Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
Aproximación de las legislaciones - Etiquetado y presentación de los productos alimenticios - Directiva 79/112/CEE - Normativa nacional que prohíbe con carácter general las indicaciones relativas a la salud en el etiquetado de los productos alimenticios - Normativa nacional que supedita la inclusión de tales indicaciones a un procedimiento de autorización previa - Improcedencia
[Directiva 79/112/CEE del Consejo, arts. 2, ap. 1, letras a) y b), y 15, aps. 1 y 2, modificada por la Directiva 97/4/CE]
Índice
$$Resulta de los artículos 2, apartado 1, letras a) y b), y 15, apartado 1, de la Directiva 79/112, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final, modificada por la Directiva 97/4, que los productos alimenticios cuyo etiquetado contiene indicaciones no fraudulentas relativas a la salud deben ser considerados conformes con las normas de dicha Directiva, y que los Estados miembros no pueden prohibir su comercialización basándose en motivos fundados en posibles irregularidades de dicho etiquetado. La competencia que se deja a los Estados miembros de prever normas que se añaden a las establecidas por la Directiva 79/112 está limitada por su artículo 15, apartado 2, que enumera de forma exhaustiva, las razones que pueden justificar la aplicación de normas nacionales no armonizadas que prohíban el comercio de productos que se ajusten a aquélla, entre las que figura la protección de la salud y de los consumidores.
De lo anterior se desprende que dichas disposiciones se oponen a la normativa nacional de un Estado miembro que prohíbe con carácter general, sin perjuicio de una autorización previa cuyo objetivo es prohibir las indicaciones fraudulentas relativas a la salud, cualquier indicación relativa a la salud que figure en el etiquetado y la presentación de los productos alimenticios. En efecto, tal normativa nacional que prevé un procedimiento de autorización previa de toda indicación relativa a la salud que figure en el etiquetado de productos alimenticios, incluidos los fabricados legalmente en otros Estados miembros, en los que se encuentran en libre circulación, tiene, en realidad, como consecuencia que los productos alimenticios con indicaciones relativas a la salud no puedan comercializarse libremente, ni siquiera en el caso de que no puedan inducir a engaño al consumidor y, no puede considerarse, por tanto, proporcionada al objetivo perseguido.
( véanse los apartados 30, 31, 37, 40, 41 y 44 y el fallo )
Partes
En los asuntos acumulados C-421/00, C-426/00 y C-16/01,
que tiene por objeto diversas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (Austria), el Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) y el Verwaltungsgerichtshof (Austria), respectivamente, destinadas a obtener, en los procesos penales seguidos ante dicho órgano jurisdiccional contra
Renate Sterbenz (asunto C-421/00),
y
Paul Dieter Haug (asuntos C-426/00 y C-16/01),
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE y de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162), modificada por la Directiva 97/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997 (DO L 43, p. 21).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. R. Schintgen, Presidente de la Sala Segunda, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y el Sr. V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;
Secretario: Sr. R. Grass;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- en nombre de la Sra. Sterbenz, par la Sra. R. Hütthaler-Brandauer, Rechtsanwältin (asunto C-421/00);
- en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. H. Dossi, en calidad de agente (asuntos C-421/00, C-426/00 y C-16/01);
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. M. Shotter y J.C. Schieferer, en calidad de agentes (asuntos C-421/00, C-426/00 y C-16/01);
visto el informe del Juez Ponente;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de julio de 2002;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resoluciones de 8 de noviembre de 2000, 15 de noviembre de 2000 y 18 de diciembre de 2000, recibidas en el Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 2000, el 20 de noviembre de 2000 y el 15 de enero de 2001, respectivamente, el Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, el Unabhängiger Verwaltungssenat Wien y el Verwaltungsgerichtshof plantearon, con arreglo al artículo 234 CE, diversas cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE y de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162), modificada por la Directiva 97/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997 (DO L 43, p. 21; en lo sucesivo, «Directiva 79/112»).
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de tres procesos penales seguidos contra la Sra. Sterbenz y el Sr. Haug, respectivamente, a los que se imputa haber comercializado productos alimenticios con designaciones que vulneran la normativa austriaca.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
3 El artículo 28 CE dispone:
«Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.»
4 El artículo 30 CE es del siguiente tenor:
«Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.»
