Índice
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
1. Cuestiones prejudiciales - Sentencia del Tribunal de Justicia - Fuerza de cosa juzgada - Facultad del juez a quo de volver a someter la cuestión al Tribunal de Justicia - Alcance
(Art. 234 CE)
2. Cuestiones prejudiciales - Sometimiento al Tribunal de Justicia - Determinación de las cuestiones que deben someterse - Competencia exclusiva del órgano jurisdiccional nacional - Posibilidad de que las partes modifiquen el tenor de las cuestiones - Inexistencia - Hipótesis planteadas por las partes y reproducidas en la resolución de remisión - Hipótesis que no han de considerarse
(Art. 234 CE)
3. Libre circulación de personas - Trabajadores - Derecho de residencia de los miembros de la familia - Autorización de residencia por tiempo indefinido para el cónyuge de un trabajador - Normativa nacional que establece un período de residencia más corto para los cónyuges de personas residentes y establecidas en el territorio que para los nacionales de otro Estado miembro y los miembros de su familia que no cumplan dicho requisito - Situaciones respectivas de estas dos categorías de personas que no son comparables en Derecho comunitario - Discriminación contraria al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68 - Inexistencia
[Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, art. 7, ap. 2]
Índice
1. La autoridad de que está revestida una sentencia dictada con carácter prejudicial no obsta a que el juez nacional que es su destinatario pueda estimar necesario volver a someter la cuestión al Tribunal de Justicia antes de resolver el litigio principal. Un recurso de este tipo puede estar justificado cuando el juez nacional tropieza con dificultades de comprensión o de aplicación de la sentencia, cuando plantea al Tribunal una nueva cuestión de Derecho, o incluso cuando le somete nuevos elementos de apreciación que puedan conducir al Tribunal a responder de manera diferente a una cuestión ya planteada.
( véase el apartado 39 )
2. Al corresponder únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar qué cuestiones cabe plantear en el marco del procedimiento previsto en el artículo 234 CE, las partes no pueden modificar el tenor de las mismas. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia debe limitar su examen, en principio, a los elementos de apreciación que el órgano jurisdiccional remitente decidió someterle. Por tanto, respecto a la aplicación de la normativa nacional pertinente, el Tribunal de Justicia debe atenerse a la situación que dicho órgano jurisdiccional considera probada y no puede estar vinculado por las hipótesis planteadas por una de las partes en el litigio principal que el órgano jurisdiccional nacional se limita a reproducir sin adoptar una postura al respecto.
( véanse los apartado 40 y 41 )
3. Una normativa de un Estado miembro que exige a los cónyuges de trabajadores migrantes nacionales de los demás Estados miembros, para poder solicitar una autorización de residencia por tiempo indefinido en el referido Estado y obtener que se examine dicha solicitud, que hayan residido durante cuatro años en el territorio de dicho Estado miembro, mientras que impone una obligación de residencia de tan sólo doce meses a los cónyuges de personas establecidas en el citado territorio que no estén sujetas a ninguna restricción por lo que respecta al período durante el cual pueden residir en el mismo, no constituye una discriminación contraria al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68.
No habría sido diferente si se hubiese tenido en cuenta que las situaciones respectivas de estas dos categorías de personas con arreglo al Derecho nacional son, según el órgano jurisdiccional remitente, totalmente comparables salvo por lo que respecta al período de residencia anterior exigido para conceder un permiso de residencia por tiempo indefinido en el territorio del Estado miembro de que se trate.
En efecto, en la medida en que el derecho de residencia de un trabajador migrante nacional de otro Estado miembro está, salvo que posea este derecho en virtud de otras disposiciones del Derecho comunitario, supeditado al mantenimiento de la condición de trabajador o, en su caso, de persona en búsqueda de empleo, su situación no es comparable a la de una persona que no está, en virtud de la normativa nacional de un Estado miembro, sometida a restricción alguna respecto al período en que puede residir en el territorio de dicho Estado miembro y que durante su estancia no tiene el deber de cumplir ninguna condición comparable a las previstas por las disposiciones del Derecho comunitario que otorgan a los nacionales de un Estado miembro un derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro.
