Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
Ayudas concedidas por los Estados - Concepto - Requisitos financieros, definidos por la autoridad pública, de la ayuda prestada, para la recaudación de las cantidades apostadas, por el organismo que gestiona las apuestas sobre las carreras de caballos en un Estado miembro al organismo correspondiente en otro Estado miembro - Falta de ventajas para el beneficiario - Exclusión
(Tratado CE, art. 92, ap. 1)
Índice
Una medida no puede ser calificada como una ayuda de Estado en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado cuando no procura ninguna ventaja a su pretendido beneficiario.
Dado que las apuestas sobre las carreras belgas no son idénticas a las efectuadas sobre las carreras francesas, la existencia de una ventaja en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado no puede ser automáticamente deducida de la diferencia de trato de que son objeto.
A este respecto el sistema de apuestas mutuas se caracteriza por el hecho de que las recaudaciones constituyen una masa común que, tras diferentes exacciones, debe distribuirse entre los apostantes ganadores de forma igualitaria, sea cual fuere el origen de las apuestas, lo que implica que la cuota de la recaudación reservada a los ganadores no puede variar en función de los Estados en que se hayan realizado las apuestas. El funcionamiento correcto de dicho sistema sólo puede, pues, garantizarse si el porcentaje de las exacciones de que puede ser objeto el importe de las recaudaciones de las apuestas sobre una carrera de caballos determinada es el del Estado en el que se disputa la carrera.
Además, puesto que el sistema de retenciones legales y fiscales para las apuestas sobre las carreras organizadas en un Estado miembro fue adoptado teniendo en cuenta las especificidades normativas y económicas de las carreras de caballos y de las apuestas mutuas en ese Estado, no puede exigirse que dicho sistema sea trasladado a las apuestas mutuas sobre las carreras celebradas en otro Estado miembro, que se organizan en un marco normativo y económico distinto.
Partes
En el asunto C-353/95 P,
Tiercé Ladbroke SA, sociedad belga, representada por los Sres. Jeremy Lever, QC, y Christopher Vajda, Barrister en Inglaterra y País de Gales, y Stephen Kon, Solicitor, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de los Mes Winandy & Err, 60, avenue Gaston Diderich,
parte recurrente,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera ampliada) el 18 de septiembre de 1995, Tiercé Ladbroke/Comisión (T-471/93, Rec. p. II-2537), por el que se solicita que se anule dicha sentencia,
y en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Eric White, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
apoyada por
República Francesa, representada por el Sr. Jean-François Dobelle, directeur adjoint en la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, la Sra. Catherine de Salins, sous-directeur de la misma Dirección, y el Sr. Jean-Marc Belorgey, chargé de mission de la misma Dirección, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
parte coadyuvante,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann, H. Ragnemalm y R. Schintgen, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (Ponente), J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch y P. Jann, Jueces;
Abogado General: Sr. G. Cosmas;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 21 de enero de 1997;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de mayo de 1997;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de noviembre de 1995, Tiercé Ladbroke SA (en lo sucesivo, «Ladbroke») interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, contra la sentencia de 18 de septiembre de 1995, Tiercé Ladbroke/ Comisión (T-471/93, Rec. p. II-2537; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas desestimó el recurso de Ladbroke dirigido a la anulación de la decisión de la Comisión contenida en su escrito de 18 de enero de 1993 por la que ésta desestimó una denuncia (IV/34.013) de Ladbroke basada en los artículos 92 y 93 del Tratado CEE (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).
2 Se deduce de la sentencia recurrida que, el 18 de marzo de 1991, el Pari mutuel urbain francés (en lo sucesivo, «PMU») agrupación de interés económico, integrada por las principales sociedades de carreras en Francia, que se ocupa en exclusiva de la organización en Francia de las apuestas fuera del hipódromo, de la admisión de apuestas del extranjero sobre carreras organizadas en Francia, de las apuestas admitidas en Francia sobre las carreras de caballos organizadas en el extranjero, así como el Pari mutuel unifié belga, asociación sin fines de lucro, y la SC auxiliaire PMU belga, cooperativa que actúa como auxiliar de la primera (en lo sucesivo, denominadas conjuntamente «PMU belga»), constituidas por las once sociedades de carreras de caballos belgas, celebraron un acuerdo conforme al cual el PMU quedaba autorizado a admitir, en nombre del PMU belga, en Francia, las apuestas sobre carreras de caballos belgas (en lo sucesivo, «acuerdo controvertido») (apartados 1 a 3 de la sentencia recurrida).