5 El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 79/112 establece:
«El etiquetado y las modalidades según las cuales se realice no deberán:
a) ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente:
i) sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia, y modo de fabricación o de obtención,
ii) atribuyendo al producto alimenticio efectos o propiedades que no posea,
iii) sugiriéndole que el producto alimenticio posee características particulares, cuando todos los productos similares posean estas mismas características;
b) sin perjuicio de las disposiciones comunitarias aplicables a las aguas minerales naturales y a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial, atribuir a un producto alimenticio propiedades de prevención, tratamiento y curación de una enfermedad humana, ni mencionar dichas propiedades.»
6 El artículo 15 de la Directiva 79/112 dispone:
«1. Los Estados miembros no podrán prohibir el comercio de los productos alimenticios que se ajusten a la presente Directiva mediante la aplicación de disposiciones nacionales no armonizadas que regulen el etiquetado y la presentación de ciertos productos alimenticios o de los productos alimenticios en general.
2. El apartado 1 no será aplicable a las disposiciones nacionales no armonizadas justificadas por razones de:
- protección de la salud pública,
- represión del fraude, a condición de que dichas disposiciones no puedan obstaculizar la aplicación de las definiciones y normas previstas por la presente Directiva,
- protección de la propiedad industrial y comercial, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y de represión de la competencia desleal.»
Normativa nacional
7 A tenor del artículo 8, letra f), de la Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (Ley federal sobre la comercialización de productos alimenticios, productos destinados al consumo humano, aditivos, productos cosméticos y objetos de uso corriente; en lo sucesivo, «LMG»), de 23 de enero de 1975:
«Los productos alimenticios, los productos destinados al consumo humano y los aditivos
[...]
f) están incorrectamente designados cuando se comercializan con indicaciones que pueden inducir a error sobre características que tienen una importancia fundamental en el tráfico económico, especialmente por lo que atañe a las expectativas de los consumidores, como por ejemplo sobre la naturaleza, el origen, las aplicaciones, la conservación, la fecha de fabricación, las características, el contenido de elementos que determinan su valor, la cantidad, las dimensiones, el número o el peso o con una forma o presentación que produzca los mismos efectos o con indicaciones prohibidas relacionadas con la salud.»
8 El artículo 9, apartados 1 y 3, de la LMG, establece lo siguiente:
«1. Está prohibido, en la comercialización de productos alimenticios, de productos destinados al consumo humano y de aditivos:
a) referirse a la prevención, alivio o curación de enfermedades o síntomas de enfermedades o a efectos fisiológicos o farmacológicos especialmente a efectos rejuvenecedores, antienvejecimiento, adelgazantes o beneficiosos para la salud o dar la impresión de que se producen dichos efectos;
b) hacer referencia a historiales clínicos de enfermos, a recomendaciones médicas o dictámenes;
c) utilizar representaciones gráficas o esquemáticas, relacionadas con la salud, de órganos del cuerpo humano, imágenes de profesionales sanitarios o de centros sanitarios u otras imágenes referidas a actividades sanitarias.
[...]
3. El Ministro federal de Salud y Medio Ambiente autorizará mediante resolución, a solicitud del interesado, el uso de indicaciones relativas a la salud para determinados productos alimenticios cuando ello sea compatible con la protección de los consumidores contra el fraude. Se derogará la resolución cuando dejen de cumplirse los requisitos de la autorización.»
9 El artículo 74, apartado 1, de la LMG es del siguiente tenor:
«Quien [...] comercialice productos alimenticios, productos para el consumo humano o aditivos, o [...] etiquetados de manera inexacta, o bienes de consumo incorrectamente etiquetados, comete una infracción administrativa que será sancionada por la autoridad administrativa del distrito [...]»
Los litigios del procedimiento principal y las cuestiones prejudiciales
Asunto C-421/00
10 El Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt imputa a la Sra. Sterbenz, como apoderada de la sociedad Biodiät Erzeugung und Vertrieb GmbH, sociedad austriaca con domicilio en Klagenfurt (Austria), la responsabilidad por haber comercializado envases del producto alimenticio «Tartex veget. Pastete Champignon» que estaba incorrectamente etiquetado por el hecho de contener la indicación relacionada con la salud «ein guter Name für gesunden Genuß» («un buen nombre para un deleite sano»), a pesar de que está prohibido referirse, en la comercialización de productos alimenticios, productos para el consumo humano o aditivos, a la prevención, alivio o curación de enfermedades o síntomas de enfermedades, o a efectos fisiológicos o farmacológicos, especialmente a efectos rejuvenecedores, antienvejecimiento, adelgazantes o benéficos para la salud, o dar la impresión de que se producen dichos efectos.
