Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
Seguridad Social de los trabajadores migrantes - Seguro de Vejez y Muerte - Cálculo de las prestaciones - Legislación nacional que fija la prestación en función de una base media de cotización durante un período de referencia - Modalidades de aplicación a un trabajador que pone fin a su actividad en un Estado miembro que aplica una legislación diferente y que no cotizó con arreglo a la legislación aplicable durante el período de referencia - Cálculo de la base media de cotización a partir de las cotizaciones realmente pagadas con arreglo a la legislación aplicable y revalorización del importe de la pensión - Violación de los principios del Derecho comunitario - Inexistencia
[Tratado CE, art. 51; Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, art. 47, ap. 1, letra e), y Anexo VI, letra D, punto 4]
Índice
La letra g) del apartado 1 del Reglamento nº 1408/71 implica, por una parte, que al liquidarse las pensiones de jubilación y de invalidez conforme a la legislación de un Estado miembro en cuya virtud el importe de las pensiones se calcula con arreglo a una base media de cotización correspondiente al salario percibido durante un determinado número de años anteriores a la jubilación o al hecho causante de la invalidez, el cálculo de la base media de cotización se funda, en el caso de los trabajadores que, después de haber estado sometidos a la legislación de dicho Estado miembro, reanudaron su actividad por cuenta ajena y continuaron ejerciéndola en otro Estado miembro, únicamente en el importe de las cotizaciones pagadas con arreglo a la legislación de que se trate y, por otra parte, que dicho importe debe ser actualizado y revalorizado, de manera que corresponda al que los interesados habrían pagado efectivamente si hubieran seguido ejerciendo su actividad en las mismas circunstancias en el Estado miembro de que se trata.
Las modalidades de aplicación del artículo 47 por lo que respecta a España, introducidas por el Reglamento nº 1248/92 en el punto 4 de la letra D del Anexo VI del Reglamento nº 1408/71, se corresponden con esta interpretación. En efecto, tales disposiciones se limitan a precisar lo previsto por el Reglamento, estableciendo que la base media de cotización se determina en función únicamente de los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación de que se trate, sin modificar el contenido de la letra g) del apartado 1 del artículo 47 del Reglamento nº 1408/71, y sólo tienen por objeto asegurar su compatibilidad con los principios enunciados en el artículo 51 del Tratado.
A este respecto no procede distinguir, a la luz de los principios del Derecho comunitario, entre la actualización de la base de cotización y la revalorización de la cuantía de la pensión. En ambos casos, el objetivo perseguido es el mismo y debe permitir, a partir de las bases de cotización reales del asegurado antes de trasladarse al extranjero y mediante una actualización efectiva que tenga en cuenta la evolución del coste de la vida y los incrementos de las prestaciones de la misma naturaleza, determinar finalmente una cuantía de pensión que se corresponda con la que habría percibido el trabajador migrante si hubiese seguido ejerciendo su actividad en las mismas circunstancias en el Estado miembro de que se trate.
Partes
En el asunto C-153/97,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Tribunal Supremo (España), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Aristóteles Grajera Rodríguez
e
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
una decisión prejudicial sobre la validez de lo dispuesto en el punto 4 de la letra D del Anexo VI del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53), tal como fue adaptado por la Parte VIII del Anexo I del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1985, L 302, p. 23), y posteriormente modificado por el Reglamento (CEE) nº 1248/92 del Consejo, de 30 de abril de 1992 (DO L 136, p. 7), así como sobre la interpretación de dicho Reglamento,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Quinta),
integrado por los Sres.: J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala; J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D.A.O. Edward y M. Wathelet, Jueces;
Abogado General: Sr. A. La Pergola;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- En nombre del Sr. Grajera Rodríguez, por los Sres. Roque Méndez Robleda y Benjamín Mayo Martínez, Abogados del Ilustre Colegio de Orense;
- en nombre del Gobierno español, por la Sra. Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, en calidad de Agente;
- en nombre del Consejo de la Unión Europea, por el Sr. Diego Canga Fano y la Sra. Anna Lo Monaco, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Peter Hillenkamp, Consejero Jurídico, y la Sra. Isabel Martínez del Peral, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales del Sr. Grajera Rodríguez, del Gobierno español, del Consejo y de la Comisión, expuestas en la vista de 16 de julio de 1998;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de octubre de 1998;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante auto de 17 de marzo de 1997, recibido en el Tribunal de Justicia el 23 de abril siguiente, el Tribunal Supremo planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la validez de lo dispuesto en el punto 4 de la letra D del Anexo VI del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53), tal como fue adaptado por la Parte VIII del Anexo I del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1985, L 302, p. 23), y posteriormente modificado por el Reglamento (CEE) nº 1248/92 del Consejo, de 30 de abril de 1992 (DO L 136, p. 7), así como sobre la interpretación de dicho Reglamento.