3 El acuerdo controvertido fue celebrado en el marco de la legislación francesa, especialmente la Ley de Presupuestos nº 64-1279, de 23 de diciembre de 1964, para el año 1965 (en lo sucesivo, «Ley nº 64-1279»). Dicha Ley establece en el apartado 3 del artículo 15 que, las empresas de carreras hípicas autorizadas a organizar las apuestas mutuas fuera del hipódromo pueden ser habilitadas para admitir apuestas realizadas en Francia sobre carreras extranjeras, en la medida en que las apuestas registradas se centralicen e incorporen al reparto en relación directa con el o los organismos encargados de gestionar las apuestas mutuas en el país de que se trate. Según esta misma disposición, las apuestas admitidas quedan sujetas a las exacciones legales y fiscales en vigor en el país en que se celebre la carrera, repartiéndose el producto de dichas exacciones entre el país en que se admitan las apuestas y aquel en el que se dispute la carrera. El reparto efectuado puede incluir una parte especial reservada a los gastos de gestión (apartado 4 de la sentencia recurrida).
4 Por otra parte, el Decreto nº 91-118, de 31 de enero de 1991, relativo a la admisión de apuestas por parte del PMU sobre las carreras de caballos celebradas en Bélgica (en lo sucesivo, «Decreto nº 91-118»), dispone que, de la parte que no rebase los 50 millones de FF de recaudación anual sobre las carreras celebradas en Bélgica, el PMU abonará mensualmente los ingresos obtenidos mediante el impuesto del timbre a los Presupuestos Generales y el 0,876 % de la cantidad recaudada al Fonds national des haras et des activités hippiques. Según este mismo Decreto, de la parte comprendida entre los 50 y los 75 millones de FF de recaudación anual, además de los mencionados pagos, un tercio de los ingresos obtenidos mediante una exacción complementaria progresiva (en lo sucesivo, «ECP») sobre los beneficios se destina a los Presupuestos Generales y el 0,181 % de la cantidad recaudada, al Fonds national des haras et des activités hippiques. De la parte comprendida entre los 75 y los 100 millones de FF de recaudación anual, además de los mencionados pagos, los dos tercios de la ECP sobre los beneficios se destinan a los Presupuestos Generales y el 0,362 % de la cantidad recaudada, al Fonds national des haras et des activités hippiques. Por último, de la parte que exceda de 100 millones de FF de recaudación anual, además de los mencionados pagos, la totalidad de los ingresos de la ECP sobre los beneficios se destina a los Presupuestos Generales y el 0,543 % de la cantidad recaudada, al Fonds national des haras et des activitités hippiques (apartado 5 de la sentencia recurrida).
5 En Francia, los tipos acumulados de las distintas exacciones legales y fiscales de que puede ser objeto el importe de la recaudación de las apuestas sobre las carreras de caballos no pueden superar el 30 %, mientras que en Bélgica estas exacciones sobre el producto de las apuestas efectuadas sobre las carreras de caballos pueden llegar, por el contrario, al 35 % como máximo, como resulta de la letra d) del apartado 2 del artículo 44 del Real Decreto de 8 de julio de 1970, por el que se establece el Reglamento General de los tributos asimilados a los Impuestos sobre la Renta (apartados 6 y 7 la sentencia recurrida).
6 En este marco legislativo, el acuerdo controvertido estableció que la exacción sobre el producto de las apuestas admitidas en Francia sobre las carreras de caballos belgas, al tipo del 35 % según las mencionadas legislaciones francesa y belga, consideradas conjuntamente, debe repartirse con arreglo a un sistema que tenga en cuenta el importe del volumen de negocios obtenido. A tal efecto, el acuerdo controvertido establece cuatro tramos. El primer tramo está constituido por un volumen de negocios inferior a 50 millones de FF; los perceptores franceses del sector público reciben el 6,386 % de la exacción y la parte belga, el 23,114 %. El segundo tramo está constituido por el volumen de negocios comprendido entre 50 y 75 millones de FF; la parte francesa se eleva al 10,817 % y la parte belga desciende al 16,183 %. El tercer tramo está constituido por un volumen de negocios comprendido entre 75 y 100 millones de FF; la parte francesa asciende al 15,238 % y la parte belga, al 9,762 %. Por último, para un volumen de negocios superior a 100 millones de FF, la parte belga desciende al 5,602 % y la francesa asciende al 19,169 %(apartado 8 de la sentencia recurrida).