11 La Sra. Sterbenz impugnó ante el Unabhängiger Verwaltunssenat für Kärnten la resolución sancionadora dictada contra ella por infringir el artículo 9, apartado 1, letra a), de la LMG, y solicitó a dicho órgano jurisdiccional la suspensión del procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciase en el asunto Comisión/Austria (C-221/00). En este último, la Comisión imputa a la República de Austria el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, apartado 1, letra b), y 15, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/112, al interpretar y aplicar el artículo 9, apartados 1 y 3, de la LMG en el sentido de que prohíbe con carácter general y absoluto las indicaciones relativas a la salud en el etiquetado de los productos alimenticios de consumo corriente y que supedita la realización de tales indicaciones a un procedimiento de autorización previa.
12 No obstante, habida cuenta de lo dispuesto por la Verwaltungsstrafgesetz 1991 (Ley austriaca sobre el procedimiento sancionador en el ámbito administrativo; BGBl. 1991/52), que obliga al órgano jurisdiccional de apelación a resolver en un plazo determinado so pena de perder aplicabilidad la resolución de primera instancia, el Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«El artículo 28 CE [...], en la versión del Tratado de Amsterdam, y los artículos 2, apartado 1, letra b), y 15, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final [...], en la versión actualmente vigente, ¿deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que prohíbe, salvo autorización especial, cualquier indicación relativa a la salud en el etiquetado y la presentación de productos alimenticios, productos para el consumo humano y aditivos de consumo general [artículo 9, apartado 1, letras a) a c), y apartado 3, de la [LMG], en la versión actualmente vigente]?»
Asunto C-426/00
13 Mediante resolución del Magistrat der Stadt Wien, el Sr. Haug fue declarado culpable por cometer una infracción administrativa, con arreglo a los artículos 74, apartado 1, 9, apartado 1, 8, letra f), y 7, apartado 1, letra c), de la LMG, al haber comercializado un producto alimenticio con una designación incorrecta.
14 El Sr. Haug impugnó dicha resolución ante el Unabhängiger Verwaltungssenat Wien, el cual decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Constituye el artículo 9 de la LMG una adaptación consecuente del Derecho interno al artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa al etiquetado?
2) ¿Contiene el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva relativa al etiquetado una regulación exhaustiva en materia de etiquetado ilícito, o constituye la citada disposición una norma mínima que puede ampliarse mediante eventuales disposiciones nacionales?
3) ¿Debe entenderse el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva relativa al etiquetado en el sentido de que sólo cabe admitir restricciones en materia de etiquetado (como el artículo 9, apartado 1, de la LMG respecto a las indicaciones relativas a la salud) cuando una prohibición resulte absolutamente necesaria para evitar que se induzca a error a los consumidores?
4) ¿Puede interpretarse el artículo 9, apartado 1, de la LMG de manera conforme con la Directiva y cabe entender la restricción que prevé de las posibilidades de etiquetado de tal modo que sea conforme con el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva relativa al etiquetado? Esto sería posible en la medida en que la intención de inducir a error al consumidor no venga exigida por todo el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva relativa al etiquetado, sino que constituya un segundo requisito de ilegalidad de un etiquetado.»
Asunto C-16/01
15 Mediante resolución del Unabhängiger Verwaltungssenat Wien de 12 de octubre de 1999, el Sr. Haug fue condenado, en su calidad de representante de Renatura Naturheilmittel GmbH, sociedad austriaca con domicilio en Viena (Austria), por haber comercializado esta última 240 envases del producto denominado «Renatura Kürbiskernkapseln mit Vitamin E, Blase und Prostata» («cápsulas Renatura de pepita de cabalaza con vitamina E, vejiga y próstata»), a pesar de que dicho producto alimenticio estaba incorrectamente etiquetado, en la medida en que el etiquetado contenía las siguientes indicaciones relativas a la salud: «para la protección de la membrana celular contra los radicales libres», «importante para el funcionamiento de muchas enzimas», «importante como elemento esencial de huesos y dientes» y «regulación del balance hídrico (función de la vejiga)», lo cual infringe las disposiciones del artículo 9, apartado 1, de la LMG.
