Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
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1. Funcionarios - Recurso dirigido contra la decisión desestimatoria de la reclamación - Admisibilidad
(Estatuto de los funcionarios, arts. 90 y 91)
2. Funcionarios - Recurso - Reclamación administrativa previa - Identidad de objeto y de causa - Motivos y alegaciones que no figuran en la reclamación pero que se relacionan estrechamente con ella - Admisibilidad - Demanda de indemnización formulada por primera vez ante el Tribunal de Justicia - Ampliación del objeto del litigio - Inexistencia
(Estatuto de los funcionarios, arts. 90 y 91)
3. Funcionarios - Obligación de asistencia que incumbe a la administración - Alcance
(Estatuto de los funcionarios, art. 24)
Índice
1. En la sistemática del Estatuto, un funcionario sólo puede presentar un recurso contra una decisión adoptada contra él por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tras haber presentado ante dicha autoridad una reclamación previa y después que esta reclamación haya sido desestimada ímplicita o explícitamente. En estas circunstancias, puede admitirse el recurso tanto si se dirige solamente contra la decisión inicialmente impugnada como si lo hace contra la decisión por la que se rechaza la reclamación o contra ambas conjuntamente, a condición, sin embargo, de que la reclamación y el recurso se hayan interpuesto en los plazos previstos por los artículos 90 y 91 del Estatuto.
2. Las pretensiones formuladas por un funcionario ante el Tribunal de Justicia deben tener el mismo objeto que las expuestas en la reclamación administrativa previa y contener solamente motivos de impugnación fundados en la misma causa que los invocados en la reclamación. Estos motivos de impugnación pueden desarrollarse ante el Tribunal de Justicia mediante presentación de motivos y alegaciones que no tienen que figurar necesariamente en la reclamación, pero han de estar estrechamente vinculados con ella. Resulta de ello que, si las disposiciones de los artículos 90 y 91 del Estatuto tienen por objeto permitir, mediante la interposición de una reclamación administrativa previa, un arreglo amistoso en los conflictos entre un funcionario y su Administración, no tienen la finalidad de fijar de forma rigurosa y definitiva la fase contradictoria, con tal que el recurso contradictorio no modifique ni la causa ni el objeto de la reclamación.
Procede especialmente la admisión de la demanda de indemnización, formulada por primera vez ante el Tribunal, cuando la reclamación administrativa sólo pretendió la anulación de la decisión pretendidamente perjudicial, al poder implicar dicha demanda de anulación una demanda de reparación del perjuicio causado por la citada decisión.
3. La obligación de proteger a los funcionarios contra las amenazas, ultrajes, injurias, difamaciones o atentados de los que pueden ser objeto, que compete a las instituciones comunitarias con arreglo al artículo 24 del Estatuto y que ampara igualmente los casos en que éstos sean víctimas de ataques que proceden de otros funcionarios, sólo existe en la medida en que queden probados los hechos de que se trate.
Si bien, cuando ocurre un incidente incompatible con el orden y la seguridad del servicio, la Administración debe intervenir con toda la energía necesaria para esclarecer los hechos y, con conocimiento de causa, sacar de ellos las consecuencias adecuadas, no está obligada a adoptar medidas de instrucción ante las simples alegaciones de un agente. Corresponde, en efecto, al funcionario que reclama la protección a la que tiene derecho con arreglo al artículo 24 del Estatuto aportar, al menos, un principio de prueba de la realidad de los ataques de los que afirma haber sido objeto. Sólo ante tales datos compete a la institución de que se trate adoptar las medidas apropiadas, especialmente ordenando una investigación, para que queden probados los hechos que originaron la queja, en colaboración con el autor de ésta.