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. Grajera Rodríguez y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en lo sucesivo, «INSS») y la Tesorería General de la Seguridad Social, en relación con el sistema de cálculo de la pensión de vejez del interesado.
3 El artículo 46 del Reglamento establece las normas que regulan la liquidación de las prestaciones previstas en el Capítulo de las pensiones de vejez y de muerte. Su apartado 2 establece, en particular, lo siguiente:
«a) la institución competente calculará la cuantía teórica de la prestación que el interesado podría obtener en el supuesto de que todos los períodos de seguro y/o de residencia cumplidos de acuerdo con las diversas legislaciones de los Estados miembros a que haya estado sometido el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia hayan sido cumplidos en el Estado miembro en que radique la institución de que se trate y de acuerdo con la legislación que ésta aplique en la fecha en que se liquide la prestación. Cuando, con arreglo a dicha legislación, la cuantía de la prestación sea independiente de la duración de los períodos cumplidos, dicha cuantía será considerada como la cuantía teórica objeto de la presente letra.»
4 El artículo 47 del Reglamento contiene normas complementarias para el cálculo de las prestaciones. Su apartado 1 establece normas particulares para el cálculo de la cuantía teórica a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 46, entre las que figura, en particular, la siguiente:
«g) la institución competente de un Estado miembro cuya legislación disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe atendiendo a una base de cotización media, determinará dicha base media en función, únicamente, de los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de dicho Estado.»
5 Por último, en el Anexo VI del Reglamento que, conforme a lo dispuesto en el artículo 89, menciona las modalidades particulares de aplicación de las legislaciones de determinados Estados miembros, figura, en la letra «D. España», un punto 4 que contiene los dos párrafos siguientes:
«a) En aplicación del artículo 47 del Reglamento, el cálculo de la prestación teórica española se efectuará sobre las bases de cotización reales del asegurado, durante los años inmediatamente anteriores al pago de la última cotización a la Seguridad Social española.
b) La cuantía de la pensión se incrementará con arreglo al importe de los aumentos y revalorizaciones calculados para cada año posterior y hasta el año anterior al hecho causante, para las pensiones de la misma naturaleza.»
6 De los autos se deduce que con arreglo a la legislación española el importe de las pensiones de jubilación y de invalidez permanente de los trabajadores por cuenta ajena no varía en función del número o de la duración total de los períodos cotizados por los interesados, sino que se fija con arreglo a una base media de cotización correspondiente al salario percibido durante un determinado número de años anteriores a la jubilación o al hecho causante de la invalidez. Más precisamente, según el artículo 3 de la Ley 26/85, de 31 de julio de 1985, vigente en la época en que sucedieron los hechos que dieron lugar al litigio principal y cuyo tenor literal se reprodujo, en lo esencial, en los artículos 140 y 162 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio de 1994, la base reguladora de las pensiones será el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante de la prestación (solicitud de jubilación o declaración de invalidez permanente). A tenor de tales disposiciones, las bases correspondientes a los 24 meses anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante se computan a su valor nominal, mientras que las restantes se actualizan de acuerdo con la evolución que haya experimentado el Indice de Precios al Consumo. Además, cuando no haya existido obligación de cotizar durante todo el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora o durante parte de éste, las lagunas se integran con la base mínima para trabajadores mayores de dieciocho años. Finalmente, en cualquier caso, la base reguladora no puede ser inferior a la base mínima prevista por la normativa vigente ni superior a la base máxima.
7 El Sr. Grajera Rodríguez, trabajador de nacionalidad española, ejerció actividades por cuenta ajena, por una parte, en España entre 1953 y 1961 y entre 1967 y 1969 y, por otra, en Alemania entre 1961 y 1967 y desde 1969 hasta 1993.
