Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
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1. Pesca - Política común de estructuras - Conservación de los recursos marinos - Régimen de cuotas pesqueras - Regulación por un Estado miembro de la utilización de sus cuotas - Concesión de licencias - Composición de las tripulaciones de los barcos matriculados en dicho Estado - Proporción mínima de nacionales de la Comunidad - Requisito de cotización al régimen nacional de Seguridad Social - Procedencia - Requisito de residencia en el Estado miembro de que se trata - Improcedencia - Posibilidad de que los particulares invoquen ante el Juez nacional las disposiciones aplicables de Derecho comunitario
((Reglamentos del Consejo nº 1408/71, art. 13, apartado 2, letra c), y art. 14 ter; nº 101/76, art. 2, apartado 1; nº 170/83, art. 4, y nº 172/83))
2. Libre circulación de personas - Trabajador - Concepto - Existencia de una relación laboral - Criterios de apreciación - Personas retribuidas "a la parte" - Inclusión
(Tratado CEE, art. 48; Acta de adhesión de 1985, art. 55)
3. Adhesión de nuevos Estados miembros a las Comunidades - España - Libre circulación de personas - Trabajadores - Excepciones - Interpretación estricta - Prohibición de introducción de nuevas restricciones en materia de acceso al empleo - Restricciones relativas al empleo a bordo de los buques pesqueros - Procedencia - Requisitos
(Acta de adhesión de 1985, arts. 55 y 56, apartado 1; Reglamento nº 1612/68 del Consejo, arts. 1 al 6)
Índice
1. El Derecho comunitario no se opone a que, para la expedición a uno de sus buques de una licencia que le permita pescar con cargo a las cuotas de pesca nacionales, un Estado miembro exija que el 75 % de la tripulación del buque sea nacional de los Estados miembros de la Comunidad y que su capitán y toda la tripulación coticen al régimen de Seguridad Social de dicho Estado, siempre que la obligación de cotización sea conforme a las reglas de conflictos en materia de aplicación de las legislaciones nacionales establecidas por el Reglamento nº 1408/71. El Derecho comunitario, que puede ser invocado en el presente caso ante el Juez nacional, se opone, por el contrario, a que un Estado miembro exija, a tal efecto, que el 75 % de la tripulación resida, en tierra, en su territorio.
2. El concepto de trabajador, en el sentido tanto del artículo 48 del Tratado como del artículo 55 del Acta de adhesión de 1985, debe definirse siguiendo los criterios objetivos que caracterizan la relación laboral con arreglo a los derechos y deberes de las personas de que se trata. La característica esencial de la relación laboral es la circunstancia de que una persona realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones por las cuales percibe una remuneración. Para determinar si no existe tal relación, hay que tener en cuenta todos los datos y circunstancias que caracterizan las relaciones entre las partes, como son, por ejemplo, la participación en los riesgos comerciales de la empresa, la libertad de elegir su propio horario y de contratar a sus propios ayudantes. El mero hecho de que la retribución de una persona sea "a la parte" y que eventualmente se calcule de forma colectiva no excluye su condición de trabajador en el sentido de las citadas disposiciones.
3. El artículo 55 y el apartado 1 del artículo 56 del Acta de adhesión de España, en cuanto excepción al principio de la libre circulación de los trabajadores establecido por el artículo 48 del Tratado CEE, deben interpretarse estrictamente. De ello resulta que, si se autoriza a los antiguos Estados miembros a mantener anteriores restricciones respecto a los nacionales españoles, no pueden en ningún caso, durante el período de transición, agravar las condiciones de acceso al empleo de dichas personas. Por consiguiente, los citados artículos, que pueden ser invocados por los particulares ante el Juez nacional, no se oponen a una normativa o práctica nacional según la cual los trabajadores españoles quedan excluidos, hasta el 1 de enero de 1993, del 75 % de la tripulación de los buques de otro Estado miembro, a condición de que tal restricción, introducida después del Acta de adhesión de 1985, no agrave en ningún caso la situación de los trabajadores españoles y de que dicha restricción no afecte a los nacionales españoles ya empleados como trabajadores, en el momento de la adhesión, en el territorio o a bordo de un buque de dicho Estado miembro cuando la relación laboral tenga un nexo de unión suficientemente estrecho con dicho territorio.