16 Dado que el Verwaltungsgerichtshof ha interpretado siempre el artículo 9, apartado 1, de la LMG, en el sentido de que prohíbe las indicaciones relativas a la salud o las relativas a enfermedades, consideró que el recurso interpuesto por el Sr. Haug contra la mencionada resolución de 12 de octubre de 1999 suscitaba cuestiones de interpretación del Derecho comunitario y decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) El artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final [...] (modificada por la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, [...]; en lo sucesivo, "Directiva sobre el etiquetado"), según el cual el etiquetado y las modalidades según las cuales se realice no deberán atribuir, sin perjuicio de las disposiciones comunitarias aplicables a las aguas minerales naturales y a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial, a un producto alimenticio propiedades de prevención, tratamiento y curación de una enfermedad humana, ni mencionar dichas propiedades, ¿se opone a una disposición nacional que prohíbe, en la comercialización de productos alimenticios,
a) referirse a efectos fisiológicos o farmacológicos, en especial, los que sean rejuvenecedores, antienvejecimiento, adelgazantes o beneficiosos para la salud, o dar la impresión de que se producen tales efectos;
b) hacer referencia a historiales clínicos de enfermos, recomendaciones médicas o dictámenes;
c) utilizar representaciones gráficas o esquemáticas, relacionadas con la salud, de órganos del cuerpo humano, imágenes de profesionales sanitarios o de centros sanitarios u otras imágenes referidas a actividades sanitarias?
2) ¿Se oponen la Directiva sobre el etiquetado, o los artículos 28 CE y 30 CE, a una disposición nacional que, en la comercialización de productos alimenticios, únicamente permite utilizar indicaciones relativas a la salud, en el sentido de la primera cuestión, previa autorización del Ministro competente, siendo un requisito de dicha autorización que las indicaciones relativas a la salud sean compatibles con la protección de los consumidores contra el fraude?»
17 Mediante autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de enero y de 20 de marzo de 2001, se acumularon los asuntos C-421/00, C-426/00 y C-16/01 a efectos de las fases escrita y oral y de la sentencia.
Observaciones previas
18 La Directiva 79/112 fue derogada por la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO L 109, p. 29). No obstante, a tenor de su artículo 27, esta última Directiva no entró en vigor hasta el 26 de mayo de 2000 y, por tanto, no puede aplicarse a los litigios principales. En consecuencia, el Tribunal de Justicia se referirá a la Directiva 79/112 para pronunciarse sobre las peticiones de decisión prejudicial que los órganos jurisdiccionales remitentes le han planteado.
19 Asimismo, procede señalar que, en particular con respecto al asunto C-426/00, la resolución de remisión no contiene la descripción fáctica del litigio principal.
20 Pues bien, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho comunitario que sea eficaz para el juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones (véanse, principalmente, las sentencias de 26 enero de 1993, Telemarsicabruzzo y otros, asuntos acumulados C-320/90 a C-322/90, Rec. p. I-393, apartado 6, y de 12 de julio de 2001, Vanbraekel y otros, C-368/98, Rec. p. I-5363, apartado 21).
21 Sin embargo, habida cuenta de que, como se desprende del expediente remitido al Tribunal de Justicia, los hechos del litigio en el procedimiento principal del asunto C-426/00 son idénticos a los de los asuntos C-421/00 y C-16/01 y que, en particular, las cuestiones prejudiciales planteadas por el Unabhängiger Verwaltungssenat Wien también versan sobre la interpretación del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 79/112 y la posible contradicción entre dicho precepto y el régimen establecido por el artículo 9 de la LMG, es preciso señalar que, en el presente caso, la similitud de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia en los tres asuntos le permite a éste dar respuestas útiles al juez remitente. Por otra parte, precisamente esta similitud ha justificado que el Presidente del Tribunal de Justicia decidiera acumular los mencionados asuntos.
22 Por consiguiente, procede admitir la petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Verwaltungssenat Wien.
Sobre las cuestiones prejudiciales
23 En los tres asuntos antes expuestos, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, fundamentalmente, si los artículos 28 CE y 30 CE, así como los artículos 2, apartado 1, letra b), y 15, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/112 se oponen a un régimen como el establecido por el artículo 9, apartados 1 y 3, de la LMG que prohíbe, con carácter general, salvo autorización previa, cualquier indicación relativa a la salud en el etiquetado y la presentación de productos alimenticios.