Puesto que el derecho de residencia de estas dos categorías de personas no es totalmente comparable, lo mismo cabe afirmar de la situación de sus cónyuges, en particular respecto a la cuestión de cuál es la duración del período de residencia necesario para que pueda concedérseles un derecho de residencia por tiempo indefinido en el territorio del Estado miembro controvertido.
Puesto que en virtud del Derecho comunitario ambas situaciones no son comparables, la cuestión de si una diferencia de trato respecto a la duración de dicho período puede estar justificada carece de relevancia al respecto.
( véanse los apartados 27, 46 a 50, 56 y el fallo )
Partes
En el asunto C-466/00,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Immigration Adjudicator (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Arben Kaba
y
Secretary of State for the Home Department,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los principios generales de Derecho que rigen el procedimiento ante el Tribunal de Justicia y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y los Sres. D.A.O. Edward y P. Jann (Ponente), las Sras. F. Macken y N. Colneric, los Sres. S. von Bahr y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- en nombre del Sr. Kaba, por los Sres. R. Allen, QC, y T. Eicke, Barrister, designados por el Sr. N. Rollason, Solicitor;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. G. Amodeo, en calidad de agente, asistida por el Sr. R. Plender, QC;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. N. Yerrell y el Sr. C. Ladenburger, en calidad de agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales del Sr. Kaba, representado por los Sres. R. Allen y T. Eicke; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. G. Amodeo y el Sr. R. Plender; del Gobierno neerlandés, representado por la Sra. H.G. Sevenster, en calidad de agente, y de la Comisión, representada por el Sr. M. Shotter, en calidad de agente, expuestas en la vista de 16 de abril de 2002;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de julio de 2002;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 19 de diciembre de 2000, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de diciembre siguiente, el Immigration Adjudicator planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los principios generales del Derecho que rigen el procedimiento ante el Tribunal de Justicia y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. Kaba y el Secretary of State for the Home Department sobre la negativa de este último a concederle una autorización de residencia por tiempo indefinido en el territorio del Reino Unido.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
3 El artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1612/68, establece:
«1. En el territorio de otros Estados miembros y por razón de la nacionalidad, el trabajador nacional de un Estado miembro no podrá ser tratado de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, si hubiera quedado en situación de desempleo.
2. Se beneficiará de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales.»
4 El artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento está redactado en los siguientes términos:
«Con independencia de su nacionalidad, tendrán derecho a instalarse con el trabajador nacional de un Estado miembro empleado en el territorio de otro Estado miembro:
a) su cónyuge y sus descendientes menores de 21 años o a su cargo;
b) los ascendientes del trabajador y de su cónyuge que estén a su cargo.»
5 El artículo 4, apartado 4, de la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), dispone:
«Cuando un miembro de la familia no posea la nacionalidad de un Estado miembro, se le expedirá un documento de estancia que habrá de tener la misma validez que el expedido al trabajador de quien dependa.»
Normativa nacional
6 La normativa relevante del Derecho nacional está contenida en la Immigration Act 1971 (Ley relativa a la inmigración, de 1971), la Immigration (European Economic Area) Order 1994 (Ley relativa a la inmigración de personas procedentes del Espacio Económico Europeo, de 1994; en lo sucesivo, «EEA Order») y las United Kingdom Immigration Rules (House of Commons Paper 395) (Normas sobre inmigración adoptadas por el Parlamento británico en 1994; en lo sucesivo, «Immigration Rules»), en su versión vigente en la fecha en que se produjeron los hechos del litigio principal. Estos actos normativos regulan la entrada y la residencia en el Reino Unido.
7 La EEA Order fue derogada por las Immigration (European Economic Area) Regulations 2000 (Reglamentos sobre la inmigración de personas procedentes del Espacio Económico Europeo, de 2000). Las disposiciones de éstas no son aplicables, sin embargo, al asunto del litigio principal.
8 El artículo 255 de las Immigration Rules disponía:
«Los nacionales del EEE [Espacio Económico Europeo] (salvo si son estudiantes) y los miembros de sus familias que hayan obtenido un permiso de residencia o un documento de residencia válido por un período de cinco años que hayan residido durante cuatro años en el Reino Unido de conformidad con las disposiciones de la EEA Order 1994 y continúen residiendo en su territorio podrán, previa presentación de una solicitud al efecto, obtener que en su permiso de residencia o en su documento de residencia (según corresponda) se incluya una mención indicando que pueden residir por tiempo indefinido en el Reino Unido.»
