Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
1 Transportes - Transporte marítimo - Acuerdo de reparto de cargamentos entre un Estado miembro y un país tercero - Obligación de adaptar un Acuerdo existente antes de la entrada en vigor del Reglamento (CEE) nº 4055/86 - Incumplimiento - Obligación del Estado miembro de denunciar tal Acuerdo - Incumplimiento - Justificación basada en la existencia de una situación política difícil en el país tercero - Improcedencia
[Tratado, art. 169 (actualmente art. 226 CE); Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo, arts. 3 y 4, ap. 1]
2 Acuerdos internacionales - Acuerdos de los Estados miembros - Acuerdos anteriores al Tratado CE - Derechos de los Estados terceros y obligaciones de los Estados miembros - Obligación de eliminar las eventuales incompatibilidades entre un Acuerdo anterior y el Tratado - Alcance
[Tratado, art. 234 (actualmente art. 307 CE, tras su modificación)
Índice
1 Cuando un Estado miembro no ha logrado, dentro de los plazos previstos en el Reglamento nº 4055/86 relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros, modificar por vía diplomática un Acuerdo bilateral celebrado con un país tercero antes de la adhesión del Estado miembro a las Comunidades y que contiene acuerdos en materia de reparto de cargamento incompatibles con el referido Reglamento, y en la medida en que la denuncia de un Acuerdo de este tipo sea posible con arreglo al Derecho internacional, incumbe a dicho Estado denunciar el Acuerdo.
A este respecto, la existencia de una situación política difícil en un tercer país contratante no puede justificar que un Estado miembro persista en el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado.
(véanse los apartados 34 y 39)
2 El artículo 234, párrafo primero, del Tratado (actualmente artículo 307 CE, párrafo primero, tras su modificación) tiene por objeto precisar, de conformidad con los principios del Derecho internacional, que la aplicación del Tratado no afecta al compromiso asumido por un determinado Estado miembro de respetar los derechos de países terceros derivados de un convenio anterior y de cumplir sus correspondientes obligaciones. No obstante, si bien los Estados miembros tienen, en el marco del artículo 234, párrafo segundo, del Tratado, la posibilidad de elegir las medidas apropiadas, también tienen la obligación de eliminar las incompatibilidades que existan entre un convenio precomunitario y el Tratado. Por consiguiente, no puede negarse que, cuando un Estado miembro se encuentra con dificultades que hacen imposible la modificación de un Acuerdo, le incumbe denunciarlo.
A este respecto, no se puede admitir el argumento según el cual semejante denuncia supone excluir de un modo desproporcionado los intereses vinculados a la política exterior del Estado miembro de que se trate en relación con el interés comunitario. En efecto, el equilibrio entre los intereses vinculados a la política exterior de un Estado miembro y el interés comunitario se plasma en el artículo 234, antes citado, en la medida en que esta disposición, por un lado, permite que un Estado miembro deje de aplicar una norma comunitaria a fin de respetar los derechos de países terceros derivados de un convenio anterior y de cumplir sus correspondientes obligaciones, y, por otro lado, le confiere la posibilidad de elegir los medios apropiados para hacer que el Acuerdo de que se trate sea compatible con el Derecho comunitario.
