Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
++++
En los asuntos acumulados T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 y T-234/94,
Industrias Pesqueras Campos, S.A., sociedad española, con domicilio social en Vigo (España), representada, en el asunto T-551/93, por los Sres. Antonio Creus y Xavier Ruiz, Abogados del Ilustre Colegio de Barcelona, y por el Sr. José Ramón García-Gallardo, Abogado del Ilustre Colegio de Burgos, que designan como domicilio en Bruselas el bufete Cuatrecasas, 78, avenue d'Auderghem, y, en el asunto T-233/94, por los Sres. Santiago Martínez Lage, Rafael Allendesalazar Corcho y Javier Vías Alonso, Abogados del Ilustre Colegio de Madrid, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
Transacciones Marítimas, S.A., Recursos Marinos, S.A.,
Makuspesca, S.A., sociedades españolas, con domicilio social en Vigo (España), representadas por los Sres. Santiago Martínez Lage, Rafael Allendesalazar Corcho y Javier Vías Alonso, Abogados del Ilustre Colegio de Madrid, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
partes demandantes,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Francisco Santaolalla, Consejero Jurídico, y la Sra. Amparo Alcover, miembro del Servicio Jurídico, así como, en la vista, por la Sra. Blanca Vila Costa, funcionaria nacional en comisión de servicios en la Comisión, en calidad de Agentes, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandada,
que tienen por objeto, en el asunto T-551/93, la reparación de los daños y perjuicios causados a la demandante al no haberle abonado la Comisión la ayuda financiera comunitaria que le concedió mediante su Decisión C(89)632/73, de 26 de abril de 1989 (expediente nº ES/545/89/01), para la construcción del barco de pesca «Escualo», y en los asuntos T-231/94, T-232/94, T-233/94 y T-234/94, la anulación de las respectivas Decisiones C(94) 670/1, C(94) 670/2, C(94) 670/3 y C(94) 670/4 de la Comisión, por las que esta última suprimió las ayudas financieras comunitarias concedidas a las cuatro demandantes para la construcción de barcos de pesca y ordenó a tres de ellas que reembolsaran el importe percibido con anterioridad,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
(Sala Cuarta),
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente; la Sra. P. Lindh y el Sr. A. Potocki, Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de noviembre de 1995;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
Marco normativo
1 Los presentes recursos de indemnización y de anulación se inscriben en el marco de la normativa comunitaria sobre ayudas a la construcción de nuevos barcos de pesca.
2 El 18 de diciembre de 1986, el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) nº 4028/86, relativo a acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura (DO L 376, p. 7; en lo sucesivo, «Reglamento nº 4028/86»), mediante el cual el Consejo autoriza a la Comisión a conceder una ayuda financiera comunitaria, en particular, para proyectos de construcción de nuevos barcos de pesca (artículo 6). Este es el texto básico de la política comunitaria en materia de estructuras de la pesca. El 24 de junio de 1988 el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) nº 2052/88, relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 185, p. 9; en lo sucesivo, «Reglamento nº 2052/88»). El 20 de julio de 1993, el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) nº 2080/93, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88 en lo referente al instrumento financiero de orientación de la pesca (DO L 193, p. 1) y que deroga entre otras las disposiciones del Reglamento nº 4028/86 a partir del 1 de enero de 1994, excepto en lo que respecta a las solicitudes de ayuda presentadas antes de dicha fecha (artículo 9).
3 El artículo 44 del Reglamento nº 4028/86 indica en qué circunstancias pueden iniciarse los procedimientos de suspensión, reducción o supresión de la ayuda, y está redactado así:
«1. Durante todo el período de la intervención comunitaria, la autoridad o el organismo designado a tal fin por el Estado miembro interesado remitirá a la Comisión, a petición de ésta, todos los justificantes y documentos que puedan demostrar que se cumplen los requisitos financieros o de otro tipo impuestos para cada proyecto. La Comisión podrá decidir suspender, reducir o suprimir la ayuda, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 47:
- si el proyecto no se ejecutase como estaba previsto, o
- si no se cumplieren algunas de las condiciones impuestas, o
- si el beneficiario, contrariamente a los datos contenidos en la solicitud y consignados en la decisión de concesión de la ayuda financiera, no iniciase los trabajos en un plazo de un año a partir de la notificación de esta decisión o, si antes de transcurrido dicho plazo, no hubiese presentado garantías suficientes para la ejecución del proyecto, o
- si el beneficiario no terminase los trabajos en un plazo de dos años a partir de su comienzo, salvo en caso de fuerza mayor.
La decisión será notificada al Estado miembro interesado y al beneficiario.
La Comisión procederá a la recuperación de las sumas cuyo pago no hubiere sido o no sea justificado.
2. La Comisión, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 47, adoptará las normas de desarrollo del presente artículo».
4 El artículo 46 del mencionado Reglamento precisa las facultades de control otorgadas a la Comisión, y su apartado 2 está redactado así:
«2. Sin perjuicio de los controles efectuados por los Estados miembros de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 206 del Tratado, así como de todo control organizado basado en la letra c) del artículo 209 del Tratado, los agentes encargados por la Comisión para efectuar los controles sobre el terreno tendrán acceso a los libros y a cualquier otro documento que tengan relación con los gastos financiados por la Comunidad. Dichos agentes podrán, en particular, comprobar:
a) la conformidad de las prácticas administrativas con las normas comunitarias;
b) la existencia de los justificantes necesarios y su concordancia con las operaciones financiadas por el presupuesto comunitario;
c) las condiciones en las cuales se realizan y comprueban las operaciones financiadas por el presupuesto comunitario.
La Comisión avisará con la suficiente antelación, antes de la comprobación, al Estado miembro sobre el que recaiga la comprobación o en cuyo territorio se realice aquélla. Funcionarios del Estado miembro interesado podrán participar en dichas comprobaciones.
A petición de la Comisión y con la conformidad del Estado miembro, los organismos competentes de dicho Estado miembro efectuarán comprobaciones o investigaciones relativas a las operaciones contempladas en el presente Reglamento. En ellas podrán participar funcionarios de la Comisión.
A fin de mejorar las posibilidades de control, la Comisión podrá, con la conformidad de los Estados miembros interesados, asociar las administraciones de dichos Estados miembros a determinados controles o investigaciones.»
5 El artículo 47 del Reglamento nº 4028/86 regula la consulta al Comité Permanente de Estructuras de la Pesca en el marco de los procedimientos de suspensión, de reducción y de supresión.
6 El 26 de febrero de 1987, el Gobierno español adoptó el Real Decreto 219/87, por el que se aplica el Reglamento nº 4028/86 (BOE nº 44, de 20 febrero 1987; en lo sucesivo, «Real Decreto 219/87»), desarrollado por Orden Ministerial de 3 marzo de 1987 (BOE nº 56, de 6 de marzo de 1987).
7 El 26 de marzo de 1987, la Comisión adoptó el Reglamento (CEE) nº 970/87, sobre medidas transitorias y modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 4028/86 del Consejo en lo que respecta a las acciones de reestructuración y renovación de la flota pesquera, de desarrollo de la acuicultura y de acondicionamiento de la franja costera (DO L 96, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento nº 970/87»), que contiene en anexo los formularios que recogen los datos y documentos necesarios para la presentación de solicitudes de ayuda financiera comunitaria para proyectos de construcción de nuevos barcos de pesca.
8 El 20 de abril de 1988, la Comisión adoptó el Reglamento (CEE) nº 1116/88, relativo a las modalidades de ejecución de las decisiones de ayuda para proyectos relativos a acciones comunitarias para la mejora y adaptación de las estructuras del sector de la pesca y de la acuicultura y de acondicionamiento de la franja costera (DO L 112, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento nº 1116/88»), que contiene en anexo unos modelos de escritos que recogen los datos y documentos que deben figurar en las solicitudes de pago de ayudas financieras comunitarias para proyectos de construcción de nuevos barcos de pesca.
9 El artículo 7 de este último Reglamento precisa los requisitos de aplicación de los procedimientos de suspensión, reducción o supresión de la ayuda, y está redactado así:
«Antes de instruir el procedimiento de suspensión, reducción o supresión de la ayuda prevista en el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento (CEE) nº 4028/86, la Comisión:
- avisará de ello al Estado miembro en cuyo territorio deba ejecutarse el proyecto, quien podrá pronunciarse al respecto,
- consultará a la autoridad competente encargada de transmitir los justificantes,
- hará un llamamiento al o los beneficiario(s) para que expresen, a través de la autoridad o del organismo, las razones del no respeto de las condiciones previstas.»
Hechos que dieron origen al recurso
10 Las demandantes son empresas que tienen por objeto estatutario el ejercicio de actividades en el ámbito de la pesca. Todas tienen el mismo accionista mayoritario, que es al mismo tiempo su administrador único. Transacciones Marítimas S.A. (en lo sucesivo, «Tramasa») fue constituida en abril de 1994, Industrias Pesqueras Campos S.A. (en lo sucesivo, «IPC») en septiembre de 1986, Makuspesca S.A. y Recursos Marinos S.A. en noviembre de 1986.
11 El 7 de abril de 1987, Tramasa solicitó a la Administración española, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento nº 4028/86, autorización para construir el barco de pesca de palangre «Tiburón III», así como la concesión de las ayudas financieras comunitaria y nacional previstas y reguladas en el Reglamento nº 4028/86 y en el Real Decreto 219/87. El proyecto presentado por Tramasa se refería a la construcción de un buque pesquero de un coste total de 126.500.000 PTA, cuya construcción se encomendó al astillero «Construcciones Navales Santo Domingo S.A.». El 9 de julio de 1987, la Dirección General de la Marina Mercante española autorizó la construcción del buque pesquero «Tiburón III».
12 Mediante la Decisión C(87) 2200/137, de 21 de diciembre de 1987, la Comisión concedió a Tramasa una ayuda financiera de 39.283.091 PTA para la construcción del buque. Dicha ayuda cubría el 35 % del importe que la Comisión consideró subvencionable, que era de 112.237.403 PTA. La construcción del buque «Tiburón III» se benefició asimismo de una ayuda concedida por las autoridades españolas, por un importe de 16.240.000 PTA. El astillero obtuvo, por otra parte, de la Gerencia del Sector Naval una prima a la construcción naval de un importe de 21.532.436 PTA.
13 El 6 de abril de 1988, Tramasa solicitó a la Comisión que procediera a un pago parcial de la ayuda comunitaria, basándose en una factura del astillero encargado de la construcción, de 15 de marzo de 1988, que certificaba el pago del 51 % de la inversión total, es decir 64.660.000 PTA. La Comisión efectuó dicho pago parcial el 12 de julio de 1988.
14 El 25 de octubre de 1988, Tramasa solicitó a la Comisión el pago del resto de la ayuda, basándose en una factura del astillero, de 27 de junio de 1988, que certificaba el pago con talones de la totalidad del precio de 126.500.000 PTA (anexo 3 del escrito de contestación en el asunto T-231/94), idéntico al importe total de la inversión recogido en la solicitud de concesión de la ayuda financiera comunitaria y en la Decisión de concesión de 21 de diciembre de 1987 (anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-231/94). Tramasa presentó igualmente a la Comisión el Certificado de Navegabilidad expedido el 27 de junio de 1988 por la Dirección General de la Marina Mercante española. La Comisión procedió al pago del saldo el 4 de abril de 1989. El 9 de octubre de 1989, la demandante vendió el buque «Tiburón III» a la sociedad española Puntapesca S.A., por un importe de 112.837.453 PTA.
15 El 21 de septiembre de 1987, Makuspesca solicitó a la Administración española, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento nº 4028/86, autorización para construir el barco de pesca «Makus», así como la concesión de las ayudas financieras comunitaria y nacional previstas y reguladas en el Reglamento nº 4028/86 y en el Real Decreto 219/87. El proyecto presentado por Makuspesca se refería a la construcción de un buque pesquero de un coste total de 217.250.000 PTA, cuya construcción se encomendó al astillero «Construcciones Navales Santo Domingo S.A.». La Dirección General de la Marina Mercante española autorizó la construcción del buque pesquero «Makus».
16 Mediante la Decisión C(89) 632/47, de 26 de abril de 1989, la Comisión concedió a Makuspesca una ayuda financiera de 74.924.630 PTA para la construcción del buque. Dicha ayuda cubría el 35 % del importe que la Comisión consideró subvencionable, que era de 214.070.374 PTA. La construcción del buque «Makus» se benefició asimismo de una ayuda concedida por las autoridades españolas, por un importe de 21.407.038 PTA. El astillero obtuvo, por otra parte, de la Gerencia del Sector Naval una prima a la construcción naval de un importe de 23.000.000 PTA.
17 El 5 de junio de 1989, Makuspesca solicitó a la Comisión el pago de la totalidad de la ayuda comunitaria, basándose en una factura del astillero, de 8 de febrero de 1989, que certificaba el pago al contado de la totalidad del precio de 217.250.000 PTA (anexo 4 del escrito de contestación en el asunto T-234/94), idéntico al importe total de la inversión recogido en la solicitud de concesión de la ayuda financiera comunitaria (anexo 3 del escrito de contestación en el asunto T-234/94) y en la Decisión de concesión de 26 de abril de 1989 (anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-234/94). Makuspesca presentó igualmente a la Comisión el Certificado de Navegabilidad expedido el 9 de marzo de 1989 por la Dirección General de la Marina Mercante española. La Comisión abonó la ayuda comunitaria en julio de 1989. En julio de 1992, Makuspesca vendió el buque «Makus» por un importe de 63.000.000 PTA (según su respuesta a una pregunta por escrito de este Tribunal).
18 El 28 de septiembre de 1987, Recursos Marinos solicitó a la Administración española, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento nº 4028/86, autorización para construir el barco de pesca «Acechador», así como la concesión de las ayudas financieras comunitaria y nacional previstas y reguladas en el Reglamento nº 4028/86 y en el Real Decreto 219/87. El proyecto presentado por Recursos Marinos se refería a la construcción de un buque pesquero de un coste total de 324.500.000 PTA, cuya construcción se encomendó al astillero «Astilleros del Atlántico S.A.». Recursos Marinos modificó posteriormente el proyecto inicial y lo reemplazó por un proyecto con un importe de 322.300.000 PTA. El 21 de octubre de 1987, la Dirección General de la Marina Mercante española autorizó la construcción del buque pesquero «Acechador».
19 Mediante la Decisión C(89) 632/73, de 26 de abril de 1989, la Comisión concedió a Recursos Marinos una ayuda financiera de 107.570.697 PTA para la construcción del buque. Dicha ayuda cubría el 35 % del importe que la Comisión consideró subvencionable, que era de 307.344.850 PTA. La construcción del buque «Acechador» se benefició asimismo de una ayuda concedida por las autoridades españolas, por un importe de 30.734.486 PTA. El astillero obtuvo, por otra parte, de la Gerencia del Sector Naval una prima a la construcción naval de un importe de 25.430.000 PTA.
20 El 10 de mayo de 1989, Recursos Marinos solicitó a la Comisión que procediera a un pago parcial de la ayuda comunitaria, basándose en una factura del astillero, de 2 de mayo de 1989, que certificaba el pago del 94 % de la inversión total, es decir, 304.800.000 PTA. La Comisión efectuó dicho pago parcial el 28 de julio de 1989.
21 El 21 de noviembre de 1989, Recursos Marinos solicitó a la Comisión el pago del resto de la ayuda, basándose en una factura del astillero, de 4 de octubre de 1989, que certificaba el pago al contado de la totalidad del precio de 322.300.000 PTA (anexo 3 del escrito de contestación en el asunto T-232/94), idéntico al importe total de la inversión recogido en la solicitud de concesión de la ayuda financiera comunitaria (anexo 3 del escrito de contestación en el asunto T-232/94) y en la Decisión de concesión de 26 de abril de 1989 (anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-232/94). Recursos Marinos presentó igualmente a la Comisión el Certificado de Navegabilidad expedido el 16 de mayo de 1989 por la Dirección General de la Marina Mercante española. La Comisión procedió al pago del saldo el 28 de noviembre de 1989. El 17 de mayo de 1990, Recursos Marinos vendió el buque «Acechador» a la sociedad Pesquerías Lumar S.A., por un importe de 175.000.000 PTA.
