Conclusiones del abogado general
1 En el presente asunto el Verwaltungsgerichtshof (Austria) nos plantea dos cuestiones prejudiciales. Mediante la primera, el órgano jurisdiccional remitente pretende obtener una interpretación de las disposiciones comunitarias relativas a la libre prestación de servicios con relación a una prohibición hecha a una sociedad austriaca de arrendar, por encima de un determinado contingente, puestos de atraque a propietarios de embarcaciones residentes fuera de Austria. Con la segunda cuestión se plantea si el principio de primacía del Derecho comunitario también se aplica a una resolución administrativa individual.
El marco del litigio principal
2 La Landschaftsschutzgesetz (Ley sobre la protección del paisaje) del Land Vorarlberg prevé en la frase primera del apartado 1 del artículo 4 que está prohibida toda alteración del paisaje en la zona de los lagos y en una zona ribereña de 500 metros de anchura, calculada sobre la base del nivel medio del agua.
3 De conformidad con el apartado 2 de dicha disposición la autoridad administrativa puede autorizar excepciones a lo dispuesto en el apartado 1 siempre que tales alteraciones no sean contrarias a los intereses de la protección de los paisajes y, en especial, no dificulten la vista sobre los lagos o cuando dichas modificaciones sean necesarias por motivos de seguridad pública.
4 La sociedad ABC-Charter Gesellschaft mbH arrendó algunos terrenos situados en la orilla del lago Constanza en los que se le permitió establecer 200 puestos de atraque para embarcaciones.
5 Como consecuencia de una inspección de dicha sociedad, la Bezirkshauptmannschaft Bregenz (autoridad administrativa de primera instancia del Land Vorarlberg) le dirigió, el 9 de agosto de 1990, un «Bescheid», es decir, una resolución administrativa individual, cuyo punto 2 dispone:
«A partir del 1 de enero de 1996, podrán fondear en el puerto como máximo 60 barcos cuyos propietarios residan en el extranjero. Hasta entonces, la proporción de embarcaciones que sean propiedad de residentes en el extranjero deberá disminuir de forma continuada. La nueva concesión de puestos de atraque a propietarios de embarcaciones residentes en el extranjero y la prórroga de los contratos de arrendamiento que hayan finalizado con dichos propietarios no se autorizarán hasta que no se alcance el contingente máximo fijado para extranjeros. Antes del comienzo de cada temporada de navegación la sociedad deberá presentar a la autoridad administrativa por su propia iniciativa una lista exacta de los puestos de atraque concedidos a personas residentes en el extranjero. La eficacia de la presente resolución cesará el 31 de diciembre de 1999. A partir de ese momento la resolución originaria en materia de protección de paisajes produce nuevamente todos sus efectos.»
6 Mediante resolución de 10 de julio de 1996, el Unabhängiger Verwaltungssenat [Cámara administrativa independiente] del Land Vorarlberg declaró que el Sr. Ciola, como gerente de la sociedad ABC-Boots-Charter Gesellschaft mbH y de la sociedad ABC-Bootswerft Gesellschaft mbH, era culpable de haber «concedido», el 25 de enero de 1995 y el 12 de mayo de 1995, puestos de atraque a dos propietarios de embarcaciones residentes en el extranjero, a saber, en el Principado de Liechtenstein y en la República Federal de Alemania, siendo así que se había rebasado el contingente máximo extranjero de 60 embarcaciones cuyos propietarios residen en el extranjero. Por cada una de dichas infracciones se le impuso una multa de 75.000 ÖS.
7 El Sr. Ciola no respetó, por tanto, las condiciones fijadas en el punto 2 de la resolución de 9 de agosto de 1990 y, de esta forma, cometió una infracción administrativa en el sentido de la letra f) del apartado 1 del artículo 34 de la Landschaftsschutzgesetz según el cual comete una infracción administrativa toda persona que no respeta las medidas que figuran en las resoluciones adoptadas en virtud de dicha Ley.
8 El Verwaltungsgerichtshof, llamado a conocer del recurso interpuesto por el Sr. Ciola contra dichas resoluciones, estima que «se plantean cuestiones de interpretación del Derecho comunitario en el sentido del artículo 177 del Tratado CE para poder emitir un fallo en el asunto» y presentó al Tribunal de Justicia las dos cuestiones siguientes:
«1) ¿Las disposiciones sobre libre prestación de servicios deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro prohíba, bajo pena de sanciones penales, a quien explota un embarcadero de recreo alquilar puestos de atraque a propietarios de embarcaciones residentes en otro Estado miembro por encima de un determinado contingente?