Partes
En el asunto C-3/87,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por la High Court of Justice de Inglaterra y País de Gales, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
The Queen
y
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), ex parte Agegate Ltd,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones de Derecho comunitario, en particular en materia de libre circulación de los trabajadores y en materia de pesca, así como de los artículos 55 y 56 del Acta relativa a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a las Comunidades Europeas, de 1985 (DO L 302, p. 23), al objeto de examinar la compatibilidad con el Derecho comunitario de los requisitos que debe cumplir, de acuerdo con la normativa nacional, la tripulación de los buques pesqueros que enarbolan pabellón británico,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres. O. Due, Presidente; Sir Gordon Slynn,
C.N. Kakouris y F.A. Schockweiler, Presidentes de Sala; T. Koopmans,
G.F. Mancini, R. Joliet, T.F. O' Higgins, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse y M. Díez de Velasco, Jueces,
Abogado General: Sr. J. Mischo
Secretario: Sr. H.A. Ruehl, administrador principal
consideradas las observaciones presentadas:
- en nombre de Agegate Ltd, por los Sres. David Vaughan, QC, K.P.E. Lasok y G. Barling, Barristers, así como por el Sr. S.J. Swabey, Solicitor, del bufete Thomas Cooper & Stibbard, en la fase escrita, y por los Sres. David Vaughan, QC, y G. Barling, Barrister, en la fase oral;
- en nombre del Gobierno británico, por el Sr. H.R.L. Purse, Treasury Solicitor' s Department, en calidad de Agente, asistido por los Sres. J. Laws y C. Vajda, Barristers, en la fase escrita, y por el Sr. T.J.G. Pratt, en calidad de Agente, asistido por el Sr. C. Bellamy, QC, y C. Vajda, Barrister, en la fase oral;
- en nombre del Gobierno irlandés, por el Sr. L.J. Dockery, Chief State Solicitor, en calidad de Agente, asistido por el Sr. James O' Reilly, Barrister;
- en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. O. Fiumara, Avvocato dello Stato, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno español, por el Sr. F.J. Conde de Saro, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Abogada del Estado, en calidad de Agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. P. Oliver y J. Currall, en calidad de Agentes,
habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 26 de octubre de 1988,
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de noviembre de 1988,
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 1 de diciembre de 1986, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de enero de 1987, la High Court de Inglaterra y País de Gales planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado, cuatro cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de las disposiciones de Derecho comunitario, en particular en materia de libre circulación de los trabajadores y en materia de pesca, así como de los artículos 55 y 56 del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a las Comunidades Europeas, de 1985 (DO L 302, p. 23) (en lo sucesivo, "Acta de adhesión de 1985").
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Agegate Ltd, sociedad constituida en el Reino Unido y controlada en gran parte por capital español (en lo sucesivo, "demandante en el litigio principal").
La legislación y la práctica en el Reino Unido en materia de pesca
3 Con arreglo a la Sea Fish (Conservation) Act 1967 (Ley de 1967 sobre Conservación de Especies Marinas), tal como resultó modificada por la Fishery Limits Act 1976 (Ley de 1976 sobre Zonas de Pesca) y la Fisheries Act 1981 (Ley de 1981 sobre Pesca), los buques de pesca matriculados en el Reino Unido deberán ser titulares de una licencia de pesca. Esta normativa se ha completado con la British Fishing Boats Act 1983 (Ley de 1983 sobre Buques de Pesca británicos), la British Fishing Boats Order de 1983 (Decreto de 1983 sobre Buques de Pesca británicos) y la Sea Fish Licensing Order 1983 (Decreto de 1983 sobre Pesca Marítima).
4 Las licencias de pesca concedidas conforme a lo dispuesto en esta normativa por las autoridades británicas a partir del 1 de enero de 1986 fijaban la zona de pesca y las especies de pesca incluidas en las licencias y enumeraban los requisitos que habían de cumplirse cumulativamente en todo momento, bajo pena de la retirada de las licencias; requisitos que tenían por objeto garantizar que los buques pesqueros tuviesen un "vínculo económico real" con el Reino Unido. Dichos requisitos se referían, por una parte, a las actividades del buque para el cual se concedía la licencia y, por otra, a su tripulación.