9 El artículo 287 de las Immigration Rules estaba redactado en los siguientes términos:
«Para que el cónyuge de una persona residente y establecida en el Reino Unido pueda obtener una autorización de residencia por tiempo indefinido, es necesario que:
i) el solicitante haya sido admitido en el territorio del Reino Unido o haya obtenido una prórroga de residencia por un período de doce meses y haya completado un período de doce meses en calidad de cónyuge de una persona residente y establecida en el Reino Unido;
ii) el solicitante continúe siendo el cónyuge de la persona con la que se le autorizó a reunirse o en consideración a la cual obtuvo una prórroga de residencia y el matrimonio siga existiendo; y
iii) ambas partes tengan la intención de convivir de forma permanente con la otra en calidad de cónyuges.»
10 Con arreglo al artículo 33, apartado 2 A, de la Immigration Act 1971, «se considera establecida en el Reino Unido a una persona que resida normalmente en su territorio, sin estar sujeta, con arreglo a las leyes relativas a la inmigración, a ninguna restricción por lo que respecta al período de tiempo durante el cual puede residir en el mismo».
11 Según la jurisprudencia nacional aplicable en este caso, un trabajador migrante nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, por el mero hecho de residir en el Reino Unido, no está «establecido» en él, en el sentido de dicha disposición.
12 Con arreglo al artículo 2, apartado 1, de la EEA Order, un nacional del EEE es un nacional de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3) que no sea el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
13 A tenor del artículo 4, apartado 1, de la EEA Order, una «persona calificada» tenía derecho a residir en el Reino Unido mientras conservara dicha condición, extendiendo dicho derecho el artículo 4, apartado 2, de la EEA Order a los miembros de la familia, incluido el cónyuge. Según su artículo 6, se entendía por «persona calificada» el nacional de un Estado miembro del EEE que ejerciera una actividad laboral en el Reino Unido.
14 El artículo 7, apartado 1, de la Immigration Act 1988 prevé lo siguiente:
«Las disposiciones de la Ley de base [la Immigration Act 1971] relativas al permiso de entrada o de residencia en el Reino Unido no se aplicarán a las personas que tengan derecho a entrar o residir en el país en virtud de un derecho exigible con arreglo al Derecho comunitario o de otra disposición adoptada con arreglo al artículo 2, apartado 2, de la European Communities Act 1972 [Ley relativa a las Comunidades Europeas de 1972].»
15 En virtud del artículo 3, apartado 4, de la Immigration Act 1971, un permiso de entrada o de residencia caducaba normalmente cuando su titular abandonaba la «common travel area» (es decir, el Reino Unido, Irlanda, las islas Anglonormandas y la Isla de Man).
16 No obstante, el artículo 18 de las Immigration Rules dispone:
«Toda persona que solicite un permiso de entrada en el Reino Unido como residente que regresa al país puede ser admitido en el territorio para establecerse en él si el agente de inmigración considera que el solicitante cumple los siguientes requisitos:
i) haber sido titular de un permiso de entrada o de residencia por tiempo indefinido en el Reino Unido en el momento en que abandonó el territorio por última vez;
ii) no haber abandonado el Reino Unido durante más de dos años;
iii) no haber recibido fondos públicos para cubrir los gastos de su salida del Reino Unido;
iv) solicitar actualmente la admisión para establecerse.»
Hechos que originaron el litigio y procedimiento principal
17 El Sr. Kaba, nacional yugoslavo, llegó al Reino Unido el 5 de agosto de 1991. Su solicitud de permiso de entrada en el territorio de este Estado miembro por un mes en calidad de visitante fue denegada, pero no abandonó el Reino Unido. En febrero de 1992 solicitó asilo.
18 El 4 de mayo de 1994, el Sr. Kaba contrajo matrimonio con la Srta. Michonneau, nacional francesa, a la que había conocido en 1993 cuando trabajaba en el Reino Unido. Ambos vivieron juntos desde que contrajeron matrimonio. La Sra. Michonneau, que volvió provisionalmente a Francia, regresó al Reino Unido en enero de 1994 como solicitante de empleo y encontró trabajo en abril de 1994. En noviembre de 1994, obtuvo un permiso de residencia de cinco años válido hasta el 2 de noviembre de 1999. El Sr. Kaba obtuvo una autorización de residencia en el territorio del Reino Unido durante el mismo período, en calidad de cónyuge de una nacional comunitaria que ejerce en el Reino Unido los derechos que le reconoce el Tratado CE.
