Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
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Libre circulación de mercancías - Excepciones - Protección de la salud pública - Normativa nacional que somete a autorización el empleo de un aditivo alimentario - Procedencia - Requisitos
(Tratado CEE, arts. 30 y 36)
Índice
Una normativa nacional que, en aras de la protección de la salud pública, sujeta a autorización el empleo de un aditivo alimenticio y se aplica igualmente a los productos alimenticios que contienen dicho aditivo importados de otros Estados miembros, en los que se fabrican y comercializan de forma lícita, es conforme al Derecho comunitario si se cumplen dos requisitos. Es preciso, en primer lugar, que dicha normativa prevea un procedimiento que permita a los operadores económicos obtener la inclusión del aditivo de que se trate en la lista nacional de aditivos autorizados, que el referido procedimiento sea fácilmente accesible y pueda concluirse dentro de un plazo razonable, y que, si desemboca en una decisión denegatoria, ésta sea recurrible judicialmente. En segundo lugar, es preciso que las autoridades administrativas competentes sólo puedan denegar la solicitud de inclusión de un aditivo en la referida lista si éste no responde a una necesidad real, especialmente de carácter tecnológico, o si representa un riesgo para la salud pública.
De ello se deduce que un Estado miembro que prohíbe, salvo autorización, la importación de un producto alimenticio concreto procedente de otros Estados miembros, basándose en que contiene un determinado aditivo, sólo puede considerarse que ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 30 y 36 del Tratado si no ha establecido un procedimiento conforme a las referidas exigencias o si sus autoridades han denegado injustificadamente una petición de uno o varios operadores económicos dirigida a obtener la inclusión de la sustancia de que se trate en la lista de aditivos autorizados.
Partes
En el asunto C-344/90,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Rafael Pellicer, miembro de su Servicio Jurídico, asistido por el Sr. Hervé Lehman, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Roberto Hayder, representante de dicho Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandante,
apoyada por
Reino de España, representado inicialmente por el Sr. Carlos Bastarreche Saguees, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y, posteriormente, por el Sr. Alberto José Navarro González y por la Sra. Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, Jefe del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de España, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
parte coadyuvante,
contra
República Francesa, representada por el Sr. Philippe Pouzoulet, Subdirector de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y por el Sr. Géraud de Bergues, Secretario adjunto principal del mismo Ministerio, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 9, boulevard Prince Henri,
parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE, al prohibir la importación de quesos fabricados y comercializados legalmente en otros Estados miembros, a los que, durante el proceso de elaboración, se haya añadido nitrato dentro de los límites admitidos por los círculos científicos internacionales (50 mg por kilogramo de queso),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse y P.J.G. Kapteyn, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco y M. Zuleeg, Jueces;
Abogado General: Sr. C. Gulmann;
Secretario: Sr. D. Triantafyllou, administrador;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídos los informes de las partes en la vista celebrada el 26 de febrero de 1992, en la que el Reino de España estuvo representado por el Sr. M. Bravo-Ferrer Delgado y la República Francesa por la Sra. H. Duchêne, Secretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 8 de abril de 1992;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de noviembre de 1990, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE, al prohibir la importación de quesos fabricados y comercializados legalmente en otros Estados miembros, a los que, durante el proceso de elaboración, se haya añadido nitrato dentro de los límites admitidos por los círculos científicos internacionales (50 mg por kilogramo de queso).
2 En algunos Estados miembros, se añade nitrato a diversos tipos de queso en el momento de su elaboración, con objeto de eliminar ciertas bacterias que hacen que se hinchen de forma anómala.
3 Los Decretos franceses de 15 de abril de 1912, por el que se establece la normativa de Administración pública para la aplicación de la Ley de 1 de agosto de 1905 (Journal officiel de la République française de 29.6.1912, p. 5710), y de 18 de septiembre de 1989, relativo a los aditivos que pueden emplearse en los productos destinados a la alimentación humana (Journal officiel de la République française de 19.9.1989, p. 11811), disponen que nadie podrá utilizar aditivos químicos de ningún tipo en la elaboración de productos alimenticios ni distribuir para el consumo alimentos que contengan tales aditivos, sin autorización concedida mediante Orden Ministerial. Ahora bien, ninguna de las Ordenes acordadas en virtud de dicha Ley autoriza el empleo de nitrato en la fabricación de queso. De ello se deduce que ni el empleo de dicha sustancia en la elaboración de los referidos productos ni la comercialización de quesos que contengan nitrato están autorizados en Francia.
4 En el Derecho comunitario, el nitrato aparece mencionado en la Sección II de la lista de aditivos que figura como Anexo de la Directiva 64/54/CEE del Consejo, de 5 de noviembre de 1963, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los agentes conservadores que pueden emplearse en los productos destinados a la alimentación humana (DO 1964, 12, p. 161; EE 13/01, p. 13; en lo sucesivo, "Directiva"), tal como fue modificada por la Directiva 67/427/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la utilización de ciertos agentes conservadores para el tratamiento en superficie de los agrios y a las medidas de control cualitativo y cuantitativo de los agentes conservadores aplicados en y sobre los agrios (DO 1967, 148, p. 1; EE 13/01, p. 39).
5 La inclusión del nitrato en la citada lista significa que dicha sustancia es uno de los aditivos cuyo empleo en los productos alimenticios puede ser autorizado por los Estados miembros y que corresponde a estos últimos establecer en qué condiciones puede ser utilizada.