5 Los requisitos relativos a la tripulación del buque pesquero estaban redactados en los siguientes términos:
"i) Al menos el 75 % de la tripulación debe estar integrado por ciudadanos británicos o nacionales de la CEE (excluidos, hasta el 1 de enero de 1988, todos los nacionales griegos y, hasta el 1 de enero de 1993, todos los nacionales españoles o portugueses, excepto los cónyuges o los hijos menores de 21 años de trabajadores griegos, españoles o portugueses ya instalados en el Reino Unido, conforme a las medidas transitorias relativas a la libre circulación de los trabajadores a raíz de la adhesión de Grecia, España y Portugal a las Comunidades Europeas, establecidas en las Actas de adhesión respectivas) que residan habitualmente en el Reino Unido, la isla de Man o las islas del Canal; residencia significa residencia en tierra y, a tal efecto, el servicio a bordo de un buque británico no equivale a residencia en el Reino Unido, en la isla de Man o en las islas del Canal.
ii) El capitán y toda la tripulación deberán cotizar al régimen de Seguridad Social del Reino Unido o a sistemas equivalentes de la isla de Man o de las islas del Canal: ello incluiría las cotizaciones al régimen de trabajadores por cuenta propia de la clase 1, de la categoría especial de marineros, de la clase 2 o de la clase 4."
El litigio principal
6 Consta en autos que la parte demandante en el litigio principal es propietaria de un buque de pesca denominado "Ama Antxine", que fue matriculado en el Reino Unido y enarbola pabellón británico. La tripulación de este barco está integrada, en parte, por pescadores españoles que son retribuidos "a la parte", es decir, en función del producto de la venta de sus capturas.
7 La demandante en el litigio principal obtuvo el 23 de enero de 1986 una serie de licencias para el "Ama Antxine". Las licencias concedidas recogían los requisitos mencionados más arriba.
8 Al considerar que los requisitos relativos a la tripulación del buque de pesca eran, entre otras cosas, contrarias al Derecho comunitario, la demandante interpuso un recurso contencioso administrativo ante la High Court of Justice de Inglaterra y País de Gales, que tenía por objeto el control de la legalidad de las licencias que recogen tales requisitos.
9 Con el fin de resolver este litigio sobre los requisitos relativos a la tripulación, la High Court planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
"A. ¿Qué criterios han de aplicarse en Derecho comunitario para decidir si un pescador retribuido a la parte es un prestatario de servicios o un trabajador?
B. ¿Puede un Estado miembro, al conceder, después de la adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas, una licencia al propietario o al fletador de un buque de pesca que navegue con pabellón de dicho Estado miembro y esté matriculado en este último, invocar los artículos 55 y 56 del Acta de adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas (que sólo son aplicables a los trabajadores) y exigir que:
i) El 75 % de la tripulación de un buque pesquero matriculado en dicho Estado miembro y que navegue con su pabellón sea nacional de la Comunidad Económica Europea y resida en tierra en dicho Estado miembro, pero excluyendo, hasta el 1 de enero de 1993, a todos los nacionales españoles, a excepción de los cónyuges o de los hijos menores de 21 años de los trabajadores españoles ya instalados en el Estado miembro que concede la licencia;
y que
ii) el capitán y todos los miembros de la tripulación coticen al régimen de Seguridad Social de dicho Estado miembro?
C. En todo caso, la concesión por un Estado miembro, después de la adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas, de una licencia al propietario o al fletador de un buque pesquero matriculado en dicho Estado miembro y que navegue con su bandera, sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:
i) que al menos un 75 % de la tripulación esté integrado por
1. nacionales del Estado miembro que concede la licencia o nacionales de la Comunidad Económica Europea (pero excluyendo, hasta el 1 de enero de 1993, a todos los nacionales españoles, a excepción de los cónyuges o los hijos menores de 21 años de los trabajadores españoles ya instalados en el Estado miembro que concede la licencia, conforme a las medidas transitorias sobre libre circulación de trabajadores, a raíz de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, previstas en el Tratado de adhesión) y
2. que residan habitualmente en el Estado miembro que expide la licencia (residencia en el sentido de residencia en tierra, excluyendo los servicios a bordo de un buque de dicho Estado miembro);
ii) que el capitán y toda la tripulación coticen al régimen de Seguridad Social del Estado miembro que expide la licencia,
¿es compatible con el Derecho comunitario, incluida la política pesquera común?