19 El 23 de enero de 1996, el Sr. Kaba presentó una solicitud de autorización de residencia por tiempo indefinido en el territorio del Reino Unido.
20 Se denegó su solicitud mediante decisión del Secretary of State for the Home Department de 9 de septiembre de 1996. Mediante escrito de 3 de octubre de 1996, este último explicó que el Sr. Kaba no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 255 de las Immigration Rules, ya que su esposa residía tan sólo desde hacía un año y diez meses en el Reino Unido con arreglo a lo dispuesto en la EEA Order.
21 El 15 de septiembre de 1996, el Sr. Kaba recurrió dicha decisión ante el Immigration Adjudicator, alegando que las disposiciones de las Immigration Rules aplicables a las personas «residentes y establecidas» en el Reino Unido son más favorables que las aplicables a su esposa y a él mismo.
22 En dichas circunstancias, mediante resolución de 25 de septiembre de 1998 (en lo sucesivo, «primera resolución de remisión») el Immigration Adjudicator decidió suspender el procedimiento por primera vez y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) El derecho a solicitar una autorización de residencia por tiempo indefinido en el Reino Unido y a que dicha solicitud se tramite, ¿constituye una "ventaja social" a efectos del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68?
2) El requisito impuesto a los cónyuges de nacionales comunitarios de haber residido en el Reino Unido durante cuatro años para poder presentar una solicitud de autorización de residencia por tiempo indefinido en el Reino Unido y para que dicha solicitud se tramite (véase el artículo 255 de las United Kingdom Immigration Rules, House of Commons Paper 395), frente al requisito de doce meses de residencia para poder presentar dicha solicitud exigido a los nacionales británicos y a los cónyuges de las personas residentes y establecidas en el Reino Unido (artículo 287 de las United Kingdom Immigration Rules, House of Commons Paper 395), ¿constituye una discriminación ilegal contraria al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68?»
23 La vista ante el Tribunal de Justicia tuvo lugar el 15 de junio de 1999; el 30 de septiembre de 1999, el Abogado General presentó sus conclusiones (en lo sucesivo, «primeras conclusiones»). Una versión en lengua inglesa de éstas fue enviada al Sr. Kaba el 27 de enero de 2000.
24 El 3 de febrero de 2000, el Sr. Kaba envió por telefax un escrito al Tribunal de Justicia en el que le informaba de su preocupación acerca de la exactitud de ciertos elementos de hecho en los que parecían fundarse las primeras conclusiones. Puesto que tales inexactitudes constituían, en su opinión, motivos excepcionales para la reapertura del procedimiento oral, anunció la próxima presentación de alegaciones complementarias.
25 Mediante telefax de 16 de marzo de 2000, el Sr. Kaba remitió unas alegaciones escritas complementarias, que terminaban con la observación siguiente:
«Las consideraciones precedentes están demostradas por documentos que ya han sido presentados al Tribunal de Justicia. No obstante, si éste estima necesario reabrir el procedimiento oral para asegurarse de la perfecta comprensión de los aspectos decisivos y corregir las erróneas deducciones efectuadas por el Abogado General, los representantes del Sr. Kaba ofrecerán su más completa cooperación.»
26 Mediante carta de 31 de marzo de 2000, el Secretario del Tribunal de Justicia acusó recibo de estas alegaciones escritas complementarias y precisó al Sr. Kaba que en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia no estaba prevista la presentación de observaciones una vez finalizada la fase oral. Por consiguiente, se devolvieron dichas observaciones y no se aceptó su incorporación a los autos.