8 En 1993, el INSS le concedió una pensión de jubilación mensual de 5.141 pesetas, calculada a partir de las cotizaciones abonadas en España antes de 1969 y con revalorización, conforme a un sistema de cálculo que se ajustaba a las normas establecidas en el punto 4 de la letra D del Anexo VI del Reglamento. El interesado impugnó la cuantía de esta pensión, afirmando que el período de referencia que había de tomarse en consideración era el comprendido entre 1985 y 1992, es decir, los ocho años anteriores a la fecha de su jubilación.
9 Mediante sentencia de 24 de enero de 1995, el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid estimó el recurso del Sr. Grajera Rodríguez y condenó al INSS a abonarle una pensión calculada sobre la base de los topes máximos de cotización aplicables en España a la categoría de los peones durante este último período, a saber, teniendo en cuenta determinados complementos, una pensión mensual de 18.517 pesetas.
10 El 9 de abril de 1996, pronunciándose sobre un recurso de suplicación interpuesto por el INSS, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó dicha sentencia y declaró que la pensión de vejez del demandante debía calcularse sobre la base de las cotizaciones de los ocho años anteriores a 1969, último año de cotización a la Seguridad Social española, con las revalorizaciones aplicables desde entonces hasta la fecha en que se jubiló.
11 El Tribunal Supremo, que conoce, a su vez, del asunto a través de un recurso de casación, tuvo dudas sobre la validez, respecto a los artículos 48 y 51 del Tratado, del sistema de cálculo que resulta de lo dispuesto en el punto 4 de la letra D del Anexo VI del Reglamento. Aun reconociendo que el Tribunal de Justicia se había pronunciado ya sobre una cuestión similar en la sentencia de 12 de septiembre de 1996, Lafuente Nieto (C-251/94, Rec. p. I-4187), el órgano jurisdiccional supremo español consideró que seguían existiendo extremos poco claros y decidió plantear las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) Si debe considerarse contrario a los artículos 48 y 51 del Tratado de la Comunidad Europea el sistema de cálculo establecido en el Anexo VI.D.4 del Reglamento 1408/1971 en la redacción del Reglamento 1248/1992, sistema según el cual la pensión teórica española se determina de acuerdo con las bases por las que el trabajador cotizó durante el período de cómputo inmediatamente anterior al pago de la última cotización a la Seguridad Social española con revalorización de la pensión teórica resultante en los mismos términos que, de acuerdo con la legislación nacional española, lo hubiere sido una pensión causada en el momento en que se abonó la última cotización en España, y
2) si, para garantizar la igualdad de trato del trabajador migrante en materia de Seguridad Social, la base reguladora de la pensión española debe calcularse a partir de las bases por las que el trabajador migrante hubiera cotizado de haber permanecido en España durante el período de cómputo anterior al hecho causante que con carácter general establece la legislación española.»
12 Mediante sus dos cuestiones, que procede analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si el sistema de cálculo que resulta de lo dispuesto en el punto 4 de la letra D del Anexo VI del Reglamento (en lo sucesivo, «Anexo objeto de litigio») debe considerarse contrario a los artículos 48 y 51 del Tratado y si la base reguladora de la pensión española debe calcularse a partir de las bases teóricas por las que habría cotizado el trabajador migrante de haber permanecido en España durante el período inmediatamente anterior al hecho causante.
13 De la resolución de remisión se desprende que el órgano jurisdiccional nacional parece considerar que sólo la actualización de la base de cotización se ajusta a los principios del Derecho comunitario, mientras que la revalorización de la cuantía de la pensión, tal como está prevista en el Anexo objeto de litigio, no es conforme con dichos principios. En su opinión, para no penalizar ni beneficiar al trabajador migrante que no cotizó en España durante el período de referencia previsto por la legislación nacional, sería preferible «tomar como base reguladora las bases medias del período de cómputo anterior al hecho causante, es decir, el promedio entre la base mínima y la máxima del grupo de tarifa que corresponde a la categoría profesional del trabajador en los últimos ocho años».