22 El 21 de diciembre de 1987, IPC solicitó a la Administración española, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento nº 4028/86, autorización para construir el barco de pesca «Escualo», así como la concesión de las ayudas financieras comunitaria y nacional previstas y reguladas en el Reglamento nº 4028/86 y en el Real Decreto 219/87. El proyecto presentado por IPC se refería a la construcción de un buque pesquero de un coste total de 148.500.000 PTA, cuya construcción se encomendó al astillero «Construcciones Navales Santo Domingo S.A.». IPC modificó posteriormente el proyecto inicial y lo reemplazó por un proyecto con un importe de 217.250.000 PTA. El 30 de septiembre de 1988, la Dirección General de la Marina Mercante española autorizó la construcción del buque pesquero «Escualo».
23 Mediante la Decisión C(89) 632/73, de 26 de abril de 1989, la Comisión concedió a IPC una ayuda financiera de 48.550.332 PTA para la construcción del buque. Dicha ayuda cubría el 35 % del importe que la Comisión consideró subvencionable, que era de 138.715.208 PTA. Por otra parte, la Comisión se negó a tener en cuenta el aumento del coste total del proyecto derivado de la modificación presentada por IPC. La construcción del buque «Escualo» se benefició asimismo de una ayuda concedida por las autoridades españolas, por un importe de 21.407.038 PTA. El astillero obtuvo, por otra parte, de la Gerencia del Sector Naval una prima a la construcción naval de un importe de 15.292.360 PTA.
24 El 22 de febrero de 1990, IPC solicitó a la Comisión el pago de la totalidad de la subvención, basándose en una factura del astillero, de 4 de octubre de 1989, que certificaba el pago al contado de la totalidad del precio de 217.250.000 PTA (anexo 4 del escrito de contestación en el asunto T-233/94), idéntico al importe total de la inversión recogido en la solicitud de concesión de la ayuda financiera comunitaria (anexo 3 del escrito de contestación en el asunto T-233/94) y en la Decisión de concesión de 26 de abril de 1989 (anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-233/94). IPC presentó igualmente a la Comisión el Certificado de Navegabilidad expedido el 23 de octubre de 1989 por la Dirección General de la Marina Mercante española. La Comisión no ha abonado aún el importe de la ayuda financiera comunitaria que reclama IPC. El buque «Escualo» fue vendido el 18 de abril de 1991 a la sociedad Tusapesca S.A., por un importe de 80.000.000 PTA (según la respuesta dada a una pregunta por escrito de este Tribunal).
25 Entre el 25 y el 31 de marzo de 1990, los servicios de la Comisión, haciendo uso de las facultades que les confiere el artículo 46 del Reglamento nº 4028/86, efectuaron controles sobre el terreno en las empresas demandantes a fin de comprobar la utilización de las ayudas concedidas, ya abonadas o por abonar. Dichas inspecciones se centraron en particular en los documentos contables presentados por las sociedades como justificantes de la solicitud de pago de las ayudas comunitarias.
26 Los agentes de la Comisión presentes y el funcionario de la Administración española que les acompañaba no pudieron, sin embargo, realizar las comprobaciones como estaba previsto, pues las demandantes no disponían de contabilidad oficial en aquel momento.
27 La Comisión solicitó, por tanto, a las autoridades españolas, concretamente a la Intervención General de la Administración del Estado (en lo sucesivo, «IGAE»), que realizaran una auditoría de las empresas demandantes y de los astilleros que habían construido los buques de que se trata, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento nº 1116/88, y así se hizo en mayo de 1991. Los resultados de la auditoría se remitieron a la Comisión el 10 de julio de 1991, con el título «Auditoría contable de las empresas armadoras correspondientes a los expedientes de ayuda por nuevas construcciones ES/099/87/01, ES/392/89/01, ES/397/89/01, ES/545/89/01» (en lo sucesivo, «informe de auditoría»); el 17 de junio de 1991 se habían remitido copias de dicho informe a las demandantes. Son varios los datos de interés que aparecen en el informe de auditoría.
28 Así, dicho informe de auditoría menciona cierto número de rasgos comunes en las empresas beneficiarias de las subvenciones: su accionista mayoritario y administrador único, común a todas, es el Sr. Albino Campos Quinteiro (p. 20); todas se constituyeron con un capital social igual o inferior a 100.000 PTA (p. 20); los importes totales de las inversiones que figuran en los formularios de solicitud de las subvenciones y en los certificados emitidos para el pago de la totalidad de la ayuda comunitaria no coinciden, en ningún caso, con los valores base de los buques declarados por el astillero a la Gerencia del Sector Naval para la obtención de la prima a la construcción naval (p. 18); las facturas de los astilleros en las que figura el recibí del importe, para justificar haber satisfecho la totalidad de la inversión en el momento de solicitar el pago, no reflejan el verdadero coste de la inversión ni acreditan el pago efectivo de la misma (p. 16); los importes realmente pagados por los buques resultan notablemente inferiores a los que figuran en factura (p.22). El informe de la IGAE contiene asimismo comprobaciones específicas respecto a cada una de las demandantes.
29 El 27 de diciembre de 1991, las autoridades españolas decidieron reducir en 4.101.217 PTA su participación financiera en el proyecto presentado por Tramasa, en 7.439.459 PTA su participación en el proyecto presentado por IPC y en 5.238.167 PTA su participación en el proyecto presentado por Makuspesca. Estas tres resoluciones de reducción de las subvenciones precisaban además que «este reintegro es totalmente independiente del que acuerde la Comisión de las Comunidades Europeas en relación con la ayuda comunitaria abonada para la construcción del buque del que se trata» y que «asimismo es independiente de las sanciones administrativas que pudieran imponerse por la autoridad competente en razón de la conducta observada por esa empresa». Según la Comisión, las autoridades españolas adoptaron dichas resoluciones como consecuencia de las comprobaciones recogidas en el informe de auditoría (p. 14 de los escritos de contestación a la demanda; anexo 8 de los escritos de contestación a la demanda). Las demandantes sostienen por su parte que, como el Reglamento nº 4028/86 no permite conceder una ayuda nacional que supere el 30 % del importe de los costes subvencionables, era necesario reducir hasta dicho límite el importe resultante de la suma de la subvención nacional y de la prima a la construcción naval.
30 Las tres demandantes destinatarias de estas resoluciones de reducción de la ayuda nacional interpusieron recursos de alzada contra las mismas, que fueron resueltos por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español mediante Órdenes Ministeriales que confirmaban las resoluciones. Según la Comisión, las demandantes no recurrieron dentro de plazo contra las respectivas Órdenes Ministeriales, como se deduce de un escrito de la Secretaría General de Pesca Marítima recogido como anexo 7 de los escritos de dúplica. Las demandantes afirman, sin embargo, que dichos recursos se interpusieron en tiempo y forma, como lo demuestran las providencias dictadas el 5 de noviembre y 16 de diciembre de 1992 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (anexo 4 de los escritos de réplica en los cuatro asuntos), por las que se acuerda reclamar la remisión de los expedientes administrativos a dicho Tribunal para permitir a las demandantes formalizar sus demandas.
31 En noviembre de 1992, la Comisión se puso en contacto con la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español para informarle de su intención de suprimir las ayudas comunitarias concedidas a las demandantes y solicitar su opinión al respecto. El 16 de diciembre de 1992, el Director General de Estructuras Pesqueras de dicha Secretaría General comunicó a la Comisión sus observaciones, en las que llegaba a la conclusión de que no procedía la supresión total de las ayudas inicialmente concedidas sino una regularización de las mismas, ya que los costes totales finalmente pagados por las demandantes eran superiores a los costes subvencionables establecidos por la Comisión (anexo 8 del escrito de contestación en el asunto T-231/94; anexo 9 del escrito de contestación en el asunto T-234/94; anexo 7 del escrito de contestación en el asunto T-232/94; anexo 9 del escrito de contestación en el asunto T-233/94). El 9 de marzo de 1993, el Director General de Estructuras Pesqueras remitió a la Comisión unas observaciones adicionales que confirmaban las anteriores (anexo 9 del escrito de contestación en el asunto T-231/94; anexo 10 del escrito de contestación en el asunto T-234/94; anexo 8 del escrito de contestación en el asunto T-232/94; anexo 10 del escrito de contestación en el asunto T-233/94).
32 El 8 de junio de 1993, la Comisión envió por correo certificado con acuse de recibo a cada una de las demandantes un escrito en el que les informaba de su intención de iniciar un procedimiento de supresión de la ayuda financiera comunitaria previamente otorgada, a causa del descubrimiento de determinadas irregularidades contables en los justificantes presentados en apoyo de las solicitudes de pago. Sin embargo, las demandantes no recibieron dichos escritos hasta el 15 de julio de 1993, por lo que no tuvieron la oportunidad de trasmitir sus observaciones a la Comisión a tiempo, antes de que esta última adoptara, el 28 de julio de 1993, cuatro decisiones por las que suprimía las subvenciones concedidas a las demandantes y exigía además el reembolso de las mismas.
33 Sin embargo, tras haber adoptado estas cuatro decisiones, la Comisión tuvo conocimiento de las observaciones formuladas por las demandantes dentro del plazo fijado a partir de la recepción de los escritos de 8 de junio de 1993. El 1 de octubre de 1993 la Comisión adoptó cuatro decisiones por las que se anulaban las decisiones de supresión de la ayuda comunitaria adoptadas el 28 de julio de 1993.
34 Tomando en consideración las observaciones formuladas por las demandantes en sus escritos el 22 de julio de 1993, la Comisión se reunió con los Abogados representantes de las mismas en varias reuniones en las que les dio acceso a la documentación relativa a los cuatro expedientes.
35 El 12 de octubre de 1993, la Comisión solicitó de nuevo a las demandantes que le remitieran sus observaciones sobre los resultados de la auditoría de la que habían sido objeto, a fin de permitirle adoptar una decisión definitiva sobre las ayudas financieras comunitarias para la construcción de los buques de pesca «Tiburón III», «Makus», «Acechador» y «Escualo». Las demandantes tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones a la Comisión en un escrito de 15 de noviembre de 1993, y unas observaciones adicionales en el mes de diciembre de 1993.
36 El 24 de marzo de 1994, la Comisión adoptó las cuatro Decisiones C(94) 670/1, C(94) 670/2, C(94) 670/3 y C(94) 670/4, por las que suprimía las ayudas financieras comunitarias concedidas a las demandantes y ordenaba a tres de ellas que reembolsaran su importe en un plazo de tres meses. La Comisión justificaba la adopción de dichas Decisiones con el hecho de que las demandantes habían negado el acceso a sus libros de contabilidad y con la existencia de irregularidades relativas a los costes totales de los proyectos y a las cantidades efectivamente pagadas en la fecha de las solicitudes de pago. Dichas Decisiones fueron notificadas a las demandantes el 5 de abril de 1994.
Procedimiento y pretensiones de las partes
37 El 27 de octubre de 1993, IPC interpuso un recurso de indemnización contra la Comisión a causa del impago de la ayuda comunitaria que le había concedido esta última mediante su Decisión de 26 de abril de 1989 (asunto T-551/93).
38 El 15 de junio de 1994, las demandantes presentaron en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia cuatro escritos de recurso en los que se solicitaba la anulación de las decisiones de supresión y, en su caso, de reembolso de la ayuda financiera comunitaria adoptadas por la Comisión el 24 de marzo de 1994 (en lo sucesivo, «decisiones controvertidas») (asuntos T-231/94, T-232/94, T-233/94 y T-234/94).
39 El 6 de julio de 1994, las demandantes Tramasa, Makuspesca y Recursos Marinos presentaron al Presidente del Tribunal de Primera Instancia sendas demandas de medidas provisionales en las que se solicitaba la suspensión de la ejecución del artículo 2 de la Decisiones C(94) 670/1, C(94) 670/2 y C(94) 670/3, de 24 de marzo de 1994, que ordena el reembolso de la ayuda financiera comunitaria concedida a estas tres demandantes para la construcción de buques de pesca.
40 El 26 de octubre de 1994, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia dictó un auto sobre medidas provisionales (Transacciones Marítimas y otros/Comisión, T-231/94-R, T-232/94-R, y T-234/94-R, Rec. p. II-885), en el que resolvió acumular las tres demandas a efectos del procedimiento sobre medidas provisionales, suspender la ejecución del artículo 2 de las tres decisiones controvertidas hasta el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre el recurso principal, aunque subordinando dicha medida a la prestación, por parte de las demandantes, de un aval bancario en favor de la Comisión que cubriera la totalidad del importe de las ayudas concedidas, y reservar las costas. El 17 de enero de 1995, la tres demandantes que participaban en dicho procedimiento sobre medidas provisionales interpusieron recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, que fue desestimado (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de marzo de 1995, Transacciones Marítimas y otros/Comisión, C-12/95 P, Rec. p. I-467).
41 Mediante auto del Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de 20 de noviembre de 1995 se acordó la acumulación de los asuntos T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 y T-234/94.
42 Oído el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, se instó a las partes a responder por escrito a ciertas preguntas antes de la vista.
43 En la vista pública celebrada el 29 de noviembre de 1995 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas orales del Tribunal.
44 En el asunto T-551/93, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Condene a la Comisión a pagar a la demandante 48.550.322 PTA, en concepto del principal de la ayuda concedida por la Comisión en su Decisión C(89)632/73 de 26 de abril de 1989.
- Condene a la Comunidad Económica Europea a indemnizar íntegramente a la parte demandante por los daños y perjuicios sufridos por el retraso de la Comisión en el pago de la ayuda que le fue acordada en la Decisión de 26 de abril de 1989, estimándose la cuantía de tal reparación en 329.442 ECU, que se desglosa de la siguiente forma:
- 133.580 ECU, en concepto de aplicar el interés legal del dinero en España en los años 1990, 1991, 1992 y 1993 (10 %), incrementado en 2 puntos por la demora (12 %), calculados a partir del 13 de noviembre de 1990 hasta la fecha del presente recurso, hasta un importe de 48.550.322 PTA;
- 84.633 ECU, en concepto de diferencia por descubiertos, aplicando un tipo del 8 %, hasta un importe de 48.550.322 PTA;
- 73.151 ECU, por el precio cargado por los proveedores en concepto de «prima de riesgo» al conceder mayores facilidades de financiación, hasta un importe de 48.550.322 PTA;
- 13.078 ECU, en concepto de los costes legales anteriores al examen del recurso;
- 25.000 ECU, en concepto de daños morales.
Dichas cantidades, salvo la relativa a los costes legales, deberán ser ajustadas hasta el momento en que el Tribunal dicte sentencia o hasta la fecha de pago por parte de la Comisión.
- Subsidiariamente, condene a la Comunidad Económica Europea al pago de otra cantidad diferente que el Tribunal estimare oportuno ante los hechos probados.
- Adopte cualquier otra medida suplementaria que considere necesaria o apropiada.
- Condene a la Comisión al pago de las costas.
La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Declare inadmisible la pretensión de pago de la subvención.
- Subsidiariamente para la pretensión anterior y a título principal para todas las demás, desestime el recurso como infundado.
- Condene en costas a la demandante.
45 En los asuntos T-231/94, T-232/94, T-233/94 y T-234/94, las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
- Declare la nulidad total de las Decisiones de la Comisión C(94) 670/1, C(94) 670/2, C(94) 670/3 y C(94) 670/4, de 24 de marzo de 1994, que suprimen las ayudas financieras comunitarias concedidas a las demandantes y exigen, en su caso, el reembolso de las mismas.
- Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime los recursos.
- Condene en costas a las demandantes.
46 En el marco del recurso de indemnización y de los recursos de anulación, las demandantes formulan además, al amparo del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, una pretendida proposición de prueba cuyo objeto es, en primer lugar, obtener la presentación de una serie de documentos, algunos de los cuales figuran por otra parte como anexos de los escritos de recurso; en segundo lugar, proponer que se examine como testigos a los funcionarios españoles y comunitarios que intervinieron en el control sobre el terreno y en la auditoría de la IGAE y, en tercer lugar, que se solicite información de la Dirección General de Estructuras Pesqueras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español sobre la forma en que se desarrolló dicho control. Por su parte, la Comisión propone, si el Tribunal lo estimara necesario, que se cite y examine como testigos a los funcionarios de la Comisión y al funcionario de la IGAE que estuvieron presentes en el control sobre el terreno efectuado en marzo de 1990.