27 En su sentencia de 11 de abril de 2000, Kaba (C-356/98, Rec. p. I-2623), en su versión modificada por el auto de 4 de mayo de 2001 (no publicado en la Recopilación), el Tribunal de Justicia declaró:
«Una normativa de un Estado miembro que exige a los cónyuges de trabajadores migrantes nacionales de los demás Estados miembros, para poder solicitar una autorización de residencia por tiempo indefinido en el referido Estado y obtener que se examine dicha solicitud, que hayan residido durante cuatro años en el territorio de dicho Estado miembro, mientras que impone una obligación de residencia de tan sólo doce meses a los cónyuges de personas establecidas en el citado territorio que no estén sujetas a ninguna restricción por lo que respecta al período durante el cual pueden residir en el mismo, no constituye una discriminación contraria al artículo 7, apartado 2, del Reglamento [...] nº 1612/68 [...]»
28 Tras esta sentencia, el Sr. Kaba alegó ante el Immigration Adjudicator que las primeras conclusiones se basaban en una estimación errónea de los hechos, tal como se habían descrito en la primera resolución de remisión, así como de la normativa nacional relevante.
29 En efecto, considera, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia estimó erróneamente que el permiso de residencia por tiempo indefinido es esencialmente más seguro o más estable que la situación de que disfrutan los nacionales de la Comunidad Europea en el Reino Unido. Según el Immigration Adjudicator, esta estimación pudo estar influenciada por dichas conclusiones del Abogado General, que interpretó que las observaciones del Gobierno del Reino Unido contenían una justificación de la diferencia de trato detectada entre una persona como el Sr. Kaba y el cónyuge de una persona «residente y establecida» en el Reino Unido. Pues bien, en realidad estas observaciones se basaban en la semejanza de las situaciones. La cuestión de la justificación no se alegó en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
30 En segundo lugar, el Sr. Kaba sostiene que el Abogado General recalificó los hechos en los que se sustenta el procedimiento principal. El Immigration Adjudicator hace suya esta argumentación, en la medida en que, en su opinión, el único elemento problemático que figuraba en la primera resolución de remisión era la diferencia entre los períodos de residencia exigidos a las dos categorías de personas.
31 El Immigration Adjudicator señala que, aunque un permiso de residencia por tiempo indefinido en el Reino Unido no puede estar supeditado a un requisito expreso en cuanto a la duración de su validez, tampoco puede estarlo el derecho de residencia de un trabajador nacional de un Estado miembro. Considera, además, que una vez que una persona con un permiso de residencia por tiempo indefinido abandona el Reino Unido, su permiso se extingue en virtud del artículo 3, apartado 4, de la Immigration Act 1971 y se le exige obtener un nuevo permiso de entrada, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 de las Immigration Rules. Alega, asimismo, que tanto quienes disponen de un permiso de residencia por tiempo indefinido en el Reino Unido como los trabajadores nacionales de la Comunidad Europea pueden ser expulsados de este Estado miembro por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.
32 El Sr. Kaba hace referencia, además, a la práctica constante de la Dirección de nacionalidad del Home Office (Ministerio del Interior), que considera establecidos en el Reino Unido a los nacionales de los Estados miembros, lo que constituye un elemento más para demostrar que los cónyuges de los nacionales comunitarios se hallan en una situación comparable a la de los cónyuges de los nacionales británicos y de las personas establecidas en el Reino Unido. En cuanto a este último extremo, el Immigration Adjudicator no lo examina más a fondo, dado que no dispone de una argumentación completa al respecto.
33 En tercer lugar, el Immigration Adjudicator señala que el Abogado General afirmó, en el punto 3 de las primeras conclusiones, que la EEA Order no se refería a los británicos ni a los miembros de sus familias. Pues bien, tal afirmación es inexacta en la medida en que la EEA Order se aplica, con arreglo a la sentencia de 7 de julio de 1992, Singh (C-370/90, Rec. p. I-4265), a todos los nacionales británicos y a sus familias cuando regresan al Reino Unido después de ejercer en otro Estado miembro los derechos derivados del Tratado.
34 En dichas circunstancias, el Immigration Adjudicator se cuestiona la compatibilidad del desarrollo del procedimiento ante el Tribunal de Justicia con el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). En este sentido, señala que el procedimiento ante el Tribunal de Justicia forma parte del procedimiento ante él mismo y que, por tanto, es responsable de toda violación de dicho artículo 6. Hace referencia, en este sentido, al auto de 4 de febrero de 2000, Emesa Sugar (C-17/98, Rec. p. I-665).
