Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
Acuerdos internacionales - Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Libre circulación de personas - Trabajadores - Derechos de los nacionales turcos - Requisito del ejercicio previo de un empleo legal - Concepto - Empleo ejercido al amparo de una autorización de residencia conseguida fraudulentamente - Exclusión
(Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía, art. 6, ap. 1)
Índice
El apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía debe interpretarse en el sentido de que un trabajador turco no cumple el requisito de haber ocupado en el Estado miembro de acogida un empleo legal, a efectos de dicha disposición, cuando ha ejercido dicho empleo al amparo de una autorización de residencia que se le extendió gracias a un comportamiento fraudulento por el que ha sido sancionado penalmente.
Partes
En el asunto C-285/95,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Oberverwaltungsgericht Berlin, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Suat Kol
y
Land Berlin,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 6 y del apartado 1 del artículo 14 de la Decisión nº 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación creado por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Sexta),
integrado por los Sres.: G.F. Mancini, Presidente de Sala; C.N. Kakouris, G. Hirsch, H. Ragnemalm y R. Schintgen (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. M.B. Elmer;
Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora principal;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- En nombre del Sr. Kol, por el Sr. C. Rosenkranz, Abogado de Berlín;
- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. E. Röder, Ministerialrat del Bundesministerium für Wirtschaft, en calidad de Agente, asistido por el Sr. K. Hailbronner, Profesor de la Universidad de Constanza;
- en nombre del Gobierno español, por el Sr. A.J. Navarro González, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, del Servicio Jurídico del Estado, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno francés, por las Sras. C. de Salins y A. de Bourgoing, sous-directeur y chargé de mission, respectivamente, de la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en calidad de Agente, asistido por la Sra. E. Sharpston, Barrister;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. P. Hillenkamp, Consejero Jurídico, y P. van Nuffel, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de los Gobiernos alemán, español, francés y del Reino Unido, así como de la Comisión, expuestas en la vista de 23 de enero de 1997;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de marzo de 1997;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 11 de agosto de 1995, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de agosto siguiente, el Oberverwaltungsgericht Berlin planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 6 y del apartado 1 del artículo 14 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación (en lo sucesivo, «Decisión nº 1/80»). El Consejo de Asociación fue establecido por el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, que fue firmado el 12 de septiembre de 1963 en Ankara por la República de Turquía, por un lado, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otro lado, y que fue concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18).
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. Kol, nacional turco, y el Land Berlin en relación con una decisión de expulsión del territorio alemán.
3 De los autos del procedimiento principal se desprende que el Sr. Kol entró el 15 de febrero de 1988 en Alemania, donde contrajo matrimonio el 9 de mayo siguiente con una ciudadana alemana.
4 Al sospechar que se trataba de un matrimonio de conveniencia, las autoridades alemanas extendieron en un primer momento al interesado un certificado que acreditaba la presentación de una solicitud de autorización de residencia y posteriormente un permiso de residencia de duración limitada, pero que fue renovado en varias ocasiones.
5 El 2 de mayo de 1991, tras declarar, conjuntamente con su esposa, que ambos compartían un hogar común y vivían juntos en el domicilio conyugal, el Sr. Kol obtuvo una autorización de residencia por tiempo ilimitado en Alemania.
6 Dicha declaración resultó, sin embargo, ser falsa. En efecto, la esposa del Sr. Kol había iniciado un procedimiento de divorcio en abril de 1990 y los cónyuges habían puesto fin a su vida en común algún tiempo antes de la declaración de 2 de mayo de 1991. El matrimonio fue disuelto mediante sentencia de divorcio de 14 de febrero de 1992.
7 Mediante sentencia del Amtsgericht Berlin Tiergarten de 29 de noviembre de 1993, se condenó al Sr. Kol al pago de una multa por haber hecho una declaración falsa con objeto de conseguir su autorización de residencia. Su esposa fue condenada en calidad de cómplice.
8 El Sr. Kol probó haber ejercido un empleo en Alemania del 3 de abril de 1989 al 31 de diciembre de 1989, así como el 7 de febrero de 1990 en una primera empresa, y del 15 de junio de 1990 al 6 de julio de 1993, del 6 de septiembre de 1993 al 8 de febrero de 1994, así como a partir del 24 de marzo de 1994, en una segunda empresa.
9 El 7 de julio de 1994, el Landeseinwohneramt Berlin ordenó la expulsión inmediata del Sr. Kol. Dicha medida estuvo motivada por el objetivo de prevención general consistente en disuadir a otros extranjeros de hacer declaraciones falsas para conseguir una autorización de residencia.
10 Al haber sido desestimada por el Verwaltungsgericht Berlin, mediante resolución de 12 de mayo de 1995, la demanda de medidas cautelares presentada por el Sr. Kol contra dicha decisión, el interesado recurrió ante el Oberverwaltungsgericht Berlin.
