Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
1 Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales - Protocolo relativo a la interpretación del Convenio por el Tribunal de Justicia - Cuestiones prejudiciales - Competencia del Tribunal de Justicia - Límites
(Convenio de 27 de septiembre de 1968; Protocolo de 3 de junio de 1971, art. 5; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 20)
2 Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales - Competencias especiales - Tribunal del lugar de cumplimiento de la obligación contractual - Demanda basada en obligaciones equivalentes resultantes de un mismo contrato - Obligaciones que deben cumplirse una en el Estado del tribunal ante el que se ha planteado la demanda y otra en otro Estado contratante - Incompetencia del tribunal ante el que se ha planteado la demanda para conocer de ésta en su integridad
(Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 5, número 1)
Índice
1 Habida cuenta del reparto de competencias en el marco del procedimiento prejudicial previsto en el Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, incumbe al Juez nacional, ante el que se ha presentado una demanda basada en obligaciones distintas resultantes de un mismo contrato, apreciar la importancia relativa de las obligaciones contractuales objeto de litigio en el procedimiento principal con el fin de aplicar el artículo 5, número 1, del Convenio y al Tribunal de Justicia interpretar el Convenio a la luz de las apreciaciones realizadas por el Juez nacional. Una modificación del contenido sustancial de las cuestiones prejudiciales planteadas por este último sería incompatible con la función que el Protocolo antes citado confiere al Tribunal de Justicia, así como con su obligación de garantizar que los Gobiernos de los Estados miembros y las partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme a los artículos 5 del Protocolo y 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia, habida cuenta de que, con arreglo a esta última disposición, a las partes interesadas sólo se les notifica las resoluciones de remisión.
2 El artículo 5, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, debe interpretarse el sentido de que el mismo Juez no es competente para conocer en su integridad de una demanda basada en dos obligaciones equivalentes derivadas de un mismo contrato, cuando, según las normas de conflicto del Estado de dicho Juez, tales obligaciones deben cumplirse una en este Estado y otra en un Estado contratante distinto. Si bien es cierto que presenta inconvenientes el hecho de que los diferentes aspectos de un mismo litigio sean juzgados por distintos órganos jurisdiccionales, el demandante, conforme al artículo 2 del Convenio, siempre puede plantear en su integridad una demanda ante el órgano jurisdiccional del domicilio del demandado.
Partes
En el asunto C-420/97,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por el Hof van Cassatie (Bélgica), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Leathertex Divisione Sintetici SpA
y
Bodetex BVBA,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 2 y 5, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, antes citado (DO 1972, L 299, p. 32; texto en español en DO 1990, C 189, p. 2), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y -texto modificado- p. 77; EE 01/02, p. 131),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch y P. Jann, Presidentes de Sala; J.C. Moitinho de Almeida (Ponente), C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet y R. Schintgen, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Léger;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- En nombre Leathertex Divisione Sintetici SpA, por los Sres. S. Beele y F. Busschaert, Abogados de Courtrai;
- en nombre Bodetex BVBA, por los Sres. D. van Poucke y B. Demeulenaere, Abogados de Gante;
- en nombre el Gobierno alemán, por el Sr. R. Wagner, Regierungsdirektor del Bundesministerium für Justiz, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno italiano, por el Profesor U. Leanza, Jefe del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido por el Sr. O. Fiumara, avvocato dello Stato;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en calidad de Agente, asistido por el Sr. M. Hoskins, Barrister;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. J.L. Iglesias Buhigues, Consejero Jurídico, y P. van Nuffel, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales del Gobierno italiano, representado por el Sr. O. Fiumara; del Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. L. Persey, QC, y de la Comisión, representada por los Sres. J.L. Iglesias Buhigues y P. van Nuffel, expuestas en la vista de 15 de diciembre de 1998;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de marzo de 1999;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 4 de diciembre de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de diciembre siguiente, el Hof van Cassatie planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Protocolo»), una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 2 y 5, número 1, de dicho Convenio (DO 1972, L 299, p. 32; texto en español en DO 1990, C 189, p. 2), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y -texto modificado- p. 77; EE 01/02, p. 131; en lo sucesivo, «Convenio»).
