Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Palabras clave
Procedimiento - Competencia del Tribunal de Primera Instancia en virtud de una cláusula compromisoria - Contrato que prevé una contribución financiera comunitaria en el marco del programa «Trans-European Telecommunications Networks» - Pretensión de resarcimiento por determinados gastos - Concepto de costes reembolsables - Costes facturados por los subcontratistas
(Art. 238 CE)
Partes
En el asunto T-171/01,
Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE), con domicilio en Montpellier (Francia), representado por Me H. Calvet, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandante,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. M. Wolfcarius y el Sr. M. Shotter, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. J.-L. Fagnart, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandada,
que tiene por objeto, con carácter principal, que se declare que el concepto de costes reembolsables que deben ser soportados por la Comisión, en el sentido del contrato celebrado entre ésta y el demandante en el marco del programa «Trans-European Telecommunications Networks», incluye la totalidad de los costes facturados por los subcontratistas del demandante en virtud de dicho contrato y, con carácter subsidiario, que se repare el perjuicio que el demandante alega haber sufrido como consecuencia de las faltas cometidas por la Comisión en la ejecución de dicho contrato,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),
integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;
Secretario: Sr. H. Jung;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de mayo de 2002;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
Antecedentes de hecho y procedimiento
1 El Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE) es una asociación francesa sin ánimo de lucro, que se rige por la Ley de 1 de julio de 1901 y tiene por objeto ayudar y participar en el dominio del desarrollo de los medios de información y de comunicación en Europa.
2 En el marco del programa comunitario «Trans-European Telecommunications Networks», IDATE celebró con la Comisión, el 28 de marzo de 1996, el contrato nº 45.504, denominado «Dissemination of EuroISDN Benefits for SMEs» (en lo sucesivo, «contrato» o «contrato litigioso»).
3 A tenor del anexo I del contrato, IDATE se comprometía a organizar en todos los Estados miembros de la Unión Europea seminarios destinados a informar y a asesorar a las pequeñas y medianas empresas sobre la ventajas de utilizar el Euro-ISDN.
4 Con arreglo al artículo 4.2 del contrato, en su redacción introducida por la modificación nº 1 del contrato, de 5 de septiembre de 1996, la Comisión se comprometía a reembolsar el 50,85 % de los costes de ejecución del contrato, hasta un importe de 1.125.563 ecus.
5 El artículo 12 del contrato estipula que el contrato se rige por la ley francesa y que la competencia jurisdiccional para resolver todos los litigios entre la Comisión e IDATE relativos a la validez, a la interpretación o a la ejecución del contrato corresponde al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y, en casación, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
6 Para ejecutar el contrato, IDATE recurrió a subcontratistas, de acuerdo con el artículo 5 del contrato. Les pagó el 50,85 % de los costes incluidos en las facturas que éstos le habían presentado por la ejecución de los subcontratos. Por la parte restante de dichos costes, IDATE giraba facturas a los subcontratistas.
7 El 27 de febrero de 1998, IDATE remitió a la Comisión el informe final sobre la ejecución del contrato y la relación definitiva de los costes soportados en virtud de dicho contrato. Se adjuntaban a la relación definitiva de costes todas las facturas emitidas por los subcontratistas de IDATE.
8 Mediante escrito de 23 de marzo de 1998, la Comisión respondió a IDATE que los subcontratistas no eran partes del contrato y expuso los motivos por los cuales no aceptaba pagar todas las facturas emitidas por dichos subcontratistas.
9 Finalmente, la Comisión aprobó el 10 de julio de 1998 la relación definitiva de los costes de ejecución del contrato remitida por IDATE. En este documento, IDATE mencionaba un coste total de 2.275.000 ecus, de los cuales 2.019.565 eran costes de subcontratación.
10 Mediante escrito de 5 de noviembre de 1998, la Comisión informó a IDATE de que había procedido a la compensación del importe que debía en virtud del contrato por las prestaciones de un subcontratista de IDATE, la sociedad MARI Group Ltd (en lo sucesivo, «MARI»), con el importe que MARI le debía en virtud de otros contratos.
11 Una vez realizada la compensación, la Comisión pagó a IDATE a principios de 1999 el saldo de la contribución comunitaria prevista.
12 Posteriormente a este pago, la Comisión encargó a una sociedad de auditoría que revisase la ejecución del contrato litigioso. Según el informe de la auditoría realizada, la parte de los costes que habían sido facturados a IDATE por sus subcontratistas y que fueron compensados con las cantidades facturadas por IDATE a sus subcontratistas no era reembolsable en el sentido del contrato. IDATE impugnó las conclusiones de dicho informe mediante escritos de 15 de noviembre de 1999 y de 14 de febrero de 2000.
