Conclusiones del abogado general
1. Mediante escrito de 22 de enero de 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso, con arreglo al artículo 226 CE, un recurso que tiene por objeto que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 11 y 4, apartado 1, de la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT), al no haber elaborado ni comunicado, a 16 de septiembre de 1999, los planes, proyectos y resúmenes de inventarios a los que se refieren dichas disposiciones.
2. A tenor del artículo 1 de la Directiva, «la presente Directiva tiene por objeto la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la eliminación controlada de los PCB, la descontaminación o eliminación de aparatos que contengan PCB y la eliminación de PCB usados a fin de eliminarlos completamente con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva».
3. El artículo 4, apartado 1, de la Directiva prevé que, «a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 3, los Estados miembros garantizarán que se realicen inventarios de los aparatos que contengan un volumen de PCB superior a 5 dm3, y enviarán un resumen de dichos inventarios a la Comisión a más tardar tres años después de la adopción de la presente Directiva. En el caso de los condensadores eléctricos, debe entenderse que el límite de 5 dm3 incluye el conjunto de los distintos elementos de una unidad completa.»
4. El artículo 11 de la Directiva dispone:
«1. En un plazo de tres años después de la adopción de la presente Directiva, los Estados miembros elaborarán:
- un plan para la descontaminación y la eliminación de los aparatos que figuran en el inventario y de los PCB que éstos contengan;
- un proyecto de recogida y posterior eliminación de los aparatos que no están sometidos a inventario de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4, tal como prevé el apartado 3 del artículo 6.
2. los Estados miembros comunicarán sin demora dichos planes y proyectos a la Comisión.»
5. Mediante escrito de 10 de abril de 2000, la Comisión, de conformidad con el artículo 226 CE, informó a la República Italiana de que había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, apartado 1, y 11 de la Directiva, al no elaborar ni comunicar los planes, proyectos y resúmenes de inventarios contemplados en dichas disposiciones.
6. Por consiguiente, la Comisión instó al Gobierno italiano a presentar sus observaciones en un plazo de dos meses a partir de la recepción de dicho escrito, indicando que emitiría un dictamen motivado si no se presentaba ninguna observación.
7. Al no haber recibido ninguna respuesta a dicho escrito, la Comisión, emitió un dictamen motivado mediante escrito de 3 de agosto de 2000, que tampoco obtuvo respuesta.
8. En su recurso, la Comisión sostiene que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, apartado 1, y 11 de la Directiva, al no haber elaborado ni comunicado, a más tardar el 16 de septiembre de 1999, los planes, proyectos y resúmenes de inventarios contemplados en dichas disposiciones.
9. El Gobierno italiano alega, en primer lugar, que adaptó su Derecho interno a la Directiva mediante el Decreto legislativo nº 209, de 22 de mayo de 1999. El artículo 3 de dicho Decreto impone la obligación de una comunicación bianual a los poseedores de aparatos que contengan un volumen de PCB superior a 5 dm3, incluidos los condensadores eléctricos. El primer plazo a este respecto finalizaba el 31 de diciembre de 1999. Las mencionadas comunicaciones constituyen la base para realizar los inventarios y el resumen contemplados en el artículo 4 de la Directiva. El Gobierno italiano reconoce que, hasta ahora, no se ha respetado la obligación de comunicación.
10. En segundo lugar, la parte demandada afirma que el retraso producido en relación a los plazos fijados por la Directiva para el envío de la comunicación, tal como prevé el artículo 11 de la Directiva, se debe a la dificultad de establecer un inventario completo de los PCB existentes a falta de métodos estandarizados para las determinaciones analíticas relativas a la presencia de PCB.
11. A este respecto, el Gobierno italiano señala que los métodos estandarizados para la realización de los análisis, indispensables para evaluar de manera uniforme la presencia de sustancias que entran dentro de la definición comunitaria de PCB, con arreglo al artículo 2 de la Directiva, sólo fueron adoptados por la Decisión 2001/68/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se establecen dos métodos de medición de referencia en virtud de la letra a) del artículo 10 de la Directiva 96/59.
12. El Gobierno italiano añade que, en espera de la adopción de la Decisión 2001/68, el Ministerio de Medio Ambiente, no obstante, encargó a una organización la elaboración de un inventario de los aparatos a los que se refiere la obligación de comunicación y de los PCB que contienen. Por consiguiente, el Gobierno italiano considera estar en condiciones de cumplir lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva en breve plazo, y desea que la Comisión desista del procedimiento.
13. La Comisión responde destacando, por una parte, que el Gobierno italiano admite haber incumplido las obligaciones de los artículos 4, apartado 1, y 11 de la Directiva.
14. La parte demandante considera que, por otra parte, el Gobierno italiano no puede invocar, para justificar el incumplimiento alegado, el hecho de que no existiera todavía, a 16 de septiembre de 1999, un método de referencia en el ámbito europeo para determinar la presencia de PCB. A este respecto, la Comisión señala que, con arreglo al artículo 10, letra a), de la Directiva, antes de que la Comisión estableciese los métodos de medición de referencia para determinar el contenido en PCB de los materiales contaminados, las mediciones se hacían remitiéndose a los métodos de análisis vigentes, bien en el ámbito nacional, bien en los Estados Unidos de América. Por consiguiente, gracias a los métodos existentes, la ausencia de un método de referencia europeo nunca impidió a los Estados miembros elaborar la documentación exigida por la Directiva. Según la Comisión, el Gobierno italiano estaba en condiciones de actuar del mismo modo.
15. Es preciso subrayar que el Gobierno italiano admite no haber respetado la obligación de comunicar a la Comisión el resumen de los inventarios contemplado en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva, así como el plan de descontaminación y/o de eliminación de aparatos que figuran en el inventario y de los PCB que éstos contengan y el proyecto de recogida y posterior eliminación de los aparatos que no están sometidos a inventario, contemplados en el artículo 11, apartado 1, de dicha Directiva.
16. En cuanto a la cuestión de si, como sostiene el Gobierno italiano, el mencionado retraso puede estar justificado por la ausencia de métodos estandarizados que permitieran la realización de análisis de forma uniforme, puesto que dichos métodos han sido adoptados recientemente por la Comisión, procede observar que, en virtud del artículo 10, letra a), de la Directiva, las mediciones que se hubieran hecho antes de determinar los métodos de referencia seguirían siendo válidas.
17. Por tanto, la Directiva permitía a los Estados miembros efectuar los análisis necesarios para la realización de las tareas que ésta les imponía, sin que fuese necesario esperar a la adopción de una norma europea en la materia.
18. Así pues, el motivo formulado por el Gobierno italiano no puede exonerar a este último de su obligación de elaborar y comunicar los resúmenes de inventarios, planes y proyectos impuestos por la Directiva. Por consiguiente, queda acreditado el incumplimiento invocado por la Comisión.
Conclusión
19. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que declare que:
«1) La República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, apartado 1, y 11 de la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos, al no elaborar ni haber comunicado a la Comisión, a más tardar el 16 de septiembre de 1999, los resúmenes de inventarios, planes y proyectos contemplados en dichas disposiciones.
2) Se condena en costas a la República Italiana.»
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