2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Leathertex Divisione Sintetici SpA (en lo sucesivo, «Leathertex»), sociedad con domicilio en Montemurlo (Italia), y Bodetex BVBA (en lo sucesivo, «Bodetex»), sociedad con domicilio en Rekkem-Menen (Bélgica), relativo al pago de comisiones atrasadas y de una indemnización compensatoria por falta de preaviso, reclamado por Bodetex a Leathertex, de la que era agente comercial en los mercados belga y neerlandés.
El Convenio
3 El artículo 2, párrafo primero, del Convenio establece:
«Salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
4 El artículo 3, párrafo primero, Convenio prevé:
«Las personas domiciliadas en un Estado contratante sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado contratante en virtud de las reglas establecidas en las Secciones 2 a 6 del presente Título.»
5 A tenor del artículo 5 del Convenio:
«Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante:
1) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;
[...]»
6 El artículo 6, número 1, del Convenio añade que dichas personas podrán también ser demandadas, si hubiere varios demandados, ante el Tribunal del domicilio de cualquiera de ellos.
7 Por último, el artículo 22, párrafo primero, establece:
«Cuando se presentaren demandas conexas ante Tribunales de Estados contratantes diferentes y estuvieren pendientes en primera instancia, el Tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento.»
El litigio en el procedimiento principal
8 Durante varios años Bodetex fue agente comercial de Leathertex en los mercados belga y neerlandés en el marco de una relación duradera. Bodetex percibía un 5 % de comisión en concepto de retribución.
9 Bodetex, debido a que durante el año 1987 reclamó infructuosamente a Leathertex el pago de las comisiones que, en su opinión, se le adeudaban, consideró que se había dado fin al contrato de agencia comercial y, mediante escrito de 9 marzo de 1988, hizo constar la ruptura, al mismo tiempo que pedía a Leathertex el pago de las comisiones atrasadas, así como una indemnización compensatoria por falta de preaviso.
10 Al no recibir respuesta a este escrito, Bodetex, el 2 de noviembre de 1988, presentó contra Leathertex una demanda sobre reclamación de cantidad ante el Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.
11 Mediante sentencia de 1 de octubre de 1991, el Rechtbank van Koophandel estimó que la demanda se basaba en dos obligaciones distintas. Consideró que la primera, la obligación consistente en observar un plazo razonable de preaviso en caso de ruptura de un contrato de agencia comercial y, en el supuesto de incumplimiento de dicho preaviso, la obligación de pagar una indemnización compensatoria por falta de preaviso, debía cumplirse en Bélgica; mientras que la segunda, la obligación consistente en pagar las comisiones, debía cumplirse en Italia, en virtud del principio de que las deudas deben reclamarse en el domicilio del deudor. En consecuencia, el Rechtbank van Koophandel se consideró competente, de conformidad con el artículo 5, número 1, del Convenio, para conocer de la obligación relativa al pago de la indemnización compensatoria por falta de preaviso, y a continuación se declaró competente para todo el litigio, por razón de la conexión entre esta obligación y la de pagar las comisiones. Dicho órgano jurisdiccional condenó a Leathertex a pagar a Bodetex las comisiones atrasadas y una indemnización compensatoria por falta de preaviso.
12 Contra dicha resolución Leathertex interpuso recurso de apelación ante el Hof van Beroep te Gent, el cual, mediante sentencia de 29 de octubre de 1993, confirmó la competencia del Rechtbank van Koophandel para conocer de la demanda presentada por Bodetex. El Hof van Beroep estimó que dicha demanda se basaba en dos obligaciones distintas derivadas del contrato de agencia, que no podía considerarse como obligación principal la consistente en pagar las comisiones y que ambas obligaciones debían considerarse como equivalentes, de modo que nada se oponía a que Bodetex ejercitara su acción ante el Juez del lugar de cumplimiento de una de las dos obligaciones. Por consiguiente, declaró que el Rechtbank era competente para conocer del litigio principal en su calidad de Tribunal del lugar en que debía cumplirse la obligación de observar un plazo razonable de preaviso.