(véanse los apartados 44, 49 y 50)
Partes
En el asunto C-62/98,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. Caeiro, Consejero Jurídico principal, el Sr. B. Mongin y la Sra. M. Afonso, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandante,
contra
República Portuguesa, representada por el Sr. L. Fernandes, Director de Serviços dos Assuntos Jurídicos de la Direcção Geral das Comunidades Europeias del Ministerio de Negócios Estrangeiros, y por la Sra. M.L. Duarte, Consultora jurídica de la misma Dirección, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Portugal, 33, allée Scheffer,
parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 4, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros (DO L 378, p. 1), al no haber denunciado ni adaptado los Acuerdos sobre marina mercante celebrados con la República de Senegal, aprobado mediante Decreto nº 99/79, de 14 de septiembre de 1979; con la República de Cabo Verde, aprobado mediante Decreto nº 119/79, de 7 de noviembre de 1979; con la República de Angola, aprobado mediante Decreto nº 71/79, de 18 de julio de 1979, y con la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, aprobado mediante Decreto nº 123/79, de 13 de noviembre de 1979, a fin de permitir un acceso justo, libre y no discriminatorio de los ciudadanos de la Comunidad a los repartos de cargamentos destinados a la República Portuguesa, de conformidad con el citado Reglamento,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (Ponente), L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala; C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Mischo;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 14 de septiembre de 1999;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 20 de octubre de 1999;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 27 de febrero de 1998, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE (actualmente artículo 226 CE), un recurso que tiene por objeto que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 4, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros (DO L 378, p. 1), al no haber denunciado ni adaptado los Acuerdos sobre marina mercante celebrados con la República de Senegal, aprobado mediante Decreto nº 99/79, de 14 de septiembre de 1979; con la República de Cabo Verde, aprobado mediante Decreto nº 119/79, de 7 de noviembre de 1979; con la República de Angola, aprobado mediante Decreto nº 71/79, de 18 de julio de 1979, y con la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, aprobado mediante Decreto nº 123/79, de 13 de noviembre de 1979, a fin de permitir un acceso justo, libre y no discriminatorio de los ciudadanos de la Comunidad a los repartos de cargamentos destinados a la República Portuguesa, de conformidad con el citado Reglamento.
2 En su escrito de réplica, la Comisión indicó que se habían introducido en los referidos Acuerdos las modificaciones necesarias, excepto en lo que atañe al Acuerdo celebrado con la República de Angola (en lo sucesivo, «Acuerdo controvertido»). En tales circunstancias, la Comisión consideró que el recurso se circunscribía al Acuerdo celebrado con este último país, puesto que tal Acuerdo aún no había sido modificado.
Marco jurídico comunitario
3 El artículo 234 del Tratado CE (actualmente artículo 307 CE, tras su modificación) prevé lo siguiente:
«Las disposiciones del presente Tratado no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Tratado, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra.
En la medida en que tales convenios sean incompatibles con el presente Tratado, el Estado o los Estados miembros de que se trate recurrirán a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado. En caso necesario, los Estados miembros se prestarán ayuda mutua para lograr tal finalidad y adoptarán, en su caso, una postura común.
En la aplicación de los convenios mencionados en el párrafo primero, los Estados miembros tendrán en cuenta el hecho de que las ventajas concedidas en el presente Tratado por cada uno de los Estados miembros son parte integrante del establecimiento de la Comunidad y están, por ello, inseparablemente ligadas a la creación de instituciones comunes, a la atribución de competencias en favor de estas últimas y a la concesión de las mismas ventajas por parte de los demás Estados miembros.»
4 El Reglamento nº 4055/86 contiene las siguientes disposiciones: Artículo 1, apartado 1:
«La libre prestación de servicios de transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros se aplicará a los nacionales de los Estados miembros que estén establecidos en un Estado miembro distinto del Estado al que pertenezca la persona a la que van dirigidos dichos servicios.»
Artículo 2:
«No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 1, las limitaciones existentes antes del 1 de julio de 1986 impuestas al transporte de determinados productos, reservado en su totalidad o en parte a los buques que naveguen bajo bandera nacional, se eliminarán paulatinamente a más tardar con arreglo al siguiente calendario:
- el transporte entre Estados miembros realizado por buques que naveguen bajo bandera de otro Estado miembro: 31 de diciembre de 1989,
- el transporte entre Estados miembros y países terceros realizado por buques que naveguen bajo bandera de un Estado miembro: 31 de diciembre de 1991,
- el transporte entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros realizado por otros buques: 1 de enero de 1993.»
Artículo 3
«Los acuerdos en materia de reparto de cargamentos contenidos en los acuerdos bilaterales celebrados por los Estados miembros con terceros países se eliminarán paulatinamente o se ajustarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.»