14 El Sr. Grajera Rodríguez afirma que el sistema de cálculo establecido en el Anexo objeto de litigio es contrario a los artículos 48 y 51 del Tratado, principalmente porque es prácticamente imposible aplicarlo, al no disponerse de datos sobre las bases de cotización reales del asegurado y porque es manifiestamente discriminatorio para el trabajador migrante. El demandante en el procedimiento principal considera que, para calcular la base reguladora, han de tomarse en consideración las cantidades realmente percibidas por el trabajador en el período de los ocho años inmediatamente anteriores al hecho causante (aun cuando se acrediten en otro Estado miembro), sin perjuicio de los topes fijados por la legislación española. Con carácter subsidiario, propone que la base reguladora de la pensión española se calcule a partir de las bases por las que el trabajador migrante habría cotizado de haber permanecido en España durante el período de cómputo anterior al hecho causante, tal como prevé con carácter general la legislación española.
15 Por el contrario, el Gobierno español alega, haciendo referencia a la sentencia Lafuente Nieto, antes citada, que el Anexo objeto de litigio tiene por objeto, precisamente, garantizar la compatibilidad de lo dispuesto en la letra g) del apartado 1 del artículo 47 con los objetivos del Tratado. Considera que el sistema de cálculo previsto se corresponde con los principios generales que rigen la Seguridad Social en España y precisa que, para garantizar una correcta revalorización de las bases de cotización lejanas en el tiempo, se efectúa una doble actualización: de las bases de cotización, por un lado, y de la pensión resultante, por otro.
16 El Consejo y la Comisión proponen también ajustarse a los principios definidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Lafuente Nieto, antes citada, según los cuales las disposiciones objeto de litigio implican que la cuantía teórica de la prestación, calculada sobre las bases de cotización reales del asegurado con arreglo a la legislación española, habrá de ser adecuadamente revalorizada y aumentada como si el interesado hubiese seguido ejerciendo su actividad en las mismas circunstancias en España. En su opinión, los problemas de interpretación de la legislación nacional, tales como el planteado por el órgano jurisdiccional remitente, deben resolverse a la luz de estos principios. Además, el Consejo y la Comisión no excluyen que deba tenerse en cuenta, en su caso, el Convenio de Seguridad Social celebrado entre la República Federal de Alemania y el Reino de España el 4 de diciembre de 1973 y que entró en vigor el 1 de noviembre de 1977 (en lo sucesivo, «Convenio»), en la medida en que su aplicación resulte efectivamente más favorable para el interesado que la del Reglamento.
17 Procede recordar que el artículo 47 del Reglamento, cuyas modalidades de aplicación precisa el Anexo objeto de litigio por lo que respecta a España, constituye una norma complementaria para el cálculo de la cuantía teórica de la prestación contemplada en la letra a) del apartado 2 del artículo 46 del mismo Reglamento. Por lo tanto, debe interpretarse a la luz de esta última disposición y, como afirmó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 9 de agosto de 1994, Reichling (C-406/93, Rec. p. I-4061), a la luz del objetivo fijado por el artículo 51 del Tratado, que implica, en particular, que los trabajadores migrantes no deben sufrir una reducción de la cuantía de las prestaciones de Seguridad Social por el hecho de haber ejercido su derecho a la libre circulación.
18 No obstante, contrariamente a lo que afirma el demandante en el procedimiento principal, la obligación de no perjudicar a los trabajadores migrantes que han ejercido su derecho a la libre circulación no significa que la disposición de que se trata sea necesariamente contraria al objetivo fijado en el artículo 51, porque no permite tener en cuenta, para determinar la base media de cotización, el importe de las cotizaciones abonadas en otro Estado miembro. Tal obligación implica solamente que la referida base sea para el trabajador migrante la misma que si no hubiera ejercido su derecho a la libre circulación (sentencia de 9 de octubre de 1997, Naranjo Arjona y otros, asuntos acumulados C-31/96, C-32/96 y C-33/96, Rec. p. I-5501, apartado 21).
19 Así, en una situación como la que es objeto del procedimiento principal, aunque sólo debe computarse, conforme a lo previsto en la letra g) del apartado 1 del artículo 47 del Reglamento, el importe de las cotizaciones pagadas con arreglo a la legislación de que se trata, dicho importe debe ser actualizado y revalorizado, de manera que corresponda al que los interesados habrían pagado efectivamente si hubieran seguido ejerciendo su actividad en las mismas circunstancias en el Estado miembro de que se trata (sentencia Lafuente Nieto, antes citada, apartados 39 y 40).