13 Leathertex interpuso recurso de casación ante el Hof van Cassatie. Alegó, en primer lugar, que el Hof van Beroep infringió el artículo 5, número 1, del Convenio al declararse competente para conocer de la pretensión relativa al pago de las comisiones atrasadas, siendo así que la obligación de pagar dichas comisiones debía cumplirse en Italia. Según Leathertex, si el Juez no establece una distinción en el seno de las diferentes obligaciones en las que se basa la demanda, entre obligación principal y accesorias, sólo tiene competencia para pronunciarse sobre las obligaciones cuyo lugar de ejecución está ubicado, según sus propias normas de conflicto, en la demarcación de su jurisdicción. En segundo lugar, Leathertex sostuvo que el Hof van Beroep infringió el artículo 22 del Convenio al declararse competente respecto de la totalidad del litigio, ya que esta disposición sólo se puede aplicar cuando se han presentado demandas conexas ante órganos jurisdiccionales de dos o varios Estados contratantes diferentes.
14 En su resolución de remisión, el Hof van Cassatie destaca, en primer lugar, que la sentencia impugnada no aplicó el artículo 22 del Convenio y, por tal motivo, desestima el motivo de Leathertex basado en una infracción de dicha disposición.
15 Por lo que se refiere a la supuesta infracción del artículo 5, número 1, del Convenio, el Hof van Cassatie recuerda que, en la sentencia de 15 de enero de 1987, Shenavai (266/85, Rec. p. 239), apartado 19, el Tribunal de Justicia afirmó que, en el caso concreto de que un litigio se refiera a varias obligaciones que se derivan de un mismo contrato y que sirven de base a la acción ejercitada por el demandante, el Juez ante el que se hubiere presentado la demanda, para determinar su competencia, deberá orientarse de acuerdo con el principio según el cual lo accesorio sigue a lo principal, de modo que será la obligación principal, entre las diversas obligaciones que entren en juego, la que establecerá la competencia de dicho órgano jurisdiccional.
16 El Hof van Cassatie señala que, en el presente caso, es indiscutible que la obligación de pagar las comisiones no puede ser considerada como la obligación principal en el marco de la demanda presentada por Bodetex, que el Juez belga es competente para pronunciarse sobre la obligación de pagar una indemnización compensatoria por falta de preaviso, dado que dicha obligación es de carácter contractual y que debe cumplirse en Bélgica, y que las dos obligaciones mencionadas son equivalentes.
17 El Hof van Cassatie también se plantea si es posible dejar inaplicada la norma general enunciada en el artículo 2 del Convenio en el caso de un litigio que se refiere a obligaciones diferentes derivadas de un mismo contrato de agencia, cuando ninguna está supeditada a las otras y cuando sólo una de ellas justifica la competencia del Juez ante el que se ha presentado la demanda, habida cuenta de su lugar de cumplimiento.
18 En tales circunstancias, el Hof van Cassatie resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse el artículo 5, número 1, y el artículo 2 del Convenio sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión aplicable al presente caso, en el sentido de que una demanda compuesta por pretensiones basadas en obligaciones diferentes, derivadas de un mismo contrato, puede formularse ante un único Tribunal, aunque las obligaciones contractuales en que se basa la demanda, con arreglo a las normas reguladoras de la competencia vigentes en el Estado del Juez ante el que se ha planteado la demanda, deban cumplirse una en dicho país y la otra en un Estado miembro de la Unión Europea distinto, habida cuenta de que el Juez ante el que se ha planteado la demanda considera, basándose en la demanda presentada ante él, que ninguna de las dos obligaciones que sirven de base a ésta queda subordinada a la otra, sino que ambas son equivalentes?»
Sobre la cuestión prejudicial
19 Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se dilucide si los artículos 2 y 5, número 1, del Convenio deben interpretarse en el sentido de que el mismo Juez es competente para conocer en su integridad de una demanda basada en dos obligaciones equivalentes derivadas de un mismo contrato, cuando, según las normas de conflicto del Estado de dicho Juez, tales obligaciones deben cumplirse una en dicho Estado y la otra en un Estado contratante distinto.