24 A este respecto, hay que señalar que, al haber efectuado el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 79/112 una armonización exhaustiva de las razones que pueden justificar la aplicación de normas nacionales que plantean obstáculos al comercio de productos alimenticios que se ajustan a lo dispuesto por dicha Directiva, toda medida nacional al respecto debe apreciarse a la luz de las disposiciones de la medida de armonización controvertida y no de los artículos 28 CE y 30 CE (véanse, en particular, las sentencias de 13 de diciembre de 2001, DaimlerChrysler, C-324/99, Rec. p. I-9897, apartado 32; de 24 de octubre de 2002, Linhart y Biffl, C-99/01, Rec. p. I-0000, apartado 18, y la sentencia del día de hoy, Comisión/Austria, C-221/00, Rec. p. I-0000, apartado 42).
25 Además, por lo que se refiere al argumento del Gobierno austriaco sobre la aplicabilidad de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (DO L 290, p. 18), se ha de recordar que los artículos 2 y 15 de la Directiva 79/112 prohíben las indicaciones que puedan inducir a error al comprador. En los asuntos presentes, se trata de un régimen específico de represión del fraude que, en consecuencia, debe ser entendido como una norma especial en relación con las normas generales en materia de protección contra la publicidad engañosa previstas en la Directiva 84/450 (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Linhart y Biffl, apartados 19 y 20, y Comisión/Austria, apartado 43).
26 Por consiguiente, para responder a las cuestiones prejudiciales, el Tribunal de Justicia debe limitarse a interpretar la Directiva 79/112.
27 A este respecto, se ha de recordar, con carácter liminar, por un lado, que el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 79/112 prohíbe que el etiquetado de productos alimenticios y las modalidades según las cuales se realice puedan inducir a error al comprador. Por otro, el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva prohíbe, sin perjuicio de las disposiciones aplicables a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial, que el etiquetado atribuya a un producto alimenticio propiedades de prevención, tratamiento y curación de una enfermedad.
28 Por consiguiente, la Directiva 79/112 prohíbe cualquier indicación relativa a enfermedades humanas, independientemente del hecho de que pueda inducir a error al consumidor o no, así como las indicaciones que, sin contener ninguna referencia a enfermedades, sino más bien, por ejemplo, a la salud, resulten ser fraudulentas.
29 Asimismo, se debe señalar que el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 79/112 impide a los Estados miembros adoptar medidas que prohíban el comercio de productos alimenticios que se ajusten a las normas de dicha Directiva.
30 De las consideraciones que preceden resulta que los productos alimenticios cuyo etiquetado contiene indicaciones no fraudulentas relativas a la salud deben ser considerados conformes con las normas de la Directiva 79/112, de manera que los Estados miembros no pueden prohibir su comercialización basándose en motivos fundados en posibles irregularidades de dicho etiquetado.
31 Sin embargo, como se desprende de su considerando noveno, dado su carácter general y horizontal, la Directiva 79/112 permite a los Estados miembros prever normas que se añaden a las establecidas por ella. Los límites de la competencia que de este modo se deja a los Estados miembros son fijados por la propia Directiva, ya que enumera de forma exhaustiva, en su artículo 15, apartado 2, las razones que pueden justificar la aplicación de normas nacionales no armonizadas que prohíban el comercio de productos que se ajusten a la Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 1990, SARPP, C-241/89, Rec. p. I-4695, apartado 15, y Comisión/Austria, antes citada, apartado 38). Entre dichas razones figura, en particular, la protección de la salud y de los consumidores.
32 El artículo 9, apartado 1, de la LMG prohíbe, al comercializar productos alimenticios, no sólo las indicaciones referentes a enfermedades, sino también las relativas a la salud.
33 Con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la LMG, cualquier indicación relativa a la salud está sujeta a un procedimiento de autorización previa cuyo objetivo consiste en distinguir las indicaciones exactas de las que puedan engañar al consumidor. La autorización o prohibición de comercialización de los productos alimenticios de que se trate depende de la distinción realizada por las autoridades nacionales competentes.
34 El régimen previsto de este modo en el artículo 9, apartados 1 y 3, de la LMG, caracterizado por una prohibición general, salvo autorización previa de las indicaciones relativas a la salud, es más restrictivo que el del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 79/112. En consecuencia, la compatibilidad con el Derecho comunitario de tal régimen depende de los motivos en que se basa.
35 A este respecto, ha quedado demostrado que el régimen jurídico establecido por la LMG se basa en la consideración de que la protección de los consumidores contra el fraude exige necesariamente que las autoridades nacionales competentes examinen previamente la naturaleza fraudulenta o no de una indicación relativa a la salud en el etiquetado de productos alimenticios.