13 Mediante escrito de 25 de julio de 2000 y refiriéndose a las conclusiones del citado informe, la Comisión consideró que la parte de los costes de subcontratación facturados a IDATE pero que ésta no había pagado efectivamente no podían tenerse en cuenta para elaborar el balance financiero final del contrato. Así pues, solicitó el reembolso de un importe de 504.745 euros, indicando que el hecho de que una parte de los costes de subcontratación no fuesen reembolsados se debía exclusivamente a la interpretación errónea de las cláusulas del contrato por parte de IDATE.
14 Mediante escrito presentado en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de julio de 2001, el demandante interpuso el presente recurso. La fase escrita del procedimiento terminó el 10 de enero de 2002.
15 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) decidió organizar una reunión informal con las partes e iniciar la fase oral.
16 El 27 de marzo de 2002, la Comisión giró una nota de adeudo contra el demandante por importe de 506.539,35 euros, que correspondía a la parte de los costes que consideraba no reembolsables.
17 El 15 de mayo de 2002, el Tribunal de Primera Instancia celebró una reunión informal con las partes. Además, en la vista que tuvo lugar el mismo día se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.
Pretensiones de las partes
18 El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Con carácter principal, declare que el concepto de costes reembolsables que deben ser soportados por la Comisión, en el sentido del contrato, incluye la totalidad de los costes que le fueron facturados por sus subcontratistas en virtud de dicho contrato.
- Con carácter subsidiario, condene a la Comisión a pagarle la cantidad de 503.662 euros en concepto de daños y perjuicios por el perjuicio sufrido como consecuencia de las faltas cometidas por la Comisión en la ejecución del contrato y, por consiguiente, declare la compensación de este importe con el importe de 503.662 euros que el demandante debería restituir a la Comisión con arreglo al mismo contrato.
- Condene en costas a la Comisión.
19 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Declare la inadmisibilidad del recurso.
- Con carácter subsidiario, desestime el recurso por infundado.
- Condene en costas a la parte demandante.
Fundamentos de Derecho
20 El demandante solicita, con carácter principal, que el Tribunal de Primera Instancia declare que el concepto de costes reembolsables que deben ser soportados por la Comisión, en el sentido del contrato, incluye la totalidad de los costes que le fueron facturados por sus subcontratistas en virtud de dicho contrato. Con carácter subsidiario, el demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que condene a la Comisión a pagarle la cantidad de 503.662 euros en concepto de daños y perjuicios por el perjuicio sufrido como consecuencia de las faltas cometidas por la Comisión en la ejecución del contrato y, por consiguiente, declare la compensación de este importe con el importe de 503.662 euros que el demandante debería restituir a la Comisión con arreglo al mismo contrato.
21 La Comisión rechaza la admisibilidad de las dos pretensiones del demandante y, con carácter subsidiario, alega que carecen de fundamento.
22 El Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar la pretensión principal del demandante.
Sobre la admisibilidad
Alegaciones de las partes
23 La Comisión sostiene que el demandante no tiene un interés directo y actual en que se estime su pretensión. Recuerda que la declaración del Tribunal de Primera Instancia solicitada por el demandante permitiría a éste oponerse a la compensación entre su deuda y sus posibles créditos contra la Comisión anunciada por ésta. La parte demandada estima que, como el demandante no ha alegado que pudiera tener créditos contra la Comisión, esta compensación es una mera conjetura.
24 El demandante alega que procede admitir su pretensión principal. Hace referencia a un escrito de la Comisión de 20 de abril de 2001, en el cual dicha institución indicaba su intención de recaudar la cantidad que le debía el demandante en el marco de la ejecución del contrato, y afirma que posee un interés efectivo y actual en que se resuelva un litigio entre él y la Comisión. Además, destaca que es contratista o subcontratista en varios contratos en virtud de los cuales debe recibir pagos de la Comisión.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
25 Es innegable que la cuestión sometida al Tribunal de Primera Instancia, a saber, la interpretación del concepto de costes reembolsables en el sentido del contrato litigioso, se refiere a las obligaciones derivadas de este contrato (sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 1986, Comisión/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, apartado 11, y de 20 de febrero de 1997, IDE/Comisión, C-114/94, Rec. p. I-803, apartado 82).
26 Por otra parte, el demandante posee un interés efectivo y actual en que se resuelva el litigio existente entre él y la Comisión.