20 El Gobierno del Reino Unido alega, con carácter principal, que entre las dos obligaciones que sirven de base a la demanda en el procedimiento principal, la obligación de pagar las comisiones es la que constituye de modo principal la base de la acción judicial. En efecto, añade dicho Gobierno, según la resolución de remisión, el impago de las comisiones controvertidas es el único motivo por el que Bodetex consideró que el contrato había quedado resuelto sin preaviso. La indemnización compensatoria por falta de preaviso, continúa diciendo, sólo se debería pagar, por tanto, si se demostrase que efectivamente se adeudaban tales comisiones. En consecuencia, el Gobierno del Reino Unido propone que se reformule la cuestión prejudicial con el fin de responder que, en un supuesto como el del litigio en el procedimiento principal, la obligación de pagar las comisiones es la obligación contractual que constituye de modo principal la base de la acción judicial y en virtud de la cual puede determinarse la competencia con arreglo al artículo 5, número 1.
21 A este respecto, debe señalarse que, habida cuenta del reparto de competencias en el marco del procedimiento prejudicial previsto en el Protocolo, incumbe al Juez nacional apreciar la importancia relativa de las obligaciones contractuales objeto de litigio en el procedimiento principal y al Tribunal de Justicia interpretar el Convenio a la luz de las apreciaciones realizadas por el Juez nacional.
22 Además, una modificación del contenido sustancial de las cuestiones prejudiciales sería incompatible con la función que el Protocolo confiere al Tribunal de Justicia, así como con su obligación de garantizar que los Gobiernos de los Estados miembros y las partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme a los artículos 5 del Protocolo y 20 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, habida cuenta de que, con arreglo a esta última disposición, a las partes interesadas sólo se les notifica las resoluciones de remisión [véanse, por lo que se refiere al procedimiento contemplado en el artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), las sentencias de 20 de marzo de 1997, Phytheron International, C-352/95, Rec. p. I-1729, apartado 14, y de 16 de julio de 1998, Dumon y Froment, C-235/95, Rec. p. I-4531, apartado 26].
23 En tales circunstancias, debe responderse a la cuestión prejudicial considerando, así como se desprende de la resolución de remisión, que las dos obligaciones contractuales en las que se basa la demanda son equivalentes.
24 Leathertex, el Gobierno alemán y, con carácter subsidiario, el Gobierno del Reino Unido alegan que, de conformidad con el artículo 5, número 1, un órgano jurisdiccional de un Estado contratante no es competente para conocer en su integridad de una acción judicial basada en varias obligaciones equivalentes derivadas de un mismo contrato, cuando el lugar de cumplimiento de una o varias de dichas obligaciones está situado en un Estado contratante distinto.
25 Sostienen que el artículo 5, número 1, del Convenio debe interpretarse de modo estricto. Dado que el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda considera equivalentes las dos obligaciones que sirven de base a ésta, para conocer de cada una de tales obligaciones, procede reconocer la competencia del Juez del lugar donde cada una de ellas debe cumplirse y aceptar la división de las competencias que de ello pueda derivarse. Consideran que esta interpretación del artículo 5, número 1, del Convenio se ajusta a la razón de ser de dicha disposición, que consiste en garantizar a cada parte, en materia contractual, que la demanda será examinada por el Juez del lugar donde debe cumplirse la obligación controvertida.
26 Bodetex alega, en primer lugar, que el contrato del que se derivan las dos obligaciones que son objeto de litigio en el procedimiento principal es análogo a un contrato de trabajo de representante de comercio. Por consiguiente, para la aplicación del artículo 5, número 1, del Convenio en el caso de una demanda basada en obligaciones diferentes resultantes de un mismo contrato de agencia, se deberá tomar en consideración, siguiendo el ejemplo de los contratos de trabajo, la obligación que caracteriza al contrato, en el caso de autos, la de encontrar nuevos clientes y de distribuir los productos de Leathertex, en particular en Bélgica. En varios Estados contratantes la jurisprudencia y la doctrina han extendido la aplicación de esta solución al contrato de concesión, con el que el contrato de agencia comercial también guarda similitud.