35 El Immigration Adjudicator expone, asimismo, determinadas dudas respecto a la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales en la sentencia Kaba, antes citada.
36 En dicho contexto, el Immigration Adjudicator resolvió suspender el procedimiento por segunda vez y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) a) ¿Qué mecanismos existen a disposición del órgano jurisdiccional remitente o de las partes del procedimiento (ante el órgano jurisdiccional remitente y ante el Tribunal de Justicia) para garantizar que todo el procedimiento cumple con las obligaciones derivadas del artículo 6 del CEDH y, por tanto, que no se genera responsabilidad por violación del artículo 6 del CEDH con arreglo a la legislación nacional sobre derechos humanos o ante el Tribunal de Derechos Humanos?
b) ¿El procedimiento seguido en este asunto se ha atenido a los requisitos del artículo 6 del CEDH y, de no ser así, cómo afecta este hecho a la validez de la primera sentencia?
2) El Immigration Adjudicator ha resuelto que el recurrente y el cónyuge de una persona residente y establecida en el Reino Unido reciben (o recibirían) un trato diferente por cuanto:
a) El recurrente, que entró en el Reino Unido como cónyuge de un ciudadano de la Unión Europea que ejerce su derecho a la libre circulación, debe cumplir el requisito de permanecer en el Reino Unido durante cuatro años antes de poder solicitar un permiso de residencia por tiempo indefinido, mientras que
b) el cónyuge de una persona residente y establecida en el Reino Unido (ya se trate de un nacional del Reino Unido o de una persona que ha obtenido un permiso de residencia por tiempo indefinido) cumpliría los requisitos para obtener un permiso de residencia por tiempo indefinido, una vez transcurrido un año.
Dado que ninguna prueba o alegación relativa a la justificación de la diferencia de trato entre el solicitante y el cónyuge de una persona residente y establecida en el Reino Unido ha sido presentada ante el órgano jurisdiccional remitente en la vista que condujo a la resolución de remisión de 25 de septiembre de 1998, en las observaciones orales o escritas presentadas por la parte recurrida ante el Tribunal de Justicia ni en la vista que ha conducido a la presente resolución de remisión, pese a la solicitud del Adjudicator de que se presentara una alegación completa, el Immigration Adjudicator pregunta:
i) Con independencia de la respuesta a la primera cuestión antes formulada, ¿debe interpretarse la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2000, en el asunto C-356/98, en el sentido de que, en tales circunstancias, se produjo una discriminación contraria al artículo 39 CE y/o al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68?
ii) Después de una nueva valoración de los hechos, ¿existe una discriminación contraria al artículo 39 CE y/o al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
37 Para poder dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, es preciso comenzar examinando la segunda cuestión planteada.
Sobre la segunda cuestión
38 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si la repuesta dada por el Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales en la sentencia Kaba, antes citada, habría sido diferente si el Tribunal de Justicia hubiese tenido en cuenta que, por una parte, la situación con arreglo al Derecho nacional del cónyuge de un trabajador migrante nacional de un Estado miembro que no sea el Reino Unido y la del cónyuge de una persona «residente y establecida» en el Reino Unido son totalmente comparables salvo por lo que respecta al período de residencia anterior exigido para conceder un permiso de residencia por tiempo indefinido en el territorio del Reino Unido y, por otra parte, que las autoridades competentes del Reino Unido no han invocado motivo alguno para justificar dicha diferencia de trato.
39 Con carácter preliminar, procede recordar que la autoridad de que está revestida una sentencia dictada con carácter prejudicial no obsta a que el juez nacional que es su destinatario pueda estimar necesario volver a someter la cuestión al Tribunal de Justicia antes de resolver el litigio principal. Un recurso de este tipo puede estar justificado cuando el juez nacional tropieza con dificultades de comprensión o de aplicación de la sentencia, cuando plantea al Tribunal una nueva cuestión de Derecho, o incluso cuando le somete nuevos elementos de apreciación que puedan conducir al Tribunal a responder de manera diferente a una cuestión ya planteada (auto de 5 de marzo de 1986, Wünsche, 69/85, Rec. p. 947, apartado 15).
