Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
1. Agricultura - Organización común de mercados - Principios - Criterio de determinación del origen de un producto agrícola - Principio general por el que se fija dicho origen en función de la zona geográfica de cultivo - Inexistencia
[Reglamentos (CEE) del Consejo nos 2392/89 y 2081/92]
2. Agricultura - Organización común de mercados - Materias grasas - Aceite de oliva - Comercialización en la Comunidad - Requisitos - Facultad de apreciación de la Comisión - Control jurisdiccional - Límites
[Reglamento nº 136/66/CEE del Consejo, art. 35 bis]
Índice
1. Los criterios específicos establecidos por el Reglamento nº 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios, en materia de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios se refieren a zonas geográficas determinadas y homogéneas y no pueden transformarse en reglas generales, aplicables independientemente de la extensión y la heterogeneidad de las zonas de que se trate. Asimismo, las normas contenidas en el Reglamento nº 2392/89, por el que se establecen las normas generales para la designación y presentación de los vinos y los mostos de uva, fueron adoptadas teniendo en cuenta las propiedades específicas de dichos productos y no pueden considerarse de aplicación general a todos los productos agrícolas. De ello se desprende que no es posible extraer de dichas disposiciones un principio general según el cual el origen de los diferentes productos agrícolas debe fijarse imperativa y uniformemente en función de la zona geográfica en la que hayan sido cultivados.
( véase el apartado 24 )
2. En los supuestos en que la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación, como en el marco de las competencias que le confiere el artículo 35 bis del Reglamento nº 136/66, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas, modificado por el Reglamento nº 1915/87, el Juez comunitario no puede, al controlar la legalidad del ejercicio de dicha libertad, sustituir las apreciaciones de la autoridad competente en la materia por las suyas propias, sino que debe limitarse a examinar si tales apreciaciones incurren en error manifiesto o en desviación de poder.
( véanse los apartados 25 y 26 )
Partes
En el asunto C-99/99,
República Italiana, representada por el Profesor U. Leanza, Jefe del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, y el Sr. G. Castellani Pastoris, Embajador, en calidad de Agentes, asistidos por el Sr. O. Fiumara, avvocato dello Stato, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Italia, 5, rue Marie-Adelaïde,
parte demandante,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. F.P. Ruggeri Laderchi, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandada,
que tiene por objeto la anulación, con carácter principal, del Reglamento (CE) nº 2815/98 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1998, relativo a las normas comerciales del aceite de oliva (DO L 349, p. 56), o, con carácter subsidiario, de los artículos 1 y 2, apartados 1 y 2, párrafo tercero, y 3, apartados 2, párrafo tercero, y 3, de dicho Reglamento,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por los Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala; M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (Ponente) y L. Sevón, Jueces;
Abogado General: Sr. S. Alber;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 12 de julio de 2000 durante la cual la República Italiana estuvo representada por el Sr. O. Fiumara y la Comisión, por el Sr. V. Di Bucci, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 21 de septiembre de 2000;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de marzo de 1999, la República Italiana solicitó, con arreglo al artículo 173, párrafo primero, del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, párrafo primero, tras su modificación) la anulación, con carácter principal, del Reglamento (CE) nº 2815/98 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1998, relativo a las normas comerciales del aceite de oliva (DO L 349, p. 56; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»), o, con carácter subsidiario, de los artículos 1 y 2, apartados 1 y 2, párrafo tercero, y 3, apartados 2, párrafo tercero, y 3, de dicho Reglamento.
2 El Reglamento impugnado se adoptó sobre la base del Reglamento nº 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas (DO 1966, 172, p. 3025; EE 03/01, p. 214), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 1915/87 del Consejo, de 2 de julio de 1987 (DO L 183, p. 7; en lo sucesivo, «Reglamento nº 136/66»), y, en particular, de su artículo 35 bis. Esta disposición faculta a la Comisión para adoptar normas de comercialización para el aceite de oliva, entre otros productos. Según el apartado 1 de dicho artículo, las normas pueden referirse «en particular a la clasificación por calidad, al envasado y a la presentación». A tenor del apartado 3 de la misma disposición, dichas normas se adoptan «teniendo en cuenta las necesidades técnicas de producción y de comercialización así como la evolución de los métodos para determinar las características físico químicas y organolépticas de los productos contemplados [...]».
