27.11.2017
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 402/48
Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2017 — Stichting Against Child Trafficking / OLAF
(Asunto T-658/17)
(2017/C 402/64)
Lengua de procedimiento: inglés
Partes
Demandante: Stichting Against Child Trafficking (Nimega, Países Bajos) (representante: E. Agstner, abogado)
Demandada: Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
—
Anule la decisión de 3 de agosto de 2017 adoptada en el asunto OC/2017/0451, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), de no abrir una investigación administrativa.
—
Condene a la OLAF a abrir una investigación administrativa y, dependiendo del resultado, a transferir el asunto a las autoridades nacionales para que se incoe un procedimiento penal y/o a las instituciones europeas para abrir un procedimiento administrativo.
—
Condene en costas a la OLAF.
Motivos y principales alegaciones
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.
1.
Primer motivo, basado en la infracción del Derecho de la Unión y en errores manifiestos de apreciación en los que ha incurrido la OLAF.
—
La demandante señala que la resolución impugnada es contraria a los valores fundamentales de la Unión Europea, el acervo comunitario y los convenios de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y se basa en una interpretación errónea de los documentos que obran en el expediente.
2.
Segundo motivo, basado en que la OLAF no abrió investigación alguna.
—
La OLAF ignora los vínculos entre los efectos anteriores y actuales de fondos europeos que se atribuyen a organizaciones y políticas contrarias al Derecho y a los valores de la UE.
3.
Tercer motivo, basado en el derecho a ser oído.
—
Es manifiesto que la OLAF no mostró interés alguno en conocer la verdad, al negarse a llamar a testigos y a entrevistarse con la demandante.
4.
Cuarto motivo, basado en una infracción de las reglas de procedimiento.
—
No se levantó acta de la reunión de 10 de septiembre de 2014 durante la cual la demandante y dos funcionarios de la Comisión Europea hicieron declaraciones y presentaron pruebas.
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