2) ¿El Derecho comunitario, en particular las disposiciones sobre libre prestación de servicios en relación con el artículo 5 del Tratado CE y el artículo 2 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (DO 1994, C 241, p. 21; DO 1995, L 1, p. 1), confiere al prestador del servicio mencionado en la primera cuestión, que reside en Austria, el derecho a sostener que la prohibición impuesta, en el sentido de la primera cuestión, mediante una resolución administrativa (Bescheid) individual y concreta, adoptada en 1990, no debe ser aplicada en las resoluciones que adopten los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas austriacas a partir del 1 de enero de 1995?»
Sobre la primera cuestión
9 El Verwaltungsgerichtshof pretende que se dilucide si las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre prestación de servicios se oponen a que, en el marco de un contingente global, se pueda limitar el número de puestos de atraque que pueden arrendarse a propietarios de embarcaciones que residen en otro Estado miembro.
10 Por las razones que, en gran parte, ya fueron expuestas por el órgano jurisdiccional remitente, esta cuestión debe recibir una respuesta positiva.
Sobre la aplicabilidad del artículo 59 del Tratado CE
11 El Verwaltungsgerichtshof señala fundadamente que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 59 del Tratado «no sólo comprende las restricciones establecidas por el Estado de acogida, sino también las establecidas por el Estado de origen. El derecho a la libre prestación de servicios puede ser invocado por una empresa con respecto al Estado en el que esté establecida, siempre que los servicios se presten a destinatarios establecidos en otro Estado miembro (sentencia de 10 de mayo de 1995, Alpine Investments, C-384/93, Rec. p. I-1141, apartado 30)».
12 En segundo lugar, resulta de la sentencia Luisi y Carbone (1) -que también menciona el órgano jurisdiccional remitente- y de la sentencia Cowan (2) «que la libertad de prestación de servicios incluye la libertad de los destinatarios de desplazarse a otro Estado miembro para beneficiarse en él de un servicio, sin verse estorbados por restricciones, y [...] que, en particular, los turistas deben ser considerados destinatarios de servicios».
13 Me parece, además, que en el presente asunto, en realidad, nos encontramos en presencia de una prestación de servicios con un doble elemento transfronterizo.
14 Por una parte, la sociedad del Sr. Ciola presta, a través de un contrato de arrendamiento transfronterizo, un servicio a un propietario de embarcación residente en otro Estado miembro al poner a su disposición, durante el período de duración del contrato, un puesto de atraque para su barco. Se puede afirmar, por tanto, que ese servicio «cruza la frontera» durante todo el año.
15 Por otra parte, el propio propietario cruza la frontera austriaca, una o varias veces al año, para disfrutar de la ventaja concreta que se deriva de dicho contrato de arrendamiento, a saber, el hecho de no tener que remolcar su embarcación cada vez desde su lugar de residencia hasta el lago Constanza. En esos momentos, también es el destinatario del servicio quien cruza la frontera para beneficiarse de una prestación.
16 El arrendamiento de puestos de atraque a propietarios de embarcaciones establecidos en otro Estado constituye, en consecuencia, una prestación de servicios en el sentido del artículo 59 del Tratado. Esto, además, fue admitido en la vista por el Land Vorarlberg.
Sobre la procedencia de una medida de este tipo
17 El Land Vorarlberg niega, no obstante, que la restricción que se deriva del contingente de 60 plazas deba considerarse discriminatoria.
18 El Land señala, de entrada, que es un error que la resolución controvertida haya utilizado la expresión «contingente extranjero», porque la restricción no se refiere a la nacionalidad de los propietarios de embarcaciones sino a su residencia.
19 No se trata tampoco de una discriminación indirecta porque la restricción afecta igualmente a los ciudadanos austriacos residentes en otro Estado miembro.
20 A este respecto, no obstante, procede señalar que el Tribunal de Justicia ya declaró, en particular, en las sentencias Schumacker (3) y Clean Car Autoservice, (4) que «una disposición nacional que establece una distinción basada en el criterio de la residencia implica el riesgo de producir efectos principalmente en perjuicio de los nacionales de otros Estados miembros. En efecto, los no residentes son con mayor frecuencia no nacionales».