3 El Reglamento impugnado regula las denominaciones de origen relativas al aceite de oliva destinado a los consumidores de los Estados miembros.
4 El artículo 1, párrafo primero, del Reglamento impugnado establece:
«La designación del origen del aceite de oliva virgen extra y del aceite de oliva virgen, a que se refieren las letras a) y b) del punto 1 del anexo del Reglamento nº 136/66/CEE, en los envases destinados a los consumidores de los Estados miembros o en las etiquetas de dichos envases tendrá carácter facultativo. En los casos en que el agente económico recurra a esta posibilidad, la designación del origen se autorizará únicamente de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.»
5 El artículo 2 del Reglamento impugnado dispone:
«1. La designación del origen se referirá a una zona geográfica y sólo podrá mencionar lo siguiente:
a) una zona geográfica cuya denominación haya sido registrada como denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida de conformidad con el Reglamento (CEE) nº 2081/92,
y/o
b) a efectos del presente Reglamento:
- un Estado miembro,
- la Comunidad Europea,
- un país tercero.
2. Sin perjuicio de las normas nacionales adoptadas en virtud de la Directiva 79/112/CEE, el etiquetado y la presentación de la designación del origen para el consumidor final se ajustarán a las disposiciones del presente apartado.
La designación del origen figurará en el envase o en la etiqueta de éste, con arreglo al apartado 3 del artículo 1 de la Directiva 79/112/CEE, de manera que sea fácilmente comprensible por el consumidor final.
Toda referencia a una zona geográfica en el envase o en la etiqueta de éste se considerará una designación del origen, sujeta a las disposiciones del presente Reglamento, con la excepción:
- del nombre de la marca o de la empresa, cuya solicitud de registro haya sido presentada antes del 1 de enero de 1999 de conformidad con la Directiva 89/104/CEE,
- de la designación efectuada en virtud del Reglamento (CEE) nº 2081/92.»
6 A tenor del artículo 3 del Reglamento impugnado:
«1. La designación del origen de los aceites de oliva con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida deberá efectuarse de conformidad con las disposiciones establecidas en virtud del Reglamento (CEE) nº 2081/92.
2. Excepto en los casos contemplados en el apartado 1, la designación como origen de un Estado miembro o de la Comunidad Europea corresponderá a la zona geográfica en la que se haya obtenido un "aceite de oliva virgen extra" o un "aceite de oliva virgen".
No obstante, en el caso de mezclas de "aceites de oliva vírgenes extra" o de "aceites de oliva vírgenes" en las que más de un 75 % proceda de un mismo Estado miembro o de la Comunidad, podrá designarse el origen principal siempre que se acompañe de la mención "selección de aceites de oliva vírgenes (extra)" en la que más del (75) % ha sido obtenida en (designación del origen).
A efectos del presente apartado, un aceite de oliva virgen extra o un aceite de oliva virgen sólo se considerará obtenido en una zona geográfica si ha sido obtenido de aceitunas de una almazara situada en la zona en cuestión.
3. En el caso de un aceite de oliva virgen extra o de un aceite de oliva virgen importado de un país tercero, la designación del origen se determinará de conformidad con las disposiciones en materia de origen no preferencial contempladas en los artículos 22 a 26 del Reglamento (CEE) nº 2913/92.»
7 En apoyo de su recurso, el Gobierno italiano invocó dos motivos basados, respectivamente,
- en la infracción y en la aplicación indebida de los artículos 35 bis del Reglamento nº 136/66; 2, apartado 1, de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final (DO 1979, L 33, p. 1), así como 22 y 24 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), y
- en la infracción y en la aplicación indebida de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).
Sobre el primer motivo
8 El Gobierno italiano sostiene que la Comisión ha ejercido ilógica e indebidamente la facultad de apreciación que le confiere el artículo 35 bis del Reglamento nº 136/66 al decidir que la definición de un Estado miembro o de la Comunidad como origen de un «aceite de oliva virgen extra» o de un «aceite de oliva virgen» debe hacerse en función del lugar de obtención de ese aceite, a saber, el lugar en que es extraído de las aceitunas. A su juicio, tal determinación se halla «en franca contradicción con la política adoptada en materia de sistema de designación de otros productos».
