Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
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Libre circulación de personas - Trabajadores - Igualdad de trato - Acceso al empleo - Toma en consideración por un organismo público de un Estado miembro, en el momento de la contratación, de las actividades ejercidas anteriormente en una Administración pública - Distinción, respecto a los nacionales comunitarios, entre las actividades ejercidas en la Administración pública nacional y las ejercidas en la de otro Estado miembro - Discriminación encubierta - Improcedencia
(Tratado CEE, art. 48)
Índice
El artículo 48 del Tratado prohíbe no sólo las discriminaciones manifiestas basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado. En consecuencia, debe ser interpretado en el sentido de que, cuando un organismo público de un Estado miembro prevé, con ocasión de la contratación de personal para cubrir puestos que no están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del apartado 4 del artículo 48 del Tratado, tomar en consideración las actividades profesionales anteriores ejercidas por los candidatos en una Administración pública, dicho organismo no puede efectuar distinciones, respecto a los nacionales comunitarios, en función de que tales actividades hayan sido ejercidas en la Administración pública de ese mismo Estado miembro o en la de otro Estado miembro.
Partes
En el asunto C-419/92,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Ingetraut Scholz
y
Opera Universitaria di Cagliari,
Cinzia Porcedda,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 7 y 48 del Tratado CEE, así como de los artículos 1 y 3 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida y M. Díez de Velasco (Ponente), Presidentes de Sala; C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn y J.L. Murray, Jueces;
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sra. D. Louterman-Hubeau, administrador principal;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- en nombre de Ingetraut Scholz, por el Sr. Eligio Simbula, Abogado ante la Corte suprema di cassazione;
- en nombre del Gobierno italiano, por el Profesor Luigi Ferrari Bravo, Jefe del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;
- en nombre del Gobierno francés, por el Sr. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale, en calidad de Agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. Dimitrios Gouloussis, Consejero Jurídico, y Enrico Traversa, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones de la Sra. Scholz, del Gobierno italiano, del Gobierno francés y de la Comisión, expuestas en la vista de 10 de noviembre de 1993;
oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 15 de diciembre de 1993;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 10 de junio de 1992, registrada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de diciembre siguiente, el Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 7 y 48 del Tratado CEE, así como de los artículos 1 y 3 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).
2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio sobre la relación de candidatos aprobados elaborada como resultado de un concurso-oposición público para la provisión de puestos de agente de restauración en la Universidad de Cagliari.
3 La parte demandante en el procedimiento principal, de origen alemán y que adquirió la nacionalidad italiana por razón de matrimonio, interpuso un recurso contra su clasificación en el marco del citado concurso, invocando la ilegalidad de la negativa del tribunal del concurso a tomar en consideración, tal como preveía la convocatoria, la actividad profesional que había ejercido, antes de su matrimonio, en la Administración postal alemana.
4 La convocatoria de concurso preveía, en particular, la atribución de un determinado número de puntos por los títulos y los servicios a los efectos de la formación de la relación definitiva de candidatos aprobados. No contenía precisión alguna sobre el tipo de experiencia profesional.
5 En consecuencia, el Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ante el cual se interpuso el recurso, planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
"Si los artículos 7 y 48 del Tratado CEE y 1 y 3 del Reglamento CEE nº 1612/68 pueden interpretarse en el sentido de que prohíben que, con ocasión de un concurso público para la provisión de puestos que no están incluidos entre aquéllos para los cuales rige la excepción a la que se refiere el apartado 4 del artículo 48, pueda negarse la toma en consideración de la actividad laboral desempeñada en una Administración pública de otro Estado miembro, cuando la ejercida para la Administración del Estado en el que se convoca el concurso se considera un mérito útil a los efectos de la formación de la relación definitiva de aprobados del procedimiento de concurso."
6 Procede recordar, en primer lugar, que el artículo 7 del Tratado, que prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad, no se aplica de forma autónoma si el Tratado prevé respecto a la libre circulación de trabajadores una norma específica contra la discriminación, como en el apartado 2 del artículo 48 (véase la sentencia de 30 de mayo de 1989, Comisión/Grecia, 305/87, Rec. p. 1476, apartados 12 y 13). Además, los artículos 1 y 3 del Reglamento nº 1612/68 constituyen únicamente una expresión del Derecho derivado del artículo 48 del Tratado. Por consiguiente, esta disposición es la única norma aplicable en el presente asunto.
7 De una jurisprudencia reiterada (véase, en particular, la sentencia de 10 de marzo de 1993, Comisión/Luxemburgo, C-111/91, Rec. p. I-817, apartado 9) resulta que el artículo 48 del Tratado prohíbe no sólo las discriminaciones manifiestas basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado.
8 Por lo que respecta al litigio principal, procede observar en primer lugar que el hecho de que la parte demandante en el mismo haya adquirido la nacionalidad italiana no tiene incidencia alguna sobre la aplicación del principio de no discriminación.
9 En efecto, todo nacional comunitario que haya hecho uso del derecho a la libre circulación de trabajadores y que haya ejercido una actividad profesional en otro Estado miembro está comprendido, independientemente de su lugar de residencia y de su nacionalidad, dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones antes mencionadas.
10 A continuación, procede indicar que las normas del concurso de que se trata preveían, a los efectos de la formación de la relación definitiva de candidatos aprobados, la toma en consideración de los períodos anteriores trabajados en la función pública, sin precisar que los mismos debieran tener una relación con las funciones de agente de restauración.
11 Por último, es importante hacer constar que la negativa a tomar en consideración el período trabajado por la parte demandante en el procedimiento principal en la Administración pública de otro Estado miembro, para la atribución de puntos adicionales previstos a los efectos de su clasificación final, constituye una discriminación indirecta no justificada.
12 Por lo tanto, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 48 del Tratado CEE debe ser interpretado en el sentido de que, cuando un organismo público de un Estado miembro prevé, con ocasión de la contratación de personal para cubrir puestos que no están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del apartado 4 del artículo 48 del Tratado, tomar en consideración las actividades profesionales anteriores ejercidas por los candidatos en una Administración pública, dicho organismo no puede efectuar distinciones, respecto a los nacionales comunitarios, en función de que tales actividades hayan sido ejercidas en la Administración pública de ese mismo Estado miembro o en la de otro Estado miembro.
Decisión sobre las costas
Costas
13 Los gastos efectuados por los Gobiernos italiano y francés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Italia) mediante resolución de 10 de junio de 1992, declara:
El artículo 48 del Tratado CEE debe ser interpretado en el sentido de que, cuando un organismo público de un Estado miembro prevé, con ocasión de la contratación de personal para cubrir puestos que no están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del apartado 4 del artículo 48 del Tratado, tomar en consideración las actividades profesionales anteriores ejercidas por los candidatos en una Administración pública, dicho organismo no puede efectuar distinciones, respecto a los nacionales comunitarios, en función de que tales actividades hayan sido ejercidas en la Administración pública de ese mismo Estado miembro o en la de otro Estado miembro.
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