21 La limitación de los puestos de atraque que pueden atribuirse a los no residentes constituye, por tanto, una discriminación indirecta prohibida por el artículo 59 del Tratado.
22 En la vista ante el Tribunal de Justicia, el Land Vorarlberg sostuvo, no obstante, que la restricción controvertida estaba justificada objetivamente por exigencias imperiosas de interés general. Si no existiera dicha restricción, los propietarios de embarcaciones residentes en los otros Estados miembros, dispuestos a pagar arrendamientos más altos, podrían, en efecto, alquilar la mayoría de los puestos de atraque. No quedarían suficientes puestos para los habitantes de la región, y se ejercerían, por tanto, muy fuertes presiones sobre las autoridades del Land para que aumentasen el límite total de 200 plazas. Pues bien, esto tendría consecuencias negativas para el paisaje y la calidad del agua del lago de Constanza, que sirve de reserva de agua potable a más de 4 millones de personas.
23 El hecho de que una medida como la controvertida en el procedimiento principal no sea aplicable indistintamente a todas las prestaciones de servicios, cualquiera que sea su origen o destino, impide que uno se plantee la posible existencia de razones imperiosas de interés general que puedan justificarla. (5)
24 Una medida de este tipo sólo puede justificarse sobre la base de una excepción expresa del propio Tratado (en este caso, del artículo 56) o de un Acta de adhesión.
25 A este respecto procede señalar que la preocupación por limitar la afluencia de «extranjeros» fue tenida en cuenta, en el pasado, por el Derecho comunitario, a saber, por lo que se refiere a las residencias secundarias. No obstante, esto fue siempre objeto de una disposición expresa que establecía una excepción.
26 Así, el Protocolo (n_ 1) relativo a determinadas disposiciones sobre adquisición de bienes inmuebles en Dinamarca prevé que «no obstante lo dispuesto en el Tratado, Dinamarca podrá mantener la legislación vigente sobre la adquisición de bienes inmuebles distintos de las viviendas de residencia permanente».
27 El Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión Europea prevé en su artículo 70 que «sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los Tratados en los que se basa la Unión Europea, la República de Austria podrá mantener su legislación vigente sobre residencias secundarias durante un período de cinco años a partir de la fecha de la adhesión». (6)
28 A falta de una disposición expresa que establezca una excepción del tipo del artículo 70, citado anteriormente, o de la posibilidad de invocar una razón de orden público, seguridad o salud públicas (artículo 56 del Tratado), no es posible eludir la aplicación de la norma general establecida por el Tribunal de Justicia según la cual el artículo 59 del Tratado exige no sólo la eliminación de toda discriminación ejercida contra el prestador o el destinatario de servicios en razón de su nacionalidad, sino también por el hecho de que esté establecido en un Estado miembro distinto de aquel en que deba ejecutarse la prestación.
29 La cuestión de si el Land Vorarlberg podría, eventualmente, establecer otro criterio que fuera compatible con el Derecho comunitario para hacer frente a la presión que menciona en favor del aumento del límite total de 200 puestos de atraque no es objeto de la resolución de remisión y no debe, en consecuencia, examinarse en el marco de las presentes conclusiones.
30 En respuesta a la primera cuestión, procede, por tanto, concluir que el artículo 59 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro prohíba a quien explota un embarcadero de recreo, bajo pena de sanciones penales, alquilar puestos de atraque por encima de un determinado contingente a propietarios de embarcaciones residentes en otro Estado miembro.
Sobre la segunda cuestión
31 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende, en esencia, conocer las consecuencias que se derivarían de una respuesta afirmativa a la primera cuestión en el caso concreto en que «el carácter punible del comportamiento reprochado al demandante no se basa [...] en la infracción de una norma general, sino en el incumplimiento de una restricción impuesta a una sociedad, cuyo gerente es el demandante, mediante resoluciones administrativas individuales y concretas (Bescheid). No existe una norma general y abstracta conforme a la cual la prestación de servicios ofertada por la sociedad sólo pueda realizarse para destinatarios residentes en otros Estados miembros de forma limitada».
32 El Verwaltungsgerichtshof recuerda, a estos efectos, que «desde la sentencia Costa/ENEL (7) el Tribunal de Justicia considera que al Derecho creado por el Tratado no se le puede oponer una norma interna, cualquiera que sea ésta» y que «en la sentencia Simmenthal, (8) el Tribunal de Justicia declaró, entre otras cosas, que el Juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, está obligado a garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede, inaplicadas, por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación nacional.»