9 En primer lugar, el Gobierno italiano alega que dicho criterio viola el principio de vinculación territorial consagrado, a su juicio, por la normativa comunitaria en materia de origen de los productos agrícolas. A este respecto, se refiere, en particular, a la Directiva 79/112; al artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1), que vincula las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas a la región en la que tiene su origen el producto agrícola de que se trate, así como al Reglamento (CEE) nº 2392/89 del Consejo, de 24 de julio de 1989, por el que se establecen las normas generales para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva (DO L 232, p. 13), que indica, en su duodécimo considerando, que la calidad del vino o del mosto está determinada por las condiciones naturales del lugar en donde está situado el viñedo.
10 En segundo lugar, el Gobierno italiano alega que los dos motivos invocados por la Comisión para justificar la elección de dicho criterio carecen de lógica y son incoherentes.
11 El primer motivo, según el cual las técnicas de extracción influyen en la calidad y el sabor de los aceites vírgenes, se contradice, en opinión de dicho Gobierno, con la afirmación, que figura en el primer considerando del Reglamento impugnado, de que los usos o las prácticas agrícolas influyen en la calidad y el sabor de los aceites obtenidos. En cualquier caso, el cultivo de las aceitunas constituye la fase esencial del proceso de producción.
12 Siempre según el Gobierno italiano, el segundo motivo de la Comisión, conforme al cual el lugar de extracción del aceite coincide con el de la recogida de las aceitunas dado que, afirma dicha Institución, los transportes de aceitunas de un país a otro son muy reducidos, es erróneo.
13 En tercer lugar, el Gobierno italiano sostiene que las medidas adoptadas por la Comisión infringen el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 79/112, en la medida en que pueden inducir a error a los consumidores en cuanto al origen del aceite.
14 En cuarto lugar, el Gobierno italiano alega que el artículo 3, apartado 3, del Reglamento impugnado se remite erróneamente a los artículos 22 a 26 del Reglamento nº 2913/92. En efecto, la aplicación del criterio mencionado en el artículo 24 de éste, a saber, la determinación del origen de una mercancía en función del lugar de la última transformación que haya sufrido, podría dar lugar a que la mezcla de aceites de diferentes procedencias realizada en un Estado miembro dado bastara, por sí sola, para otorgar a un aceite la denominación de origen de ese Estado.
15 Con carácter preliminar, la Comisión recuerda que, con el propósito de alcanzar los objetivos de la Política Agrícola Común, las instituciones ostentan una facultad discrecional y que el control jurisdiccional debe limitarse a comprobar que no existe error manifiesto ni desviación de poder y que no se han traspasado manifiestamente los límites de la facultad de apreciación (sentencia de 29 de octubre de 1980, Roquette Frères/Consejo, 138/79, Rec. p. 3333, apartado 25).
16 En lo que atañe a la primera alegación de la República Italiana, la Comisión afirma que resulta baldío el intento de la demandante de extrapolar de la legislación un concepto único del origen de los distintos productos agrícolas.
17 En relación con la segunda alegación, la Comisión señala, por una parte, la importancia del prensado para la calidad del aceite. Por otra, observa que, dado que el transporte de las aceitunas requiere determinadas precauciones, es mucho más costoso que el del aceite obtenido de esas mismas aceitunas. A su juicio es, pues, desdeñable el riesgo de que aceitunas no procedentes de Italia fueran importadas para su prensado en este Estado miembro, con el fin de obtener el reconocimiento de la denominación de origen. No obstante, en el caso de que se produjera dicho transporte como consecuencia de nuevas circunstancias, la Comisión asegura que podría modificar el Reglamento impugnado a fin de obviar las perturbaciones que aquél provocaría en el mercado en detrimento de los consumidores.