D. ¿El titular de tal licencia puede invocar ante un órgano jurisdiccional nacional la incompatibilidad con el Derecho comunitario de cualquiera de los dos requisitos mencionados en la cuestión C, al objeto de probar que la decisión de exigir tales requisitos o uno de ellos es ilegal y debe ser anulada?"
10 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento así como de las observaciones presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
11 Según consta en autos, el litigio principal se refiere fundamentalmente a los requisitos que pueden exigirse a los buques británicos que pescan con cargo a las cuotas que la Comunidad concede al Reino Unido. Dejando a un lado el problema de la conformidad de tales requisitos con el Derecho comunitario respecto a la pesca no sujeta a cuotas, procede por consiguiente, antes de hacer un inventario de los temas suscitados por las cuestiones planteadas y de proceder a su examen, recordar las líneas directrices de la normativa sobre cuotas pesqueras en el contexto general de la normativa comunitaria en materia de pesca.
12 La normativa comunitaria consagra el principio de la igualdad de los requisitos de acceso a los recursos pesqueros de todo buque de pesca que enarbole pabellón de un Estado miembro o esté matriculado en el mismo ((apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 101/76 del Consejo, de 19 de enero de 1976, por el que se establece una política común de estructuras en el sector pesquero (DO L 20, p. 19; EE 04/01, p. 16) )), salvo en la zona de 12 millas marinas a partir de las líneas de base de los Estados miembros, respecto a la cual estos últimos pueden establecer excepciones, hasta el 31 de diciembre de 1992, a la regla de la igualdad de los requisitos de acceso ((artículo 100 del Acta de adhesión de 1972, en relación con el artículo 6 del Reglamento (CEE) nº 170/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se constituye un régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de pesca (DO L 24, p. 1; EE 04/02, p. 56) )). Las cuestiones planteadas no se refieren al régimen especial aplicable a esta zona de 12 millas.
13 Por lo que respecta a la conservación de los recursos pesqueros, el referido Reglamento nº 170/83 del Consejo estableció, en aplicación del artículo 102 de la citada Acta de adhesión de 1972, un régimen comunitario de conservación y de gestión que incluye la limitación del esfuerzo pesquero. Por otra parte, el Reglamento (CEE) nº 2057/82 del Consejo, de 29 de junio de 1982 (DO L 220, p. 1; EE 04/01, p. 230), ya había definido las normas de control, con el fin de asegurar el cumplimiento de las limitaciones establecidas a las posibilidades de pesca. Este último Reglamento ha sido modificado por el Reglamento (CEE) nº 4027/86 del Consejo, de 18 de diciembre de 1986 (DO L 376, p. 4).
14 El artículo 3 del citado Reglamento nº 170/83 prevé la fijación cada año del total autorizado de capturas (en lo sucesivo, "TAC") disponible para la Comunidad por existencia o grupos de existencias, cuando, para una especie o especies de la misma familia, se compruebe la necesidad de limitar el volumen de las capturas. El apartado 1 del artículo 4 del mismo Reglamento dispone: "El volumen de las capturas disponibles para la Comunidad mencionado en el artículo 3 será repartido entre los Estados miembros de manera que se garantice a cada Estado miembro una estabilidad relativa de las actividades ejercidas en cada una de las existencias consideradas." Se trata, según el texto del apartado 2 del artículo 4, de un "reparto de los recursos entre Estados miembros". Según el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento nº 170/83, los Estados miembros podrán intercambiar la totalidad o parte de las cuotas que les hayan sido atribuidas.
15 El apartado 2 del mismo artículo dispone: "Los Estados miembros determinarán, de conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables, las modalidades de utilización de las cuotas que les hayan sido atribuidas." Se dispone que las modalidades de aplicación de este apartado serán adoptadas según las necesidades, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 14, procedimiento denominado del "Comité de Gestión".