27 En efecto, como destaca el demandante sin que la Comisión lo niegue, por un lado, es contratista o subcontratista en varios contratos en virtud de los cuales debe recibir pagos de la Comisión y, por otro, ésta ya le había comunicado, por medio de un escrito que le remitió el 20 de abril de 2001, su intención de practicar una compensación entre su deuda y sus eventuales créditos contra la Comisión.
28 Además, el 27 de marzo de 2002, la Comisión giró una nota de adeudo contra el demandante por un importe correspondiente a la parte de los costes que consideraba no reembolsables.
29 Por consiguiente, procede admitir el presente recurso por lo que se refiere a la pretensión principal del demandante.
Sobre el fondo
Alegaciones de las partes
30 El demandante alega que el concepto de costes reembolsables que deben ser soportados por la Comisión, en el sentido del contrato, incluye la totalidad de los costes que le fueron facturados por sus subcontratistas en virtud de dicho contrato.
31 En apoyo de esta alegación, el demandante sostiene, en primer lugar, que esta interpretación se desprende del artículo 1.2 del anexo II del contrato, con arreglo al cual los costes derivados del contrato, para ser reembolsables, deben haberse soportado efectivamente, ser necesarios para la realización del proyecto, estar justificados y haberse devengado durante el período estipulado en el contrato.
32 Añade que en 1998 se estableció, con el acuerdo de la Comisión, un sistema de centralización de todos los costes de los subcontratistas en el demandante, mediante el cual los subcontratistas le facturaban el 100 % de los costes que habían soportado efectivamente. El demandante estima que era lógico, en consecuencia, que él se convirtiera en acreedor de los subcontratistas por la financiación que éstos debían obtener. Del mismo modo, considera justificado efectuar una compensación entre estos créditos y los costes que le facturaban sus subcontratistas y no eran reembolsados por la Comisión, que ascendían al 49,15 %.
33 En segundo lugar, el demandante sostiene que la interpretación que defiende es conforme con el espíritu del contrato.
34 A este respecto, el demandante invoca que la propuesta de contrato presentada a la Comisión en octubre de 1995 preveía que los costes de ejecución del contrato se financiarían no sólo mediante una contribución comunitaria sino también por medio de los ingresos y la financiación que él y los subcontratistas se comprometían a obtener en virtud del mismo contrato. Añade que el reparto de la financiación del contrato y la participación de los subcontratistas en dicha financiación se definieron en colaboración con la Comisión y fueron aprobados por ésta. Además, afirma que los subcontratistas participaron también en la negociación del contrato con la Comisión.
35 El demandante alega también que, a pesar de que él fuera el único firmante del contrato, tanto él como la Comisión siguieron considerando a los subcontratistas partes del contrato durante toda la ejecución del mismo. Por este motivo la Comisión interpretó en 1998 que la sociedad MARI era acreedora de una cantidad con arreglo al contrato y compensó dicha suma y la que MARI le debía en virtud de otros contratos.
36 Por lo que respecta al primer argumento del demandante, relativo a la interpretación del artículo 1.2 del anexo II del contrato, la Comisión afirma que los importes que no han sido efectivamente pagados por el demandante no pueden considerarse «gastos reales» en el sentido de dicho artículo.
37 La Comisión estima que, como no tiene ningún vínculo contractual con los subcontratistas, los costes soportados por éstos y no reembolsados por el demandante no pueden serle imputados a ella ni ser objeto de una contribución comunitaria.
38 Además, la Comisión rechaza el argumento del demandante según el cual, al pagar el saldo de las operaciones, éste se limitó a compensar las facturas emitidas por los subcontratistas correspondientes a los costes y las facturas emitidas por él correspondientes a los ingresos y a la financiación que sus subcontratistas debían haber obtenido.
39 A este respecto, la Comisión alega que, en el supuesto de que se hubieran percibido ingresos, el demandante sólo habría podido utilizarlos para cubrir la totalidad o parte del 49,15 % de los costes reales del proyecto que adeudaba. Estima además que la cuantía acumulada de los ingresos y de la financiación de la Comisión no puede ser superior al coste global del proyecto, ya que, en virtud del anexo II del contrato, el demandante no podía obtener beneficios del proyecto.
40 La Comisión señala que, en cualquier caso, de la relación definitiva de costes que IDATE adjuntó a su escrito de 10 de junio de 1998 se desprende que los seminarios organizados por los subcontratistas no generaron ningún ingreso.
41 Por lo que se refiere al segundo argumento del demandante, basado en el espíritu del contrato, la Comisión rechaza en primer lugar la tesis según la cual las partes consideraban que los subcontratistas eran partes del contrato.