18 Respondiendo a la tercera argumentación, la Comisión sostiene que el Reglamento impugnado menciona el lugar de extracción únicamente con respecto a los aceites cuya denominación de origen hace referencia al territorio de todo un Estado miembro o de la Comunidad. En efecto, a su juicio, la diversidad de climas, de prácticas agrícolas y de variedades cultivadas en cada uno de los Estados miembros es tan amplia que tales elementos no pueden tener una influencia clara en las características del producto. En estas circunstancias, el hecho de saber que un aceite se produce con aceitunas procedentes de un Estado miembro no proporciona al consumidor ninguna indicación adicional en cuanto a la calidad del producto.
19 Respecto a la cuarta argumentación, la Comisión alega que la remisión al Reglamento nº 2913/92, efectuada en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento impugnado, tiene como único objetivo determinar cuál es el país tercero de origen en el caso de aceites procedentes de un país tercero.
20 La Comisión agrega que el criterio aplicado por el Reglamento impugnado facilita los controles. Afirma que mientras que la cantidad de productores de aceitunas es muy elevada, el número de lagares, sometidos ya a una serie de obligaciones y controles en el marco de la normativa comunitaria, es más reducido.
21 Con carácter preliminar, procede recordar que el artículo 3, apartado 2, del Reglamento impugnado se refiere únicamente a la designación de un Estado miembro o de la Comunidad Europea como origen del «aceite de oliva virgen extra» y del «aceite de oliva virgen».
22 Ha de señalarse que el Reglamento impugnado fue adoptado sobre la base del artículo 35 bis del Reglamento nº 136/66. En el apartado 1 de dicha disposición, el Consejo confiere a la Comisión la facultad de adoptar normas de comercialización para el aceite de oliva, entre otros productos. Con arreglo al apartado 3 de este mismo artículo, al adoptar dichas medidas conforme al procedimiento denominado de los «comités de gestión», la Comisión debe tener en cuenta «las necesidades técnicas de producción y de comercialización así como la evolución de los métodos para determinar las características físico químicas y organolépticas» de los productos de que se trata.
23 Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno italiano, ni el artículo 35 bis ni ninguna otra disposición del Reglamento nº 136/66 introducen ninguna otra limitación a la facultad de apreciación de la Comisión en lo que a la determinación del origen de los citados productos se refiere.
24 La Directiva 79/112 no contiene indicación alguna al respecto. Por su parte, los criterios específicos establecidos por el Reglamento nº 2081/92 en materia de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen de los productos agrícolas se refieren a zonas geográficas determinadas y homogéneas y no pueden transformarse en reglas generales, aplicables independientemente de la extensión y la heterogeneidad de las zonas de que se trate. Asimismo, las normas contenidas en el Reglamento nº 2392/89, en relación con los vinos y los mostos de uva, fueron adoptadas teniendo en cuenta las propiedades específicas de dichos productos y no pueden considerarse de aplicación general a todos los productos agrícolas. De ello se desprende que no es posible extraer de la normativa invocada por el Gobierno italiano un principio general según el cual el origen de los diferentes productos agrícolas debe fijarse imperativa y uniformemente en función de la zona geográfica en la que hayan sido cultivados.
25 Por consiguiente, procede considerar que la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación para regular, en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 35 bis del Reglamento nº 136/66, la designación del origen del aceite de oliva.
26 Por tratarse de la evaluación de una situación económica compleja, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando, como sucede en el caso de autos, la Comisión dispone de una gran libertad de apreciación, el Juez comunitario no puede, al controlar la legalidad del ejercicio de dicha libertad, sustituir las apreciaciones de la autoridad competente en la materia por las suyas propias, sino que debe limitarse a examinar si tales apreciaciones incurren en error manifiesto o en desviación de poder (sentencia de 25 de junio de 1997, Italia/Comisión, C-285/94, Rec. p. I-3519, apartado 39).
27 En el caso de autos el Gobierno italiano no ha demostrado la existencia de tal error ni de tal desviación. Los motivos expuestos por la Comisión en la exposición de motivos del Reglamento impugnado y explicados en el presente procedimiento para justificar la elección del lugar de obtención del aceite para designar el origen de un «aceite de oliva virgen extra» o de un «aceite de oliva virgen», cuando ese origen se refiere a un Estado miembro o a la Comunidad Europea, no carecen de lógica ni son incoherentes.