11 En apoyo de su recurso, el Sr. Kol alegó que los períodos de trabajo por él cubiertos en Alemania le conferían en dicho Estado miembro un derecho de residencia, con arreglo al apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1/80, y que una expulsión motivada únicamente por un objetivo de prevención general era incompatible con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 14 de la citada Decisión.
12 El Oberverwaltungsgericht Berlin, si bien constata que la expulsión era conforme al Derecho alemán, se pregunta si una solución más favorable al Sr. Kol no podría desprenderse de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 y en el apartado 1 del artículo 14 de la Decisión nº 1/80.
13 El apartado 1 del artículo 6, que figura en el Capítulo II (Disposiciones sociales), Sección 1 (Cuestiones relativas al empleo y a la libre circulación de los trabajadores), de la Decisión nº 1/80, está redactado en los siguientes términos:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 en relación con el libre acceso al empleo de los miembros de su familia, un trabajador turco que forma parte del mercado de trabajo legal de un Estado miembro:
- tiene derecho, en dicho Estado miembro, después de un año de empleo legal, a la renovación de su permiso de trabajo con el mismo empresario si dispone de un empleo;
- tiene derecho, en dicho Estado miembro, después de tres años de empleo legal y a reserva de la preferencia que ha de concederse a los trabajadores de los Estados miembros de la Comunidad, a aceptar otra oferta para desempeñar la misma profesión en otra empresa de su elección, realizada en condiciones normales y registrada en los servicios de empleo de dicho Estado miembro;
- tiene derecho, en dicho Estado miembro, después de cuatro años de empleo legal, al libre acceso a cualquier actividad laboral por cuenta ajena de su elección.»
14 Por lo que respecta al apartado 1 del artículo 14, que forma parte de la misma Sección del Capítulo II de la Decisión nº 1/80, dispone lo siguiente:
«Las disposiciones de la presente Sección se aplicarán sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, de seguridad y de salud públicas.»
15 El Oberverwaltungsgericht Berlin alberga dudas, sin embargo, sobre la interpretación que ha de darse a los términos «empleo legal» y «limitaciones justificadas por razones de seguridad y orden público», que se emplean en las dos disposiciones citadas. Así, se pregunta si es posible reconocer carácter legal, a efectos del primer guión del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1/80 a los períodos de empleo cubiertos por el Sr. Kol con posterioridad a la declaración falsa de 2 de mayo de 1991. Además, se plantea la cuestión de si son aplicables también a los trabajadores emigrantes turcos los principios reguladores de la libre circulación de los trabajadores nacionales de un Estado miembro, con arreglo a los cuales para la adopción de una medida de expulsión únicamente puede tenerse en cuenta el comportamiento individual de la persona de que se trate y la existencia de condenas no justifica por sí sola dicha medida.
16 Por considerar que la solución del litigio requería, en consecuencia, una interpretación de las disposiciones citadas, el Oberverwaltungsgericht Berlin suspendió el procedimiento para plantear al Tribunal de Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) ¿Debe reconocerse el carácter de empleo legal, a efectos del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía, a los períodos de actividad cubiertos en un Estado miembro por un trabajador turco con arreglo a una autorización de residencia conseguida mediante engaño premeditado y punible?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
¿La finalización del período de residencia del citado trabajador debida a una expulsión, motivada únicamente por el objetivo de prevención general con el fin de disuadir a otros extranjeros, es compatible con el apartado 1 del artículo 14 de la referida Decisión?»
Sobre la primera cuestión
17 Con carácter preliminar, es preciso señalar que de los autos del procedimiento principal se desprende que el Sr. Kol fue condenado por haber hecho una declaración falsa con el fin de conseguir su autorización de residencia en Alemania.
18 En estas circunstancias, debe entenderse que la primera cuestión tiene por objeto, básicamente, dilucidar si el apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1/80 debe interpretarse en el sentido de que un trabajador turco cumple el requisito de haber ocupado en el Estado miembro de acogida un empleo legal, a efectos de dicha Disposición, cuando ha ejercido dicho empleo con arreglo a una autorización de residencia que se le extendió a raíz de un comportamiento fraudulento que dio lugar a que se le condenase.
19 Para responder a esta cuestión, hay que hacer constar, antes que nada, que de la resolución de remisión se deduce que el 2 de mayo de 1991, fecha en que hizo la declaración inexacta con el fin de conseguir una autorización de residencia por tiempo ilimitado en Alemania, el Sr. Kol no había ocupado un empleo legal durante un año con el mismo empresario, a efectos del primer guión del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1/80. En efecto, los dos períodos de empleo de cerca de nueve meses, por un lado, y de diez meses y medio, por otro lado, que el demandante en el procedimiento principal había cubierto hasta ese momento en el Estado miembro de acogida fueron al servicio de dos empresarios diferentes; pues bien, según resulta de la sentencia de 29 de mayo de 1997, Eker (C-386/95, Rec. p. I-0000), el primer guión del apartado 1 del artículo 6 presupone el ejercicio, durante un período ininterrumpido de un año, de un empleo legal al servicio de un solo y único empresario.