Artículo 4, apartado 1:
«Los acuerdos de reparto de cargamento existentes que no hayan sido eliminados con arreglo al artículo 3 deberán ajustarse a la legislación comunitaria y, en particular:
a) en lo que se refiere al tráfico regulado por el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, deberán respetar dicho Código y las obligaciones de los Estados miembros en virtud del Reglamento (CEE) nº 954/79;
b) en lo que se refiere al tráfico no regulado por el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, los acuerdos deberán ajustarse tan pronto como sea posible y en ningún caso [léase: en cualquier caso] antes del 1 de enero de 1993 a fin de permitir un acceso justo, libre y no discriminatorio de todos los ciudadanos de la Comunidad, definidos en el artículo 1, a los repartos de cargamento que correspondan a los Estados miembros de que se trate.»
5 Con arreglo a su artículo 12, el Reglamento nº 4055/86 entró en vigor el 1 de enero de 1987.
El Acuerdo controvertido
6 El Acuerdo controvertido se celebró en julio de 1979, es decir, varios años antes de la adhesión de la República Portuguesa a las Comunidades, que tuvo lugar el 1 de enero de 1986.
7 El artículo VI del acuerdo controvertido prevé lo siguiente:
«1. Las Partes Contratantes tendrán derecho a participar por partes iguales en el transporte marítimo de mercancías entre los puertos de la República Portuguesa y los puertos de la República Popular de Angola.
[...]
4. Para la ejecución del presente Acuerdo, las empresas de navegación de la República Portuguesa y de la República de Angola que sean designadas por las autoridades competentes definirán las formas mejor adaptadas para un transporte eficaz.»
8 El artículo XV de ese mismo Acuerdo estipula lo siguiente:
«[...]
2. El presente Acuerdo seguirá estando en vigor durante los 12 meses siguientes a la fecha en que cualquiera de las Partes Contratantes comunique a la otra su voluntad de denunciar el Acuerdo.»
9 El Acuerdo controvertido reserva el transporte de cargamentos entre las Partes Contratantes a los buques que enarbolen pabellón de una de las Partes o a los buques explotados por personas o empresas que tengan la nacionalidad de una de las Partes. De este modo, los buques explotados por nacionales de otros Estados miembros quedan excluidos del tráfico contemplado en dicho Acuerdo. Los Acuerdos celebrados por la República Portuguesa con la República de Senegal, con la República de Cabo Verde y con la República Democrática de Santo Tomás y Príncipe también contenían una cláusula de reparto de cargamentos de este tipo.
El procedimiento administrativo previo
10 Al considerar que a las cláusulas de reparto de cargamentos contenidas en los Acuerdos mencionados anteriormente, incluido el Acuerdo controvertido, les resultaban aplicables las disposiciones del Reglamento nº 4055/86 y, en particular, su artículo 4, apartado 1, y que habrían debido ser modificadas a fin de ajustarse a dicho Reglamento, la Comisión envió a la República Portuguesa varios escritos.
11 En respuesta a un escrito de la Comisión de 3 de diciembre de 1992, las autoridades portuguesas indicaron, mediante escrito de 15 de febrero de 1993, que habían sido conscientes en todo momento de las obligaciones que les incumbían en virtud de los artículos 3 y 4 del Reglamento nº 4055/86.
12 Como la República Portuguesa no modificó los mencionados Acuerdos, la Comisión le envió el 9 de noviembre de 1995 un escrito de requerimiento.
13 En su respuesta de 27 de agosto de 1996, el Gobierno portugués reconoció la necesidad de modificar los mencionados Acuerdos a la vista de los artículos 3 y 4 del Reglamento nº 4055/86. El Gobierno portugués explicó, por otro lado, que ya se habían iniciado con los países afectados los procedimientos de modificación o de eliminación, pero que, por diversas razones, aún no se había concluido la adaptación. Por último, reafirmó que no se había recurrido a las cláusulas de reparto de cargamentos y que, al igual que los países Parte en dichos Acuerdos, estaba dispuesto a garantizar a los armadores de países terceros, en el sector del transporte marítimo, todos los derechos resultantes de la aplicación del Reglamento nº 4055/86, sin la menor restricción del principio de libre prestación de servicios.