Partes
En el asunto 224/87,
Jean Koutchoumoff, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, domiciliado en 52, avenue de la Renaissance, en Bruselas, representado por el Sr. Marcel Slusny y, posteriormente, por el Sr. D. Lagasse y el Sr. P. Delvaux, Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Ernest Arendt, Abogado, 4, avenue Marie-Thérèse,
parte demandante,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero Jurídico, Sr. Joseph Griesmar, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Benoît Cambier, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. G. Kremlis, Centro Wagner, Plateau de Kirchberg,
parte demandada,
que tiene por objeto:
- la anulación de la negativa opuesta a la petición del demandante de que se tomaran medidas disciplinarias contra su Jefe de División;
- la condena de la Comisión a otorgar al demandante la protección prevista por el artículo 24 del Estatuto de los funcionarios;
- la indemnización de los daños causados por la actitud de la Comisión;
- la condena de la Comisión a pagar al demandante 6 050 ecus en reparación del perjuicio sufrido, así como las costas del procedimiento,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por los Sres. F. Grévisse, Presidente de Sala; J.C. Moitinho de Almeida y M. Zuleeg, Jueces,
Abogado General: Sr. G. Tesauro
Secretario: Sr. J.A. Pompe, secretario adjunto
habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 19 de octubre de 1988,
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de noviembre de 1988,
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de julio de 1987, el Sr. Koutchoumoff, asistente de la Dirección General XIII "Estrategia de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones" de la Comisión, pidió la anulación de la decisión, resultante del silencio guardado por ésta sobre su reclamación, de fecha de 27 de noviembre de 1986, registrada el 22 de diciembre de 1986, con la que pretendía que se iniciara contra su superior jerárquico, Sr. Wilkinson, un procedimiento disciplinario. El Sr. Koutchoumoff pidió igualmente que el Tribunal de Justicia declarara que tenía derecho a la protección prevista en el artículo 24 del Estatuto de los funcionarios y que la Comisión fuera condenada a pagarle una indemnización de 6 050 ecus.
2 El Sr. Koutchoumoff, que había sido convocado por su superior jerárquico, Sr. Wilkinson, el 2 de junio de 1986, mantiene haber sido objeto de violencias por parte de éste a las que sólo pudo escapar emprendiendo la huída en su vehículo.
3 Mediante nota de 4 de junio de 1986, el Sr. Koutchoumoff pidió que "la autoridad facultada para proceder a los nombramientos sometiera este asunto al Consejo de disciplina". Al haber mantenido silencio la Administración, dirigió, el 27 de noviembre siguiente, una reclamación a la Comisión en la que recogía los términos de su nota de 4 de junio anterior. Al haber guardado silencio la Comisión también sobre esta reclamación se produjo una decisión desestimatoria presunta que el demandante somete al Tribunal de Justicia, pidiendo igualmente la reparación del perjuicio sufrido.
4 Para una más amplia exposición de los hechos, de la normativa comunitaria, así como de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Admisibilidad de la demanda
5 La Comisión opone a la demanda tres excepciones de inadmisibilidad.
6 En primer lugar, alega que la denegación implícita de la reclamación formulada el 27 de noviembre de 1986, impugnada por el Sr. Koutchoumoff, tiene solamente un carácter confirmatorio de la denegación implícita de su primera petición, fechada el 4 de junio de 1986, en la que pedía que se tomaran medidas disciplinarias contra el Sr. Wilkinson y no constituye por consiguiente un acto impugnable.
7 Procede, sin embargo, subrayar que, en virtud de las disposiciones de los artículos 90 y 91 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, un funcionario sólo puede presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia contra una decisión adoptada contra él por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tras haber presentado a dicha autoridad una reclamación y después de que esta reclamación haya sido desestimada implícita o explícitamente. Por tanto, de acuerdo con la sistemática del Estatuto, el funcionario debe presentar una reclamación contra la decisión que impugne y recurrir ante el Tribunal de Justicia contra la decisión desestimatoria de su reclamación. En estas circunstancias, puede admitirse el recurso tanto si se dirige solamente contra la decisión inicialmente impugnada, como si lo hace contra la decisión por la que se rechaza la reclamación o contra ambas conjuntamente (sentencia de 19 de enero de 1984, Anderesen contra Consejo, 260/80, Rec. 1984, p. 177, especialmente apartados 3 y 4) con la condición, sin embargo, de que la reclamación y el recurso se hayan interpuesto en los plazos previstos por los artículos 90 y 91 del Estatuto, como ha ocurrido en el caso de autos. La primera excepción planteada por la Comisión debe pues desestimarse.