20 El Tribunal ha afirmado ya, tanto en la sentencia Lafuente Nieto, antes citada (apartados 41 y 42), como en la sentencia Naranjo Arjona y otros, antes citada (apartados 23 y 24), que las disposiciones introducidas por el Reglamento nº 1248/92 en el punto 4 de la letra D del Anexo VI del Reglamento nº 1408/71 se corresponden con esta interpretación. En efecto, tales disposiciones se limitan a precisar lo previsto por el Reglamento, estableciendo que la base media de cotización se determina en función únicamente de los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación de que se trate, sin modificar el contenido de la letra g) del apartado 1 del artículo 47, y sólo tienen por objeto asegurar su compatibilidad con los principios enunciados en el artículo 51 del Tratado.
21 Habida cuenta de estas consideraciones, no procede distinguir, a la luz de los principios del Derecho comunitario, entre la actualización de la base de cotización y la revalorización de la cuantía de la pensión. En ambos casos, el objetivo perseguido es el mismo y debe permitir, a partir de las bases de cotización reales del asegurado antes de trasladarse al extranjero y mediante una actualización efectiva que tenga en cuenta la evolución del coste de la vida y los incrementos de las prestaciones de la misma naturaleza, determinar finalmente una cuantía de pensión que se corresponda con la que habría percibido el trabajador migrante si hubiese seguido ejerciendo su actividad en las mismas circunstancias en el Estado miembro de que se trate.
22 A este respecto, como ha señalado el Abogado General en el punto 18 de sus conclusiones, las dificultades prácticas a la hora de aplicar las normas previstas por el Anexo objeto de litigio, que resultan, en particular, de la posible inexistencia de datos objetivos fiables sobre las bases de cotización más alejadas en el tiempo, no pueden afectar a la validez de dichas normas. En efecto, éstas no imponen un método particular de determinación de las bases de cotización ni ningún método de actualización de dichas bases o de la pensión correspondiente. Sólo pretenden alcanzar el resultado mencionado en el apartado anterior, cumpliendo al mismo tiempo la obligación, prevista en la letra g) del apartado 1 del artículo 47 del Reglamento, de tener en cuenta únicamente los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación de que se trate.
23 Pues bien, un método de cálculo como el que propone el órgano jurisdiccional remitente no permite cumplir esta obligación, en la medida en que toma como período de referencia un período durante el cual el trabajador migrante no participó efectivamente en la financiación del régimen de Seguridad Social nacional y que, por otra parte, ya se tiene en cuenta con arreglo a la legislación del otro Estado miembro en el que trabajó el interesado.
24 Por consiguiente, el Anexo objeto de litigio exige únicamente que el cálculo de la base de cotización esté fundado únicamente en el importe de las cotizaciones pagadas con arreglo a la legislación española y que la cuantía teórica de la prestación se actualice y revalorice adecuadamente como si el interesado hubiera seguido ejerciendo su actividad en las mismas circunstancias en España. Así pues, en caso de litigio sobre las modalidades de determinación de las bases de cotización iniciales que deben tomarse en consideración y sobre el método de actualización de dichas bases y de revalorización de la cuantía de la pensión que de él resulta, corresponde al órgano jurisdiccional que conozca del litigio determinar cuáles son, en Derecho interno, los medios más apropiados para alcanzar dicho resultado.
25 Por último, ha de señalarse que, como indicó el Consejo durante la vista, el Anexo objeto de litigio fue adaptado mediante el Reglamento (CE) nº 1223/98 del Consejo, de 4 de junio de 1998 (DO L 168, p. 1), que suprimió, en su párrafo b), la parte de frase «hasta el año anterior al hecho causante». Como ha señalado el Abogado General en el punto 21 de sus conclusiones, del octavo considerando de dicho Reglamento, que hace referencia expresa a la sentencia Lafuente Nieto, antes mencionada, resulta que esta adaptación está destinada a permitir, en todos los casos, una actualización completa de la cuantía teórica de la prestación.