14 Al no haberse modificado ni denunciado ningún Acuerdo dentro del plazo fijado por la Comisión, ésta emitió, el 6 de junio de 1997, un dictamen motivado en el que, con arreglo al artículo 169 del Tratado, instaba a la República Portuguesa a que adoptara las medidas necesarias para atenerse a dicho dictamen motivado dentro de un plazo de dos meses a partir de su notificación.
15 Mediante escrito de 11 de noviembre de 1997, las autoridades portuguesas explicaron que las propuestas de modificaciones de los Acuerdos mencionados, destinadas a adecuar dichos Acuerdos al principio formulado en el Reglamento nº 4055/86, ya habían sido transmitidas por conducto diplomático, a fin de que los países africanos interesados pudieran analizarlas y modificarlas. A este respecto, las autoridades portuguesas subrayaron que, de los cuatro países africanos en cuestión, la República de Senegal y la República de Cabo Verde ya habían dado su consentimiento para proceder a la revisión de los referidos Acuerdos en el sentido propuesto por la República Portuguesa. Mediante escrito de 19 de marzo de 1998, la República Portuguesa facilitó a la Comisión datos complementarios de su respuesta contenida en el escrito de 11 de noviembre de 1997.
16 El 27 de febrero de 1998, al no haberse efectuado modificaciones concretas, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
Alegaciones de las partes
17 La Comisión señala que la finalidad del Reglamento nº 4055/86 es garantizar la libre prestación de servicios de transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros. El Acuerdo controvertido reserva el transporte de cargamentos entre las Partes Contratantes a los buques que enarbolen pabellón de una de las Partes o a los buques explotados por personas o empresas que tengan la nacionalidad de una de las Partes. El resultado de ello es que los buques explotados por nacionales de otros Estados miembros quedan excluidos del tráfico contemplado en dicho Acuerdo. La Comisión estima, por consiguiente, que el Acuerdo debería haber sido modificado para que resultara conforme con el Reglamento nº 4055/86 y, en particular, con el apartado 1 de su artículo 4.
18 A este respecto, la Comisión señala que el artículo 2 del Reglamento nº 4055/86 fija las fechas en las que debía tener lugar la adaptación de un Acuerdo, concretando así las únicas excepciones a la libre prestación de servicios de transporte marítimo formulada por el artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento.
19 Según el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 4055/86, en lo que se refiere al tráfico no regulado por el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, los acuerdos debían ajustarse tan pronto como fuera posible y, en cualquier caso, antes del 1 de enero de 1993. En lo que atañe al tráfico regulado por el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, al que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, no se concedía plazo alguno para proceder a las adaptaciones.
20 La Comisión subraya que, con independencia de que al tráfico le resulte aplicable la letra a) o la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento nº 4055/86, hace ya mucho tiempo que se incumplió el plazo en el que debería haberse efectuado la adaptación del Acuerdo controvertido. La Comisión alega que el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del referido Reglamento ha sido más que suficiente para que dicho Acuerdo fuera modificado o, cuando menos, denunciado y para que la República Portuguesa cumpliera sus obligaciones.
21 El Gobierno portugués no niega que, con arreglo a los artículos 3 y 4 del Reglamento nº 4055/86, las cláusulas de reparto de cargamentos que figuran en el Acuerdo controvertido requieren una modificación de su texto, y subraya que él se esforzó, por todos los medios diplomáticos a su disposición, en incitar a las autoridades angoleñas a que aceptaran tal modificación. En el ínterin, el Gobierno portugués decidió que, en el marco de la Conferencia Ministerial de los Estados de África Occidental y Central sobre transporte marítimo (CMEAOC), no invocaría otros acuerdos en materia de reparto de cargamentos que no fueran los reconocidos por todos los Estados miembros.