7 El 12 de julio de 1991, Ladbroke, cuya actividad consiste en la admisión en Bélgica de las apuestas efectuadas según el sistema de cotización sobre las carreras de caballos disputadas en el extranjero, presentó ante la Comisión una denuncia contra el PMU, el PMU belga y la República Francesa, con arreglo, en particular, a los artículos 92 y 93 del Tratado. En dicha denuncia solicitaba a la Comisión que declarase que el acuerdo controvertido tenía por efecto la concesión, por parte de Francia al PMU belga, de una ayuda estatal ilegal, no notificada (apartado 9 de la sentencia recurrida).
8 A este respecto, Ladbroke subrayó en su denuncia que las apuestas admitidas en Francia, conforme al acuerdo controvertido, se recogen y gestionan de la misma manera que las apuestas sobre las carreras francesas, que forman parte del sistema francés y están centralizadas según el sistema de apuestas mutuas del PMU con los medios y la tecnología de este último. Transferida a continuación del sistema francés al sistema belga de apuestas mutuas, la recaudación de las apuestas sobre las carreras belgas admitidas en Francia está sujeta a una exacción del 35 %, conforme a la legislación belga. De dicha exacción del 35 %, un importe correspondiente al 26 % queda en manos del PMU belga y se devuelve al sistema francés el 9 % restante, del cual cerca de un 4 % está destinado al Estado francés y el 5 %, aproximadamente, a las sociedades de carreras francesas. Por el contrario, por lo que respecta a las recaudaciones sobre las carreras francesas obtenidas en Francia, de la exacción de alrededor del 30 %, cerca de un 18 % se destina a la República Francesa y un 10 %, a las sociedades de carreras (apartado 10 de la sentencia recurrida).
9 Ladbroke alegó, pues, en su denuncia que el hecho de que la República Francesa, el PMU y las sociedades de carreras francesas retengan solamente el 9 % de la exacción sobre la recaudación de las apuestas sobre las carreras belgas y no el 28 %, como sucede con la exacción sobre la recaudación de las apuestas sobre las carreras francesas, es un trato fiscal que, al implicar una carga para la República Francesa y una ganancia para su beneficiario, el PMU belga, constituye una ayuda de Estado ilegal en favor de este último (apartado 11 de la sentencia recurrida).
10 Mediante la decisión controvertida, la Comisión desestimó la denuncia de Ladbroke, relativa a la supuesta concesión de una ayuda de Estado ilegal, por los siguientes motivos:
- La exacción sobre la recaudación de las apuestas sobre las carreras de caballos no puede ser calificada como tributo, puesto que, a su vez, está sujeta a retenciones públicas de naturaleza fiscal y tanto en Francia, como en Bélgica, varía en función de diversos factores (apartado 14 de la sentencia recurrida);
- tras la deducción de las contribuciones «exclusivamente francesas», que representan aproximadamente el 5 %, la retención pública francesa del 18 %, aplicable a la exacción del 30 % que grava la recaudación de las apuestas sobre las carreras francesas, quedaría reducida a menos del 13 % y se acercaría a la retención pública francesa del 6,4 % que grava actualmente la exacción del 35 % practicada sobre la recaudación de las apuestas admitidas en Francia sobre las carreras belgas (apartado 15 de la sentencia recurrida);
- la parte de la exacción que corresponde al PMU belga es, porcentualmente, casi la misma, tanto si el lugar de recepción de la apuesta se encuentra en Francia como si se encuentra en Bélgica (apartado 16 de la sentencia recurrida);
- el acuerdo controvertido, considerado en su conjunto, sólo parece ventajoso para el PMU belga en su fase inicial, debido a la disminución de la parte de este último sobre la exacción que grava los tramos del volumen de negocios de cuantía más elevada (apartado 17 de la sentencia recurrida).