36 Por tanto, es preciso comprobar si el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 79/112, en la medida en que autoriza cualquier disposición nacional no armonizada que se justifique por razones de protección de la salud pública y de represión del fraude, admite un régimen de autorización previa como el establecido en el artículo 9, apartado 3, de la LMG.
37 Ahora bien, aunque el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 79/112 prohíba, por una parte, cualquier indicación relativa a la prevención, tratamiento y curación de una enfermedad humana, aun cuando éstas no puedan inducir a error al comprador, y, por otra, las indicaciones fraudulentas relativas a la salud, es preciso señalar que la protección de la salud pública, suponiendo que, a pesar de todo, se puedan plantear riesgos para ella en una situación particular, no puede justificar un régimen tan restrictivo de la libre circulación de mercancías como el que resulta de un procedimiento de autorización previa de toda indicación relativa a la salud en el etiquetado de productos alimenticios, incluidos los fabricados legalmente en otros Estados miembros, en los que se encuentran en libre circulación.
38 En efecto, existen medidas menos restrictivas para evitar tales riesgos residuales para la salud, entre las cuales figura, en particular, la obligación del fabricante o distribuidor del producto controvertido de aportar, en caso de duda, la prueba de la exactitud material de los datos de hecho mencionados en el etiquetado (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Austria, antes citada, apartado 49).
39 Tampoco puede acogerse la alegación del Gobierno austriaco basada en la protección de los consumidores.
40 De hecho, el régimen establecido por el artículo 9, apartados 1 y 3, de la LMG, cuyo objetivo es prohibir las indicaciones fraudulentas relativas a la salud, tiene, en realidad, como consecuencia que los productos alimenticios con indicaciones relativas a la salud no puedan comercializarse libremente en Austria, ni siquiera en el caso de que no puedan inducir a engaño al consumidor.
41 El Gobierno austriaco no ha presentado pruebas sobre la supuesta ineficacia del sistema de control a posteriori de productos alimenticios ya presentes en el mercado, como el indicado en el apartado 38 de la presente sentencia. En efecto, se ha limitado a afirmar, sin motivación alguna, que tal sistema ha sufrido experiencias negativas en los Estados Unidos. La prohibición general establecida por el artículo 9, apartados 1 y 3, de la LMG no puede considerarse, por tanto, proporcionada al objetivo perseguido.
42 Procede añadir que, en asuntos similares relativos a las indicaciones que figuran en el envase de algunos productos cosméticos, en las que las autoridades austriacas también invocaban la protección de la salud de los consumidores y la prevención de fraudes, el Tribunal de Justicia declaró que la necesidad de obtener la autorización prevista en el artículo 9, apartado 3, de la LMG constituye un obstáculo a la libre circulación de los productos de que se trata, obstáculo que carece de cualquier justificación (sentencias de 28 de enero de 1999, Unilever, C-77/97, Rec. p. I-431, apartado 34, y Linhart y Biffl, antes citada, apartado 45).
43 Por último, en cuanto a la alegación del Gobierno austriaco sobre la dificultad de comprobar, en determinados casos, el carácter fraudulento de una indicación relativa a la salud, procede señalar que, en toda situación de duda, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales formarse su propia opinión tomando en consideración las expectativas que presumiblemente tiene un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de abril de 2000, Darbo, C-465/98, Rec. p. I-2297, apartado 20).
44 Por tanto, procede responder a las cuestiones planteadas que los artículos 2, apartado 1, letra b), y 15, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/112 se oponen a un régimen como el establecido por el artículo 9, apartados 1 y 3, de la LMG que prohíbe, con carácter general, salvo autorización previa, cualquier indicación relativa a la salud en el etiquetado y la presentación de los productos alimenticios.
Decisión sobre las costas
Costas
45 Los gastos efectuados por el Gobierno austriaco y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, el Unabhängiger Verwaltungssenat Wien y el Verwaltungsgerichtshof mediante resoluciones de 8 de noviembre de 2000, 15 de noviembre de 2000 y 18 de diciembre de 2000, respectivamente, declara:
Los artículos 2, apartado 1, letra b), y 15, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, modificada por la Directiva 97/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, se oponen a un régimen como el establecido por el artículo 9, apartados 1 y 3, de la Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (Ley federal sobre la comercialización de productos alimenticios, productos destinados al consumo humano, aditivos, productos cosméticos y objetos de uso corriente) que prohíbe, con carácter general, salvo autorización previa, cualquier indicación relativa a la salud en el etiquetado y la presentación de los productos alimenticios.
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