28 Por una parte, la Comisión tomó en consideración el hecho de que la manera en que el aceite se extrae de las aceitunas tiene una gran influencia en la calidad del aceite, en particular, en relación con su sabor, su aroma y su color. Consideró que dicha influencia es mayor que la de las condiciones climáticas y medioambientales del lugar donde se cultivan las aceitunas, y que la de las distintas variedades de aceitunas cultivadas. Esta apreciación se basa en que dichos elementos varían considerablemente de un Estado miembro a otro, e incluso en un mismo Estado miembro, y, por lo tanto, no pueden tener respecto a los aceites cuyo origen hace referencia a todo el territorio de un Estado miembro o de la Comunidad Europea, que son aquellos a los que se refiere el artículo 3, apartado 2, del Reglamento impugnado, una influencia claramente identificable sobre sus características físico químicas y organolépticas.
29 Por otra parte, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que los transportes de aceitunas entre países son limitados, habida cuenta de los costes que genera la necesidad de tomar ciertas precauciones para evitar pérdidas de calidad considerables.
30 Teniendo en cuenta estas consideraciones, no puede afirmarse que la elección del lugar de obtención del aceite como criterio de determinación, con referencia a un Estado miembro o a la Comunidad, del origen de un «aceite de oliva virgen extra» o de un «aceite de oliva virgen» no se ajuste a las exigencias de una información correcta al consumidor. Además, como sostiene la Comisión, dicho criterio facilita considerablemente los controles.
31 Por último, la conjunción de este criterio con el de la «última transformación o elaboración sustancial», establecido en el artículo 24 del Reglamento nº 2913/92, no puede dar lugar a los abusos evocados por el Gobierno italiano. En efecto, la remisión que hace a este Reglamento al artículo 3, apartado 3, del Reglamento impugnado se refiere únicamente a la determinación del lugar elegido para designar el origen de un aceite importado de un país tercero. Por lo tanto, para su comercialización como mercancía originaria de un Estado miembro o de la Comunidad, el «aceite de oliva virgen extra» o el «aceite de oliva virgen» debe ajustarse a las exigencias del artículo 3, apartado 2, del Reglamento impugnado.
32 En estas circunstancias, debe desestimarse el motivo basado en la infracción y en la aplicación indebida de los artículos 35 bis del Reglamento nº 136/66; 2, apartado 1, de la Directiva 79/112, así como 22 y 24 del Reglamento nº 2913/92.
Sobre el segundo motivo
33 El Gobierno italiano sostiene que, al establecer, en el artículo 2, apartado 2, párrafo tercero, primer guión, del Reglamento impugnado, que las marcas cuyo registro fue solicitado antes del 1 de enero de 1999 no están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, la Comisión aplica equivocadamente la Directiva 89/104. En efecto, a su juicio, tal excepción puede dar lugar a verdaderos abusos por cuanto autoriza el registro de marcas con posterioridad a la publicación del Reglamento impugnado.
34 Según la Comisión, el registro de una marca efectuado de mala fe antes del 1 de enero de 1999, con el fin de eludir la aplicación del Reglamento impugnado, infringe el artículo 3 de la Directiva 89/104 y es, por lo tanto, ilegal.
35 A este respecto, baste señalar que no parece que exista un riesgo de registros abusivos durante el período comprendido entre el 24 de diciembre de 1998, fecha de la publicación del Reglamento impugnado, y el 1 de enero de 1999, teniendo en cuenta, por una parte, la brevedad de dicho período y, por otra, que los procedimientos necesarios para el registro de una marca son largos y complejos. Puesto que el Gobierno italiano no ha aportado ningún principio de prueba, el hecho de que simplemente alegue dicho riesgo no basta para demostrar la existencia de un error manifiesto o de una desviación de poder por parte de la Comisión.
36 Por consiguiente, procede desestimar el motivo basado en la aplicación indebida de la Directiva 89/104.
37 Dado que ninguno de los dos motivos invocados por la República Italiana en apoyo de su recurso es fundado, procede desestimar dicho recurso en su integridad.
Decisión sobre las costas
Costas
38 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha pedido que se condene en costas a la República Italiana y por haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a la República Italiana.
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