33 El órgano jurisdiccional a quo nos indica, además, que, por lo que sabe, «esta doctrina fue aplicada hasta el momento a situaciones en que era objeto de litigio la aplicación de normas generales y abstractas del Derecho nacional. En el presente caso, la decisión depende, no obstante, de si los órganos jurisdiccionales y las autoridades austriacos deben dejar inaplicada una resolución administrativa individual y concreta firme, adoptada en 1990, cuando aprecian el carácter punible de un comportamiento del demandante realizado en 1995».
34 El Verwaltungsgerichtshof añade que, «si la resolución adoptada en 1990 no debiera ser aplicada para apreciar la legalidad del comportamiento del demandante al concluir contratos de arrendamiento en 1995 con personas que estaban (entre otras cosas) establecidas en un Estado miembro, no se habría realizado el elemento constitutivo de la infracción administrativa».
35 Para el Gobierno austriaco la cuestión es «si la primacía del Derecho comunitario debe afirmarse también respecto a resoluciones individuales y concretas de autoridades administrativas» y sería necesario, en consecuencia, «determinar si el Derecho comunitario puede influir sobre las normas relativas a la fuerza ejecutiva de los actos administrativos».
36 La argumentación austriaca pretende convencernos de que no existe «ninguna razón para trasladar, sin examen y sin límites, la jurisprudencia sobre la supremacía del Derecho comunitario, desarrollada en el contexto de la normas generales (leyes, reglamentos), a los actos administrativos individuales y concretos (Bescheide)». Con este propósito, la República de Austria invoca, en especial, la jurisprudencia relativa a lo que se ha venido a denominar «autonomía procesal de los Estados miembros» (9) y, más especialmente, la sentencia Rewe (10) de la que se desprende que, a falta de medidas de armonización de las modalidades procesales, los derechos conferidos por el Derecho comunitario deben ejercitarse ante los órganos jurisdiccionales nacionales según las modalidades establecidas por la norma nacional y que sólo podría ser de otro modo si estas modalidades y plazos hicieran imposible en la práctica el ejercicio de derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar. El Tribunal de Justicia concluyó, y el Gobierno austriaco lo destaca, que la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir no impide el ejercicio de estos derechos.
37 La institución de la fuerza ejecutiva que impide al Verwaltungsgerichtshof anular la resolución por ilegalidad, nos explica además el Gobierno austriaco, garantiza la seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima de las diversas partes en conflicto y, por tanto, «los principios de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima y protección de los derechos adquiridos regularmente deben valorarse en el caso concreto en relación con el interés del respeto al principio de no discriminación consagrado por las normas comunitarias».
38 Para el Gobierno austriaco, parece, por tanto, que se trata de un problema de legitimidad de un plazo de recurso que el demandante en el proceso principal habría dejado vencer, de forma que no tendría, en consecuencia, derecho a impugnar la resolución de 1990, dado que ahora es ejecutiva.
39 No puedo compartir el análisis de la República de Austria sobre la naturaleza de los problemas jurídicos que plantea este asunto.
40 Ante el órgano jurisdiccional nacional, no se debate, en mi opinión, una pretensión de anulación por ilegalidad, dirigida contra la resolución de 1990, que habría precluido por vencimiento de un plazo cuya compatibilidad con el Derecho comunitario sería el objeto de la cuestión prejudicial, sino la cuestión de si el órgano jurisdiccional nacional debe dejar inaplicada dicha resolución en el caso concreto.
41 Tampoco consigo encontrar, en el asunto del procedimiento principal, un posible problema vinculado a la seguridad jurídica, a la protección de la confianza legítima o de los derechos adquiridos regularmente, como expone el Gobierno austriaco. En efecto, si el órgano jurisdiccional que conoce del recurso anulase la condena del Sr. Ciola y si la sociedad de que se trata pudiera, con arreglo al artículo 59 del Tratado, arrendar puestos de atraque con tanta libertad a los propietarios de embarcaciones residentes en otro Estado miembro como a los propietarios de embarcaciones residentes en Austria, ello no implica eo ipso la resolución de los contratos existentes con los propietarios de embarcaciones residentes en Austria. Por otro lado, no veo de qué forma esto podría vulnerar los derechos de terceros o su confianza legítima.
