones tomadas en los Estados contratantes, el Convenio establece un procedimiento sumarísimo para la concesión del exequátur, que sólo puede denegarse por los motivos enumerados taxativamente en los artículos 27 y 28. Sin embargo, el Convenio se limita a regular el procedimiento de exequátur en los títulos ejecutivos extranjeros y nada dice de la ejecución propiamente dicha, que sigue sometida al Derecho nacional del Juez que conoce de ella (sentencia de 2 de julio de 1985, Deutsche Genossenschaftsbank, 148/84, Rec. 1985 , pp. 1981 y 1987).
28 Por consiguiente, la ejecución de una resolución extranjera respecto a la cual se hayan realizado las formalidades necesarias para que sea ejecutiva se practica de acuerdo con las normas de procedimiento del Derecho nacional del Juez que conoce de la ejecución, incluidas las referentes a los recursos.
29 No obstante, la aplicación de las normas de procedimiento del Estado requerido en el ámbito de la ejecución no puede suponer que quede sin efecto cuanto dispone el Convenio en materia de exequátur.
30 De ello se desprende que deben excluirse los recursos reconocidos por el Derecho nacional cuando el recurso contra la ejecución de una resolución extranjera respecto a la cual se hayan realizado las formalidades necesarias para que sea ejecutivo lo interponga la misma persona que pudo interponer un recurso contra el exequátur al amparo de una razón que pudo invocarse en el ámbito de dicho recurso. En efecto, ante tales circunstancias, la oposición a la ejecución conduciría a replantear el exequátur fuera del plazo riguroso fijado en el párrafo 2 del artículo 36 del Convenio y por lo tanto, a privar de efecto útil a dicha disposición.
31 El carácter imperativo del plazo fijado en el artículo 36 del Convenio implica para el Juez nacional la obligación de velar por su respeto. Le corresponde, por lo tanto, denegar de oficio la admisibilidad de un recurso interpuesto con base en el Derecho nacional cuando dicho recurso lleve a cuestionar dicho plazo.
32 Esta norma, derivada del sistema del Convenio, no puede aplicarse, sin embargo, cuando, como ocurre en el presente caso, a resultas de ella se obligue al Juez nacional a ignorar los efectos de una sentencia nacional de divorcio, excluida del ámbito de aplicación del Convenio, porque dicha sentencia no haya sido reconocida en el Estado de origen de la resolución extranjera cuya ejecución se discute.
33 En efecto, como se ha comprobado al responder a la segunda cuestión, el Convenio no contiene ninguna norma que obligue al Juez del Estado requerido a subordinar los efectos de una sentencia nacional que declara el divorcio al reconocimiento de dicha sentencia por el Estado de origen de una resolución extranjera sobre alimentos que entra en el ámbito de aplicación del Convenio.
34 Procede, por tanto, responder a las cuestiones cuarta y quinta planteadas por el órgano jurisdiccional nacional que el artículo 36 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la parte que no entabló el recurso contra el exequátur previsto en dicho precepto no puede ya alegar en la fase de ejecución de la resolución una razón válida que hubiera podido invocar en el marco de dicho recurso contra el exequátur y que esta norma deben aplicarla de oficio los órganos jurisdiccionales del Estado requerido. Sin embargo, dicha norma no es de aplicación cuando produce la consecuencia de obligar al Juez nacional a subordinar los efectos de una sentencia nacional excluida del ámbito de aplicación del Convenio a su reconocimiento en el Estado de origen de la resolución extranjera cuya ejecución se discute.
Decisión sobre las costas
Costas
35 Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Federal de Alemania, por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad mediante resolución de 6 de junio de 1986, declara:
1) Una resolución extranjera reconocida en virtud del artículo 26 del Convenio debe desplegar, en principio, en el Estado requerido los mismos efectos que en el Estado de origen.
2) Una resolución extranjera, respecto a la cual se hayan realizado las formalidades necesarias para que sea ejecutiva en un Estado contratante en aplicación del artículo 31 del Convenio y que sigue siendo ejecutable en el Estado de origen, no debe poderse seguir ejecutando en el Estado requerido cuando, de acuerdo con la legislación de este último Estado, la ejecución no puede ya producirse por razones ajenas al ámbito de aplicación del Convenio.
3) Una resolución extranjera que condena a un esposo a pagar alimentos a su cónyuge en cumplimiento de sus obligaciones de manutención derivadas del matrimonio es inconciliable, en el sentido del apartado 3 del artículo 27 del Convenio, con una resolución nacional que declaró el divorcio de los mismos esposos.
4) El artículo 36 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la parte que no entabló el recurso contra el exequátur previsto en dicho precepto no puede ya alegar en la fase de ejecución de la resolución una razón válida que hubiera podido invocar en el marco de dicho recurso contra el exequátur y que esta norma deben aplicarla de oficio los órganos jurisdiccionales del Estado requerido. Sin embargo, dicha norma no es de aplicación cuando produce la consecuencia de obligar al Juez nacional a subordinar los efectos de una sentencia nacional excluida del ámbito de aplicación del Convenio a su reconocimiento en el Estado de origen de la resolución extranjera cuya ejecución se discute.
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