16 Las disposiciones de dicho Reglamento establecieron de este modo un sistema de cuotas de pesca nacionales. Como resulta de lo dispuesto en el Reglamento nº 2057/82, en particular en el apartado 1 de su artículo 10, así como de lo dispuesto en el Reglamento nº 4027/86, el legislador comunitario atribuye las cuotas nacionales a los buques pesqueros que enarbolan pabellón de cada Estado miembro o que están matriculados en el mismo, que son los únicos que pueden pescar con cargo a sus cuotas.
17 Hay que señalar que, en el ejercicio de la competencia que les ha sido atribuida para determinar las modalidades de utilización de sus cuotas, los Estados miembros pueden establecer qué buques de su flota pesquera serán admitidos a pescar con cargo a sus cuotas nacionales, a condición de que los criterios utilizados sean compatibles con el Derecho comunitario.
18 En este sentido, los Estados miembros pueden supeditar la admisión de los buques pesqueros a pescar con cargo a sus cuotas nacionales al cumplimiento de determinados requisitos en relación, por ejemplo, con las dimensiones, los años o el estado del buque, sus equipos, el número de pescadores a bordo, las condiciones de estancia y manutención de la tripulación en el interior del buque, las cuestiones sanitarias y de seguridad, etc., en la medida en que dichos requisitos no se rijan exclusivamente por la normativa comunitaria.
19 La cuestión que ha de examinarse es, por tanto, la de si -y en caso afirmativo en qué medida- el Derecho comunitario se opone a la exigencia de requisitos como los que son objeto en el litigio principal. En este sentido, las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional pueden resumirse así:
"I. ¿Se opone el Derecho comunitario a que un Estado miembro exija como requisito de admisión de uno de sus buques a pescar con cargo a sus cuotas de pesca que:
a) el 75 % de la tripulación del buque sea nacional de los Estados miembros de la Comunidad, y
b) resida en tierra en dicho Estado miembro,
y que
c) el capitán y toda la tripulación coticen al régimen de Seguridad Social del referido Estado miembro?
II. ¿Permiten los artículos 55 y 56 del Acta de adhesión de 1985 excluir de ese 75 %, hasta el 1 de enero de 1993, a los miembros españoles de la tripulación retribuidos 'a la parte' ?
III. ¿Pueden invocar los interesados ante los Tribunales nacionales las disposiciones del Derecho comunitario que se oponen a la exigencia de los citados requisitos?"
Sobre la cuestión I, letra a)
20 Según resulta de la sentencia de este Tribunal de Justicia de 19 de enero de 1988 (Pesca Valentia, 223/86, Rec. 1988, p. 103), el Derecho comunitario no prohíbe a un Estado miembro adoptar una legislación que exija que las tripulaciones de los buques pesqueros matriculados en sus Registros incluyan una proporción mínima de nacionales de la Comunidad.
21 Procede, pues, responder a esta cuestión que el Derecho comunitario no se opone a que un Estado miembro exija, como requisito de admisión de uno de sus buques a pescar con cargo a sus cuotas de pesca, que el 75 % de la tripulación del buque de que se trata sea nacional de los Estados miembros de la Comunidad.
Sobre la cuestión I, letra b)
22 Para responder a esta cuestión, baste afirmar que la exigencia de residencia no está justificada por la finalidad del régimen de cuotas nacionales.
23 Esta finalidad resulta sobre todo del artículo 4 del Reglamento nº 170/83, interpretado a la luz de sus considerandos. El artículo 4 precisa que el reparto de los TAC se efectuará de manera que "se garantice a cada Estado miembro una estabilidad relativa de las actividades ejercidas en cada una de las existencias consideradas". Los conceptos de estabilidad y relatividad se definen en los considerandos del Reglamento. El sexto considerando precisa que "esta estabilidad ((...)) deberá preservar las necesidades particulares de las regiones cuyas poblaciones locales dependen especialmente de la pesca y de las industrias afines ((...)) ". El séptimo considerando afirma que "es en este sentido en el que es conveniente comprender el concepto de relatividad en la estabilidad buscada." Ha de añadirse que resulta, asimismo, del cuarto considerando del Reglamento (CEE) nº 172/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se fijan, para determinadas existencias o grupos de existencias de pesca en la zona de pesca de la Comunidad, los totales autorizados de capturas para 1982, la parte de dichas capturas disponible para la Comunidad, el reparto de esta parte entre los Estados miembros y las condiciones en que pueden pescarse los totales autorizados de capturas (DO L 24, p. 30), que "un reparto equitativo de los recursos disponibles debe tomar en consideración de forma muy especial las actividades de pesca tradicionales, las necesidades específicas de las regiones que dependen especialmente de la pesca y de las industrias afines, y la pérdida de posibilidades de pesca en aguas de terceros países".