42 Además, en relación con la compensación efectuada con la sociedad MARI, la Comisión recuerda que tenía una deuda frente al demandante y un crédito contra MARI y que, por su parte, MARI tenía un crédito contra el demandante. La Comisión afirma que MARI aceptó renunciar a su crédito contra el demandante si éste aceptaba subrogarse en la deuda que dicha sociedad tenía frente a la Comisión. A juicio de la Comisión, esta operación constituye una novación en el sentido del artículo 1271, apartado 2, del Código Civil francés. Así pues, sostiene que, como el demandante se había convertido en deudor de la deuda que era inicialmente de MARI, la Comisión pudo efectuar una compensación entre esta deuda y una parte del crédito que el demandante tenía contra la Comisión.
43 En la vista, la Comisión confirmó, a petición del Tribunal de Primera Instancia, que había recibido del demandante las facturas relativas a los gastos de los subcontratistas. Declaró también que no negaba la realidad de los gastos mencionados en las declaraciones de costes («cost-statements») presentadas por el demandante. No obstante, destacó que tampoco admitía la realidad de tales gastos.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
44 Con carácter preliminar, procede recordar que, cuando se somete un litigio al Tribunal de Primera Instancia por medio de una cláusula compromisoria, éste debe resolverlo basándose en el Derecho material nacional aplicable al contrato. En el caso de autos, con arreglo al artículo 12 del contrato litigioso, este Derecho es el Derecho francés.
45 A tenor del artículo 1161 del Código Civil francés:
«Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulte del conjunto de todas.»
46 Por tanto, procede interpretar el concepto de costes reembolsables en el sentido del contrato en su conjunto, recordando en primer lugar las disposiciones de éste que son pertinentes en el presente asunto.
47 A tenor del artículo 1.2 del anexo II del contrato:
«Los costes reembolsables serán los costes reales definidos a continuación, que sean necesarios para el proyecto, puedan ser probados y se hayan devengado durante el período estipulado en el artículo 2.1 del contrato [el período de duración del contrato]. Una vez transcurrido este período, los costes reembolsables se limitarán a los relativos a los informes, al seguimiento o a las evaluaciones exigidos por el presente contrato.
[...]
Los costes reembolsables podrán incluir todas o algunas de las siguientes categorías de costes:
- Personal
- Bienes de equipo
- Costes de subcontratación (third party assistance)
- Desplazamientos y comidas (subsistence)
- Consumibles (consumables) y costes informáticos
- Otros costes
- Gastos generales (overheards).
Los costes no podrán incluir ningún margen de beneficio y se determinarán con arreglo a los principios contables basados en los costes históricos y según las normas internas vigentes en la contabilidad del contratante.
Ningún contratante incurrirá en costes excesivos o inconsiderados en la ejecución del proyecto. No podrán tenerse en cuenta los gastos de comercialización, de venta y de distribución de productos y servicios, los intereses, los rendimientos del capital invertido, las provisiones para pérdidas o deudas futuras ni cualesquiera costes relativos a otros proyectos.»
48 El artículo 1.3.3 del anexo II del contrato litigioso establece lo siguiente:
«Los costes de los subcontratistas y de los servicios externos serán costes reembolsables con arreglo al artículo 5 del contrato.»
49 El artículo 5.1 del contrato estipula lo siguiente:
«El contratante podrá celebrar subcontratos, siempre que obtenga la autorización previa por escrito de la Comisión. En cualquier caso, el contratante no quedará liberado de sus obligaciones derivadas del contrato. El contratante impondrá a todos sus subcontratistas las obligaciones que le son aplicables en virtud del contrato.»
50 El artículo 5.2 precisa lo siguiente:
«Se impondrán a todos los subcontratistas unas obligaciones que otorguen a la Comisión los mismos derechos de vigilancia técnica y de acceso que tiene respecto al contratante.»
51 El artículo 6 del contrato dispone lo siguiente:
«6.1 La Comisión o sus representantes autorizados tendrán un acceso razonable a los locales de trabajo del proyecto y a la documentación relativa a la gestión, el desarrollo y la revisión del proyecto. [...]
6.2 La Comisión o sus representantes autorizados tendrán derecho a revisar las cuentas hasta dos años después de la fecha en que concluya la ejecución del contrato o en que éste se resuelva. Tendrán total acceso, durante todo el tiempo que sea razonable, a los locales de trabajo del proyecto, al personal contratado y a toda la documentación, los registros informáticos y el material relativo al proyecto o, si fuera necesario, tendrán derecho a pedir que se les presente una prueba documental del mismo tipo.