40 Además, es jurisprudencia reiterada que, al corresponder únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar qué cuestiones cabe plantear, las partes no pueden modificar el tenor de las mismas (sentencias de 15 de junio de 1972, Grassi, 5/72, Rec. p. 443, apartado 4, y de 21 de marzo de 1996, Bruyère y otros, C-297/94, Rec. p. I-1551, apartado 19).
41 Por consiguiente, el Tribunal de Justicia debe limitar su examen, en principio, a los elementos de apreciación que el órgano jurisdiccional remitente decidió someterle. Por tanto, respecto a la aplicación de la normativa nacional pertinente, el Tribunal de Justicia debe atenerse a la situación que dicho órgano jurisdiccional considera probada y no puede estar vinculado por las hipótesis planteadas por una de las partes en el litigio principal que el órgano jurisdiccional nacional se limita a reproducir sin adoptar una postura al respecto.
42 Por lo que se refiere a si el cónyuge de un trabajador migrante nacional de un Estado miembro que no sea el Reino Unido se halla en una situación totalmente comparable a la del cónyuge de una persona «residente y establecida» en el Reino Unido para la concesión de un permiso de residencia por tiempo indefinido en el territorio de este Estado, el órgano jurisdiccional remitente señala que, según su propia apreciación, ambas situaciones se distinguen únicamente por los diferentes períodos de residencia exigidos a las dos categorías de personas.
43 No obstante, conviene precisar que la cuestión relativa a si el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 se opone a la aplicación de una normativa nacional porque ésta es discriminatoria constituye una cuestión de interpretación del Derecho comunitario.
44 Por tanto, la cuestión de si dos categorías de personas se hallan en una situación comparable y deben disfrutar, por consiguiente, de una ventaja social en las mismas condiciones constituye igualmente una cuestión de interpretación del Derecho comunitario.
45 De cuanto precede resulta que la declaración de un órgano jurisdiccional nacional según la cual dos categorías de personas se hallan en una situación comparable desde el punto de vista del Derecho nacional no puede impedir al Tribunal de Justicia considerar, en su caso, que estas dos categorías presentan diferencias a la luz del Derecho comunitario.
46 En el presente asunto, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 30 de la sentencia Kaba, antes citada, que, en el estado actual del Derecho comunitario, el derecho de residencia de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro no es incondicional. En este sentido, se refiere, por un lado, a las disposiciones en materia de libre circulación de personas contenidas en el Título III de la Tercera Parte del Tratado y a las disposiciones del Derecho derivado adoptadas para su aplicación y, por otro lado, a las disposiciones de la Segunda Parte del Tratado, y más concretamente del artículo 8 A del Tratado CE (actualmente artículo 18 CE, tras su modificación), que, si bien otorga a los ciudadanos de la Unión el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, se remite expresamente a las limitaciones y condiciones previstas por el Tratado y por las disposiciones adoptadas para su aplicación.
47 Debe añadirse, por lo que respecta más concretamente a la situación de un trabajador migrante nacional de un Estado miembro, que el derecho de residencia de aquél no es incondicional en la medida en que está supeditado al mantenimiento de la condición de trabajador o, en su caso, de persona en búsqueda de empleo (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 1991, Antonissen, C-292/89, Rec. p. I-745), salvo que posea este derecho en virtud de otras disposiciones del Derecho comunitario.
48 En cambio, de la información proporcionada al Tribunal de Justicia sobre la normativa nacional objeto del litigio principal se desprende que una persona «residente y establecida» en el Reino Unido no está sometida a restricción alguna respecto al período en que puede residir en el territorio de dicho Estado miembro y que durante su estancia no tiene el deber de cumplir ninguna condición comparable a las previstas por las disposiciones del Derecho comunitario mencionadas en el apartado 46 de la presente sentencia.
49 De lo anterior se deriva que el derecho de residencia otorgado por estas últimas disposiciones a los nacionales de otros Estados miembros no es totalmente comparable al que posee una persona «residente y establecida» en el Reino Unido en virtud de la legislación de este Estado miembro.
50 Puesto que el derecho de residencia de estas dos categorías de personas no es totalmente comparable, lo mismo cabe afirmar de la situación de sus cónyuges, en particular respecto a la cuestión de cuál es la duración del período de residencia necesario para que pueda concedérseles un derecho de residencia por tiempo indefinido en el territorio del Reino Unido.