24 De lo antedicho se deduce que la finalidad de las cuotas es garantizar a cada Estado miembro una parte del TAC comunitario, determinada esencialmente en función de las capturas, de las cuales las actividades pesqueras tradicionales, las poblaciones locales dependientes de la pesca y las industrias afines de dicho Estado miembro disfrutaron antes de la creación del régimen de cuotas.
25 En este contexto, un requisito de residencia como el del presente caso no guarda relación con la finalidad del régimen de cuotas y no puede, por tanto, encontrar justificación en el mismo.
26 Procede, pues, responder a esta cuestión que el Derecho comunitario se opone a que un Estado miembro exija, como requisito de admisión de uno de sus buques a pescar con cargo a sus cuotas de pesca, que el 75 % de la tripulación del buque de que se trata resida en dicho Estado miembro.
Sobre la cuestión I, letra c)
27 Respecto al requisito que impone al capitán y a toda la tripulación la obligación de cotizar al régimen de Seguridad Social del Estado miembro de que se trata, ha de señalarse que, como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 10 de julio de 1986 (Luijten, 60/85, Rec. 1986, p. 2368), relativa a la interpretación de las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, tal como resultó modificado por el Reglamento (CEE) nº 1390/81 del Consejo (DO 1981, L 143, p. 1), las disposiciones del título II de este Reglamento forman un sistema de reglas de conflicto, cuyo carácter completo sustrae al legislador de cada Estado miembro la competencia para determinar el ámbito y los requisitos para aplicar su legislación nacional, respecto de las personas sujetas a ella y al territorio en que las disposiciones nacionales surten efectos.
28 Ha de señalarse, sin embargo, que un requisito como el aquí controvertido corresponde a la obligación impuesta por el artículo 13, recogido en el título II de dicho Reglamento, que dispone, en la letra c) del apartado 2: "Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 14 al 17 ((...)) el trabajador que ejerza una actividad a bordo de un buque que enarbole el pabellón de un Estado miembro estará sometido a la legislación de ese Estado." Por consiguiente, no puede considerarse que el citado requisito esté prohibido por el Derecho comunitario.
29 Ha de precisarse, sin embargo, que esta afirmación supone que el requisito exigido respeta no sólo las reglas, sino también las excepciones previstas, en particular, en el artículo 14 ter del Reglamento nº 1408/71. Esta última disposición, dirigida específicamente a los trabajadores del mar, introduce una excepción a la regla de la letra c) del apartado 2 del artículo 13, porque prevé, en determinadas hipótesis, la aplicación de la legislación de un Estado miembro diferente de aquel cuyo pabellón enarbola el buque.
30 De ello resulta que un requisito que exige al capitán y a la tripulación que coticen al régimen de Seguridad Social del Estado miembro de que se trata no está prohibido por el Derecho comunitario, siempre que se atenga a las normas establecidas por el Reglamento nº 1408/71 del Consejo.
31 Procede, pues, responder a esta cuestión que el Derecho comunitario no se opone a que un Estado miembro exija, como requisito de admisión de uno de sus buques a pescar con cargo a sus cuotas de pesca, que el capitán y toda la tripulación del buque coticen al régimen de Seguridad Social de dicho Estado miembro, a menos que se trate de los casos respecto a los cuales el Reglamento nº 1408/71 del Consejo dispone lo contrario.
Sobre la cuestión II
32 Se debe destacar, a este respecto, que los artículos 55 y 56 del Acta de adhesión de 1985 tienen por objeto determinar, con carácter transitorio, el régimen aplicable a los trabajadores españoles. En particular, las disposiciones controvertidas introducen una excepción al principio de la libre circulación de los trabajadores, recogido en el artículo 48 del Tratado CEE, en el sentido de que excluyen la aplicación a los nacionales españoles, hasta el 1 de enero de 1993, de los artículos 1 a 6 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).