47 Este Tribunal considera que los datos que figuran en los expedientes de las partes son suficientes y que las auténticas proposiciones de prueba formuladas por las partes -a saber, el examen como testigos de funcionarios españoles y comunitarios y la presentación de ciertos documentos- no son por tanto necesarias para el examen de los presentes recursos.
48 Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia considera que, habida cuenta de las particularidades de los asuntos acumulados en el presente caso, procede examinar los recursos de anulación interpuestos en los asuntos T-231/94, T-232/94, T-233/94 y T-234/94 antes de examinar el recurso de indemnización interpuesto en el asunto T-551/93.
Sobre los recursos de anulación
Sobre la admisibilidad
Alegaciones de las partes
49 En el asunto T-232/94, la Comisión pone de relieve la existencia de una contradicción entre el tenor literal del certificado expedido por el Registro Mercantil de Pontevedra, según el cual Recursos Marinos está disuelta y liquidada, y el poder auténtico otorgado por el liquidador, según el cual Recursos Marinos se encuentra en liquidación.
50 La Comisión subraya asimismo que el liquidador de Recursos Marinos otorgó a los Abogados que han firmado el escrito de recurso en este asunto un poder para representar a IPC. En consecuencia, dichos Abogados carecen de facultades para representar a la sociedad Recursos Marinos S.A. y la demanda es, en su opinión, nula.
51 En respuesta a los requerimientos de este Tribunal, conforme al apartado 6 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, Recursos Marinos ha precisado que, según una práctica notarial y judicial corriente en España, una sociedad en liquidación dispone aún de una personalidad jurídica residual que le permite en concreto ejercer ciertas acciones judiciales en defensa de derechos surgidos antes de su liquidación. Además, esta práctica notarial y judicial ha sido consagrada recientemente en España por el artículo 123 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo de 1995. Recursos Marinos ha indicado, por otra parte, que el error que figuraba en el poder ad litem era puramente material y que ya había sido rectificado mediante el otorgamiento de una nueva escritura pública fechada el 12 de agosto de 1994 y remitida al Tribunal de Primera Instancia el 26 de agosto de 1994.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
52 Este Tribunal considera que las precisiones adicionales hechas por Recursos Marinos y respaldadas por documentos probatorios que no han sido impugnados por la Comisión disipan las dudas que hubieran podido existir sobre la admisibilidad del recurso de anulación interpuesto por Recursos Marinos.
Sobre el fondo
53 Las demandantes invocan cinco motivos en apoyo de sus recursos. El primer motivo se basa en una violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, por haber sido adoptadas extemporáneamente las decisiones de supresión de las ayudas financieras comunitarias. El segundo motivo, aducido con carácter subsidiario, se basa en la existencia de vicios sustanciales de forma, por no haber solicitado la Comisión el dictamen del Comité Permanente de Estructuras de la Pesca antes de adoptar las decisiones de supresión, no haber avisado al Estado miembro interesado como exige el artículo 7 del Reglamento nº 1116/88 y no haber motivado o haber motivado insuficientemente las decisiones controvertidas. El tercer motivo, aducido con carácter subsidiario y complementario, se basa en la infracción del Reglamento nº 4028/86, por no haber basado la Comisión sus decisiones en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento nº 4028/86. El cuarto motivo, invocado también con carácter subsidiario y complementario, se basa en la violación del principio de proporcionalidad, por haber decidido la Comisión imponer la máxima sanción prevista en el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento nº 4028/86, a pesar de que los buques beneficiarios de las ayudas financieras comunitarias fueron efectivamente construidos respetando todas las especificaciones técnicas de los proyectos y la Comisión sólo detectó unas presuntas irregularidades administrativas. El quinto motivo, invocado también con carácter subsidiario y complementario, se basa en la desviación de poder en que incurrió la Comisión, al tratar de sancionar mediante las referidas decisiones unas ventas de buques de pesca que son perfectamente lícitas con arreglo a la normativa comunitaria aplicable.
Primer motivo: violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima
- Alegaciones de las partes
54 Las demandantes protestan vigorosamente contra la amplitud del período de tiempo transcurrido, por una parte, entre las decisiones de concesión de las ayudas financieras y las decisiones de supresión de las mismas y, por otra, entre la fecha de recepción del informe de auditoría y la fecha de las decisiones de supresión de las ayudas financieras. A este respecto, las demandantes sostienen que el comportamiento de la Comisión ha violado el principio de protección de la confianza legítima y, como mínimo, el principio de seguridad jurídica.
55 Según las demandantes, el principio de protección de la confianza legítima no hace sino consagrar parcialmente el principio de seguridad jurídica, lo que explica que un mismo comportamiento pueda violar a la vez ambos principios. Añaden que, cuando ninguna disposición de Derecho comunitario obliga a la Comisión a adoptar una decisión en un plazo determinado, el principio de seguridad jurídica desempeña un papel de especial importancia, ya que debe colmar en tal caso una laguna normativa.
56 Así, el comportamiento de la Comisión en este asunto constituye, en primer lugar, una violación del principio de confianza legítima en la medida en que, entre el momento en que fueron concedidas las ayudas a las demandantes y el momento en que se adoptaron las decisiones por las que se ordenaba su supresión, las demandantes no dispusieron de indicio alguno de que la Comisión considerara que habían actuado ilegalmente.
57 El silencio que guardó la Comisión, incluso después de que las autoridades españolas solicitaran en diciembre de 1991 la devolución parcial de las subvenciones concedidas por ellas, reforzó la confianza de las demandantes, lo que justifica a su juicio la anulación de las decisiones controvertidas (sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 1982, Alpha Steel/Comisión, 14/81, Rec. p. 749, apartado 11).
58 Además, en opinión de las demandantes, aunque los interesados sean conscientes de la ilegalidad de su situación, la Comisión no puede declarar tal ilegitimidad, transcurrido un cierto período de tiempo, sin violar el principio de protección de la confianza legítima (sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1987, Ferriere San Carlo/Comisión, 344/85, Rec. p. 4435, y de 24 de noviembre de 1987, RSV/Comisión, 223/85, Rec. p. 4617).
59 Las demandantes alegan, por otra parte, que las ilegalidades de que se les acusa se basan esencialmente en diferencias de interpretación sobre el método de cálculo del coste de los buques y no constituyen en absoluto violaciones manifiestas de la normativa aplicable, capaces de excluir la aplicación del principio de confianza legítima (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 1985, Sideradria/Comisión, 67/84, Rec. p. 3983, apartado 21).
60 Según las demandantes, su confianza legítima tampoco resultó afectada por los controles sobre el terreno efectuados por los agentes de la Comisión a finales de marzo de 1990. En efecto, dicha medida constituye una simple facultad reconocida por el apartado 2 del artículo 46 del Reglamento nº 4028/86 y no implica en absoluto que existan sospechas de algún tipo contra las empresas objeto de la misma. Por lo demás, en el caso de autos dichos controles sobre el terreno no dieron lugar al envío de documento que contuviera acusación alguna del tipo que fuera contra las demandantes y del que éstas hubieran podido deducir que habían cometido una infracción.
61 A continuación, las demandantes pretenden que, aunque se considerara que el comportamiento de la Comisión no supuso una violación del principio de protección de la confianza legítima, dicho comportamiento viola como mínimo el principio de seguridad jurídica. En efecto, las demandantes recuerdan, en primer lugar, que entre el momento en que se solicitó a la Comisión el pago de las subvenciones controvertidas y el momento en que esta última decidió suprimirlas transcurrió un período de tiempo que oscila entre cuatro y seis años. En la vista, las demandantes presentaron unos cuadros recapitulativos que muestran la amplitud de dichos períodos en cada uno de los asuntos. En segundo lugar, las demandantes han señalado que entre el momento en que la Comisión recibió el informe de auditoría y el momento en que adoptó las decisiones controvertidas pasaron unos tres años. En su opinión, semejante período no puede calificarse de período razonable y constituye una violación de los principios de seguridad jurídica y de buena administración (sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1957, Algera y otros/Asamblea común de la CECA, asuntos acumulados 7/56, 3/57, 4/57, 5/57, 6/57 y 7/57, Rec. p. 81; de 3 de mayo de 1978, Toepfer/Comisión, 112/77, Rec. p. 1019, y de 24 de noviembre de 1987, R.S.V./Comisión, antes citada).
62 Además, las demandantes señalan que la alegación de la Comisión, en la que está última reduce su período de inactividad al que media entre la fecha de recepción del informe de auditoría (19 de junio de 1991) y la fecha de notificación de la apertura del procedimiento de supresión (15 de julio de 1993), no afecta en nada a la pertinencia de los principios invocados. Añaden que la propia Administración española, al adoptar el 27 de diciembre de 1991 sus decisiones de supresión parcial de las subvenciones nacionales, puso de relieve la pasividad injustificada de la Comisión.
63 En cualquier caso, las demandantes insisten en que no cometieron ninguna infracción sustancial y deliberada de la normativa comunitaria. A este respecto recuerdan, por un lado, que impugnan el contenido del informe de auditoría en diversos puntos y, por otro, que les asiste la presunción de buena fe y que la Comisión debe, en su caso, rebatir dicha presunción. Invocan en prueba de su buena fe el hecho de que ni el informe de auditoría ni las observaciones de las autoridades españolas se pronuncian sobre el carácter consciente de las eventuales infracciones. Además, según las demandantes, si ellas hubieran cometido deliberadamente infracciones habría sido necesario denunciar dicho comportamiento ante el Ministerio Fiscal español, con arreglo al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española y al artículo 350 del Código Penal español, y no se ha hecho así. Las demandantes afirman que las decisiones controvertidas no contienen prueba alguna sobre este punto.
64 La Comisión responde en primer lugar que, al invocar con carácter principal el argumento de la confianza legítima nacida del retraso con que se adoptaron las decisiones controvertidas, las demandantes reconocen implícitamente que estas últimas son legítimas.
65 A continuación, sostiene que las circunstancias del presente asunto no contribuyen a probar la confianza legítima invocada por las demandantes. Indica así que las sociedades demandantes se constituyeron con un capital inferior o igual a 100.000 PTA, repartido entre tres socios de la misma familia, de los que el mayoritario es siempre el Sr. Campos Quinteiro, porque fueron creadas con el fin, aparentemente exclusivo, de obtener cuantiosas subvenciones comunitarias y nacionales para construir buques de pesca y revenderlos a continuación. Como, además, tres de las cuatro demandantes (Tramasa, IPC y Recursos Marinos) cesaron sus actividades después de la venta de los buques construidos con ayuda de las subvenciones, la Comisión se encuentra, pues, frente a unas empresas que se han puesto voluntariamente en una situación financiera tal que hace imposible la recuperación de las subvenciones abonadas indebidamente. En la vista, la Comisión añadió que, a pesar de las gestiones emprendidas tras la desestimación por el Presidente del Tribunal de Justicia del recurso de casación interpuesto por las demandantes contra el auto sobre medidas provisionales del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 1994, no había logrado recuperar las ayudas financieras comunitarias abonadas a Tramasa, Makuspesca y Recursos Marinos debido a la insolvencia de estas sociedades.
66 La Comisión prosigue afirmando que el lapso de tiempo transcurrido hasta la adopción de las decisiones controvertidas es imputable, al menos en parte, a las demandantes, cuya actitud obstruccionista en el transcurso de las visitas de inspección de los servicios de la Comisión a finales del mes de marzo de 1990 hizo necesaria la realización de una auditoría por parte de las autoridades españolas.
67 La Comisión considera, por otra parte, que la jurisprudencia citada por las demandantes no resulta aplicable al caso de autos, pues lo que justifica en el presente asunto la revocación de los actos de las Instituciones comunitarias no es un error de la Comisión o la modificación de una práctica o una tolerancia de ésta, sino un comportamiento irregular de las interesadas.
68 La Comisión deduce de todo ello que las demandantes no pueden invocar una confianza legítima en la percepción de una subvención que fue otorgada basándose en las indicaciones falsas que ellas aportaron, violando así manifiestamente la normativa aplicable. A este respecto, la Comisión señala que las facturas emitidas por los astilleros no sólo no corresponden a pagos efectivos por parte de las demandantes, sino que ni siquiera reflejan el auténtico coste de las inversiones, que fue sensiblemente inferior a los importes que en ellas se indican. La Comisión alega, además, que los importes totales de las inversiones que figuran en los formularios de solicitud de ayuda comunitaria, así como en los certificados expedidos para el pago total de la ayuda otorgada, en concepto de importes pagados, no coinciden en ningún caso con los valores base de los buques declarados por los astilleros a las autoridades nacionales. La Comisión añade que, como indica por otra parte la Administración española, tales declaraciones sólo pueden hacerse de manera deliberada.
69 De las consideraciones precedentes se deduce, según la Comisión, que, dado que las demandantes infringieron a sabiendas la normativa comunitaria, no podían interpretar el transcurso de un período de tiempo, sea cual fuera su duración, ni el silencio de la Comisión como signos de la presunta intención de ésta de no suprimir las subvenciones otorgadas.
70 En cualquier caso, la Comisión considera que las demandantes no podían ya albergar ninguna esperanza legítima desde el momento en que tuvieron conocimiento del informe de auditoría y, a fortiori, desde que la Administración española les comunicó que reducía su propia subvención.
71 Por último, la Comisión considera que el comportamiento del accionista mayoritario de las demandantes, Sr. Campos Quinteiro, en la gestión de las tres sociedades que percibieron el importe de las ayudas comunitarias, una vez conocidos los resultados de la auditoría, constituye un serio indicio de ausencia de confianza legítima. Así, Recursos Marinos fue disuelta y liquidada, y los activos de Makuspesca y Tramasa se vieron fuertemente reducidos, de modo que resultara imposible una eventual devolución de las subvenciones, como la Comisión ha podido comprobar al intentar recuperar las ayudas indebidamente abonadas. Además, el Sr. Campos Quinteiro se guardó mucho de reclamar el pago de la subvención concedida a IPC hasta que la Comisión le notificó su intención de suprimir la subvención concedida a dicha sociedad.
- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
72 Las demandantes basan todos los argumentos que exponen en el marco de este primer motivo en la amplitud pretendidamente excesiva de los períodos de tiempo transcurridos hasta que la Comisión adoptó las decisiones controvertidas. Este Tribunal considera que es preciso, por tanto, determinar qué períodos se deben tener en cuenta para apreciar si las alegaciones de violación de ciertos principios son o no fundadas.
73 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia pone de relieve que, para justificar la supresión de las ayudas comunitarias, las decisiones controvertidas se remiten en especial al contenido del informe de auditoría. El lapso de tiempo que procede tomar en consideración se inicia, pues, en el momento en que las demandantes tuvieron conocimiento de los resultados de las medidas de control aplicadas por la Comisión, en virtud de las facultades que le confiere la normativa aplicable en la materia. Pues bien, ha quedado establecido que el informe de auditoría fue remitido a la Comisión el 10 de julio de 1991 y que las decisiones controvertidas se adoptaron el 24 de marzo de 1994. El período de tiempo que debe tomarse en consideración en el caso de autos es, por tanto, de unos 32 meses. LOS FUNDAMENTOS SIGUEN EN EL NUM.DOC : 693A0551.1
74 El Tribunal ha podido comprobar, no obstante, que durante este período de 32 meses la Comisión no permaneció inactiva, sino que mantuvo contactos con las autoridades españolas (escritos del Director General de Estructuras de la Pesca español de 16 de diciembre de 1992 y de 8 de marzo de 1993, en respuesta a la petición de la Comisión de noviembre de 1992) y con las demandantes (escritos de 8 de junio de 1993 recibidos el 15 de julio de 1993, decisiones de 28 de julio de 1993 y de 1 de octubre de 1993, entrevistas y contactos de octubre y noviembre de 1993). De ello se deduce que, en realidad, la Comisión permaneció inactiva con respecto a las demandantes entre el 10 de julio de 1991 y el 8 de junio de 1993, es decir durante 23 meses, mientras que su inactividad frente a las autoridades españolas sólo abarca el período comprendido entre el 10 julio de 1991 y noviembre de 1992, es decir, 16 meses.
75 Es importante verificar si dichos períodos pudieron afectar de algún modo a los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica invocados por las demandantes. Para ello es preciso examinar en qué medida las demandantes tenían derecho a considerar adquiridas con carácter definitivo las subvenciones abonadas o por abonar, en virtud de una confianza legítima o, como mínimo, del mero transcurso de un período de tiempo.