22 Dado que las negociaciones con la República de Angola se encuentran en una fase avanzada, o incluso en fase de conclusión, y habida cuenta de la situación de inaplicabilidad de los acuerdos en materia de reparto de cargamentos contrarios a la libre prestación de servicios, el Gobierno portugués estima que la acción de la Comisión basada en el artículo 169 del Tratado es prematura y jurídicamente infundada.
23 Según el Gobierno portugués, la demanda de la Comisión carece de fundamentación jurídica porque no hace referencia al artículo 234 del Tratado. El marco jurídico que esta disposición garantiza vincula a la motivación de una demanda que tenga por objeto la modificación o denuncia de un convenio celebrado con anterioridad a la adhesión a las Comunidades (en lo sucesivo, «convenio precomunitario»).
24 El Gobierno portugués considera que, habida cuenta de los términos del artículo 234 del Tratado, no se le puede reprochar ningún incumplimiento. En efecto, cuando se trata de convenios precomunitarios que resultan, en todo o en parte, contrarios al Tratado CE o al Derecho adoptado para su aplicación, el artículo 234, párrafo segundo, del Tratado obliga a los Estados miembros a recurrir a todos los mecanismos apropiados para eliminar una contradicción entre una disposición del convenio y una disposición comunitaria. Pero no les impone una obligación de resultado, en el sentido de que exija de ellos, con independencia de las consecuencias jurídicas y del precio político, la eliminación de la incompatibilidad que se haya observado.
25 Según el Gobierno portugués, la denuncia de un Acuerdo no forma parte de los «medios apropiados», en el sentido de la referida disposición. En efecto, sólo cabría exigir la denuncia del Acuerdo en el supuesto de que fuera evidente que el país tercero no tiene voluntad de renegociarlo. Las meras dificultades para modificar el Acuerdo vinculadas a razones políticas o de otra naturaleza no son suficientes para que sea imperativa la denuncia.
26 El Gobierno portugués alega que el párrafo segundo del artículo 234 del Tratado debe interpretarse en relación con su párrafo primero, de manera que la eliminación de las incompatibilidades debe hacerse de una forma que, al tiempo que garantice la plena eficacia del Derecho comunitario, afecte lo menos posible a los derechos de los países terceros que sean Parte en un convenio precomunitario.
27 Si el artículo 234, párrafo segundo, del Tratado obligara a los Estados miembros a denunciar el convenio precomunitario en el supuesto de que la vía diplomática para modificar las cláusulas incompatibles no existiera o entrañara muchas dificultades, la última frase de esta disposición carecería de sentido. En efecto, añade el Gobierno portugués, para proceder a la denuncia de un convenio precomunitario, el Estado miembro no necesita ni la ayuda ni la asistencia de los demás Estados miembros, puesto que se trata de un acto unilateral de voluntad.
28 Según el Gobierno portugués, el supuesto de que exista una obligación de denunciar un Acuerdo en virtud del artículo 234, párrafo segundo, del Tratado únicamente puede darse con carácter excepcional y en situaciones extremas. Por lo tanto, como se trata de un acto que genera, en principio, una responsabilidad internacional, la denuncia sólo se justifica si concurren dos requisitos, a saber, la incompatibilidad total entre la disposición de un convenio precomunitario y el Derecho comunitario y la imposibilidad de salvaguardar, por medio de mecanismos políticos o de otra índole, el interés comunitario en la materia.
29 En el caso de autos, añade el Gobierno portugués, no concurre el segundo requisito: los acuerdos en materia de reparto de cargamentos que procede modificar no se aplican y, por lo tanto, su alcance formal no afecta al interés comunitario consistente en una realización plena y efectiva de la libre prestación de servicios en el sector del transporte marítimo.