33 El órgano jurisdiccional nacional plantea la cuestión de si los pescadores que trabajan a bordo de buques británicos deben considerarse trabajadores en el sentido del artículo 55 del Acta de adhesión de 1985 cuando son retribuidos "a la parte", es decir, en función del producto de la venta de sus capturas.
34 Para responder a esta cuestión, ha de subrayarse, en primer lugar, que el concepto de trabajador, en el sentido del artículo 55 del Acta de adhesión de 1985, es idéntico al que resulta del artículo 48 del Tratado CEE. Se trata, pues, de definir el contenido comunitario del concepto de "trabajador".
35 Como ha declarado este Tribunal en su sentencia de 3 de julio de 1986 (Lawrie-Blum, 66/85, Rec. 1986, p. 2121), el concepto comunitario de trabajador debe definirse siguiendo criterios objetivos que caracterizan la relación laboral con arreglo a los derechos y deberes de las personas de que se trata. Ahora bien, la característica esencial de la relación laboral es la circunstancia de que una persona realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones por las cuales percibe una remuneración.
36 La respuesta a la cuestión de si no existe tal relación laboral debe darse cada vez en función de todos los datos y circunstancias que caracterizan las relaciones entre las partes, como son, por ejemplo, la participación en los riesgos comerciales de la empresa, la libertad de elegir su propio horario y de contratar a sus propios ayudantes. En todo caso, el mero hecho de que la retribución de una persona sea "a la parte" y que eventualmente se calcule de forma colectiva no excluye su condición de trabajador.
37 Por consiguiente, la aplicación, a los pescadores españoles que trabajan a bordo de buques británicos, de los artículos 55 y siguientes del Acta de adhesión de 1985 no queda excluida por el mero hecho de que son retribuidos "a la parte".
38 Procede señalar, sin embargo, que, con arreglo al párrafo 2 del apartado 1 del artículo 56 de la referida Acta de adhesión, "el Reino de España y los demás Estados miembros tendrán la facultad de mantener en vigor hasta el 31 de diciembre de 1992, respectivamente, en relación con los nacionales de los demás Estados miembros, por una parte, y los nacionales españoles, por otra, las disposiciones nacionales o que resulten de acuerdos bilaterales que sometan a previa autorización la inmigración con miras a ejercer un trabajo por cuenta ajena y/o el acceso a un empleo por cuenta ajena".
39 Ha de citarse a este respecto la sentencia de 23 de marzo de 1983 (Peskeloglou, 77/82, Rec. 1983, p. 1085), relativa a la interpretación del párrafo 2 del apartado 1 del artículo 45 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Helénica a las Comunidades Europeas de 1979 (DO L 291, p. 17), disposición idéntica a la del párrafo 2 del apartado 1 del artículo 56 del Acta de adhesión de 1985. Resulta de la citada sentencia que esta disposición, en cuanto excepción al principio de la libre circulación de los trabajadores establecido por el artículo 48 del Tratado CEE, debe interpretarse estrictamente y por consiguiente, si se autoriza a los antiguos Estados miembros y a los que se han adherido a la Comunidad a mantener anteriores restricciones, no pueden en ningún caso, durante el período de transición, agravar las condiciones de acceso al empleo de sus nacionales respectivos mediante la introducción de nuevas medidas restrictivas. Debe hacerse también esta interpretación respecto al párrafo 2 del apartado 1 del artículo 56 del Acta de adhesión de 1985.
