7.2.2009
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 32/13
Recurso interpuesto el 4 de noviembre de 2008 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica
(Asunto C-474/08)
(2009/C 32/21)
Lengua de procedimiento: francés
Partes
Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Patakia y B. Schima, agentes)
Demandada: Reino de Bélgica
Pretensiones de la parte demandante
—
Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (1),
al no haber previsto que en los casos en que se deniegue el acceso a la red de distribución o de transporte se pueda acudir ante la autoridad reguladora para que resuelva mediante decisión vinculante en el plazo de dos meses, con arreglo al artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2003/54/CE,
y al haber excluido de las competencias de la autoridad reguladora, establecidas en el artículo 23, apartado 2, de dicha Directiva, determinados elementos decisivos para calcular las tarifas.
—
Que se condene en costas al Reino de Bélgica.
Motivos y principales alegaciones
En primer lugar, la Comisión alega que no se ha efectuado la adaptación del Derecho belga al artículo 23, apartado 5, de la Directiva 2003/54/CE. A su juicio, las disposiciones pertinentes de la Ley belga relativa a la organización del mercado de la electricidad son tan generales que no permiten determinar con certeza si existe o no un derecho de recurso individual contra las decisiones por las que se deniega el acceso a la red de distribución o de transporte de electricidad. En particular, según la Comisión, dichas disposiciones no establecen ningún marco concreto de procedimiento y no prevén ningún plazo para la respuesta de la autoridad reguladora, en este caso, la Commission nationale de régulation de l'électricité (CRE).
En segundo lugar, la demandante reprocha a la demandada haber incumplido el artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2003/54/CE, al conferir al Rey, es decir, a una autoridad distinta de la CRE, la facultad de establecer normas particulares sobre amortizaciones y margen de beneficio referentes a inversiones de interés nacional y de interés europeo. Según la Comisión, este procedimiento no es compatible con el artículo antes citado, ya que no parece que la autoridad reguladora tenga, en estos dos supuestos, ninguna influencia sobre las metodologías utilizadas para calcular o fijar las tarifas de transporte y de distribución.
(1) DO L 176, p. 37.
Full & Egal Universal Law Academy