42 De todas formas, la fuerza ejecutiva de los actos administrativos no parece ser absoluta ya que, nos dice el Gobierno austriaco, «el demandante en el procedimiento principal tenía y tiene aún la posibilidad de solicitar a la autoridad competente, según las normas procesales nacionales, una modificación de su resolución o de su tenor». En efecto, un procedimiento de este tipo está previsto en el artículo 68 de la Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (Ley General de Procedimiento Administrativo). El demandante tiene la posibilidad de invocar en este nuevo procedimiento el Derecho comunitario y, en la medida en que no obtenga lo que pretende, interponer recursos.
43 No obstante, no es necesario entrar en esas consideraciones. La segunda cuestión prejudicial plantea, en mi opinión, como único problema jurídico si el Verwaltungsgerichtshof debe, con la finalidad de apreciar la legalidad del comportamiento del demandante en el procedimiento principal, dejar inaplicada una resolución incompatible con el Derecho comunitario, a pesar del hecho de que se trata de una medida administrativa individual y concreta, y no de una norma general y abstracta.
44 Pues bien, a este respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia contiene suficientes elementos para afirmar que se impone una respuesta positiva igualmente para esta segunda cuestión.
45 Como señaló el propio órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia ya había declarado en el asunto Costa, citado anteriormente, «que al Derecho creado por el Tratado, nacido de una fuente autónoma, no se puede oponer, en razón de su específica naturaleza original una norma interna, cualquiera que sea ésta, ante los órganos jurisdiccionales, sin que al mismo tiempo aquél pierda su carácter comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica misma de la Comunidad».
46 Del mismo modo, se desprende, por una parte, de la sentencia Lück (11) que el efecto directo de una disposición del Tratado «excluye la aplicación de toda medida del ordenamiento interno incompatible con dicha norma» y, por otra parte, de la sentencia Comisión/Italia (12) que el efecto directo del Derecho comunitario implica «respecto a las autoridades nacionales competentes la prohibición de pleno derecho de aplicar una disposición nacional declarada incompatible con el Tratado».
47 Más claramente todavía, el Tribunal de Justicia declaró en el asunto del Código marítimo francés (13) que «dado que son directamente aplicables en el ordenamiento jurídico de todo Estado miembro las disposiciones del artículo 48 del Tratado y del Reglamento nº 1612/68 (14) y puesto que el Derecho comunitario tiene primacía sobre el Derecho nacional, dichas disposiciones generan en favor de los interesados derechos que las autoridades nacionales deben respetar y salvaguardar, y que, por ello, toda disposición contraria del Derecho interno deviene inaplicable frente a aquéllos».
48 Finalmente, en uno de los asuntos Rewe, (15) el Tribunal de Justicia declaró que «una autoridad nacional no puede oponer a un justiciable disposiciones legales o administrativas que no se ajusten a una obligación incondicional y suficientemente precisa de la Directiva». Pues bien, lo que rige para una obligación incondicional y suficientemente precisa de una Directiva también es aplicable, evidentemente, a una obligación incondicional y suficientemente precisa del Derecho comunitario primario, como la del artículo 59 del Tratado.
49 Se deduce de esas citas extraídas de una jurisprudencia reiterada que el Derecho comunitario tiene primacía sobre toda disposición del ordenamiento jurídico interno. También se desprende de ellas que el efecto directo en relación con la primacía del artículo 59 del Tratado obliga al órgano jurisdiccional nacional a dejar inaplicadas las prohibiciones contenidas en las disposiciones nacionales, incluidas las resoluciones administrativas individuales, incompatibles con dicho artículo.
50 Por otro lado, en el asunto Factortame y otros (16) el Tribunal de Justicia declaró que «corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud del principio de cooperación establecido por el artículo 5 del Tratado, proporcionar la protección jurídica que se deriva para los justiciables del efecto directo de las disposiciones del Derecho comunitario».
51 Además, se desprende de la sentencia Fratelli Costanzo (17) que, como el Juez nacional, una Administración, incluidas las autoridades descentralizadas, tiene la obligación de aplicar las disposiciones no sujetas a condición alguna y suficientemente precisas del Derecho comunitario y dejar inaplicadas aquellas del Derecho nacional que no son compatibles.