26 No obstante, esta adaptación no puede constituir, por sí sola, un motivo para afirmar que la limitación del período de actualización que figura en la anterior versión del Anexo objeto de litigio, Anexo que, por otra parte, ni el órgano jurisdiccional remitente ni los interesados pusieron en entredicho en cuanto a este punto, esté viciada de invalidez habida cuenta del objetivo recordado en el apartado 21 de la presente sentencia. En efecto, aun cuando el Consejo haya considerado más conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia suprimir la mención de que se trata, ésta tiene sólo un alcance restringido, en la medida en que se limita, según una práctica de simplificación bastante corriente, a tomar en consideración una actualización «por año completo» y a circunscribir, en consecuencia, esta actualización al último año anterior a aquel en que se produce el hecho causante. En cualquier caso, debe considerarse que, por su escasa incidencia en la cuantía de la pensión que debe fijarse, esta decisión está incluida en el margen normal de apreciación de que dispone el Consejo a la hora de fijar las normas de coordinación de los regímenes de Seguridad Social de los distintos Estados miembros.
27 Sin perjuicio de lo anterior, como han señalado el Consejo y la Comisión, las disposiciones controvertidas del Reglamento no deben suponer un obstáculo para la aplicación, en su caso, del Convenio a que se ha hecho referencia en el apartado 16 de la presente sentencia, en la medida en que dicho Convenio podría ser invocado por el interesado, siempre que resultara más favorable.
28 Debe recordarse a este respecto que en la sentencia de 7 de febrero de 1991, Rönfeldt (C-227/89, Rec. p. I-323), el Tribunal de Justicia declaró que los artículos 48 y 51 del Tratado se oponen a la pérdida de las ventajas de Seguridad Social que se derivaría de la inaplicabilidad, como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento nº 1408/71, de los Convenios vigentes entre dos o varios Estados miembros y que estén integrados en su Derecho nacional. En la sentencia de 9 de noviembre de 1995, Thévenon (C-475/93, Rec. p. I-3813), el Tribunal de Justicia precisó que este principio no puede sin embargo aplicarse a los trabajadores que no han ejercido su derecho a la libre circulación hasta después de la entrada en vigor de dicho Reglamento.
29 En el litigio principal, ha quedado acreditado que el interesado ejercía ya sus actividades por cuenta ajena en Alemania antes de la entrada en vigor en España, el 1 de enero de 1986, del Reglamento, cuyas disposiciones sustituyeron, salvo excepciones, a las del Convenio. Es imposible admitir que esta sustitución pueda, llegado el caso, privarlo de los derechos y ventajas que para él resultan del Convenio.
30 Como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 28 de la sentencia Naranjo Arjona y otros, antes citada, la actualización de las cotizaciones, conforme a las disposiciones del Reglamento tal como las ha interpretado el Tribunal de Justicia, tiene los mismos objetivos que el Convenio y normalmente debe permitir alcanzarlos. No obstante, no se excluye que la aplicación de las normas del Convenio, que permiten tomar en consideración el nivel de base de cotización que alcanza el trabajador al final de su carrera en Alemania, remitiendo al mismo tiempo a las bases de cotización vigentes en España para la categoría profesional de que se trate, lleve a un resultado más favorable para el interesado que el que resulta de las disposiciones controvertidas.
31 Corresponde por tanto al órgano jurisdiccional remitente apreciar si la aplicación del Convenio es efectivamente más o menos favorable para el trabajador interesado que la del Reglamento. En el primer caso deberá aplicar, con carácter de excepción y conforme al principio establecido en la sentencia Rönfeldt, antes citada, las reglas fijadas en el Convenio. En caso contrario, deberán aplicarse las normas del Reglamento tal como las ha interpretado el Tribunal de Justicia.
32 Por consiguiente, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que el examen de las cuestiones prejudiciales no ha revelado la existencia de elementos que puedan afectar a la validez del Anexo objeto de litigio.
Decisión sobre las costas
Costas
33 Los gastos efectuados por el Gobierno español, por el Consejo y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Quinta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo mediante auto de 17 de marzo de 1997, declara:
El examen de las cuestiones prejudiciales no ha revelado la existencia de elementos que puedan afectar a la validez de lo dispuesto en el punto 4 de la letra D del Anexo VI del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, tal como fue adaptado por la Parte VIII del Anexo I del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados, y posteriormente modificado por el Reglamento (CEE) nº 1248/92 del Consejo, de 30 de abril de 1992.
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