27 Bodetex sostiene, en segundo lugar, que la obligación de pagar las comisiones tiene un vínculo de conexión con la de pagar una indemnización compensatoria por falta de preaviso. Ambas se derivan del contrato de agencia. Además, el incumplimiento de la obligación de pagar las comisiones constituye el motivo por el que se ha puesto fin al contrato, razón por la cual surge la obligación de pagar dicha indemnización compensatoria. Esta conexión, afirma Bodetex, justifica que el Juez competente para pronunciarse sobre la obligación de pagar tal indemnización también lo sea para pronunciarse sobre la obligación de pagar las comisiones.
28 Según Bodetex, esta interpretación del artículo 5, número 1, del Convenio permite preservar una sustanciación adecuada del proceso, evitando una fragmentación de competencias.
29 Por último, la Comisión alega que, en el supuesto de que un demandante formule dos demandas basadas en dos obligaciones equivalentes, el Juez que es competente para conocer de una de las demandas con arreglo al artículo 5, número 1, del Convenio también lo es para conocer de la otra, si entre ambas demandas existe una relación lo bastante estrecha para generar un interés en sustanciarlas y juzgarlas simultáneamente con el fin de evitar soluciones que pudieran ser inconciliables si los asuntos se juzgaran por separado.
30 Según la Comisión, esta solución es la que mejor se ajusta al sistema del Convenio. Por una parte, sería comparable, mutatis mutandis, con la solución que el artículo 6, número 1, del Convenio enuncia en el supuesto de pluralidad de demandados. En su opinión, también prevalece a la luz del artículo 22 del Convenio. En efecto, añade, en un litigio como el que constituye el objeto del procedimiento principal, si el demandante decidiera, de conformidad con el artículo 5, número 1, del Convenio ejercitar la acción sobre reclamación del pago de la indemnización compensatoria en un Estado contratante y la relativa al pago de las comisiones atrasadas en otro Estado contratante, el artículo 22 del Convenio se aplicaría por la conexión entre ambas demandas. La Comisión llega a la conclusión de que el artículo 5, número 1, del Convenio debe interpretarse de modo que se eviten de antemano situaciones a las que fuera aplicable el artículo 22 del Convenio.
31 En primer lugar, procede señalar que en los apartados 8 a 10 de la sentencia de 6 de octubre de 1976, De Bloos (14/76, Rec. p. 1497), el Tribunal de Justicia, después de haber recordado que el Convenio tiene por objeto determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes en el orden internacional, facilitar el reconocimiento de las respectivas resoluciones judiciales y establecer un procedimiento rápido al objeto de garantizar la ejecución de dichas resoluciones, consideró que tales objetivos implican la necesidad de evitar, en la medida de lo posible, la multiplicación de los criterios de competencia judicial en relación con un mismo contrato y que, por lo tanto, no debe interpretarse el artículo 5, número 1, del Convenio como referido a cualquier obligación que se derive del contrato controvertido. De lo anterior el Tribunal de Justicia dedujo, en los apartados 11 y 13 de dicha sentencia, que, a efectos de determinar el lugar de cumplimiento en el sentido del citado artículo 5, número 1, del Convenio, la obligación que había de tenerse en cuenta era la que se correspondía con el derecho contractual en el que se basaba la acción del demandante. El Tribunal de Justicia precisó que, en los casos en que el demandante alegara su derecho al pago de una indemnización por daños y perjuicios o invocara la resolución del contrato por causa imputable a la otra parte, dicha obligación sería siempre la derivada del contrato y cuyo incumplimiento se hubiere alegado para justificar tales demandas.
32 Esta interpretación fue respaldada al celebrarse el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que modificó, en algunas versiones lingüísticas, el artículo 5, número 1, del Convenio para precisar que la obligación cuyo lugar de ejecución determina el tribunal competente en materia contractual es «la obligación que sirviere de base a la demanda».
33 A continuación debe recordarse que el Tribunal de Justicia ha afirmado en varias ocasiones que el lugar donde haya sido o deba ser cumplida la obligación que sirve de base a la demanda debe determinarse conforme a la ley por la que se rige la obligación controvertida según las normas de conflicto del órgano jurisdiccional que conoce del litigio (sentencias de 6 de octubre de 1976, Tessili, 12/76, Rec. p. 1473, apartado 13; de 29 de junio de 1994, Custom Made Commercial, C-288/92, Rec. p. I-2913, apartado 26, y de 28 de septiembre de 1999, GIE Groupe Concorde y otros, C-440/97, Rec. p. I-6307, apartado 32).