51 No obstante, el órgano jurisdiccional remitente invoca otros elementos para demostrar que las situaciones consideradas son comparables.
52 Alega, en primer lugar, que ni el permiso de residencia por tiempo indefinido en el Reino Unido ni el derecho de residencia de un trabajador migrante comunitario están supeditados a un requisito expreso en cuanto a la duración de su validez. En segundo lugar, considera que un permiso de residencia por tiempo indefinido se extingue cuando su titular abandona el Reino Unido. En tercer lugar, del mismo modo que los trabajadores migrantes de otros Estados miembros, los titulares de un permiso de residencia por tiempo indefinido en el Reino Unido pueden ser expulsados por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. En cuarto lugar, señala que la EEA Order se aplica no sólo a los nacionales de los Estados miembros distintos del Reino Unido, sino también a los nacionales británicos y a los miembros de su familia que regresan al Reino Unido después de ejercer sus derechos derivados del Tratado en otro Estado miembro.
53 Procede afirmar que ninguno de estos elementos resta validez a la procedencia de la interpretación en virtud de la cual las situaciones no son totalmente comparables en la medida en que un trabajador migrante nacional de un Estado miembro distinto del Reino Unido debe seguir cumpliendo determinados requisitos para conservar su derecho de residencia, que no se exigen a una persona «residente y establecida» en el Reino Unido.
54 Son irrelevantes, en ese sentido, que estos requisitos no consistan en una limitación expresa de la duración de la residencia y que el permiso de residencia por tiempo indefinido pueda también, en determinadas circunstancias, dejar de producir sus efectos. El hecho de que la EEA Order pueda aplicarse también a los nacionales británicos carece, asimismo, de relevancia a este respecto.
55 En definitiva, resulta de las afirmaciones precedentes que el razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en su sentencia Kaba, antes citada, se basa en que las situaciones consideradas no son comparables y no en la justificación de una diferencia de trato entre el cónyuge de un trabajador migrante nacional de un Estado miembro que no sea el Reino Unido y el de una persona «residente y establecida» en el Reino Unido, puesto que las situaciones reguladas respectivamente en los artículos 255 y 287 de las Immigration Rules no son comparables.
56 Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión que la respuesta dada por el Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales en su sentencia Kaba, antes citada, no habría sido diferente si el Tribunal de Justicia hubiese tenido en cuenta que la situación con arreglo al Derecho nacional del cónyuge de un trabajador migrante nacional de un Estado miembro que no sea el Reino Unido y la del cónyuge de una persona «residente y establecida» en el Reino Unido son, según el órgano jurisdiccional remitente, totalmente comparables salvo por lo que respecta al período de residencia anterior exigido para conceder un permiso de residencia por tiempo indefinido en el territorio del Reino Unido. Puesto que en virtud del Derecho comunitario ambas situaciones no son comparables, la cuestión de si tal diferencia de trato puede estar justificada carece de relevancia al respecto.
Sobre la primera cuestión
57 Al examinar la segunda cuestión planteada, el Tribunal de Justicia ha respondido a las dudas que impulsaron al órgano jurisdiccional remitente a plantear las nuevas cuestiones prejudiciales.
58 En estas circunstancias, no procede responder a la primera cuestión.
Decisión sobre las costas
Costas
59 Los gastos efectuados por el Gobierno británico y por el Gobierno neerlandés, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Immigration Adjudicator mediante resolución de 19 de diciembre de 2002, declara:
La respuesta dada por el Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales en su sentencia de 11 de abril de 2000, Kaba (asunto C-356/98), no habría sido diferente si el Tribunal de Justicia hubiese tenido en cuenta que la situación con arreglo al Derecho nacional del cónyuge de un trabajador migrante nacional de un Estado miembro que no sea el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la del cónyuge de una persona «residente y establecida» en el Reino Unido son, según el órgano jurisdiccional remitente, totalmente comparables salvo por lo que respecta al período de residencia anterior exigido para conceder un permiso de residencia por tiempo indefinido en el territorio del Reino Unido. Puesto que en virtud del Derecho comunitario ambas situaciones no son comparables, la cuestión de si tal diferencia de trato puede estar justificada carece de relevancia al respecto.
Full & Egal Universal Law Academy