20 En consecuencia, el Sr. Kol únicamente puede invocar los derechos que le confiere el primer guión del apartado 1 del artículo 6 en la medida en que los períodos de empleo posteriores al 2 de mayo de 1991 puedan ser considerados legales a efectos de dicha disposición.
21 A este respecto, es preciso recordar que según reiterada jurisprudencia (sentencias de 20 de septiembre de 1990, Sevince, C-192/89, Rec. p. I-3461, apartado 30; de 16 de diciembre de 1992, Kus, C-237/91, Rec. p. I-6781, apartados 12 y 22, y de 6 de junio de 1995, Bozkurt, C-434/93, Rec. p. I-1475, apartado 26), la legalidad del empleo a efectos del apartado 1 del artículo 6 supone una situación estable y no provisional en el mercado de trabajo de un Estado miembro e implica, en tal sentido, la existencia de un derecho de residencia incuestionable.
22 En el apartado 31 de la sentencia Sevince, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que un trabajador turco no se encontró en una situación estable y no provisional en el mercado de trabajo de un Estado miembro durante el período en el que disfrutó del efecto suspensivo vinculado al recurso que había interpuesto contra una decisión por la que se le denegaba el derecho de residencia y fue autorizado con carácter provisional, a la espera de la solución del litigio, a residir en el Estado miembro de que se trata y a ejercer en él un empleo.
23 Del mismo modo, en la sentencia Kus, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que no cumplía tampoco dicho requisito el trabajador turco al que sólo se le reconoció un derecho de residencia a causa de una normativa nacional que permite residir en el país de acogida durante el procedimiento de concesión del permiso de residencia (apartado 18), dado que el interesado únicamente había conseguido el derecho de residir y trabajar en dicho país con carácter provisional, a la espera de una resolución definitiva sobre su derecho de residencia (apartado 13).
24 El Tribunal de Justicia estimó, en efecto, que no podían considerarse legales, a efectos del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1/80, los períodos de empleo cubiertos por el interesado en tanto no constara de modo definitivo que durante el período de que se trata el trabajador había disfrutado legalmente del derecho de residencia, so pena de privar de todo alcance a la resolución judicial que le denegase definitivamente este derecho y de haberle permitido, de este modo, causar los derechos previstos en el apartado 1 del artículo 6 durante un período en que no cumplía los requisitos del mismo (sentencia Kus, antes citada, apartado 16).
25 Pues bien, dicha interpretación debe ser válida, con mayor motivo, en una situación como la del procedimiento principal, en la que el trabajador emigrante turco obtuvo una autorización de residencia por tiempo ilimitado en el Estado miembro de acogida valiéndose de declaraciones inexactas, por lo que recayó sobre él una condena firme por fraude.
26 En efecto, los períodos de empleo cubiertos con posterioridad a la obtención de una autorización de residencia de la que disfrutó el interesado a causa de un comportamiento fraudulento que dio lugar a una condena, no pueden ser considerados legales a efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1/80, ya que el nacional turco no cumplía los requisitos para la concesión de dicha autorización, que podía, por consiguiente, ser revocada después de descubrirse el fraude.
27 En consecuencia, los períodos de empleo ejercidos por el nacional turco al amparo de una autorización de residencia obtenida en tales circunstancias no se fundan en una situación estable y debe considerarse que se ejercieron de manera provisional, dado que, durante los períodos de que se trata, el interesado no había disfrutado legalmente de un derecho de residencia.
28 Además, debe excluirse que el ejercicio de un empleo al amparo de una autorización de residencia expedida a raíz de un comportamiento fraudulento que dio lugar, como en el asunto principal, a una condena, pueda generar derechos a favor del trabajador turco o justificar una confianza legítima de éste.
29 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que el apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1/80 debe interpretarse en el sentido de que un trabajador turco no cumple el requisito de haber ocupado en el Estado miembro de acogida un empleo legal, a efectos de dicha disposición, cuando ha ejercido dicho empleo al amparo de una autorización de residencia que se le extendió gracias a un comportamiento fraudulento que dio lugar a que se le condenase.
Sobre la segunda cuestión
30 El órgano jurisdiccional remitente planteó la segunda cuestión únicamente para el supuesto de que se diera una respuesta afirmativa a la primera cuestión.
31 Habida cuenta de la respuesta negativa dada a la primera cuestión prejudicial, no procede, por consiguiente, pronunciarse sobre la segunda cuestión.
Decisión sobre las costas
Costas
32 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, español, francés y del Reino Unido, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Oberverwaltungsgericht Berlin mediante resolución de 11 de agosto de 1995, declara:
El apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación creado por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, debe interpretarse en el sentido de que un trabajador turco no cumple el requisito de haber ocupado en el Estado miembro de acogida un empleo legal, a efectos de dicha disposición, cuando ha ejercido dicho empleo al amparo de una autorización de residencia que se le extendió gracias a un comportamiento fraudulento que dio lugar a que se le condenase.
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