6 Para una más amplia exposición de la Directiva, de la normativa nacional, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
7 En el presente recurso, la Comisión acusa a la República Francesa de prohibir la importación de quesos procedentes de otros Estados miembros alegando que contienen nitrato. A su juicio, en efecto, la importación de productos alimenticios fabricados en otro Estado miembro y que contengan un aditivo de los incluidos en la lista comunitaria debe ser autorizada siempre que dicho aditivo no represente ningún peligro para la salud pública y responda a una necesidad real, en particular de carácter tecnológico. Ahora bien, se desprende de los resultados de la investigación internacional que el nitrato responde a dichas exigencias.
8 Para pronunciarse sobre este recurso, procede recordar que es jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véanse las sentencias de 10 de diciembre de 1985, Motte, 247/84, Rec. p. 3887, apartado 25; de 6 de mayo de 1986, Muller, 304/84, Rec. p. 1511, apartado 26, y de 13 de diciembre de 1990, Bellon, C-42/90, Rec. p. I-4863, apartados 16 y 17) que una normativa que sujeta a autorización el empleo de un aditivo es conforme al Derecho comunitario si cumple dos requisitos.
9 En primer lugar, dicha normativa debe prever un procedimiento que permita a los operadores económicos obtener la inclusión de dicho aditivo en la lista nacional de aditivos autorizados. Dicho procedimiento debe ser fácilmente accesible y debe poderse concluir dentro de un plazo razonable y, si desemboca en una decisión denegatoria, ésta debe ser recurrible judicialmente.
10 Además, las autoridades administrativas competentes sólo pueden denegar una solicitud de inclusión de un aditivo en la referida lista si éste no responde a una necesidad real, especialmente de carácter tecnológico, o si representa un riesgo para la salud pública.
11 Por lo que respecta a la necesidad tecnológica, procede recordar que es jurisprudencia reiterada (véase la sentencia de 12 de marzo de 1987, denominada "Ley de pureza de la cerveza", Comisión/Alemania, 178/84, Rec. p. 1227, apartado 52) que la necesidad de emplear un aditivo debe valorarse teniendo en cuenta los resultados de la investigación científica internacional y la apreciación de dicha necesidad efectuada por las autoridades de los demás Estados miembros.
12 Hay que precisar asimismo que, para demostrar que un aditivo no responde a una necesidad real, no basta con aludir al hecho de que el producto de que se trate puede ser fabricado utilizando otra sustancia. Tal interpretación del concepto de necesidad tecnológica podría conducir, en efecto, a privilegiar los métodos de producción nacionales, lo cual constituiría una restricción encubierta al comercio entre los Estados miembros (véanse las sentencias "Ley de pureza de la cerveza", antes citada, apartado 51, y de 4 de junio de 1992, Debus, asuntos acumulados C-13/91 y C-113/91, Rec. p. I-3617, apartado 28).
13 Por lo que se refiere a la protección de la salud pública, debe señalarse que es jurisprudencia reiterada (véanse, en particular, las citadas sentencias de 6 de mayo de 1986, Muller, apartado 26, y de 13 de diciembre de 1990, Bellon, apartado 17) que la existencia de un riesgo para la salud derivado del uso de un aditivo debe valorarse teniendo en cuenta, especialmente, los resultados de la investigación científica internacional, y, en particular, los trabajos del Comité Científico de Alimentación Humana y los hábitos alimentarios del Estado miembro de que se trate.
14 De las citadas sentencias se deduce que, en un caso como el de autos, sólo puede considerarse que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben, respecto a los aditivos, en virtud de los artículos 30 y 36 del Tratado, si no ha establecido un procedimiento conforme a las exigencias recordadas en el apartado 9 precedente o si sus autoridades han denegado injustificadamente una petición dirigida a obtener la inclusión de una sustancia en la lista de los aditivos autorizados.
15 El Gobierno francés ha señalado, acertadamente, que en las citadas sentencias de 10 de diciembre de 1985, Motte; de 6 de mayo de 1986, Muller, y de 13 de diciembre de 1990, Bellon, que tenían por objeto una prohibición de importación de un alimento producido y comercializado en otro Estado miembro, debido a que contenía un determinado aditivo, el Tribunal de Justicia no consideró incompatible con el Derecho comunitario la prohibición impugnada, sino que simplemente recordó a qué exigencias ha de responder un sistema de prohibición salvo autorización.
16 En el presente caso, procede observar que los citados Decretos franceses han establecido, en materia de aditivos, un sistema de prohibición, salvo autorización, que se aplica igualmente a los aditivos añadidos a productos alimenticios procedentes de Estados miembros en los que se fabrican y comercializan de forma lícita.
17 La Comisión no ha alegado ni que el procedimiento establecido por dicha legislación fuera contrario al Derecho comunitario ni que, con anterioridad a la interposición del presente recurso, las autoridades francesas hubieran denegado una petición de uno o varios operadores económicos dirigida a obtener la inclusión del nitrato en la lista de los aditivos autorizados.
18 Ante dichas circunstancias, debe desestimarse el recurso de la Comisión.
Decisión sobre las costas
Costas
19 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas. Conforme al apartado 4 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, el Reino de España, parte coadyuvante, soportará sus propias costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:
1) Desestimar el recurso de la Comisión.
2) Condenar en costas a la Comisión.
3) El Reino de España, parte coadyuvante, soportará sus propias costas.
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