6.8.2011
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 232/32
Recurso de casación interpuesto el 25 de mayo de 2011 por Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 15 de marzo de 2011 en el asunto F-28/10, Mioni/Comisión
(Asunto T-274/11 P)
2011/C 232/57
Lengua de procedimiento: francés
Partes
Recurrente: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bruselas) (representante: L. Vogel, abogado)
Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea
Pretensiones
La parte recurrente solicita al Tribunal General que:
—
Anule íntegramente la sentencia impugnada, dictada el 15 de marzo de 2011 por la Sala Segunda del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, notificada por correo certificado de 15 de marzo de 2011, mediante la que se desestimó el recurso interpuesto por el demandante con fecha 7 de mayo de 2010.
—
Condene a la parte recurrida al pago de las costas, con arreglo al artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, incluidos los gastos necesarios efectuados con motivo del procedimiento, y en especial los gastos de domiciliación, desplazamiento y estancia así como los honorarios de abogados, de conformidad con el artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento.
Motivos y principales alegaciones
En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca dos motivos.
1)
Primer motivo, basado en la infracción del artículo 4 del anexo VII del Estatuto y en la desnaturalización de los elementos de prueba presentados ante el Tribunal de la Función Pública. El recurrente reprocha al Tribunal de la Función Pública, por una parte, que ignorase los documentos con los números 22, 23, 24 y 25 de su expediente, decidiendo, en el apartado 31 de su sentencia, que su presencia en Francia entre 1999 y 2000 no podía asimilarse a la voluntad del demandante de trasladar el centro de sus intereses a su país natal y, por otra, que realizase una apreciación incoherente del concepto de residencia habitual en los apartados 29, 31 y 33 de la sentencia impugnada.
2)
Segundo motivo, basado en la desnaturalización de los elementos de prueba presentados ante el Tribunal de la Función Pública y en el defecto de motivación, en la medida en que dicho Tribunal justifica la supresión extemporánea de la indemnización por expatriación «por un malentendido acerca del lugar en el que el demandante obtuvo su bachillerato». El recurrente reprocha al Tribunal que no haya tenido en cuenta el documento no 15 de su expediente, que no haya respondido al punto 31 de su recurso y que haya realizado afirmaciones que adolecen de una inexactitud material evidente.
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