11 No obstante, para poder tener en cuenta cualquier hecho nuevo y la posibilidad de que, en los años venideros, el acuerdo no se aplique más allá de la fase inicial, la Comisión, en su decisión, se reservó el derecho de examinar nuevamente el acuerdo al cabo de un período de cuatro años y pidió a las autoridades francesas que le presentaran un informe anual sobre la aplicación del acuerdo controvertido.
12 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó, en los apartados 58 a 63, el recurso interpuesto contra la decisión impugnada, estimando esencialmente, que la Comisión, al concluir que no existía ventaja que constituyera una ayuda de Estado a favor del PMU belga, pudo basarse en una comparación entre el porcentaje de los ingresos obtenidos por el PMU belga en Francia y en Bélgica.
13 Sin embargo, en el apartado 68, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, la motivación de la decisión impugnada no ha podido disipar, en lo que atañe a Ladbroke, todo equívoco acerca del fundamento de la negativa de la Comisión a admitir la existencia de una ventaja económica a favor del PMU belga y de la desestimación de su denuncia, de modo que debe considerarse que la Comisión contribuyó, en parte, a la interposición del recurso en primera instancia. Por consiguiente, resolvió que cada parte, incluso la República Francesa, parte coadyuvante, abonare sus propias costas.
14 Durante la vista, el Gobierno francés informó al Tribunal de Justicia que el 1 de octubre de 1996, había cesado la aplicación del acuerdo controvertido, esencialmente, porque las recaudaciones eran insuficientes.
15 Para una más amplia exposición de los hechos que dieron origen al litigio, este Tribunal de Justicia se remite a los apartados 1 a 18 de la sentencia recurrida.
16 En su recurso de casación, Ladbroke solicita al Tribunal de Justicia que:
- Estime el recurso de casación y anule la sentencia recurrida.
- Anule la decisión controvertida.
- Condene a la Comisión al pago de las costas de la parte recurrente en el procedimiento seguido tanto ante el Tribunal de Primera Instancia como ante el Tribunal de Justicia.
17 La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a Ladbroke.
18 La República Francesa solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación.
19 En apoyo de su recurso de casación, Ladbroke invoca un error de Derecho, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia omitió tratar expresamente la argumentación formulada por ella, sobre las razones por las que el acuerdo controvertido constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 92 del Tratado, al considerar, erróneamente, que dicho acuerdo no aportaba ninguna ventaja al PMU belga.
20 Las cuatro partes de este motivo se refieren al razonamiento del Tribunal de Primera Instancia contenido, sucesivamente, en los apartados 58, 59, 60 y 62 de la sentencia recurrida.
21 Ladbroke critica en primer lugar el razonamiento contenido en el apartado 58 de la sentencia recurrida, en el cual el Tribunal de Primera Instancia consideró, esencialmente, que la apertura del mercado francés de admisión de apuestas sobre las carreras de caballos que permitía al PMU belga acceder, a través del PMU francés, a los apostantes franceses, constituye una decisión adoptada por el legislador francés que, en sí, no puede ser impugnada con arreglo al apartado 1 del artículo 92 del Tratado, por la mera razón de que la aplicación del acuerdo controvertido pueda tener el efecto de incrementar los ingresos del PMU belga.
22 Aun reconociendo que la autorización dada por un Estado miembro a una empresa de otro Estado miembro para acceder a su mercado nacional no constituye, por sí misma, una ayuda de Estado, Ladbroke estima que no sucede lo mismo cuando los ingresos que esta empresa obtiene de la apertura del mercado proceden directamente de dicho Estado miembro o resultan de una transferencia de fondos ordenada por el Estado. En estos casos, habría que suponer que dichos ingresos constituyen ayudas concedidas por el Estado o mediante fondos estatales, en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, salvo que se demuestre que estos ingresos constituyen un pago normal de servicios prestados por la empresa extranjera, bien al Estado, bien al cedente de los fondos.