40 Ha de señalarse, asimismo, que en la sentencia de 27 de septiembre de 1989 (Lopes da Veiga, 9/88, Rec. 1989, p. 2989), el Tribunal de Justicia precisó, en relación con el apartado 1 del artículo 216 del Acta de adhesión de 1985, disposición que tiene para los trabajadores portugueses un contenido idéntico al del apartado 1 del artículo 56 del mismo Acta de adhesión, que no hay ninguna razón que permita negar a trabajadores portugueses ya empleados en el territorio de uno de los antiguos Estados miembros difrutar de lo dispuesto en el título II del Reglamento nº 1612/68, relativo al ejercicio del empleo y a la igualdad de trato. De esta sentencia se deduce que, si en virtud del apartado 1 del artículo 216 del Acta de adhesión de 1985 los antiguos Estados miembros están autorizados a mantener restricciones ya existentes respecto a los nacionales portugueses, no pueden mantener tales restricciones respecto a aquellas personas de nacionalidad portuguesa que, desde una fecha anterior a la adhesión de Portugal, ejerzan, a bordo de un buque que enarbole el pabellón de otro Estado miembro, una actividad por cuenta ajena y no hayan obtenido permiso de residencia para ejercer tal actividad en el territorio de dicho Estado, siempre que la relación laboral tenga un nexo de unión suficientemente estrecho con el territorio de dicho Estado miembro. Esta misma interpretación debe hacerse del artículo 56, que regula la situación de los trabajadores españoles.
41 Ha de responderse a esta cuestión, por consiguiente, que los artículos 55 y 56 del Acta de adhesión de 1985 deben interpretarse en el sentido de que su aplicación a los pescadores españoles que trabajan a bordo de buques británicos no se excluye por el mero hecho de que los pescadores de que se trata sean retribuidos "a la parte", y que no se oponen a una normativa o práctica nacional según la cual los trabajadores españoles quedan excluidos, hasta el 1 de enero de 1993, del 75 % de la tripulación de dichos buques, a condición de que tal restricción, introducida después del Acta de adhesión de 1985, no agrave en ningún caso la situación de los trabajadores españoles y de que dicha restricción no afecte a los nacionales españoles ya empleados como trabajadores, en el momento de la adhesión, en el territorio británico o a bordo de un buque británico, cuando la relación laboral tenga un nexo de unión suficientemente estrecho con dicho territorio.
Sobre la cuestión III
42 Procede responder a esta cuestión que ninguna de las disposiciones de Derecho comunitario que el Tribunal de Justicia ha considerado necesario aplicar carece de efecto directo. Por consiguiente, dichas disposiciones pueden ser invocadas por los particulares ante un órgano jurisdiccional nacional.
Decisión sobre las costas
Costas
43 Los gastos efectuados por el Gobierno irlandés, el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno italiano, el Gobierno español y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la High Court of Justice de Inglaterra y País de Gales, mediante resolución de 1 de diciembre de 1986, decide declarar que:
1) El Derecho comunitario no se opone a que un Estado miembro exija, como requisito de admisión de uno de sus buques a pescar con cargo a sus cuotas de pesca, que el 75 % de su tripulación esté integrado por nacionales de los Estados miembros de la Comunidad.
2) El Derecho comunitario no se opone a que un Estado miembro exija, como requisito de admisión de uno de sus buques a pescar con cargo a sus cuotas de pesca, que el 75 % de su tripulación resida en tierra en dicho Estado miembro.
3) El Derecho comunitario no se opone a que un Estado miembro exija, como requisito de admisión de uno de sus buques a pescar con cargo a sus cuotas de pesca, que el capitán y toda la tripulación del buque coticen al régimen de Seguridad Social de dicho Estado miembro, a menos que se trate de casos respecto a los cuales el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo dispone lo contrario.
4) Los artículos 55 y 56 del Acta de adhesión de 1985 deben interpretarse en el sentido de que su aplicación a los pescadores españoles que trabajan a bordo de buques británicos no está excluida solamente por el hecho de que dichos pescadores son retribuidos "a la parte", y que no se oponen a una normativa o práctica nacional de acuerdo con la cual los trabajadores españoles quedan excluidos, hasta el 1 de enero de 1993, del 75 % de la tripulación de dichos buques, siempre que tal restricción, introducida después del Acta de adhesión de 1985, no agrave en ningún caso la situación de los trabajadores españoles y que dicha restricción no afecte a los nacionales españoles ya empleados como trabajadores, en el momento de la adhesión, en el territorio británico o en un buque británico, cuando la relación laboral tenga un nexo de unión suficientemente estrecho con dicho territorio.
5) Al no carecer de efecto directo ninguna de las disposiciones aplicables del Derecho comunitario, éstas pueden ser invocadas por los particulares ante un órgano jurisdiccional nacional.
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