Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
Aproximación de las legislaciones Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores Directiva 93/13/CEE Consumidor tal como se halla definido en el artículo 2 Concepto Personas jurídicas Exclusión
[Directiva 93/13/CEE del Consejo, art. 2, letra b)]
Índice
$$El concepto de consumidor, tal como se halla definido en el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se refiere exclusivamente a las personas físicas.
( véanse el apartado 17 y el fallo )
Partes
En los asuntos acumulados C-541/99 y C-542/99,
que tienen por objeto varias peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Giudice di pace di Viadana (Italia), destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre
Cape Snc
y
Idealservice Srl (asunto C-541/99),
y entre
Idealservice MN RE Sas
y
OMAI Srl (asunto C-542/99),
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por la Sra. F. Macken (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. C. Gulmann y J.-P. Puissochet, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Mischo;
Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de división;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
en nombre del Gobierno italiano, por los Sres. U. Leanza y G. Castellani Pastoris, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;
en nombre del Gobierno español, por el Sr. S. Ortiz Vamonde, en calidad de agente;
en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger y R. Loosli-Surrans, en calidad de agentes;
en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. M. França y P. Stancanelli, en calidad de agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de Idealservice Srl, representada por la Sra. R. Chiericati, avvocatessa; del Gobierno italiano, representado por el Sr. D. Del Gaizo, y de la Comisión, representada por los Sres. M. França y P. Stancanelli, expuestas en la vista de 17 de mayo de 2001;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de junio de 2001;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante dos resoluciones de 12 de noviembre de 1999, recibidas en el Tribunal de Justicia el 31 de diciembre siguiente, el Giudice di pace di Viadana planteó, con arreglo al artículo 234 CE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29; en lo sucesivo, «Directiva»).
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de dos litigios entre Cape Snc (en lo sucesivo, «Cape») e Idealservice Srl e Idealservice MN RE Sas y OMAI Srl (en lo sucesivo, «OMAI»), respectivamente, relativos a la ejecución de varios contratos tipo en los que figura una cláusula atributiva de competencia en favor del Giudice di pace di Viadana, con la cual manifiestan su disconformidad Cape y OMAI fundándose en la Directiva.
El marco normativo
3 Según el artículo 1, apartado 1, de la Directiva, el propósito de ésta es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
4 A tenor del artículo 2, letra b), de la Directiva:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[...]
b) "consumidor": toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional».
5 El artículo 2, letra c), de la Directiva define el término «profesional» como «toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada».
El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
6 Los días 14 de septiembre de 1990 y 26 de enero de 1996, Idealservice MN RE Sas e Idealservice Srl (en lo sucesivo, «Idealservice») celebraron con OMAI y Cape, respectivamente, dos contratos relativos al suministro a estas últimas de varias máquinas de distribución automática de bebidas, que fueron instaladas en los locales de estas dos sociedades y que estaban destinadas al uso exclusivo de su personal.
7 En el marco de la ejecución de los referidos contratos, Cape y OMAI formularon oposición a la orden conminatoria de pago, afirmando que la cláusula atributiva de competencia que figura en los mismos es nula con arreglo al artículo 1469 bis, punto 19, del Código Civil italiano y, por consiguiente, inoponible a las partes contratantes en virtud del artículo 1469 quinquies de este mismo Código.
8 El órgano jurisdiccional remitente reconoce que su competencia para conocer de los dos litigios que le han sido sometidos depende de la interpretación de las citadas disposiciones del Código Civil, las cuales constituyen una «adaptación inadecuada» del Derecho interno a la Directiva. En particular, los conceptos de «profesional» y de «consumidor» que figuran en el artículo 1469 bis del Código Civil son una transcripción literal de las definiciones contenidas en el artículo 2 de la referida Directiva.
9 En ambos asuntos, Idealservice afirma que Cape y OMAI no pueden ser consideradas consumidores en orden a la aplicación de la Directiva. En efecto, además de tratarse de sociedades y no de personas físicas, Cape y OMAI firmaron los contratos controvertidos ante el órgano jurisdiccional nacional en el ejercicio de su actividad empresarial.
10 Por considerar que la solución de los dos litigios que le habían sido sometidos dependía de la interpretación de la Directiva, el Giudice di pace di Viadana decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, que se hallan redactadas en términos idénticos en ambos asuntos:
«1) ¿Puede considerarse consumidor a un empresario que, mediante la celebración de un contrato con otro empresario en un modelo preestablecido por éste, por estar comprendido el objeto del contrato en el ámbito de su actividad profesional normal, adquiere en beneficio exclusivo de sus propios empleados un servicio o un bien que no tiene relación alguna con su propia actividad profesional y empresarial normal y es completamente ajeno a la misma? ¿Puede afirmarse, en tal caso, que dicha persona ha actuado con una finalidad no relacionada con la empresa?
2) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿puede considerarse consumidor a cualquier persona o entidad cuando realiza operaciones con fines ajenos a la actividad empresarial o profesional que normalmente desarrolla, o que no correspondan a tal actividad, o se refiere el concepto de consumidor únicamente a la persona física, con exclusión de cualquier otra persona?
3) ¿Puede considerarse consumidor a una sociedad?»
11 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 2000, se acumularon los asuntos C-541/99 y C-542/99 a los fines de las fases oral y escrita del procedimiento y de la sentencia.
Sobre las cuestiones segunda y tercera
12 Mediante sus cuestiones segunda y tercera, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pide, en esencia, que se dilucide si debe interpretarse el concepto de «consumidor», tal como se halla definido en el artículo 2, letra b), de la Directiva, en el sentido de que se refiere exclusivamente a las personas físicas.
13 Idealservice, los Gobiernos italiano y francés, así como la Comisión, afirman que el concepto de «consumidor» se refiere únicamente a las personas físicas.
14 En cambio, el Gobierno español afirma que, si bien el Derecho comunitario considera que, en principio, las personas jurídicas no son consumidores en el sentido de la Directiva, no excluye una interpretación que les confiera la citada calidad. El referido Gobierno alega, con el Gobierno francés, que la definición de consumidor que da la Directiva no excluye la posibilidad de que los Derechos internos de los Estados miembros, al adaptarse a ésta, consideren a una sociedad como un consumidor.
15 Sobre este particular, procede destacar que el artículo 2, letra b), de la Directiva define al consumidor como «toda persona física» que cumpla los requisitos enunciados en esta disposición, mientras que el artículo 2, letra c), de la Directiva define el concepto de «profesional» refiriéndose tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas.
16 Por consiguiente, del tenor literal del artículo 2 de la Directiva se deduce claramente que una persona distinta de una persona física, que celebra un contrato con un profesional, no puede ser considerada un consumidor en el sentido de la citada disposición.
17 Procede, pues, responder a las cuestiones segunda y tercera que el concepto de «consumidor», tal como se halla definido en el artículo 2, letra b), de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se refiere exclusivamente a las personas físicas.
Sobre la primera cuestión
18 Habida cuenta de la respuesta data a las cuestiones segunda y tercera, no procede responder a la primera cuestión.
Decisión sobre las costas
Costas
19 Los gastos efectuados por los Gobiernos italiano, español y francés, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Giudice di pace di Viadana mediante resoluciones de 12 de noviembre de 1999, declara:
El concepto de «consumidor», tal como se halla definido en el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se refiere exclusivamente a las personas físicas.
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