8 En segundo lugar, la Comisión alega que el Sr. Koutchoumoff no ha pedido nunca, en sus recursos administrativos, la aplicación del artículo 24 del Estatuto en su beneficio, ni el resarcimiento de daños y perjuicios.
9 Procede subrayar, respecto al primer punto, que según consta en autos, al pedir el demandante que se tomaran medidas disciplinarias contra el Sr. Wilkinson, se proponía pedir, bajo esta forma, la protección prevista por el artículo 24 del Estatuto.
10 Respecto al segundo punto, según jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia, en los recursos de funcionarios, las pretensiones presentadas al Tribunal de Justicia deben tener el mismo objeto que las expuestas en la reclamación y, por otra parte, contener exclusivamente motivos de impugnación fundados en la misma causa que los invocados en la reclamación. Estos motivos de impugnación pueden desarrollarse ante el Tribunal de Justicia mediante presentación de motivos y alegaciones que no tienen que figurar necesariamente en la reclamación, pero que han de estar estrechamente vinculados con ella (sentencia de 20 de mayo de 1987, Geist contra Comisión, 242/85, Rec. 1987, p. 2181). Resulta de ello que, si las disposiciones de los artículos 90 y 91 del Estatuto de los funcionarios tienen por objeto permitir y favorecer un arreglo amistoso en los litigios entre un funcionario y su Administración, no tienen la finalidad de fijar de forma rigurosa y definitiva la fase contradictoria, con tal que el recurso jurisdiccional no modifique ni la causa ni el objeto de la reclamación (sentencia de 7 de mayo de 1986, Rihoux y otros contra Comisión, 52/85, Rec. 1986, p. 1555). Ocurre así especialmente cuando, como en el caso de autos, el demandante pidió en su reclamación la anulación de una decisión adoptada contra él, pudiendo tal petición de anulación implicar, en las circunstancias en que se presentó, una petición de reparación del perjuicio que se le haya podido causar mediante dicha decisión. Por ello, la excepción de inadmisibilidad opuesta en este punto por la Comisión contra el recurso del Sr. Koutchoumoff debe también desestimarse.
11 Finalmente, si bien la Comisión alega que el demandante pidió, durante el procedimiento, la reparación de otros perjuicios distintos de los mencionados en su recurso, los distintos daños invocados están todos vinculados a la negativa de la Comisión a proporcionarle la protección reclamada basándose en el artículo 24 del Estatuto. Resulta de ello que no se ha modificado el objeto de la demanda ante el Tribunal de Justicia.
12 Por el contrario, la Comisión tiene fundamento para sostener que no corresponde al Tribunal de Justicia exigir a la Administración que proporcione al Sr. Koutchoumoff la protección a la que éste considera tener derecho. Debe pues acordarse la inadmisión de las pretensiones formuladas en este sentido.
Demanda de anulación de la negativa de la Comisión a conceder al Sr. Koutchoumoff la protección prevista por el artículo 24 del Estatuto
13 El Sr. Koutchoumoff alega que la Comisión vulneró el deber de asistencia y protección al no intentar esclarecer los acontecimientos del 2 de junio de 1986, así como el artículo 24 del Estatuto, al no tomar contra el Sr. Wilkinson medidas disciplinarias a consecuencia de la agresión de la que el demandante se considera víctima.