6.3 El Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas tendrá los mismos derechos por lo que se refiere a la realización de una auditoría de cuentas, durante el mismo período y en las mismas condiciones que la Comisión.»
52 A juicio del demandante, el concepto de costes reembolsables que deben ser soportados por la Comisión, en el sentido del contrato, incluye la totalidad de los costes que le fueron facturados por sus subcontratistas en virtud de este contrato. En cambio, la Comisión considera que no debe hacerse cargo de los costes soportados por los subcontratistas que no fueron reembolsados por el demandante.
53 Es necesario destacar desde un principio que, para fundamentar su postura, la Comisión no se basa en la supuesta inexistencia de los gastos efectuados por los subcontratistas en el caso de autos ni en ningún otro incumplimiento del contrato por parte del demandante. En efecto, se limita a considerar que su postura corresponde a la interpretación correcta del concepto de costes reembolsables en el sentido del contrato.
54 Procede señalar que el concepto de costes reembolsables, que figura en el artículo 1.2 del anexo II del contrato litigioso, debe interpretarse en particular a la luz del artículo 1.3.3 de dicho anexo. Esta disposición establece de manera expresa que los costes de subcontratación se consideran costes reembolsables, con arreglo al artículo 5 del contrato. Además, este artículo prevé precisamente que, siempre que obtenga la autorización previa por escrito de la Comisión, el contratante podrá celebrar subcontratos para la ejecución del proyecto.
55 Debe concluirse de lo anterior que, por lo que se refiere al carácter reembolsable de los gastos soportados en la ejecución del contrato litigioso, éste no establece diferencia alguna entre los gastos efectuados por el propio contratante y los gastos efectuados por los subcontratistas previamente autorizados por la Comisión.
56 Esta interpretación se desprende también del espíritu del contrato litigioso. En efecto, dicho contrato prevé de manera expresa que el contratante puede recurrir a la subcontratación para cumplir sus obligaciones contractuales (véase el apartado 49 supra). En la medida en que los subcontratistas llevan a cabo de esta manera la ejecución del proyecto, lo que por otra parte se había comunicado a la Comisión durante las negociaciones que dieron lugar a la celebración del contrato, los costes que soportan por este concepto no pueden quedar excluidos de la categoría de los costes reembolsables.
57 Esta interpretación del contrato se ve confirmada por el comportamiento de la Comisión frente a MARI, ya que, en efecto, la compensación realizada por la Comisión en relación con esta sociedad presupone la existencia y la exigibilidad del crédito de MARI contra ella por la ejecución del contrato litigioso.
58 En tales circunstancias, procede interpretar el concepto de costes reembolsables que deben ser soportados por la Comisión, a los efectos del contrato litigioso, en el sentido de que incluyen la totalidad de los costes facturados al demandante por sus subcontratistas en virtud de dicho contrato, siempre que correspondan a gastos realmente efectuados por los subcontratistas.
59 Esta interpretación no cuestiona la posibilidad de la Comisión de controlar la realidad de los gastos efectuados por los subcontratistas en la ejecución del contrato, puesto que éste atribuye a la Comisión todos los medios necesarios para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los subcontratistas.
60 En efecto, la aplicación del artículo 5 del contrato litigioso en relación con su artículo 6 garantiza a la Comisión la posibilidad de comprobar la realidad de los gastos efectuados por los subcontratistas en la ejecución del contrato del mismo modo que puede hacerlo respecto al contratante. El artículo 5 dispone que el contratante impondrá a sus subcontratistas las mismas obligaciones que le son aplicables a él en virtud del contrato. El artículo 6 establece incluso un amplio derecho de acceso de la Comisión y del Tribunal de Cuentas a los locales de trabajo y a la documentación relativa a la ejecución del proyecto financiado por el presupuesto comunitario, derecho de acceso que se extiende también, en consecuencia, a los locales y a la documentación utilizados por los subcontratistas autorizados.
61 Por tanto, procede estimar la pretensión principal del demandante.
62 En tales circunstancias, no es necesario pronunciarse sobre la admisibilidad y la procedencia de la pretensión formulada por el demandante con carácter subsidiario.
Decisión sobre las costas
Costas
63 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas de acuerdo con lo solicitado por la parte demandante.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
decide:
1) Declarar que los costes reembolsables que deben ser soportados por la Comisión, en el sentido del contrato litigioso, incluyen la totalidad de los costes facturados al demandante por sus subcontratistas en virtud de dicho contrato.
2) Condenar en costas a la Comisión.
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