30 En efecto, continúa el Gobierno portugués, la denuncia constituye un medio desproporcionado para alcanzar el objetivo contemplado en el artículo 234, párrafo segundo, del Tratado y supone vulnerar de un modo desproporcionado los intereses vinculados a la política exterior de la República Portuguesa en relación con el interés comunitario, el cual, en la práctica, no sufre perjuicios reales y efectivos. Tal denuncia tendría un efecto extremadamente pernicioso para las relaciones diplomáticas, políticas y económicas entre dicho Estado miembro y la República de Angola, que constituyen un eje prioritario de la política exterior portuguesa y, por lo tanto, un componente fundamental de las políticas de la Comunidad en materia comercial y en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
31 Por último, concluye el Gobierno portugués, no puede pasarse por alto la situación de guerra y de tensión permanente que existe en Angola, lo que hace muy complicado el normal desarrollo de las relaciones diplomáticas en materias que no sean ni estratégicas ni prioritarias para ese Estado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
32 Con carácter liminar, debe señalarse que la Comisión y la República Portuguesa están de acuerdo en el hecho de que las cláusulas de reparto de cargamentos que figuran en el Acuerdo controvertido requieren una modificación de dicho Acuerdo para que sea compatible con los artículos 3 y 4 del Reglamento nº 4055/86.
33 Es preciso hacer constar que, en el caso de autos, el Gobierno portugués no ha logrado, dentro de los plazos previstos en el Reglamento nº 4055/86, modificar el Acuerdo controvertido utilizando los medios diplomáticos.
34 A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en tales circunstancias, en la medida en que la denuncia de un Acuerdo de este tipo sea posible con arreglo al Derecho internacional, incumbe al Estado miembro afectado denunciar dicho Acuerdo (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/Bélgica, C-170/98, Rec. p. I-5493, apartado 42).
35 No obstante, el Gobierno portugués niega la existencia de un incumplimiento, fundamentalmente por tres razones.
36 En primer lugar, alega que la acción de la Comisión es prematura, debido al avanzado estado de las negociaciones con la República de Angola.
37 A este respecto, ha de recordarse que, dada su función de guardiana del Tratado, la Comisión es la única competente para decidir si es oportuno iniciar un procedimiento de declaración de incumplimiento (véase la sentencia de 11 de agosto de 1995, Comisión/Alemania, C-431/92, Rec. p. I-2189, apartado 22).
38 En segundo lugar, el Gobierno portugués sostiene que la situación de guerra y de tensión permanente que existe en Angola constituye un hecho justificativo.
39 A este respecto, procede señalar que la existencia de una situación política difícil en un tercer país contratante, como ocurre en el presente caso, no puede justificar que un Estado miembro persista en el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado (véase la sentencia Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 42).
40 Por último, el Gobierno portugués alega, en lo sustancial, que, en lo relativo a los convenios precomunitarios celebrados entre un Estado miembro y un país tercero, si bien el artículo 234 del Tratado impone la obligación de recurrir a todos los mecanismos apropiados para eliminar una contradicción entre una norma del convenio y una norma comunitaria, dicho artículo no es indiferente a las consecuencias jurídicas y a los costes políticos resultantes de dicha obligación. En efecto, la existencia de la obligación de denunciar un Acuerdo en virtud del artículo 234 del Tratado es un supuesto que sólo se da con carácter excepcional y en casos extremos. Según el Gobierno portugués, tal denuncia supone excluir de un modo desproporcionado los intereses vinculados a su política exterior en relación con el interés comunitario. Además, concluye, la Comisión habría debido hacer referencia a dicho artículo en la motivación de una demanda que tiene por objeto la modificación o denuncia de un convenio precomunitario.
41 Procede, pues, examinar en qué circunstancias puede un Estado miembro mantener en vigor medidas contrarias al Derecho comunitario basándose en un convenio precomunitario celebrado con un país tercero.
42 A este respecto, es preciso recordar que el artículo 234 del Tratado prevé, en su párrafo primero, que las disposiciones del Tratado no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra. No obstante, el párrafo segundo de ese artículo impone a los Estados miembros la obligación de recurrir a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que pudieran producirse entre un convenio de este tipo y el Tratado CE.
43 El artículo 234 del Tratado tiene alcance general y se aplica a todo convenio internacional, sea cual fuere su objeto, que pueda tener incidencia en la aplicación del Tratado (véanse las sentencias de 14 de octubre de 1980, Burgoa, 812/79, Rec. p. 2787, apartado 6, y de 2 de agosto de 1993, Levy, C-158/91, Rec. p. I-4287, apartado 11).