14 Ante todo, hay que subrayar que la obligación de proteger a los funcionarios contra las amenazas, ultrajes, injurias, difamaciones o atentados de las que puedan ser objeto que compete a las instituciones comunitarias con arreglo al artículo 24 del Estatuto y que ampara igualmente los casos en que éstos sean víctimas de ataques que procedan de otros funcionarios, sólo existe en la medida en que quedan probados los hechos de que se trata.
15 Aunque, como ha juzgado el Tribunal de Justicia (sentencia de 14 de junio de 1979, Sra. V. contra Comisión, 18/78, Rec. 1979, p. 2099), ante un incidente incompatible con el orden y la seguridad del servicio, la Administración debe intervenir con toda la energía necesaria para esclarecer los hechos y, con conocimiento de causa, sacar de ellos las consecuencias apropiadas, no está obligada a adoptar medidas de instrucción ante las simples alegaciones de un agente.
16 En efecto, corresponde al funcionario que reclama la protección a la que tiene derecho con arreglo al artículo 24 del Estatuto aportar, al menos, un principio de prueba de la realidad de los ataques de los que afirma haber sido objeto. Sólo en presencia de tales datos corresponde a la Comisión adoptar las medidas apropiadas, especialmente ordenando una investigación, para que queden probados los hechos que originaron la queja, en colaboración con el autor de ésta.
17 Ahora bien, consta en autos que, por una parte, los respectivos relatos de los sucesos del 2 de junio de 1986 de los Sres. Koutchoumoff y Wilkinson tenían notables diferencias, al alegar este último que sólo había intentado que el Sr. Koutchoumoff firmara el acuse de recibo de su informe de calificación, habiendo tomado la iniciativa de seguirle cuando éste alegó tener que dirigirse al servicio médico, para comprobar si no intentaba escapar de esta forma a la entrega de su informe de calificación y, por otra parte, que en ningún momento el Sr. Koutchoumoff ha aportado ningún dato concreto en apoyo de su relato, especialmente durante la entrevista que mantuvo el 12 de mayo de 1987 con el Director de Personal, rehusando incluso dar nombres de testigos, con el pretexto de que éstos podrían sufrir presiones.
18 Es cierto que el demandante propuso, durante la fase escrita, la audiencia por el Tribunal de Justicia de dos testigos, y la de dos testigos más durante la vista.
19 Sin que sea necesario pronunciarse sobre la conformidad a Derecho de estas peticiones de audiencia de testigos, procede destacar que sólo incumbe al Tribunal de Justicia apreciar la conformidad a Derecho, a la luz del artículo 24 del Estatuto, de la negativa de la Comisión a conceder la protección prevista por esta disposición, y que el mismo Tribunal no tiene facultades para ponerse en el lugar de la Comisión ni para exigirle que dispense la protección.
20 La conformidad a Derecho de la negativa de la Comisión a adoptar las medidas basadas en el artículo 24 debe apreciarse pues en función de los datos de los que la propia Comisión disponía en el momento en que adoptó la decisión impugnada.
21 Se ha de reconocer que en aquél momento el demandante daba muestras de una inoperancia manifiesta para aportar prueba alguna de sus alegaciones.
22 Por ello, y sin que proceda oir los testimonios popuestos, el Tribunal de Justicia no puede menos que reconocer que la Comisión pudo estimar legítimamente que, dadas las circunstancias del caso, tal como fueron relatadas por el Sr. Koutchoumoff, los hechos no quedaban suficientemente probados y, en consecuencia, negar al interesado la adopción de medida alguna en aplicación del artículo 24 del Estatuto.
23 De lo anterior resulta que la Comisión no ha cometido ninguna falta que pudiera dar derecho a reparación al Sr. Koutchoumoff y que deben desestimarse sus pretensiones de anulación, al igual que las de pago de una indemnización.
Decisión sobre las costas
Costas
24 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Sin embargo, según el artículo 70 de dicho Reglamento, las instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido las mismas en el recurso de los agentes de las Comunidades.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Cada parte cargará con sus propias costas.
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