76 A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no puede invocar el principio de protección de la confianza legítima una empresa que ha incurrido en una infracción manifiesta de la normativa vigente (sentencia Sideradria/Comisión, antes citada, apartado 21). El Tribunal de Justicia ha indicado por otra parte que, aunque es necesario velar por el respeto de las exigencias de la seguridad jurídica que protegen los intereses privados, también es importante contrapesarlas con las exigencias del principio de legalidad que protegen los intereses públicos, y defender estos últimos cuando la subsistencia de irregularidades pueda violar el principio de igualdad de trato (véanse en particular las sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 1961, Snupat/Alta Autoridad, asuntos acumulados 42/59 y 49/59, Rec. p. 103, especialmente pp. 159 a 161, y de 12 de julio de 1962, Hoogovens/Alta Autoridad, 14/61, Rec. p. 485, especialmente pp. 516 a 523).
77 Este Tribunal de Primera Instancia señala que, en los presentes asuntos, las decisiones controvertidas justifican la supresión de las ayudas financieras comunitarias declarando que la IGAE ha constatado irregularidades consistentes «en que, en el momento de la solicitud de pago de la subvención, el importe de las cantidades declaradas como pagadas por el beneficiario era netamente superior a las efectivamente pagadas en ese momento», y «en que las cantidades correspondientes al coste total de la inversión subvencionada que figuran tanto en la petición de subvenciones como en la solicitud de pago, justificadas con los correspondientes presupuestos y facturas, y en función de las cuales se concedió la subvención comunitaria y se fijó su cuantía, resultan notablemente superiores a las cantidades pagadas efectivamente». Las decisiones controvertidas han justificado asimismo la supresión de las ayudas financieras comunitarias indicando que, «en los controles realizados por sus funcionarios el 30 de marzo de 1990, el beneficiario negó el acceso a la contabilidad de la empresa a los servicios de la Comisión, lo que impidió comprobar que se cumplían las condiciones impuestas a la concesión de la ayuda (y) que por este motivo, la Comisión pidió a las autoridades españolas la realización de un control in situ».
78 En primer lugar, por lo que respecta a la falta de concordancia entre la cantidad declarada y la cantidad efectivamente pagada por la inversión efectuada en el momento de solicitar el pago, es importante subrayar que los autores del informe de auditoría han comprobado que, en contra de lo que las demandantes declararon en sus solicitudes de pago de las ayudas, justificándolo con las facturas expedidas por los astilleros (véanse los apartados 14, 17, 21 y 24 supra), los documentos examinados no han permitido demostrar que en aquel momento se hubiera efectuado la totalidad de los pagos declarados (informe de auditoría, pp. 26, 32, 38 y 47).
79 Además, es preciso subrayar que las facturas expedidas por los astilleros, lejos de haber sido pagadas al contado (anexo 3 de los escritos de contestación en los asuntos T-234/94, T-232/94 y T-233/94) o mediante cheques (anexo 3 del escrito de contestación en el asunto T-231/94), como las demandantes habían declarado en la relación de documentos contables remitidos junto con las solicitudes de pago de las subvenciones, fueron pagadas principalmente mediante letras de cambio, según la tesis que mantienen las demandantes a partir de la realización de la auditoría.
80 En el transcurso de la vista y en respuesta de una pregunta del Tribunal, las demandantes admitieron que los importes declarados en dichas facturas, y por lo tanto en las solicitudes de pago de las ayudas, no coincidían con los costes efectivamente pagados en aquel momento. Las demandantes no han dado, sin embargo, explicaciones que puedan justificar, en todo o en parte, la inexactitud de sus declaraciones.
81 Por otra parte, este Tribunal ha podido comprobar que el modo en que los trabajos de construcción de los buques se distribuyen entre sus diferentes categorías en las solicitudes de pago de las subvenciones es idéntico al que figuraba en las solicitudes de concesión de las mismas, tanto en lo que respecta a la identificación de los trabajos como a su coste respectivo, como muestran las relaciones de documentos contables remitidos junto con las solicitudes de pago (véase el anexo 3 de los cuatro escritos de contestación).
82 A pesar de la existencia de estas declaraciones falsas, las demandantes sostienen que ninguna norma les obliga a demostrar haber pagado efectivamente la totalidad de la inversión indicada en la solicitud y en la decisión de concesión de la ayuda en el momento en que piden el pago final de la ayuda comunitaria. En efecto, según las demandantes, la normativa comunitaria debe interpretarse en el sentido de que, en el momento de solicitar el pago de la ayuda comunitaria, únicamente les exige haber pagado los costes subvencionables (o elegibles) que la Comisión tuvo en cuenta para calcular el importe de la ayuda comunitaria.
83 Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 3 del Reglamento nº 1116/88, citado en las decisiones controvertidas, establece que «las solicitudes de pago llevarán un certificado y una enumeración de los justificantes. Deberán presentarse en dos ejemplares y contener los datos y documentos mencionados en el Anexo». Se puede observar, a este respecto, que los datos y documentos mencionados en el Anexo relativos al pago final de la ayuda comunitaria se presentan en forma de modelos. Entre ellos figura, en especial, un modelo de certificado mediante el cual la autoridad nacional competente certifica entre otras cosas que, en el momento de la solicitud de pago, «el importe de los costes totales efectivamente pagados» asciende a una determinada suma y «se reparte entre las diferentes categorías de trabajos previstos, tal como se indica en la relación de los justificantes de la presente solicitud de pago (Modelo 8)» (puntos 2 y 4 del Modelo 6). De los términos utilizados en los modelos que recogen los datos y documentos que deben presentarse obligatoriamente en el momento de solicitar el pago se deduce, pues, que el beneficiario de una ayuda financiera comunitaria debe presentar a la autoridad nacional competente pruebas que demuestren que los costes totales han sido efectivamente pagados.
84 El hecho de que los modelos se presenten en forma de anexos a un Reglamento no autoriza a los demandantes a alegar que las indicaciones que figuran en ellos no tienen la fuerza obligatoria de una disposición reglamentaria. En efecto, como este Tribunal acaba de indicar en el apartado precedente, el párrafo segundo del artículo 3 del Reglamento nº 1116/88 exige que los datos y documentos mencionados en el Anexo del Reglamento figuren en el certificado y en la relación de justificantes que acompañan a la solicitud de pago. El Tribunal entiende, por consiguiente, que las indicaciones que figuran en tales modelos tienen una fuerza obligatoria idéntica a la de las disposiciones del Reglamento del que constituyen el Anexo.
85 Además, el Tribunal quiere recalcar que ninguna de las indicaciones contenidas en los modelos del Anexo del Reglamento nº 1116/88 permite deducir que los «costes totales» que deben haber sido efectivamente pagados en el momento de solicitar el pago son únicamente los costes subvencionables. Antes al contrario, el Tribunal advierte que el punto 6 del Modelo 6 del Anexo del Reglamento nº 1116/88 contiene una referencia expresa a los trabajos descritos en la decisión de concesión de la ayuda de la Comisión. Pues bien, los trabajos descritos en dicha decisión no se limitan a los que la Comisión consideró merecedores de subvención, sino que engloban la totalidad de los trabajos previstos por el candidato a beneficiario para la realización de la inversión (véase el anexo 5 de los escritos de recurso en los cuatro asuntos).
86 El Tribunal de Primera Instancia considera, por tanto, que los «costes totales» que deben haber sido efectivamente pagados en el momento de solicitar el pago son los correspondientes a la totalidad de la inversión prevista por el beneficiario en su solicitud de concesión de la ayuda comunitaria y reproducida en la decisión de concesión. Por lo demás, este Tribunal recuerda que las demandantes consideraron necesario afirmar que habían abonado el importe total de la inversión proyectada cuando reclamaron el pago de la ayuda comunitaria, ya que presentaron, en cada uno de los casos, una factura del astillero cuyo importe coincide con el coste total de cada proyecto (véanse los apartados 14, 17, 21 y 24 supra). Un comportamiento semejante autoriza a pensar razonablemente que las demandantes estaban convencidas de que la normativa en vigor les exigía demostrar el pago efectivo del importe total de la inversión proyectada antes de poder cobrar la ayuda comunitaria.
87 Este Tribunal subraya asimismo que los autores del Reglamento nº 1116/88 han previsto expresamente que, si existe una diferencia entre los trabajos inicialmente previstos y los que efectivamente se han realizado y pagado, dicha diferencia debe indicarse y justificarse en los datos y documentos adjuntos a la solicitud de pago (Modelo 9, recogido en el Anexo del Reglamento nº 1116/88). Pues bien, en los presentes asuntos, las demandantes no declararon que existiera una diferencia entre los trabajos previstos y realizados ni al presentar sus solicitudes de pago (véase, a este respecto, el anexo 5 de los escritos de contestación en los asuntos T-233/94 y T-234/94) ni posteriormente.
88 Por otra parte, las demandantes han alegado en apoyo de su argumentación que los siguientes gastos deben considerarse efectivamente realizados en la fecha de la solicitud de pago de la ayuda comunitaria: la prima a la construcción naval pagada por la Gerencia del Sector Naval directamente al astillero encargado de la construcción del buque; las letras libradas antes de la solicitud de pago, pero cuyo vencimiento es posterior a dicha fecha, y las reducciones de precio por demora en la entrega del buque.
89 En primer lugar, este Tribunal señala que el informe de auditoría no se pronuncia sobre el trato que debe darse a la prima a la construcción naval al contabilizar los gastos efectivamente realizados por el beneficiario a la ayuda comunitaria. La Comisión tampoco se ha opuesto formalmente, ni en la fase escrita ni en la fase oral del procedimiento, a la inclusión de dicha prima entre los gastos efectivamente realizados en el momento de la solicitud de pago. Habida cuenta de estas circunstancias, este Tribunal considera, sin necesidad de seguir examinando dicha cuestión, que el importe correspondiente a la prima a la construcción naval debe considerarse un gasto efectivamente realizado a partir del momento en que ha sido concedida por la Gerencia del Sector Naval.
90 A continuación, este Tribunal observa que, en la nota a pie de página nº 4 del Modelo 8 que figura en el Anexo del Reglamento nº 1116/88 y al que se remite el párrafo segundo del artículo 3 de dicho Reglamento, se especifica que la fecha de pago que debe indicarse en la relación de documentos contables que acompaña a la solicitud de pago «es la relativa al pago efectivo y no la fecha del vencimiento de la deuda, por ejemplo, en el caso del pago por letras». Por consiguiente, si la fecha de pago efectivo de una letra no puede corresponder a su fecha de vencimiento, con mayor razón aun la fecha de pago efectivo de una letra no puede corresponder a su fecha de emisión. Los costes pagados mediante letras no vencidas, o letras vencidas pero no pagadas, en la fecha de la solicitud de pago no pueden por tanto considerarse efectivamente pagados en dicha fecha. En estas circunstancias, este Tribunal considera innecesario recurrir al Derecho español para determinar el efecto liberatorio del pago por letras en el marco de las ayudas financieras comunitarias a la construcción de nuevos buques de pesca.
91 Por último, consta en autos que tres de las demandantes -a saber, Tramasa, IPC y Makuspesca- incluyeron las reducciones de precio por demora en la construcción del buque en la lista de costes efectivamente pagados en el momento de las solicitudes de pago. A este respecto, la Comisión subraya con razón que los contratos de construcción del buque presentados en apoyo de las solicitudes de concesión de la ayuda no incluyen cláusula alguna que prevea reducciones de precio en caso de demora en la ejecución del contrato. Además, este Tribunal observa que sólo la demandante IPC ha presentado documentos que prueban, en opinión de ésta, la realidad de las reducciones obtenidas, por un importe de 40.100.000 PTA, lo que representa el 18 % del coste total de proyecto. Por su parte, Tramasa y Makuspesca se han contentado con alegar la existencia de dichas reducciones de precio por demora, sin aportar la más mínima prueba.
92 Ahora bien, este Tribunal señala que algunos de los documentos presentados por IPC en apoyo de su alegación (anexo 3 del escrito de réplica en el asunto T-233/94) fueron redactados por un Auditor de Cuentas que fue consultado en octubre de 1993, es decir, más de dos años después de efectuada la auditoría y sólo unos meses después de que la Comisión informara a IPC, mediante su escrito de 8 de junio de 1993, de su intención de suprimir la ayuda comunitaria que le había concedido anteriormente. Además, el autor de los mencionados documentos precisa lo siguiente: «Por todo lo expuesto y sin que ello sirva como documento de Auditoría contable para posteriores comprobaciones, expido la presente certificación en Vigo a 15 de octubre de 1993». Este Tribunal considera por tanto que la realidad de las mencionadas reducciones por demora en la ejecución del contrato no puede demostrarse únicamente con la ayuda de dichos documentos.
93 Habida cuenta de estos antecedentes, el Tribunal considera que, en el caso de autos, las reducciones de precios por demora en la construcción del buque presentadas por las tres demandantes antes citadas no pueden considerarse costes efectivamente pagados por el beneficiario de la ayuda ni en el momento en que solicita el pago de la misma ni con posterioridad.
94 Por consiguiente, basándose en las consideraciones expuestas en los apartados 89 a 93 supra, resulta que, para determinar el importe de las inversiones efectivamente realizadas en el momento en que se presentaron las solicitudes de pago de las ayudas, es preciso deducir de los importes que las demandantes pretenden haber pagado en dicho momento, como mínimo, el importe de las letras no vencidas ni pagadas, o vencidas y no pagadas, así como, en su caso, el importe de las reducciones por demora en la ejecución del contrato [(importe alegado en el marco del presente procedimiento) menos (importe de las letras) menos (importe de las reducciones por demora)].
95 Resulta entonces que:
- Tramasa sólo habría pagado efectivamente 56.055.200 PTA [123.085.272 PTA (escrito de réplica, p. 20) - 61.991.072 PTA (escrito de réplica en el asunto T-231/94, p. 18, e informe de auditoría, p. 26) - 5.039.000 PTA (informe de auditoría, pp. 28 y 54, y escrito de réplica en el asunto T-234/94, p. 19)], es decir el 44,31 % del importe que declaró (126.500.000 PTA);
- Makuspesca únicamente 26.359.511 PTA [213.731.225 PTA (escrito de réplica en el asunto T-234/94, pp. 20 y 21) - 151.950.417 PTA (escrito de réplica en el asunto T-234/94, pp. 18 y 20, e informe de auditoría, p. 34) - 35.421.297 PTA (informe de auditoría, p. 34, y escrito de réplica en el asunto T-234/94, p. 21)], es decir el 12,3 % del importe que declaró (217.250.000 PTA);
- Recursos Marinos únicamente 295.480.510 PTA [303.781.000 PTA (escrito de réplica en el asunto T-232/94, p. 20) - 8.300.490 PTA (escrito de réplica en el asunto T-232/94, pp. 18, 19 y 20) - 0 PTA], es decir el 91,67 % del importe que declaró (322.300.000 PTA);
- IPC únicamente 131.089.196 PTA [210.429.468 PTA (escrito de réplica en el asunto T-233/94, pp. 20 y 21) - 39.240.272 PTA (escrito de réplica en el asunto T-233/94, p. 19, e informe de auditoría, p. 41) - 40.100.000 PTA (escrito de réplica en el asunto T-233/94, p. 20, e informe de auditoría p. 41)], es decir el 60,34 % del importe que declaró (217.250.000 PTA).
96 Además, procede señalar que los documentos examinados en el transcurso de la auditoría no han permitido demostrar el pago de otros costes que las demandantes pretenden haber abonado ya en el momento de solicitar el pago, de modo que los porcentajes que figuran en el apartado precedente deben reducirse aún (véase el informe de auditoría, pp. 25 y 26, 33 a 35, 38 a 41 y 46 a 49).
97 En segundo lugar, por lo que respecta a la falta de concordancia entre el importe declarado y el efectivamente pagado por la inversión realizada, tal como se deduce de los datos recogidos en el informe de auditoría, es preciso señalar que los autores del informe de auditoría han comprobado que, en contra de lo declarado por las demandantes, incluso en aquel momento, es decir, varios meses después de la presentación de las solicitudes de pago de las ayudas, los documentos examinados no permitían demostrar que el importe de los costes efectivamente pagados por las demandantes coincidiera con el importe de las inversiones recogido en las solicitudes y en las decisiones de concesión de las ayudas y en las facturas de los astilleros presentadas en apoyo de las solicitudes de pago [informe de auditoría, p. 16, letra k); punto 2.1, pp. 21 y 22].