23 Según Ladbroke, el Tribunal de Primera Instancia hubiera debido analizar, por lo tanto, si los ingresos franceses del PMU belga procedían, como ella había sostenido, del Estado o de fondos estatales a través de una exacción obligatoria prescrita por las normas del Derecho público francés y por un sistema de transferencia de fondos ordenado por la República Francesa. En caso de respuesta afirmativa, el Tribunal de Primera Instancia hubiera debido examinar seguidamente que parte de dichos ingresos podía ser considerada como una contrapartida razonable de los servicios prestados por el PMU belga al PMU.
24 A este respecto, procede recordar que el artículo 92 del Tratado dispone: «Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.»
25 Por lo tanto, para que exista ayuda de Estado en el sentido de dicha disposición, debe existir, por una parte, una ayuda que favorezca a determinadas empresas o a determinados productos y, por otra, que dicha ventaja sea otorgada por el Estado o mediante fondos estatales.
26 De ello se deduce que, en la medida en que la motivación de la decisión impugnada relativa a la inexistencia de una ventaja a favor del PMU belga era correcta, el Tribunal de Primera Instancia estimó acertadamente que este único motivo bastaba para fundar la desestimación de la denuncia, sin que fuera necesario que el Tribunal de Primera Instancia examinase la argumentación de Ladbroke, según la cual, los ingresos franceses del PMU belga proceden de una exacción obligatoria prescrita por las normas del Derecho público francés.
27 Por consiguiente, procede examinar si el Tribunal de Primera Instancia confirmó conforme a Derecho la motivación de la decisión impugnada relativa a la inexistencia de un trato de favor al PMU belga.
28 A este respecto, Ladbroke se opone al razonamiento contenido en los apartados 59 a 63 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal de Primera Instancia no confirmó la motivación de la decisión impugnada, según la cual, el PMU belga no había sido favorecido, porque los ingresos que este último percibía, con arreglo al acuerdo controvertido, sobre las apuestas admitidas en Francia eran porcentualmente equivalentes a los ingresos que obtendría si él mismo se hubiera encargado, directamente de la admisión de las apuestas sobre las carreras belgas en Bélgica.
29 El Tribunal de Primera Instancia afirmó, en los apartados 60 y 62 de la sentencia recurrida, que la comparación entre los porcentajes de los ingresos obtenidos por el PMU belga en Francia y en Bélgica de las apuestas sobre las carreras belgas constituía el criterio apropiado para determinar si el PMU belga ha disfrutado o no de una ventaja en el sentido del artículo 92, habida cuenta de que, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley nº 64-1279, por regla general, las apuestas sobre las carreras hípicas disputadas en el extranjero están sujetas a las exacciones legales y fiscales en vigor en el país donde dichas carreras son organizadas. Según el Tribunal de Primera Instancia, el trato otorgado en Francia a la exacción que grava las apuestas sobre las carreras belgas, que tiene por resultado atribuir al PMU belga una parte de dicha exacción comparable a la que le correspondería con arreglo a las retenciones legales y fiscales belgas, no constituye por tanto una medida de excepción respecto al sistema del régimen general, sino que, por el contrario, es conforme con dicho régimen.
30 Por el contrario, Ladbroke pretende que la comparación hubiera debido realizarse entre las exacciones sobre la recaudación de las apuestas admitidas en Francia sobre las carreras no francesas y las practicadas sobre la recaudación de las apuestas admitidas en Francia sobre las carreras francesas. En efecto, si un Estado miembro reivindica su autoridad frente a una actividad económica particular (ya sea en forma fiscal, ya sea mediante el establecimiento de exacciones), debería otorgar el mismo trato al conjunto de dicha actividad económica. Por lo tanto, el sistema general de establecimiento de retenciones legales y fiscales aplicable a la admisión de apuestas en Francia debería ser, en contra de lo que ha estimado el Tribunal de Primera Instancia, el establecido para la admisión de apuestas en Francia y no el establecido mediante las disposiciones del apartado 3 del artículo 15 de la Ley nº 64-1279 que, además, favorece exclusivamente al PMU belga.
31 Bien es verdad que la mera comparación entre los ingresos del PMU belga en Francia y los que habría obtenido si las mismas apuestas se hubiesen admitido en Bélgica no puede ser considerado como suficiente para negar existencia de un trato de favor al PMU belga.