52 Con relación a la República de Austria, esta conclusión se impone por lo que se refiere a los hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1995, fecha de su adhesión a la Unión Europea. En efecto, el artículo 2 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión Europea (18) dispone:
«Desde el momento de la adhesión, las disposiciones de los Tratados originarios y los actos adoptados con anterioridad a la adhesión por las Instituciones obligarán a los nuevos Estados miembros y serán aplicables en dichos Estados en las condiciones previstas en dichos Tratados y en la presente Acta.»
53 En consecuencia, se puede afirmar que el artículo 59 del Tratado, al ser directamente aplicable, es una fuente inmediata de derechos a partir del 1 de enero de 1995 para la sociedad de que se trata y que, después de esta fecha, no se le puede oponer ninguna prohibición administrativa incompatible con el artículo 59.
54 Procede por tanto concluir, en respuesta a esta segunda cuestión, que el Derecho comunitario confiere a los prestadores de servicios el derecho a invocar que una prohibición, como la controvertida en el procedimiento principal, dictada mediante resolución administrativa individual y concreta, debe quedar inaplicada cuando una autoridad administrativa o un órgano jurisdiccional deba apreciar si puede ser sancionado un comportamiento posterior a la adhesión de la República de Austria.
Conclusión
55 Al final de estas reflexiones propongo responder de la siguiente forma a las dos cuestiones del Verwaltungsgerichtshof:
«1) El artículo 59 del Tratado CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro prohíba a quien explota un embarcadero de recreo, bajo pena de sanciones penales, alquilar puestos de atraque por encima de un determinado contingente a propietarios de embarcaciones residentes en otro Estado miembro.
2) El Derecho comunitario confiere a los prestadores de servicios el derecho a invocar que una prohibición, como la controvertida en el procedimiento principal, dictada mediante resolución administrativa individual y concreta, debe quedar inaplicada cuando una autoridad administrativa o un órgano jurisdiccional deba apreciar si puede ser sancionado un comportamiento posterior a la adhesión de la República de Austria.»
(1) - Sentencia de 31 de enero de 1984 (asuntos acumulados 286/82 y 26/83, Rec. p. 377).
(2) - Sentencia de 2 de febrero de 1989 (186/87, Rec. p. 195), apartado 15.
(3) - Sentencia de 14 de febrero de 1995 (C-279/93, Rec. p. I-225).
(4) - Sentencia de 7 de mayo de 1998 (C-350/96, Rec. p. I-2521), apartado 29.
(5) - Véase, en especial, la sentencia de 25 de julio de 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda (C-288/89, Rec. p. I-4007), apartados 10 a 13.
(6) - DO 1994, C 241, p. 35.
(7) - Sentencia de 15 de julio de 1964 (6/64, Rec. p. 1141).
(8) - Sentencia de 9 de marzo de 1978 (106/77, Rec. p. 629).
(9) - La República de Austria cita las siguientes sentencias: sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989), apartado 5, y Comet (45/76, Rec. p. 2043); de 27 de febrero de 1980, Just (68/79, Rec. p. 501), apartado 25; de 9 de noviembre de 1983, San Giorgio (199/82, Rec. p. 3595), apartado 14; de 25 de febrero de 1988, Bianco y Girard (asuntos acumulados 331/85, 376/85 y 378/85, Rec. p. 1099), apartado 12; de 24 de marzo de 1988, Comisión/Italia (104/86, Rec. p. 1799), apartado 7; de 14 de julio de 1988, Jeunehomme y EGI (asuntos acumulados 123/87 y 330/87, Rec. p. 4517), apartado 17; de 9 de junio de 1992, Comisión/España (C-96/91, Rec. p. I-3789), apartado 12, y de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Rec. p. I-5357), apartado 43.
(10) - Citada en la nota anterior.
(11) - Sentencia de 4 de abril de 1968 (34/67, Rec. p. 359).
(12) - Sentencia de 13 de julio de 1972 (48/71, Rec. p. 529), apartado 7.
(13) - Sentencia de 4 de abril de 1974, Comisión/Francia (167/73, Rec. p. 359), apartado 35.
(14) - Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).
(15) - Sentencia de 7 de julio de 1981 (158/80, Rec. p. 1805), apartado 43.
(16) - Sentencia de 19 de junio de 1990 (C-213/89, Rec. p. I-2433), apartado 19.
(17) - Sentencia de 22 de junio de 1989 (103/88, Rec. p. 1839), apartados 30 a 33.
(18) - Citada anteriormente.
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