98 Las demandantes han impugnado dicha afirmación sosteniendo en particular que era preciso tener en cuenta las reducciones de precio por demora en la ejecución del contrato y los gastos derivados del suministro de materiales y de la prestación de servicios diversos, efectuados por las demandantes o por cuenta de éstas, y así lo han precisado en la fase de réplica.
99 Ahora bien, por una parte, como este Tribunal ha indicado en el punto 93 supra, las reducciones de precio por demora en la ejecución del contrato, en los tres casos en que se invocan, no pueden considerarse pagos efectivos en ningún momento. Por otra parte, el informe de auditoría ha comprobado que, en el momento en que se realizó dicho informe, las demandantes no fueron capaces de demostrar la existencia contable de los pagos efectuados por el suministro de materiales y la prestación de servicios diversos, ni de probar su vinculación con los expedientes que se discuten (informe de auditoría, pp. 34, 41, 49, 54, 55, 57 y 59). Además, este Tribunal señala que las demandantes no han aportado posteriormente nuevos datos que permitan contradecir el contenido del informe de auditoría sobre este extremo. Por consiguiente, tampoco pueden considerarse costes efectivamente pagados tales gastos de suministro de materiales y de prestación de servicios diversos.
100 Por lo tanto, basándose únicamente en los datos analizados en el punto anterior, es necesario restar de los importes que las demandantes pretenden haber pagado finalmente, como mínimo, el importe de las reducciones de precio por demora en la ejecución del contrato y el importe de los gastos derivados de los suministros de materiales y de la prestación de servicios diversos [(importe alegado en el marco del presente procedimiento) menos (importe de las reducciones por demora) menos (importe de los suministros )].
101 De ello se deduce que:
- Tramasa sólo habría pagado finalmente, como máximo, el 93,3 % de lo que declaró [126.433.787 PTA (escrito de réplica en el asunto T-231/94, p. 20) - 5.039.000 PTA (informe de auditoría, pp. 28 y 54, y escrito de réplica en el asunto T-231/94, p. 19) - 3.348.515 PTA (escrito de réplica en el asunto T-231/94, p. 20)];
- Makuspesca, como máximo, sólo el 82,07 % [217.250.000 PTA (escrito de réplica en el asunto T-234/94, p. 21) - 35.421.297 PTA (informe de auditoría, p. 34, según el cual se trata de descuentos por suministros de materiales para la construcción del buque efectuados por la demandante, y escrito de réplica en el asunto T-234/94, p. 20) - 3.518.765 PTA (escrito de réplica en el asunto T-234/94, p. 20)];
- Recursos Marinos, como máximo, sólo el 92,81 % [310.719.066 PTA (escrito de réplica en el asunto T-232/94, p. 16) - 0 PTA - 11.590.934 PTA (informe de auditoría, p. 49, y escrito de réplica en el asunto T-232/94, p. 21)];
- IPC, como máximo, sólo el 61,15 % [217.773.539 PTA (escrito de réplica en el asunto T-233/94, p. 21) - 40.100.000 PTA (escrito de réplica en el asunto T-233/94, p. 20, e informe de auditoría, p. 41) - (7.343.971 PTA + 37.475.210 PTA) (escrito de réplica en el asunto T-233/94, p. 21, e informe de auditoría, p. 41)].
102 Además, este Tribunal señala que el informe de auditoría pone en duda asimismo la realidad de otros pagos alegados por las demandantes, tales como una letra de cambio que finalmente no se pagó (pp. 34 y 35) o un cheque posteriormente anulado (p. 59).
103 En cualquier caso, resulta obligado señalar que, en contra de lo que han declarado y sostenido, las demandantes no han podido demostrar de hecho en ningún momento haber realizado la totalidad de las inversiones, a pesar de que entre las diferentes solicitudes de pago de las ayudas y la realización de la auditoría medió un plazo de 14 a 31 meses.
104 Este Tribunal desea además subrayar dos datos relativos a los costes finalmente abonados por las demandantes. En primer lugar, el Tribunal observa que, en sus decisiones de concesión de las ayudas financieras comunitarias (anexo 5 de los cuatro escritos de recurso), la Comisión repartió la financiación de la inversión entre el beneficiario de la ayuda comunitaria, la Comunidad y el Estado miembro interesado. Sin embargo, en su cálculo de la parte asumida por el Estado miembro interesado no tuvo en cuenta la prima concedida por la Gerencia del Sector Naval, de modo que, en las decisiones de concesión de las ayudas, dicha prima se incluye en la parte financiada por el beneficiario.
105 Ahora bien, basándose únicamente en los gastos examinados en los puntos 99 a 101 supra, resulta que los costes efectivamente pagados por las demandantes no corresponden al importe de las inversiones previstas. De ello se deduce que, a partir del momento en que las ayudas comunitarias y nacionales previstas fueron abonadas, las demandantes no financiaron realmente la parte que estaban obligadas a financiar en virtud de las decisiones de concesión, y ello aunque se tenga en cuenta el importe de la prima a la construcción naval abonada al astillero.
106 Así pues, si a los costes efectivamente pagados por las demandantes, tal como se determinaron más arriba en el apartado 101, se les restan las ayudas comunitaria y nacional [(costes efectivamente pagados, incluida la prima a la construcción naval) menos (ayuda comunitaria) menos (ayuda nacional)],
- Tramasa sólo habría financiado efectivamente, como máximo, un importe de 66.113.181 PTA [118.046.272 PTA (véase el apartado 101 supra) - 39.283.091 (ayuda comunitaria según el anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-231/94) - 12.650.000 PTA (ayuda nacional según el anexo 5 del escrito del recurso en el asunto T-231/94)], es decir, el 88,66 % del importe que exigía la decisión de concesión de la ayuda [74.566.909 PTA (según el anexo 5 del escrito de recurso en el asunto C-231/94)];
- Makuspesca, como máximo, un importe de 81.660.298 PTA [178.309.928 PTA (según el apartado 101 supra) - 74.924.630 PTA (ayuda comunitaria según el anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-234/94) - 21.725.000 PTA (ayuda nacional según el anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-234/94)], es decir, el 67,71 % del importe que exigía la decisión de concesión de la ayuda [120.600.370 PTA (según el anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-234/94)];
- Recursos Marinos, como máximo, un importe de 159.327.435 PTA [299.128.132 PTA (según el apartado 101 supra) - 107.570.697 PTA (ayuda comunitaria según el anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-232/94) - 32.230.000 PTA (ayuda nacional según el anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-232/94)], es decir, el 87,30 % del importe que exigía la decisión de concesión de la ayuda [182.499.303 PTA (según el anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-232/94)].
Si IPC hubiera recibido la ayuda financiera comunitaria, sólo habría financiado efectivamente, como máximo, un importe de 62.579.036 PTA [132.854.358 PTA (véase el apartado 101 supra) - 48.550.322 PTA (ayuda comunitaria según el anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-233/94) - 21.725.000 PTA (ayuda nacional según el anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-233/94)], es decir, el 42,57 % del importe que exigía la decisión de concesión de la ayuda [146.924.678 PTA (según el anexo 5 del escrito de recurso en el asunto T-233/94)].
107 Es preciso sin embargo tener en cuenta las sumas recuperadas por las autoridades españolas de las demandantes Tramasa, Makuspesca e IPC a raíz de sus decisiones de 27 de diciembre de 1991, de modo que:
- Tramasa habría financiado efectivamente, como máximo, 70.214.398 PTA [66.113.181 PTA (véase el apartado 106 supra) + 4.101.217 PTA (reducción de la ayuda nacional, anexo 8 del escrito de contestación en el asunto T-231/94)], es decir, el 94,16 % del importe exigido [74.566.909 PTA (véase el apartado 106 supra)];
- Makuspesca, como máximo, 86.898.465 PTA [81.660.298 PTA (véase el apartado 106 supra) + 5.238.167 PTA (reducción de la ayuda nacional, anexo 9 del escrito de contestación en el asunto T-234/94)], es decir, el 72,05 % del importe exigido [120.600.370 PTA (véase el apartado 106 supra)];
- IPC, como máximo, 70.018.495 PTA [62.579.036 PTA (véase el apartado 106 supra) + 7.439.459 PTA (reducción de la ayuda nacional, anexo 9 del escrito de contestación en el asunto T-233/94)], es decir, el 47,63 % del importe exigido [146.974.678 PTA (véase el apartado 106 supra)].
108 Por otra parte, en tres de los cuatro casos examinados, este Tribunal dispone de datos que demuestran que el importe de la inversión indicado en la solicitud de concesión de la ayuda y recogido más tarde en la decisión de ayuda, en la solicitud de pago y en la factura del astillero es superior al precio del contrato de construcción que el astillero comunicó a la Gerencia del Sector Naval a fin de obtener la prima a la construcción naval. Así, el precio comunicado a la Gerencia del Sector Naval es de 163.300.000 PTA para Makuspesca (en vez de 217.250.000 PTA), de 311.000.000 PTA para Recursos Marinos (en vez de 322.300.000 PTA) y de 157.200.000 PTA para IPC (en vez de 217.250.000 PTA) (informe de auditoría, p. 18, y anexo 3 bis del escrito de contestación en el asunto T-232/94). Procede señalar que, por el contrario, Tramasa ha indicado, en respuesta a una pregunta por escrito del Tribunal, que ignoraba cuál era el precio declarado por el astillero a la Gerencia del Sector Naval.
109 Citando sobre este punto los propios términos del informe de auditoría (p. 18), la Comisión sostiene que los precios indicados a la Gerencia del Sector Naval dan cuenta, de hecho, del coste real de construcción de los buques de que se trata. Sin embargo, en respuesta a una pregunta por escrito, las demandantes han alegado que «el coste a efectos de obtención de la prima a la construcción naval [...] no tiene por qué coincidir con el coste declarado a la Comisión y a la autoridad nacional por el armador para la obtención de sus subvenciones». En efecto, según las demandantes, la prima a la construcción naval únicamente toma en consideración el valor de la construcción naval propiamente dicha, excluyendo los pertrechos, las artes de pesca y las instalaciones frigoríficas. Por esta razón los astilleros no incluyen estos conceptos en su declaración del precio del contrato de construcción a la Gerencia del Sector Naval.
110 Este Tribunal señala, sin embargo, que las demandantes no han considerado necesario detallar el coste de los diferentes pertrechos e instalaciones excluidos de la construcción naval propiamente dicha, a fin de demostrar que la explicación que ofrecen justifica las diferencias detectadas. Además, habida cuenta de los datos de que dispone el Tribunal, el argumento invocado por las demandantes carece de pertinencia. En efecto, mientras que la diferencia entre los costes declarados respectivamente a la Comisión y a la autoridad nacional, por una parte, y a la Gerencia del Sector Naval, por otra, asciende a 11.300.000 PTA en el caso de Recursos Marinos, dicha diferencia asciende a 53.950.000 PTA en el caso de Makuspesca y llega a ser de 60.050.000 PTA en el caso de IPC. Sin embargo, en los dos últimos casos, el importe total de la inversión (217.250.000 PTA) es inferior al del primer caso (322.300.000). Ahora bien, las demandantes no han demostrado en ningún momento, y ni siquiera alegado, que la proporción que representa el coste de los pertrechos e instalaciones sobre el coste total de los proyectos disminuya, pasando de 60.050.000 PTA a 11.300.000 PTA (es decir, del 27,6 % de 217.250.000 PTA al 3,5 % de 322.300.000 PTA), cuando el coste total del proyecto aumenta.
111 Este Tribunal considera que la explicación ofrecida por las demandantes en respuesta a una de sus preguntas por escrito no puede disipar las dudas suscitadas por la coincidencia manifiesta entre el coste declarado a la Gerencia del Sector Naval (véase el apartado 108 supra) y el importe efectivamente pagado por las demandantes (véase el apartado 106 supra), tal como se deduce del contenido del informe de auditoría.
112 Por lo tanto, ya que los datos recogidos en los apartados 78 a 111 supra han permitido demostrar que los costes declarados al presentar las solicitudes de pago, idénticos al importe de las inversiones recogido en las decisiones de concesión de la ayuda, no coincidían ni con los costes efectivamente pagados al presentar las solicitudes de pago ni con los costes efectivamente pagados en el momento en que se realizó la auditoría, es evidente que las demandantes hicieron declaraciones falsas para obtener la concesión y el pago de ayudas financieras comunitarias y nacionales por un importe superior al que tenían derecho a esperar si hubieran indicado, desde un principio, los costes reales de construcción de los buques «Tiburón III», «Makus», «Acechador» y «Escualo».
113 En tercer lugar, por lo que respecta al comportamiento de las demandantes durante el control sobre el terreno efectuado en marzo de 1990, consta en autos que la Comisión se vio obligada a solicitar a la Administración española la realización de una auditoría, para poder controlar los justificantes presentados por las demandantes en apoyo de sus solicitudes de pago. En efecto, ha quedado establecido, y es además un punto que no se discute, que las demandantes no disponían de una contabilidad oficial en el momento de la inspección in situ efectuada por los servicios de la Comisión. Las partes divergen, sin embargo, sobre la cuestión de si dicha falta de contabilidad oficial era deliberada o involuntaria, legal o ilegal. El informe de auditoría ha indicado igualmente que, en el momento en que se efectuó ésta, «los libros oficiales de contabilidad de estas empresas correspondientes al ejercicio 1987, año en que se solicitó la construcción de los buques y las ayudas nacional y comunitaria, tienen denegada su legalización, según consta en el certificado del Juzgado de Distrito nº 2 de Vigo, de fecha 3 de mayo de 1988. Los libros correspondientes a 1988 se encuentran legalizados en fecha y los de 1989 se legalizaron fuera de plazo» (p. 21).
114 Sin embargo, este Tribunal observa que las demandantes habían sido advertidas a su debido tiempo del control sobre el terreno que la Comisión pensaba efectuar. En efecto, el 12 de octubre de 1989 la Comisión envió a cada una de las demandantes un escrito en el que le anunciaba que se efectuaría una inspección el 8 de noviembre de 1989 (anexo 3 de los cuatro escritos de dúplica). A causa de las respuestas de las demandantes, la inspección no pudo efectuarse hasta marzo de 1990, momento en el que los buques en cuestión estaban fondeados en el puerto de Vigo, donde se halla el domicilio social de las demandantes. Además, procede señalar que, en sus escritos de 12 de octubre de 1989, la Comisión especificó qué documentos había que preparar para la inspección anunciada, de modo que las demandantes se encontraban en condiciones de hacer lo necesario para poner en orden su contabilidad oficial con vistas a la inspección.
115 Habida cuenta de estas circunstancias, el Tribunal considera que no cabe admitir que las demandantes se amparen en su interpretación de una Ley nacional para intentar justificar una actitud que ni siquiera responde a los requisitos mínimos de diligencia que la Comisión tiene derecho a exigir al beneficiario de una ayuda comunitaria. De ello se deduce que, con su actitud, las demandantes impidieron a la Comisión ejercitar su derecho a efectuar un control sobre el terreno, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 46 del Reglamento nº 4098/86.
116 Se deduce de los datos recogidos en los apartados 78 a 115 supra que las demandantes han cometido, con pleno conocimiento de causa, violaciones manifiestas de la normativa en vigor, consistentes en particular en presentar en varias ocasiones declaraciones que no correspondían a la realidad, como han subrayado con razón las decisiones controvertidas.
117 Con carácter subsidiario, el Tribunal desea recordar que la normativa comunitaria ha creado un sistema en dos etapas para la tramitación de las solicitudes de ayudas financieras. La primera etapa se desarrolla al examinar la solicitud de concesión de la ayuda y la segunda al examinar la solicitud de pago de la ayuda otorgada. A fin de garantizar el correcto funcionamiento de dicho sistema de subvenciones, la Comisión ha organizado su control basándose en estas dos etapas, pero sin aplicarlo de modo sistemático debido al gran número de proyectos examinados. Por consiguiente, el sistema requiere que los datos presentados por el beneficiario de un subvención existan y sean controlables en ambas etapas. Como indicó con razón la Comisión (véase, en particular, el escrito de contestación en el asunto T-231/94, pp. 9 y 10), dicha Institución no puede así verse obligada a verificar la realidad de unos supuestos pagos que ni existen ni pueden controlarse en el momento en que se presenta la solicitud de pago de la ayuda, como los que las demandantes pretenden haber efectuado mediante letras de cambio. Procede añadir que tampoco le corresponde a este Tribunal proceder al control de unos supuestos pagos efectuados con posterioridad a la presentación de la solicitud de pago de la ayuda.
