25.7.2016
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 270/50
Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2016 — Stavytskyi/Consejo
(Asunto T-242/16)
(2016/C 270/57)
Lengua de procedimiento: inglés
Partes
Demandante: Edward Stavytskyi (Bélgica) (representantes: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey y D. Rovetta, abogados)
Demandada: Consejo de la Unión Europea
Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
—
Anule la Decisión (PESC) 2016/318, de 4 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, así como el Reglamento de Ejecución (EU) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.
—
Condene al Consejo a cargar con las costas del presente procedimiento.
Motivos y principales alegaciones
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.
1.
Primer motivo, basado en la ilegalidad de que adolece la inclusión en la lista, pues fue modificada con el fin de permitir tal inclusión por el mero hecho de estar incurso en un procedimiento penal, sin ninguna exigencia de respaldo judicial.
2.
Segundo motivo, basado en que el Consejo ofreció una motivación insuficiente y estereotipada, al limitarse a copiar el texto de la normativa sobre la inclusión en la lista.
3.
Tercer motivo, basado en que el Consejo incurrió en un error manifiesto de apreciación, ya que carecía de base fáctica suficientemente sólida para incluir al demandante en la lista por el hecho de estar incurso, en Ucrania, en un procedimiento penal por apropiación indebida de fondos o de activos públicos.
4.
Cuarto motivo, basado en que las medidas adoptadas por el Consejo no constituyen, respecto del demandante, medidas de política exterior, sino de cooperación internacional en procedimientos penales, por lo que fueron adoptadas sobre una base jurídica incorrecta.