44 Según resulta de la sentencia Burgoa, antes citada, el artículo 234, párrafo primero, del Tratado tiene por objeto precisar, de conformidad con los principios del Derecho internacional [véase, a este respecto, el artículo 30, apartado 4, letra b), del Convenio de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados], que la aplicación del Tratado CE no afecta al compromiso asumido por un determinado Estado miembro de respetar los derechos de países terceros derivados de un convenio anterior y de cumplir sus correspondientes obligaciones.
45 De lo anterior resulta que la República Portuguesa sigue teniendo obligación de respetar los derechos que el Acuerdo controvertido confiere a la República de Angola.
46 Sin embargo, el Acuerdo controvertido contiene una cláusula (artículo XV) que se refiere expresamente a la posibilidad de denunciarlo que tienen las Partes Contratantes, de manera que la denuncia del Acuerdo por la República Portuguesa no resulta contraria a los derechos que dicho Acuerdo confiere a la República de Angola.
47 Por consiguiente, el principio formulado en el artículo 234, párrafo primero, del Tratado no afecta a las obligaciones que incumben a la República Portuguesa en virtud de los artículos 3 y 4 del Reglamento nº 4055/86.
48 En lo que atañe a la alegación del Gobierno portugués según la cual la obligación de recurrir a la denuncia constituye una obligación excepcional en el marco del artículo 234 del Tratado, basta con hacer constar que, en el caso de autos, la obligación que incumbe a la República Portuguesa no tiene su fundamento en esta disposición del Tratado, sino en las disposiciones del Reglamento nº 4055/86.
49 Por lo demás, es preciso señalar que, si bien los Estados miembros tienen, en el marco del artículo 234 del Tratado, la posibilidad de elegir las medidas apropiadas, también tienen la obligación de eliminar las incompatibilidades que existan entre un convenio precomunitario y el Tratado CE. Por consiguiente, no puede negarse que, cuando un Estado miembro se encuentra con dificultades que hacen imposible la modificación de un Acuerdo, le incumbe denunciarlo.
50 En cuanto al argumento según el cual semejante denuncia supone excluir de un modo desproporcionado los intereses vinculados a la política exterior de la República Portuguesa en relación con el interés comunitario, es preciso indicar que el equilibrio entre los intereses vinculados a la política exterior de un Estado miembro y el interés comunitario se plasma ya en el artículo 234 del Tratado, en la medida en que esta disposición permite que un Estado miembro deje de aplicar una norma comunitaria a fin de respetar los derechos de países terceros derivados de un convenio anterior y de cumplir sus correspondientes obligaciones. Este artículo confiere también a los Estados miembros la posibilidad de elegir los medios apropiados para hacer que el Acuerdo de que se trate sea compatible con el Derecho comunitario.
51 Por último, en cuanto a la inexistencia de fundamentación jurídica que supuestamente se desprende del hecho de que la Comisión se abstuviera de hacer referencia al artículo 234 del Tratado, basta con hacer constar que, en el caso de autos, la demanda de la Comisión se funda en el Reglamento nº 4055/86.
52 En tales circunstancias, procede declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 4, apartado 1, del Reglamento nº 4055/86, al no haber denunciado ni adaptado el Acuerdo controvertido, a fin de permitir un acceso justo, libre y no discriminatorio de los ciudadanos de la Comunidad a los repartos de cargamentos destinados a la República Portuguesa, de conformidad con dicho Reglamento.
Decisión sobre las costas
Costas
53 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión que se condene en costas a la República Portuguesa y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:
1) Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3 y 4, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros, al no haber denunciado ni adaptado el Acuerdo sobre marina mercante celebrado con la República de Angola, a fin de permitir un acceso justo, libre y no discriminatorio de los ciudadanos de la Comunidad a los repartos de cargamentos destinados a la República Portuguesa, de conformidad con el citado Reglamento.
2) Condenar en costas a la República Portuguesa.
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