118 Procede asimismo señalar que los datos aportados por las demandantes en relación con unos gastos efectivamente abonados en un fecha posterior a las solicitudes de pago de las ayudas ya no pueden ser objeto de un control semejante al previsto por la normativa comunitaria, a fortiori cuando los beneficiarios de las ayudas comunitarias ni siquiera dieron pruebas de la más elemental diligencia en los controles sobre el terreno efectuados por la Comisión (véanse los apartados 113 a 115 supra).
119 Por consiguiente, habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 76 supra, este Tribunal considera, por una parte, que las demandantes no pueden invocar la violación de una supuesta confianza legítima. Por otra parte, el Tribunal entiende que, aunque el trascurso de un largo período de tiempo durante el cual la Comisión no realiza ninguna gestión relativa a una empresa y la adopción de una medida que afecta a la situación de ésta al término de dicho período puedan eventualmente violar el principio de seguridad jurídica, en el presente asunto es necesario matizar la importancia del criterio basado en la amplitud del período. Así, puesto que resulta evidente que las demandantes adoptaron deliberadamente una actitud que infringe la normativa en vigor, el transcurso de un período de 16 meses, o incluso de 23, durante el cual la Comisión no realiza ninguna gestión externa no puede calificarse de irrazonable.
120 Es preciso señalar igualmente que el mantener las ayudas concedidas, o incluso ya abonadas, a las demandantes, a pesar de que la concesión y el pago de las mismas adolecen de irregularidades manifiestas, puede perjudicar la igualdad de trato de todas las solicitudes que se presentan a la Comisión en el marco de los programas de subvenciones comunitarias para la construcción de nuevos buques de pesca.
121 Del conjunto de consideraciones que preceden se deduce que procede desestimar el primer motivo.
Segundo motivo: con carácter subsidiario, vicios sustanciales de forma
122 Con carácter preliminar, este Tribunal toma nota de que, en la vista oral, las demandantes han retirado la parte del presente motivo relativa a la inexistencia del dictamen del Comité Permanente de Estructuras de la Pesca que prevé el artículo 47 de Reglamento nº 4028/86, calificada por ellas de vicio sustancial de forma en la fase escrita del procedimiento.
- Alegaciones de las partes
123 Las demandantes articulan este segundo motivo en dos partes. En primer lugar sostienen que la Comisión no avisó al Estado miembro interesado de la apertura de un procedimiento de supresión de la ayuda para permitirle pronunciarse al respecto, como exige el primer guión del artículo 7 del Reglamento nº 1116/88. A su juicio, dicho trámite reviste especial importancia si se tiene en cuenta que el apartado 2 del artículo 45 del Reglamento nº 4028/86 establece que las consecuencias financieras de las irregularidades o de las negligencias serán soportadas por el Estado miembro si son imputables a las administraciones u organismos de este último y que, en el caso de autos, la opinión de la Administración española sobre la supresión de la ayuda es diferente de la de la Comisión. Las demandantes añaden en la fase de réplica que ninguno de los documentos presentados por la Comisión prueba que se cumpliera el trámite de aviso al Estado miembro.
124 Las demandantes sostienen a continuación que las decisiones controvertidas fueron adoptadas infringiendo el artículo 190 del Tratado, pues su motivación es insuficiente, habida cuenta del tiempo que se tardó en adoptarlas, e idéntica en las cuatro decisiones, a pesar de que el único nexo entre los expedientes es la existencia de un accionista común, de que los hechos que justifican la supresión son, según la Comisión, diferentes en cada caso y de que la autoridad española competente llega a una conclusión diferente para cada uno de los expedientes.
125 En opinión de las demandantes, la motivación es además vaga e imprecisa. Por una parte, no se cuantifican los reproches formulados contra las demandantes en relación con las diferencias detectadas entre el importe de la inversión declarada en los diferentes proyectos y el importe efectivamente pagado. Por otra, no se precisan las irregularidades supuestamente constatadas por la Comisión, de manera que resulta imposible saber si las primas a la construcción naval deben considerarse o no parte del precio pagado y si la Comisión tuvo en cuenta los pagos realizados mediante letras de cambio. Las demandantes recuerdan a este respecto que, aunque la Comisión no está obligada a indicar todos los elementos de hecho o de Derecho que la impulsaron a adoptar su decisión, la motivación debe contener necesariamente los elementos indispensables. Añaden también que, en las decisiones controvertidas, la Comisión habla primero de «irregularidades» y a continuación de «falta de veracidad deliberada y sustancial», sin mayor explicación sobre las razones que justifican dicha modificación.
126 Según las demandantes, la motivación contiene además un hecho inexacto y una valoración injustificada de otros hechos. Así, por una parte, las decisiones controvertidas se refieren a una actitud obstruccionista de las demandantes durante el control sobre el terreno de marzo de 1990, aunque en aquel momento los libros de contabilidad de éstas no existían, no era necesario que existieran con arreglo a la normativa contable española y los inspectores no la han mencionado siquiera en su informe y, por otra parte, formulan acusaciones de falta de veracidad deliberada y sustancial sin aportar la más mínima prueba.
127 Por último, en su opinión, las decisiones controvertidas adolecen de falta de motivación en la medida en que no indican qué fundamento legal justifica la adopción de las mismas, a pesar de que en ellas se alude a «un incumplimiento grave de las condiciones de concesión de la subvención».
128 La Comisión responde, en primer lugar, que informó a las autoridades españolas del procedimiento de supresión de las ayudas y de su intención de ordenar, en su caso, la devolución de las mismas y que, tras estos contactos, dichas autoridades presentaron sus observaciones a la Comisión en diciembre de 1992 y en marzo de 1993. La Comisión considera, por tanto, haber cumplido su obligación de informar al Estado miembro y que éste tomó postura. El hecho de que la opinión del Estado miembro no coincida con la opinión expresada por la Comisión es irrelevante y no puede impedir que esta última haga cumplir la normativa comunitaria y que aplique así su propia apreciación a los hechos del caso, aunque llegue a un resultado diferente del que propone el Estado miembro. En la fase de dúplica, la Comisión sostiene que cuando el organismo nacional competente en materia de pesca coincide con el encargado de transmitir los justificantes, como es el caso de la Secretaría General de Pesca en España, el aviso y la consulta a que se refiere al artículo 7 del Reglamento nº 1116/88 pueden hacerse en un solo acto.
129 La Comisión sostiene a continuación que las decisiones controvertidas están suficientemente motivadas. En primer lugar afirma que las demandantes mezclan argumentos de forma relacionados con la motivación y argumentos de fondo relacionados con la supuesta inexactitud de ciertos hechos. En segundo lugar, la Comisión recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 25 de octubre de 1984, Rijksuniversiteit te Groningen, 185/83, Rec. p. 3623, de 15 de mayo de 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, de 19 de septiembre de 1985, Hoogovens Groep/Comisión, asuntos acumulados 172/83 y 226/83, Rec. p. 2831, y de 26 de junio de 1986, Nicolet Instrument, 203/85, Rec. p. 2049), la extensión de la obligación de motivar se aprecia en función del contexto en el que se produce la Decisión y, por consiguiente, los datos de los que ya se informó a las demandantes no deben ser repetidos de nuevo en la Decisión. La Comisión sostiene en tercer lugar que las diferencias constatadas entre los importes declarados y los importes efectivamente pagados fueron cuantificadas con precisión en el informe de auditoría, al que se remiten expresamente las decisiones controvertidas. Subraya a este respecto que el hecho de que las decisiones recojan en su texto las cifras relativas a las irregularidades o se remitan al informe de auditoría comunicado a las demandantes es una mera opción técnica que nada tiene que ver con el respeto de los dos requisitos que debe cumplir la motivación, que son los de permitir a los interesados conocer las justificaciones del acto y al Tribunal ejercer su control.
130 En cuarto lugar, la Comisión considera que la alegación relativa a la falta de referencia al apartado 1 del artículo 44 del Reglamento nº 4028/86 coincide con el tercer motivo. Se remite por tanto a los argumentos que consagra a dicho motivo.
- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
131 La primera parte de este segundo motivo lleva al Tribunal a examinar si las gestiones emprendidas por la Comisión ante la autoridades españolas en noviembre de 1992 y las observaciones que éstas formularon en diciembre de 1992 y marzo de 1993 (véase el apartado 31 supra) satisfacen los requisitos del artículo 7 del Reglamento nº 1116/88.
132 Con arreglo al primer guión de dicha disposición, la Comisión estaba obligada a avisar a España de su intención de iniciar el procedimiento de supresión de las ayudas y permitirle pronunciarse al respecto. Con arreglo al segundo guión, estaba obligada a consultar a la autoridad nacional española competente encargada de transmitir los justificantes.
133 Ni el primer guión del artículo 7 del Reglamento nº 1116/88 ni ninguna otra disposición de este Reglamento precisan cuál es la autoridad del Estado miembro interesado a la que se debe avisar. Se deduce, sin embargo, del tenor literal del artículo 7 que el primer guión y el segundo constituyen dos etapas distintas. Según los considerando cuarto y quinto del Reglamento nº 1116/88, el objeto de ambas gestiones es también diferente. En efecto, el objeto de la comunicación al Estado miembro interesado es conocer su postura y garantizar la eficacia de los eventuales controles sobre los beneficiarios, efectuados por la Comisión o a iniciativa de esta última, mientras que la consulta a la autoridad nacional competente tiene por objeto verificar ante ésta la regularidad de los trámites efectuados y solicitarle eventualmente la remisión de nuevos justificantes.
134 Por lo demás, ninguna disposición permite deducir del artículo 7 del Reglamento nº 1116/88 que los órganos estatales a los que se hace referencia en sus dos primeros guiones deban ser distintos o que la autoridad nacional competente para transmitir los justificantes no pueda ser asimismo la autoridad nacional encargada de comunicar a la Comisión la postura del Estado miembro interesado. El artículo 7 del Reglamento nº 1166/88 no establece, pues, en absoluto un reparto exclusivo de competencias entre diferentes órganos de un mismo Estado miembro.
135 Pues bien, por una parte, este Tribunal observa que, en los cuatro casos examinados, la Comisión, en noviembre de 1992, pidió a la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español su opinión sobre la posible supresión de las ayudas comunitarias. El 16 de diciembre de 1992, el Director General de Estructuras Pesqueras de la Secretaría General de Pesca Marítima le remitió un escrito al respecto. El 9 de marzo de 1993, este mismo Director General envió unas observaciones adicionales a la Comisión. Por otra parte, esta última envió al organismo español de que se trata una copia de los escritos enviados a las demandantes el 8 de junio de 1993.
136 Por otra parte, consta en autos que los contactos que la Comisión mantuvo con España se realizaron siempre a través del Director General de Estructuras Pesqueras. Parece, pues, lógico que la Comisión avise a España a través de este intermediario privilegiado y consulte igualmente a este último en su condición de autoridad encargada de transmitir los justificantes, ya que se trata de la única autoridad nacional que interviene en los expedientes.
137 En cualquier caso, procede señalar que las demandantes no han precisado cuáles deberían haber sido, según ellas, las autoridades del Estado miembro interesado a las que la Comisión debía avisar para actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento nº 1116/88. Tampoco han alegado que el Director General de Estructuras Pesqueras no estuviera facultado para actuar en nombre de España en estos cuatro asuntos.
138 Por consiguiente, este Tribunal considera que, una vez que el Estado miembro ha sido avisado y ha podido pronunciarse y que la autoridad nacional competente encargada de transmitir los justificantes ha sido consultada, se ha respetado lo dispuesto en los dos primeros guiones del artículo 7 del Reglamento nº 1116/88, aunque, desde el punto de vista orgánico, la autoridad administrativa nacional que interviene sea la misma en ambos casos. Procede, por consiguiente, desestimar la primera parte del segundo motivo.
139 Por lo que respecta a la segunda parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 190, este Tribunal señala con carácter preliminar que procede aplazar el examen de la supuesta insuficiencia de base legal en el Reglamento nº 4028/86 de que adolecen la decisiones controvertidas, hasta el momento en que se examine el tercer motivo, que precisamente está consagrado a dicha cuestión.
140 En cuanto a las demás alegaciones formuladas por las demandantes, procede recordar que es jurisprudencia reiterada, por una parte, que la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad comunitaria de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y que el Juez comunitario pueda ejercer su control y, por otra parte, que el alcance de la obligación de motivación se aprecia en función de su contexto (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C-350/88, Rec. p. I-395, apartado 15, y de 23 de febrero de 1978, An Bord Bainne, 92/77, Rec. p. 497, apartados 36 y 37).
141 Procede examinar por tanto si, en los casos de autos, los reproches formulados por las demandantes contra la motivación de las decisiones controvertidas permiten o no demostrar que dicha motivación no muestra de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Comisión.
142 A este respecto, es preciso recordar que las decisiones controvertidas exponen las tres razones principales que justifican, según la Comisión, la supresión de las ayudas financieras comunitarias y, en su caso, la devolución de las mismas, como ha señalado este Tribunal en el apartado 77 supra. Además, las decisiones controvertidas se remiten expresamente al informe de auditoría e indican que éste fue transmitido a las demandantes y a la Secretaría General de Pesca Marítima española.
143 El Tribunal considera, por tanto, que la motivación de las decisiones controvertidas muestra de manera clara e inequívoca el razonamiento seguido por la Comisión para decidir suprimir las cuatro ayudas financieras comunitarias.
144 Tampoco puede considerarse insuficiente dicha motivación por no recoger las cifras que permiten demostrar la existencia de las irregularidades reprochadas a las demandantes. En efecto, la remisión expresa al informe de auditoría que obra en poder de las demandantes debe considerarse suficiente a este respecto. Además, procede señalar que la falta de referencia al trato que ha de darse a la prima nacional a la construcción naval y a las letras de cambio no oscurece el razonamiento de la Comisión.
145 Por lo demás, el hecho de que los considerandos sean formalmente idénticos en los cuatro casos examinados no significa que la motivación sea insuficiente, puesto que, por una parte, dichos considerandos remiten a datos concretos y específicos para cada demandante y, por otra parte, el comportamiento que adoptaron las demandantes en cada uno de los asuntos puede calificarse de semejante, e incluso de idéntico.
146 Por otra parte, en lo relativo a la supuesta falta de referencia a la base legal de las decisiones controvertidas, el Tribunal observa que estas últimas se refieren explícitamente a los Reglamentos aplicables en la materia (Reglamento nº 4028/86 y Reglamento nº 1116/88), antes de mencionar más concretamente una infracción del apartado 2 del artículo 46 del Reglamento nº 4028/86 y de las condiciones de concesión de la subvención. Por consiguiente, aunque el texto de las decisiones controvertidas no mencione el artículo 44 del Reglamento nº 4028/86 como tal, este Tribunal considera que, habida cuenta de las circunstancias, la referencia a la normativa comunitaria y, en particular, al Reglamento nº 4028/86 es suficiente a este respecto.
147 La inexistencia de referencias a dicha disposición no basta, pues, para oscurecer o hacer confuso y equívoco el razonamiento de la Comisión. El Tribunal desea igualmente recordar que la parte de la motivación basada en la actitud obstruccionista de las demandantes durante el control sobre el terreno tampoco adolece de error de apreciación alguno, como ha indicado en los apartados 113 a 115 supra. Por todas estas razones, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo.
148 A mayor abundamiento, el Tribunal subraya que, en contra de lo que sostienen las demandantes, el informe de auditoría contiene datos suficientes para demostrar que los documentos remitidos por las demandantes para la obtención y el pago de las ayudas comunitarias contienen irregularidades que pueden calificarse de faltas de veracidad deliberadas y sustanciales (véanse los apartados 77 a 114 supra). Es preciso señalar, en cambio, que las demandantes no han podido justificar mediante documentos probatorios las diferencias detectadas en el informe de auditoría entre los importes declarados y los importes efectivamente pagados.