32 No obstante, en los apartados 61 a 63 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia examinó el argumento de Ladbroke, según el cual, la exacción sobre las carreras belgas debería recibir el mismo trato que la exacción sobre la recaudación de las apuestas sobre las carreras francesas que corresponde al PMU.
33 Ahora bien, el razonamiento de Ladbroke no deja de lado la especificidad de las apuestas sobre las carreras belgas y lo que las diferencia de las apuestas sobre las carreras francesas. Puesto que las dos categorías de apuestas no son idénticas, la existencia de una ventaja en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado no puede ser automáticamente deducida de la diferencia de trato de que son objeto.
34 A este respecto, procede observar en primer lugar que el sistema de apuestas mutuas se caracteriza por el hecho de que las recaudaciones constituyen una masa común que, tras diferentes exacciones, debe distribuirse entre los apostantes ganadores de forma igualitaria, sea cual fuere el origen de las apuestas, lo que implica que la cuota de la recaudación reservada a los ganadores no puede variar en función de los Estados en que se hayan realizado las apuestas. El funcionamiento correcto de dicho sistema sólo puede, pues, garantizarse si el porcentaje de las exacciones de que puede ser objeto el importe de las recaudaciones de las apuestas sobre una carrera de caballos determinada es el del Estado en el que se disputa la carrera.
35 Seguidamente, es preciso señalar que el sistema de retenciones legales y fiscales para las apuestas sobre las carreras francesas fue adoptado teniendo en cuenta las especificidades normativas y económicas de las carreras de caballos y de las apuestas mutuas en Francia. No puede exigirse que dicho sistema sea trasladado a las apuestas mutuas sobre las carreras belgas, que se organizan en un marco normativo y económico distinto. Por otra parte, habida cuenta de que los porcentajes de exacción son diferentes en Francia y en Bélgica y que la aplicación de los porcentajes belgas a las apuestas realizadas en Francia se justifica por las razones relativas a la lógica del sistema de apuestas mutuas, que se mencionan en el apartado 34 de la presente sentencia, el reparto de dicha exacción entre los diferentes perceptores no puede, de todas formas, realizarse exactamente sobre la misma base en ambos casos.
36 En estas circunstancias, no puede reprocharse al legislador francés haber dado en Francia un trato diferente a las apuestas sobre las carreras francesas que a las realizadas sobre las carreras extranjeras, estableciendo, mediante las disposiciones del apartado 3 del artículo 15 de la Ley nº 64-1279, que las apuestas sobre las carreras de caballos disputadas en el extranjero queden sujetas a las retenciones legales y fiscales en vigor en el país donde dichas carreras son organizadas.
37 Por ello, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, concluyó conforme a Derecho que no puede acogerse la tesis de Ladbroke según la cual el trato que recibe en Francia la recaudación sobre las carreras belgas, que dio lugar a la ventaja denunciada a favor del PMU belga, debería seguir las mismas pautas que el trato aplicado a la exacción que corresponde al PMU.
38 Por lo demás, esta afirmación no queda desvirtuada por el hecho de que, hasta el presente, el sistema general para las apuestas sobre las carreras de caballos en el extranjero sólo se haya aplicado a las apuestas sobre las carreras de caballos organizadas en Bélgica. Procede destacar a este respecto que el apartado 3 del artículo 15 de la Ley nº 64-1279, que establece que las sociedades de carreras hípicas autorizadas a organizar apuestas mutuas fuera de los hipódromos pueden ser habilitadas para admitir las apuestas realizadas en Francia sobre carreras extranjeras, existía mucho antes de la adopción del Decreto nº 91-118, así como del acuerdo controvertido, y que estos últimos siguen el sistema general instaurado por dicha disposición.
39 En vista de cuanto antecede, debe desestimarse el recurso de casación.
Decisión sobre las costas
Costas
40 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por Ladbroke, procede condenarla en costas.
41 Con arreglo al apartado 5 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros que intervengan en el litigio soportarán sus propias costas. Por lo tanto, la República Francesa soportará sus propias costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:
1) Desestimar el recurso de casación.
2) Condenar en costas a Tiercé Ladbroke SA.
3) La República Francesa soportará sus propias costas.
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