34 A este respecto, debe señalarse que en el caso de autos, los órganos jurisdiccionales belgas han considerado, al aplicar la jurisprudencia citada, que la obligación de pagar una indemnización compensatoria por falta de preaviso debía cumplirse en Bélgica, mientras que la obligación de pagar las comisiones debía cumplirse en Italia.
35 Por otra parte, de la resolución de remisión y de los autos acompañados por el órgano jurisdiccional nacional se desprende que el contrato objeto de litigio en el procedimiento principal, en virtud del cual se formularon las pretensiones de pago de comisiones y de una indemnización compensatoria por falta de preaviso, no constituye un contrato de trabajo.
36 Pues bien, en ausencia de las particularidades específicas de los contratos de trabajo, ni es necesario ni es apropiado identificar la obligación que caracteriza al contrato ni centralizar la competencia judicial en su lugar de cumplimiento, en concepto de lugar de cumplimiento, para los litigios relativos a todas las obligaciones contractuales (sentencia Shenavai, antes citada, apartado 17).
37 Por consiguiente, en el litigio en el procedimiento principal no cabe tomar en consideración la obligación que caracteriza el contrato de agencia para determinar la competencia judicial, en concepto de lugar de cumplimiento.
38 El Juez competente para conocer de la demanda sobre reclamación del pago de una indemnización compensatoria por falta de preaviso tampoco puede basar su competencia sobre la demanda de pago de comisiones en una conexión eventual entre ambas demandas. En efecto, como ha precisado el Tribunal de Justicia, el artículo 22 del Convenio tiene por objeto regular el tratamiento procesal de demandas conexas de las que conocen órganos jurisdiccionales de diferentes Estados contratantes. Dicho artículo no atribuye competencias; en particular, no establece la competencia de un Juez de un Estado contratante para pronunciarse sobre una demanda conexa con otra de la que dicho Juez conoce con arreglo a las normas del Convenio (véanse las sentencias de 24 de junio de 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, apartado 19, y de 27 de octubre de 1998, Réunion européenne y otros, C-51/97, Rec. p. I-6511, apartado 39).
39 Por último, cuando el litigio se refiere a varias obligaciones equivalentes derivadas de un mismo contrato, el Juez ante el que se presentó la demanda no puede guiarse, para determinar su competencia, por el principio elaborado por el Tribunal de Justicia en el apartado 19 de la sentencia Shenavai, antes citada, según el cual lo accesorio sigue a lo principal.
40 En tales circunstancias, el mismo Juez no es competente para conocer en su integridad de una demanda basada en dos obligaciones equivalentes derivadas de un mismo contrato cuando, según las normas de conflicto del Estado de dicho Juez, tales obligaciones deban cumplirse una en este Estado y la otra en un Estado contratante distinto.
41 Debe recordarse que, si bien es cierto que presenta inconvenientes el hecho de que los diferentes aspectos de un mismo litigio sean juzgados por distintos órganos jurisdiccionales, el demandante, conforme al artículo 2 del Convenio, siempre puede plantear en su integridad una demanda ante el órgano jurisdiccional del domicilio del demandado.
42 Por consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 5, número 1, del Convenio debe interpretarse el sentido de que el mismo Juez no es competente para conocer en su integridad de una demanda basada en dos obligaciones equivalentes derivadas de un mismo contrato, cuando, según las normas de conflicto del Estado de dicho Juez, tales obligaciones deben cumplirse una en este Estado y otra en un Estado contratante distinto.
Decisión sobre las costas
Costas
43 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, italiano y del Reino Unido, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Hof van Cassatie mediante resolución de 4 de diciembre de 1997, declara:
El artículo 5, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, debe interpretarse el sentido de que el mismo Juez no es competente para conocer en su integridad de una demanda basada en dos obligaciones equivalentes derivadas de un mismo contrato, cuando, según las normas de conflicto del Estado de dicho Juez, tales obligaciones deben cumplirse una en este Estado y otra en un Estado contratante distinto.
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