Motivos tercero y cuarto: con carácter subsidiario y complementario, infracción del Reglamento nº 4028/86 y violación del principio de proporcionalidad
- Alegaciones de las partes
149 El tercer motivo coincide en parte con una de las alegaciones presentadas en la segunda parte del segundo motivo, relativo a la violación de la obligación de motivación de las decisiones controvertidas, y, también en parte, con el cuarto motivo. Procede, pues, examinar conjuntamente el tercer y cuarto motivos invocados en apoyo de los recursos de anulación.
150 Así, por una parte, las demandantes reprochan a la Comisión no fundamentar sus decisiones en ninguno de los supuestos contemplados en el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento nº 4028/86, que son los únicos que pueden justificar, a su juicio, la adopción de una decisión de supresión de una ayuda financiera comunitaria. La infracción del artículo 46 del Reglamento nº 4028/86 invocada por las decisiones controvertidas no puede sancionarse con una decisión de supresión, y la falta de fundamento de las decisiones de concesión y de pago de la ayuda únicamente puede dar lugar a la anulación de las mismas. En la fase de réplica, las demandantes añaden además que la supresión de las ayudas constituye una sanción administrativa indirecta no prevista por la normativa comunitaria, pues la Comisión sobrepasa con ello las facultades que le confiere el Reglamento nº 4028/86.
151 Por otra parte, las demandantes mantienen que, aunque se considere que las decisiones controvertidas están basadas en el artículo 44 del Reglamento nº 4028/86, las irregularidades alegadas no pueden justificar, con arreglo a dicha disposición, la supresión de la totalidad del importe de las ayudas concedidas, pues ello supondría violar el principio de proporcionalidad. Según las demandantes, la supresión de las ayudas es la máxima sanción de las previstas en el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento nº 4028/86 y debería estar reservada para el último de los supuestos contemplados en dicha disposición, es decir, para el caso de que el barco no llegara a construirse. Ahora bien, según las demandantes, los cuatro buques de que se trata se construyeron cumpliendo todas las especificaciones de los diferentes proyectos y además siguen faenando en el día de hoy. La reacción de la Comisión es, por consiguiente, desproporcionada y podría incluso considerarse contraria al principio de no discriminación, si se acreditara que la Comisión no adoptó medidas idénticas en otros proyectos citados en el Informe del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas nº 3/93, consagrado a la aplicación del Reglamento nº 4028/86, en el que se mencionan diversas infracciones e irregularidades mucho más graves que las que se han imputado a las demandantes.
152 Las demandantes sostienen también que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia establece una diferencia entre las sanciones aplicables al incumplimiento de una obligación principal y las que castigan el incumplimiento de una obligación accesoria (sentencias de 24 de septiembre de 1985, Man (Sugar), 181/84, Rec. p. 2889, y de 27 de noviembre de 1986, Maas, 21/85, Rec. p. 3537). En el presente asunto, por ser la obligación principal la construcción del buque, sólo el incumplimiento de la misma podría dar lugar a la aplicación de la sanción máxima de supresión de la ayuda concedida. Aplicar dicha sanción a supuestas irregularidades administrativas que sólo incumplen una obligación accesoria constituye una violación del principio de proporcionalidad.
153 La Comisión responde, en primer lugar, que las decisiones controvertidas se basan claramente en el segundo guión del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento nº 4028/86. La Comisión se remite además al principio general de recuperación de lo indebidamente pagado, aplicable cuando el importe declarado en el proyecto inicial y en la solicitud de pago es superior a la cantidad realmente gastada, como ocurre en el caso de autos. Según la Comisión, aceptar la tesis de las demandantes equivaldría a impedir a la Comisión recuperar una subvención obtenida fraudulentamente mediante declaraciones falsas porque dicho supuesto no se menciona expresamente en el artículo 44 del Reglamento nº 4028/86.
154 La Comisión alega, en segundo lugar, que las demandantes falsearon deliberadamente los importes de las inversiones para las que solicitaron subvenciones presentando documentos que no correspondían a la realidad, con ánimo de obtener una subvención superior a la que estaría justificada y en un momento anterior al que estaría justificado. Frente a un comportamiento semejante, una mera reducción de las subvenciones, en proporción a las incorrecciones detectadas, sería una invitación al fraude. En efecto, dada la imposibilidad de comprobar todas las solicitudes presentadas, la exactitud de las declaraciones es un elemento esencial del sistema de ayudas financieras comunitarias. La supresión total de las ayudas es la única respuesta apropiada y necesaria para alcanzar el objetivo que se persigue, a saber, conceder y pagar únicamente las subvenciones justificadas. La Comisión añade que tiene la obligación de garantizar la igualdad de trato a todas las solicitudes de subvención que recibe, pues la suma de las solicitudes sobrepasa con mucho el presupuesto disponible.
- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
155 En primer lugar, procede examinar el alcance del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento nº 4028/86. A este respecto es necesario recordar que dicha disposición establece, entre otras cosas, que la Comisión podrá decidir suspender una ayuda comunitaria «si no se cumplieren algunas de las condiciones impuestas». Dicha disposición no limita los tipos de condiciones que deben tenerse en cuenta, puesto que no aporta precisión alguna en lo que respecta a las características de las condiciones a las que se refiere. Además, en la primera parte de la misma se hace una referencia explícita a los «requisitos financieros o de otro tipo impuestos para cada proyecto». La expresión mencionada comprende, pues, todas las condiciones, ya sean técnicas, financieras o relativas a los plazos.
156 Pues bien, procede señalar que la Comisión adoptó las decisiones controvertidas principalmente porque reprochaba a las demandantes no haber respetado las condiciones de concesión y pago de las ayudas, en otras palabras los requisitos financieros. Por consiguiente, se deduce de las decisiones controvertidas que la Comisión las basó acertadamente en el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento nº 4028/86.
157 Procede señalar igualmente que este Tribunal no puede acoger la alegación de las demandantes de que, dado que la Comisión reprochaba a las demandantes haber infringido las condiciones de concesión y de pago de las ayudas, la única medida posible era la anulación de las decisiones de concesión y de pago. En efecto, procede señalar que el Reglamento nº 4028/86 no contiene ninguna disposición específica que prevea la anulación de las decisiones de concesión y de pago de las ayudas comunitarias cuando se compruebe que las mismas fueron adoptadas con base en indicaciones inexactas.
158 De ello se deduce que la solución de la anulación que proponen las demandantes no permite solventar la objeción formulada por ellas, según la cual las decisiones controvertidas carecen de fundamento legal y no podían, por tanto, ser adoptadas. Por otra parte, procede subrayar que, si la Comisión no pudiera suprimir las ayudas concedidas basándose en indicaciones inexactas por no existir un procedimiento específico de anulación para tales supuestos, los comportamientos irregulares de los beneficiarios de subvenciones comunitarias nunca podrían ser sancionados. En cualquier caso, el Tribunal desea subrayar que, para el beneficiario de una ayuda financiera comunitaria, los resultados de la supresión de una ayuda son idénticos a los de la anulación de la decisión de concesión de la misma.
159 Por último, tampoco cabe sostener que el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento nº 4028/86 reserva la sanción de supresión de la ayuda únicamente para los casos en que no se ejecute el proyecto. En efecto, dicha disposición no ordena que las sanciones de suspensión, de reducción o de supresión de la ayuda comunitaria se apliquen exclusivamente a uno u otro de los supuestos contemplados en ella. No procede por tanto establecer una distinción según el grado de la sanción aplicable a las situaciones que se contemplan en dicha disposición, pues la propia disposición no lo hace.
160 En segundo lugar, este Tribunal debe pronunciarse sobre la supuesta violación del principio de proporcionalidad. En primer lugar, en contra de lo que sostienen las demandantes, el Tribunal considera que, habida cuenta de la propia naturaleza de las ayudas financieras que concede la Comunidad, la obligación de respetar los requisitos financieros de la inversión tal y como se formularon en la decisión de concesión constituye uno de los compromisos esenciales del beneficiario, lo mismo que la obligación de ejecución material de la inversión, y que, por esta razón, condiciona la atribución de la ayuda comunitaria.
161 A continuación, el Tribunal señala que el sistema de subvenciones diseñado por la normativa comunitaria se basa principalmente en la ejecución por el beneficiario de una serie de obligaciones que le dan derecho a percibir la ayuda prevista. Si el beneficiario no cumple todas estas obligaciones, el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento nº 4028/86 autoriza a la Comisión a reconsiderar la amplitud de las obligaciones que ella asumió en la decisión de concesión de la ayuda. Pues bien, en las decisiones controvertidas, la Comisión ha indicado que «la falta de veracidad, deliberada y sustancial, en las declaraciones del beneficiario que constituyen la base de la concesión y del pago de la subvención tiene como resultado privar de fundamento a la decisión de concesión y al pago (y) que las irregularidades descritas en el [apartado 77 supra], que se realizan mediante la formulación de declaraciones y la producción de documentos contables que no corresponden a la realidad, constituyen asimismo un incumplimiento grave de las condiciones de concesión de la subvención y de obtención del pago establecidas en la reglamentación comunitaria, en particular en los Reglamentos 4028/86 precitado, 970/87, sobre medidas transitorias y modalidades de aplicación del Reglamento 4028/86 en lo que respecta a las acciones de reestructuración de la flota pesquera, de desarrollo de la acuicultura y de acondicionamiento de la franja costera, y en particular en su artículo primero y sus anexos relativos al coste de las inversiones, y 1116/88 relativo a las modalidades de ejecución de las decisiones de ayuda para proyectos relativos a acciones comunitarias para la mejora y adaptación de las estructuras del sector de la pesca y de la acuicultura y de acondicionamiento de la franja pesquera, y en particular en sus artículos 3,4 y 5 y sus anexos relativos a la petición y justificación de los pagos y en la decisión de concesión». La Comisión considera, por tanto, «que en estas circunstancias la supresión total de la ayuda comunitaria es una medida proporcionada a la gravedad de las infracciones».
162 El Tribunal observa que se deduce del examen del primer motivo de los presentes recursos que el importe de la inversión declarado al presentar la solicitud de pago no coincide con el importe efectivamente pagado en aquel momento (véanse los apartados 78 a 96 supra), que el importe de la inversión declarado al presentar la solicitud de pago no coincide tampoco con el coste efectivamente pagado en el momento en que se realizó la auditoría (véanse los apartado 97 a 111 supra) y que las demandantes carecieron de la diligencia más elemental durante el control sobre el terreno de marzo de 1990 (véanse los apartados 113 a 115 supra).
163 Por consiguiente, el Tribunal considera que, en los casos de autos, los incumplimientos de las obligaciones que recaían sobre las demandantes fueron tan importantes que la Comisión pudo considerar razonablemente que toda sanción distinta de la supresión, de entre las contempladas en el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento nº 4028/86, corría el riesgo de constituir una invitación al fraude, ya que los candidatos a beneficiarios se verían tentados de abultar artificialmente el importe de la inversión declarado en su solicitud de concesión de la ayuda a fin de obtener una ayuda financiera comunitaria más elevada, si no existiera otra sanción que ver reducida dicha ayuda en la proporción correspondiente a la sobreevaluación de la inversión proyectada en la solicitud de concesión. De ello se deduce que las violaciones del principio de proporcionalidad alegadas no han quedado demostradas.
164 Por último, el Tribunal no puede acoger la alegación de las demandantes de que la Comisión violó el principio de no discriminación. En efecto, procede señalar en primer lugar que el examen de los dos primeros motivos ha permitido establecer que las demandantes cometieron graves irregularidades en la aplicación de la normativa comunitaria, de modo que no pueden alegar haber cometido unas irregularidades supuestamente triviales para sostener que se ha violado el principio de no discriminación. A continuación, procede recordar que, para que exista violación de este principio, es preciso tratar de diferente manera situaciones comparables, sin justificaciones objetivas. Ahora bien, en los presentes asuntos procede señalar que las demandantes no han indicado en qué son comparables sus situaciones a las de los beneficiarios de las ayudas financieras comunitarias a los que se hace referencia en el Informe del Tribunal de Cuentas citado por ellas. Por último, no corresponde a este Tribunal proceder a un examen semejante al efectuado en los presentes asuntos para determinar, por una parte, si los reproches formulados de modo impreciso en los casos invocados por las demandantes son o no comparables a las irregularidades que estas últimas cometieron y, por otra, si dichos reproches son fundados.
165 Por todas estas razones, procede desestimar el tercer y cuarto motivos.
Quinto motivo: con carácter subsidiario y complementario, desviación de poder
- Alegaciones de las partes
166 Según las demandantes, la Comisión incurrió en desviación de poder al intentar aplicar, a través de las decisiones controvertidas, una recomendación del Tribunal de Cuentas formulada en su Informe nº 3/93, orientada a impedir la reventa rápida de buques construidos con ayuda de fondos comunitarios, tanto si la venta se efectúa fuera de la Comunidad como en el interior de la misma. Ahora bien, las demandantes sostienen que resulta inconcebible sancionar una venta en el interior de la Comunidad, perfectamente lícita con arreglo a la normativa aplicable, a menos que se adopten nuevas medidas legislativas que modifiquen el régimen vigente.
167 La Comisión considera que las demandantes no formulan ningún argumento que pueda apoyar sus alegaciones de desviación de poder.
- Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
168 Procede recordar que el concepto de desviación de poder tiene un alcance muy preciso en Derecho comunitario y se aplica al supuesto en que una autoridad administrativa utiliza sus atribuciones con una finalidad distinta de aquélla para la que le fueron conferidas. A este respecto, es jurisprudencia reiterada que sólo cabe considerar que una decisión incurre en desviación de poder cuando queda de manifiesto, de acuerdo con indicios objetivos, oportunos y concordantes, que fue adoptada para alcanzar una finalidad distinta de las que se invocan (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de noviembre de 1991, Williams/Tribunal de Cuentas, T-146/89, Rec. p. II-1293, apartados 87 y 88, así como la jurisprudencia citada en la misma).
169 Ahora bien, en los presentes asuntos, los datos alegados por las demandantes en apoyo de este quinto motivo no permiten demostrar que la Comisión haya perseguido una finalidad distinta de la de sancionar las irregularidades detectadas en el marco del sistema de subvenciones comunitarias para la construcción de buques de pesca. El hecho de que todas las demandantes hayan vendido sus buques y de que el Tribunal de Cuentas proponga en su Informe Anual una modificación de la normativa de que se trata para evitar dichas ventas no permiten deducir que la Comisión haya incurrido en desviación de poder, utilizando las facultades que le confiere dicha normativa para sancionar este tipo de ventas.
170 Este Tribunal considera, por tanto, que las demandantes no han demostrado que la finalidad realmente perseguida por la Comisión fuera la de sancionar la venta de los buques construidos con ayuda de las subvenciones concedidas por la Comunidad. Por esta razón procede desestimar el quinto motivo.
171 De las consideraciones precedente se deduce que procede desestimar en su totalidad los recursos de anulación.
Sobre el recurso de indemnización
Motivos y alegaciones de las partes
Sobre la admisibilidad
172 La Comisión propone una excepción de inadmisibilidad contra una de las pretensiones del recurso, ya que en ella se solicita la indemnización de un perjuicio que coincide exactamente con el importe de la ayuda financiera comunitaria otorgada por la Decisión C(89)545/01 de 26 de abril de 1989. La Comisión reprocha a la demandante IPC haber incurrido en desviación de procedimiento al interponer un recurso de indemnización basado en el artículo 178 y en el párrafo segundo del artículo 215 del Tratado, a pesar de que los efectos perseguidos son idénticos a los que se podrían obtener en el marco de un recurso por omisión basado en el párrafo tercero del artículo 175 del Tratado.
173 IPC niega que proceda declarar la inadmisibilidad de dicha pretensión, sosteniendo, por una parte, que en el presente caso los efectos jurídicos de un recurso por omisión y los de un recurso de indemnización no son idénticos y, por otra, que el pago de la ayuda financiera comunitaria no constituye una decisión autónoma con respecto a la decisión de concesión de la ayuda adoptada por la Comisión el 26 de abril de 1989. Según IPC, el pago de una ayuda financiera comunitaria otorgada por la Comisión no reúne los requisitos formales que permitirían calificarlo de decisión y no es sino un mero acto de ejecución contra el cual no cabe interponer recurso por omisión.
Sobre el fondo
- La actuación ilegal
174 IPC sostiene que la Comisión se comportó de modo ilegal y culposo en el marco del procedimiento administrativo previo a la interposición del presente recurso. En primer lugar, IPC reprocha a la Comisión no haber adoptado, durante el período comprendido entre el 31 de marzo de 1990 (control sobre el terreno) y el 8 de junio de 1993 (escrito de la Comisión), una actitud conforme a la normativa comunitaria aplicable, con arreglo a la cual dicha Institución estaba obligada, bien a pagar el importe de la ayuda financiera comunitaria, bien a adoptar la decisión de suspender, reducir o suprimir el pago de la misma. Pues bien, IPC señala que, durante dicho período, la Comisión ni pagó la ayuda financiera comunitaria ni inició alguno de los procedimientos contemplados en el artículo 44 del Reglamento nº 4028/86.
175 IPC considera que la actitud adoptada por la Comisión ha producido de hecho el resultado de alargar injustificadamente el plazo de instrucción del expediente (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de mayo de 1978, HNL/Consejo y Comisión, asuntos acumulados 83/76, 4/77, 15/77 y 40/77, Rec. p. 1209, y de 26 de junio de 1990, Sofrimport/Comisión, C-152/88, Rec. p. I-2477) y violar cierto número de principios invocados en el marco de su recurso de anulación, que se ha examinado supra.
176 IPC niega haber obstaculizado la acción de la Comisión durante la inspección in situ de sus agentes en marzo de 1990 y sostiene que una eventual obstrucción durante el control sobre el terreno no puede ser la causa principal de que, tres años después, la Comisión no haya pagado aún la ayuda financiera comunitaria ni notificado a IPC el inicio de alguno de los procedimientos previstos en el artículo 44 del Reglamento nº 4028/86.
177 Por otra parte, IPC rechaza la explicación ofrecida por la Comisión, según la cual su comportamiento es el resultado de una decisión de «paralización cautelar» del pago de la ayuda financiera comunitaria, pues dicho procedimiento de «paralización cautelar» no tiene base jurídica alguna. Según IPC, admitir la tesis de la Comisión sobre este punto equivaldría a dejar sin efecto el procedimiento de suspensión previsto en el artículo 44 del Reglamento nº 4028/86.
178 En segundo lugar, por lo que respecta al procedimiento de supresión de la subvención iniciado por la Comisión mediante su escrito de 12 de octubre de 1993, IPC sostiene que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al basarse en los resultados de la auditoría y expone de nuevo a este respecto los argumentos desarrollados por otra parte en el marco de su recurso de anulación, que se ha examinado supra.
179 Por otra parte, IPC considera que, al negarle el acceso al expediente, la Comisión no ha respetado su derecho de audiencia. IPC alega a este respecto que sólo tuvo acceso al expediente con posterioridad a la interposición del presente recurso y que el expediente que se le presentó estaba incompleto. En su opinión, ello constituye un atentado contra el derecho de todo administrado a examinar y obtener copias de los documentos que figuren en su expediente que no tengan carácter confidencial, atentado que ya condenó el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia de 1 de abril de 1993, BPB Industries y British Gypsum/Comisión (T-65/89, Rec. p. II-389, apartado 30). Señala además que ninguno de los documentos que le ha presentado la Comisión con posterioridad al trámite de audiencia ha resultado ser confidencial, por lo que considera que se ha producido una grave violación del derecho de defensa. IPC subraya por último que determinados documentos aportados por la Comisión en el presente procedimiento no figuraban en el expediente que esta última le presentó en el trámite de audiencia.
180 Por último, IPC recalca que la Administración española adoptó una actitud diferente de la de la Comisión y, además, indicó claramente a esta última que IPC tenía derecho a percibir la totalidad de la subvención concedida, puesto que la suma total de las inversiones efectivamente realizadas sobrepasa el importe de los costes subvencionables establecidos por la Comisión. Según IPC, la Comisión no puede adoptar una postura distinta de la de la Administración española, sobre todo si se tiene en cuenta el período de inactividad acreditado.
181 La Comisión responde que no ha cometido irregularidad alguna en el presente asunto y que su actitud no puede calificarse de ilegal con arreglo a la normativa aplicable y a los principios generales del Derecho comunitario.
182 La Comisión recuerda que el beneficiario de una ayuda financiera comunitaria debe justificar el cumplimiento de las condiciones que dan derecho a percibirla, antes de poder reclamar su pago.
183 Pues bien, según la Comisión, IPC no ha justificado haber procedido al pago efectivo de la inversión proyectada, ni al presentar la solicitud de pago ni posteriormente, y ha obstruido la verificación de su contabilidad por parte de la Comisión. Esta última considera que las consecuencias de dicha actitud han sido, por una parte, hacer imposible el pago de la ayuda y afectar de modo irremediable a la posibilidad de comprobar los justificantes aportados por IPC, puesto que seguramente su contabilidad fue modificada entretanto y, por otra, provocar una divergencia de opiniones entre las autoridades nacionales y comunitarias que impidió que se adoptara una decisión final en un plazo más breve. La Comisión considera que, dadas estas circunstancias, su deber de diligencia en la gestión de los dineros públicos la obligaba a adoptar una decisión de paralización cautelar del expediente de pago de la ayuda financiera comunitaria a IPC.
184 En cambio, la Comisión considera que la obstrucción de su control y las irregularidades reveladas por la auditoría constituyen infracciones graves de la normativa comunitaria, tanto más cuanto que, en esta materia, el derecho a la percepción de una subvención otorgado por la normativa comunitaria, «teniendo en cuenta que se refiere a un régimen de ayudas comunitario financiado por fondos públicos y basado en el principio de solidaridad, debe supeditarse al requisito de que su titular presente todas las garantías de probidad y fiabilidad» (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 1992, Alemania/Comisión, C-240/90, Rec. p. I-5383).
185 Según la Comisión, difícilmente puede alegarse que en el presente asunto se han violado los principios que IPC invoca, cuando los justificantes aportados por esta última contienen deliberadamente indicaciones inexactas.
186 En cuanto a las alegaciones de IPC sobre el acceso al expediente que le ofreció la Comisión en el marco del procedimiento previo a la supresión de la ayuda, esta última responde que procedió a dar audiencia a IPC antes de iniciar el procedimiento de supresión, conforme a lo previsto en el artículo 7 del Reglamento nº 1116/88, mediante el envío de los escritos de 8 de junio, 12 de octubre y 15 de noviembre de 1993. Añade que puso además a disposición de la demandante toda la documentación que figuraba en su expediente, con excepción de las notas internas. La Comisión subraya, por otra parte, que IPC respondió en detalle y con abundantes argumentos a las peticiones de la Comisión en sus escritos de 22 de julio y 24 de noviembre de 1993, así como en el marco del presente procedimiento, lo que prueba que las comunicaciones de la Comisión fueron suficientes para poner en conocimiento de IPC los hechos que se le imputaban. Por último, la Comisión observa que la demandante repite los mismos argumentos en dichos escritos y en el recurso, lo que demuestra que dicha Institución no disponía de otros documentos que contuvieran informaciones o datos sustancialmente diferentes de los contenidos en la auditoría, que las autoridades españolas ya habían comunicado a IPC el 17 de junio de 1991.
187 La Comisión deduce de ello que IPC confunde el trámite de audiencia al interesado, que consiste, según dicha Institución, en que la Comisión comunique al interesado las infracciones que cree haber descubierto y le dé un plazo para presentar sus observaciones, con el acceso a toda la documentación en poder de la Comisión, incluidas las notas internas de sus servicios. La Comisión afirma que, en cualquier caso, sus actuaciones en el procedimiento de supresión se basaron en el informe de auditoría comunicado a IPC el 17 de junio de 1991.
188 La Comisión se pregunta, para terminar, qué razones indujeron a IPC a no reclamar el pago de la subvención durante el período que ella misma califica de retraso manifiesto y a esperar a que la Comisión iniciara el procedimiento de supresión de la ayuda financiera comunitaria para interponer el presente recurso (27 de octubre de 1993), recordando en ese momento que la subvención se le debía -en su opinión- desde el mes de febrero de 1990, fecha en que presentó la solicitud de pago.
- Perjuicio
189 La demandante IPC considera que los daños que ha sufrido son directos, ciertos, graves, demostrables y evaluables económicamente, y comprenden, en primer lugar, el importe de la subvención que se discute, que asciende a 48.550.322 PTA; en segundo lugar, los costes correspondientes a su defensa en el procedimiento administrativo previo, que ascienden a 13.078 ECU; en tercer lugar, los intereses de demora calculados sobre el importe de la subvención, por un importe de 133.580 ECU, los costes derivados de sus descubiertos, por un importe de 84.633 ECU, y la «prima de riesgo» que le cargaron sus proveedores, por un importe de 173.151 ECU, y, en cuarto lugar, los daños morales provocados por las repercusiones de la actitud de la Comisión sobre sus relaciones comerciales y por el desprestigio causado a su administrador único, evaluados en 25.000 ECU.
190 A este respecto, IPC justifica la aplicación de un tipo de interés de demora del 12 % partiendo del tipo de interés legal del dinero en España, al que deben añadirse dos puntos porcentuales a fin de reflejar determinados parámetros objetivos. Añade que dicho porcentaje adicional de dos puntos lo determina cada año en España la Ley de Presupuestos Generales del Estado. A continuación sostiene que los intereses por descubierto tienen su origen en las dificultades de tesorería provocadas por el pago de las facturas de la construcción del buque y el impago de la subvención comunitaria.
191 IPC afirma por último que, si la Comisión lo estima oportuno, sus costes legales anteriores al recurso podrían incluirse en la tasación de costas, reduciendo así la cantidad reclamada en concepto de indemnización de daños y perjuicios.
192 La Comisión responde que, habida cuenta de que la subvención comunitaria ha sido suprimida, carecen de fundamento las pretensiones de pago de la ayuda y de indemnización de los supuestos perjuicios derivados de su falta de pago, que constituyen el objeto del presente procedimiento. Añade que la obligación de pago de la subvención nace únicamente cuando se han justificado ante ella tanto la realización de las inversiones como el pago de las mismas. Como dichos extremos no se han justificado, no existe obligación de pagar la subvención. Por consiguiente, la Comisión considera que, en cualquier caso, sólo existiría obligación de pago a partir del momento en el que el Tribunal de Primera Instancia dictara sentencia.
193 La Comisión niega asimismo la realidad de los supuestos perjuicios, pidiendo a IPC que aporte pruebas que los justifiquen y recordando la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia a este respecto. La Comisión se reserva, sin embargo, el derecho a pronunciarse ulteriormente sobre la cuantía del perjuicio si el Tribunal considera que el perjuicio puede fundarse válidamente en los elementos alegados.
194 La Comisión se pregunta además cómo se han determinado los tipos de interés aplicados y por qué se ha recurrido a la fórmula del descubierto bancario, en vez de a las líneas de crédito ordinarias.
- Relación de causalidad
195 IPC sostiene que no se ha limitado a alegar su derecho a recibir ciertas cantidades por los daños causados por el comportamiento de la Comisión, sino que ha probado también la justificación concreta de cada uno de los importes. Añade que los daños son consecuencia inmediata, estricta y necesaria de la actuación omisiva de la Comisión, tanto en lo que respecta a las condiciones de financiación necesarias para poner en explotación el buque «Escualo» como en lo relativo a los costes legales anteriores a la presentación del recurso y al daño moral.
196 Afirma que el argumento del recurso por omisión es fácilmente rebatible, puesto que el objetivo que persigue el presente recurso no es únicamente una indemnización por el importe de la subvención, sino también una serie de cantidades que tienen su origen en la perspectiva legítima de pago de la ayuda comunitaria y, además, con un recurso por omisión sólo se obtendría una sentencia declarativa y no un derecho a la reparación de los daños.
197 Por su parte, la Comisión considera que el vínculo de causalidad entre los factores mencionados por IPC y el pretendido perjuicio fue interrumpido por la conducta de esta última, que obstruyó la acción de inspección de la Comisión y no interpuso un recurso por omisión ni presentó un requerimiento previo al inicio del procedimiento de supresión de la ayuda.
198 Según la Comisión, la ausencia de relación de causalidad es especialmente patente en algunos de los pretendidos daños. Así, por lo que respecta a la prima de riesgo, la Comisión considera que las dificultades que dieron origen al cobro de la misma proceden de la decisión de las autoridades españolas de reducir la subvención nacional y del hecho de que la demandante se viera obligada a satisfacer las deudas fiscales obtenidas como consecuencia de un conocimiento real de su dinámica patrimonial, y no del pretendido retraso culpable de la Comisión. Por lo que respecta a los daños morales, su origen está en la propia conducta del administrador de IPC y en las actuaciones emprendidas por las autoridades españolas. Por último, en lo que respecta a los «costes legales», la Comisión considera que sólo podrían tenerse en cuenta en su caso los derivados del presente procedimiento.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
199 Sin necesidad de pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso, procede señalar que el examen de los hechos demuestra que la Comisión no ha cometido infracción alguna.
200 En efecto, este Tribunal observa, en primer lugar, que IPC presentó la solicitud de pago de la ayuda el 22 de febrero de 1990 (véase el apartado 24 supra), y que los servicios de la Comisión efectuaron un control sobre el terreno entre el 25 y el 31 de marzo de 1990, es decir, un mes después (véase el apartado 25 supra); que a causa de la actitud de IPC en el transcurso de dicho control sobre el terreno y, por consiguiente, de la imposibilidad de efectuar las comprobaciones previstas (véanse los apartados 113 a 115 supra), la Comisión encargó una auditoría que fue realizada en mayo de 1991 (véase el apartado 27 supra) y que puso de manifiesto que los importes que IPC declaraba haber pagado eran inexactos, tanto en el momento en que se presentó la solicitud de pago como en el momento en que se realizó la auditoría (véanse los apartados 78 a 112 supra).
201 Habida cuenta de estos factores, no cabe reprochar a la Comisión que considerara que IPC no había cumplido aún las obligaciones que le incumbían con arreglo a la normativa comunitaria en el momento en que formuló su solicitud de pago, de modo que dicha Institución no debía acceder a lo solicitado. A este respecto, procede subrayar por lo demás que, a diferencia de la actitud que no habría dejado de adoptar todo beneficiario diligente, convencido de haber cumplido las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria, para obtener el pago de la ayuda financiera que se le hubiera concedido, IPC se guardó mucho de emprender la más mínima gestión ante la Comisión durante el período que ahora denuncia. Así, ha quedado establecido que, con posterioridad a su solicitud de pago de 22 de febrero de 1990, IPC no dirigió en ningún momento un recordatorio o un requerimiento a la Comisión y que sólo interpuso el presente recurso tras haber sido informada oficialmente de la apertura del procedimiento de supresión de la ayuda por parte de la Comisión.
202 Por otra parte, este Tribunal considera que la supuesta violación del derecho de defensa resultante del acceso a sólo una parte de los documentos integrantes del expediente de la Comisión en el procedimiento de supresión de la ayuda financiera de que se trata no atañe al presente recurso de indemnización, sino que afecta, en su caso, a la legalidad de la decisión adoptada al término de dicho procedimiento, a saber, en este caso, la Decisión de 24 de marzo de 1994, posterior a la interposición del presente recurso. Ahora bien, el Tribunal observa que IPC no aduce este motivo en su recurso de anulación (asunto T-233/94) y que el examen de este último ha demostrado que la Comisión no incurrió en ilegalidad alguna al decidir suprimir la subvención que había concedido a IPC.
203 Por consiguiente, este Tribunal considera que la Comisión no ha cometido infracción alguna que pueda dar lugar a responsabilidad de la Comunidad, ni al negarse a abonar la subvención ni al iniciar el procedimiento de supresión de la misma.
204 De ello se deduce que procede desestimar el recurso de indemnización, sin necesidad de examinar los argumentos esgrimidos por las partes acerca del perjuicio alegado y de la relación de causalidad.
Decisión sobre las costas
Costas
205 A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos y pretensiones formulados por las demandantes tanto en sus recursos de anulación como en el recurso de indemnización, y haber solicitado la Comisión la condena en costas de las demandantes, procede condenar a las demandantes en costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Cuarta)
decide:
1) Desestimar los recursos de anulación en los asuntos T-231/94, T-232/94, T-233/94 y T-234/94.
2) Desestimar el recurso de indemnización en el asunto T-551/93.
3) Condenar a las demandantes en costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
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